Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía


Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

Vigente desde 13/03/2020 | BOJA Ext 4/2020 de 12 de Marzo de 2020

Con este Decreto-ley se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a mejorar la regulación económica, para potenciar la actividad en Andalucía, contrarrestar la desaceleración económica y sentar las bases que permitan reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más competitivo y sostenible.

Con tal fin, se lleva acabo la modificación o derogación de las normas que dificultan el acceso o ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados. Entre ellas, destacan las siguientes medidas:

a) Se deroga el Título V, en su único artículo 40, de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regulaba la declaración de los proyectos de campos de golf de interés turístico, con el fin de que los Ayuntamientos se ahorren el coste de la adaptación de sus instrumentos de planeamiento y puedan destinar esos recursos al fomento de la actividad productiva local (art. 3).

b) Se revisan los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria (art. 6).

c) Se modifican los arts. 19 y 20 del Texto Refundido de la Ley de Comercio interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012 (art. 19):

- se incrementan y flexibilizan los horarios de apertura autorizados en domingos y festivos;

- se habilita legalmente a las Corporaciones Locales la posibilidad de permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las necesidades comerciales de su término municipal;

- se adapta la regulación de los criterios y trámites del procedimiento para la declaración de zona de gran afluencia turística, eliminando trámites e introduciendo el carácter indefinido de la declaración, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a la misma.

d) se lleva a cabo una reordenación funcional y orgánica de las competencias de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, y pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

I

El pronóstico económico esperado para 2020 señala hacia un claro deterioro de los indicadores tanto macroeconómicos como sectoriales y de empleo más allá de lo observado en 2019, siempre en consonancia con la evolución previsible de la economía mundial y española. Concretamente, el contexto económico mundial es extraordinariamente competitivo y volátil, y se encuentra sometido a nuevas y numerosas amenazas. Entre éstas destacan las incertidumbres derivadas del «brexit» o de las tensiones proteccionistas que se producen en el marco de un proceso global de desaceleración económica, confirmado en 2019 tras el impulso perdido por la economía mundial en el segundo semestre del año pasado, singularmente en la zona del euro, y cuyas consecuencias alcanzarán, sin duda, a la economía de Andalucía. A todo esto, la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, a inicios de este año, puede sumar a lo anterior evidentes razones que hagan prever una mayor desaceleración del crecimiento económico.

Así, y respecto a esta última amenaza, ya la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) habría estimado que el crecimiento económico mundial podría ser de hasta la mitad del previsto antes de iniciada dicha crisis sanitaria. Concretamente, del 2,9% de crecimiento previsto a finales de 2019 para 2020, una vez considerada la amplitud de las posibles consecuencias de la expansión del virus, dicho crecimiento podría reducirse entre 0,5 puntos en el escenario más moderado y 1,5 puntos en un escenario de amplio contagio, hasta situarse en el 1,5%. Ya concretamente para el caso andaluz, y según las estimaciones realizadas por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, el efecto de la crisis del COVID-19 podría suponer, de momento, un recorte en dos décimas respecto al crecimiento estimado a finales de 2019 para el conjunto de 2020, sin que, sin embargo, pueda descartarse una cifra mucho mayor en el caso de mantenerse la propagación de la enfermedad en el tiempo.

Y es que, incluso antes de la llegada del COVID-19, las previsiones de crecimiento económico de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia OCDE, ya subrayaban una señalada ralentización de la economía mundial así como un frenazo especialmente brusco en el crecimiento de la zona euro. Así, por ejemplo, los países pertenecientes al club de la moneda única pasarían de rozar el 2% de crecimiento en 2018 al 1,2% en 2019 y al 1,1% en 2020. Las últimas estimaciones de no pocos organismos, sin embargo, reducen aún más esta previsión para 2020 como consecuencia de la aparición del COVID-19, sin descartar una posible recesión en varios países miembros del euro. En este marco, tanto la OCDE como el FMI confirman la expectativa de empeoramiento del ritmo de crecimiento de la economía española, como ya adelantaba el Banco de España en sus últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2019-2021, de nuevo, sin incluir el posible efecto del COVID-19.

Concretamente en Andalucía, y a pesar de los datos positivos que ofrece la Contabilidad Regional Trimestral para el cuarto trimestre de 2019, el crecimiento a final de año ya era mucho menor que en sus inicios. Así, frente a un crecimiento interanual del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre de 2019 del 2,6%, el cuarto ofrecía un 1,8%. Por otro lado, la evolución del desempleo y de la afiliación a la seguridad social tampoco pueden invitar al optimismo. Mientras en enero de 2019 el desempleo andaluz se reducía a un ritmo del -3,6% interanual y la afiliación crecía un 3%, en febrero de 2020 las tasas de variación interanuales eran de -0,8% y 1,8%, respectivamente.

Aunque estas cifras no aseguran la concurrencia a corto plazo de una recesión, el cambio de expectativas a nivel internacional y la ralentización económica, intensificada en las últimas semanas, obligan a tomar decisiones de política económica para evitar una mayor desaceleración. Concretamente, y apelando a la especialización productiva andaluza, a las consecuencias directas e indirectas de las incertidumbres internacionales derivadas de la guerra comercial y subida de aranceles, la climatología, que ha afectado claramente al sector agrícola y ganadero durante 2019, el «Brexit» y la más que probable caída del consumo de no residentes por una menor llegada de turistas por motivo de la alerta sanitaria, podría afectar considerablemente al crecimiento económico de este año. Así, según estimaciones de la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, una reducción de solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales. Y éste sería uno solo de los muchos posibles canales de transmisión del debilitamiento económico internacional sobre la economía andaluza. Así pues, la previsión inicial de crecimiento del PIB para 2020, elaborada a finales de 2019 por la Junta de Andalucía, de un 1,9% podría quedar ampliamente superado a la baja si se ciernen los peores augurios.

La consecuencia más inmediata, además de una reducción en el crecimiento económico sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo. Así, 2019 acabó con un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 65.201 personas para el conjunto del año. Una reducción del crecimiento de una magnitud asimilada a las predicciones anteriores supondría al menos 35 mil empleos menos creados en el escenario más probable, pudiéndose elevar esta cifra incluso a niveles de destrucción neta de ocupación. Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.

Así pues, la combinación de todos estos factores determina la materialización de una coyuntura económica problemática que todo responsable político tiene la obligación de combatir con las herramientas disponibles. Sin embargo, la economía andaluza se enfrenta a una nueva fase cíclica con un horizonte de desaceleración económica. Las herramientas de que dispone la Administración de la Junta de Andalucía para luchar contra los envites de un ciclo económico adverso son limitadas. La capacidad para enarbolar una política fiscal, lo suficientemente discrecional como para poder corregir el ciclo económico andaluz, es limitada, prácticamente nula, tanto por las competencias que el Gobierno andaluz posee como por el marco de restricciones fiscales en el que se mueven los presupuestos públicos desde el inicio de la pasada crisis, hace ya más de una década. Es por ello por lo que la Administración autonómica ha de poner el acento en las políticas económicas de oferta, esto es, tratar de elevar mediante reformas estructurales la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz. Así, vinculando las características estructurales del tejido productivo andaluz con la amplitud del ciclo económico a corto plazo, se propone llevar a cabo, con respeto al marco constitucional y estatutario vigente, una batería de reformas estructurales que permitan contrarrestar del mejor modo posible la evolución cíclica más cercana.

En este sentido, y a pesar de que las reformas estructurales puedan ser difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley, en este caso que la justificación es doble.

En primer lugar, y como se ha explicado anteriormente, pocas son las herramientas de las que se dispone a nivel regional para impulsar las acciones políticas necesarias que permitan una reducción de los efectos adversos de coyunturas económicas problemáticas. En este sentido, y a pesar de que las reformas tengan como objetivo elementos estructurales de la configuración económica y normativa de la economía andaluza, ésta puede tener un efecto inmediato en el devenir de la economía en el corto plazo.

En segundo lugar, las consecuencias económicas de coyunturas económicas problemáticas con una deficiente estructura productiva e institucional de un país o región son siempre mayores. Dicho de otro modo, una mejor estructura productiva e institucional de una economía permite a ésta resistir diferencialmente mejor los envites de coyunturas negativas, permitiendo una menor destrucción de empleo y de empresas. Es por ello por lo que el debilitamiento observado amplificará sus efectos negativos si no se apuntalan los fundamentos económicos de la economía andaluza. Entre estos fundamentos podemos citar la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva, el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores y, singularmente, la calidad de la regulación y de sus instituciones públicas.

Sobre esta última cuestión, determinados estudios de la OCDE indican que, diferencialmente, aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo más elevado y sólido y una mayor resistencia durante las crisis económicas. Asimismo, dichos países también muestran mayores tasas de productividad y, por ello, mejores niveles de bienestar para sus ciudadanos.

Dentro de lo que se define como calidad institucional, la calidad regulatoria representa una de las debilidades de las economías española y andaluza. Cuando en un contexto mundial se evalúa el nivel de desempeño institucional que correspondería a su capacidad productiva, el país se ubica un 26% por debajo de su potencial, lo que obliga a revisar aspectos tales como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para emprender negocios, los controles de precios y las barreras a la libre competencia.

Así pues, se sabe que la mejora de la regulación económica es fundamental para avanzar hacia los objetivos antes marcados. Según no pocos estudios académicos, la mejora de la regulación favorece el crecimiento y aísla relativamente a las economías de los envites de las crisis económicas.

En este sentido, Andalucía no goza de una buena posición una vez es comparada a nivel nacional e internacional. Según el muy citado estudio del Banco Mundial «Doing Business en España 2015», Andalucía ocupaba en dicho año la posición número 14 de todas las Comunidades Autónomas españolas, es decir, es de las más afectadas negativamente por la regulación normativa. Por poner una cifra que sirva de ejemplo, una empresa en Andalucía tarda 162 días en obtener los permisos de construcción, mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos se tarda, la duración es de 101 días. Estos datos a su vez contrastan con los 26 días que tarda una empresa en Singapur en obtener los permisos de construcción, el país mejor posicionado en el mundo en este aspecto.

En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas (PYME) meramente industriales, Andalucía también ocupa una posición desfavorable entre las Comunidades Autónomas españolas, en cuanto al tiempo que tarda en el inicio de la actividad. En concreto, ocupa la posición 14 de todas las regiones, tardando 168 días, casi el triple de lo que tarda una PYME industrial en Castilla y León (62 días), que es donde menos tiempo se tarda. Estas diferencias penalizan a nuestra Comunidad pues, o bien eleva el coste que soporta todo tipo de actividad económica para el desarrollo de su actividad de forma innecesaria, o bien ahuyenta la inversión que puede migrar hacia regiones más favorecedoras de las mismas, restando bienestar a los andaluces. En el corto plazo, este tipo de cargas administrativas o costes innecesarios dificultan la supervivencia de la actividad de estas empresas y, con ello, elevan la intensidad de la destrucción de empleo.

En este sentido, la mejora de la regulación económica, que consiste en el conjunto de actuaciones de los poderes públicos mediante las cuales se generan normas eficientes, trámites simplificados e instituciones eficaces, se convierte, en consecuencia, en un factor central del buen funcionamiento de las actividades productivas y, por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico.

Es por ello que, desde distintas instituciones, como la OCDE o la Comisión Europea, se viene insistiendo en los últimos años en poner un mayor énfasis en la realización y ejecución de reformas estructurales, en gran medida centradas en la simplificación y mejora de la regulación económica bajo los principios de la «Better Regulation», que permitan avanzar en la convergencia regional a niveles medios europeos y españoles del producto interior bruto per cápita regional para, y éste es el objetivo final, poder reducir o eliminar las diferentes brechas que lastran el bienestar de los ciudadanos, con particular incidencia en el desempleo.

Por otra parte, hay que señalar que, en un mundo interrelacionado y globalizado, las diferencias en costes regulatorios son penalizadas con menor inversión y menor empleo, afectando a las ventajas competitivas y por ello al bienestar de la ciudadanía. Además, como es sabido, los déficits estructurales señalados tienen consecuencias amplificadoras en caso de que la economía entre en fases cíclicas adversas. De esta forma, una deficiente regulación económica puede afectar de forma diferenciada a una región o país en caso de la llegada de una ralentización e incluso crisis económica. Quedan de este modo vinculados fundamentos estructurales de una economía con su capacidad de sortear los envites de una coyuntura económica problemática. En consecuencia, y por todo lo anterior, podemos afirmar que Andalucía se encuentra hoy en día en una situación especialmente vulnerable en el caso de la llegada de una desaceleración del crecimiento de la economía.

Especial mención hay que realizar sobre la industria. Su mayor carácter exportador y competitivo en un mercado global explica que la viabilidad de los proyectos de inversión dependa estrechamente de las barreras a la actividad que se puedan imponer con la regulación. Es por ello, que esta iniciativa supone, ante todo, un impulso a la inversión industrial que es la que más sufre, sin ningún género de dudas, las brechas regulatorias entre países y regiones.

Durante estos años, tras la crisis económica, se ha podido comprobar cómo las regiones que contaban con un sector industrial más amplio y diversificado han sufrido en menor medida su impacto en la destrucción de tejido empresarial y empleo. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de dotarse de instrumentos verdaderamente eficaces que incentiven la creación de nuevas iniciativas industriales y faciliten la modernización de las existentes, como medidas compensatorias ante factores económicos adversos. Las regiones que disfrutan de unas mejores perspectivas de progreso y bienestar social son, precisamente, las que disponen de una estructura industrial moderna; esto es, las que cuentan con industrias competitivas, que se encuentran conectadas en espacios o entidades productores de nuevas tecnologías o servicios y que saben incorporar éstos a sus procesos manufactureros, permitiéndoles así dar respuesta a las necesidades de los mercados locales e internacionales.

En consecuencia, la modernización y expansión del sector industrial andaluz se ha convertido en uno de los principales objetivos del Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene como finalidad situarlo como uno de los pilares del nuevo modelo de crecimiento de la economía andaluza. La indiscutible capacidad del sector para la generación de empleo, que de forma urgente requiere nuestra Comunidad Autónoma, contrasta con el continuo cierre de empresas que ha venido afectando profundamente a la industria andaluza a lo largo de los últimos años, con su irreparable secuela de pérdida de empleos. Es indudable que una mejor regulación y facilidad para hacer negocios en la industria mejorará el comportamiento de la región ante los envites de una supuesta crisis.

II

La regulación que enmarca las relaciones económicas entre los diversos agentes que participan en ellas no se constituye en un ente único y hermético conformado y observable. La regulación que termina por condicionar al conjunto de la economía y el valor que en ella se crea está compuesta de numerosas normas que en su conjunto y de forma entrelazada terminan por afectar a cualquier actividad económica. Por otro lado, dicha regulación puede a su vez generar un entramado de procedimientos administrativos que dificultan o elevan el coste de la actividad privada, lo que en consecuencia limita la capacidad del mercado para generar valor y, por ello, bienestar. Es por ello, que cualquier intento de mejora de la regulación mediante reformas más o menos amplias que busquen favorecer la entrada de empresas al mercado, la generación de eficiencia y valor o la eliminación de costes de transacción innecesarios debe alcanzar un nivel de detalle en la identificación de las barreras normativas considerable.

Y esto es así porque el efecto pernicioso en la generación de valor y empleo de una u otra norma no tiene por qué encontrarse en todo su articulado sino, por el contrario, puede alojarse en una parte concreta de éste, que debe ser identificado y, una vez conseguido esto, eliminado o transformado.

Realizar este análisis e identificación, y así proceder a su ajuste, exige a su vez de un trabajo minucioso. Dicho trabajo de identificación debe pues, en la siguiente fase, proceder a llevar a cabo los cambios normativos necesarios, por pequeños que puedan parecer, justificando por sí solo la miríada de dichos pequeños cambios, como son los que contemplan el articulado de este Decreto-ley, pero que sumadas consiguen el efecto deseado y descrito en el apartado I de esta exposición de motivos.

Es por esta razón, que a través del Decreto 367/2019, de 19 de febrero, y por el Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, se impulsaron tanto la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía como la elaboración de un Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, respectivamente. Los objetivos de ambas iniciativas, a través de la constitución de grupos de trabajo y expertos, se basaban precisamente en la identificación de estas barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz.

Respecto a la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria de Andalucía, la misma puso de manifiesto la necesidad de agilizar y simplificar determinados procedimientos administrativos en materia energética, medioambiental, de salud y de ordenación del territorio y urbanismo, incidiendo de manera positiva en el desarrollo de la actividad económica y en particular en la industrial, en una línea de trabajo abierta, en un contexto continuo de estudio y análisis.

En cuanto a los trabajos para la elaboración del Plan para la Mejora de la Regulación, que aún vienen desarrollándose desde que fuese aprobado el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó un documento de trabajo en el que se establecían las actuaciones, la metodología a desarrollar, así como la creación de tres equipos de trabajo, de cuyas propuestas de simplificación y racionalización de procedimientos administrativos este Decreto-ley es en parte resultado. A este respecto, cabe hacer especial referencia al grupo de expertos designados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que ha elaborado un documento de propuestas en el que se identifican con claridad las normas en las que se concentran gran parte de estas barreras y trabas administrativas y las razones para su remoción.

La suma de las propuestas realizadas por ambas iniciativas está, así, a disposición para una actuación rápida y completa que permita a la Comunidad Autónoma de Andalucía avanzar en la mejora de su regulación económica, en el preciso momento en el que más necesita de esta acción. La urgente necesidad de aplicar lo más rápido posible estas reformas viene determinado, como se ha explicado con anterioridad, en el coste de oportunidad, en especial empleos, que puede suponer no hacerlo.

III

Como se ha señalado, las herramientas de las que dispone la Administración de la Junta de Andalucía para luchar contra los envites de un ciclo económico adverso son limitadas.

Esto obliga al Gobierno de Andalucía a poner en marcha las reformas que permitan, en el plazo más corto posible, elevar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz. El crecimiento económico a largo plazo de las economías responde principalmente a factores estructurales. Dichos factores son de muy diversa naturaleza, sin que sea posible identificar al detalle el conjunto de éstos. Sin embargo, parte de ellos sí pueden ser señalados, como son la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva, el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores, así como la calidad de las instituciones públicas.

Es por ello por lo que se propone llevar a cabo una batería de reformas normativas que, como se ha explicado, sumadas sean capaces de mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan en definitiva contrarrestar la desaceleración económica que ya se experimenta. En consecuencia, en el Capítulo II del presente Decreto-ley se llevan a cabo las reformas de aquellas normas que contienen preceptos que dificultan el acceso a una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados.

De este modo, los artículos 2 a 29 de este Decreto-ley incluyen modificaciones de las siguientes normas: Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio; Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas; Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina; Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía; Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía; Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y Calidad de los Vinos de Andalucía; Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía; Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía; Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía; Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía; Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía; Texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo; Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales; Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero; Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo; Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía; Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía; Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía; Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía; Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía; y Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Como se ha adelantado, cada una de estas medidas, de forma aislada, no serían capaces de alcanzar los objetivos propuestos motivados en la urgente necesidad. Sin embargo, las reformas estructurales basadas en la mejora de la regulación y en la eliminación de trabas procedimentales exige de la toma en consideración conjunta de cualquiera de las medidas propuestas e implica una eliminación de barreras, una reducción de costes tanto para las empresas como para las personas consumidoras, o la eliminación o simplificación de trámites que penalizan la creación de valor. En definitiva, todas, por pequeñas que puedan parecer, aportan en el mismo sentido al objeto marcado, y juntas fortalecen la reforma que se pretende alcanzar y reducirán el coste que una más que hipotética reducción de crecimiento generará en el bienestar de los andaluces, en particular a través de la destrucción de empleo.

Surge, además, en este caso, una nueva razón por la que implementar la reforma que se concreta en este texto normativo. Este Decreto-ley debe proponer no solo la reforma normativa que aquí se incluye, sino además debe concretar en la práctica la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que implementen unas bases con vocación de permanencia en el tiempo, facilitando en el futuro el camino para quienes quieran emprender y desarrollar el ejercicio de actividades económicas, profundizando de manera continua en el tiempo en la eliminación de barreras y trabas regulatorias y estableciendo los mecanismos necesarios para evitar que se levanten de nuevo. En definitiva, se trata de sentar unas bases que permitan reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo y sostenible mientras se adopta por parte de la Administración andaluza una nueva cultura regulatoria.

A este respecto, la puesta en marcha de las reformas necesarias para la mejora de la regulación de las actividades económicas en Andalucía requiere reforzar y reorientar el actual organismo regulador y supervisor en esta materia, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, mediante una reordenación funcional y orgánica de sus competencias en materia de mejora de la regulación económica.

En resumen, es inaplazable que todas estas medidas se apliquen a la mayor brevedad posible. Las actuales circunstancias socioeconómicas de Andalucía requieren una respuesta urgente. Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante decreto-ley.

IV

Este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Así, los títulos prevalentes sobre los que descansan las competencias para la mejora de la regulación económica de Andalucía son los reconocidos en los artículos siguientes del Estatuto de Autonomía para Andalucía: el artículo 48, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de agricultura y pesca; competencias en materia de energía, previstas en el artículo 49 de la citada norma estatutaria; el artículo 50.1, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía; el artículo 55.2, que otorga competencias compartidas en materia de sanidad interior; el artículo 56.3, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de urbanismo; el artículo 56.5, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio; el artículo 57.1 y 3, en materia de medio ambiente, al amparo de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y de sus competencias compartidas; el artículo 58.1.1.º, en el que la Comunidad Autónoma asume las competencias exclusivas en la ordenación administrativa de la actividad comercial; el artículo 58.1.3.º, en el que se asumen competencias en fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía; el artículo 58.1.5.º a través del cual se asumen las competencias relativas a la promoción de la competencia en los mercados; el artículo 58.2.2.º, en el que la Comunidad Autónoma asume competencias en el sector público económico de la misma, en las condiciones establecidas en el propio Estatuto; el artículo 58.2.3.º, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa; el artículo 61, por el que corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en materia de servicios sociales; el artículo 68.3, por el que se asumen competencias en materia de protección del patrimonio histórico; el artículo 69.1, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Junta de Andalucía y de los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito local, respetando la garantía de la autonomía local; el artículo 71, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de turismo; y el artículo 83, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen y otras menciones de calidad, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, concretamente en el fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía conforme a lo establecido en el artículo 58.2.1.º

En cuanto a los límites materiales, este Decreto-ley observa los fijados por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación de las exigencias previstas por el artículo 86.1 de la Constitución Española.

