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Documento

TSJ Asturias, sec. 1ª, S 25-7-2017, nº 4/2017, rec. 6/2017

ROJ: STSJ AS 2172:2017, ECLI: ES:TSJAS:2017:2172

Pte: Vidau Argüelles, Ignacio

Resumen
Malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento público. Motivación. El TSJ mantiene la absolución por delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento público. Para entender suficiente motivada una sentencia absolutoria es preciso que de la misma se desprenda con claridad el carácter racional o razonable de la duda sobre los hechos y sobre la participación del acusado, lo que resulta aplicable a las sentencias del Tribunal del Jurado (FJ 3).

  • Favorable a: Acusado; Desfavorable a: Acusación particular,Ministerio Fiscal
  • Procedimiento:Recurso de apelación
  •  
    ANTECEDENTES DE HECHO 

    PRIMERO.- De conformidad con el veredicto emitido por el Jurado, que queda unido a esta sentencia, se declaran HECHOS PROBADOS los que a continuación se relacionan: Landelino es Policía Local de Cangas del Narcea desde hace veintinueve años, entre los periodos comprendidos entre 1998 y 2001 y 2005 a la actualidad ha desempeñado diversos cargos en la Real Federación Española de Fútbol, que ha compatibilizado a lo largo de los años con su trabajo como Policía Local en horas y días sin servicio. Esta circunstancia era plenamente conocida por el Jefe de Policía Local, así como por los distintos alcaldes a lo largo de los años y por los compañeros. La posibilidad de compatibilizar su labor en la Federación de Fútbol con su trabajo como Policía Local obedecía a la organización de sus horas y días libres, más de 170 al año, teniendo en cuenta vacaciones, días de asuntos propios, días de liberación del servicio por su condición de delegado sindical, días de permiso dirigidos a compensar el exceso de horas desempeñados por la Policía Local respecto al Horario del resto de funcionarios del Ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Cangas del Narcea la Policía Local prestaba sus servicios conforme a un cuadrante que se reiteraba semanalmente durante todo el año y en el que se reflejaban los turnos que se asignaban a los diferentes agentes. Dicho cuadrante no reflejaba los días de vacaciones o permisos que pudieran corresponder a los diversos agentes ni los cambios de turnos que pudieran tener lugar entre los compañeros. Landelino cambiaba los turnos que le correspondían con alguno de sus compañeros. En el Ayuntamiento de Cangas del Narcea no existía ningún sistema obligatorio o formalizado para el control de horarios o asistencia de los funcionarios. Landelino ha cobrado por el supuesto trabajo realizado un total de 120.028,25 euros brutos, distribuidos de la siguiente forma:

    NOMINA - BRUTO

    NOMINA - LÍQUIDO

    SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

    TOTAL BRUTO

    AÑO 2008

    27.661,02 ?

    22.378,20 ?

    3.514,88 ?

    31.175,90 ?

    AÑO 2009

    27.053,52 ?

    21.895,42 ?

    2.439,36 ?

    29.492,88 ?

    AÑO 2010

    25.762,28 ?

    20.461,77 ?

    2.406,08 ?

    28.168,36 ?

    AÑO 2011

    26.762,28 ?

    20.967,31 ?

    665,28 ? (Hasta agosto)

    27.388,89 ?

    AÑO 2012

    3.802,22 ?

    2.941,09 ?

    3.802,22 ?

