Medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados de Aragón para hacer frente a la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma


Orden CDS/569/2020, de 8 de julio, por la que se adoptan medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma.

BOA 134/2020 de 8 de Julio de 2020

La presente Orden tiene por objeto la adopción de un conjunto de medidas de prevención y contención a ejecutar por las entidades de acción social, titulares o gestoras de centros de servicios sociales especializados, ya sean de carácter público o privado, mientras dure la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2.

Las medidas que se comprenden son las siguientes:

a) Medidas comunes en los centros de servicios sociales especializados: accesos permitidos, obligaciones de las entidades de acción social y contenido mínimo del plan de contingencia. Este plan debe describir tres escenarios a los que adaptarse en función de la situación epidemiológica y contemplar medidas organizativas, de prevención, formación, información y coordinación con los centros de salud de referencia, así como con los órganos competentes en materia de salud pública. A tal efecto, se debe crear un “equipo COVID-19” integrado por los responsables encargados de participar en la elaboración del plan, de la supervisión del cumplimiento de medidas y de la implementación de acciones que requieran una respuesta rápida. Además, destacar la obligación de los centros de servicios sociales especializados de disponer de un estocaje de medios de protección adecuados que permita dar cobertura durante un periodo mínimo de un mes, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y de dos meses, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial.

b) Medidas en centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial: centros de día, hogares, centros de atención temprana y centros ocupacionales, que se corresponden con las previstas en la Orden CDS/473/2020, por la que se adoptan nuevas medidas relativas a la apertura de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y se acuerda la prórroga de medidas.

c) Medidas en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial: medidas de intervención y flexibilización de otras medidas adoptadas con motivo del levantamiento gradual y adaptación hacia una nueva normalidad (salidas, retorno, nuevos ingresos, prestación de servicios, actividades grupales, visitas, acompañamiento ante el proceso de morir y desplazamientos permitidos).

e) Declaración obligatoria de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, obligación de información, transparencia y sistema de información. Respecto a éste último, destacar que se elimina el sistema manual de recopilación de datos debiendo utilizarse exclusivamente, a tal fin, la aplicación web habilitada para el correcto funcionamiento y actualización de la información contenida en la aplicación. Por otro lado, se prevé que la información sobre la evolución de crisis sanitaria y epidemiológica incluida en el Boletín Epidemiológico en Aragón, en relación con los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, debe ser objeto de publicidad en el portal de transparencia.

f) Régimen sancionador: se recoge el previsto en la medida 16ª de la Orden SAN/474/2020.

g) Prórroga de las medidas contenidas en la Orden CDS/406/2020, que son de aplicación a los centros de servicios sociales especializados, de titularidad pública o privada, ubicados en aquellos territorios que han de observar el régimen establecido para la fase II de desescalada.

Esta Orden produce efectos desde el 8 de julio de 2020 y es de aplicación hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria, sin perjuicio de las necesarias actualizaciones que puedan surgir con ocasión de la evolución sanitaria y epidemiológica.

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la crisis sanitaria ocasionada por el brote epidémico producido por el virus SARS-CoV-2, tanto a nivel nacional como autonómico se adoptaron las medidas que se consideraron adecuadas para prevenir y contener la propagación del virus. Dichas medidas resultaron ser efectivas, gracias a la colaboración y esfuerzo del conjunto de la ciudadanía, mereciendo especial dedicación y reconocimiento, tanto el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios como el realizado por los profesionales que trabajan en el cuidado diario de las personas mayores y con discapacidad.

Finalizado el estado de alarma y aunque la situación epidemiológica actual haya sido favorable en la contención de la pandemia, tal evolución, no exime a los poderes públicos de su deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española.

Y es que, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados, su naturaleza y evolución imprevisible, así como “el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes” y la “incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos” han motivado la aprobación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial del Estado”, número 163, de 10 de junio de 2020).

Este Real Decreto-ley, dictado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (“Boletín Oficial del Estado”, número 102, de 29 de abril 1986), en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (“Boletín Oficial del Estado”, número 102, de 29 de abril de1986) y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (“Boletín Oficial del Estado”, número 240, de 5 de octubre de 2011), sienta las bases para combatir la pandemia en todo el territorio español tras el levantamiento del estado de alarma y, de conformidad con el artículo 2.3 hasta que “el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

En cumplimiento de la habilitación contenida y en el ejercicio de competencias atribuidas al órgano que ostenta la condición de autoridad sanitaria en Aragón, se acordó la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 20 de junio de 2020).

En la medida undécima, de la citada Orden de Sanidad, se prevé que el Departamento competente en materia de servicios sociales, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, dictará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los criterios establecidos en esa Orden.

En ejecución de lo indicado y atendiendo a la situación epidemiológica de Aragón, en la presente Orden, se flexibilizan medidas adoptadas en sucesivas Ordenes aprobadas con motivo del levantamiento gradual de medidas aplicables en los centros de servicios sociales especializados y se prorrogan medidas previstas para la Fase II, partiendo de los principios de prevención, necesidad y proporcionalidad y, a la luz de los acontecimientos acaecidos en zonas determinadas de Aragón que han motivado la adopción de medidas especiales para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población.

Siguiendo el principio de prevención de riesgos frente al contagio ha de destacarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros, atendiendo a la especial vulnerabilidad de los colectivos destinatarios de las medidas contenidas en la presente Orden, por cuanto, las personas mayores y con discapacidad han sido las más afectadas por esta pandemia.

La presente Orden se estructura en siete capítulos, treinta y cuatro disposiciones y cuatro anexos.

El capítulo I, recoge el objeto, ámbito, finalidad y medidas comunes a los centros de servicios sociales especializados, tales como, la relación de accesos permitidos; las obligaciones de las entidades de acción social, así como el contenido mínimo del plan de contingencia. Este plan deberá describir tres escenarios a los que adaptarse en función de la situación epidemiológica y contemplar medidas organizativas, de prevención, formación, información y coordinación con los centros de salud de referencia, así como con los órganos competentes en materia de salud pública. A tal efecto, se creará un “equipo COVID-19” integrado por los responsables encargados de participar en la elaboración del plan, de la supervisión del cumplimiento de medidas y de la implementación de acciones que requieran una respuesta rápida. Además, ha de destacarse que los centros de servicios sociales especializados han de disponer de un estocaje de medios de protección adecuados que permita dar cobertura durante un periodo mínimo de un mes, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y de dos meses, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial.

