05 feb
2020

El Gobierno culmina la transposición de las directivas en el ámbito de la contratación pública


Redacción Derecho Local

Mediante RD-ley 3/2020, se incorporan urgentemente al ordenamiento jurídico español diversas directivas europeas, como la Directiva 2014/25/UE, sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, sobre adjudicación de contratos de concesión.

En el BOE del día 5/02/2020 se ha publicado el RD-ley 3/2020, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

En concreto, se realiza la transposición parcial de las siguientes directivas en materia de contratación pública:

- Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

- Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros.

El plazo de transposición de estas Directivas expiró el 18 de abril de 2016, sin que se hubiera completado. El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público fue aprobado por las Cortes Generales y publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2017 como Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; sin embargo, el Proyecto de Ley de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, pese a haber sido objeto de tramitación en paralelo con esta Ley, no fue aprobado.

Por tal motivo, en diciembre de 2017 la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España dos recursos ante el TJUE para que declarara que España había incumplido sus obligaciones. En el momento actual los dos procedimientos judiciales están llegando a su fin, siendo de esperar que sendas sentencias previsiblemente condenatorias sean dictadas en próximas fechas. Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la completa incorporación al ordenamiento jurídico español de las citadas Directivas, el Gobierno ha acudido a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición urgente.

También se realiza la transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

En materia fiscal y tributaria, se lleva a cabo la transposición de las siguientes directivas:

- Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.

- Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE.

- Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando la seguridad jurídica.

Como consecuencia de la transposición de la Directiva de seguros, también se modifica la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.