    Mario no remitió al Ayuntamiento de Cangas del Narcea ningún documento dirigido al abono de la nómina en cuanto a sus conceptos fijos. El acusado Mario, Jefe de la Policía Local de Cangas del Narcea, era el encargado del control del cumplimiento de las funciones de los agentes de dicho cuerpo y podía disponer lo necesario para que los funcionarios a su cargo percibieran retribuciones por horas extras y servicios extraordinarios que el mismo certificaba y remitía a la intervención Municipal. Mario. remitió únicamente al Ayuntamiento de Cangas del Narcea los documentos relativos a los servicios extraordinarios. Entre las gratificaciones extraordinarias se incorporaban las correspondientes a las horas extraordinarias respecto de las cuales existían dos tipos. Un primer tipo derivaba de la existencia de días festivos que pudieran existir en el mes, en cuyo caso, dada la existencia de un régimen de trabajo a turnos, pese a la existencia de día festivo, la plantilla de la Policía continuaba desempeñando el mismo servicio, las horas extraordinarias se abonaban por igual a todos los miembros de la plantilla. El segundo tipo de horas extraordinarias derivaba de la prestación de servicios puntuales fuera de la jornada de trabajo ordinaria y que no se abonaban por igual a todos los miembros de la plantilla. Mario reflejó en sus partes de variaciones las cantidades a que D. Landelino pudiera tener derecho por mera condición de Agente de la Policía Local de Cangas del Narcea. El hecho de los pedimentos físicos de Landelino y la imposibilidad de atender a sus obligaciones policiales ordinarias era conocido por los compañeros y por los sucesivos alcaldes. Prueba de los problemas físicos y psicológicos que Landelino venía arrastrando es que en el mes de mayo de 2013, le ha sido concedida la invalidez absoluta en grado del 100 % por el Instituto general de la Seguridad Social. Las actuaciones procesales tuvieron una excesiva duración, habiéndose iniciado las Diligencias Previas ante el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea en fecha 4 de enero de 2013, sufriendo reiterados periodos de paralización que suman una dilación total de 32 meses, sin justificación procesal o material alguna, ajenos a la investigación, a las partes acusadas, y a la complejidad de las actuaciones.

    SEGUNDO.- FALLO: Que de acuerdo con el VEREDICTO DEL JURADO debo absolver y absuelvo a los acusados Landelino y a Mario de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento público que se les imputaban. Dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas y a tal efecto se dispone la cancelación y devolución de las fianzas constituidas por los acusados, que se harán efectivas cuando la presente sentencia sea firme. Se declaran de oficio las costas del presente proceso. Así por esta sentencia, contra la que puede interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de DIEZ DÍAS siguientes a la última notificación, lo acuerdo, mando y firmo"

    TERCERO.- Contra la sentencia de 27 de marzo de 2017 dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, por la representación procesal del Ayuntamiento de Cangas del Narcea se interpuso recurso de apelación fundamentado en varios motivos y solicitando el recibimiento a prueba; por el Ministerio Fiscal se interpuso también recurso de apelación; Impugnando ambos recursos, por la representación legal D. Mario y Don Landelino, se personan en el procedimiento que se sigue en esta Sala.

    CUARTO.- Por Auto de 31 de Mayo de 2017 la sala acuerda rechazar la petición de práctica de prueba deducida por la representación del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, acordando señalar fecha para la vista del recurso de apelación.

    QUINTO.- Por Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala, se señaló el día 20 de Junio de 2017, a las 10:30 horas para la indicada vista, lo que así tuvo lugar. Compareció ante el Tribunal Don Mario, no así Don Landelino; compareció el Letrado de ambos, el Letrado del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y el representante del Ministerio Público.

    SEXTO.- Fue designado Magistrado-Ponente, con arreglo al turno preestablecido por el Tribunal, el Excmo. Sr. Presidente Don IGNACIO VIDAU ARGÜELLES, que expresa el parecer unánime de la Sala.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

    PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal y por el procurador de Tribunales Don Salvador Suárez Saro actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Cangas del Narcea se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Segunda, de 27 de marzo de 2017 en la causa número 30/2013 del Juzgado de Instrucción de Cangas de Narcea, Rollo de Sala 3/2014, figurando en los antecedentes de hecho de esta resolución los hechos declarados probados y el fallo de la sentencia recurrida en apelación.

    SEGUNDO.- Con carácter general, como tiene reiteradamente declarado esta Sala, y antes de entrar en el conocimiento y resolución de los concretos motivos impugnatorios propuestos por el apelante, conviene hacer algunas precisiones acerca de la naturaleza jurídica de este especial recurso de Apelación.