El capítulo II, recoge medidas en centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial (Centros de día, Hogares, Centros de Atención Temprana y Centros Ocupacionales). Estas medidas se corresponden con las previstas en la Orden CDS/473/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas relativas a la apertura de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y se acuerda la prórroga de medidas (“Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 20 de junio de 2020). Las medidas contenidas en esta Orden se dejan sin efecto al refundirse en esta Orden.

El capítulo III, recoge las medidas de intervención en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial que han sido aplicadas en el territorio aragonés durante el estado de alarma, con base a lo dispuesto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial del Estado”, número 78, de 21 de marzo de 2020); en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificada por la Orden SND/322/2020, de 3 de abril (“Boletín Oficial del Estado”, número 81, de 24 de marzo de 2020 y número 95, de 4 de abril de 2020). Tales medidas son: ordenar por motivos de salud pública la reubicación y aislamiento de los residentes, de acuerdo a su clasificación; apoyar puntualmente a residencias; ordenar el traslado de residentes afectados por la infección a dispositivos especiales de cuidados COVID-19; y atribución temporal a un empleado público u otro profesional que cuente con capacitación suficiente, la dirección y coordinación asistencial de un centro residencial. Las medidas contenidas en la Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se dejan sin efecto al refundirse en esta Orden.

A los efectos previstos, se atenderá a las definiciones y clasificación de casos (sospechoso, probable, confirmado -con infección activa y resueltay descartado) contenidos en la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, de fecha 16 de junio de 2020 y en el documento que establece el procedimiento de actuación relativa al COVID-19 en Aragón, de fecha 27 de junio de 2020. Ha de tenerse en cuenta que, ambos documentos, se encuentran en revisión permanente en función de la evolución e información que se vaya disponiendo de la infección producida por coronavirus.

A este respecto, ha de recordarse que se considera caso sospechoso, cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Además, debido a la vulnerabilidad de las personas que viven en los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, la detección de un solo caso confirmado en estos centros, sea residente o trabajador, se considerará un brote a efectos de la puesta en marcha de las medidas de actuación.

El capítulo IV, recoge otras medidas aplicables en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial. En concreto, contiene las medidas previstas en la Orden CDS/406/2020, de 25 de mayo, por la que se establecen nuevas medidas relativas al desconfinamiento gradual en los centros de servicios especializados (“Boletín Oficial de Aragón”, número 101, de 25 de mayo de 2020), si bien, se han flexibilizado y aclarado determinados aspectos. Con carácter general, ha de mencionarse que, se permiten las salidas voluntarias y temporales por motivos distintos a la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico, condicionadas a una duración mínima y a las establecidas para el retorno a la residencia; se ha adaptado la medida relativa al retorno de las personas residentes con derecho a reserva de plaza para prever los dos supuestos de salidas temporales y voluntarias; se ha adaptado y aclarado aspectos de la medida de relativa a nuevos ingresos, no obstante, se mantiene la presentación de la declaración responsable; se amplia la prestación del servicio de peluquería a todas aquellas personas que no se hallen en aislamiento, con independencia de la existencia de un brote en la residencia; se permiten las visitas a las personas residentes con independencia de la existencia de un brote en la residencia, siempre que las personas residentes estén asintomáticas permitiéndose, además, las visitas a residentes que cumpliendo el criterio anterior se hallan en aislamiento preventivo por retorno a la residencia o por tratarse de nuevos ingresos; se posibilita la ampliación de la duración mínima de visitas y se aumenta a dos el número de visitantes; se posibilita la ampliación de la duración mínima del acompañamiento y se aumenta a dos el número de acompañantes ante el proceso de morir, además, de eliminarse la potestad de la dirección del centro para valorar su adecuación dejándose al expreso deseo o, en su caso, no oposición de la persona residente; y se flexibiliza el régimen de desplazamientos permitidos al eliminarse las franjas horarias, duración, distancia o exclusivo acompañamiento por responsables del centro.

El capítulo V, recoge la declaración obligatoria de la enfermedad, la obligación de información, transparencia y sistema información. A este respecto, se prevé la obligación de informar de los casos que se produzcan en los centros de servicios sociales especializados al órgano competente en materia de salud pública y al centro de salud de referencia para valoración clínica, así como la actualización del contenido previsto en la Orden SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que se adoptan medidas relacionadas con la obtención de información de las entidades de acción social titulares de centros de servicios sociales especializados de carácter residencial, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 71, de 8 de abril de 2020). Las medidas contenidas en esta orden se dejan sin efecto al refundirse en la presente orden.

Además, respecto del sistema de información ha de subrayarse que, se elimina el sistema manual de recopilación de datos debiendo utilizarse exclusivamente, a tal fin, la aplicación web habilitada para el correcto funcionamiento y actualización de la información contenida en la aplicación. Se erige como una herramienta esencial para garantizar la atención sanitaria y debida coordinación y cooperación entre los centros de servicios sociales especializados con los centros sanitarios de referencia y las autoridades competentes para el adecuado seguimiento de casos y vigilancia epidemiológica.

Por otro lado, se prevé que la información sobre la evolución de crisis sanitaria y epidemiológica incluida en el Boletín Epidemiológico en Aragón, en relación con los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, será objeto de publicidad en el portal de transparencia.

El capítulo VI, recoge el régimen sancionador previsto en la medida decimosexta de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio.

El capítulo VII, recoge: habilitaciones para el desarrollo e implementación de esta orden; requerimiento para la aportación del listado de personas que ejerzan la dirección de los centros; y prórroga de medidas contenidas en la Orden CDS/406/2020, de 25 de mayo, las cuales, serán de aplicación a los centros de servicios sociales especializados, de titularidad pública o privada, ubicados en aquellos territorios que han de observar el régimen establecido para la fase II de desescalada, de acuerdo a lo indicado en la medida trigésima tercera; efectos, vigencia y régimen de recursos.

Finalmente, se incluyen cuatro anexos: anexo I relativo a la declaración responsable del cumplimiento de requisitos materiales y personales para el ingreso de nuevas personas usuarias en los centros de servicios sociales especializados de carácter residencial; anexo II relativo a visitas a residentes en aislamiento por retorno con derecho de reserva de plaza o nuevos ingresos; anexo III relativo al documento de consentimiento informado establecido para el acompañamiento ante el proceso de morir; y anexo IV relativo al sistema de información destinado a centros de servicios sociales especializados.