Se entiende que las circunstancias puestas de manifiesto anteriormente encajan con las denominadas por el Tribunal Constitucional «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento ha entendido el Alto Tribunal que el decreto-ley «representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia.»

Resulta evidente que las coyunturas económicas problemáticas, al igual que otras coyunturas que caen dentro del ámbito material del artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, podrán ser objeto de la regulación a través de decreto-ley si en ellas concurre el presupuesto habilitante. La alusión expresa del Tribunal a este tipo de circunstancias no hace sino poner de manifiesto su actitud especialmente proclive a considerar al decreto-ley como un instrumento legislativo especialmente cualificado para abordar este tipo de situaciones, convirtiéndolo así en «un instrumento más de la política económica del Gobierno.» Ello lo demuestra el hecho de que en la inmensa mayoría de las sentencias en que el Tribunal ha entendido que existe una coyuntura económica problemática, ha considerado constitucionalmente adecuado el recurso al decreto-ley para enfrentarlas.

En consecuencia, y a la vista de la justificación de urgente necesidad y del escrupuloso cumplimiento por este Decreto-ley tanto de la competencia autonómica como de los límites materiales que lo permiten, las medidas que se contemplan son las que se detallan a continuación.

V

El artículo 3 del Decreto-ley deroga el Título V, en su único artículo 40, de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regulaba la declaración de los proyectos de campos de golf de interés turístico, con lo que se persigue un doble objetivo: por un lado, la simplificación y racionalización de la normativa en materia de turismo de la Comunidad Autónoma, eliminando una figura que la experiencia ha demostrado ineficaz y, por otro, lograr una mejor adecuación al principio de autonomía local consagrado en la Constitución Española.

Esta declaración suponía una excepción al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y a la legislación urbanística, ya que alteraba el modelo de ciudad, induciendo a la formación de nuevos asentamientos, generando demandas de infraestructuras y servicios impropios de la naturaleza de la clase del suelo e, incluso, afectando a los criterios de crecimiento municipal.

En este sentido, bastaba con el Acuerdo del Consejo de Gobierno para que, aunque en el planeamiento subregional no se previera la instalación de un campo de golf, éste se instalara, con la consiguiente obligación para los Ayuntamientos afectados de, como mínimo, innovar su Plan de Ordenación Urbana aunque no lo tuvieran previsto e, incluso, aunque fuera contrario a sus determinaciones. Con su supresión se consigue, por tanto, ahorrar a los Ayuntamientos las costosas adaptaciones de sus instrumentos de planeamiento, de forma que puedan destinar esos recursos al fomento de la actividad productiva local.

El principio de autonomía local en materia de urbanismo enunciado implica igualmente el refuerzo de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y justifica la modificación de la disposición adicional segunda de Ley 1/1994, de 11 de enero, al objeto de regular en la norma específica el contenido y alcance del informe de incidencia territorial en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Este informe, que actualmente se regula en la disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en la Orden de 3 de abril de 2007, queda integrado en un solo artículo que aclara y simplifica su régimen jurídico.

VI

La modificación del artículo 34 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, obedece a la necesidad de simplificar los mecanismos de intervención de la Administración, de tal forma que junto a la autorización se introduzca la declaración responsable o comunicación en aquellos supuestos que reglamentariamente se determinen. Igualmente, se abre la posibilidad de simplificar el actual régimen en lo que se refiere a la autorización y la acreditación. Es necesario que los requisitos de calidad sean iguales para todos los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones por lo que en un único procedimiento se podría autorizar y acreditar dichos centros sin necesidad de establecer distinciones, lo que además supondría menos cargas administrativas para los operadores económicos.

En definitiva, en el artículo 4 del presente Decreto-ley se trata de seguir impulsando un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas.

La redacción propuesta es respetuosa con el principio de necesidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, es decir, la protección de la salud, de ahí que en algunos supuestos se haya exigido la autorización administrativa como mecanismo de intervención al tratarse de centros que prestan servicios de carácter asistencial o sanitario.

Igualmente, la norma es respetuosa con el principio de proporcionalidad tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones, si se quiere cumplir con la finalidad última de protección de la salud.

VII

El artículo 5 del presente Decreto-ley modifica la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, concretamente sus artículos 46.2, 48.2, 52.1 y 91.

En lo que se refiere a los dos primeros artículos citados, relativos al régimen de ordenación de la acuicultura marina, hay que tener en cuenta que en esta Comunidad Autónoma es una actividad económica con una importancia fundamental. Atendiendo a esta importancia se considera que existen limitaciones de ámbito legal, espacial, empresarial y comercial, cuya resolución será fundamental para el desarrollo y la consolidación del sector acuícola en la misma. En este sentido, se ha aprobado la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2014-2020, la cual se ha incluido en el Plan Estratégico Nacional, basado en las Directrices Estratégicas para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura de la Unión Europea. En dicha Estrategia una de las actuaciones principales que se pone de manifiesto y que se marca también como prioridad en la nueva Política Pesquera Común, es la simplificación administrativa, y garantizar disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de esta actividad. Para conseguir estos objetivos, resulta necesario modificar la referida Ley 1/2002, de 4 de abril, en relación con la vigencia y trámites que corresponden a la obtención de la autorización de cultivo y el título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para los establecimientos de cultivos marinos, y así adaptar la normativa autonómica a la establecida en la regulación del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Por otra parte, el artículo 91 de la citada Ley, referido a la potestad sancionadora, contiene una remisión a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al también derogado Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Es por ello que resulta necesaria la actualización de la referencia a la normativa aplicable en coherencia con la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para la ciudadanía, en la redacción dada por el Decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero, de medidas urgentes de carácter administrativo, y con lo establecido en la normativa básica del Estado respecto del régimen sancionador de ordenación del sector pesquero y de la actividad comercial de productos pesqueros, contenida en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. De esa forma, se determina el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores según se aplique la normativa de esta Comunidad Autónoma (siete meses) o la normativa básica del Estado (nueve meses), despejando dudas interpretativas respecto de la norma aplicable en el procedimiento según el régimen sancionador y la competencia que se ejerce, aportando seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a los operadores jurídicos, siendo una medida que requiere de una acción inmediata en tanto en cuanto que el régimen sancionador en esta materia se dirige a la pesca marítima profesional considerada como sector económico con un gran peso en Andalucía, que además de penalizar las infracciones, tiene un efecto disuasorio del incumplimiento de las normas, lo que incide en el respeto de las mismas y en el ejercicio de esa actividad profesional de manera acorde con el mantenimiento de esa actividad económica y su sostenibilidad a largo plazo, en consonancia con la política pesquera común.

VIII

En el ámbito urbanístico, en el artículo 6 del presente Decreto-ley, se revisan los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce una ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores implicados y una mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos.

La licencia urbanística es un acto reglado de la administración municipal que tiene por objeto comprobar dos aspectos fundamentales; el cumplimiento de los presupuestos para la ejecución del planeamiento en régimen de actuaciones edificatorias y la adecuación de las actuaciones a las determinaciones de la planificación territorial y urbanística vigente. Además, en los términos que disponga la normativa sectorial, el examen se extiende a aquellos aspectos cuya competencia se atribuye expresamente a los ayuntamientos, y ello sin perjuicio de las responsabilidades de los agentes de la edificación conforme a su normativa reguladora.

El alcance de las obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística sobre suelo urbano consolidado, permite que el control administrativo sobre las mismas pueda hacerse a posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, dado que en esta clase de suelo la ejecución del planeamiento se realiza en régimen de actuaciones edificatorias y la intervención se produce sobre un elemento que de partida se ajusta a las determinaciones del plan.

Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer respecto a las licencias de ocupación y de funcionamiento de edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado licencia de obras. El objeto del control administrativo en este caso es comprobar que la obra ejecutada se ajusta a la licencia otorgada, lo que queda garantizado con la certificación final de obra que debe emitir la dirección facultativa, y con el control a posteriori de la administración.

Una reducción del plazo de entrega de una obra terminada en seis meses, por la aplicación de esta medida, supone un ahorro en el sector residencial de 1.500 euros por vivienda y mes, lo que extrapolado a los datos de vivienda nueva del año 2019 supone un ahorro de 170 millones de euros para el conjunto del sector en nuestra Comunidad. Igual valoración cabría realizar en relación con el coste económico que supone cada mes de retraso en la apertura de un establecimiento comercial, o cualquier otro vinculado al sector productivo.

La salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico, y del dominio público en este tipo de actuaciones puede conseguirse condicionando la presentación de la declaración responsable a la previa obtención de las autorizaciones e informes previstos en la normativa que regula estas materias.

El control administrativo en este tipo actos pasa a realizarse a posteriori aplicándose el régimen básico del procedimiento administrativo común, el régimen sancionador vigente en materia de urbanismo y el correspondiente al resto de la legislación sectorial en función del interés afectado por la infracción, de tal forma que este mecanismo no supone un menoscabo de las garantías en la prestación del servicio público, ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa aplicable.

Por otro lado, el Decreto-ley aborda la urgente necesidad de reducir los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. El tiempo medio de tramitación de un Plan General de Ordenación Urbanística en nuestra Comunidad Autónoma supera los ocho años, lo que resulta inasumible para cualquier actividad productiva que dependa de su aprobación definitiva. Abordar esta problemática desde una reforma estructural de la legislación autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo constituye uno de los objetivos centrales de la futura Ley Andaluza de Suelo que actualmente se encuentra en tramitación, lo que no impide establecer medidas puntuales para mejorar el marco jurídico vigente.

La primera medida permite reducir el plazo de tramitación de los instrumentos de planeamiento en la fase de emisión de informes sectoriales y mejora la coordinación entre los mismos. Para ello, se modifica el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reforzando la función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, reguladas en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a quienes corresponderá verificar en un único pronunciamiento, tras la aprobación provisional, el contenido de los informes sectoriales que se hayan emitido en la fase de aprobación inicial. Con ello, se suprimen la multitud de informes sectoriales de ratificación y la reiteración de los mismos por un único pronunciamiento coordinado y coherente de la administración sectorial que interviene en la tramitación de los instrumentos de planeamiento.

La segunda medida tiene la finalidad de agilizar la implantación sobre suelo no urbanizable de determinadas infraestructuras que prestan servicios de interés general a la población, cuya autorización sectorial corresponde a la Comunidad Autónoma, y para las que la legislación reguladora no contempla un mecanismo de coordinación con la planificación urbanística; en este sentido, se modifica el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Se trata de sustituir el procedimiento de tramitación del Plan Especial o Proyecto de Actuación por un informe preceptivo en el trámite de autorización administrativa, para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y el aprovechamiento de recursos minerales, de tal manera que se garantiza el cumplimiento de los requisitos y exigencias que establece la Ley en estos supuestos, mediante un procedimiento más sencillo y ágil que el previsto en la normativa vigente.

Por otra parte, en el artículo 17 de este Decreto-ley se introduce una modificación del artículo 11 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en lo relativo a la regulación del Plan General del Turismo de Andalucía que tiene por objeto la simplificación y racionalización de su tramitación administrativa, reduciendo el coste económico que supone la aprobación de este tipo de planes, dando impulso así a uno de los sectores que más riqueza genera en la economía andaluza.

En este sentido, si bien resulta innegable que las actividades turísticas tienen un claro impacto en el territorio y por ende, en el medio ambiente, el contenido del Plan General del Turismo puede considerarse meramente programático, ya que el mismo se limita a la definición general de una serie de líneas de actuación de la Administración autonómica en materia de turismo en Andalucía, llegando únicamente a indicar sus rasgos generales, tales como sus objetivos, contenidos, posibles vías de financiación, coste estimado o relación con otros instrumentos planificadores, pero sin el grado de concreción suficiente como para entender que se establezca el régimen jurídico de dichas actuaciones y generando derechos y obligaciones, ni estableciendo el marco de autorización de determinadas actividades, más allá de la vinculación que como instrumento de dirección pueda suponer para órganos subordinados al Consejo de Gobierno, básicamente las Consejerías respectivas. De esta forma, y en relación con su implicación medioambiental, en los procedimientos de elaboración de cada nuevo Plan General se justificará si se considera que el mismo, en virtud de las determinaciones que vaya a contener, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Sobre la base de esta fundamentación, la calificación del Plan General del Turismo como Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio y la necesidad de que sea sometido, en todo caso, a la evaluación de planes y programas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, desvirtúa estos procedimientos al vaciarlos de contenido, supone un gasto económico innecesario y sobredimensiona la tramitación administrativa de este Plan que, debe subrayarse, es sometido en su elaboración a trámite de audiencia de todas las Consejerías, incluidas las competentes en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente, así como a trámite de información pública, entre otros.

Por último, debe reseñarse que esta argumentación resulta igualmente aplicable a los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, por lo que también debe modificarse su regulación en el mismo sentido.

IX

El artículo 7 modifica el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, como consecuencia de la interpretación que el propio Consejo Audiovisual de Andalucía da a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y plasmada en diversos informes preceptivos emitidos por éste, en los que se indica que en el ámbito local la legislación básica no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito local tras la derogación de la Ley 10/1998, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Por ello, se procede a eliminar las funciones establecidas en los apartados 4 y 5 in fine, suprimiendo así el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos y manteniendo el asociado a las propuestas de resolución de los mismos, contribuyendo a agilizar en gran medida la tramitación de estos procedimientos.

X

El artículo 8, y en este contexto de reformas legales orientadas a la mejora de la regulación económica, acomete la reforma de la Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para ajustar su régimen a la realidad del sector agroalimentario, redefiniendo su concepto e incorporando junto a productores, transformadores y comercializadores al sector de la distribución. El objetivo de la modificación es apoyar de manera urgente y decidida la vertebración del sector agroalimentario al simplificar el número de potenciales interprofesionales existentes para un mismo sector/producto, ya que con la redacción de la norma vigente cualquier asociación de carácter agroalimentario que gestione cualquiera de las figuras de calidad agroalimentarias de Andalucía podría solicitar y ser reconocida como interprofesional agroalimentaria y el hecho de reconocer como organización interprofesional a una figura de calidad agroalimentaria para un producto o sector que ya disponga de interprofesional de ámbito superior, ya sea a nivel autonómico o nacional, supone una gran complejidad para los operadores económicos que tendrán que aplicar a la vez normas de diferentes interprofesionales.

En Andalucía se cuenta con un total de 62 figuras de calidad que serían potenciales interprofesionales agroalimentarias, lo que desvirtuaría el objetivo de vertebración del sector y del papel de las mismas definidas como «ente de naturaleza jurídico-privada legalmente constituido, con ámbito de actuación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se integra por organizaciones representativas de la producción, de la transformación, de la distribución y comercialización agroalimentaria y cuenta con una significativa implantación en Andalucía.» Por todo ello, se establece también una disposición transitoria, dando el plazo de dos años para que, aquellas interprofesionales reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley, puedan adaptarse a las nuevas condiciones.

XI

El artículo 9 modifica el artículo 2 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, eliminando la aplicación para la artesanía agroalimentaria andaluza del régimen recogido para la artesanía en general en la citada Ley, estableciendo de manera expresa la necesidad de aplicación de normas específicas a los productos agroalimentarios objeto de producción, elaboración o transformación artesanal; todo ello, en coherencia con lo que al respecto se pretende con la modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, favoreciendo asimismo la unidad de mercado y la competitividad de nuestras producciones frente a aquellos productos agroalimentarios con la consideración de artesanos provenientes de otras Comunidades Autónomas, uno de los principales obstáculos al desarrollo de la artesanía alimentaria en Andalucía.

XII

El artículo 10 modifica la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. La reforma de esta Ley se justifica por la necesidad de consolidar un marco regulador estable como elemento esencial de la calidad regulatoria. Para ello, un factor clave y estratégico es concentrar las competencias para mejorar la regulación económica en una agencia transversal especializada, como es la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

De esta forma, se procede a ampliar las funciones en materia de regulación económica de determinados órganos de la Agencia, al objeto de coordinar e impulsar las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para reducir y eliminar aquellas trabas y barreras administrativas para el ejercicio y desarrollo de las actividades productivas; y para simplificar también los trámites y requisitos de los procedimientos administrativos para las empresas. Con esta reforma se materializa un importante compromiso en relación con la mejora de la regulación, al ser conscientes de la importancia de esta política para mejorar la productividad y, por tanto, favorecer el crecimiento económico, la inversión productiva y la creación de empleo.

En consecuencia, en el actual escenario de desaceleración de la economía, es obligado proceder a la modificación urgente del régimen legal aplicable a la Agencia. A este respecto, un elemento a resaltar es que su propia denominación y la de algunos de los órganos que la componen, ya no reflejan suficientemente las funciones que actualmente se desarrollan, disfunción que se intensificaría tras la aprobación de este Decreto-ley. En consecuencia, resulta necesario actualizar dichas denominaciones para que reflejen adecuadamente las nuevas tareas a desempeñar por la Agencia.

En este sentido, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía pasa a denominarse «Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.»

Por otra parte, por lo que se refiere a la materia de competencia, o si se prefiere, a la promoción y la defensa de la competencia, se considera necesario adaptar la denominación del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que pasa a denominarse Consejo de la Competencia de Andalucía, haciéndola más omnicomprensiva. Asimismo, mediante posterior reforma de los estatutos de la entidad se determinará su número de miembros.

Por lo que respecta a la materia de la regulación económica, con esta reforma legal se establece un conjunto de nuevas funciones, entre las que caben destacar las actuaciones para coordinar la planificación y la evaluación periódica de la regulación, al objeto de valorar su impacto en la economía andaluza y en la unidad de mercado y, consecuentemente, recomendar reformas dirigidas a una mayor competitividad de la economía andaluza; o las tareas de impulsar la regulación económica eficiente y la eliminación de trabas desproporcionadas a los operadores económicos. Este tipo de actuaciones refuerzan el papel de asesoramiento al Gobierno por parte de la Agencia y, entre otras, van a requerir procesos de diálogo con los agentes económicos y sociales, así como una mayor relación con las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, en el proceso continuo de simplificación de trámites administrativos. En consecuencia, es perentorio asignar estas funciones al órgano de dirección de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, con la asistencia del hasta ahora denominado Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia que pasa a denominarse Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica.

La exigencia de reforma del marco legal de la Agencia se pone de manifiesto también en la necesaria adaptación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. A este respecto, es preciso que, en el ejercicio de sus funciones de autoridad de competencia, se ofrezca una rápida respuesta a las comunicaciones que reciban de los órganos de contratación, en relación con la detección de presuntos indicios de colusión en los procedimientos de contratación del sector público.

Por último, en aras de la seguridad jurídica, se incorpora una disposición adicional en la que se prevé sustituir las referencias que en el texto de la Ley 6/2007, de 26 de junio, se hace a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y a sus distintos órganos por las nuevas denominaciones establecidas por este Decreto-ley; así como una disposición transitoria, de forma que a la entrada en vigor de éste, las personas titulares de los distintos órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, permanecerán en el mismo cargo de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, desempeñando las competencias y funciones legalmente conferidas.

XIII

El artículo 11 modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objeto de simplificar determinados procedimientos, sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental.

La experiencia acumulada durante los años de aplicación de la citada Ley, y el análisis pormenorizado de las características y naturaleza de determinadas actuaciones, actividades y proyectos, han puesto de relieve la necesidad de sustituir el instrumento de prevención ambiental al que se encontraban sometidos, sin que ello suponga, en ningún caso, una merma en la protección del medio ambiente, quedando, en todo caso, garantizada la prevención y control de los posibles efectos ambientales de las citadas actuaciones. Con estas modificaciones se consigue una agilización y simplificación de procedimientos, sometiendo cada actuación al procedimiento de prevención y control medioambiental adecuado a sus características y naturaleza, logrando con ello una mayor eficiencia administrativa. Con esta reforma se da, asimismo, cumplimiento a los principios de necesidad y de proporcionalidad que han de regir la intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.

Las actuaciones y proyectos afectados por esta modificación siguen siendo objeto de una evaluación ambiental, si bien a través de un procedimiento más ágil y simplificado, eliminando trabas innecesarias que redunden en una respuesta más rápida de la Administración a los operadores económicos, mejorando así la actividad industrial en Andalucía.

Por otra parte, la adición de un párrafo que se realiza al apartado 8 del artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, tiene como objeto adecuar a la realidad de la actividad económica actual el concepto de unidad técnica fija.

XIV

Por otro lado, en el artículo 12 se procede a la modificación del artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía, a los efectos de acomodar lo previsto en el mismo al régimen aplicable derivado de la normativa comunitaria reguladora del sector del vino y sus regímenes de calidad, aclarando y simplificando el sistema de verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones de los vinos con denominación de origen o con denominación de origen calificada antes de su comercialización estableciendo, también, un sistema homogéneo de control y certificación de los vinos, que evite la existencia de modelos distintos, derogando expresamente la posibilidad de que el control pueda ser realizado por Consejos Reguladores tutelados, ya derogada de facto, al ser incompatible con la normativa de la Unión Europea. Todo ello, sin duda, contribuirá a la agilización de las operaciones comerciales de las empresas del sector y, por ello, a su competitividad y capacidad de generar empleo.

De esta forma, el conjunto de las medidas propuestas, dirigidas todas a los operadores del sector agroalimentario andaluz, implica una apuesta del Gobierno andaluz por avanzar en el fortalecimiento de este sector y de su competitividad, lo que justifica su inclusión en el presente Decreto-ley.

XV

En el artículo 13 se acomete la revisión de los procedimientos de autorización administrativa regulados en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con determinadas actuaciones sobre inmuebles que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, al objeto de eliminar la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima. Todo ello, con el fin de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas.

XVI

Con relación a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, se modifican en el artículo 14 del presente Decreto-ley determinados artículos de dicha Ley, con objeto de facilitar los procedimientos administrativos, al flexibilizar y simplificar algunos aspectos que suponen dilaciones en la tramitación de expedientes, con especial incidencia en el sector industrial.

