Medidas frente a los efectos del coronavirus en la prestación de los servicios públicos de Castilla-La Mancha y sus empleados


Orden 34/2020, de 15 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la prestación de servicios en la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en desarrollo de las medidas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Vigente desde 15/03/2020 | DOCM 53/2020 de 15 de Marzo de 2020

Tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, la Comunidad de Castilla La Mancha ha considerado necesario la adopción de nuevas medidas con respecto a la prestación de los servicios públicos y los empleados de la Administración General de esta Comunidad:

- Se acuerda que la prestación de servicios se haga de forma no presencial, salvo que se requiera lo contrario.

- Se deben concretar los puestos de trabajo que deben prestar los servicios de forma presencial por considerarse imprescindibles, tales como  el asesoramiento jurídico, la gestión económica, la contratación, la gestión de personal, la informática y las tecnologías de la información.

- Se pueden establece turnos u otros sistemas en el caso de prestar el servicios de forma presencial.

- La plantilla perteneciente a los servicios de limpieza y de restauración de los centros educativos y centros de mayores de día, actualmente cerrados, pueden pasar a reforzar la de los hospitales y centros de salud.

Estas medidas se unen a las ya acordadas por el Decreto 8/2020.

La Orden está vigente desde el día 15 de marzo y durante todo el tiempo que dure el estado de alarma.

Vigencia desde: 15-03-2020

Con la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han adoptado nuevas medidas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Por todo ello, para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es necesario establecer nuevas medidas extraordinarias en relación con los empleados y empleadas de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que permitan conciliar la ejecución de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma con la continuidad de los servicios públicos encomendados a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de mantener el empleo de las empresas contratadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de reforzar los medios humanos de los centros sanitarios de la región, se considera necesario poner a disposición de las autoridades sanitarias al personal adscrito a los contratos de servicios de limpieza y de restauración suscritos por la Administración regional que prestan servicios en los centros educativos y en los centros de mayores actualmente cerrados.

En su virtud y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 11.3.k) de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

Dispongo:

Artículo 1. 
Ámbito de aplicación.

La presente orden será de aplicación al personal que preste servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en los organismos autónomos vinculados o dependientes de la misma, excepto al personal docente no universitario que preste servicios en los centros docentes de titularidad pública de Castilla-La Mancha, al personal sanitario, sociosanitario y al personal de los centros residenciales de servicios sociales.

Artículo 2. 
Garantías de prestación del servicio.

1. Se establece, como modo habitual de prestación de servicios, la modalidad no presencial, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan requerirse modalidades presenciales cuando sea necesario.

Las personas titulares de las Secretarías Generales o de los órganos correspondientes de los organismos autónomos determinarán el modo de prestar servicios en modalidades no presenciales del personal a su cargo con los medios tecnológicos disponibles, debiéndose garantizar, en todo caso, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

2. Corresponde a las personas titulares de las Secretarías Generales o de los órganos correspondientes de los organismos autónomos determinar los puestos de trabajo que deben desempeñarse de manera presencial por ser imprescindible para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

En todo caso, se consideran servicios imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos los relacionados con el asesoramiento jurídico, la gestión económica, la contratación, la gestión de personal, la informática y las tecnologías de la información.

Por la persona titular de la Secretaría General o del órgano correspondiente del organismo autónomo se determinará cuándo y cómo deben prestarse los servicios de manera presencial. Entre otras medidas, podrán establecerse turnos, cuadrantes u otros sistemas análogos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Disposición Adicional Única. 
Personal de empresas de servicios contratadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en centros cerrados con motivo del COVID-19.

Se podrá poner a disposición de las autoridades sanitarias competentes toda o parte de la plantilla adscrita a los contratos de servicios de limpieza y de restauración de los centros educativos y centros de mayores de día, actualmente cerrados, con el fin de reforzar coyunturalmente los medios humanos con los que cuentan los hospitales y resto de centros sanitarios de la región.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Habilitación.

Se autoriza a la Dirección General de la Función Pública para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.

Disposición Final Segunda. 
Entrada en vigor y vigencia.

La presente orden entrará en vigor en el momento de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y estará vigente durante el estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Toledo, 15 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA