Segunda acualización de las medidas de prevención frente al COVID-19 adoptadas tras el estado de alarma en la Comunidad de Madrid


Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

BOCM 182/2020 de 29 de Julio de 2020

Ante el aumento significativo de los casos de contagio, la Comunidad de Madrid ha resuelto actualizar las medidas que se acordaron en la Orden 668/2020, modificada ya por la Orden 740/2020, disponiendo lo siguiente:

1.- Se establecen las siguientes modificaciones con respecto a la obligación del uso de mascarilla:

- El uso de la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, es obligatorio con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad; y en todos los supuestos en que se haga mención del uso de mascarilla cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad se debe entender que es una obligación adicional no alternativa.

- Se añaden como excepciones al uso de mascarilla:

a) Los supuestos recogidos en el artículo 6.2 del RD-Ley 21/2020;

b) Durante la consumición de bebidas y alimentos.

c) En las piscinas durante el baño, mientras se permanezca en un lugar concreto, garantizándose la distancia de seguridad.

d) En el puesto de trabajo si se respeta la distancia de seguridad.

- Se añade como recomendación el uso de la mascarilla también en espacios privados cuando haya confluencia de gente y no se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal.

- La mascarilla no debe tener válvula exhalatoria, salvo que por características de la profesión se recomiende, y debe cubrir desde parte del tabique nasal hasta la barbilla.

2.- Con respecto al aforo, las reuniones de personas en la vía pública espacios públicos no autorizadas no puede superar el número de 10 personas, salvo que sean convivientes, y cuando se desarrollen en espacios privados se recomienda que no superen tampoco este límite si no pueden garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal.

3.- Se dispone la obligación de los fumadores de respetar siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros cuando estén fumando.

5.- Se limita el aforo de clientes en los mercados al aire libre al 75 %.

6.- Se establece la prohibición del uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, tanto en el exterior como en el interior de cualquier tipo de establecimiento abierto al público, y para el individualizado deben adoptarse medidas de limpieza e higiene de los mismos, respetando las medidas de distanciamiento.

7.- Se permite la ampliación del aforo de los establecimientos de hostelería y restauración al 75% para consumo en el interior del local, pero se rebaja a 10 las personas que pueden ocupar una mesa o agrupación de mesas, tanto dentro como al aire libre, y se autoriza la ocupación al 100% de las terrazas al aire libre, respetándose la distancia de seguridad interpersonal.

Se establece el horario de cierre como máximo a las 01:30 horas, sin que puedan entrar nuevos clientes a partir de las 01:00 horas.

Se recoge la obligación de los salones de banquetes de llevar un registro de la fecha y los datos de contacto de sus clientes, que deben conservar durante 28 días naturales.

8.- Se establece un horario de cierre de los establecimientos de ocio nocturno como máximo hasta las hasta la 01:30 horas, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de la 01:00 horas.

La ocupación de las mesas se limita a 10 personas.

Se establece la misma obligación que para los salones de banquetes de recoger los datos de clientes.

9.- Se establece la posibilidad de disponer por las autoridades sanitarias autonómicas de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo cuando para ser atendida la situación de emergencia sanitaria no sea suficiente con sus propios recursos.

10.- Se establecen medidas y condiciones para el reinicio de las actividades docentes presenciales en los centros sanitarios, establecimientos sanitarios, fundaciones de investigación biomédica e institutos de investigación sanitaria de la Comunidad de Madrid.

11.- Por último se disponen como medidas de refuerzo de las funciones de rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de COVID-19, la posibilidad de que éstas se desempeñen, de forma temporal, por el personal al servicio de las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid que voluntariamente se preste, debiendo ser autorizado por el órgano competente de la entidad local.

Es objeto de la salud pública la adopción de las medidas necesarias para la protección de la salud colectiva de la población.

La Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Sanidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 149, de 20 de junio), modificada por la Orden 740/2020, de 1 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 159, de 2 de julio), contempla distintas medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

El apartado quinto de dicha Orden prevé modificar o suprimir las medidas de contención establecidas o bien adoptar otras adicionales en caso de ser necesario en función de la evolución epidemiológica.

En el ejercicio de su responsabilidad la autoridad sanitaria, de acuerdo con las competencias que le corresponden en materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.

Las actuaciones de salud pública y las medidas adoptadas por las Administraciones sanitarias deben evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención a los ámbitos sanitario, laboral, local y a factores sociales, económicos y culturales que influyen en la salud de las personas.

Independientemente de su urgencia, las acciones serán siempre y en todo caso las más ajustadas al análisis efectuado, con el objeto de que además de cumplir con su función sean percibidas como las más adecuadas por la población.

La incidencia acumulada de casos ha experimentado un aumento significativo, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención de aplicación general a toda la población, con el objeto de mejorar y fomentar un comportamiento social responsable en la lucha contra la pandemia y de comportamientos de prevención en el conjunto de la población.

La utilización de mascarilla es una de las medidas más eficaces para la prevención y control de la transmisión de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que resulta aconsejable extender la obligatoriedad de su uso en lugares públicos aun cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal, para evitar, especialmente, la propagación de la enfermedad por parte de las personas infectadas asintomáticas que no son conocedoras de su contagio.

El uso de la mascarilla se configura, por tanto, como una obligación adicional y no alternativa a la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados.

A su vez, resulta necesario reforzar el deber general de colaboración con las autoridades sanitarias de aquellas personas que constituyan casos sospechosos o confirmados de la enfermedad, con el objeto de lograr un mejor cumplimiento de las medidas de aislamiento cuando sean necesarias así como una mayor eficacia en el rastreo y localización de los contactos estrechos.