La disponibilidad de agua es un factor estratégico para la industria y la rigidez del régimen actual sobre la asignación de recursos establecido en la Ley 9/2010, de 30 de julio, supone un serio obstáculo para el desarrollo del sector industrial.

Así, se incluyen, entre otras modificaciones, aquellas necesarias para equiparar los recursos procedentes de la desalación a los procedentes de la reutilización de aguas residuales o para adaptar la planificación hidrológica ante situaciones extraordinarias no previstas o estratégicas para Andalucía, factor relevante para la implantación y expansión de la actividad industrial.

En esta línea, se modifica el artículo 44 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, relativo a la asignación de recursos hídricos, haciendo extensiva la posibilidad de disponer la sustitución de caudales por otros de diferente origen a cualquier tipo de uso y no exclusivamente a los usos de abastecimiento. Con esta modificación se consigue una mejora en la gestión de los recursos en su conjunto y en el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica.

Así mismo, se pretende devolver al ámbito de las entidades locales la capacidad de financiar las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral de agua de uso urbano de su competencia sin que sea precisa para ello la intervención de la Comunidad Autónoma. Para ello, se modifica el artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, habilitando a las entidades locales a establecer y exigir el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las mismas.

Por otro lado, en el artículo 2 se modifica el artículo 101 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, con objeto de adecuarlo a la nueva redacción dada al citado artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio.

Finalmente, también se recoge un régimen transitorio, de manera que los cánones de mejora local aprobados hasta la fecha seguirán vigentes acorde a su normativa de creación. No obstante, se suprime la obligación que hasta ahora tenían las entidades locales de presentar documentación justificativa y de seguimiento a la Administración de la Junta de Andalucía, dejándose este control en manos de los propios órganos interventores de las entidades locales. También se permitirá que sean las entidades locales las que modifiquen los programas de infraestructuras hidráulicas de los cánones de mejora en vigor, siempre que no suponga la alteración de las cuotas del canon ni un aumento de la duración del mismo.

De esta forma, se avanza de manera significativa en el objetivo de contrarrestar la desaceleración económica y de favorecer la actividad empresarial, ya que la modificación del régimen de los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales contribuirá a una significativa agilización de los trámites procedimentales, acortando el plazo medio de aprobación de los mismos en más de un año. Todo ello permitirá que las entidades locales puedan licitar de manera inmediata las infraestructuras hidráulicas necesarias para ofrecer los servicios que componen el ciclo integral del agua de uso urbano, otorgando de esta forma un rápido impulso a la actividad del sector de la construcción.

XVII

El presente Decreto-ley recoge, en su artículo 15, la modificación del artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, que recibiera su redacción definitiva mediante Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Después de varios años de vigencia, sus previsiones se han mostrado en algunos aspectos insuficientes e imprecisas, dificultando la efectiva dinamización del patrimonio agrario propuesta por el legislador andaluz. La nueva redacción permite remover obstáculos y limitaciones que han impedido satisfacer la demanda existente de acceso a esta clase de bienes, garantizando así la correcta eficiencia y economía en la gestión del patrimonio agrícola, como bienes llamados que son, a transformar la actividad económica, permitiendo una mejor ordenación, planificación y desarrollo del sector agrario. Del mismo modo, se considera necesario aclarar, de manera urgente, la normativa agraria de carácter patrimonial vigente, que se encontraba dispersa en una serie de decretos que fueron tácitamente derogados al contravenir lo dispuesto en el citado artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero; por ello, y en aras de garantizar los principios de buena regulación y seguridad jurídica, se procede a su derogación expresa en la disposición derogatoria única del presente Decreto-ley.

XVIII

Se acomete asimismo en el artículo 16 la modificación de varios aspectos de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para alinearla a la normativa de la Unión Europea y nacional promulgada con posterioridad a la misma. Para ello, se matizan algunas definiciones, se actualiza el procedimiento de registro de figuras de Calidad Diferenciada y de autorización, suspensión y revocación de los Consejos Reguladores y se simplifica y clarifica el marco normativo aplicable a los organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros (en adelante, organismos de evaluación de la conformidad), que son entidades privadas que participan en el control de la calidad agroalimentaria que lleva a cabo la Administración.

Se modifica también el régimen aplicable a la realización del control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera, el cual se refuerza, y se modifican algunos aspectos del régimen sancionador para potenciar la protección de los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, las entidades que operan en el sector de las industrias agroalimentarias y también de las personas consumidoras finales.

En concreto, en lo que se refiere a los organismos de evaluación de la conformidad, se aborda la racionalización del sistema actual de exigencia a todos ellos de una autorización previa, cuando no resulta necesario en todos los casos, pasando a mantenerla exclusivamente en aquellos supuestos en los que es exigible por normativa de la Unión Europea, estableciendo la declaración responsable y la comunicación de inicio de actividad en los demás casos, simplificando las cargas administrativas para estos operadores económicos.

Además, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, establece requisitos y obligaciones para estos organismos que van más allá de la normativa europea, sin que haya una razón de interés general que lo justifique, lo que los sitúa en una situación de desventaja competitiva, tanto a aquéllos como a los operadores para los que trabajan.

Asimismo, en lo que se refiere a la cuantía de las sanciones establecida en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, es preciso alinearla con las de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, de carácter básico, y derogar expresamente la posibilidad de que la certificación de los productos pueda ser realizada por Consejos Reguladores tutelados, ya derogada de facto, al ser incompatible con la normativa de la Unión Europea, estableciendo también el correspondiente periodo transitorio.

XIX

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en la Sección 1.ª del Capítulo III del Título V, recoge el principio básico de unidad de explotación, de manera que un único titular de las unidades de alojamiento responde ante la Administración y ante los usuarios turísticos. Íntimamente relacionado con este principio, el artículo 42 de la Ley establece las condiciones para que los establecimientos puedan constituirse en propiedad horizontal.

Actualmente, solo los establecimientos de alojamiento turístico con una clasificación superior, los de categoría mínima de tres llaves en establecimientos de apartamentos turísticos y categoría mínima de cuatro estrellas en establecimientos hoteleros, pueden optar a constituirse en régimen de propiedad horizontal, lo que supone que la propiedad de las viviendas o apartamentos que constituyen las unidades de alojamiento puedan corresponder a distintas personas y pueden ser, por tanto, objeto de transacción económica, facilitando así la inversión y el desarrollo de estos proyectos, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico y se garantice en todo momento que la explotación del establecimiento turístico corresponde a un único titular (principio de unidad de explotación, aplicable a todos los establecimientos de alojamiento turístico).

En este sentido, no se encuentra justificada la restricción de esta posibilidad a los establecimientos de alojamiento turístico que ostentan una clasificación inferior, privándoles de la posibilidad de constituirse en régimen de propiedad horizontal o figuras afines, ya que existen otros medios restrictivos para garantizar la unidad de explotación de los establecimientos. Por ello, en el artículo 17 del Decreto-ley se propone que cualquier establecimiento de alojamiento turístico pueda constituirse en este régimen, siempre que se garantice la unidad de explotación recogida en el artículo 41 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, lo permita el planeamiento urbanístico y se cumplan, en su caso, las garantías que impone el propio artículo 42.

Por otro lado, entre los servicios turísticos contemplados en el artículo 28.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, se encuentra el de intermediación, consistente en la organización o comercialización de viajes combinados. El artículo 50 de la citada norma señala que las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos reglamentariamente.

La aprobación de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE, obligó al Gobierno de España a su incorporación al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, modificó el Libro IV del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ampliando el alcance de viaje combinado para que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y garantías.

Como consecuencia de dicha transposición, se eliminó la obligatoriedad, consignada en el artículo 151.2 del citado texto refundido, de que las empresas que organicen, ofrezcan o vendan viajes combinados se constituyeran necesariamente como agencias de viajes, mientras que la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, exige la pertenencia de estas empresas de intermediación al grupo de agencias de viajes.

Por todo ello, se considera necesario modificar la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, en este sentido, de forma que se permita que cualquier operador económico pueda ejercer esta actividad sin que tenga la consideración de agencia de viajes. En consecuencia, se estima adecuado modificar el artículo 50, relativo a las empresas de intermediación turística, y todos aquellos otros preceptos vinculados al mismo, lo que se lleva a cabo en el artículo 17 del presente Decreto-ley.

Además de todo ello, la normativa europea citada anteriormente exige también la constitución de una garantía a las empresas que organicen o comercialicen viajes combinados, pero no determina el alcance y cuantificación de dicha garantía, siendo esto último competencia de las Comunidades Autónomas.

Con la modificación introducida mediante el Decreto-ley, se ha eliminado la exclusividad de las agencias de viajes para comercializar viajes combinados. Sin embargo, con la regulación actual sólo se exigiría dicha garantía a las agencias de viajes, por lo que, con la inclusión de una disposición transitoria sexta a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, quedaría salvado el vacío legal existente hasta que se desarrolle reglamentariamente esta materia.

Igualmente, el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, ha introducido un nuevo servicio o actividad, los servicios de viaje vinculados, imponiendo a las empresas que faciliten en dichos servicios unos requisitos de información y de protección a la insolvencia.

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, no contempla la existencia del servicio turístico consistente en la facilitación de servicios de viaje vinculados, cuyo ejercicio requiere igualmente la existencia de una garantía para el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros en la medida en que uno de los servicios de viaje que estén incluidos no se ejecute como consecuencia de su insolvencia; previsión que se incluye en la mencionada disposición transitoria sexta.

Finalmente, el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, no permite a las viviendas turísticas de alojamiento rural la prestación de servicios distintos a los de alojamiento ni la oferta de la actividad durante más de tres meses al año. Esta restricción contraviene lo prevenido en la normativa europea de servicios, no encontrándose justificada esta restricción por cuanto el resto de los alojamientos en el medio rural, y singularmente las casas rurales con las que comparten requisitos de infraestructura, y las mismas viviendas reguladas para entornos urbanos (las viviendas con fines turísticos) no tienen limitaciones temporales ni de prohibición de actividades multidisciplinares. Igualmente, estas restricciones tampoco implican una mejora en la calidad del servicio ni suponen una mayor protección de los consumidores y usuarios.

En consecuencia, se suprimen los requisitos contemplados actualmente en relación con la imposibilidad de prestar otros servicios distintos del alojamiento y de prestar el servicio durante más de tres meses al año.

Por todo ello, se considera necesaria la modificación de varios artículos de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, con el fin de eliminar determinadas barreras normativas que dificultan el desarrollo de la actividad económica en el sector turístico.

XX

Dentro de los procedimientos de autorización ambiental contemplados en la anteriormente referida Ley 7/2007, de 9 de julio, se incardina el procedimiento de evaluación de impacto en la salud regulado en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las modificaciones en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, llevadas a cabo en el artículo 18 de este Decreto-ley, incorporan dos tipos de medidas: por un lado, se reduce directamente el ámbito de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto en la salud y, por otro lado, para las actuaciones que se mantienen en el ámbito de aplicación de dicha evaluación, se introduce un proceso de cribado que agiliza la tramitación de aquellas actuaciones para las que, en un análisis preliminar, puedan descartarse afecciones relevantes sobre la salud y, por tanto, el que se sometan al procedimiento de evaluación de impacto en la salud.

El cribado proporciona más garantías para la salud que una lista cerrada de actuaciones, pues permite incorporar un número superior de elementos de juicio en la toma de decisiones y se adapta mejor al análisis de la variabilidad de la población en el entorno de las actuaciones. Además, constituye el enfoque habitual en la práctica internacional de evaluación de impacto en la salud.

Asimismo, la reducción del ámbito de actuación se ha basado en la experiencia acumulada en estos últimos años, permitiendo identificar aquellas actuaciones para las que la evaluación de efectos en la salud que se realiza en las evaluaciones ambientales resulta suficiente para garantizar un elevado nivel de protección de la salud.

Las modificaciones del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, que se incluyen, son las necesarias para alinearse con las modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. En particular, en el artículo 21 del presente Decreto-ley, se modifican aquellos artículos que regulan el proceso de cribado y los referidos al ámbito de aplicación.

XXI

Con la modificación que se propone en el artículo 19 de los artículos 19 y 20 del Texto Refundido de la Ley de Comercio interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, se trata de establecer un marco jurídico con efectos favorables para las empresas comerciales andaluzas, pues al incrementar y flexibilizar los horarios de apertura autorizados en domingos y festivos, se les permite adaptar su oferta a la cambiante demanda de las personas consumidoras, y ello es fundamental en el actual contexto de globalización de la economía digital y de los nuevos hábitos de consumo.

En este sentido, cabe señalar que el elemento clave es que los formatos tradicionales de comercio, con independencia de su tamaño, compiten con las grandes plataformas de comercio electrónico sin establecimiento físico, cuyo horario de apertura es 24 horas y 365 días al año, por lo que con esta modificación normativa, su diferencia horaria se reduce y especialmente se ponen en valor los activos fijos comerciales y, en consecuencia, se aumenta su capacidad de competir, ofreciendo un mejor servicio directo a las personas consumidoras, estimulando la utilización de los establecimientos físicos.

Por otra parte, esta modificación normativa permite adaptar la oferta, en función del creciente número de visitantes y de la industria turística de nuestra Comunidad, pues la promoción del turismo exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible para sus comercios, especialmente en el comercio minorista de bienes de primera necesidad, tales como comidas, bebidas y demás productos de uso diario. Todo ello, a fin de que puedan abrir sus establecimientos y atender a la mayor demanda que conlleva la enorme afluencia de visitantes en determinadas épocas del año y establecer un incremento progresivo de los días de apertura autorizada en domingos y festivos; así se permitirá, además, una adaptación gradual de nuestros comercios hasta el límite mínimo de dieciséis días establecido en la normativa estatal básica y ajustar, igualmente, y de forma adecuada y correcta a la regulación de declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos comerciales a lo dispuesto en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, tras su última modificación a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Esta modificación normativa, al poner en valor los comercios con establecimientos físicos, permitirá igualmente incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales en nuestra Comunidad, lo cual tendrá un impacto económico positivo en términos de puestos de trabajo directos e indirectos generados y por la contribución a la mejora de la economía local.

Por otro lado, con esta modificación normativa se habilita legalmente a las Corporaciones Locales de nuestra región la posibilidad de permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las necesidades comerciales de su término municipal, permitiendo así adaptar las demandas comerciales y de consumo a las necesidades de cada territorio.

También se ha procedido a modificar y ampliar los establecimientos comerciales físicos que tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público, ajustándolo a la nueva realidad comercial como son los establecimientos de elaboración y venta de churros, patatas fritas, frutos secos y dulces, los dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales y deportivos ubicados en el interior de museos o establecimientos culturales o deportivos, los establecimientos comerciales integrados en instalaciones de prestación de servicios turísticos, dedicados exclusivamente al servicio de las personas usuarias de las mismas, las actividades comerciales efímeras y se delimitan con precisión los requisitos que han de cumplir las denominadas tiendas de conveniencia.

Por otro lado, con la modificación que se propone en el artículo 20 de parte del articulado del Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se trata de adaptar la regulación de los criterios y trámites del procedimiento para la declaración a la modificación del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, contenida en el artículo 19 del presente Decreto-ley, aclarando criterios y fuentes oficiales a las que remitirse tanto en la solicitud presentada por parte de cualquier Ayuntamiento como a tener en cuenta por el centro directivo competente en materia de comercio interior en su resolución de declaración. Con esta modificación, además de mejorar la redacción, se eliminan trámites como la revisión anual del cumplimiento de los requisitos por parte de las Delegaciones Territoriales y la eliminación de trámites duplicados como es la petición de informes previos a las organizaciones representativas del sector, ya que el expediente se verá finalmente en el seno del Consejo Andaluz de Comercio donde todas tienen representación. También, y como novedad, se introduce el carácter indefinido de la declaración de zona de gran afluencia turística, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a tal declaración, eliminando así la tramitación de un nuevo procedimiento de declaración cada cuatro años, y se amplían los periodos de declaración en el caso de periodo estival, que coincide con el turismo vacacional o de playa, que comprenderá desde el 1 de junio al 30 de septiembre y en el caso de Semana Santa, que abarcará desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ambos incluidos, a fin de adaptarlos a la realidad actual de afluencia de visitantes a nuestros municipios en determinados períodos anuales.

Por todo ello, esta reforma legal tendrá efectos económicos positivos para las empresas, para el empleo y para las personas consumidoras. Asimismo, cabe destacar que esta modificación normativa es progresiva en su aplicación y flexibilizadora en su regulación, con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas del pequeño comercio al nuevo marco normativo del sector.

XXII

El artículo 37.3 del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero, prohíbe que los proyectos de recuperación voluntarias de suelos contaminados contemplen como alternativa la técnica de confinamiento in situ del suelo tratado. Esta técnica, sin embargo, se permite con carácter excepcional, cuando no sea viable técnica, ambiental o económicamente otra técnica, en los proyectos de descontaminación que se han de presentar cuando se declare un suelo como contaminado. Esta distinción, que no responde a criterios de protección ambiental, ha motivado que proyectos de recuperación voluntaria de suelos se encuentren paralizados y, con ellos, los posibles cambios de usos o la implantación de una nueva actividad.

No encontrándose justificada esta restricción, la modificación incluida en el artículo 22 del presente Decreto-ley consiste en permitir que los proyectos de recuperación voluntaria del suelo puedan, con carácter excepcional, en los mismos supuestos y con la concurrencia de determinadas condiciones, contemplar esta técnica de recuperación, evitando con ello la tramitación de los distintos procedimientos administrativos previstos para la declaración y recuperación obligatoria de los suelos contaminados.

XXIII

Contempla, asimismo, este Decreto-ley una modificación del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, con el fin de dar respuesta a determinados problemas asociados a la aplicación del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con ello, se pretende ofrecer un escenario de seguridad jurídica en determinados ámbitos que así lo precisan, como es, por una lado, la necesidad urgente de corregir, tanto la incidencia negativa que sobre el medio ambiente, el territorio y el paisaje tienen las edificaciones irregulares sobre las que han transcurrido los plazos del ejercicio de la disciplina urbanística, como la creciente contaminación de los acuíferos o la proliferación de enganches ilegales de energía y, por otro, permitir el acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica que garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad de las citadas edificaciones y que, por ende, contribuyan a despejar la situación atravesada por miles de familias que se encontraban en un limbo jurídico. Esta era la finalidad y el compromiso del Decreto-ley.

En este marco, el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar las medidas previstas en el citado Decreto-ley con determinadas exigencias sectoriales que obstaculizan e incluso impiden el otorgamiento de la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación. Así ocurre en aquellos supuestos donde existen viviendas próximas entre sí, ya que actualmente se exigen soluciones conjuntas que hacen que sea imprescindible que el propietario de la vivienda afectada alcance un acuerdo con los propietarios vecinos para que su vivienda acceda a los servicios básicos en condiciones mínimas de salubridad; acuerdo difícil de alcanzar o imposible en la mayoría de los casos.

Urge, por tanto, poner remedio a este grave problema configurando un procedimiento único, ágil, claro y coherente que dé respuesta y solución a la problemática existente. Por coherencia jurídica, de la misma forma que el Decreto-ley no distingue en cuanto a las posibilidades de acceder a los suministros si se trata de una edificación aislada o agrupada, ni tiene en cuenta la distancia existente entre las viviendas irregulares para el caso de que existieran varias cercanas, tampoco debe realizar tal distinción el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo. En consecuencia, el artículo 23 modifica el artículo 9.2 del citado Reglamento permitiendo resolver los servicios de saneamiento de forma autónoma a toda vivienda sin tener en cuenta el factor proximidad.

XXIV

El artículo 24 modifica diversos preceptos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. La citada norma tiene por objeto la ordenación y regulación del Sistema Público de Servicios Sociales, de tal manera que se garantice el acceso universal a los servicios y prestaciones en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley y, por otra parte, la ordenación y regulación del papel de las entidades gestoras en materia de servicios sociales, al establecer el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Siendo la simplificación de los procedimientos administrativos una de las demandas que con mayor intensidad vienen solicitando las entidades prestadoras de Servicios Sociales, y con objeto de evitar una carga administrativa excesiva y una dilación en la finalización de los procedimientos que provocan, principalmente a las pequeñas y medianas entidades gestoras de servicios sociales, perjuicios tanto en la actividad económica como en el ejercicio de los derechos, es por lo que se procede a la modificación del Capítulo III del Título III de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, relativo a las condiciones y supuestos para la autorización, acreditación administrativa y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Se introduce en la tramitación de los expedientes, con el fin de simplificar los procedimientos, y en los casos en que se establezca, la figura de las declaraciones responsables que, junto con las autorizaciones administrativas, tienen como objetivo ser un medio de intervención para el cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales que deben cumplir los Centros y servicios de atención residencial. Asimismo, se introduce, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, las autorizaciones previas a la autorización definitiva, con objeto de minorar el tiempo de respuesta del procedimiento para la posible apertura de un centro o servicio determinado.

Por otra parte, y con objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los centros, en aras al bienestar de las personas usuarias de los mismos, se introduce la obligatoriedad de la renovación de las autorizaciones definitivas con la periodicidad que se establezca reglamentariamente.

Por último, y con el objeto de simplificar los procedimientos en aquellos casos en los que sean preceptivas las acreditaciones de los centros, se ha introducido un nuevo artículo referido a la implantación de un procedimiento único para la tramitación, resolución e inscripción en el registro de Servicios Sociales de las autorizaciones de funcionamiento definitivo y las acreditaciones.

XXV

Con el objetivo de proceder a la mejora y actualización de los criterios que definen la figura del Municipio Turístico de Andalucía, a fin de reforzar con carácter urgente la atención a los municipios que padecen un sustancial incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales debido al turismo, se hace necesario abordar una modificación puntual del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, mediante el presente Decreto-ley, de forma que se logre un doble objetivo: facilitar que los municipios de interior puedan acceder más fácilmente a dicha condición y simplificar el procedimiento administrativo para obtener la declaración de Municipio Turístico, todo ello con la finalidad de dotar a los distintos agentes implicados en el sector turístico de un marco jurídico de referencia claro, estable, duradero y fiable para acometer sus iniciativas económicas con la máxima garantía en estos municipios que sufren una sobrecarga en sus servicios municipales motivada por la gran afluencia de turistas. Esta necesidad se acomete en el artículo 25.