    Al respecto es de destacar, como ya hizo el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de marzo de 1998, que la modificación operada por la Ley Orgánica 5/1995, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al establecer que contra las sentencias dictadas en el ámbito del Tribunal del Jurado quepan los recursos de apelación y de casación, lo que realmente se ha hecho es instaurar dos recursos extraordinarios constreñidos a motivos expresos, por lo que el primero de ellos, no obstante su denominación, no es un recurso ordinario en el que puedan examinarse con total amplitud todas las cuestiones suscitadas en la primera instancia, como ocurre en el normal de apelación, sino que, dada la naturaleza de este recurso, extraordinario y atípico en nuestro clásico ordenamiento jurídico procesal, tiene unos motivos legalmente tasados y para su formulación han de observarse, incluso en una hermenéutica que respete el principio "pro actione", ciertos rigorismos formales.

    Estos motivos tasados vienen recogidos en el Artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es del tenor siguiente:

    "El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguiente:

    a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación

    Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.

    A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros:

    Los relacionados en los arts. 850 y 851, entendiéndose las referencias a los Magistrados de los núms. 5 y 6 de este último como también hechas a los jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposición del objeto de aquel, siempre que de ello se derive indefensión, bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devolución al Jurado y ésta no hubiera sido ordenada.

    b) Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.

    c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente.

    d) Que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese hacerlo.

    e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

    En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse a trámite el recurso, deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada".

    Igualmente resulta pertinente significar lo siguiente:

    1º) Como premisa fundamental debe dejarse consignado que, esta singular apelación contra la Sentencia dictada por el Tribunal del Jurado veda la posibilidad de que la Sala de lo Civil y Penal pueda revisar sin más la valoración de la prueba realizada en la instancia.

    En efecto, esta Sala ha señalado en ocasiones precedentes que ninguno de los motivos que figuran en el artículo 846 bis c) Ley de Enjuiciamiento Criminal (únicos que pueden alegarse en el recurso de apelación) autoriza al Tribunal «ad quem» a una valoración de la prueba enmendando la efectuada por el Tribunal del Jurado, pues sería suplantar al Jurado en su función exclusiva de valoración de la prueba practicada en su presencia.

    2º) La invocación del derecho a la presunción constitucional de inocencia no permite en la segunda instancia realizar una ponderación de las pruebas practicadas valorando la contradicción de las mismas o la existente entre ellas, alterando así la mayor o menor virtualidad conferida a cada una por el Tribunal de Jurado, sino que sólo se trata de saber si existía prueba de cargo constitucionalmente legitima y si ésta no ha sido valorada arbitrariamente.

    En términos de la Jurisprudencia ( STS 20-9-2000) el Tribunal encargado de la impugnación puede controlar el respeto a la presunción de inocencia comprobando si existió actividad probatoria, si ésta fue regularmente obtenida, si tiene un sentido razonable de cargo y si la deducción que el Tribunal obtiene de la inmediación responde a criterios lógicos y de razonabilidad expresados en la sentencia.

    Ahora bien los límites esenciales de su revisión se encuentran en el respeto al principio de inmediación y, como consecuencia de ello, a la potestad exclusiva del Órgano sentenciador para la valoración en conciencia de la prueba practicada en el juicio oral ( STS 31 de mayo de 1999 y 20 de septiembre de 2000, dictadas ambas en relación con el Tribunal del Jurado). Lo contrario sería quebrantar las normas del procedimiento ante el Jurado ( art. 3° LOTJ) así como del procedimiento ordinario ( art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de las que se deduce que es el Tribunal que ha presenciado el Juicio Oral el que debe valorar la prueba, racionalmente y en conciencia. Concretamente no puede el Tribunal de apelación revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas ante el Jurado (testificales, periciales o declaraciones de los imputados o coimputados) a partir exclusivamente de su fragmentaria documentación en el Acta, vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el valor respectivo de cada medio válido de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Jurado por la suya propia.

    Ahora bien, estas afirmaciones han de ser matizadas porque si bien es cierto que este tribunal carece de competencia para valorar la prueba, sí la tiene para estimar error en su apreciación pese a que el artículo 846 bis-c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no haga referencia alguna al error en la valoración de la prueba, precisamente porque le resultan de aplicación las normas del recurso de casación y así la sentencia del Tribunal Supremo de 4 junio de 1999 llega a esta conclusión: "En primer lugar, parece claro que, no habiéndose dispuesto nada sobre dicho art. 849.2º en las normas reguladoras del proceso ante el Tribunal del Jurado, hay que considerar aplicable esta norma relativa a la casación en esta clase de procedimiento. Y, en principio, estimamos que no hay obstáculo para que haya de tener en estos procesos el mismo o similar alcance que en los demás en que no interviene el Jurado. Después, una vez admitida su aplicación en casación, ha de entenderse que también cabe en la apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del correspondiente Tribunal Superior, aunque no aparezca expresamente acogido entre los motivos en que puede fundarse esto último recurso, porque esta norma procesal, tal y como viene siendo aplicada por el TS, constituye un supuesto concreto de interdicción de la arbitrariedad de un poder público, a la que se refiere el art. 9.3 CE. Y la infracción de precepto constitucional aparece en el art. 846 bis c) como motivo especifico en esta clase de apelación... en resumen, por la vía de la interdicción constitucional de la arbitrariedad y por la necesidad de que no haya una casación "per saltum", ante la Sala de lo Civil y Penal del correspondiente TSJ, cuando conoce de un recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, puede plantearse como motivo de apelación la existencia de un posible error en la apreciación de la prueba, al menos en los mismos términos en que luego cabe casación ante el TS."

    Este motivo se ha de hacer valer, pues, a través de la infracción de precepto constitucional y como en definitiva se trata de ampliar los motivos legales de la apelación, para su viabilidad determinante de la modificación, supresión o adición al relato histórico de la sentencia apelada, es preciso que se cumpla con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar el artículo 849.2 de la Ley procesal penal ( SS. de 22/10/1994, 19/4, 16/7 y 28/11 2002, etc.) pues de otro modo no podemos llegar a la conclusión de que la valoración de la prueba ha sido arbitraria o irracional: a) que en la construcción del "factum" de la sentencia se ha padecido un error, por incluir extremos no acontecidos o excluir otros sucedido; b) que el error se deduzca de una prueba documental -o, en la interpretación más flexible, de una pericial documentada concluyendo en sus resultados- con virtualidad propia para evidenciarlo sin necesidad de recurrir a su contraste con otros medios, ni a conjeturas, razonamientos o deducciones; c) que el dato por tal medio acreditado no se encuentre en contradicción con el resultado de otros medios probatorios, y d) que el extremo documentalmente probado sea relevante para la consecución de un fallido distinto del pronunciado ( SS de 9/4 2001 y 23/5, 16/7 y 26/11/2002, por todas). Además, desde una perspectiva estrictamente procesal, pero no menos sustancial, la jurisprudencia exige que el recurrente por tal motivo designe, sin razonamiento alguno, cuando menos en la formalización del recurso, no solo el documento sino también los particulares del mismo que evidencien la denunciada equivocación del juzgador de instancia ( SS 8/6/1998, 8/7/2000, 10/7/2002 y 17/12/2003).

    Sentado lo anterior procede entrar en los concretos motivos esgrimidos por la defensa del condenado.

    TERCERO.- Los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la representación legal del Ayuntamiento de Cangas del Narcea son sustancialmente idénticos tanto en los motivos en que se fundamentan como en las argumentaciones que en su defensa plasman en sus respectivos escritos de interposición, por esa razón la Sala los tratará y resolverá conjuntamente.

    En el primer motivo de ambos recursos es denuncia, al amparo del artículo 846 bis c) apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución Española, en relación con los artículos 240.3 de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ), 142 de la Ley de enjuiciamiento Criminal (LECrim) y 61.ld) y 70, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) con "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia de la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad por insuficiente, arbitraria y contradictoria motivación del veredicto emitido, así como por ausencia absoluta de motivación de la sentencia (ni la propia de la Magistrada Presidente del Tribunal ni la del Jurado a través de la transcripción de sus elementos de convicción)". Este primer motivo de los recursos se subdivide a su vez en dos, por un lado la falta de motivación de la Magistrada Presidente y por otro la falta de motivación del veredicto del Jurado y ambos submotivos han de estudiarse y resolverse de forma separada.

