04 ago
2020

Acuerdo entre el Gobierno y la FEMP para ceder el remanente de tesorería a cambio de 5.000 millones en ayudas


Redacción Derecho Local

Los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura.

Acuerdo Ministerio Hacienda-FEMP (agosto 2020)

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable.

Los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

El acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit y mantiene las entregas a cuenta. También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia, el cual se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021. Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.

Las medidas recogidas en el acuerdo se deben regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.