XXVI

Por otro lado, se incluye en el Decreto-ley, en el artículo 26, una modificación puntual del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, que estableció un impulso preferente y urgente ante cualquier Administración Pública andaluza para los proyectos para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable no acogidas a los regímenes retributivos específicos. En este año de vigencia, se ha comprobado que se está produciendo un interés en el sector por promover un volumen importante de nuevos proyectos no lo suficientemente maduros, que han hecho que la medida de impulso preferente adoptada no sea efectiva para los fines perseguidos. Resulta necesario, por tanto, establecer un criterio de madurez para estos proyectos que permitan una real y efectiva agilización administrativa de su tramitación.

XXVII

En el artículo 27 del presente Decreto-ley se acomete una modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía. El artículo 50 de dicha Ley crea el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones como un instrumento de carácter voluntario dirigido a actividades radicadas en Andalucía que quieran asumir compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual, deberán suscribir un convenio con la Consejería competente en materia de cambio climático. Dada la complejidad que conlleva la tramitación de esta figura jurídica, de sus modificaciones, así como el plazo de duración al que han de estar sujeto, se ha constatado la necesidad de optar por una fórmula más operativa y dinámica, que simplifique el procedimiento y agilice su tramitación. Al tratarse de un régimen voluntario, es imprescindible eliminar las trabas administrativas a las personas interesadas en asumir estos compromisos, por lo que se considera más adecuado que la adhesión voluntaria al sistema y su posterior inscripción en el registro correspondiente se formalice mediante una resolución administrativa, previa solicitud de la persona interesada.

En este mismo sentido, se modifican algunos apartados del artículo 52 de la citada Ley que regula el registro de la huella de carbono de productos y servicios. Especialmente hay que destacar la ampliación del plazo de validez de la inscripción en el Registro que quedaría fijado en un mínimo de cuatro años frente a los dos años de la regulación actual. Con ello se evita que, en un breve período de tiempo, las empresas tengan que reiniciar el procedimiento administrativo de inscripción, permitiendo, además, que las mismas puedan rentabilizar los esfuerzos invertidos y gestionar de manera razonable el aprovisionamiento de los materiales en los que figuren el logotipo de la citada huella. Igualmente, se suprime el apartado 8 del artículo 52 de la Ley, pues las obligaciones que contempla suponen un freno a la actividad productiva en Andalucía al exigir el cálculo de la huella de carbono de Andalucía por la Consejería competente en la materia con una periodicidad no superior a dos años, basada en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que obligaría a requerir a las empresas no obligadas al cálculo de sus emisiones, a aportar periódicamente datos sobre las mismas, con la dificultad y complejidad que ello conlleva, lo que sin duda entra en colisión con el objetivo perseguido mediante este Decreto-ley de establecimiento de medidas de simplificación de trámites y reducción de requisitos administrativos, para promover el desarrollo económico y la creación de empleo.

Dado el carácter voluntario de la adhesión al Sistema Andaluz de Compensación y de la inscripción en el Registro de la huella de carbono de productos y servicios, con estas medidas de simplificación y agilización administrativa se incentiva y facilita la participación de las empresas en la lucha contra el cambio climático.

Por último, también se realiza una modificación del apartado 2 del artículo 51, con el objeto de que el texto guarde coherencia normativa con la nueva redacción propuesta para el artículo 50.

XXVIII

La industria audiovisual representa en Andalucía un sector productivo estratégico por su dinamismo y potencialidad de crear valor añadido en términos económicos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de generar empleo. Asimismo, su vinculación a las nuevas tecnologías la sitúan en un nuevo paradigma en el que ha de afrontar importantes desafíos y oportunidades. Frente a ello, nos encontramos con que actualmente el sector de la comunicación audiovisual tanto en España como en Andalucía, atraviesan una grave situación económica que justifica la necesidad urgente de que este Gobierno impulse actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y a una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público, a ello se suma un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral.

Diversos informes y estudios realizados por entidades representativas a nivel nacional, tales como la Asociación de la Prensa de Madrid, la consultora Barlovento Comunicación o la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), reflejan la necesidad de actuar de manera urgente con el fin de eliminar trabas burocráticas e implantar medidas que favorezcan la actividad económica en el sector de la comunicación audiovisual.

Destacar igualmente que, mediante Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación del Plan para la mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022 que está siendo impulsado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

En este contexto actual, la modificación de los preceptos de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, incluida en el artículo 28 del presente Decreto-ley, responde a la conveniencia de agilizar la tramitación de algunos procedimientos, así como de favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual en Andalucía.

A raíz de los trabajos de revisión de normativa instados por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el marco del citado Plan, acorde con la línea de actuación de evaluación de procedimientos administrativos y actuaciones de simplificación y reducción de trabas administrativas, así como con la línea de impulso de la mejora de la regulación económica en el ámbito local, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley, puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía permitiendo, además, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión. Esto afecta a los artículos 37.b), d) y e) 44, 66.3.a).4.º y 72.e) de la Ley 10/2018, de 9 de octubre.

En relación con lo expuesto, indicar que, de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica.

También se modifican varios preceptos tales como el artículo 46.5 de la citada Ley con el fin de agilizar las renovaciones del servicio público de comunicación audiovisual, eliminando que las corporaciones locales concesionarias tengan que solicitar la renovación cada cierto tiempo, puesto que estas renovaciones se producirán de oficio o de manera automática, agilizando el procedimiento administrativo y favoreciendo la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que en muchas ocasiones esta solicitud no era presentada en tiempo y forma. Las corporaciones locales dispondrán de la concesión hasta su renuncia y siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios; el artículo 46.4, contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local, lo que redundará en una mayor actividad económica en el sector de la comunicación audiovisual andaluz; los artículos 33.b) y 49.1 relacionados con la interrupción y la suspensión temporal del servicio de comunicación audiovisual, eliminando la necesidad de obtener autorización administrativa previa en muchos casos, lo que también supone agilizar los procedimientos; el artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, en el que se elimina una restricción que impedía celebrar negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual en algunas circunstancias; se elimina también una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía, establecida en los artículos 36.1.d), 37.c) y 38.1.c), relativos a la obligación de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial del servicio de comunicación audiovisual, esto supone acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las mismas.

Igualmente, a raíz del citado Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía. Esto afecta a los artículos 40, 66.3.a).6.º, 74.b), 80.1, 80.5 y 81.f).

Se elimina el calendario de obligaciones de accesibilidad en la televisión pública y privada de ámbito local establecido en la disposición transitoria primera de la Ley, al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local. Además, este calendario dificulta enormemente la emisión de programación en directo, aspecto esencial de la programación de estas prestadoras. Esta modificación requiere actualizar también los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley, por las razones expuestas.

Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del estatuto de la información, al tratarse de una cuestión cercana a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional.

Se modifica el apartado 1 de la disposición derogatoria de la Ley, para mantener la coherencia en relación con las formas de gestión entre el Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía, y la nueva redacción incluida en el presente Decreto-Ley.

XXIX

El artículo 29 introduce un régimen transitorio para los proyectos declarados de interés estratégico de Andalucía en virtud del procedimiento establecido en la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido derogada en todo lo referido a la declaración de proyectos de interés estratégico por el nuevo Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se trata de otorgar la necesaria seguridad jurídica en relación con la normativa aplicable a la obtención de las autorizaciones, permisos, licencias y otros trámites precisos para la ejecución y puesta en marcha de los proyectos ya declarados, especialmente en materia de medio ambiente y ordenación del territorio y urbanismo. Se clarifica así, la aplicación a estos proyectos de una nueva regulación, contenida en el citado Decreto-ley 4/2019, de 10 de octubre, que, en principio, resultaría más favorable para el éxito de los mismos.

XXX

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de 29 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición adicional, diecisiete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que informan el presente Decreto-ley.

El Capítulo II, relativo a la simplificación de los mecanismos de intervención en la actividad económica, recoge el conjunto de modificaciones normativas promovidas por los distintos departamentos de la Administración autonómica tendentes a la finalidad señalada.

La disposición adicional única actualiza las referencias a los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía vigentes a las nuevas denominaciones que tendrán a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 6/2007, de 26 de junio, que lleva a cabo el presente Decreto-ley.

La disposición transitoria primera regula el período transitorio en el que deberán adaptarse a la nueva normativa las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

La disposición transitoria segunda hace referencia al régimen transitorio de las personas titulares de los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y de la Presidencia y de las Vocalías primera y segunda del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Las disposiciones transitorias tercera y cuarta son las precisas para hacer referencia a la forma en la que habrá de actuarse respecto de aquellos procedimientos y autorizaciones que actualmente se encuentran en trámite o existentes en el ámbito ambiental.

La disposición transitoria quinta establece un régimen transitorio de los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales vigentes, que se seguirán rigiendo por la Ley 9/2010, de 30 de julio, y por las normas que lo establecieron. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, las entidades locales no tendrán que presentar periódicamente la documentación de seguimiento del canon ante la Consejería competente en materia de agua.

La disposición transitoria sexta establece el régimen aplicable a determinados procedimientos en la reordenación del sector público de Andalucía relativos a las tierras, bienes y derechos provenientes del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

La disposición transitoria séptima incide en que los procedimientos relativos a la aprobación de un nuevo Plan General del Turismo ya iniciados a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se ajustarán a las previsiones contenidas en el mismo.

La disposición transitoria octava señala que los procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se regirán por la normativa anterior.

Se incluye la disposición transitoria novena, sobre el procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento en tramitación.

Igualmente, el Decreto-ley, en la disposición transitoria décima, establece un régimen transitorio de aplicación del procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística en tramitación.

Por su parte, la disposición transitoria undécima, establece que los procedimientos de autorización de vertido a fosa séptica iniciados de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidraúlico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, al momento de la entrada en vigor de este Decreto-ley, se tramitarán y resolverán con arreglo al mismo.

La disposición transitoria duodécima establece la vigencia del Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía, en tanto no se desarrolle reglamentariamente la normativa específica para los productos agroalimentarios objeto de producción, elaboración o transformación artesana.

La disposición transitoria decimotercera establece un período de adaptación para los órganos de control de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas que, actualmente, realizan el control de forma tutelada.

La disposición transitoria decimocuarta hace referencia a los Municipios con la declaración de zona de gran afluencia turística ya concedida. Así, los municipios que, a la entrada en vigor de este Decreto-ley, tengan concedida la declaración de zona de gran afluencia turística, mantendrán dicha declaración para el mismo ámbito y periodo que se declaró y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior. Por su parte, las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la modificación que ahora se realiza, deberán resolverse aplicando las disposiciones vigentes en el momento de presentar la solicitud y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior.

A través de la disposición transitoria decimoquinta, sobre Registro electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en tanto no entren en vigor las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

La disposición transitoria decimosexta, hace referencia a los procedimientos de declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

Por último, la disposición transitoria decimoséptima, se refiere a los Regímenes de intervención administrativa en los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones que presten servicios de carácter asistencial o sanitario.

La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto-ley. Expresamente se deroga el Decreto 152/1996, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de enajenación de los Huertos Familiares y otros bienes de titularidad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria; el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regulaba el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria; el Decreto 74/2000, de 21 de febrero, por el que se establecen normas sobre recaudación de los derechos económicos derivados de las concesiones administrativas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y se regula el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos; el Decreto 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se establece el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios; los apartados 5 y 6 del artículo 4, el apartado 3 del artículo 8, el Capítulo V, la disposición adicional única y la disposición transitoria tercera del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía; la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía; la Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la declaración de campos de golf de interés turístico en Andalucía; el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la disposición adicional octava, relativa al contenido del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; la Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística; y la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, reguladora de las subvenciones y ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

La disposición final primera habilita a que las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este Decreto-ley, puedan ser modificadas por normas de rango reglamentario.

La disposición final segunda determina que el desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.

La disposición final tercera establece la obligación de la adaptación estatutaria a la nueva regulación legal por parte de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

La disposición final cuarta establece la entrada en vigor del presente Decreto-ley al día siguiente a su publicación oficial.

Y, por último, derivado de las modificaciones normativas propuestas, se incluye un Anexo que establece las actuaciones sometidas a evaluación de impacto en la salud.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 9 de marzo de 2020,

DISPONGO

I

El pronóstico económico esperado para 2020 señala hacia un claro deterioro de los indicadores tanto macroeconómicos como sectoriales y de empleo más allá de lo observado en 2019, siempre en consonancia con la evolución previsible de la economía mundial y española. Concretamente, el contexto económico mundial es extraordinariamente competitivo y volátil, y se encuentra sometido a nuevas y numerosas amenazas. Entre éstas destacan las incertidumbres derivadas del «brexit» o de las tensiones proteccionistas que se producen en el marco de un proceso global de desaceleración económica, confirmado en 2019 tras el impulso perdido por la economía mundial en el segundo semestre del año pasado, singularmente en la zona del euro, y cuyas consecuencias alcanzarán, sin duda, a la economía de Andalucía. A todo esto, la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, a inicios de este año, puede sumar a lo anterior evidentes razones que hagan prever una mayor desaceleración del crecimiento económico.

Así, y respecto a esta última amenaza, ya la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) habría estimado que el crecimiento económico mundial podría ser de hasta la mitad del previsto antes de iniciada dicha crisis sanitaria. Concretamente, del 2,9% de crecimiento previsto a finales de 2019 para 2020, una vez considerada la amplitud de las posibles consecuencias de la expansión del virus, dicho crecimiento podría reducirse entre 0,5 puntos en el escenario más moderado y 1,5 puntos en un escenario de amplio contagio, hasta situarse en el 1,5%. Ya concretamente para el caso andaluz, y según las estimaciones realizadas por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, el efecto de la crisis del COVID-19 podría suponer, de momento, un recorte en dos décimas respecto al crecimiento estimado a finales de 2019 para el conjunto de 2020, sin que, sin embargo, pueda descartarse una cifra mucho mayor en el caso de mantenerse la propagación de la enfermedad en el tiempo.

Y es que, incluso antes de la llegada del COVID-19, las previsiones de crecimiento económico de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia OCDE, ya subrayaban una señalada ralentización de la economía mundial así como un frenazo especialmente brusco en el crecimiento de la zona euro. Así, por ejemplo, los países pertenecientes al club de la moneda única pasarían de rozar el 2% de crecimiento en 2018 al 1,2% en 2019 y al 1,1% en 2020. Las últimas estimaciones de no pocos organismos, sin embargo, reducen aún más esta previsión para 2020 como consecuencia de la aparición del COVID-19, sin descartar una posible recesión en varios países miembros del euro. En este marco, tanto la OCDE como el FMI confirman la expectativa de empeoramiento del ritmo de crecimiento de la economía española, como ya adelantaba el Banco de España en sus últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2019-2021, de nuevo, sin incluir el posible efecto del COVID-19.

Concretamente en Andalucía, y a pesar de los datos positivos que ofrece la Contabilidad Regional Trimestral para el cuarto trimestre de 2019, el crecimiento a final de año ya era mucho menor que en sus inicios. Así, frente a un crecimiento interanual del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre de 2019 del 2,6%, el cuarto ofrecía un 1,8%. Por otro lado, la evolución del desempleo y de la afiliación a la seguridad social tampoco pueden invitar al optimismo. Mientras en enero de 2019 el desempleo andaluz se reducía a un ritmo del -3,6% interanual y la afiliación crecía un 3%, en febrero de 2020 las tasas de variación interanuales eran de -0,8% y 1,8%, respectivamente.

Aunque estas cifras no aseguran la concurrencia a corto plazo de una recesión, el cambio de expectativas a nivel internacional y la ralentización económica, intensificada en las últimas semanas, obligan a tomar decisiones de política económica para evitar una mayor desaceleración. Concretamente, y apelando a la especialización productiva andaluza, a las consecuencias directas e indirectas de las incertidumbres internacionales derivadas de la guerra comercial y subida de aranceles, la climatología, que ha afectado claramente al sector agrícola y ganadero durante 2019, el «Brexit» y la más que probable caída del consumo de no residentes por una menor llegada de turistas por motivo de la alerta sanitaria, podría afectar considerablemente al crecimiento económico de este año. Así, según estimaciones de la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, una reducción de solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales. Y éste sería uno solo de los muchos posibles canales de transmisión del debilitamiento económico internacional sobre la economía andaluza. Así pues, la previsión inicial de crecimiento del PIB para 2020, elaborada a finales de 2019 por la Junta de Andalucía, de un 1,9% podría quedar ampliamente superado a la baja si se ciernen los peores augurios.

La consecuencia más inmediata, además de una reducción en el crecimiento económico sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo. Así, 2019 acabó con un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 65.201 personas para el conjunto del año. Una reducción del crecimiento de una magnitud asimilada a las predicciones anteriores supondría al menos 35 mil empleos menos creados en el escenario más probable, pudiéndose elevar esta cifra incluso a niveles de destrucción neta de ocupación. Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.

Así pues, la combinación de todos estos factores determina la materialización de una coyuntura económica problemática que todo responsable político tiene la obligación de combatir con las herramientas disponibles. Sin embargo, la economía andaluza se enfrenta a una nueva fase cíclica con un horizonte de desaceleración económica. Las herramientas de que dispone la Administración de la Junta de Andalucía para luchar contra los envites de un ciclo económico adverso son limitadas. La capacidad para enarbolar una política fiscal, lo suficientemente discrecional como para poder corregir el ciclo económico andaluz, es limitada, prácticamente nula, tanto por las competencias que el Gobierno andaluz posee como por el marco de restricciones fiscales en el que se mueven los presupuestos públicos desde el inicio de la pasada crisis, hace ya más de una década. Es por ello por lo que la Administración autonómica ha de poner el acento en las políticas económicas de oferta, esto es, tratar de elevar mediante reformas estructurales la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz. Así, vinculando las características estructurales del tejido productivo andaluz con la amplitud del ciclo económico a corto plazo, se propone llevar a cabo, con respeto al marco constitucional y estatutario vigente, una batería de reformas estructurales que permitan contrarrestar del mejor modo posible la evolución cíclica más cercana.

En este sentido, y a pesar de que las reformas estructurales puedan ser difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley, en este caso que la justificación es doble.

En primer lugar, y como se ha explicado anteriormente, pocas son las herramientas de las que se dispone a nivel regional para impulsar las acciones políticas necesarias que permitan una reducción de los efectos adversos de coyunturas económicas problemáticas. En este sentido, y a pesar de que las reformas tengan como objetivo elementos estructurales de la configuración económica y normativa de la economía andaluza, ésta puede tener un efecto inmediato en el devenir de la economía en el corto plazo.

En segundo lugar, las consecuencias económicas de coyunturas económicas problemáticas con una deficiente estructura productiva e institucional de un país o región son siempre mayores. Dicho de otro modo, una mejor estructura productiva e institucional de una economía permite a ésta resistir diferencialmente mejor los envites de coyunturas negativas, permitiendo una menor destrucción de empleo y de empresas. Es por ello por lo que el debilitamiento observado amplificará sus efectos negativos si no se apuntalan los fundamentos económicos de la economía andaluza. Entre estos fundamentos podemos citar la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva, el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores y, singularmente, la calidad de la regulación y de sus instituciones públicas.

Sobre esta última cuestión, determinados estudios de la OCDE indican que, diferencialmente, aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo más elevado y sólido y una mayor resistencia durante las crisis económicas. Asimismo, dichos países también muestran mayores tasas de productividad y, por ello, mejores niveles de bienestar para sus ciudadanos.

Dentro de lo que se define como calidad institucional, la calidad regulatoria representa una de las debilidades de las economías española y andaluza. Cuando en un contexto mundial se evalúa el nivel de desempeño institucional que correspondería a su capacidad productiva, el país se ubica un 26% por debajo de su potencial, lo que obliga a revisar aspectos tales como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para emprender negocios, los controles de precios y las barreras a la libre competencia.

Así pues, se sabe que la mejora de la regulación económica es fundamental para avanzar hacia los objetivos antes marcados. Según no pocos estudios académicos, la mejora de la regulación favorece el crecimiento y aísla relativamente a las economías de los envites de las crisis económicas.

En este sentido, Andalucía no goza de una buena posición una vez es comparada a nivel nacional e internacional. Según el muy citado estudio del Banco Mundial «Doing Business en España 2015», Andalucía ocupaba en dicho año la posición número 14 de todas las Comunidades Autónomas españolas, es decir, es de las más afectadas negativamente por la regulación normativa. Por poner una cifra que sirva de ejemplo, una empresa en Andalucía tarda 162 días en obtener los permisos de construcción, mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos se tarda, la duración es de 101 días. Estos datos a su vez contrastan con los 26 días que tarda una empresa en Singapur en obtener los permisos de construcción, el país mejor posicionado en el mundo en este aspecto.

En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas (PYME) meramente industriales, Andalucía también ocupa una posición desfavorable entre las Comunidades Autónomas españolas, en cuanto al tiempo que tarda en el inicio de la actividad. En concreto, ocupa la posición 14 de todas las regiones, tardando 168 días, casi el triple de lo que tarda una PYME industrial en Castilla y León (62 días), que es donde menos tiempo se tarda. Estas diferencias penalizan a nuestra Comunidad pues, o bien eleva el coste que soporta todo tipo de actividad económica para el desarrollo de su actividad de forma innecesaria, o bien ahuyenta la inversión que puede migrar hacia regiones más favorecedoras de las mismas, restando bienestar a los andaluces. En el corto plazo, este tipo de cargas administrativas o costes innecesarios dificultan la supervivencia de la actividad de estas empresas y, con ello, elevan la intensidad de la destrucción de empleo.

En este sentido, la mejora de la regulación económica, que consiste en el conjunto de actuaciones de los poderes públicos mediante las cuales se generan normas eficientes, trámites simplificados e instituciones eficaces, se convierte, en consecuencia, en un factor central del buen funcionamiento de las actividades productivas y, por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico.

Es por ello que, desde distintas instituciones, como la OCDE o la Comisión Europea, se viene insistiendo en los últimos años en poner un mayor énfasis en la realización y ejecución de reformas estructurales, en gran medida centradas en la simplificación y mejora de la regulación económica bajo los principios de la «Better Regulation», que permitan avanzar en la convergencia regional a niveles medios europeos y españoles del producto interior bruto per cápita regional para, y éste es el objetivo final, poder reducir o eliminar las diferentes brechas que lastran el bienestar de los ciudadanos, con particular incidencia en el desempleo.

