Revisión de la normativa de ordenación territorial y urbanística en Castilla-La Mancha

La Comunidad de Castilla-La Mancha realiza una revisión de la normativa en materia de ordenación territorial y urbanística con la modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, y de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, dirigida a paliar los efectos de la pandemia y en la misma línea establecer mejores condiciones para el desarrollo de actividades económicas, sobre todo en el ámbito rural.

Para ello establece una serie de principios de desarrollo sostenible como la prevención y reducción del cambio climático, fomentar la innovación digital, favorecer la economía circular o favorecer el tránsito hacia un consumo energético de fuentes renovables con acciones fomentando el uso de  vehículos eléctricos. Además se apuesta por la edificación de cosumo casi nulo.

Por otra parte, se recogen medidas de mejora y agilización de los procedimientos urbanísticos, y agilización de los procedimientos urbanísticos en los contenidos y requisitos de figuras urbanísticas.

En esta misma línea se adoptan medidas en la tramitación de proyectos en suelo rústico a través de la figura de la calificación urbanística, como que se exima de ésta a pequeñas actuaciones de mera conservación y mantenimiento de edificaciones existentes.

Aborda la regulación de la reserva de suelo para viviendas sujetas a protección pública para evitar el estancamiento de estos suelos, y de dos figuras como son las autorizaciones provisionales y al régimen de fuera de ordenación, como objetivo para la dinamización económica. Con este mismo fin realiza una importante ampliación de los fines de los patrimonios públicos de suelo.

Se introduce en la figura de las Normas Técnicas de Planeamiento para que sirvan como modelo de normas urbanísticas y ordenanzas tipo para regular la edificación y usos del suelo en los municipios  pequeños.

Otra de las medidas que se establecen es la redistribución de las plusvalías generadas en desarrollos urbanísticos de ciertas dimensiones en los «mayores» municipios en favor de políticas que tengan al ámbito rural y a los pequeños municipios como especiales beneficiarios.

Además se establece la colaboración como apoyo técnico de los Colegios profesionales a los pequeños municipios supliendo así la falta de recursos humanos de éstos.