    Por lo que se refiere a la falta de motivación de la sentencia, los recurrentes hacen una mención al hecho de que el relato de hechos probados se sitúa en los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, esta es, a juicio de la Sala, una cuestión absolutamente intrascendente ya que lo relevante es que en la sentencia se hagan constar los hechos que el Jurado ha declarado como probados y el que estén recogidos en los antecedentes de hecho en modo alguno causa indefensión, ni se comprende que pueda irrogar perjuicio alguno a los recurrentes. Entienden los recurrentes que en la sentencia recurrida "existe una absoluta carencia de motivación por que la Magistrada Presidente no expone un solo argumento de motivación sino que se limita a transcribir como hechos probados, los hechos declarados probados por el Jurado, sin establecer un solo argumento propio que de contenido y sustento a lo afirmado por los jurados, sin hacer expresa mención a una sola prueba practicada, ni a un solo testigo, ni a un solo documento...", y también denuncia que la sentencia recurrida no recoge los elementos de convicción establecidos por el Jurado en el acta de vocación.

    Con carácter previo al examen del motivo alegado ha de rechazarse de plano la consecuencia que en primer lugar anudan los recurrentes a las referidas faltas motivación de la sentencia y del veredicto del Jurado que no es otra que la pretensión de que por esta Sala de apelación se dicte, con revocación de la sentencia recurrida, una sentencia condenatoria de los acusados. Tal pretensión es absolutamente inviable ya que supondría que esta Sala de apelación tendría que valorar nuevamente la prueba practicada con inmediación ante el Tribunal del Jurado, cuestión esta que, como tiene declarado el Tribunal Supremo con tal reiteración que hace innecesaria su cita, está absolutamente vedada a este Tribunal.

    La denuncia de falta de motivación de la sentencia no puede prosperar ya que la misma cumple con los requisitos que se establecen en la LOTJ, en efecto la referida Ley distingue claramente entre la sentencia en caso de veredicto de inculpabilidad ( art. 67 LOTJ) y en caso de veredicto de culpabilidad ( art. 70.2 LOTJ), en caso de veredicto de inculpabilidad el art. 67 dispone que el Magistrado Presidente dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, sin exigir a la sentencia ningún otro requisito que sí exige por el contrario el art. 70.2 para el caso de veredicto de culpabilidad al disponer que en ese caso la sentencia concretará la existencia de prueba a cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia. Ha de tenerse en cuenta que la sentencia recurrida cumple con los requisitos generales de contenido que exige el art. 70.1 de la LOTJ pues está dictada en la forma ordenada en el art. 248.3 la LOPJ e incluye como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto, lo que al tratarse de una sentencia absolutoria constituye una motivación suficiente.

    En lo que se refiere a la falta de motivación del veredicto emitido por el Jurado, denunciada por los recurrentes con el amparo procesal, es importante tener en cuenta que estamos ante un veredicto de inculpabilidad y que por ello la exigencia de motivación es de menor intensidad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia 923/2013 de 5 de diciembre de 2013 tiene declarado al respecto que: "el deber de motivación de las sentencias dictadas en el procedimiento ante el Tribunal Jurado está fuera de toda duda. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (cfr. SSTC 246/2004 de 20 de diciembre, 169/2004, 6 de octubre y 188/ 1999, 25 de octubre) recuerda que el artículo 125 de la Constitución Española defiere al legislador la forma en que los ciudadanos podrán participar en la Administración de justicia mediante la institución del Jurado, destacando que, aun asumiendo el diferente nivel de la exigencia de motivación entre sentencias condenatorias y absolutorias y las dificultades que puede suponer para un órgano integrado por personas la motivación de sus decisiones, el legislador ha optado en nuestro sistema por imponer al Jurado la exigencia de una sucinta explicación de las razones por las que declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados conectando con la previsión constitucional de que "las sentencias serán siempre motivadas" ( art. 120.3 CE); de modo que "la falta de la sucinta explicación a la que se refiere el art. 61.1 d) LOTJ constituye una falta de la exigencia de motivación, proyectada al Jurado, que impone el art.120.3 CE y supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 Ce) en su vertiente de derecho a obtener una resolución razonablemente razonada y fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho ( art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada en el carácter vinculante de la ley, cuya finalidad última es la interdicción de la arbitrariedad, mediante la introducción de un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de las resoluciones por los Tribunales superiores mediante los recursos que legalmente procedan (por todas STC 221/200, de 31 de octubre).