Por otra parte, hay que señalar que, en un mundo interrelacionado y globalizado, las diferencias en costes regulatorios son penalizadas con menor inversión y menor empleo, afectando a las ventajas competitivas y por ello al bienestar de la ciudadanía. Además, como es sabido, los déficits estructurales señalados tienen consecuencias amplificadoras en caso de que la economía entre en fases cíclicas adversas. De esta forma, una deficiente regulación económica puede afectar de forma diferenciada a una región o país en caso de la llegada de una ralentización e incluso crisis económica. Quedan de este modo vinculados fundamentos estructurales de una economía con su capacidad de sortear los envites de una coyuntura económica problemática. En consecuencia, y por todo lo anterior, podemos afirmar que Andalucía se encuentra hoy en día en una situación especialmente vulnerable en el caso de la llegada de una desaceleración del crecimiento de la economía.

Especial mención hay que realizar sobre la industria. Su mayor carácter exportador y competitivo en un mercado global explica que la viabilidad de los proyectos de inversión dependa estrechamente de las barreras a la actividad que se puedan imponer con la regulación. Es por ello, que esta iniciativa supone, ante todo, un impulso a la inversión industrial que es la que más sufre, sin ningún género de dudas, las brechas regulatorias entre países y regiones.

Durante estos años, tras la crisis económica, se ha podido comprobar cómo las regiones que contaban con un sector industrial más amplio y diversificado han sufrido en menor medida su impacto en la destrucción de tejido empresarial y empleo. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de dotarse de instrumentos verdaderamente eficaces que incentiven la creación de nuevas iniciativas industriales y faciliten la modernización de las existentes, como medidas compensatorias ante factores económicos adversos. Las regiones que disfrutan de unas mejores perspectivas de progreso y bienestar social son, precisamente, las que disponen de una estructura industrial moderna; esto es, las que cuentan con industrias competitivas, que se encuentran conectadas en espacios o entidades productores de nuevas tecnologías o servicios y que saben incorporar éstos a sus procesos manufactureros, permitiéndoles así dar respuesta a las necesidades de los mercados locales e internacionales.

En consecuencia, la modernización y expansión del sector industrial andaluz se ha convertido en uno de los principales objetivos del Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene como finalidad situarlo como uno de los pilares del nuevo modelo de crecimiento de la economía andaluza. La indiscutible capacidad del sector para la generación de empleo, que de forma urgente requiere nuestra Comunidad Autónoma, contrasta con el continuo cierre de empresas que ha venido afectando profundamente a la industria andaluza a lo largo de los últimos años, con su irreparable secuela de pérdida de empleos. Es indudable que una mejor regulación y facilidad para hacer negocios en la industria mejorará el comportamiento de la región ante los envites de una supuesta crisis.

II

La regulación que enmarca las relaciones económicas entre los diversos agentes que participan en ellas no se constituye en un ente único y hermético conformado y observable. La regulación que termina por condicionar al conjunto de la economía y el valor que en ella se crea está compuesta de numerosas normas que en su conjunto y de forma entrelazada terminan por afectar a cualquier actividad económica. Por otro lado, dicha regulación puede a su vez generar un entramado de procedimientos administrativos que dificultan o elevan el coste de la actividad privada, lo que en consecuencia limita la capacidad del mercado para generar valor y, por ello, bienestar. Es por ello, que cualquier intento de mejora de la regulación mediante reformas más o menos amplias que busquen favorecer la entrada de empresas al mercado, la generación de eficiencia y valor o la eliminación de costes de transacción innecesarios debe alcanzar un nivel de detalle en la identificación de las barreras normativas considerable.

Y esto es así porque el efecto pernicioso en la generación de valor y empleo de una u otra norma no tiene por qué encontrarse en todo su articulado sino, por el contrario, puede alojarse en una parte concreta de éste, que debe ser identificado y, una vez conseguido esto, eliminado o transformado.

Realizar este análisis e identificación, y así proceder a su ajuste, exige a su vez de un trabajo minucioso. Dicho trabajo de identificación debe pues, en la siguiente fase, proceder a llevar a cabo los cambios normativos necesarios, por pequeños que puedan parecer, justificando por sí solo la miríada de dichos pequeños cambios, como son los que contemplan el articulado de este Decreto-ley, pero que sumadas consiguen el efecto deseado y descrito en el apartado I de esta exposición de motivos.

Es por esta razón, que a través del Decreto 367/2019, de 19 de febrero, y por el Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, se impulsaron tanto la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía como la elaboración de un Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, respectivamente. Los objetivos de ambas iniciativas, a través de la constitución de grupos de trabajo y expertos, se basaban precisamente en la identificación de estas barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz.

Respecto a la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria de Andalucía, la misma puso de manifiesto la necesidad de agilizar y simplificar determinados procedimientos administrativos en materia energética, medioambiental, de salud y de ordenación del territorio y urbanismo, incidiendo de manera positiva en el desarrollo de la actividad económica y en particular en la industrial, en una línea de trabajo abierta, en un contexto continuo de estudio y análisis.

En cuanto a los trabajos para la elaboración del Plan para la Mejora de la Regulación, que aún vienen desarrollándose desde que fuese aprobado el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó un documento de trabajo en el que se establecían las actuaciones, la metodología a desarrollar, así como la creación de tres equipos de trabajo, de cuyas propuestas de simplificación y racionalización de procedimientos administrativos este Decreto-ley es en parte resultado. A este respecto, cabe hacer especial referencia al grupo de expertos designados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que ha elaborado un documento de propuestas en el que se identifican con claridad las normas en las que se concentran gran parte de estas barreras y trabas administrativas y las razones para su remoción.

La suma de las propuestas realizadas por ambas iniciativas está, así, a disposición para una actuación rápida y completa que permita a la Comunidad Autónoma de Andalucía avanzar en la mejora de su regulación económica, en el preciso momento en el que más necesita de esta acción. La urgente necesidad de aplicar lo más rápido posible estas reformas viene determinado, como se ha explicado con anterioridad, en el coste de oportunidad, en especial empleos, que puede suponer no hacerlo.

III

Como se ha señalado, las herramientas de las que dispone la Administración de la Junta de Andalucía para luchar contra los envites de un ciclo económico adverso son limitadas.

Esto obliga al Gobierno de Andalucía a poner en marcha las reformas que permitan, en el plazo más corto posible, elevar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz. El crecimiento económico a largo plazo de las economías responde principalmente a factores estructurales. Dichos factores son de muy diversa naturaleza, sin que sea posible identificar al detalle el conjunto de éstos. Sin embargo, parte de ellos sí pueden ser señalados, como son la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva, el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores, así como la calidad de las instituciones públicas.

Es por ello por lo que se propone llevar a cabo una batería de reformas normativas que, como se ha explicado, sumadas sean capaces de mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan en definitiva contrarrestar la desaceleración económica que ya se experimenta. En consecuencia, en el Capítulo II del presente Decreto-ley se llevan a cabo las reformas de aquellas normas que contienen preceptos que dificultan el acceso a una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados.

De este modo, los artículos 2 a 29 de este Decreto-ley incluyen modificaciones de las siguientes normas: Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio; Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas; Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina; Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía; Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía; Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y Calidad de los Vinos de Andalucía; Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía; Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía; Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía; Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía; Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía; Texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo; Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales; Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero; Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo; Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía; Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía; Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía; Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía; Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía; y Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Como se ha adelantado, cada una de estas medidas, de forma aislada, no serían capaces de alcanzar los objetivos propuestos motivados en la urgente necesidad. Sin embargo, las reformas estructurales basadas en la mejora de la regulación y en la eliminación de trabas procedimentales exige de la toma en consideración conjunta de cualquiera de las medidas propuestas e implica una eliminación de barreras, una reducción de costes tanto para las empresas como para las personas consumidoras, o la eliminación o simplificación de trámites que penalizan la creación de valor. En definitiva, todas, por pequeñas que puedan parecer, aportan en el mismo sentido al objeto marcado, y juntas fortalecen la reforma que se pretende alcanzar y reducirán el coste que una más que hipotética reducción de crecimiento generará en el bienestar de los andaluces, en particular a través de la destrucción de empleo.

Surge, además, en este caso, una nueva razón por la que implementar la reforma que se concreta en este texto normativo. Este Decreto-ley debe proponer no solo la reforma normativa que aquí se incluye, sino además debe concretar en la práctica la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que implementen unas bases con vocación de permanencia en el tiempo, facilitando en el futuro el camino para quienes quieran emprender y desarrollar el ejercicio de actividades económicas, profundizando de manera continua en el tiempo en la eliminación de barreras y trabas regulatorias y estableciendo los mecanismos necesarios para evitar que se levanten de nuevo. En definitiva, se trata de sentar unas bases que permitan reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo y sostenible mientras se adopta por parte de la Administración andaluza una nueva cultura regulatoria.

A este respecto, la puesta en marcha de las reformas necesarias para la mejora de la regulación de las actividades económicas en Andalucía requiere reforzar y reorientar el actual organismo regulador y supervisor en esta materia, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, mediante una reordenación funcional y orgánica de sus competencias en materia de mejora de la regulación económica.

En resumen, es inaplazable que todas estas medidas se apliquen a la mayor brevedad posible. Las actuales circunstancias socioeconómicas de Andalucía requieren una respuesta urgente. Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante decreto-ley.

IV

Este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Así, los títulos prevalentes sobre los que descansan las competencias para la mejora de la regulación económica de Andalucía son los reconocidos en los artículos siguientes del Estatuto de Autonomía para Andalucía: el artículo 48, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de agricultura y pesca; competencias en materia de energía, previstas en el artículo 49 de la citada norma estatutaria; el artículo 50.1, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía; el artículo 55.2, que otorga competencias compartidas en materia de sanidad interior; el artículo 56.3, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de urbanismo; el artículo 56.5, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio; el artículo 57.1 y 3, en materia de medio ambiente, al amparo de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y de sus competencias compartidas; el artículo 58.1.1.º, en el que la Comunidad Autónoma asume las competencias exclusivas en la ordenación administrativa de la actividad comercial; el artículo 58.1.3.º, en el que se asumen competencias en fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía; el artículo 58.1.5.º a través del cual se asumen las competencias relativas a la promoción de la competencia en los mercados; el artículo 58.2.2.º, en el que la Comunidad Autónoma asume competencias en el sector público económico de la misma, en las condiciones establecidas en el propio Estatuto; el artículo 58.2.3.º, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa; el artículo 61, por el que corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en materia de servicios sociales; el artículo 68.3, por el que se asumen competencias en materia de protección del patrimonio histórico; el artículo 69.1, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Junta de Andalucía y de los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito local, respetando la garantía de la autonomía local; el artículo 71, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de turismo; y el artículo 83, en el que la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen y otras menciones de calidad, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, concretamente en el fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía conforme a lo establecido en el artículo 58.2.1.º

En cuanto a los límites materiales, este Decreto-ley observa los fijados por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretación de las exigencias previstas por el artículo 86.1 de la Constitución Española.

Se entiende que las circunstancias puestas de manifiesto anteriormente encajan con las denominadas por el Tribunal Constitucional «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento ha entendido el Alto Tribunal que el decreto-ley «representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia.»

Resulta evidente que las coyunturas económicas problemáticas, al igual que otras coyunturas que caen dentro del ámbito material del artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, podrán ser objeto de la regulación a través de decreto-ley si en ellas concurre el presupuesto habilitante. La alusión expresa del Tribunal a este tipo de circunstancias no hace sino poner de manifiesto su actitud especialmente proclive a considerar al decreto-ley como un instrumento legislativo especialmente cualificado para abordar este tipo de situaciones, convirtiéndolo así en «un instrumento más de la política económica del Gobierno.» Ello lo demuestra el hecho de que en la inmensa mayoría de las sentencias en que el Tribunal ha entendido que existe una coyuntura económica problemática, ha considerado constitucionalmente adecuado el recurso al decreto-ley para enfrentarlas.

En consecuencia, y a la vista de la justificación de urgente necesidad y del escrupuloso cumplimiento por este Decreto-ley tanto de la competencia autonómica como de los límites materiales que lo permiten, las medidas que se contemplan son las que se detallan a continuación.

V

El artículo 3 del Decreto-ley deroga el Título V, en su único artículo 40, de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regulaba la declaración de los proyectos de campos de golf de interés turístico, con lo que se persigue un doble objetivo: por un lado, la simplificación y racionalización de la normativa en materia de turismo de la Comunidad Autónoma, eliminando una figura que la experiencia ha demostrado ineficaz y, por otro, lograr una mejor adecuación al principio de autonomía local consagrado en la Constitución Española.

Esta declaración suponía una excepción al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y a la legislación urbanística, ya que alteraba el modelo de ciudad, induciendo a la formación de nuevos asentamientos, generando demandas de infraestructuras y servicios impropios de la naturaleza de la clase del suelo e, incluso, afectando a los criterios de crecimiento municipal.

En este sentido, bastaba con el Acuerdo del Consejo de Gobierno para que, aunque en el planeamiento subregional no se previera la instalación de un campo de golf, éste se instalara, con la consiguiente obligación para los Ayuntamientos afectados de, como mínimo, innovar su Plan de Ordenación Urbana aunque no lo tuvieran previsto e, incluso, aunque fuera contrario a sus determinaciones. Con su supresión se consigue, por tanto, ahorrar a los Ayuntamientos las costosas adaptaciones de sus instrumentos de planeamiento, de forma que puedan destinar esos recursos al fomento de la actividad productiva local.

El principio de autonomía local en materia de urbanismo enunciado implica igualmente el refuerzo de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y justifica la modificación de la disposición adicional segunda de Ley 1/1994, de 11 de enero, al objeto de regular en la norma específica el contenido y alcance del informe de incidencia territorial en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Este informe, que actualmente se regula en la disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en la Orden de 3 de abril de 2007, queda integrado en un solo artículo que aclara y simplifica su régimen jurídico.

VI

La modificación del artículo 34 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, obedece a la necesidad de simplificar los mecanismos de intervención de la Administración, de tal forma que junto a la autorización se introduzca la declaración responsable o comunicación en aquellos supuestos que reglamentariamente se determinen. Igualmente, se abre la posibilidad de simplificar el actual régimen en lo que se refiere a la autorización y la acreditación. Es necesario que los requisitos de calidad sean iguales para todos los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones por lo que en un único procedimiento se podría autorizar y acreditar dichos centros sin necesidad de establecer distinciones, lo que además supondría menos cargas administrativas para los operadores económicos.

En definitiva, en el artículo 4 del presente Decreto-ley se trata de seguir impulsando un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas.

La redacción propuesta es respetuosa con el principio de necesidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, es decir, la protección de la salud, de ahí que en algunos supuestos se haya exigido la autorización administrativa como mecanismo de intervención al tratarse de centros que prestan servicios de carácter asistencial o sanitario.

Igualmente, la norma es respetuosa con el principio de proporcionalidad tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones, si se quiere cumplir con la finalidad última de protección de la salud.

VII

El artículo 5 del presente Decreto-ley modifica la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, concretamente sus artículos 46.2, 48.2, 52.1 y 91.

En lo que se refiere a los dos primeros artículos citados, relativos al régimen de ordenación de la acuicultura marina, hay que tener en cuenta que en esta Comunidad Autónoma es una actividad económica con una importancia fundamental. Atendiendo a esta importancia se considera que existen limitaciones de ámbito legal, espacial, empresarial y comercial, cuya resolución será fundamental para el desarrollo y la consolidación del sector acuícola en la misma. En este sentido, se ha aprobado la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2014-2020, la cual se ha incluido en el Plan Estratégico Nacional, basado en las Directrices Estratégicas para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura de la Unión Europea. En dicha Estrategia una de las actuaciones principales que se pone de manifiesto y que se marca también como prioridad en la nueva Política Pesquera Común, es la simplificación administrativa, y garantizar disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de esta actividad. Para conseguir estos objetivos, resulta necesario modificar la referida Ley 1/2002, de 4 de abril, en relación con la vigencia y trámites que corresponden a la obtención de la autorización de cultivo y el título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para los establecimientos de cultivos marinos, y así adaptar la normativa autonómica a la establecida en la regulación del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Por otra parte, el artículo 91 de la citada Ley, referido a la potestad sancionadora, contiene una remisión a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al también derogado Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Es por ello que resulta necesaria la actualización de la referencia a la normativa aplicable en coherencia con la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para la ciudadanía, en la redacción dada por el Decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero, de medidas urgentes de carácter administrativo, y con lo establecido en la normativa básica del Estado respecto del régimen sancionador de ordenación del sector pesquero y de la actividad comercial de productos pesqueros, contenida en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. De esa forma, se determina el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores según se aplique la normativa de esta Comunidad Autónoma (siete meses) o la normativa básica del Estado (nueve meses), despejando dudas interpretativas respecto de la norma aplicable en el procedimiento según el régimen sancionador y la competencia que se ejerce, aportando seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a los operadores jurídicos, siendo una medida que requiere de una acción inmediata en tanto en cuanto que el régimen sancionador en esta materia se dirige a la pesca marítima profesional considerada como sector económico con un gran peso en Andalucía, que además de penalizar las infracciones, tiene un efecto disuasorio del incumplimiento de las normas, lo que incide en el respeto de las mismas y en el ejercicio de esa actividad profesional de manera acorde con el mantenimiento de esa actividad económica y su sostenibilidad a largo plazo, en consonancia con la política pesquera común.

VIII

En el ámbito urbanístico, en el artículo 6 del presente Decreto-ley, se revisan los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce una ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores implicados y una mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos.

La licencia urbanística es un acto reglado de la administración municipal que tiene por objeto comprobar dos aspectos fundamentales; el cumplimiento de los presupuestos para la ejecución del planeamiento en régimen de actuaciones edificatorias y la adecuación de las actuaciones a las determinaciones de la planificación territorial y urbanística vigente. Además, en los términos que disponga la normativa sectorial, el examen se extiende a aquellos aspectos cuya competencia se atribuye expresamente a los ayuntamientos, y ello sin perjuicio de las responsabilidades de los agentes de la edificación conforme a su normativa reguladora.

El alcance de las obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística sobre suelo urbano consolidado, permite que el control administrativo sobre las mismas pueda hacerse a posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, dado que en esta clase de suelo la ejecución del planeamiento se realiza en régimen de actuaciones edificatorias y la intervención se produce sobre un elemento que de partida se ajusta a las determinaciones del plan.

Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer respecto a las licencias de ocupación y de funcionamiento de edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado licencia de obras. El objeto del control administrativo en este caso es comprobar que la obra ejecutada se ajusta a la licencia otorgada, lo que queda garantizado con la certificación final de obra que debe emitir la dirección facultativa, y con el control a posteriori de la administración.

Una reducción del plazo de entrega de una obra terminada en seis meses, por la aplicación de esta medida, supone un ahorro en el sector residencial de 1.500 euros por vivienda y mes, lo que extrapolado a los datos de vivienda nueva del año 2019 supone un ahorro de 170 millones de euros para el conjunto del sector en nuestra Comunidad. Igual valoración cabría realizar en relación con el coste económico que supone cada mes de retraso en la apertura de un establecimiento comercial, o cualquier otro vinculado al sector productivo.

La salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico, y del dominio público en este tipo de actuaciones puede conseguirse condicionando la presentación de la declaración responsable a la previa obtención de las autorizaciones e informes previstos en la normativa que regula estas materias.

El control administrativo en este tipo actos pasa a realizarse a posteriori aplicándose el régimen básico del procedimiento administrativo común, el régimen sancionador vigente en materia de urbanismo y el correspondiente al resto de la legislación sectorial en función del interés afectado por la infracción, de tal forma que este mecanismo no supone un menoscabo de las garantías en la prestación del servicio público, ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa aplicable.

Por otro lado, el Decreto-ley aborda la urgente necesidad de reducir los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. El tiempo medio de tramitación de un Plan General de Ordenación Urbanística en nuestra Comunidad Autónoma supera los ocho años, lo que resulta inasumible para cualquier actividad productiva que dependa de su aprobación definitiva. Abordar esta problemática desde una reforma estructural de la legislación autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo constituye uno de los objetivos centrales de la futura Ley Andaluza de Suelo que actualmente se encuentra en tramitación, lo que no impide establecer medidas puntuales para mejorar el marco jurídico vigente.

La primera medida permite reducir el plazo de tramitación de los instrumentos de planeamiento en la fase de emisión de informes sectoriales y mejora la coordinación entre los mismos. Para ello, se modifica el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reforzando la función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, reguladas en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a quienes corresponderá verificar en un único pronunciamiento, tras la aprobación provisional, el contenido de los informes sectoriales que se hayan emitido en la fase de aprobación inicial. Con ello, se suprimen la multitud de informes sectoriales de ratificación y la reiteración de los mismos por un único pronunciamiento coordinado y coherente de la administración sectorial que interviene en la tramitación de los instrumentos de planeamiento.

La segunda medida tiene la finalidad de agilizar la implantación sobre suelo no urbanizable de determinadas infraestructuras que prestan servicios de interés general a la población, cuya autorización sectorial corresponde a la Comunidad Autónoma, y para las que la legislación reguladora no contempla un mecanismo de coordinación con la planificación urbanística; en este sentido, se modifica el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Se trata de sustituir el procedimiento de tramitación del Plan Especial o Proyecto de Actuación por un informe preceptivo en el trámite de autorización administrativa, para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y el aprovechamiento de recursos minerales, de tal manera que se garantiza el cumplimiento de los requisitos y exigencias que establece la Ley en estos supuestos, mediante un procedimiento más sencillo y ágil que el previsto en la normativa vigente.

Por otra parte, en el artículo 17 de este Decreto-ley se introduce una modificación del artículo 11 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en lo relativo a la regulación del Plan General del Turismo de Andalucía que tiene por objeto la simplificación y racionalización de su tramitación administrativa, reduciendo el coste económico que supone la aprobación de este tipo de planes, dando impulso así a uno de los sectores que más riqueza genera en la economía andaluza.