Por todo ello, al amparo de la disposición undécima de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio y habiéndose recabado informe al órgano competente en materia de salud pública, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de servicios sociales, según el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación con el artículo 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en el artículo 46 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y el artículo 2 del Decreto 24/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, dispongo:

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la crisis sanitaria ocasionada por el brote epidémico producido por el virus SARS-CoV-2, tanto a nivel nacional como autonómico se adoptaron las medidas que se consideraron adecuadas para prevenir y contener la propagación del virus. Dichas medidas resultaron ser efectivas, gracias a la colaboración y esfuerzo del conjunto de la ciudadanía, mereciendo especial dedicación y reconocimiento, tanto el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios como el realizado por los profesionales que trabajan en el cuidado diario de las personas mayores y con discapacidad.

Finalizado el estado de alarma y aunque la situación epidemiológica actual haya sido favorable en la contención de la pandemia, tal evolución, no exime a los poderes públicos de su deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española.

Y es que, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados, su naturaleza y evolución imprevisible, así como “el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes” y la “incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos” han motivado la aprobación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial del Estado”, número 163, de 10 de junio de 2020).

Este Real Decreto-ley, dictado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (“Boletín Oficial del Estado”, número 102, de 29 de abril 1986), en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (“Boletín Oficial del Estado”, número 102, de 29 de abril de1986) y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (“Boletín Oficial del Estado”, número 240, de 5 de octubre de 2011), sienta las bases para combatir la pandemia en todo el territorio español tras el levantamiento del estado de alarma y, de conformidad con el artículo 2.3 hasta que “el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

En cumplimiento de la habilitación contenida y en el ejercicio de competencias atribuidas al órgano que ostenta la condición de autoridad sanitaria en Aragón, se acordó la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 20 de junio de 2020).

En la medida undécima, de la citada Orden de Sanidad, se prevé que el Departamento competente en materia de servicios sociales, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, dictará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los criterios establecidos en esa Orden.

En ejecución de lo indicado y atendiendo a la situación epidemiológica de Aragón, en la presente Orden, se flexibilizan medidas adoptadas en sucesivas Ordenes aprobadas con motivo del levantamiento gradual de medidas aplicables en los centros de servicios sociales especializados y se prorrogan medidas previstas para la Fase II, partiendo de los principios de prevención, necesidad y proporcionalidad y, a la luz de los acontecimientos acaecidos en zonas determinadas de Aragón que han motivado la adopción de medidas especiales para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población.

Siguiendo el principio de prevención de riesgos frente al contagio ha de destacarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros, atendiendo a la especial vulnerabilidad de los colectivos destinatarios de las medidas contenidas en la presente Orden, por cuanto, las personas mayores y con discapacidad han sido las más afectadas por esta pandemia.

La presente Orden se estructura en siete capítulos, treinta y cuatro disposiciones y cuatro anexos.

El capítulo I, recoge el objeto, ámbito, finalidad y medidas comunes a los centros de servicios sociales especializados, tales como, la relación de accesos permitidos; las obligaciones de las entidades de acción social, así como el contenido mínimo del plan de contingencia. Este plan deberá describir tres escenarios a los que adaptarse en función de la situación epidemiológica y contemplar medidas organizativas, de prevención, formación, información y coordinación con los centros de salud de referencia, así como con los órganos competentes en materia de salud pública. A tal efecto, se creará un “equipo COVID-19” integrado por los responsables encargados de participar en la elaboración del plan, de la supervisión del cumplimiento de medidas y de la implementación de acciones que requieran una respuesta rápida. Además, ha de destacarse que los centros de servicios sociales especializados han de disponer de un estocaje de medios de protección adecuados que permita dar cobertura durante un periodo mínimo de un mes, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y de dos meses, en el caso de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial.

El capítulo II, recoge medidas en centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial (Centros de día, Hogares, Centros de Atención Temprana y Centros Ocupacionales). Estas medidas se corresponden con las previstas en la Orden CDS/473/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas relativas a la apertura de centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial y se acuerda la prórroga de medidas (“Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 20 de junio de 2020). Las medidas contenidas en esta Orden se dejan sin efecto al refundirse en esta Orden.

El capítulo III, recoge las medidas de intervención en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial que han sido aplicadas en el territorio aragonés durante el estado de alarma, con base a lo dispuesto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial del Estado”, número 78, de 21 de marzo de 2020); en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificada por la Orden SND/322/2020, de 3 de abril (“Boletín Oficial del Estado”, número 81, de 24 de marzo de 2020 y número 95, de 4 de abril de 2020). Tales medidas son: ordenar por motivos de salud pública la reubicación y aislamiento de los residentes, de acuerdo a su clasificación; apoyar puntualmente a residencias; ordenar el traslado de residentes afectados por la infección a dispositivos especiales de cuidados COVID-19; y atribución temporal a un empleado público u otro profesional que cuente con capacitación suficiente, la dirección y coordinación asistencial de un centro residencial. Las medidas contenidas en la Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se dejan sin efecto al refundirse en esta Orden.

A los efectos previstos, se atenderá a las definiciones y clasificación de casos (sospechoso, probable, confirmado -con infección activa y resueltay descartado) contenidos en la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, de fecha 16 de junio de 2020 y en el documento que establece el procedimiento de actuación relativa al COVID-19 en Aragón, de fecha 27 de junio de 2020. Ha de tenerse en cuenta que, ambos documentos, se encuentran en revisión permanente en función de la evolución e información que se vaya disponiendo de la infección producida por coronavirus.

A este respecto, ha de recordarse que se considera caso sospechoso, cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Además, debido a la vulnerabilidad de las personas que viven en los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, la detección de un solo caso confirmado en estos centros, sea residente o trabajador, se considerará un brote a efectos de la puesta en marcha de las medidas de actuación.

El capítulo IV, recoge otras medidas aplicables en centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial. En concreto, contiene las medidas previstas en la Orden CDS/406/2020, de 25 de mayo, por la que se establecen nuevas medidas relativas al desconfinamiento gradual en los centros de servicios especializados (“Boletín Oficial de Aragón”, número 101, de 25 de mayo de 2020), si bien, se han flexibilizado y aclarado determinados aspectos. Con carácter general, ha de mencionarse que, se permiten las salidas voluntarias y temporales por motivos distintos a la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico, condicionadas a una duración mínima y a las establecidas para el retorno a la residencia; se ha adaptado la medida relativa al retorno de las personas residentes con derecho a reserva de plaza para prever los dos supuestos de salidas temporales y voluntarias; se ha adaptado y aclarado aspectos de la medida de relativa a nuevos ingresos, no obstante, se mantiene la presentación de la declaración responsable; se amplia la prestación del servicio de peluquería a todas aquellas personas que no se hallen en aislamiento, con independencia de la existencia de un brote en la residencia; se permiten las visitas a las personas residentes con independencia de la existencia de un brote en la residencia, siempre que las personas residentes estén asintomáticas permitiéndose, además, las visitas a residentes que cumpliendo el criterio anterior se hallan en aislamiento preventivo por retorno a la residencia o por tratarse de nuevos ingresos; se posibilita la ampliación de la duración mínima de visitas y se aumenta a dos el número de visitantes; se posibilita la ampliación de la duración mínima del acompañamiento y se aumenta a dos el número de acompañantes ante el proceso de morir, además, de eliminarse la potestad de la dirección del centro para valorar su adecuación dejándose al expreso deseo o, en su caso, no oposición de la persona residente; y se flexibiliza el régimen de desplazamientos permitidos al eliminarse las franjas horarias, duración, distancia o exclusivo acompañamiento por responsables del centro.

El capítulo V, recoge la declaración obligatoria de la enfermedad, la obligación de información, transparencia y sistema información. A este respecto, se prevé la obligación de informar de los casos que se produzcan en los centros de servicios sociales especializados al órgano competente en materia de salud pública y al centro de salud de referencia para valoración clínica, así como la actualización del contenido previsto en la Orden SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que se adoptan medidas relacionadas con la obtención de información de las entidades de acción social titulares de centros de servicios sociales especializados de carácter residencial, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 71, de 8 de abril de 2020). Las medidas contenidas en esta orden se dejan sin efecto al refundirse en la presente orden.

Además, respecto del sistema de información ha de subrayarse que, se elimina el sistema manual de recopilación de datos debiendo utilizarse exclusivamente, a tal fin, la aplicación web habilitada para el correcto funcionamiento y actualización de la información contenida en la aplicación. Se erige como una herramienta esencial para garantizar la atención sanitaria y debida coordinación y cooperación entre los centros de servicios sociales especializados con los centros sanitarios de referencia y las autoridades competentes para el adecuado seguimiento de casos y vigilancia epidemiológica.

Por otro lado, se prevé que la información sobre la evolución de crisis sanitaria y epidemiológica incluida en el Boletín Epidemiológico en Aragón, en relación con los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, será objeto de publicidad en el portal de transparencia.

El capítulo VI, recoge el régimen sancionador previsto en la medida decimosexta de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio.

El capítulo VII, recoge: habilitaciones para el desarrollo e implementación de esta orden; requerimiento para la aportación del listado de personas que ejerzan la dirección de los centros; y prórroga de medidas contenidas en la Orden CDS/406/2020, de 25 de mayo, las cuales, serán de aplicación a los centros de servicios sociales especializados, de titularidad pública o privada, ubicados en aquellos territorios que han de observar el régimen establecido para la fase II de desescalada, de acuerdo a lo indicado en la medida trigésima tercera; efectos, vigencia y régimen de recursos.

Finalmente, se incluyen cuatro anexos: anexo I relativo a la declaración responsable del cumplimiento de requisitos materiales y personales para el ingreso de nuevas personas usuarias en los centros de servicios sociales especializados de carácter residencial; anexo II relativo a visitas a residentes en aislamiento por retorno con derecho de reserva de plaza o nuevos ingresos; anexo III relativo al documento de consentimiento informado establecido para el acompañamiento ante el proceso de morir; y anexo IV relativo al sistema de información destinado a centros de servicios sociales especializados.

Por todo ello, al amparo de la disposición undécima de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio y habiéndose recabado informe al órgano competente en materia de salud pública, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de servicios sociales, según el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación con el artículo 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en el artículo 46 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y el artículo 2 del Decreto 24/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, dispongo:

CAPÍTULO I. 
OBJETO, ÁMBITO, FINALIDAD Y MEDIDAS COMUNES A LOS CENTROS. DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADO

Primera. 
Objeto, ámbito y finalidad.

1. La presente Orden tiene por objeto la adopción de un conjunto de medidas de prevención y contención a ejecutar por las entidades de acción social, titulares o gestoras de centros de servicios sociales especializados, ya sean de carácter público o privado, mientras dure la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2.

2. Las medidas que se comprenden en la presente Orden son las siguientes:

Segunda. 
Acceso en los centros de servicios sociales especializados.

Se restringe el acceso de personas en los centros de servicios sociales especializados salvo en los supuestos que a continuación se relacionan:

1. Prestación de servicios a personas usuarias en el centro en los términos previstos en las medidas vigésima primera y vigésima segunda de la presente orden.

2. Visitas y acompañamiento de familiares en los términos previstos en las medidas vigésima tercera y vigésima cuarta de la presente orden.

3. Vigilancia, inspección y control del cumplimiento de la normativa sectorial y de las medidas establecidas por las autoridades competentes. Se extremarán las medidas de higiene y preventivas a la entrada y a la salida, además de la limpieza y desinfección de superficies de contacto una vez efectuada la visita.

4. Abastecimiento de bienes. Se deberán habilitar accesos independientes o circuitos seguros con el objeto de minimizar las entradas y salidas a zonas comunes o estancias de las personas usuarias, además de extremar las medidas de higiene y preventivas a la entrada y a la salida y la limpieza y desinfección de superficies una vez efectuado el suministro.

5. Revisiones e inspecciones periódicas para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Se evitará cualquier contacto con trabajadores y personas usuarias y se extremarán las medidas de higiene y preventivas a la entrada y a la salida, además de la limpieza y desinfección de superficies una vez efectuado el servicio.

6. Ejecución de reparaciones urgentes. Se evitará cualquier contacto con trabajadores y personas usuarias. Se extremarán las medidas de higiene y preventivas a la entrada y a la salida, además de la limpieza y desinfección de superficies de contacto.

Las obras que no sean de naturaleza urgente, solo estarán permitidas cuando se realicen en espacios claramente delimitados e independizados de zonas comunes o estancias de las personas residentes y se habiliten accesos independientes de entrada y salida para los profesionales y llevanza de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, al efecto de evitar la coincidencia con las personas usuarias y trabajadores del centro.

Además, en cualquiera de los supuestos permitidos:

Tercera. 
Obligaciones de las entidades de acción social y colaboración de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

1. Las entidades de acción social tienen la obligación de declarar urgentemente la enfermedad producida por coronavirus y han de extremar el cumplimiento de las medidas de higiene, prevención y organización de recursos, establecidas por los órganos competentes en materia de sanidad y servicios sociales, para prevenir los riesgos de contagio.

