Modificación del Decreto-ley andaluz 3/2020 en materia de suspensión de los contratos públicos a consecuencia de la crisis del coronavirus


Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

Vigente desde 01/04/2020 | BOJA Ext 13/2020 de 1 de Abril de 2020

En línea con la modificación efectuada a nivel estatal por la Disp Final 1ª del RD 11/2020 en materia de suspensión de contratos públicos, se modifica el art. 11 del D-ley 3/2020, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus, en el siguiente sentido:

- en los contratos públicos de servicios de tracto sucesivo, incluidos los contratos de seguridad, limpieza y de mantenimiento de sistemas informáticos siempre que como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de dependencias de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios adscritos, o de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19, no fuera posible continuar con la normal ejecución de los mismos, tal circunstancia constituye causa de suspensión de la ejecución de acuerdo con lo que establece el art. 34.1 del RD-ley 8/2020;

- la suspensión comporta el abono al contratista, por parte de la Administración o entidad contratante, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión;

- si la empresa prestataria acredita la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión, en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión, así como el abono de los salarios, el órgano de contratación puede acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos, considerándose estos pagos como abonos a cuenta de los daños y perjuicios;

- si por necesidades concretas de los edificios, instalaciones y equipamientos públicos se requiere la ejecución de actuaciones puntuales de las prestaciones suspendidas, los contratistas estarán obligados a atender los requerimientos del órgano contratante.

Este Decreto-ley entra en vigor el día 1 de abril de 2020 y tiene vigencia indefinida.