En este sentido, si bien resulta innegable que las actividades turísticas tienen un claro impacto en el territorio y por ende, en el medio ambiente, el contenido del Plan General del Turismo puede considerarse meramente programático, ya que el mismo se limita a la definición general de una serie de líneas de actuación de la Administración autonómica en materia de turismo en Andalucía, llegando únicamente a indicar sus rasgos generales, tales como sus objetivos, contenidos, posibles vías de financiación, coste estimado o relación con otros instrumentos planificadores, pero sin el grado de concreción suficiente como para entender que se establezca el régimen jurídico de dichas actuaciones y generando derechos y obligaciones, ni estableciendo el marco de autorización de determinadas actividades, más allá de la vinculación que como instrumento de dirección pueda suponer para órganos subordinados al Consejo de Gobierno, básicamente las Consejerías respectivas. De esta forma, y en relación con su implicación medioambiental, en los procedimientos de elaboración de cada nuevo Plan General se justificará si se considera que el mismo, en virtud de las determinaciones que vaya a contener, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Sobre la base de esta fundamentación, la calificación del Plan General del Turismo como Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio y la necesidad de que sea sometido, en todo caso, a la evaluación de planes y programas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, desvirtúa estos procedimientos al vaciarlos de contenido, supone un gasto económico innecesario y sobredimensiona la tramitación administrativa de este Plan que, debe subrayarse, es sometido en su elaboración a trámite de audiencia de todas las Consejerías, incluidas las competentes en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente, así como a trámite de información pública, entre otros.

Por último, debe reseñarse que esta argumentación resulta igualmente aplicable a los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, por lo que también debe modificarse su regulación en el mismo sentido.

IX

El artículo 7 modifica el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, como consecuencia de la interpretación que el propio Consejo Audiovisual de Andalucía da a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y plasmada en diversos informes preceptivos emitidos por éste, en los que se indica que en el ámbito local la legislación básica no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito local tras la derogación de la Ley 10/1998, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Por ello, se procede a eliminar las funciones establecidas en los apartados 4 y 5 in fine, suprimiendo así el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos y manteniendo el asociado a las propuestas de resolución de los mismos, contribuyendo a agilizar en gran medida la tramitación de estos procedimientos.

X

El artículo 8, y en este contexto de reformas legales orientadas a la mejora de la regulación económica, acomete la reforma de la Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para ajustar su régimen a la realidad del sector agroalimentario, redefiniendo su concepto e incorporando junto a productores, transformadores y comercializadores al sector de la distribución. El objetivo de la modificación es apoyar de manera urgente y decidida la vertebración del sector agroalimentario al simplificar el número de potenciales interprofesionales existentes para un mismo sector/producto, ya que con la redacción de la norma vigente cualquier asociación de carácter agroalimentario que gestione cualquiera de las figuras de calidad agroalimentarias de Andalucía podría solicitar y ser reconocida como interprofesional agroalimentaria y el hecho de reconocer como organización interprofesional a una figura de calidad agroalimentaria para un producto o sector que ya disponga de interprofesional de ámbito superior, ya sea a nivel autonómico o nacional, supone una gran complejidad para los operadores económicos que tendrán que aplicar a la vez normas de diferentes interprofesionales.

En Andalucía se cuenta con un total de 62 figuras de calidad que serían potenciales interprofesionales agroalimentarias, lo que desvirtuaría el objetivo de vertebración del sector y del papel de las mismas definidas como «ente de naturaleza jurídico-privada legalmente constituido, con ámbito de actuación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se integra por organizaciones representativas de la producción, de la transformación, de la distribución y comercialización agroalimentaria y cuenta con una significativa implantación en Andalucía.» Por todo ello, se establece también una disposición transitoria, dando el plazo de dos años para que, aquellas interprofesionales reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley, puedan adaptarse a las nuevas condiciones.

XI

El artículo 9 modifica el artículo 2 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, eliminando la aplicación para la artesanía agroalimentaria andaluza del régimen recogido para la artesanía en general en la citada Ley, estableciendo de manera expresa la necesidad de aplicación de normas específicas a los productos agroalimentarios objeto de producción, elaboración o transformación artesanal; todo ello, en coherencia con lo que al respecto se pretende con la modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, favoreciendo asimismo la unidad de mercado y la competitividad de nuestras producciones frente a aquellos productos agroalimentarios con la consideración de artesanos provenientes de otras Comunidades Autónomas, uno de los principales obstáculos al desarrollo de la artesanía alimentaria en Andalucía.

XII

El artículo 10 modifica la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. La reforma de esta Ley se justifica por la necesidad de consolidar un marco regulador estable como elemento esencial de la calidad regulatoria. Para ello, un factor clave y estratégico es concentrar las competencias para mejorar la regulación económica en una agencia transversal especializada, como es la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

De esta forma, se procede a ampliar las funciones en materia de regulación económica de determinados órganos de la Agencia, al objeto de coordinar e impulsar las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para reducir y eliminar aquellas trabas y barreras administrativas para el ejercicio y desarrollo de las actividades productivas; y para simplificar también los trámites y requisitos de los procedimientos administrativos para las empresas. Con esta reforma se materializa un importante compromiso en relación con la mejora de la regulación, al ser conscientes de la importancia de esta política para mejorar la productividad y, por tanto, favorecer el crecimiento económico, la inversión productiva y la creación de empleo.

En consecuencia, en el actual escenario de desaceleración de la economía, es obligado proceder a la modificación urgente del régimen legal aplicable a la Agencia. A este respecto, un elemento a resaltar es que su propia denominación y la de algunos de los órganos que la componen, ya no reflejan suficientemente las funciones que actualmente se desarrollan, disfunción que se intensificaría tras la aprobación de este Decreto-ley. En consecuencia, resulta necesario actualizar dichas denominaciones para que reflejen adecuadamente las nuevas tareas a desempeñar por la Agencia.

En este sentido, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía pasa a denominarse «Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.»

Por otra parte, por lo que se refiere a la materia de competencia, o si se prefiere, a la promoción y la defensa de la competencia, se considera necesario adaptar la denominación del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que pasa a denominarse Consejo de la Competencia de Andalucía, haciéndola más omnicomprensiva. Asimismo, mediante posterior reforma de los estatutos de la entidad se determinará su número de miembros.

Por lo que respecta a la materia de la regulación económica, con esta reforma legal se establece un conjunto de nuevas funciones, entre las que caben destacar las actuaciones para coordinar la planificación y la evaluación periódica de la regulación, al objeto de valorar su impacto en la economía andaluza y en la unidad de mercado y, consecuentemente, recomendar reformas dirigidas a una mayor competitividad de la economía andaluza; o las tareas de impulsar la regulación económica eficiente y la eliminación de trabas desproporcionadas a los operadores económicos. Este tipo de actuaciones refuerzan el papel de asesoramiento al Gobierno por parte de la Agencia y, entre otras, van a requerir procesos de diálogo con los agentes económicos y sociales, así como una mayor relación con las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, en el proceso continuo de simplificación de trámites administrativos. En consecuencia, es perentorio asignar estas funciones al órgano de dirección de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, con la asistencia del hasta ahora denominado Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia que pasa a denominarse Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica.

La exigencia de reforma del marco legal de la Agencia se pone de manifiesto también en la necesaria adaptación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. A este respecto, es preciso que, en el ejercicio de sus funciones de autoridad de competencia, se ofrezca una rápida respuesta a las comunicaciones que reciban de los órganos de contratación, en relación con la detección de presuntos indicios de colusión en los procedimientos de contratación del sector público.

Por último, en aras de la seguridad jurídica, se incorpora una disposición adicional en la que se prevé sustituir las referencias que en el texto de la Ley 6/2007, de 26 de junio, se hace a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y a sus distintos órganos por las nuevas denominaciones establecidas por este Decreto-ley; así como una disposición transitoria, de forma que a la entrada en vigor de éste, las personas titulares de los distintos órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, permanecerán en el mismo cargo de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, desempeñando las competencias y funciones legalmente conferidas.

XIII

El artículo 11 modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objeto de simplificar determinados procedimientos, sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental.

La experiencia acumulada durante los años de aplicación de la citada Ley, y el análisis pormenorizado de las características y naturaleza de determinadas actuaciones, actividades y proyectos, han puesto de relieve la necesidad de sustituir el instrumento de prevención ambiental al que se encontraban sometidos, sin que ello suponga, en ningún caso, una merma en la protección del medio ambiente, quedando, en todo caso, garantizada la prevención y control de los posibles efectos ambientales de las citadas actuaciones. Con estas modificaciones se consigue una agilización y simplificación de procedimientos, sometiendo cada actuación al procedimiento de prevención y control medioambiental adecuado a sus características y naturaleza, logrando con ello una mayor eficiencia administrativa. Con esta reforma se da, asimismo, cumplimiento a los principios de necesidad y de proporcionalidad que han de regir la intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.

Las actuaciones y proyectos afectados por esta modificación siguen siendo objeto de una evaluación ambiental, si bien a través de un procedimiento más ágil y simplificado, eliminando trabas innecesarias que redunden en una respuesta más rápida de la Administración a los operadores económicos, mejorando así la actividad industrial en Andalucía.

Por otra parte, la adición de un párrafo que se realiza al apartado 8 del artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, tiene como objeto adecuar a la realidad de la actividad económica actual el concepto de unidad técnica fija.

XIV

Por otro lado, en el artículo 12 se procede a la modificación del artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía, a los efectos de acomodar lo previsto en el mismo al régimen aplicable derivado de la normativa comunitaria reguladora del sector del vino y sus regímenes de calidad, aclarando y simplificando el sistema de verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones de los vinos con denominación de origen o con denominación de origen calificada antes de su comercialización estableciendo, también, un sistema homogéneo de control y certificación de los vinos, que evite la existencia de modelos distintos, derogando expresamente la posibilidad de que el control pueda ser realizado por Consejos Reguladores tutelados, ya derogada de facto, al ser incompatible con la normativa de la Unión Europea. Todo ello, sin duda, contribuirá a la agilización de las operaciones comerciales de las empresas del sector y, por ello, a su competitividad y capacidad de generar empleo.

De esta forma, el conjunto de las medidas propuestas, dirigidas todas a los operadores del sector agroalimentario andaluz, implica una apuesta del Gobierno andaluz por avanzar en el fortalecimiento de este sector y de su competitividad, lo que justifica su inclusión en el presente Decreto-ley.

XV

En el artículo 13 se acomete la revisión de los procedimientos de autorización administrativa regulados en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con determinadas actuaciones sobre inmuebles que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, al objeto de eliminar la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima. Todo ello, con el fin de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas.

XVI

Con relación a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, se modifican en el artículo 14 del presente Decreto-ley determinados artículos de dicha Ley, con objeto de facilitar los procedimientos administrativos, al flexibilizar y simplificar algunos aspectos que suponen dilaciones en la tramitación de expedientes, con especial incidencia en el sector industrial.

La disponibilidad de agua es un factor estratégico para la industria y la rigidez del régimen actual sobre la asignación de recursos establecido en la Ley 9/2010, de 30 de julio, supone un serio obstáculo para el desarrollo del sector industrial.

Así, se incluyen, entre otras modificaciones, aquellas necesarias para equiparar los recursos procedentes de la desalación a los procedentes de la reutilización de aguas residuales o para adaptar la planificación hidrológica ante situaciones extraordinarias no previstas o estratégicas para Andalucía, factor relevante para la implantación y expansión de la actividad industrial.

En esta línea, se modifica el artículo 44 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, relativo a la asignación de recursos hídricos, haciendo extensiva la posibilidad de disponer la sustitución de caudales por otros de diferente origen a cualquier tipo de uso y no exclusivamente a los usos de abastecimiento. Con esta modificación se consigue una mejora en la gestión de los recursos en su conjunto y en el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica.

Así mismo, se pretende devolver al ámbito de las entidades locales la capacidad de financiar las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral de agua de uso urbano de su competencia sin que sea precisa para ello la intervención de la Comunidad Autónoma. Para ello, se modifica el artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, habilitando a las entidades locales a establecer y exigir el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las mismas.

Por otro lado, en el artículo 2 se modifica el artículo 101 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, con objeto de adecuarlo a la nueva redacción dada al citado artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio.

Finalmente, también se recoge un régimen transitorio, de manera que los cánones de mejora local aprobados hasta la fecha seguirán vigentes acorde a su normativa de creación. No obstante, se suprime la obligación que hasta ahora tenían las entidades locales de presentar documentación justificativa y de seguimiento a la Administración de la Junta de Andalucía, dejándose este control en manos de los propios órganos interventores de las entidades locales. También se permitirá que sean las entidades locales las que modifiquen los programas de infraestructuras hidráulicas de los cánones de mejora en vigor, siempre que no suponga la alteración de las cuotas del canon ni un aumento de la duración del mismo.

De esta forma, se avanza de manera significativa en el objetivo de contrarrestar la desaceleración económica y de favorecer la actividad empresarial, ya que la modificación del régimen de los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales contribuirá a una significativa agilización de los trámites procedimentales, acortando el plazo medio de aprobación de los mismos en más de un año. Todo ello permitirá que las entidades locales puedan licitar de manera inmediata las infraestructuras hidráulicas necesarias para ofrecer los servicios que componen el ciclo integral del agua de uso urbano, otorgando de esta forma un rápido impulso a la actividad del sector de la construcción.

XVII

El presente Decreto-ley recoge, en su artículo 15, la modificación del artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, que recibiera su redacción definitiva mediante Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Después de varios años de vigencia, sus previsiones se han mostrado en algunos aspectos insuficientes e imprecisas, dificultando la efectiva dinamización del patrimonio agrario propuesta por el legislador andaluz. La nueva redacción permite remover obstáculos y limitaciones que han impedido satisfacer la demanda existente de acceso a esta clase de bienes, garantizando así la correcta eficiencia y economía en la gestión del patrimonio agrícola, como bienes llamados que son, a transformar la actividad económica, permitiendo una mejor ordenación, planificación y desarrollo del sector agrario. Del mismo modo, se considera necesario aclarar, de manera urgente, la normativa agraria de carácter patrimonial vigente, que se encontraba dispersa en una serie de decretos que fueron tácitamente derogados al contravenir lo dispuesto en el citado artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero; por ello, y en aras de garantizar los principios de buena regulación y seguridad jurídica, se procede a su derogación expresa en la disposición derogatoria única del presente Decreto-ley.

XVIII

Se acomete asimismo en el artículo 16 la modificación de varios aspectos de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para alinearla a la normativa de la Unión Europea y nacional promulgada con posterioridad a la misma. Para ello, se matizan algunas definiciones, se actualiza el procedimiento de registro de figuras de Calidad Diferenciada y de autorización, suspensión y revocación de los Consejos Reguladores y se simplifica y clarifica el marco normativo aplicable a los organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros (en adelante, organismos de evaluación de la conformidad), que son entidades privadas que participan en el control de la calidad agroalimentaria que lleva a cabo la Administración.

Se modifica también el régimen aplicable a la realización del control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera, el cual se refuerza, y se modifican algunos aspectos del régimen sancionador para potenciar la protección de los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, las entidades que operan en el sector de las industrias agroalimentarias y también de las personas consumidoras finales.

En concreto, en lo que se refiere a los organismos de evaluación de la conformidad, se aborda la racionalización del sistema actual de exigencia a todos ellos de una autorización previa, cuando no resulta necesario en todos los casos, pasando a mantenerla exclusivamente en aquellos supuestos en los que es exigible por normativa de la Unión Europea, estableciendo la declaración responsable y la comunicación de inicio de actividad en los demás casos, simplificando las cargas administrativas para estos operadores económicos.

Además, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, establece requisitos y obligaciones para estos organismos que van más allá de la normativa europea, sin que haya una razón de interés general que lo justifique, lo que los sitúa en una situación de desventaja competitiva, tanto a aquéllos como a los operadores para los que trabajan.

Asimismo, en lo que se refiere a la cuantía de las sanciones establecida en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, es preciso alinearla con las de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, de carácter básico, y derogar expresamente la posibilidad de que la certificación de los productos pueda ser realizada por Consejos Reguladores tutelados, ya derogada de facto, al ser incompatible con la normativa de la Unión Europea, estableciendo también el correspondiente periodo transitorio.

XIX

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en la Sección 1.ª del Capítulo III del Título V, recoge el principio básico de unidad de explotación, de manera que un único titular de las unidades de alojamiento responde ante la Administración y ante los usuarios turísticos. Íntimamente relacionado con este principio, el artículo 42 de la Ley establece las condiciones para que los establecimientos puedan constituirse en propiedad horizontal.

Actualmente, solo los establecimientos de alojamiento turístico con una clasificación superior, los de categoría mínima de tres llaves en establecimientos de apartamentos turísticos y categoría mínima de cuatro estrellas en establecimientos hoteleros, pueden optar a constituirse en régimen de propiedad horizontal, lo que supone que la propiedad de las viviendas o apartamentos que constituyen las unidades de alojamiento puedan corresponder a distintas personas y pueden ser, por tanto, objeto de transacción económica, facilitando así la inversión y el desarrollo de estos proyectos, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico y se garantice en todo momento que la explotación del establecimiento turístico corresponde a un único titular (principio de unidad de explotación, aplicable a todos los establecimientos de alojamiento turístico).

En este sentido, no se encuentra justificada la restricción de esta posibilidad a los establecimientos de alojamiento turístico que ostentan una clasificación inferior, privándoles de la posibilidad de constituirse en régimen de propiedad horizontal o figuras afines, ya que existen otros medios restrictivos para garantizar la unidad de explotación de los establecimientos. Por ello, en el artículo 17 del Decreto-ley se propone que cualquier establecimiento de alojamiento turístico pueda constituirse en este régimen, siempre que se garantice la unidad de explotación recogida en el artículo 41 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, lo permita el planeamiento urbanístico y se cumplan, en su caso, las garantías que impone el propio artículo 42.

Por otro lado, entre los servicios turísticos contemplados en el artículo 28.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, se encuentra el de intermediación, consistente en la organización o comercialización de viajes combinados. El artículo 50 de la citada norma señala que las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos reglamentariamente.

La aprobación de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE, obligó al Gobierno de España a su incorporación al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, modificó el Libro IV del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ampliando el alcance de viaje combinado para que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y garantías.

Como consecuencia de dicha transposición, se eliminó la obligatoriedad, consignada en el artículo 151.2 del citado texto refundido, de que las empresas que organicen, ofrezcan o vendan viajes combinados se constituyeran necesariamente como agencias de viajes, mientras que la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, exige la pertenencia de estas empresas de intermediación al grupo de agencias de viajes.

Por todo ello, se considera necesario modificar la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, en este sentido, de forma que se permita que cualquier operador económico pueda ejercer esta actividad sin que tenga la consideración de agencia de viajes. En consecuencia, se estima adecuado modificar el artículo 50, relativo a las empresas de intermediación turística, y todos aquellos otros preceptos vinculados al mismo, lo que se lleva a cabo en el artículo 17 del presente Decreto-ley.

Además de todo ello, la normativa europea citada anteriormente exige también la constitución de una garantía a las empresas que organicen o comercialicen viajes combinados, pero no determina el alcance y cuantificación de dicha garantía, siendo esto último competencia de las Comunidades Autónomas.

Con la modificación introducida mediante el Decreto-ley, se ha eliminado la exclusividad de las agencias de viajes para comercializar viajes combinados. Sin embargo, con la regulación actual sólo se exigiría dicha garantía a las agencias de viajes, por lo que, con la inclusión de una disposición transitoria sexta a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, quedaría salvado el vacío legal existente hasta que se desarrolle reglamentariamente esta materia.

Igualmente, el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, ha introducido un nuevo servicio o actividad, los servicios de viaje vinculados, imponiendo a las empresas que faciliten en dichos servicios unos requisitos de información y de protección a la insolvencia.

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, no contempla la existencia del servicio turístico consistente en la facilitación de servicios de viaje vinculados, cuyo ejercicio requiere igualmente la existencia de una garantía para el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros en la medida en que uno de los servicios de viaje que estén incluidos no se ejecute como consecuencia de su insolvencia; previsión que se incluye en la mencionada disposición transitoria sexta.

Finalmente, el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, no permite a las viviendas turísticas de alojamiento rural la prestación de servicios distintos a los de alojamiento ni la oferta de la actividad durante más de tres meses al año. Esta restricción contraviene lo prevenido en la normativa europea de servicios, no encontrándose justificada esta restricción por cuanto el resto de los alojamientos en el medio rural, y singularmente las casas rurales con las que comparten requisitos de infraestructura, y las mismas viviendas reguladas para entornos urbanos (las viviendas con fines turísticos) no tienen limitaciones temporales ni de prohibición de actividades multidisciplinares. Igualmente, estas restricciones tampoco implican una mejora en la calidad del servicio ni suponen una mayor protección de los consumidores y usuarios.

En consecuencia, se suprimen los requisitos contemplados actualmente en relación con la imposibilidad de prestar otros servicios distintos del alojamiento y de prestar el servicio durante más de tres meses al año.

Por todo ello, se considera necesaria la modificación de varios artículos de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, con el fin de eliminar determinadas barreras normativas que dificultan el desarrollo de la actividad económica en el sector turístico.

XX

Dentro de los procedimientos de autorización ambiental contemplados en la anteriormente referida Ley 7/2007, de 9 de julio, se incardina el procedimiento de evaluación de impacto en la salud regulado en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las modificaciones en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, llevadas a cabo en el artículo 18 de este Decreto-ley, incorporan dos tipos de medidas: por un lado, se reduce directamente el ámbito de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto en la salud y, por otro lado, para las actuaciones que se mantienen en el ámbito de aplicación de dicha evaluación, se introduce un proceso de cribado que agiliza la tramitación de aquellas actuaciones para las que, en un análisis preliminar, puedan descartarse afecciones relevantes sobre la salud y, por tanto, el que se sometan al procedimiento de evaluación de impacto en la salud.

El cribado proporciona más garantías para la salud que una lista cerrada de actuaciones, pues permite incorporar un número superior de elementos de juicio en la toma de decisiones y se adapta mejor al análisis de la variabilidad de la población en el entorno de las actuaciones. Además, constituye el enfoque habitual en la práctica internacional de evaluación de impacto en la salud.

Asimismo, la reducción del ámbito de actuación se ha basado en la experiencia acumulada en estos últimos años, permitiendo identificar aquellas actuaciones para las que la evaluación de efectos en la salud que se realiza en las evaluaciones ambientales resulta suficiente para garantizar un elevado nivel de protección de la salud.