2. Las entidades de acción social están sujetas a las siguientes obligaciones:

3. Además, los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, vendrán obligados a:

4. Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, ya sean ajenos o propios, han de colaborar con las entidades de acción social, promoviendo la gestión integrada de la prevención, evaluando los riesgos, vigilando las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, proporcionando información y formación adecuada para la correcta ejecución de sus tareas ante una situación de alarma sanitaria, así como reforzando las medidas de prevención e higiene frente a la infección producida por coronavirus que resulten adecuadas en cada centro.

Especialmente, deberán asesorar y supervisar los aspectos técnicos en la elaboración del plan de contingencia.

Cuarta. 
Contenido mínimo del plan de contingencia.

El plan de contingencia ha de adaptarse a las características del centro, al número de profesionales y personas usuarias debiendo incluir, al menos, los siguientes aspectos:

1. Contemplar tres escenarios a los que adaptarse dependiendo de la evolución de la COVID-19.

2. Grado de ocupación del centro incluyendo la relación de personas usuarias, valoración de la situación personal y agrupación de personas usuarias.

3. Recursos humanos disponibles, cualificación, organización de turnos de trabajo, así como medidas que aseguren la continuidad de la prestación del servicio ante posibles bajas de personal.

4. Medidas de formación para el personal del centro dirigidas a mejorar la seguridad en el trabajo y a cumplir adecuadamente las pautas de higiene y prevención.

5. En los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, el plan ha de contar con un análisis detallado de las infraestructuras del centro identificando en los planos a escala y actualizados que se incorporen, zonas diferenciadas para la ubicación y atención de personas residentes atendiendo a su situación personal, especialmente cuando se trate de personas deambulantes o errantes, con trastorno cognitivo, así como a la clasificación de residentes previstas en la medida octava de la presente orden.

Además, ha de desarrollarse un procedimiento de actuación en zonas destinadas a aislamiento; ha de fijarse una distribución del personal cualificado que atenderá a las personas residentes en función de su clasificación para reducir al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo con personas usuarias afectadas por la infección, y han de establecerse circuitos de tránsito diferenciados para los trabajadores, personas usuarias o para la entrada de suministro.

6. En los centros de servicios sociales no especializados de naturaleza no residencial el plan ha de contener los planos a escala y actualizados del centro en los que se identifiquen zonas o habitaciones destinadas al aislamiento temporal ante la aparición de algún caso compatible con la infección.

Además, ha de desarrollarse un procedimiento de actuación para atender posibles aislamientos con identificación del personal cualificado que atenderá a estas personas, así como establecer circuitos de tránsito diferenciados para los trabajadores, personas usuarias o para la entrada de suministro.

7. Desarrollo de líneas de acción para que las personas designadas implementen las medidas adecuadas ante situaciones que requieran una actuación inmediata (creación de un equipo COVID-19 en los centros encargado de participar en la elaboración del plan, de supervisar el cumplimiento de medidas e implementar acciones que requieran una respuesta rápida; descripción del modelo de atención sanitaria a los residentes y de la relación con el centro de salud de referencia; definición de los circuitos de comunicación urgente de casos al órgano competente en materia de salud pública).

8. Evaluación del riesgo de transmisión e implementación de medidas para su mitigación o eliminación.

9. Medidas de información dirigidas a personas usuarias, personal del centro, en su caso, visitantes y otros prestadores de servicios.

10. Relación detallada de material de protección disponible debiendo garantizar la suficiencia periódica para proteger a profesionales, personas usuarias y en su caso, visitantes, además de contar con un estocaje que cubra el periodo mínimo establecido.

11. Relación detallada de material higiénico-sanitario y de limpieza y previsión de estocaje necesario para el centro.

12. Establecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación del plan.

CAPÍTULO II. 
MEDIDAS EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DE NATURALEZA NO RESIDENCIAL

Quinta. 
Reanudación de la prestación de servicios en Centros de día y Hogares.

1. Se habilita la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial limitando el aforo total, de tal manera que, la fijación del número máximo de personas dependerá de que pueda garantizarse una distancia interpersonal de dos metros.

2. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene y en especial, el uso generalizado de mascarillas, higiene de manos, ventilación, limpieza y desinfección de los materiales, objetos y espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto, antes y durante el desarrollo de la actividad.

Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:

3. En aquellos centros de servicios sociales especializados de naturaleza no residencial en los que se compatibilice el servicio de estancias diurnas con la prestación de servicios esenciales (podología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y otros), además de lo dispuesto en los puntos anteriores habrán de cumplir los siguientes requisitos mínimos:

El tiempo de permanencia en el centro será el estrictamente necesario para que las personas usuarias puedan recibir la prestación del servicio y se ajustarán los horarios, de tal manera que, entre los turnos establecidos, medie un intervalo de tiempo suficiente para evitar la coincidencia de personas a la entrada y salida.

4. En aquellos centros en los que se preste el servicio de comedor, además, de tener en cuenta lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de la presente medida, habrá de cumplir los siguientes requisitos mínimos:

5. Se permite la apertura de los servicios de estancias diurnas autorizadas en los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, cuando estos centros dispongan o, en su caso, habiliten, un acceso y espacio independiente a los utilizados por las personas residentes, al efecto de evitar cualquier contacto. Además, no se compartirán profesionales que se dediquen al cuidado y control de las personas usuarias durante su estancia para el mismo espacio de tiempo y lugar.

En el caso en que no pueda darse cumplimiento a lo indicado, las entidades de acción social no podrán prestar este servicio debiendo mantener un seguimiento estrecho de las personas usuarias y detectar casos de vulnerabilidad, hasta el levantamiento de la suspensión.

Sexta. 
Prestación de servicios en Centros de Atención Temprana y Centros Ocupacionales.

1. Se permite la apertura de centros de servicios sociales especializados dedicados a la prestación de servicios de prevención, terapia, rehabilitación, atención temprana e integración social y laboral dirigidos a personas con discapacidad y en situación de dependencia.

2. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, y en especial, el uso generalizado de mascarillas, higiene de manos, limpieza y desinfección de los espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto, antes y durante el desarrollo de la actividad.

Además, de las medidas generales dispuestas para la apertura de los centros de día y hogares que resulten compatibles con la prestación de estos servicios, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

CAPÍTULO III. 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DE NATURALEZA RESIDENCIAL

Séptima. 
Medidas de intervención.