    A la vista, pues, del cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre la materia, se pueden extraer algunas ideas rectoras para el análisis de la suficiencia de cualquier veredicto pronunciado por el Jurado. La primera que el deber de motivación impuesto legalmente el Jurado no puede desconectarse de la condición de sus integrantes como personas no técnicas en derecho, lo que obliga a admitir, siempre que así resulte posible, ciertos deslices conceptuales y una terminología, en ocasiones, no especialmente certera. En segundo lugar, que el nivel de exigencia ha de modularse de manera diferente en función de que el Jurado suscriba un pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad, debiendo ser en este último caso, menos riguroso, pudiendo bastar al respecto la expresión de dudas acerca de la autoría del acusado. Por otra parte, no es necesario dar respuestas acabadas y absolutamente detalladas, sin que sea exigible al Jurado llevar a cabo un minucioso y exhaustivo análisis de toda la actividad probatoria desplegada por las partes.

    La jurisprudencia de esta Sala también ha recordado (cfr. STS 1547/2005, 7 de diciembre, con cita de la STS 2051/2002 de 11 de diciembre), que las sentencias absolutorias también han de cumplir con la exigencia constitucional y legal de ser motivadas ( art. 120.3 CF, 248.3 LOPJ y 142 LECrim), aunque no se puede requerir la misma especie de motivación para razonar y fundar un juicio de culpabilidad que para razonar y fundar su contrario. El juicio de no culpabilidad o de inocencia, por regla general, cuando se funda en la falta de convicción del Tribunal sobre el hecho o la participación del acusado. Como se dijo en la STS 186/1998 recordad por la 1045/1998, 23 de septiembre y la 1258/2001, 21 de junio, "la necesidad de razonar la corteza incriminatoria a que haya llegado el Tribunal es una consecuencia no solo del deber de motivación sino del derecho a la presunción de inocencia. No existiendo en la parte acusadora el derecho a que se declare la culpabilidad del acusado, su pretensión encuentra respuesta suficientemente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado que el acusado participase en el hecho que se relata, porque esto solo significa que la suda inicial no ha sido sustituida por la necesaria certeza. Y es claro que basta la subsistencia de la duda para que no sea posible la emisión de un juicio de culpabilidad y sea forzosa, en consecuencia, la absolución.

    Y también en la STS 1232/2004, 27 de octubre se puede leer que "de otra parte, su exigencia (la de motivar) será obviamente distinta si la sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto la motivación debe de satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 de la Constitución), en tanto que el órgano jurisdiccional debe de señalar que en el ejercicio de su función no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y absurda, en definitiva arbitraria. En la sentencia condenatoria la motivación además de este contenido, debe expresar las razones por las que entienda que el derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una actividad probatoria tenida por prueba de cargo. En otras palabras, la motivación de la sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del derecho a la presunción de inocencia. Añade la sentencia transcrita que "...estas afirmaciones, deben ser, sin embargo, matizadas. Hay que tener en cuenta que la absolución se justifica cuando exista una duda razonable, y no cualquier clase de duda. Por ello para entender suficiente motivada una sentencia absolutoria es preciso que de la misma se desprenda con claridad el carácter racional o razonable que de la misma se desprenda con claridad el carácter racional o razonable de la duda sobre los hechos y sobre la participación del acusado, lo que siendo aplicable en general a todos los Tribunales, igualmente resulta aplicable a las sentencias del Tribunal del Jurado, si bien con las precisiones derivadas de las características de la motivación exigible a quienes no sólo son profanos en derecho sino que carecen además de la experiencia retórica del foro. (...) En este sentido, cuando exista una prueba de cargo que pueda considerarse consistente no puede aceptarse como suficiente la expresión desnuda y simple de la duda, sino que será precisa la existencia de algún dato o elemento, explícito o implícito pero siempre accesible que permita una explicación comprensible de la desestimación de las pruebas de la acusación. Así podrá comprobarse la racionalidad de la duda y la ausencia de arbitrariedad".

