Culminación de la transposición de las directivas en el ámbito de la contratación pública y de otras en materia de seguros, planes de pensiones, fiscal y tributaria


Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Vigente desde 06/02/2020 | BOE 31/2020 de 5 de Febrero de 2020

Este RD-ley se aprueba para incorporar las Directivas Europeas todavía pendientes de transponer al ordenamiento jurídico español ante la inminente resolución de los recursos que la Comisión Europea interpuso ante el TJUE contra el Reino de España por este retraso.

Por un lado, se recoge la transposición de la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, viniendo a completar la transposición que en su día hizo la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, en lo que se refiere a la contratación en los citados sectores por parte de las entidades del sector público que no son Administración Pública y por las empresas privadas con derechos especiales o exclusivos.

También recoge la transposición de la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que  también fue parcialmente transpuesta por la Ley 9/2017 en lo que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en el ámbito general; por lo que este real decreto también viene a completar la transposición de la Directiva 2014/23/UE en lo que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios relativos a las actividades que están sujetas al presente real decreto-ley (agua, energía, transportes y servicios postales).

En cuanto a las novedades incorporadas por estas Directivas en materia de contratación se pueden destacar, entre otras:

- La contratación electrónica obligatoria. Establece la obligatoriedad de utilizar medios de información y de comunicación electrónicos en todas las fases del procedimiento, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la transparencia en el mismo.

- Añade el principio de libre competencia que deberá cumplir la contratación.

- La obligación de garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalizaciones por su incumplimiento.

- Las prohibiciones para contratar, reguladas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para todas las entidades contratantes, y no solo respecto de los antes denominados organismos de derecho público y de las empresas públicas.

- La obligación de las entidades contratantes a dejar constancia en la documentación preparatoria del procedimiento de contratación de las necesidades a las que pretenden dar satisfacción con el mismo; se regula cómo debe ser calculado el presupuesto base de licitación por parte de las entidades contratantes pertenecientes al sector público; se detalla más pormenorizadamente el contenido mínimo de los pliegos.

- La obligatoriedad de disponer de un perfil de contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente.

- Se regula por primera vez el objeto del contrato, exigiéndose su determinación, prohibiéndose su fraccionamiento fraudulento; imponiéndose con carácter general la obligación de dividir en lotes el objeto del contrato siempre que la naturaleza del mismo lo permita, debiéndose justificar en el expediente la decisión contraria; y haciéndose una expresa referencia a las ofertas que combinen varios lotes o todos los lotes.

- Obligación de publicar un anuncio de modificación de contrato y de las alegaciones e informes recabados, además se introduce la posibilidad de resolver contratos durante su vigencia cuando no se den los requisitos legalmente establecidos que permitan su modificación.

Por otro lado, para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia de seguros privados y planes y fondos de pensiones, también recoge la transposición de la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribución de seguros y la transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, modificando entre otras normas la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

En cuanto a la normativa en materia fiscal, se recoge la transposición de la Directiva (UE) 2018/1910, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, que  modifica, entre otras,  la Ley y Reglamento del IVA.

Asimismo, modifica la regulación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y, por ende, la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el fin de transponer la Directiva (UE) 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y reforzando la seguridad jurídica.