27 jul
2022

El Consejo de Ministros mantiene la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023


Redacción Derecho Local

El Ministerio de Hacienda y Función Pública considera que es una medida que va en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 26 de julio de 2022 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023.

Según se manifiesta por la Ministra de Hacienda y Función Pública, se trata de una medida que ya se ha realizado en años anteriores y va en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023. Esto permite dotar a los países de mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

Por tanto, el Gobierno solicitará de nuevo al Congreso de los Diputados que aprecie si en España concurren las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el mismo trámite que se siguió en años anteriores para suspender las reglas fiscales nacionales.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal, sino que el compromiso con la reducción del déficit público se mantiene con una senda descendente que llevará al déficit por debajo del 3% en 2025.

En este sentido, la suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.

La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Por tanto, continúa la senda descendente que implica una reducción del déficit de más del 60% desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando las medidas de confinamiento contra la COVID y el despliegue del escudo social, especialmente los ERTE, provocaron un déficit del 10,1%, excluida la ayuda financiera.

Las entidades locales tendrán una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB, frente al superávit del 0,2% recogido en el Programa de Estabilidad de abril. En la práctica, esto significa que los ayuntamientos tendrán más margen para gastar su superávit.