1. Los órganos competentes en materia de salud pública y de servicios sociales, en función de la situación epidémica y asistencial de cada residencia y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, están facultados a intervenir en los centros de servicios sociales de naturaleza residencial.

2. La intervención en las residencias podrá consistir en las actuaciones que a continuación se relacionan:

Octava. 
Reubicación y aislamiento de residentes.

1. Cuando concurran razones de riesgo de carácter transmisible, los responsables de las residencias que hubieran sido designados clasificarán a los residentes y procederán a su reubicación y aislamiento, en el plazo máximo de 24 horas.

2. Los residentes de los centros de servicios sociales especializados se clasificarán en:

No obstante, a los efectos previstos en la presente Orden, se atenderá a las definiciones y clasificación de casos (sospechoso, probable, confirmado –con infección activa y resueltay descartado) contenidos en el documento que establece el procedimiento de actuación relativa al COVID-19 en Aragón. Este documento está en revisión permanente en función de la evolución e información disponible de la infección producida por coronavirus.

3. Deberá preverse en el plan de contingencia la ubicación y aislamiento de residentes en las zonas que procedan, de acuerdo a la clasificación efectuada. Además, se distribuirá al personal, de tal manera, que permita reducir al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo con personas usuarias afectadas por la infección.

4. El centro deberá atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se les permita deambular sin que les resulte posible salir de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química.

Novena. 
Apoyo puntual a residencias.

1. Las entidades de acción social deberán comunicar a los órganos competentes en materia de salud pública y de servicios sociales:

2. Los órganos competentes valorarán la situación y, en su caso, auxiliarán a los centros sociales activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio, si bien, el coste de las medidas que pudieran adoptarse serán a cargo de la entidad de acción social responsable.

Décima. 
Dispositivos especiales de cuidados COVID-19.

1. El órgano competente en materia de servicios sociales, en función de la situación sanitaria y epidemiológica, podrá habilitar, en cada provincia, dispositivos especiales de cuidados COVID-19, en los que sea posible proporcionar a personas residentes afectados por la enfermedad una atención sanitaria y social adecuada.

2. La dirección sanitaria de los dispositivos especiales de cuidados corresponderá al órgano competente en materia de sanidad y la gestión asistencial no sanitaria al órgano competente en materia de servicios sociales.

3. El órgano competente en materia de sanidad establecerá una estructura organizativa y fijará los criterios de actuación para realizar el seguimiento médico y garantizar la prestación de cuidados sanitarios de las personas afectadas por la infección.

4. El órgano competente en materia de servicios sociales podrá promover la adscripción al funcionamiento de dichos centros a personal asistencial y de servicios de otros centros públicos, en el marco establecido por la normativa de personal de las Administraciones Públicas.

Undécima. 
Derivaciones de residentes de centros de servicios sociales especializados a los dispositivos especiales de cuidados COVID-19.

1. Se derivarán a los dispositivos especiales de cuidados COVID-19 las personas usuarias, procedentes de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, que presenten infección activa.

2. No obstante, lo anterior, atendiendo a las plazas que se dispongan en estos dispositivos, por razón de la emergencia sanitaria, la derivación de residentes, en los casos indicados, se ajustará a los siguientes criterios generales:

3. Las personas designadas por los órganos competentes en materia de salud pública y servicios sociales serán las competentes para acordar la derivación de residentes procedentes de centros de servicios sociales especializados a los dispositivos especiales de cuidados.

4. La derivación se efectuará sin necesidad de recabar la autorización de la persona afectada o, en su caso, representante legal. No obstante:

Duodécima. 
Seguimiento de situación en centros.

En los centros de servicios sociales especializados en los que se hayan detectado supuestos de contagio producido por coronavirus tendrán un profesional de referencia designado por el órgano competente en materia de salud pública para el oportuno seguimiento de la evolución de la situación del centro y adopción de las medidas previstas en la presente Orden o en los protocolos de actuación establecidos conjuntamente por los departamentos competentes en materia de sanidad y de servicios sociales.

Decimotercera. 
Atribución temporal de dirección y coordinación asistencial.

1. Los órganos competentes en materia de sanidad y de servicios sociales podrán atribuir temporalmente a un empleado público u otro profesional que cuente con capacitación suficiente, la dirección y coordinación asistencial de una residencia en los supuestos que se relacionan a continuación:

2. La persona que ejerza la dirección y coordinación asistencial dispondrá de los recursos materiales y humanos disponibles en el centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los residentes en el mismo, tanto en el propio centro residencial como en el sistema de salud correspondiente.

Además, la persona designada ha de garantizar el cumplimiento de las medidas relativas a una adecuada ubicación y aislamiento de los residentes en función de su clasificación; medidas relativas a la limpieza y desinfección del centro, de acuerdo a las indicaciones realizadas por la autoridad sanitaria, así como suministrar la información requerida para la adecuada vigilancia y seguimiento de los residentes.

3. La entidad de acción social deberá cooperar y facilitar cuanta información resulte necesaria para el desempeño de la función directiva y de coordinación de la actividad asistencial.

4. La medida de intervención finalizará cuando la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico se haya resuelto.

Decimocuarta. 
Procedimiento y resolución.

1. Previa valoración de la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida, se resolverá conjuntamente por los órganos competentes en materia de salud pública y de servicios sociales la medida de intervención consistente en la atribución temporal de la dirección y coordinación asistencial.

2. La resolución debidamente motivada se notificará a las personas interesadas dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto hubiera sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación del recurso que proceda y el plazo para su interposición, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. El expediente que se abra al efecto, deberá contener un informe sobre la situación inicial y adecuación de la adopción de la medida de intervención, el detalle de la intervención realizada y la valoración final, una vez se haya resuelto la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico.

CAPÍTULO IV. 
OTRAS MEDIDAS EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DE NATURALEZA RESIDENCIAL

Decimoquinta. 
Salida voluntaria y temporal de personas residentes.

1. Las personas residentes, sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de infección producida por coronavirus, que, de forma voluntaria y temporal, decidan trasladarse a domicilio particular por la situación del centro a nivel sanitario y epidemiológico, tienen derecho a reserva de plaza en los términos que hubieran sido pactados y en las condiciones de retorno que se prevén en la presente orden.

En los supuestos en los que medie declaración judicial de incapacidad, se considera adecuado que el tutor comunique a la autoridad judicial el traslado a domicilio de la persona residente, así como su retorno a la residencia.