Las modificaciones del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, que se incluyen, son las necesarias para alinearse con las modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. En particular, en el artículo 21 del presente Decreto-ley, se modifican aquellos artículos que regulan el proceso de cribado y los referidos al ámbito de aplicación.

XXI

Con la modificación que se propone en el artículo 19 de los artículos 19 y 20 del Texto Refundido de la Ley de Comercio interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, se trata de establecer un marco jurídico con efectos favorables para las empresas comerciales andaluzas, pues al incrementar y flexibilizar los horarios de apertura autorizados en domingos y festivos, se les permite adaptar su oferta a la cambiante demanda de las personas consumidoras, y ello es fundamental en el actual contexto de globalización de la economía digital y de los nuevos hábitos de consumo.

En este sentido, cabe señalar que el elemento clave es que los formatos tradicionales de comercio, con independencia de su tamaño, compiten con las grandes plataformas de comercio electrónico sin establecimiento físico, cuyo horario de apertura es 24 horas y 365 días al año, por lo que con esta modificación normativa, su diferencia horaria se reduce y especialmente se ponen en valor los activos fijos comerciales y, en consecuencia, se aumenta su capacidad de competir, ofreciendo un mejor servicio directo a las personas consumidoras, estimulando la utilización de los establecimientos físicos.

Por otra parte, esta modificación normativa permite adaptar la oferta, en función del creciente número de visitantes y de la industria turística de nuestra Comunidad, pues la promoción del turismo exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible para sus comercios, especialmente en el comercio minorista de bienes de primera necesidad, tales como comidas, bebidas y demás productos de uso diario. Todo ello, a fin de que puedan abrir sus establecimientos y atender a la mayor demanda que conlleva la enorme afluencia de visitantes en determinadas épocas del año y establecer un incremento progresivo de los días de apertura autorizada en domingos y festivos; así se permitirá, además, una adaptación gradual de nuestros comercios hasta el límite mínimo de dieciséis días establecido en la normativa estatal básica y ajustar, igualmente, y de forma adecuada y correcta a la regulación de declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos comerciales a lo dispuesto en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, tras su última modificación a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Esta modificación normativa, al poner en valor los comercios con establecimientos físicos, permitirá igualmente incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales en nuestra Comunidad, lo cual tendrá un impacto económico positivo en términos de puestos de trabajo directos e indirectos generados y por la contribución a la mejora de la economía local.

Por otro lado, con esta modificación normativa se habilita legalmente a las Corporaciones Locales de nuestra región la posibilidad de permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las necesidades comerciales de su término municipal, permitiendo así adaptar las demandas comerciales y de consumo a las necesidades de cada territorio.

También se ha procedido a modificar y ampliar los establecimientos comerciales físicos que tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público, ajustándolo a la nueva realidad comercial como son los establecimientos de elaboración y venta de churros, patatas fritas, frutos secos y dulces, los dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales y deportivos ubicados en el interior de museos o establecimientos culturales o deportivos, los establecimientos comerciales integrados en instalaciones de prestación de servicios turísticos, dedicados exclusivamente al servicio de las personas usuarias de las mismas, las actividades comerciales efímeras y se delimitan con precisión los requisitos que han de cumplir las denominadas tiendas de conveniencia.

Por otro lado, con la modificación que se propone en el artículo 20 de parte del articulado del Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se trata de adaptar la regulación de los criterios y trámites del procedimiento para la declaración a la modificación del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, contenida en el artículo 19 del presente Decreto-ley, aclarando criterios y fuentes oficiales a las que remitirse tanto en la solicitud presentada por parte de cualquier Ayuntamiento como a tener en cuenta por el centro directivo competente en materia de comercio interior en su resolución de declaración. Con esta modificación, además de mejorar la redacción, se eliminan trámites como la revisión anual del cumplimiento de los requisitos por parte de las Delegaciones Territoriales y la eliminación de trámites duplicados como es la petición de informes previos a las organizaciones representativas del sector, ya que el expediente se verá finalmente en el seno del Consejo Andaluz de Comercio donde todas tienen representación. También, y como novedad, se introduce el carácter indefinido de la declaración de zona de gran afluencia turística, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a tal declaración, eliminando así la tramitación de un nuevo procedimiento de declaración cada cuatro años, y se amplían los periodos de declaración en el caso de periodo estival, que coincide con el turismo vacacional o de playa, que comprenderá desde el 1 de junio al 30 de septiembre y en el caso de Semana Santa, que abarcará desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ambos incluidos, a fin de adaptarlos a la realidad actual de afluencia de visitantes a nuestros municipios en determinados períodos anuales.

Por todo ello, esta reforma legal tendrá efectos económicos positivos para las empresas, para el empleo y para las personas consumidoras. Asimismo, cabe destacar que esta modificación normativa es progresiva en su aplicación y flexibilizadora en su regulación, con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas del pequeño comercio al nuevo marco normativo del sector.

XXII

El artículo 37.3 del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero, prohíbe que los proyectos de recuperación voluntarias de suelos contaminados contemplen como alternativa la técnica de confinamiento in situ del suelo tratado. Esta técnica, sin embargo, se permite con carácter excepcional, cuando no sea viable técnica, ambiental o económicamente otra técnica, en los proyectos de descontaminación que se han de presentar cuando se declare un suelo como contaminado. Esta distinción, que no responde a criterios de protección ambiental, ha motivado que proyectos de recuperación voluntaria de suelos se encuentren paralizados y, con ellos, los posibles cambios de usos o la implantación de una nueva actividad.

No encontrándose justificada esta restricción, la modificación incluida en el artículo 22 del presente Decreto-ley consiste en permitir que los proyectos de recuperación voluntaria del suelo puedan, con carácter excepcional, en los mismos supuestos y con la concurrencia de determinadas condiciones, contemplar esta técnica de recuperación, evitando con ello la tramitación de los distintos procedimientos administrativos previstos para la declaración y recuperación obligatoria de los suelos contaminados.

XXIII

Contempla, asimismo, este Decreto-ley una modificación del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, con el fin de dar respuesta a determinados problemas asociados a la aplicación del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con ello, se pretende ofrecer un escenario de seguridad jurídica en determinados ámbitos que así lo precisan, como es, por una lado, la necesidad urgente de corregir, tanto la incidencia negativa que sobre el medio ambiente, el territorio y el paisaje tienen las edificaciones irregulares sobre las que han transcurrido los plazos del ejercicio de la disciplina urbanística, como la creciente contaminación de los acuíferos o la proliferación de enganches ilegales de energía y, por otro, permitir el acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica que garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad de las citadas edificaciones y que, por ende, contribuyan a despejar la situación atravesada por miles de familias que se encontraban en un limbo jurídico. Esta era la finalidad y el compromiso del Decreto-ley.

En este marco, el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar las medidas previstas en el citado Decreto-ley con determinadas exigencias sectoriales que obstaculizan e incluso impiden el otorgamiento de la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación. Así ocurre en aquellos supuestos donde existen viviendas próximas entre sí, ya que actualmente se exigen soluciones conjuntas que hacen que sea imprescindible que el propietario de la vivienda afectada alcance un acuerdo con los propietarios vecinos para que su vivienda acceda a los servicios básicos en condiciones mínimas de salubridad; acuerdo difícil de alcanzar o imposible en la mayoría de los casos.

Urge, por tanto, poner remedio a este grave problema configurando un procedimiento único, ágil, claro y coherente que dé respuesta y solución a la problemática existente. Por coherencia jurídica, de la misma forma que el Decreto-ley no distingue en cuanto a las posibilidades de acceder a los suministros si se trata de una edificación aislada o agrupada, ni tiene en cuenta la distancia existente entre las viviendas irregulares para el caso de que existieran varias cercanas, tampoco debe realizar tal distinción el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo. En consecuencia, el artículo 23 modifica el artículo 9.2 del citado Reglamento permitiendo resolver los servicios de saneamiento de forma autónoma a toda vivienda sin tener en cuenta el factor proximidad.

XXIV

El artículo 24 modifica diversos preceptos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. La citada norma tiene por objeto la ordenación y regulación del Sistema Público de Servicios Sociales, de tal manera que se garantice el acceso universal a los servicios y prestaciones en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley y, por otra parte, la ordenación y regulación del papel de las entidades gestoras en materia de servicios sociales, al establecer el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Siendo la simplificación de los procedimientos administrativos una de las demandas que con mayor intensidad vienen solicitando las entidades prestadoras de Servicios Sociales, y con objeto de evitar una carga administrativa excesiva y una dilación en la finalización de los procedimientos que provocan, principalmente a las pequeñas y medianas entidades gestoras de servicios sociales, perjuicios tanto en la actividad económica como en el ejercicio de los derechos, es por lo que se procede a la modificación del Capítulo III del Título III de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, relativo a las condiciones y supuestos para la autorización, acreditación administrativa y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Se introduce en la tramitación de los expedientes, con el fin de simplificar los procedimientos, y en los casos en que se establezca, la figura de las declaraciones responsables que, junto con las autorizaciones administrativas, tienen como objetivo ser un medio de intervención para el cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales que deben cumplir los Centros y servicios de atención residencial. Asimismo, se introduce, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, las autorizaciones previas a la autorización definitiva, con objeto de minorar el tiempo de respuesta del procedimiento para la posible apertura de un centro o servicio determinado.

Por otra parte, y con objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los centros, en aras al bienestar de las personas usuarias de los mismos, se introduce la obligatoriedad de la renovación de las autorizaciones definitivas con la periodicidad que se establezca reglamentariamente.

Por último, y con el objeto de simplificar los procedimientos en aquellos casos en los que sean preceptivas las acreditaciones de los centros, se ha introducido un nuevo artículo referido a la implantación de un procedimiento único para la tramitación, resolución e inscripción en el registro de Servicios Sociales de las autorizaciones de funcionamiento definitivo y las acreditaciones.

XXV

Con el objetivo de proceder a la mejora y actualización de los criterios que definen la figura del Municipio Turístico de Andalucía, a fin de reforzar con carácter urgente la atención a los municipios que padecen un sustancial incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales debido al turismo, se hace necesario abordar una modificación puntual del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, mediante el presente Decreto-ley, de forma que se logre un doble objetivo: facilitar que los municipios de interior puedan acceder más fácilmente a dicha condición y simplificar el procedimiento administrativo para obtener la declaración de Municipio Turístico, todo ello con la finalidad de dotar a los distintos agentes implicados en el sector turístico de un marco jurídico de referencia claro, estable, duradero y fiable para acometer sus iniciativas económicas con la máxima garantía en estos municipios que sufren una sobrecarga en sus servicios municipales motivada por la gran afluencia de turistas. Esta necesidad se acomete en el artículo 25.

XXVI

Por otro lado, se incluye en el Decreto-ley, en el artículo 26, una modificación puntual del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, que estableció un impulso preferente y urgente ante cualquier Administración Pública andaluza para los proyectos para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable no acogidas a los regímenes retributivos específicos. En este año de vigencia, se ha comprobado que se está produciendo un interés en el sector por promover un volumen importante de nuevos proyectos no lo suficientemente maduros, que han hecho que la medida de impulso preferente adoptada no sea efectiva para los fines perseguidos. Resulta necesario, por tanto, establecer un criterio de madurez para estos proyectos que permitan una real y efectiva agilización administrativa de su tramitación.

XXVII

En el artículo 27 del presente Decreto-ley se acomete una modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía. El artículo 50 de dicha Ley crea el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones como un instrumento de carácter voluntario dirigido a actividades radicadas en Andalucía que quieran asumir compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual, deberán suscribir un convenio con la Consejería competente en materia de cambio climático. Dada la complejidad que conlleva la tramitación de esta figura jurídica, de sus modificaciones, así como el plazo de duración al que han de estar sujeto, se ha constatado la necesidad de optar por una fórmula más operativa y dinámica, que simplifique el procedimiento y agilice su tramitación. Al tratarse de un régimen voluntario, es imprescindible eliminar las trabas administrativas a las personas interesadas en asumir estos compromisos, por lo que se considera más adecuado que la adhesión voluntaria al sistema y su posterior inscripción en el registro correspondiente se formalice mediante una resolución administrativa, previa solicitud de la persona interesada.

En este mismo sentido, se modifican algunos apartados del artículo 52 de la citada Ley que regula el registro de la huella de carbono de productos y servicios. Especialmente hay que destacar la ampliación del plazo de validez de la inscripción en el Registro que quedaría fijado en un mínimo de cuatro años frente a los dos años de la regulación actual. Con ello se evita que, en un breve período de tiempo, las empresas tengan que reiniciar el procedimiento administrativo de inscripción, permitiendo, además, que las mismas puedan rentabilizar los esfuerzos invertidos y gestionar de manera razonable el aprovisionamiento de los materiales en los que figuren el logotipo de la citada huella. Igualmente, se suprime el apartado 8 del artículo 52 de la Ley, pues las obligaciones que contempla suponen un freno a la actividad productiva en Andalucía al exigir el cálculo de la huella de carbono de Andalucía por la Consejería competente en la materia con una periodicidad no superior a dos años, basada en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que obligaría a requerir a las empresas no obligadas al cálculo de sus emisiones, a aportar periódicamente datos sobre las mismas, con la dificultad y complejidad que ello conlleva, lo que sin duda entra en colisión con el objetivo perseguido mediante este Decreto-ley de establecimiento de medidas de simplificación de trámites y reducción de requisitos administrativos, para promover el desarrollo económico y la creación de empleo.

Dado el carácter voluntario de la adhesión al Sistema Andaluz de Compensación y de la inscripción en el Registro de la huella de carbono de productos y servicios, con estas medidas de simplificación y agilización administrativa se incentiva y facilita la participación de las empresas en la lucha contra el cambio climático.

Por último, también se realiza una modificación del apartado 2 del artículo 51, con el objeto de que el texto guarde coherencia normativa con la nueva redacción propuesta para el artículo 50.

XXVIII

La industria audiovisual representa en Andalucía un sector productivo estratégico por su dinamismo y potencialidad de crear valor añadido en términos económicos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de generar empleo. Asimismo, su vinculación a las nuevas tecnologías la sitúan en un nuevo paradigma en el que ha de afrontar importantes desafíos y oportunidades. Frente a ello, nos encontramos con que actualmente el sector de la comunicación audiovisual tanto en España como en Andalucía, atraviesan una grave situación económica que justifica la necesidad urgente de que este Gobierno impulse actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y a una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público, a ello se suma un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral.

Diversos informes y estudios realizados por entidades representativas a nivel nacional, tales como la Asociación de la Prensa de Madrid, la consultora Barlovento Comunicación o la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), reflejan la necesidad de actuar de manera urgente con el fin de eliminar trabas burocráticas e implantar medidas que favorezcan la actividad económica en el sector de la comunicación audiovisual.

Destacar igualmente que, mediante Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación del Plan para la mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022 que está siendo impulsado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

En este contexto actual, la modificación de los preceptos de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, incluida en el artículo 28 del presente Decreto-ley, responde a la conveniencia de agilizar la tramitación de algunos procedimientos, así como de favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual en Andalucía.

A raíz de los trabajos de revisión de normativa instados por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el marco del citado Plan, acorde con la línea de actuación de evaluación de procedimientos administrativos y actuaciones de simplificación y reducción de trabas administrativas, así como con la línea de impulso de la mejora de la regulación económica en el ámbito local, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley, puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía permitiendo, además, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión. Esto afecta a los artículos 37.b), d) y e) 44, 66.3.a).4.º y 72.e) de la Ley 10/2018, de 9 de octubre.

En relación con lo expuesto, indicar que, de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica.

También se modifican varios preceptos tales como el artículo 46.5 de la citada Ley con el fin de agilizar las renovaciones del servicio público de comunicación audiovisual, eliminando que las corporaciones locales concesionarias tengan que solicitar la renovación cada cierto tiempo, puesto que estas renovaciones se producirán de oficio o de manera automática, agilizando el procedimiento administrativo y favoreciendo la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que en muchas ocasiones esta solicitud no era presentada en tiempo y forma. Las corporaciones locales dispondrán de la concesión hasta su renuncia y siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios; el artículo 46.4, contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local, lo que redundará en una mayor actividad económica en el sector de la comunicación audiovisual andaluz; los artículos 33.b) y 49.1 relacionados con la interrupción y la suspensión temporal del servicio de comunicación audiovisual, eliminando la necesidad de obtener autorización administrativa previa en muchos casos, lo que también supone agilizar los procedimientos; el artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, en el que se elimina una restricción que impedía celebrar negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual en algunas circunstancias; se elimina también una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía, establecida en los artículos 36.1.d), 37.c) y 38.1.c), relativos a la obligación de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial del servicio de comunicación audiovisual, esto supone acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las mismas.

Igualmente, a raíz del citado Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía. Esto afecta a los artículos 40, 66.3.a).6.º, 74.b), 80.1, 80.5 y 81.f).

Se elimina el calendario de obligaciones de accesibilidad en la televisión pública y privada de ámbito local establecido en la disposición transitoria primera de la Ley, al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local. Además, este calendario dificulta enormemente la emisión de programación en directo, aspecto esencial de la programación de estas prestadoras. Esta modificación requiere actualizar también los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley, por las razones expuestas.

Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del estatuto de la información, al tratarse de una cuestión cercana a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional.

Se modifica el apartado 1 de la disposición derogatoria de la Ley, para mantener la coherencia en relación con las formas de gestión entre el Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía, y la nueva redacción incluida en el presente Decreto-Ley.

XXIX

El artículo 29 introduce un régimen transitorio para los proyectos declarados de interés estratégico de Andalucía en virtud del procedimiento establecido en la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido derogada en todo lo referido a la declaración de proyectos de interés estratégico por el nuevo Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se trata de otorgar la necesaria seguridad jurídica en relación con la normativa aplicable a la obtención de las autorizaciones, permisos, licencias y otros trámites precisos para la ejecución y puesta en marcha de los proyectos ya declarados, especialmente en materia de medio ambiente y ordenación del territorio y urbanismo. Se clarifica así, la aplicación a estos proyectos de una nueva regulación, contenida en el citado Decreto-ley 4/2019, de 10 de octubre, que, en principio, resultaría más favorable para el éxito de los mismos.

XXX

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de 29 artículos, distribuidos en dos capítulos, una disposición adicional, diecisiete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que informan el presente Decreto-ley.

El Capítulo II, relativo a la simplificación de los mecanismos de intervención en la actividad económica, recoge el conjunto de modificaciones normativas promovidas por los distintos departamentos de la Administración autonómica tendentes a la finalidad señalada.

La disposición adicional única actualiza las referencias a los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía vigentes a las nuevas denominaciones que tendrán a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 6/2007, de 26 de junio, que lleva a cabo el presente Decreto-ley.

La disposición transitoria primera regula el período transitorio en el que deberán adaptarse a la nueva normativa las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

La disposición transitoria segunda hace referencia al régimen transitorio de las personas titulares de los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y de la Presidencia y de las Vocalías primera y segunda del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Las disposiciones transitorias tercera y cuarta son las precisas para hacer referencia a la forma en la que habrá de actuarse respecto de aquellos procedimientos y autorizaciones que actualmente se encuentran en trámite o existentes en el ámbito ambiental.

La disposición transitoria quinta establece un régimen transitorio de los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales vigentes, que se seguirán rigiendo por la Ley 9/2010, de 30 de julio, y por las normas que lo establecieron. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, las entidades locales no tendrán que presentar periódicamente la documentación de seguimiento del canon ante la Consejería competente en materia de agua.

La disposición transitoria sexta establece el régimen aplicable a determinados procedimientos en la reordenación del sector público de Andalucía relativos a las tierras, bienes y derechos provenientes del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

La disposición transitoria séptima incide en que los procedimientos relativos a la aprobación de un nuevo Plan General del Turismo ya iniciados a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se ajustarán a las previsiones contenidas en el mismo.

La disposición transitoria octava señala que los procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se regirán por la normativa anterior.

Se incluye la disposición transitoria novena, sobre el procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento en tramitación.

Igualmente, el Decreto-ley, en la disposición transitoria décima, establece un régimen transitorio de aplicación del procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística en tramitación.

Por su parte, la disposición transitoria undécima, establece que los procedimientos de autorización de vertido a fosa séptica iniciados de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidraúlico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, al momento de la entrada en vigor de este Decreto-ley, se tramitarán y resolverán con arreglo al mismo.

La disposición transitoria duodécima establece la vigencia del Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía, en tanto no se desarrolle reglamentariamente la normativa específica para los productos agroalimentarios objeto de producción, elaboración o transformación artesana.

La disposición transitoria decimotercera establece un período de adaptación para los órganos de control de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas que, actualmente, realizan el control de forma tutelada.

La disposición transitoria decimocuarta hace referencia a los Municipios con la declaración de zona de gran afluencia turística ya concedida. Así, los municipios que, a la entrada en vigor de este Decreto-ley, tengan concedida la declaración de zona de gran afluencia turística, mantendrán dicha declaración para el mismo ámbito y periodo que se declaró y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior. Por su parte, las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la modificación que ahora se realiza, deberán resolverse aplicando las disposiciones vigentes en el momento de presentar la solicitud y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior.

A través de la disposición transitoria decimoquinta, sobre Registro electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en tanto no entren en vigor las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

La disposición transitoria decimosexta, hace referencia a los procedimientos de declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

Por último, la disposición transitoria decimoséptima, se refiere a los Regímenes de intervención administrativa en los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones que presten servicios de carácter asistencial o sanitario.

La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto-ley. Expresamente se deroga el Decreto 152/1996, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de enajenación de los Huertos Familiares y otros bienes de titularidad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria; el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regulaba el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria; el Decreto 74/2000, de 21 de febrero, por el que se establecen normas sobre recaudación de los derechos económicos derivados de las concesiones administrativas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y se regula el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos; el Decreto 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se establece el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios; los apartados 5 y 6 del artículo 4, el apartado 3 del artículo 8, el Capítulo V, la disposición adicional única y la disposición transitoria tercera del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía; la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía; la Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la declaración de campos de golf de interés turístico en Andalucía; el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la disposición adicional octava, relativa al contenido del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; la Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística; y la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, reguladora de las subvenciones y ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

La disposición final primera habilita a que las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este Decreto-ley, puedan ser modificadas por normas de rango reglamentario.