    En el caso presente, el Jurado en el Acta de votación del veredicto, después de considerar por mayoría no culpables a los acusados, en el apartado cuarto hacen constar lo siguiente: "Los Jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes:

    El Jurado considera que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil sobre los hechos discutidos no ha aportado los datos suficientes para llegar a una convicción de culpabilidad de los acusados, y las declaraciones de los testigos en el juicio fueron contradictorias.

    Además los hechos fueron conocidos y consentidos durante los mandatos de los diferentes alcaldes de Cangas del Narcea, incluso por el anterior jefe de policía.

    Tampoco se aprecia responsabilidad en los hechos por el jefe actual de la Policía Local.

    El Sr. Landelino ha salido beneficiado de esta situación de descontrol y mala gestión sobre el personal por parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y que a día de hoy aún no se ha corregido".

    Teniendo en cuenta la doctrina de la Sala Segunda antes expuesta, corroborada por otras sentencias, al estar ante un veredicto de inculpabilidad es lo cierto que los elementos de convicción contenidos en el acta de votación son suficientes, en efecto dado que en el acto del juicio ante el Tribunal del Jurado las únicas pruebas que se practicaron fueron el atestado de la Guardia Civil y las declaraciones testificales, la declaración por parte del jurado de que el atestado de la Guardia Civil lo consideran insuficiente para llegar a una convicción de culpabilidad de los acusados y que además las declaraciones de los testigos son insuficientes, la duda que el Jurado constata sobre la realidad de los hechos imputados y sobre la autoría es motivación suficiente para justificar el veredicto de inculpabilidad a que llego el Jurado. Por otro lado en modo alguno cabe considerar arbitrario el veredicto del Jurado por el hecho de que en su motivación se haga mención a que los hechos fueron conocidos y consentidos en diferentes mandatos por los alcaldes de Cangas del Narcea o que el acusado Sr. Landelino se benefició de la situación de descontrol y mala gestión sobre el personal por parte del Ayuntamiento recurrente ya que en modo alguno de ello cabe concluir que el referido acusado consciente y deliberadamente buscase el provecho propio sino que el beneficio ha de entenderse referido al absoluto descontrol que el Jurado entiende se daba en la gestión del personal por parte del Ayuntamiento, situación que el Jurado constata al valorar la prueba practicada en el juicio. En definitiva no solo se aprecia la falta de motivación de la sentencia de la Magistrada Presidente ni la del veredicto del Jurado alegada por los recurrentes y por ello procede a desestimación del primer motivo del recurso.

    CUARTO.- En el segundo motivo del recurso, al amparo del art. 846 bis c) apartado b) de la LECrim. Se denuncia la infracción de precepto constitucional y garantías constitucionales en la apreciación de la prueba, art. 24.2 y 9.3 de la Constitución Española y 849.2 de la LECrim.

    Como tiene declarado esta Sala en sentencia entre otras de 23 de diciembre de 2016, con cita de jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo : "Aunque este Tribunal carece de competencia para valorar la prueba, si la tiene para estimar error en su apreciación pese a que el art. 846 bis c) de la LECrim. No haga referencia alguna al error en la valoración de la prueba, precisamente porque le resultan de aplicación las normas del recurso de casación y así la temprana sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1999 llega a esta conclusión: "En primer lugar, parece claro que, no habiéndose dispuesto nada sobre dicho art- 849.2 en las normas reguladoras del proceso ante el Tribunal del Jurado, hay que considerar aplicable esta norma relativa a la casación en esta clase de procedimiento. Y, en principio estimamos que no hay obstáculo para que haya de tener en estos procesos el mismo o similar alcance que en los demás en que no interviene el Jurado. Después, una vez concluida su aplicación en casación ha de entenderse que también cabe en la apelación ante la Sala Civil y Penal del correspondiente Tribunal Superior, aunque no aparezca expresamente entre los motivos en que puede fundarse este último recurso, porque esta norma procesal, tal y como viene siendo aplicada por el TS, constituye un supuesto concreto de interdicción de la arbitrariedad de un poder público, a que se refiere el art. 9.3 CE, y la infracción de precepto constitucional aparece en el art. 846 bis c) como motivo específico de esta clase de apelación...en resumen, por la vía de la interdicción constitucional de la arbitrariedad y por la necesidad de que no haya una casación "per saltum", ante la Sala Civil y Penal del correspondiente TSJ, cuando conoce un recurso de apelación contra sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, puede plantearse como motivo de apelación la existencia de un posible error en la apreciación de la prueba, al menos en los mismos términos en que luego cabe casación ante el Supremo".