Toda persona tiene el deber de responsabilizarse de su salud cuando puedan derivarse riesgos o perjuicios para la salud de terceros y de cooperar con las autoridades sanitarias en la prevención de enfermedades, especialmente cuando sea por razones de interés público.

También resulta procedente adoptar la suspensión temporal del uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco o asimilados en toda clase de establecimientos abiertos al público, atendiendo al elevado riesgo de transmisión de la enfermedad que supone dicha práctica.

La contingencia que supone la aparición de brotes vinculados en muchos casos a actividades de esparcimiento desarrolladas en espacios cerrados y a reuniones familiares o sociales impone la necesidad de adecuar y reforzar las medidas de prevención aplicables a determinadas reuniones de carácter social, al sector de la hostelería y del ocio nocturno, al objeto de reducir los riesgos de transmisión comunitaria, evitar los contagios e impedir la expansión de la enfermedad.

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública prevé que cuando, si así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

La Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 faculta a adoptar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o privadas, que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus artículos segundo y tercero, así como la adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,

DISPONGO

Es objeto de la salud pública la adopción de las medidas necesarias para la protección de la salud colectiva de la población.

La Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Sanidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 149, de 20 de junio), modificada por la Orden 740/2020, de 1 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 159, de 2 de julio), contempla distintas medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

El apartado quinto de dicha Orden prevé modificar o suprimir las medidas de contención establecidas o bien adoptar otras adicionales en caso de ser necesario en función de la evolución epidemiológica.

En el ejercicio de su responsabilidad la autoridad sanitaria, de acuerdo con las competencias que le corresponden en materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.

Las actuaciones de salud pública y las medidas adoptadas por las Administraciones sanitarias deben evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención a los ámbitos sanitario, laboral, local y a factores sociales, económicos y culturales que influyen en la salud de las personas.

Independientemente de su urgencia, las acciones serán siempre y en todo caso las más ajustadas al análisis efectuado, con el objeto de que además de cumplir con su función sean percibidas como las más adecuadas por la población.

La incidencia acumulada de casos ha experimentado un aumento significativo, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención de aplicación general a toda la población, con el objeto de mejorar y fomentar un comportamiento social responsable en la lucha contra la pandemia y de comportamientos de prevención en el conjunto de la población.

La utilización de mascarilla es una de las medidas más eficaces para la prevención y control de la transmisión de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que resulta aconsejable extender la obligatoriedad de su uso en lugares públicos aun cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal, para evitar, especialmente, la propagación de la enfermedad por parte de las personas infectadas asintomáticas que no son conocedoras de su contagio.

El uso de la mascarilla se configura, por tanto, como una obligación adicional y no alternativa a la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados.

A su vez, resulta necesario reforzar el deber general de colaboración con las autoridades sanitarias de aquellas personas que constituyan casos sospechosos o confirmados de la enfermedad, con el objeto de lograr un mejor cumplimiento de las medidas de aislamiento cuando sean necesarias así como una mayor eficacia en el rastreo y localización de los contactos estrechos.

Toda persona tiene el deber de responsabilizarse de su salud cuando puedan derivarse riesgos o perjuicios para la salud de terceros y de cooperar con las autoridades sanitarias en la prevención de enfermedades, especialmente cuando sea por razones de interés público.

También resulta procedente adoptar la suspensión temporal del uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco o asimilados en toda clase de establecimientos abiertos al público, atendiendo al elevado riesgo de transmisión de la enfermedad que supone dicha práctica.

La contingencia que supone la aparición de brotes vinculados en muchos casos a actividades de esparcimiento desarrolladas en espacios cerrados y a reuniones familiares o sociales impone la necesidad de adecuar y reforzar las medidas de prevención aplicables a determinadas reuniones de carácter social, al sector de la hostelería y del ocio nocturno, al objeto de reducir los riesgos de transmisión comunitaria, evitar los contagios e impedir la expansión de la enfermedad.

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública prevé que cuando, si así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

La Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 faculta a adoptar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o privadas, que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus artículos segundo y tercero, así como la adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,

DISPONGO

Primero. 
Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 149, de 20 de junio), modificada por la Orden 740/2020, de 1 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 159, de 2 de julio):

Uno. Se modifica el apartado séptimo, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos.—Se modifica el apartado decimoctavo que queda redactado de la siguiente forma:

Tres.—Se añade un punto 8 en el apartado vigésimo que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro.—Se modifica el apartado vigesimosegundo que queda redactado de la siguiente forma:

Cinco.—Se modifica el punto 1 del apartado vigesimotercero que queda redactado de la siguiente forma:

Seis.—Se modifica el apartado vigesimocuarto que queda redactado de la siguiente forma:

Siete.—Se modifica el punto primero del apartado vigesimoséptimo que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho.—Se modifica el apartado sexagésimo cuarto que queda redactado de la siguiente forma:

Nueve.—Se añade un apartado octogésimo que queda redactado de la siguiente forma:

Diez.—Se añade un nuevo apartado octogésimo primero que queda redactado de la siguiente forma:

Segundo. 
Ratificación judicial

De conformidad con la previsión contenida en el apartado k) del artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, confiérase traslado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.o del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

Tercero. 
Efectos

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 28 de julio de 2020.

El Consejero de Sanidad, ENRIQUE RUIZ ESCUDERO