La disposición final segunda determina que el desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.

La disposición final tercera establece la obligación de la adaptación estatutaria a la nueva regulación legal por parte de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

La disposición final cuarta establece la entrada en vigor del presente Decreto-ley al día siguiente a su publicación oficial.

Y, por último, derivado de las modificaciones normativas propuestas, se incluye un Anexo que establece las actuaciones sometidas a evaluación de impacto en la salud.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 9 de marzo de 2020,

DISPONGO

CAPÍTULO I. 
Disposiciones Generales

Artículo 1. 
Objeto.

1. El presente Decreto-ley tiene por objeto adoptar las medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a mejorar la regulación económica, para potenciar la actividad en Andalucía, contrarrestar la desaceleración económica y sentar las bases que permitan reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más competitivo y sostenible.

2. A tal efecto, se aborda la modificación de aquellas normas que dificultan el acceso o ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados y, de esta forma, promover el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad.

CAPÍTULO II. 
Simplificación de los mecanismos de intervención en la actividad económica

Artículo 2. 
Modificación del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Se modifica el artículo 101 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 3. 
Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada de la siguiente forma:

Uno. Se suprime el Título V en su único artículo 40 que regula las declaraciones de campos de golf de interés turístico.

Dos. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente forma:

Tres. Se incorpora el Anexo II «Actividades de planificación e intervención singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma», que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 4. 
Modificación de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.

La Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica la redacción del artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se modifica la redacción del artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 5. 
Modificación de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

La Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, quedando redactado como sigue:

Dos. Se modifica el artículo 48, quedando redactado como sigue:

Tres. Se modifica el artículo 52, el cual queda redactado como sigue:

Cuatro. Se modifica el artículo 91, quedando redactado como sigue:

Cinco. Se incluye una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:

Artículo 6. 
Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1.2.ª y 1.4.ª del artículo 32, que quedan redactados de la siguiente forma:

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 169, que queda redactado con el siguiente tenor:

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 169 bis, que queda redactado como sigue:

Cinco. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional undécima para suprimir la referencia al Título V de la Ley 1/1994, de 11 de enero, que queda redactado como sigue:

Artículo 7. 
Modificación de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Se modifica el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, el cual queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 8. 
Modificación de la Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo b) del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se suprime el apartado 2 del artículo 5, pasando el apartado 3 a ser el nuevo 2.

Cuatro. Se modifica el segundo párrafo de la letra g) del artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:

Cinco. Se modifica el párrafo j) del artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:

Seis. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:

Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 9. 
Modificación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

Se modifica el artículo 2 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, que queda redactado como sigue:

Artículo 10. 
Modificación de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

La Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, queda modificada de la siguiente forma:

Uno. La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado de la siguiente forma:

Tres. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se modifica el párrafo m) del apartado 2 del artículo 10, cuyo contenido pasa a integrarse en un nuevo párrafo o), y se añaden los nuevos párrafos n) y ñ), que quedan redactados de la siguiente forma:

Cinco. Se modifica el artículo 11, el cual queda redactado del siguiente modo:

Seis. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma:

Siete. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

Nueve. Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:

Diez. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:

Once. Se modifica el párrafo c) del apartado 2 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 11. 
Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un párrafo al apartado 8 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 41, con la siguiente redacción:

Tres. Se modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en los términos que a continuación se indican:

a) En la categoría 2. Instalaciones energéticas, se modifican los apartados 2.15 y 2.17, quedando redactados como sigue:

b) En la categoría 10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, se modifican los apartados 10.12 y 10.13, que quedan redactados como siguen:

c) En la categoría 11. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos, se modifica el apartado 11.9, que queda redactado como sigue:

Artículo 12. 
Modificación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía.

Se modifica el artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 13. 
Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Se modifica elartículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 14. 
Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo h) del apartado 5 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 25.

Tres. Se modifica el artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se añade un apartado 12 al artículo 45, con la siguiente redacción:

Cinco. Se modifica el artículo 54, que queda redactado de la siguiente forma:

Seis. Se modifica el artículo 91, que queda redactado como sigue:

Siete. Se añade una nueva disposición adicional decimoséptima, con la siguiente redacción:

Artículo 15. 
Modificación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía.

El artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, queda modificado como sigue:

Artículo 16. 
Modificación de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

La Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Las letras d), n) y ñ) del artículo 3, quedan redactadas del siguiente modo:

Dos. Se modifican los párrafos d), e) y f) del apartado 8 del artículo 6, quedando redactados como sigue:

Tres. Se modifica el enunciado del Capítulo I del Título III y artículo 7, el cual queda redactado como sigue:

Cuatro. Se modifica el enunciado del Capítulo II del Título III y el artículo 8, quedando redactado como sigue:

Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9, con el siguiente contenido:

Seis. El párrafo a) del apartado 2 del artículo 13 queda modificado del siguiente modo:

Siete. El artículo 16 queda modificado del siguiente modo:

Ocho. Se modifica el artículo 22, el cual queda redactado como sigue:

Nueve. Se modifica el artículo 23, quedando redactado como sigue:

Diez. Se modifica el artículo 25, el cual queda redactado como sigue:

Once. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 26, los cuales quedan redactados como sigue:

Doce. El artículo 27 queda modificado del siguiente modo:

Trece. En el artículo 28, se añaden los siguientes apartados:

Catorce. Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue:

Quince. El artículo 33 queda modificado del siguiente modo:

Dieciséis. Se modifica el artículo 34, el cual queda redactado como sigue:

Diecisiete. Se modifica el artículo 37, quedando redactado como sigue:

Dieciocho. El artículo 39.5 queda modificado del siguiente modo:

Diecinueve. Se incorpora en el artículo 42 un nuevo párrafo p), con la siguiente redacción:

Veinte. Se suprime el párrafo t’) y se modifican los párrafos f) y t) del artículo 43, que quedan con la siguiente redacción:

Veintiuno. El artículo 45.1 queda modificado del siguiente modo:

Veintidós. El artículo 46.1 queda modificado del siguiente modo:

Veintitrés. El artículo 51.2 queda modificado del siguiente modo:

Veinticuatro. La disposición adicional cuarta. Artesanía alimentaria, queda redactada de la siguiente forma:

Artículo 17. 
Modificación de la Ley 13/2011, de 23 diciembre, del Turismo de Andalucía.

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo e) del apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

Tres. Se suprime el artículo 8.

Cuatro. Se modifica el artículo 11, quedando con la siguiente redacción:

Cinco. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:

Seis. Se suprime el artículo 13.

Siete. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 28, que queda redactado como sigue:

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos:

Nueve. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:

Diez. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:

Once. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:

Doce. Se modifica el artículo 58, que queda redactado como sigue:

Trece. Se modifica el apartado 6 del artículo 70, que queda redactado como sigue:

Catorce. Se modifica el apartado 13 del artículo 71, que queda redactado en los siguientes términos:

Quince. Se suprime la disposición adicional segunda.

Dieciséis. Se incorpora una disposición transitoria sexta con el siguiente contenido:

Diecisiete. Se suprime la disposición final primera.

Artículo 18. 
Modificación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 56, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 59, con la siguiente redacción:

Tres. Se modifica la disposición final séptima, que queda redactada de la siguiente forma:

Cuatro. Se añade un Anexo I denominado «Actuaciones sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud», cuyo contenido está establecido en el Anexo del presente Decreto-ley.

Artículo 19. 
Modificación del Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo.

El Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 20. 
Modificación del Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales.

El Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se suprime el párrafo d) del artículo 4.

Cinco. Se suprime el artículo 5 y se renumeran los artículos 6 que pasará a ser el 5, artículo 7 que pasará a ser el 6, artículo 8 que pasará a ser el 7, artículo 9 que pasará a ser el 8, artículo 10 que pasará a ser el 9, artículo 11 que pasará a ser el 10, se suprime el artículo 12, el artículo 13 que pasará a ser el 11 y el artículo 14 que pasará a ser el 12.

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:

Siete. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:

Nueve. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:

Diez. Se añade el artículo 13, con la siguiente redacción:

Once. Se suprime la disposición adicional única. Declaración de zona de gran afluencia turística en los municipios con más de 200.000 habitantes que cumplan determinados requisitos.

Artículo 21. 
Modificación del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma:

Cinco. Se modifica el artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma:

Seis. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

Siete. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho. Se modifica el orden de los artículos 19 y 20, de modo que pasan a denominarse «Artículo 19. Remisión de la documentación» y «Artículo 20. Mejora de solicitud», respectivamente.

Artículo 22. 
Modificación del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero.

Se modifica el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobados por Decreto 18/2015, de 27 de enero, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 23. 
Modificación del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo.

Se modifica el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, que queda redactado como sigue:

Artículo 24. 
Modificación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 83, quedando redactado como sigue:

Dos. Se modifica el artículo 84, quedando redactado como sigue:

Tres. Se modifica el artículo 85, quedando redactado como sigue:

Cuatro. Se incluye un nuevo artículo 85 bis con la siguiente redacción:

Cinco. Se modifica el artículo 86, quedando redactado como sigue:

Seis. Se añade un nuevo ordinal octavo al párrafo b) del artículo 126, con la siguiente redacción:

Artículo 25. 
Modificación del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía.

El Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el punto 2.º del párrafo a) del artículo 2, que queda con el siguiente contenido:

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4, cuya redacción queda como sigue:

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda redactado como sigue:

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 14, que queda redactado como sigue:

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda con el siguiente contenido:

Seis. Se modifica el párrafo a) del artículo 17, que queda redactado como sigue:

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado como sigue:

Ocho. Se modifica el artículo 20, que queda con el siguiente contenido:

Artículo 26. 
Modificación del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, que queda redactado como sigue:

Artículo 27. 
Modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 50, queda redactado de la siguiente forma:

Dos. El apartado 2 del artículo 51 queda redactado de la siguiente forma:

Tres. Se suprime el apartado 8 y se modifican los apartados 3 y 7 del artículo 52, que quedan redactados como sigue:

Artículo 28. 
Modificación de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 9, que tendrán la siguiente redacción:

Dos. Se modifican los párrafos a) y b) del artículo 33, que quedan redactados de la siguiente forma:

Tres. Se suprimen el párrafo d) del apartado 1 del artículo 36, y el párrafo c) del artículo 37.

Cuatro. Se modifican los párrafos b), d) y e) del artículo 37, que quedan redactados de la siguiente forma:

Cinco. Se suprime el párrafo c) del apartado 1 del artículo 38.

Siete. Se modifica el artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho. Se modifica el artículo 46, que queda redactado de la siguiente forma:

Nueve. Se modifica el artículo 49, que queda redactado de la siguiente forma:

Diez. Se elimina el párrafo c) del apartado 2 del artículo 63.

Dieciséis. Se modifica la disposición adicional tercera, que tendrá la siguiente redacción:

Diecisiete. Se elimina la disposición adicional cuarta.

Dieciocho. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera, que quedan redactados de la siguiente forma:

Diecinueve. Se modifica el apartado 1 de la disposición derogatoria, que quedaría redactado de la siguiente forma:

Artículo 29. 
Modificación del Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se añade una nueva disposición transitoria al Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la siguiente redacción:

Disposición adicional única. 
Referencias a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y a sus órganos.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, todas las referencias que en la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, se realizan a sus órganos actuales se entenderán realizadas a los que se citan a continuación:

a) Las referencias a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, se entenderán realizadas a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

b) Las referencias a la Dirección Gerencia, se entenderán realizadas a la Dirección de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía.

c) Las referencias al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, se entenderán realizadas al Consejo de la Competencia de Andalucía.

d) Las referencias al Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, se entenderán realizadas al Departamento de Promoción de la Competencia y de Mejora de la Regulación Económica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Disposición transitoria primera. 
Reconocimiento de la condición de organización interprofesional agroalimentaria andaluza a las autorizadas con arreglo a la normativa anterior.

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley dispondrán de un periodo de dos años para adaptarse a las nuevas condiciones. Para ello, deberán presentar solicitud, adjuntando la documentación que acredite su adaptación en el periodo indicado. La no presentación de esta solicitud o la no acreditación en el plazo establecido supondrá la extinción de su reconocimiento como organización interprofesional agroalimentaria andaluza.

Disposición transitoria segunda. 
Titulares de los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

A la entrada en vigor de este Decreto-ley, las personas titulares de los órganos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, permanecerán en el mismo puesto de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, desempeñando las competencias y funciones legalmente conferidas.

La persona actualmente titular de la Presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía continuará en el ejercicio de su cargo con la misma consideración y rango con que fue nombrada, hasta la expiración del término del presente mandato o la continuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y sin perjuicio de las restantes causas de cese o suspensión previstas en la Ley.

Las personas actualmente titulares de las Vocalías primera y segunda del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta la expiración del término del presente mandato, conforme a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y sin perjuicio de las restantes causas de cese o suspensión previstas en la Ley.

Disposición transitoria tercera. 
Procedimientos en curso en el ámbito ambiental.

Los procedimientos relativos a las actuaciones que se encontraban sometidas a autorización ambiental unificada y que, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto-ley, pasan a estar sometidas a calificación ambiental, y que actualmente se encuentren en trámite, serán trasladados por el órgano ambiental competente de la Administración de la Junta de Andalucía al ayuntamiento correspondiente una vez transcurrido el plazo que se determina a continuación. En este sentido, en el plazo de cuarenta y cinco días tras la entrada en vigor del presente Decreto-ley, la persona interesada podrá optar por continuar sujeta al instrumento de prevención y control ambiental que le era de aplicación, conforme a la normativa anterior.

Disposición transitoria cuarta. 
Autorizaciones existentes en el ámbito ambiental.

A la entrada en vigor del presente Decreto-ley, y en relación con las actuaciones que pasan a estar sometidas a calificación ambiental que cuenten con autorización ambiental unificada en vigor, hayan entrado o no en funcionamiento, se considerará que disponen de dicha autorización a todos los efectos, y seguirán rigiéndose por las disposiciones que les eran de aplicación. No obstante lo anterior, la persona interesada podrá solicitar ante el órgano ambiental competente de la Administración de la Junta de Andalucía el cambio al nuevo instrumento de prevención y control ambiental, una vez transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley. En este caso, la Administración de la Junta de Andalucía remitirá al ayuntamiento correspondiente la documentación precisa para el cumplimiento de sus funciones administrativas. El cambio al nuevo instrumento de prevención y control ambiental no podrá solicitarse en el caso de que la actividad se encuentre incursa en un procedimiento sancionador, debiendo esperar la persona interesada para presentar su solicitud a la firmeza de la resolución que recaiga en dicho procedimiento.

Tras la recepción de este expediente en el ayuntamiento, será de su competencia la vigilancia y control de la actividad, así como el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición transitoria quinta. 
Régimen transitorio de los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

1. Los cánones de mejora vigentes se seguirán rigiendo por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y por las normas que los establecieron.

2. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, las entidades locales no tendrán que presentar periódicamente la documentación de seguimiento del canon ante la Consejería competente en materia de agua.

3. Corresponderá al órgano interventor de las entidades locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, el control de que los ingresos procedentes del canon de mejora se destinen a los fines para los que éste fue aprobado. Si dicho órgano administrativo tuviese constancia de que no se están cumpliendo los fines para los que estuviese destinado el canon, procederá a comunicarlo a la Consejería competente en materia de agua en el plazo de un mes, la cual podrá acordar la suspensión temporal o el cese definitivo de la vigencia del mismo.

4. El órgano competente de la entidad local podrá acordar la modificación del programa de infraestructuras hidráulicas para cuya financiación se aprobó el canon de mejora vigente. No obstante, dicha modificación no podrá suponer un incremento de las cuotas del canon aplicables a los sujetos pasivos contribuyentes ni un aumento del período de vigencia del mismo.

Los acuerdos de modificación serán comunicados a la Consejería competente en materia de agua en el plazo de un mes desde su adopción.

5. La vigencia del canon de mejora finalizará de manera anticipada en el mismo momento en el que los ingresos recaudados por el mismo superen a las necesidades de financiación del programa de infraestructuras hidráulicas aprobado.

El órgano competente de la entidad local acordará si el posible exceso de ingresos recaudados que se haya producido en el momento de la finalización de la vigencia del canon de mejora se destina a nuevas infraestructuras hidráulicas competencia de la entidad local o si, por el contrario, se lleva a cabo la devolución de dicho exceso de ingresos a los sujetos pasivos contribuyentes. El citado acuerdo se adoptará en el plazo de seis meses desde la finalización de la vigencia del canon y será comunicado a la Consejería competente en materia de agua, en el plazo de un mes desde su adopción.

6. Los cánones que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley sean establecidos por las entidades locales serán compatibles con la existencia de los cánones de mejora aprobados con anterioridad, siempre que los ingresos recaudados por los nuevos cánones vayan a sufragar infraestructuras hidráulicas distintas de aquéllas que están siendo financiadas por los cánones de mejora en vigor.

Disposición transitoria sexta. 
Procedimientos de reordenación del sector público de Andalucía.

La modificación del artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, recogida en el artículo 15 del presente Decreto-ley, será de aplicación a los procedimientos administrativos de enajenación iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

Disposición transitoria séptima. 
Plan General del Turismo.

El procedimiento de aprobación de un nuevo Plan General del Turismo iniciado a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se ajustará a las previsiones contenidas en el mismo.

Disposición transitoria octava. 
Procedimientos de declaración de campos del golf de interés turístico.

Los procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se regirán por la normativa anterior.

Disposición transitoria novena. 
Procedimiento de aprobación de instrumentos de planeamiento en tramitación.

La modificación del artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, será de aplicación a los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento para los que, contando con aprobación inicial, aún no hubieren sido solicitados los correspondientes informes sectoriales, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados previstos legalmente como preceptivos.

Disposición transitoria décima. 
Procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística en tramitación.

La modificación del artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, podrá ser aplicable, a solicitud del interesado, a aquellos procedimientos de otorgamiento de licencia urbanística que estuvieran en tramitación.

Disposición transitoria undécima. 
Procedimiento de autorización de vertido a fosa séptica.

Los procedimientos iniciados, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, al momento de la entrada en vigor del Decreto-ley, se tramitarán y resolverán con arreglo al mismo.

Disposición transitoria duodécima. 
Productos alimentarios artesanos.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la legislación específica referida a los productos alimentarios objeto de producción, elaboración o transformación artesana, que se establecen en el artículo 9 del presente Decreto-ley será de aplicación el Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía.

Disposición transitoria decimotercera. 
Órganos de control tutelados.

Los órganos de control de las denominaciones geográficas protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas que, en el marco de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, viniesen realizando el control, de manera tutelada, en nombre de la Consejería competente en materia agraria y pesquera, dispondrán de un periodo de dos años para adaptarse a lo previsto en el artículo 33.1.a) de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, o para integrarse en un órgano de control, creado a iniciativa de varios consejos reguladores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33.1.c) de la citada Ley 2/2011, de 25 de marzo.

En el caso de que no se lleve a cabo la adaptación o integración previstas en el apartado anterior, el Consejo Regulador elegirá de entre las opciones previstas en el artículo 33.1, apartados b) o d), de la Ley 2/2011, de 25 de marzo.

Disposición transitoria decimocuarta. 
Municipios con la declaración de zona de gran afluencia turística ya concedida.

Los municipios que, a la entrada en vigor de este Decreto-ley, tengan concedida la declaración de zona de gran afluencia turística, mantendrán dicha declaración para el mismo ámbito y periodo que se declaró y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior.

En el caso de las revisiones de las declaraciones durante el ejercicio 2021, las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía competentes en materia de comercio interior, recabarán los correspondientes informes cuyos datos de afluencia turística tenidos en cuenta serán los correspondientes al ejercicio 2019.

Las solicitudes que se presenten antes de la entrada en vigor de la presente modificación deberán resolverse aplicando las disposiciones vigentes en el momento de presentar la solicitud y se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior.

Disposición transitoria decimoquinta. 
Registro electrónico.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la disposición final séptima de esta misma disposición, en tanto no entren en vigor las previsiones de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición transitoria decimosexta. 
Procedimientos de declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

1. Los Procedimientos de declaración de Municipio Turístico de Andalucía iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley se ajustarán a las previsiones contenidas en el mismo.

2. El nuevo régimen jurídico previsto para los eventuales convenios de colaboración a suscribir resultará de aplicación a los municipios que ya ostenten una declaración de Municipio Turístico de Andalucía vigente a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

Disposición transitoria decimoséptima. 
Regímenes de intervención administrativa en los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones que presten servicios de carácter asistencial o sanitario.

Hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente los regímenes de intervención administrativa en los centros de atención a personas con problemas de drogodependencia y adicciones que presten servicios de carácter asistencial o sanitario, se seguirá aplicando el régimen de autorización administrativa previsto en la normativa vigente.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en este Decreto-ley y, expresamente, las siguientes disposiciones:

- El Decreto 152/1996, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de enajenación de los Huertos Familiares y otros bienes de titularidad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

- El Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regulaba el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

- El Decreto 74/2000, de 21 de febrero, por el que se establecen normas sobre recaudación de los derechos económicos derivados de las concesiones administrativas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y se regula el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos.

- El Decreto 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se establece el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios.

- Los apartados 5 y 6 del artículo 4, el apartado 3 del artículo 8, el Capítulo V, la disposición adicional única y la disposición transitoria tercera del Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía.

- La disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía: Excepciones de actividades al proceso de evaluación de impacto en salud.

- La Orden de 13 de marzo de 2012, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la declaración de campos de golf de interés turístico en Andalucía.

- El Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- La disposición adicional octava, relativa al contenido del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

- La Orden de 3 de abril de 2007, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se regula la emisión del Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.

- La disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, reguladora de las subvenciones y ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición final primera. 
Modificación de normas reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este Decreto-ley, podrán ser modificadas por normas de rango reglamentario.

Disposición final segunda. 
Desarrollo normativo.

El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.

Disposición final tercera. 
Adaptación estatutaria.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, se adaptarán a sus disposiciones los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Disposición final cuarta. 
Entrada en vigor.

El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2020