Pilar Cuesta de Loño: “El Congreso Nacional de Contratación Pública de Lefebvre permitirá conocer las patologías más frecuentes en la contratación pública española”
Redacción Derecho Local
Pilar Cuesta de Loño, letrado del Consejo de Estado, es codirectora junto a José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, del Congreso Nacional de Contratación Pública organizado por Lefebvre los días 17 y 18 de febrero en Tenerife.

Este Congreso reunirá a los expertos del sector público y privado más destacados en la materia con el objetivo de analizar las cuestiones imprescindibles que afectan de manera directa a la contratación pública en España, con un enfoque multisectorial y desde una perspectiva tanto teórica como práctica. El evento cuenta, además, con la colaboración de Israel Expósito, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, como coordinador académico.
Además de letrado del Consejo de Estado, Pilar Cuesta de Loño es doctora en Derecho y mediadora acreditada, forma parte del Consejo Asesor de Women in a Legal World y trabaja para dar visibilidad a las mujeres en el sector legal. Ha desempeñado funciones en el sector público y privado junto con una importante labor pro bono al servicio de fundaciones y proyectos de diversa índole durante más de 20 años y es experta en contratación pública, ESG, sostenibilidad, digitalización, técnica normativa e innovación.
¿Cuál es el principal objetivo de este Congreso Nacional de Contratación Pública y qué esperan conseguir con su celebración?
El objetivo que se persigue con la celebración del Congreso Nacional de Contratación Pública es el de tomar el pulso a la situación actual de la contratación pública en España y plantear soluciones a los problemas identificados. A tal fin, se pondrán sobre la mesa los avances y conquistas alcanzados durante la última década, así como los retos y desafíos que habrá que afrontar los próximos años, pues se trata de un sector en constante cambio y evolución.
¿A quién se dirige principalmente y por qué es esencial su participación?
El Congreso tiene un público objetivo muy amplio en la medida en la que aborda la problemática de la contratación pública desde la doble perspectiva teórica – y normativa – y práctica, evidenciando que existen en este ámbito numerosas divergencias doctrinales y jurisprudenciales en lo concerniente a la interpretación y aplicación de la regulación vigente.
La participación en el Congreso es esencial en la medida en la que en solo dos jornadas se abordan todos los temas clave de la actualidad contractual. Permite, en un plazo muy breve, actualizar conocimientos y conocer las patologías más frecuentes en la contratación pública española hoy en día, así como las herramientas para su solución.
¿Qué aspectos diferencian al Congreso Nacional de Contratación Pública de otros eventos similares y pueden resultar especialmente atractivos para los asistentes?
Los aspectos que sustantivan el Congreso Nacional de Contratación Pública frente a otros eventos son, sin duda, su carácter omnímodo y su enfoque multisectorial, pues aborda todas las cuestiones de interés actual desde muy distintas perspectivas: la de los catedráticos de Derecho Administrativo, la de los técnicos de la Administración y la de los miembros de los órganos de contratación.
Con un programa tan completo y diverso, ¿podrían destacar algunas claves o temas que consideran imprescindibles para los asistentes?
Los temas claves imprescindibles son los que ahora mismo están afectando de manera directa la contratación pública en España, tales como el impacto de la tecnología – en especial, la incidencia práctica de la aparición de la inteligencia artificial -, la necesidad de articular una verdadera estrategia en la contratación pública – aspecto en el que reviste notoria actualidad la introducción de la perspectiva social y la sostenibilidad ambiental en la compra pública -, la simplificación administrativa y necesidad de corregir patologías como la contratación irregular en aras a la consecución de lo que se ha venido a denominar la “buena administración”.
Como letrada del Consejo de Estado y directora del Congreso, ¿cuál es su visión sobre el estado actual de la contratación pública en España?
La contratación pública es un sector complejo, por razón de la densidad normativa existente en la materia y a consecuencia de la descentralización política de España, lo que determina que existan no sólo particularidades legales en los distintos territorios, sino criterios diversos en torno a cuestiones candentes fruto de los pronunciamientos de los tribunales especiales de contratación y las juntas consultivas autonómicas.
Por otro lado, se aprecia en los últimos tiempos una divergencia entre la teoría prevista en los textos legales y la realidad práctica de la contratación pública, en la mayoría de los casos impulsada por necesidades inminentes, circunstancia que invita a reflexionar sobre los instrumentos normativos vigentes y sobre la idoneidad de modificar algunos extremos de la regulación.
Por estos motivos, en una situación tan compleja, reviste un gran valor el análisis de conjunto que afronta el Congreso Nacional de Contratación Pública, que tratará de abordar todas las cuestiones problemáticas y controvertidas en la actualidad.
¿Qué aspectos de la contratación pública cree que deberían ser reformados para promover una mayor transparencia y eficiencia?
A mi juicio sería conveniente llevar a cabo una revisión de conjunto de la regulación vigente en la materia. Por un lado, los textos legales se han sucedido durante los últimos años, siendo además modificados de manera constante. Esta circunstancia contrasta con la ínfima modificación de los reglamentos de desarrollo, que son los que – por razón de su valor subordinado a la ley y por la mayor simplicidad de reforma – en realidad deberían servir para actualizar la materia en los temas que no son sustantivos.
Sería idóneo que se elaborara una ley de contratos integrada por las cuestiones que verdaderamente responden a materias objeto de “reserva de ley”, remitiendo a los textos reglamentarios todas aquellas cuestiones atinentes al cumplimiento, ejecución y desarrollo de esa Ley.
Además de este problema de fuentes, sugeriría sopesar la introducción de mecanismos que permitan la consecución de la finalidad última de la contratación pública, que no es otra que la de proveer al sector público de bienes y servicios al mejor precio y con la mayor incidencia posible en aquellas cuestiones que sean objeto de políticas públicas. Pero para lograrlo es preciso que el sistema funcione, circunstancia que no acontece cuando se contempla el crecimiento del fenómeno de la contratación irregular y de numerosas prácticas que sortean la legislación vigente, en muchas ocasiones por la dificultad de cumplimentar todos los requisitos legales por parte de los gestores públicos que sienten la necesidad de contratar a corto plazo.
Desde su punto de vista, ¿cómo pueden las estrategias de compra pública promover la sostenibilidad ambiental y la inclusión social?
En mi opinión, las estrategias de compra pública no sólo pueden, sino que deben promover la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.
La Directiva 2014/24/UE contiene un mandato claro hacia la implantación de la compra socialmente responsable y los compromisos asumidos por los Estados Miembros de la ONU a través de la Agenda 2030 obligan a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de estrategias de índole social y medioambiental. De hecho, el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público introduce una verdadera obligación en orden a la introducción de criterios sociales y de orden ambiental en los contratos.