2. Se permiten las salidas voluntarias y temporales de personas residentes, sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de infección producida por coronavirus, por motivos distintos al contemplado en el punto anterior siempre que la duración de la salida sea por tiempo superior a quince días, en el caso de salidas de personas con discapacidad y de un mes, en el caso de salidas de personas mayores.

En consecuencia, las salidas con pernocta por tiempo inferior no están permitidas, a salvo de los desplazamientos permitidos, de acuerdo a la medida vigésima quinta.

3. En ambos casos, se establece lo siguiente:

Decimosexta. 
Retorno de personas residentes con derecho a reserva de plaza.

1. Tienen derecho a reserva de plaza:

En consecuencia, el número total de personas residentes del centro de servicios sociales especializados es el que está integrado por las personas que permanecen en el centro, las personas residentes ingresadas en centros hospitalarios y las trasladadas a dispositivos especiales de cuidados COVID-19 y al domicilio de manera temporal.

2. Las personas residentes con derecho a reserva de plaza contemplada en los apartados a) y b) retornarán a la residencia, de acuerdo a los correspondientes protocolos de salida. En su caso, no se requiere someter al residente a aislamiento preventivo ni a otras medidas excepcionales, cuando se identifique mediante prueba serológica de alto rendimiento que la infección está resuelta.

3. Las personas residentes con derecho a reserva de plaza contemplada en el apartado c) podrán retornar a la residencia, debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

Decimoséptima. 
Nuevos ingresos.

1. Las entidades de acción social podrán admitir nuevos ingresos, con independencia de su origen, es decir, ya sean procedentes de domicilio particular u otra residencia, siempre que, en este último caso, la situación del centro de origen a nivel sanitario y epidemiológico se hubiera resuelto o no hubiera presentado caso confirmado con infección activa.

2. Las entidades de acción social, habrán de cumplir los criterios acumulativos de carácter material y personal que se relacionan en los puntos siguientes de la presente medida.

3. Criterios materiales:

Resulta imprescindible que las entidades de acción social, titulares o gestoras, de las residencias contacten con sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, ya sean estos ajenos o propios, para que supervisen los aspectos técnicos del plan de contingencia, además de formar debidamente a los trabajadores para la correcta ejecución de sus tareas.

4. Criterios personales:

5. Cuando se trate del ingreso en plazas privadas o plazas concertadas, las entidades de acción social, a través de quien ejerza la representación, comunicarán al órgano competente en materia de servicios sociales, con carácter previo a la admisión, los nuevos ingresos que se produzcan en la residencia.

Al efecto, el representante deberá firmar la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos materiales y personales para el ingreso de nuevas personas usuarias en los centros y servicios especializados de carácter residencial que figura en el anexo I de esta Orden y presentarlo al correo corporativo inspeccioncsociales@aragon.es.

La adjudicación de plazas públicas y plazas concertadas se realizará por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de acuerdo a su régimen específico y a lo dispuesto en la presente medida.

Decimoctava. 
Prestación del servicio de comedor.

1. Se habilita a las entidades de acción social a la prestación del servicio de comedor en las zonas habilitadas para personas residentes que no se hallen en aislamiento.

2. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, antes y durante el desarrollo de la actividad y, en especial, higiene de manos, ventilación periódica, limpieza y desinfección de los espacios utilizados, cada cambio de turno, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto. Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:

Decimonovena. 
Uso de estancias comunes.

1. Las personas residentes que no se hallen en aislamiento pueden hacer uso de las estancias comunes en las residencias.

2. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, y en especial, higiene de manos, ventilación periódica, limpieza y desinfección de los espacios utilizados, en cada cambio de turno, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto. Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:

Vigésima. 
Actividades grupales.

Las personas residentes que no se hallen en aislamiento pueden participar en actividades grupales siempre y cuando se respeten los siguientes requisitos mínimos para evitar el contagio:

1. La actividad grupal deberá realizarse en espacios comunes o espacios abiertos privados bajo la supervisión de profesionales designados por la dirección del centro debiendo garantizar una distancia interpersonal de dos metros.

2. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

3. Los grupos que se formen han de estar integrados siempre por las mismas personas residentes.

4. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, y en especial, higiene de manos, ventilación periódica, limpieza y desinfección de los espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto.

Vigésima primera. 
Prestación de servicios esenciales (podología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y otros).

1. Las entidades de acción social han de permitir la entrada de profesionales para la prestación de servicios esenciales como podología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y otros.

2. Los requisitos mínimos que han de cumplirse para la prestación de estos servicios son los siguientes:

Vigésima segunda. 
Prestación del servicio de peluquería.

1. Las entidades de acción social titulares o gestoras de centros de servicios sociales especializados permitirán la entrada de un profesional de peluquería.

2. El servicio de peluquería se prestará a las personas que no se hallen en aislamiento, debiendo cumplirse con los siguientes requisitos mínimos:

Vigésima tercera. 
Visitas a las personas residentes.

1. Las personas residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado pueden recibir visitas de familiares, o en su caso, de otros allegados.

Se incluye en esta habilitación las visitas a residentes que, cumpliendo las condiciones anteriores, se hallan en aislamiento con motivo de su retorno a la residencia y por tratarse de nuevos ingresos, en los términos dispuestos en las medidas 16.3.d) y 17.4.d) de la presente orden. En estos casos, los visitantes deberán firmar un documento de consentimiento informado, de acuerdo con el recogido en el anexo II de la presente Orden, en el que conste que han sido informados de los riesgos de contagio, de las medidas de prevención e higiene y de su compromiso al debido cumplimiento.

2. Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, antes y durante el desarrollo de las visitas y, en especial, uso de mascarillas e higiene de manos. Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:

Vigésima cuarta. 
Acompañamiento ante el proceso de morir.

1. Respetando la decisión que hubiera podido ser adoptada por la persona residente o, en su caso, la no oposición, las entidades de acción social permitirán la entrada de familiares para acompañar a la persona residente que se encuentre en estado previsible de muerte inminente.

2. Los requisitos mínimos que han de cumplirse para dicho acompañamiento son los siguientes:

Vigésima quinta. 
Desplazamientos permitidos.

1. Las personas residentes que no se hallen en aislamiento pueden salir a espacios abiertos privados de disponer la residencia, siempre y cuando se respeten los siguientes requisitos mínimos para evitar el contagio:

2. Las personas residentes que no se hallen en aislamiento, pueden circular por las vías públicas o espacios de uso público, siempre y cuando se respeten los siguientes requisitos mínimos para evitar el contagio:

CAPÍTULO V. 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA ENFERMEDAD, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

Vigésima sexta. 
Declaración obligatoria de la enfermedad, obligación de información y transparencia.

