Plan de desescalada para la recuperación de la actividad de la Administración de Justicia


Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

BOE 129/2020 de 9 de Mayo de 2020

Reducida la actividad de la Administración de Justicia a la atención de los servicios esenciales, y ante el período de transición hacia la nueva normalidad que se está experimentando en otros sectores, es preciso preparar la reactivación de este servicio público  de forma gradual en consonancia con las nuevas indicaciones ofrecidas por la Autoridad Sanitaria en el periodo de transición, de cara a la reincorporación del personal y la recuperación de la actividad ordinaria. Para ello se acuerda lo siguiente:

1.- Se establecen las Medidas preventivas de seguridad laboral para la recuperación progresiva de la actividad ordinaria de la  Administración de Justicia:

a) De protección colectiva, como la organización del trabajo, la instalación de barreras físicas p.e. a través de mamparas, respeto de la distancia mínima interpersonal, atención pública preferentemente vía telefónica o por correo electrónico, y si no fuera posible mediante cita previa, utilización de geles hidroalcoholicos. Además:

La distancia social es la principal medida de protección.

El centro de trabajo debe escalonar los horarios si no fuese posible guardar la distancia interpersonal.

Se debe procurar un distanciamiento temporal en los señalamientos o citaciones.

Utilización preferente de medios telemáticos.

Se debe priorizar la utilización de videollamadas u otros medios análogos para la comunicación de los presos en lugar de trasladarlos a la sede judicial.

b) De protección individual, para cuando no se pueda garantizar la protección mediante las medidas de protección colectiva:

La utilización de los EPI debe ser la principal medida de protección individual. No se considera imprescindible la utilización de mascarilla si se respeta la distancia mínima interpersonal y se usan los medios de protección colectiva. Sí se debe utilizar guantes si se maneja pequetería o recepción de documentos. El personal de limpieza debe utilizar guantes y mascarilla de un solo uso.

Si se ha tenido contacto estrecho con una persona afectada por COVID-19, no se puede acudir al trabajo hasta transcurridos 15 días.

Para las situaciones de aislamiento preventivo, se debe facilitar el teletrabajo.

Se deben establecer medidas de información tanto para trabajadores como para el público en general que garanticen el cumplimiento de las medidas de protección, p.e. mediante carteles informativos o las que posibiliten la distancia interpersonal.

2.- Se acuerda la adopción de un Plan de desescalada organizado en 4 fases de incorporación gradual del personal que presta sus servicios en los centros de destino del art. 521 de la LO 6/1985:

Fase 1. Se incorporan al centro entre el 30 y el 40% del personal, con las excepciones que se recogen en la Orden. Por razones de servicios puede justificarse un porcentaje superior. Esta fase es aplicable a partir del 12 de mayo de 2020.

Fase 2. Asisten  al centro de trabajo entre el 60 y el 70%, después de una semana de haberse iniciado la Fase 1.

Fase 3. Transcurridas  dos semanas desde el inicio de la Fase 2, se debe incorporar el 100% del personal.

Fase 4.  Deben estar incorporados el 100% de los trabajadores en su jornada ordinaria.

El Ministro de Justicia, previa comunicación a la Comisión de Coordinación, puede modificar estas fases para adaptarlas a los cambios en los escenarios de lucha contra el COVID-19, siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la Autoridad Sanitaria y siguiendo la metodología de trabajo de la Comisión de Coordinación de Justicia para el COVID-19.

3.- Criterios para el establecimiento de turnos de tarde:

Solo pueden acordarse estos turnos con motivo de atender a las necesidades provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19.

La dotación de personal del turno de mañana siempre debe superar a la de la tarde, siendo la proporción del 70-80% para la mañana y de 20-30% para la tarde.

La elección del turno de tarde es voluntaria, teniendo preferencia para elegirlo quienes dispongan de permiso por razón de cuidado de menores o mayores dependientes y después por antigüedad. En caso de que no haya voluntarios, se debe confeccionar un turno forzoso rotario.

 

La declaración de estado de alarma por razón de la alerta sanitaria generada por la propagación del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas sociales de contención inéditas en nuestra historia reciente. En el ámbito de la Administración de Justicia su aplicación ha llegado a suponer la reducción de su actividad a la atención estricta de los servicios esenciales en las fases más restrictivas de la movilidad de las personas.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, incluye numerosas referencias preventivas que deben aplicarse y combinarse con cualquier actuación durante el periodo de transición a la nueva normalidad, de cara a la reincorporación del personal y la progresiva recuperación de la actividad ordinaria.

Con fecha 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad, previendo la reactivación de diversos sectores.

Uno de los ámbitos de actividad de servicio público que debe ser reactivado es el de la Administración de Justicia, cuyo funcionamiento ha quedado reducido en los últimos meses a la estricta atención de los servicios esenciales. Dicha reactivación pasa, en primer lugar, por la adopción de un Esquema de Seguridad Laboral, cuya observancia resulta fundamental para proporcionar las máximas garantías de seguridad a todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y, al propio tiempo, por el establecimiento de un Plan de Desescalada, con diferentes fases, que se activarán en función de las indicaciones de la autoridad sanitaria, y que permitirán incrementar de manera progresiva la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, hasta poder contar en la última fase con el 100% del personal en sus respectivas sedes de manera presencial y con el 100% del servicio público de justicia restablecido.

La presente orden se dicta en virtud de las funciones de coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado, establecidas en el artículo primero de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y en el artículo tercero, que habilita al Ministro de Justicia para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para garantizar una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para la salvaguarda de la Salud Pública.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en consultas con los Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, así como las organizaciones sindicales, y de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Central Sanitaria en virtud de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, resuelvo:

La declaración de estado de alarma por razón de la alerta sanitaria generada por la propagación del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas sociales de contención inéditas en nuestra historia reciente. En el ámbito de la Administración de Justicia su aplicación ha llegado a suponer la reducción de su actividad a la atención estricta de los servicios esenciales en las fases más restrictivas de la movilidad de las personas.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, incluye numerosas referencias preventivas que deben aplicarse y combinarse con cualquier actuación durante el periodo de transición a la nueva normalidad, de cara a la reincorporación del personal y la progresiva recuperación de la actividad ordinaria.

Con fecha 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad, previendo la reactivación de diversos sectores.

Uno de los ámbitos de actividad de servicio público que debe ser reactivado es el de la Administración de Justicia, cuyo funcionamiento ha quedado reducido en los últimos meses a la estricta atención de los servicios esenciales. Dicha reactivación pasa, en primer lugar, por la adopción de un Esquema de Seguridad Laboral, cuya observancia resulta fundamental para proporcionar las máximas garantías de seguridad a todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y, al propio tiempo, por el establecimiento de un Plan de Desescalada, con diferentes fases, que se activarán en función de las indicaciones de la autoridad sanitaria, y que permitirán incrementar de manera progresiva la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, hasta poder contar en la última fase con el 100% del personal en sus respectivas sedes de manera presencial y con el 100% del servicio público de justicia restablecido.

La presente orden se dicta en virtud de las funciones de coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado, establecidas en el artículo primero de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y en el artículo tercero, que habilita al Ministro de Justicia para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para garantizar una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para la salvaguarda de la Salud Pública.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en consultas con los Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, así como las organizaciones sindicales, y de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Central Sanitaria en virtud de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, resuelvo:

Primero. 

Se aprueban las medidas de seguridad laboral para mitigación del riesgo de propagación del COVID-19 contenidas en el anexo I.

Segundo. 

Se aprueba el Plan de Desescalada contenido en el anexo II.

Se activa la Fase I del Plan con efectos desde el 12 de mayo de 2020.

Tercero. 

Se aprueban los criterios para la asistencia en turnos de tarde contenidos en el anexo III.

Cuarto. 

El Ministro de Justicia, previa comunicación a la Comisión de Coordinación, podrá modificar las fases comprendidas en el Plan de Desescalada, para adaptarlas a los cambios en los escenarios de lucha contra el COVID-19, siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la Autoridad Sanitaria y siguiendo la metodología de trabajo de la Comisión de Coordinación de Justicia para el COVID-19.

Quinto. 

Esta orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto. 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 8 de mayo de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.