Protocolo para los casos de ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19 y sus contactos estrechos o sospechosos en Ceuta


Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 10 de julio de 2020, por el que se establece el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.

BOCC Ext. 59/2020 de 14 de Julio de 2020

Este Decreto establece el aislamiento domiciliario durante al menos 14 días de los ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.

Las medidas que se lleven a la práctica se deben comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su ejecución así como para el auxilio a la autoridad sanitaria.

El incumplimiento de esta medida supone la posible comisión de un delito/falta contra la salud pública o de cualquier otro tipo, por lo que el expediente se debe trasladar al orden jurisdiccional competente por los Servicios Jurídicos de la Ciudad.

Por Decreto Núm. 5596, de fecha 10/07/2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el siguiente DECRETO:

La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, pandemia internacional por la crisis sanitaria COVID-19, debido al alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía.

Para evitar la propagación del virus y reducir su incidencia principalmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, al encontrarnos ante una crisis sanitaria de graves repercusiones, se declaró el Estado de Alarma por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Aún continuando vigente el Estado de Alarma se estableció un Plan de Transición a la Nueva Normalidad, que supuso la superación de las distintas fases por los municipios y el posterior levantamiento del Estado de Alarma. La principal consecuencia de ello es la continuidad de medidas sanitarias preventivas por las autoridades competentes para ello dentro del deber de cautela tanto de ciudadanos como de poderes públicos, y que conlleva la adopción de medidas sanitarias tendentes a la contención del COVID- 19 por dichas autoridades.

De acuerdo con el conocimiento disponible, la infección por SARS-CoV-2 supone un riesgo excepcional para la salud pública, dada su capacidad de rápida transmisión en la población, sobre todo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos contaminados, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión.

De conformidad con los protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y es fundamental asegurar que las medidas de aislamiento de los casos positivos a COVID-19, y sus contactos se realicen de la forma más rápida posible y correctamente, para así evitar esta diseminación de la infección. 

La trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso por distintos aspectos como pueden ser las dificultades de idioma, por las características de la vivienda, problemas socio-económicos entre otros. Existe la posibilidad de que estos aislamientos de casos COVID - 19, por algún motivo social o personal no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio, debiéndose prever la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento.

Como se ha demostrado en otras enfermedades infecciosas que requieren aislamiento domiciliario o institucionalizado, pueden plantearse dificultades para su cumplimiento efectivo que pueden estar relacionadas con problemas de comprensión de la importancia para la salud pública e individual. Las circunstancias pueden ser variables, bien porque haya personas que se nieguen a realizar el aislamiento o que lo hayan abandonado, o bien porque rehúyan el contacto con los servicios sanitarios y, por tanto, están exponiendo a su entorno a riesgos de transmisión de la infección.

La Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, por su carácter de ley orgánica, está dotada de rango jerárquico superior a una ley ordinaria, y resulta suficiente para la aplicación del aislamiento domiciliario por las autoridades sanitarias con competencia en materia de salud pública de manera directa, siempre que se den los supuestos de hecho que la norma prevé. Es decir, la medida sanitaria debe ser proporcional para garantizar la finalidad que se pretende, que no es otra que evitar el grave riesgo de salud pública por el alto poder de contagio del virus y, además al suponer restricción o privación de un derecho fundamental, debe ratificarse por el orden jurisdiccional.

Por lo tanto en la norma queda clara la capacidad de adopción de medidas extraordinarias por parte de la autoridad sanitaria competente, en este caso la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad como las actuales y realizar las acciones preventivas que correspondan. También se desprende de la normativa la exigencia de que las medidas sanitarias que se puedan adoptar sean proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a los que se les encomienda la tutela de los derechos fundamentales.

Consta informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica fechado y firmado digitalmente.

La Constitución Española cuyo art. 43. 2 encomienda a los poderes público el deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las Autoridades Sanitarias a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones preventivas generales. Se contempla en el art. 1 que: “las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. Su art. 2 dispone que: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por su parte, el art. 3 de la citada Ley Orgánica establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las que estén o hayan estado en contacto con las mismas y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Ley 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyo art. 8 apartado 6 le atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. Por lo tanto, será el Juez del contencioso-administrativo, mediante la autorización previa o la ratificación, quien controle la proporcionalidad de cualquier medida sanitaria que se pretenda poner en práctica, en cuanto tal medida lleve consigo la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, actuando así como garante de los derechos fundamentales del individuo.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su art. 26 dispone que: "1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas.

2.- La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó". Por Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, publicado en boletín extraordinario nº 53, se establecen las medidas de prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva Normalidad, y tras el levantamiento del Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación.

Por último y en relación al ámbito competencial es el Real Decreto 32/1999, de 15 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad, por el que se lleva a cabo el traspaso de la competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta.

Por Decreto de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020 ( Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, Extraordinario 19, de 3 de marzo)se atribuye a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación competencias en materia de salud publica y vigilancia epidemiológica.

En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta extr. 19, de 3 de marzo de 2020), en materia Salud Pública e Higiene.

HE RESUELTO:

Por Decreto Núm. 5596, de fecha 10/07/2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el siguiente DECRETO:

La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, pandemia internacional por la crisis sanitaria COVID-19, debido al alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía.

Para evitar la propagación del virus y reducir su incidencia principalmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, al encontrarnos ante una crisis sanitaria de graves repercusiones, se declaró el Estado de Alarma por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Aún continuando vigente el Estado de Alarma se estableció un Plan de Transición a la Nueva Normalidad, que supuso la superación de las distintas fases por los municipios y el posterior levantamiento del Estado de Alarma. La principal consecuencia de ello es la continuidad de medidas sanitarias preventivas por las autoridades competentes para ello dentro del deber de cautela tanto de ciudadanos como de poderes públicos, y que conlleva la adopción de medidas sanitarias tendentes a la contención del COVID- 19 por dichas autoridades.

De acuerdo con el conocimiento disponible, la infección por SARS-CoV-2 supone un riesgo excepcional para la salud pública, dada su capacidad de rápida transmisión en la población, sobre todo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos contaminados, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión.

De conformidad con los protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y es fundamental asegurar que las medidas de aislamiento de los casos positivos a COVID-19, y sus contactos se realicen de la forma más rápida posible y correctamente, para así evitar esta diseminación de la infección. 

La trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso por distintos aspectos como pueden ser las dificultades de idioma, por las características de la vivienda, problemas socio-económicos entre otros. Existe la posibilidad de que estos aislamientos de casos COVID - 19, por algún motivo social o personal no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio, debiéndose prever la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento.

Como se ha demostrado en otras enfermedades infecciosas que requieren aislamiento domiciliario o institucionalizado, pueden plantearse dificultades para su cumplimiento efectivo que pueden estar relacionadas con problemas de comprensión de la importancia para la salud pública e individual. Las circunstancias pueden ser variables, bien porque haya personas que se nieguen a realizar el aislamiento o que lo hayan abandonado, o bien porque rehúyan el contacto con los servicios sanitarios y, por tanto, están exponiendo a su entorno a riesgos de transmisión de la infección.

La Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, por su carácter de ley orgánica, está dotada de rango jerárquico superior a una ley ordinaria, y resulta suficiente para la aplicación del aislamiento domiciliario por las autoridades sanitarias con competencia en materia de salud pública de manera directa, siempre que se den los supuestos de hecho que la norma prevé. Es decir, la medida sanitaria debe ser proporcional para garantizar la finalidad que se pretende, que no es otra que evitar el grave riesgo de salud pública por el alto poder de contagio del virus y, además al suponer restricción o privación de un derecho fundamental, debe ratificarse por el orden jurisdiccional.

Por lo tanto en la norma queda clara la capacidad de adopción de medidas extraordinarias por parte de la autoridad sanitaria competente, en este caso la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad como las actuales y realizar las acciones preventivas que correspondan. También se desprende de la normativa la exigencia de que las medidas sanitarias que se puedan adoptar sean proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a los que se les encomienda la tutela de los derechos fundamentales.

Consta informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica fechado y firmado digitalmente.

La Constitución Española cuyo art. 43. 2 encomienda a los poderes público el deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las Autoridades Sanitarias a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones preventivas generales. Se contempla en el art. 1 que: “las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. Su art. 2 dispone que: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por su parte, el art. 3 de la citada Ley Orgánica establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las que estén o hayan estado en contacto con las mismas y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Ley 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyo art. 8 apartado 6 le atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. Por lo tanto, será el Juez del contencioso-administrativo, mediante la autorización previa o la ratificación, quien controle la proporcionalidad de cualquier medida sanitaria que se pretenda poner en práctica, en cuanto tal medida lleve consigo la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, actuando así como garante de los derechos fundamentales del individuo.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su art. 26 dispone que: "1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas.

2.- La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó". Por Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, publicado en boletín extraordinario nº 53, se establecen las medidas de prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva Normalidad, y tras el levantamiento del Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación.

Por último y en relación al ámbito competencial es el Real Decreto 32/1999, de 15 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad, por el que se lleva a cabo el traspaso de la competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta.

Por Decreto de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020 ( Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, Extraordinario 19, de 3 de marzo)se atribuye a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación competencias en materia de salud publica y vigilancia epidemiológica.

En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta extr. 19, de 3 de marzo de 2020), en materia Salud Pública e Higiene.

HE RESUELTO:

PRIMERO 

De conformidad con el informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica procede dictar Decreto y publicar en el BOCCE, en el siguiente sentido: Aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante al menos 14 días desde el momento en que tengan conocimiento de ello por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad y hasta tanto sea levantado el aislamiento por la autoridad sanitaria.

SEGUNDO 

La notificación formal, remisión de correo electrónico o llamada telefónica por agentes de salud de la Consejería supone el inicio del aislamiento domiciliario forzoso así como de las normas enviadas y que suponen la imposibilidad de salir de su domicilio ni de entrada de ninguna persona, salvo los servicios de asistencia sanitaria.

TERCERO 

La medida sanitaria será levantada por la misma autoridad sanitaria que la adoptó cuando se produzca una modificación de las circunstancias, la obtención de un resultado negativo a COVID-19 o cualquier otra que permita dicho levantamiento por la autoridad sanitaria.

CUARTO 

Simultáneamente a la adopción de la medida de aislamiento domiciliario forzoso, el expediente se trasladará a los Juzgados Contencioso – Administrativos de Ceuta, en los casos de incumplimiento probado, para su ratificación al tratarse de una medida de privación de derechos fundamentales., a través del servicio competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

QUINTO 

El incumplimiento de la medida sanitaria preventiva de aislamiento domiciliario supondrá la posible comisión de un delito/falta contra la salud pública o de cualquier otro tipo, siendo trasladado el expediente al orden jurisdiccional competente por los Servicios Jurídicos de la Ciudad, teniendo en cuenta el grave riesgo para la salud pública por el alto poder de contagio del COVID-19.

SEXTO 

Todas las medidas serán objeto de traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su ejecución así como para el auxilio a la autoridad sanitaria.

SEPTIMO 

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del decreto, todo ello sin perjuicio de que pueda, en su caso, interponer cualquier otro que estime procedente.

En Ceuta, firmado electrónicamente.

FRANCISCO JAVIER GUERRERO GALLEGO

CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBIERNO

FECHA 13/07/2020