    Este motivo se ha de hacer valer, pues, a través de la infracción de precepto constitucional y como en definitiva se trata de ampliar los motivos legales de la apelación, para su viabilidad determinante de la modificación, supresión o adición al relato histórico de la sentencia apelada, es preciso que se cumpla con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interponer el art. 849.2 de la Ley Procesal Penal ( STS de 22/10/1994, 19/4, 16/7 y 28/11/2002, etc.) pues de otro modo no podemos llegar a la conclusión de que la valoración de la prueba ha sido arbitraria o irracional: a) que en la construcción del factum de la sentencia se ha padecido un error, por incluir extremos no acontecidos o excluir otros sucedidos; b) que el error se deduzca de una prueba documental o-, en la interpretación más flexible, de una pericial documentada concluyente en sus resultados- con virtualidad propia para evidenciarlo, sin necesidad de recurrir a su contraste con otros medios, ni a conjeturas, razonamientos o deducciones; c) que el dato por tal medio acreditado no se encuentre en contradicción con el resultado de otros medios probatorios; y d) que el extremo documentalmente probado sea relevante para la consecución de un fallo distinto al pronunciado ( STS 9/4/2001, y 23/5, 16/7 y 26/11 de 2002, por todas). Además desde una perspectiva estrictamente procesal, pero no menos sustancial la jurisprudencia exige que el recurrente por tal motivo designe sin razonamiento alguno, cuando menos en la formalización del recurso, no sólo el documento sino también los particulares del mismo que evidencian la denunciada equivocación del juzgador de instancia ( STS 8/6/1998, 10/7/2002 y 17/12/2003)".

    En este caso, en los escritos de interposición de los recursos, más profusamente en el del Ministerio Fiscal, se hace un exhaustivo examen de la prueba practicada y como consecuencia de su análisis se pretende fundamentar en sus particulares interpretaciones el denunciado error en su apreciación olvidando que, con arreglo a la doctrina citada, la valoración de la prueba en el procedimiento seguido ante el Tribunal del Jurado es de exclusiva incumbencia de los jurados, estando vedado al Tribunal de apelación el realizar una nueva valoración que sea distinta a la del Jurado, salvo en aquellos casos en que concurran las circunstancias referidas con anterioridad. A la vista de los recursos los recurrentes hacen referencia a todas las pruebas practicadas pero en ningún momento señalan el documento que, obrante en autos, sea literosuficiente, es decir, con virtualidad propia como para acreditar por si mismo el error denunciado, la referencia al atestado de la Guardia Civil, los cuadros resumen de horarios y demás documentos señalados en el recurso, así como la mera diferencia a un DVD que conlleve diversos documentos no es suficiente para acreditar el error por parte del Jurado en la apreciación de la prueba, tampoco procede ser tenidas en cuenta las pruebas de carácter personal practicadas con inmediación ante el propio Jurado. En consecuencia a todo lo dicho procede la desestimación del motivo alegado y por ello la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida en nombre del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

    QUINTO.- Habiendo resultado absueltos los acusados, no pudiéndose imponer condena en costas al Ministerio Fiscal en virtud de lo dispuesto en el art. 394.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria) y no apreciándose por la Sala temeridad o mala fe en el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, no procede, de conformidad con lo previsto en el art. 240 de la LECrim, hacer expresa condena en costas.

    Vistos los artículos citados y demás preceptos de aplicación general

    LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ACTUANDO COMO SALA DE LO PENAL, DICTA EL SIGUIENTE:

    FALLO 

    Que debemos de declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación procesal del Ayuntamiento de Cangas de Narcea contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada presidente del Tribunal del Jurado en el rollo 3/2014 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la cual se confirma íntegramente, declarando las costas de oficio.

    Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días contados desde el siguiente a la última notificación y por los trámites de los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

    Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

    Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 33044310012017100006