Regulación de entidades de prestación de servicios sociales en Castilla-La Mancha


Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

Vigente desde 07/03/2020 | DOCM 26/2020 de 7 de Febrero de 2020

Esta Ley recoge la regulación de las entidades del tercer sector social que, en colaboración con las administraciones públicas, actúan en el ámbito de  la prestación de servicios para la defensa de los derechos sociales, económicos y civiles.

Se dispone la creación de un inventario de entidades del tercer sector social  por la consejería competente con carácter público con el fin de elaborar información a efectos estadísticos, en coordinación con los instrumentos similares de otras Administraciones públicas.

La norma recoge los principios de actuación de estas entidades en colaboración con las Administraciones Públicas, entre los que se encuentra  la garantía del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y la cooperación con las Administraciones públicas en materias como la educación, el empleo, la vivienda, la salud y los servicios sociales, el fomento de los sistemas de responsabilidad pública y el apoyo a las familias, así como el impulso de la participación de la ciudadanía, promoviendo el voluntariado y la ayuda mutua.

La cooperación con la Administración conlleva una serie de obligaciones que han de cumplir las entidades del tercer sector social, como por ejemplo:

- Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.

- Emplear procedimientos participativos para la toma de decisiones.

- Garantizar unas condiciones laborales dignas al personal contratado remunerado.

-  Ser transparentes y rendir cuentas, interna y externamente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia.

Además, dispone la incorporación de las entidades del tercer sector social a los órganos de participación de la Administración autonómica, cuya actuación esté relacionada con los ámbitos de intervención social que se regulan en esta Ley.

Por otro lado, esta norma recoge una serie de medidas de promoción del tercer sector social que deben adoptar las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, entre las que se pueden destacar:

- Adecuar los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas, estableciendo a los programas superiores de un año una financiación plurianual, que tengan como destinatarias a las entidades del tercer sector social.

- Garantizar la participación del tercer sector en la planificación y seguimiento de las políticas sociales, de inclusión, infancia y familia, discapacidad, dependencia, exclusión social y/o pobreza, así como en las políticas de igualdad y empleo, con especial hincapié en el empleo femenino.

- Reconocer a las entidades del tercer sector social la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente.

También contempla la inclusión de su financiación a través de los Presupuestos Generales.

Por último, recoge una modificación a la Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, disponiendo la posibilidad de las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales de efectuar la provisión de prestaciones utilizando la gestión indirecta o colaboración previstas en el ordenamiento jurídico a través de entidades privadas de carácter social o mercantil. Asimismo, recoge el cambio de denominación  del “Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales” por “Registro de Servicios Sociales”.