1. La enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.

2. Las entidades de acción social comunicarán al centro de salud de referencia para valoración clínica, así como al órgano competente en materia de salud pública, la aparición de casos sospechosos de infección producida por coronavirus facilitando, a tal efecto, todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica que le sean requeridos.

3. La información sobre la evolución de la crisis sanitaria y epidemiológica incluida en el Boletín Epidemiológico en Aragón, en relación con los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial, será objeto de publicidad en el portal de transparencia.

Vigésima séptima. 
Sistema de información, clasificación y contenido de la información.

1. El sistema de información diseñado tiene como finalidad favorecer la coordinación y colaboración entre los centros de servicios sociales especializados con atención primaria y especializada y con las autoridades competentes para el adecuado seguimiento de casos, atención sanitaria y vigilancia epidemiológica.

Además, es una herramienta adecuada para agilizar la obtención e intercambio de la información necesaria y requerida tanto por las autoridades competentes en la Comunidad Autónoma como por el Ministerio de Sanidad, en relación con la situación de pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 en Aragón.

2. Las entidades de acción social deberán suministrar la información requerida en el anexo IV de esta Orden a través de la aplicación web habilitada y cuyos datos deberán ser actualizados de producirse cualquier variación. Esta información se clasifica de la siguiente manera:

3. Las personas registradas, en representación de las entidades de acción social, deberán acceder al sistema de información al menos una vez por semana para comprobar los datos registrados y se actualizarán de forma inmediata, cuando concurra cualquier incidencia.

4. La información contenida en el sistema de información y reflejada en el citado anexo se actualizará de acuerdo a las necesidades de información que puedan surgir en la evolución de la pandemia y a las instrucciones o normas que sobre este tema se acuerden por las autoridades competentes.

Vigésima octava. 
Responsables de la gestión del sistema de información y régimen.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de los Departamentos competentes en materia de sanidad y servicios sociales, es la responsable de la gestión y administración del sistema de información.

2. Las entidades de acción social, a través de quien ostente la representación, deberán registrarse, cumplimentar y actualizar la información que figura en el anexo IV.

3. Los responsables de la gestión y administración del sistema de información habilitarán el correspondiente perfil de usuario, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

4. El personal que, por razón de las funciones encomendadas, tenga acceso a los datos del sistema de información está obligado a mantener secreto.

5. Cuando se requiera, el órgano que ostente la condición de autoridad sanitaria remitirá al Ministerio de Sanidad la información sobre casos que se produzcan en los centros de servicios sociales especializados y según se establezca en los protocolos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO VI. 
RÉGIMEN SANCIONADOR

Vigésima novena. 
Régimen sancionador.

1. Los presuntos incumplimientos de las medidas incluidas en esta Orden, así como de las previstas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cuando constituyan infracciones administrativas previstas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, o en la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, serán sancionados conforme a lo previsto en dichas normas, correspondiendo la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores a los órganos competentes en materia de sanidad.

2. Las restantes infracciones administrativas en que se pueda incurrir por vulneración de las medidas establecidas serán sancionadas por los órganos competentes en materia de servicios sociales.

CAPÍTULO VII. 
HABILITACIONES, APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PRÓRROGA DE MEDIDAS, EFECTOS, VIGENCIA Y RÉGIMEN DE RECURSOS

Trigésima. 
Habilitaciones.

1. Se faculta al Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales para que pueda emitir las instrucciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo establecido en la presente Orden, previo informe del órgano responsable en materia de salud pública.

2. Se faculta al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que, en el ámbito de las funciones atribuidas al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y respecto a los centros de su titularidad, pueda emitir las instrucciones y adoptar aquellas medidas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

3. Los órganos competentes en materia de sanidad y servicios sociales mantendrán una comunicación permanente e intercambio de información. Además, elaborarán protocolos de actuación conjunta que favorezcan la colaboración y coordinación entre departamentos y organismos autónomos, así como la atención, seguimiento y vigilancia epidemiológica de los centros de servicios sociales especializados.

Trigésima primera. 
Aportación de listado de personas responsables del centro.

1. Las entidades de acción social deberán proporcionar un listado de personas responsables de los centros de servicios sociales especializados, que identifique a la persona que ejerce la dirección y al menos a otras dos personas que la sustituyan en su ausencia. En concreto, este listado deberá contener la identificación de responsables, funciones que desarrollan y orden de sustitución.

2. Esta información deberá estar expuesta en un lugar visible del centro y será facilitada a través del correo corporativo registrocsociales@aragon.es, en el plazo de un mes a contar a partir de la publicación de la presente Orden.

Trigésima segunda. 
Medidas especiales para centros de servicios sociales especializados con motivo de la existencia de transmisión comunitaria.

1. Las medidas especiales establecidas por el órgano competente en materia de servicios sociales serán de aplicación a los centros de servicios sociales especializados, de titularidad pública o privada, ubicados en aquellos territorios que han de observar las medidas específicas de prevención y control adoptadas por la autoridad sanitaria para la contención del brote epidémico debido al aumento de transmisibilidad de la enfermedad.

2. En consecuencia, hasta en tanto se acuerde el levantamiento de la limitación acordada en esos territorios por el órgano competente en materia de sanidad, para esos centros, queda en suspenso la aplicación de la presente Orden, a excepción de las siguientes medidas de aplicación general y de las salvedades previstas en la correspondiente orden que resulte de aplicación para los centros de servicios sociales especializados ubicados en tales territorios:

Trigésima tercera. 
Efectos y vigencia.

1. La presente Orden produce efectos desde el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” y serán de aplicación hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria, sin perjuicio de las necesarias actualizaciones que puedan surgir con ocasión de la evolución sanitaria y epidemiológica.

2. Esta Orden deja sin efecto las medidas adoptadas en las siguientes órdenes:

• Orden de 21 de marzo de 2020 de la Consejera de Sanidad.

• Orden SAN/298/2020, de 7 de abril.

• Orden CDS/473/2020, de 19 de junio.

• Medida Undécima. Acompañamiento ante el proceso de morir de la Orden CDS/406/2020, de 25 de mayo.

Trigésima cuarta. 
Régimen de recursos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Zaragoza, 8 de julio de 2020.

La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,

M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA