Nuevo marco para la protección del alumnado, la convivencia escolar y la promoción del bienestar en los centros educativos de Canarias

PREÁMBULO.

I

La educación debe promover las aptitudes interculturales, la convivencia y los valores democráticos, el respeto de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, la lucha contra toda forma de discriminación y el respeto a las diferencias individuales. Asimismo, el sistema educativo ha de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que interactúe positivamente entre sí y para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio.

Al mismo tiempo, la educación es el medio de transmitir y renovar el patrimonio cultural y medioambiental, así como el acervo de conocimientos y valores que lo sustentan, y de promover la solidaridad, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria igualdad y cohesión social. De esta forma, las diferentes Leyes Orgánicas que han regulado el sistema educativo español han recogido estos planteamientos.

El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (en adelante, LOMLOE), tiene como principios del sistema educativo español la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación, y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 por España, como se determina en el artículo 1.b).

Igualmente, el artículo 1.k) de la LOE, en su redacción actual introducida por la LOMLOE, tiene en consideración la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y, en especial, en el del acoso y ciberacoso escolares, con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.

Otro aspecto importante que contiene la LOE, se determina en el artículo 1.l) tras la modificación introducida por la LOMLOE, que versa sobre el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como sobre el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

El presente Decreto tiene también en cuenta los artículos 3.1 y 4.1 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, que se refieren a los principios generales que reglamentan el Sistema de Formación Profesional, y a los derechos individuales y sociales que se les reconoce a todas las personas, respectivamente.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, el artículo 3.d) de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, determina como uno de los principios rectores que rigen el sistema educativo canario el siguiente: “la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. En este sentido, se tiene en consideración, además, el modelo educativo canario fundamentado en la educación inclusiva, una de las líneas de acción institucional reguladas para atender la diversidad.

De esta manera, el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, concreta que la inclusión supone un marco de referencia amplio sobre los derechos de las personas y, especialmente, de aquellas que, por distintas razones, puedan encontrarse en mayor riesgo de exclusión y de abandono escolar, y está orientada a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad de alumnado, profesorado, familias y comunidad que se encuentra en los centros educativos. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en el referente desde el que promover las políticas e intervenciones educativas de carácter inclusivo, planteadas como un derecho en condiciones de justicia y equidad social.

En este sentido, todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes básicos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentre cursando. Asimismo, tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.

Educar para la convivencia y el bienestar constituye un principio esencial y fundamental en el sistema educativo canario. Es responsabilidad, en consecuencia, de la Administración competente en materia educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias impulsar una educación en valores fundamentada en la cultura de la paz, y en la convivencia, el bienestar y la igualdad de todas las personas, para la consolidación de una sociedad democrática, que erradique situaciones discriminatorias y promueva el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos.

Por todo ello, la construcción activa de un clima de convivencia escolar adecuado es una responsabilidad que tiene que ser asumida y compartida por la comunidad educativa, y corresponde, de manera particular, a los propios centros educativos su planificación y gestión.

II

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por España en 1990, reconoce en su artículo 28 el derecho a la educación de los niños y las niñas, y establece en su artículo 29 que la educación debe fomentar el pleno desarrollo de la personalidad, las aptitudes y las capacidades de la infancia y el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales, así como preparar a los niños y las niñas a asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, tolerancia, respeto a la orientación sexual e identidad de género, paz e igualdad entre los pueblos.

Además, la Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, UNESCO) y firmada por ciento sesenta países ‒España, entre ellos‒, en el Marco de Acción para la realización del objetivo 4 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene entre sus propósitos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda su vida. Por ello, el sistema educativo debe permitir que la ciudadanía adquiera las competencias clave necesarias que permitan su aprendizaje continuo, una participación activa en la sociedad y el diálogo intercultural. Por esta razón, la educación debe promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de los derechos fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de discriminación, y proporcionar, en consecuencia, las herramientas necesarias para que cualquier persona en edad de formación pueda interactuar positivamente con otras de distinta o diversa procedencia.

Asimismo, son de especial relevancia para el presente Decreto: en el plano internacional, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 1 determina que el propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, reconociendo, en este caso, que el perfil del alumnado con discapacidad está cambiando, como está cambiando y evolucionando nuestra sociedad, hecho que afecta al sistema educativo, en general, y a la escuela, en particular; a nivel estatal, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la LOMLOE; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y, muy especialmente, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; y en el ámbito autonómico, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores; la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria; la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias; la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales; el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; y la Orden de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Igualmente, serán tenidas en consideración cuantas normas se dicten al efecto sobre la regulación del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos y su incidencia en el ámbito de la convivencia y del bienestar escolar a nivel estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El reconocimiento de los derechos de todas las personas en el ámbito de la educación y la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y modalidades, que confieren los artículos 21 y 133, respectivamente, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde, en consecuencia, a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, el artículo 104 de la norma institucional autonómica reconoce la competencia exclusiva para establecer la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que incluye, en todo caso, la facultad para crear, modificar y suprimir los órganos administrativos. Igualmente, su artículo 106 confiere a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia en materia de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas canarias que incluye, en todo caso, la aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Canarias o de las especialidades de la organización de la Administración Pública canaria.

Por otro lado, en su artículo 50.3 se atribuye, entre las funciones del Gobierno, la potestad reglamentaria. En este mismo sentido, el artículo 28.d) y el artículo 77.1.a) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, determinan que las disposiciones generales del Consejo de Gobierno revestirán la forma de Decreto.

En relación con esta competencia, la Orden de 28 de diciembre de 2023, del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, por la que se aprueba la propuesta del Plan Estratégico Departamental 2024-2027 (PED 2024-2027), modificada por las Órdenes de 10 de abril y de 31 de octubre de 2024, y de 17 de octubre de 2025, establece como Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito escolar en el sistema educativo canario para llegar a la media española y europea”, y, entre sus objetivos específicos, el siguiente: “Mejorar la convivencia y consolidar un modelo de convivencia positiva coeducativo, implementando planes de igualdad, logrando que los centros educativos sean lugares libres de desigualdad y sexismo, impulsando la igualdad de género, previniendo la violencia de género y sexual, y promoviendo el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género”.

Por todo ello, el presente Decreto es necesario para seguir ofreciendo un sistema educativo de calidad y una educación integral al alumnado en valores de convivencia, respeto, tolerancia, y en cuanto a la ética y la responsabilidad digital, así como para prevenir la violencia y garantizar su bienestar también en el entorno digital, evitando, de esta manera, los riesgos y las amenazas que afecten a los derechos y garantías digitales negativas como el acoso y el ciberacoso escolares, la suplantación de identidad, y la desinformación y el empleo irresponsable de las redes sociales y de la inteligencia artificial para garantizar el bienestar físico, psicológico y social del alumnado en el uso de las tecnologías digitales, en línea con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Su aprobación es una cuestión de interés general para la comunidad educativa, aporta seguridad jurídica y garantiza la igualdad para todo el alumnado de Canarias.

III

El presente Decreto está integrado por cincuenta y tres artículos, distribuidos en cuatro títulos, en los que el Título II tiene tres capítulos; el Título III, cuatro; y el Título IV, dos. Además, incorpora seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

En el Título I [Disposiciones Generales], se establecen el objeto y el ámbito de aplicación; las definiciones de diferentes conceptos de uso a lo largo del Decreto; los principios generales que se articulan en este, según lo regulado en la LOE; la condición del profesorado como autoridad pública y las garantías en cuanto a los derechos y deberes de las comunidades educativas, así como a la confidencialidad de los datos personales y de cualquier otra información que pudiera afectar a la imagen y dignidad personal de cualquier miembro de estas.

El Título II [Gestión de la convivencia y promoción del bienestar] consta de tres capítulos: Capítulo I [Documentos para la planificación y el seguimiento de la mejora de la convivencia y del bienestar], Capítulo II [Organización de los centros educativos. Distribución de responsabilidades y funciones] y Capítulo III [Medidas y estrategias para la mejora de la convivencia y del bienestar]. En el Capítulo I del Título II se determinan los documentos para la adecuada planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia y del bienestar de la comunidad educativa: el Plan de convivencia, las normas de convivencia, las normas de aula, el Plan de acción tutorial, el Plan de igualdad, el Plan digital y el Plan de atención a la diversidad. El Capítulo II del Título II establece las funciones y competencias del equipo directivo, Consejo Escolar o Consejo Social y Claustro del profesorado en cuanto al bienestar y la convivencia escolar. Igualmente, establece la constitución del equipo de gestión de la convivencia, del servicio de mediación y de la figura de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado. Así mismo, se concretan las funciones y competencias del orientador o de la orientadora del centro educativo dentro del equipo de gestión de la convivencia. Finalmente, se dedican varios artículos a la constitución de la junta de delegados y delegadas y de las asociaciones de familias y alumnado; a las funciones de la Inspección de Educación en lo vinculado a la mejora del bienestar y la convivencia y a la creación del Observatorio canario para la convivencia escolar. El Capítulo III del Título II versa sobre las medidas generales y actuaciones de apoyo a los centros y las estrategias para favorecer la convivencia y el bienestar en el centro, entre las que se encuentran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el sistema de apoyo entre iguales, las tutorías afectivas, los patios para la convivencia, la educación emocional o el aula de convivencia, entre otras.

El Título III [Derechos y deberes de la comunidad educativa en el ámbito de la convivencia] se desarrolla en cuatro capítulos: el Capítulo I [Derechos y deberes del alumnado en el ámbito de la convivencia. Defensa de los derechos del alumnado], que está dividido en dos secciones: la Sección 1.ª [Derechos y deberes del alumnado en el ámbito de la convivencia] y la Sección 2.ª [Defensa de los derechos del alumnado]; el Capítulo II [Derechos y deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia]; el Capítulo III [Derechos y deberes de las familias en el ámbito de la convivencia]; y el Capítulo IV [Derechos y deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia]. En este caso, se desarrollan, de manera similar, en cada capítulo los derechos y los deberes de las personas que integran la comunidad educativa, siendo la Consejería competente en materia educativa y los centros educativos los que velen por su cumplimiento.

Finalmente, el Título IV [Conductas contrarias a la convivencia, medidas preventivas y correctoras, y procedimientos aplicables] se estructura en dos capítulos: Capítulo I [Conductas contrarias a la convivencia] y Capítulo II [Aplicación de medidas y procedimientos ante conductas contrarias a la convivencia]. En este caso, el Capítulo I está integrado únicamente por tres preceptos (artículos 37 a 39) y el Capítulo II está dividido en tres secciones: la Sección 1.ª [Disposiciones generales], la Sección 2.ª [Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia] y la Sección 3.ª [Procedimientos aplicables ante conductas contrarias a la convivencia].

De esta manera, en el Capítulo I se regulan las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, grave y muy grave, siendo los centros educativos quienes deberán explicitar en sus planes de convivencia los diferentes tipos de conductas que perjudican la convivencia escolar.

Asimismo, en la Sección 1.ª del Capítulo II se establecen los criterios generales para la aplicación de medidas preventivas y correctoras por el incumplimiento de las normas establecidas preceptivamente, la graduación de las medidas preventivas y correctoras aplicables para las conductas contrarias para la convivencia, los procedimientos de actuación con el alumnado durante la aplicación de las medidas correctoras, y los plazos de prescripción de las conductas contrarias a la convivencia según la tipología de las faltas cometidas.

Por su parte, la Sección 2.ª del Capítulo II trata sobre las medidas aplicables antes conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, grave y muy grave, así como las medidas específicas que se adoptarán en los casos del alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Finalmente, la Sección 3.ª del Capítulo II versa sobre el procedimiento de mediación formal, el procedimiento disciplinario para conductas muy graves contrarias a la convivencia, las medidas cautelares durante la aplicación del procedimiento disciplinario, el procedimiento de conciliación para solucionar un conflicto de convivencia, el procedimiento de intervención frente al acoso y al ciberacoso escolares, y el procedimiento de intervención frente a la violencia de género en el ámbito educativo.

El presente Decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 66 y 80.5 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para acometer en el ámbito educativo las rápidas y continuas transformaciones sociales experimentadas en los últimos años a consecuencia de la globalización; la movilidad poblacional; la tecnología y el desarrollo de las redes sociales y de la inteligencia artificial; y la diversidad social, cultural y religiosa, y que afectan, en especial, a la gestión de la convivencia escolar y al bienestar de las comunidades educativas, en general, y de nuestro alumnado, en particular.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad esta norma contiene la regulación de los derechos y deberes de cada una de las partes que forman una comunidad educativa en materia de convivencia; el establecimiento de normas que sirvan para la gestión de situaciones que afectan a la convivencia del centro educativo; las medidas organizativas para que los centros educativos, en el uso de su autonomía, definan sus propios planes de convivencia y concreten las funciones de la figura de la persona coordinadora del bienestar y de la protección del alumnado; la difusión de protocolos de actuación para respetar la identidad, la integridad y la dignidad de las personas dentro del ámbito escolar; la reglamentación de la mediación o de otras vías alternativas para la resolución pacífica de conflictos; y las pautas para la resolución de nuevas formas de acoso escolar relacionadas con las herramientas y los recursos tecnológicos y digitales.

Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, este Decreto resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Por último, se ha dado cumplimiento al principio de transparencia, ya que se ha garantizado, en todo momento, en la tramitación del proyecto, la audiencia e información públicas, por lo que las potenciales personas, asociaciones o colectivos destinatarios de esta norma han tenido la posibilidad de participar activamente en su elaboración, aportando diferentes propuestas y sugerencias.

En cuanto a la redacción del presente Decreto y en lo que respecta a la igualdad y expresión de género, se ha dado cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y a la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

En su virtud, en ejercicio de la potestad reglamentaria que confiere al Gobierno el artículo 28.d) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, una vez oído el Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el Dictamen n.º 337/2026, de 17 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de conformidad con el artículo 58.1.a) de la mencionada Ley, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de octubre de 2026,

DISPONGO:

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 
Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los derechos y deberes de la comunidad educativa, y establecer las estrategias, las normas y los procedimientos para la gestión positiva de los conflictos entre el alumnado y de este con el resto de la comunidad educativa, con el fin de garantizar el bienestar de toda la comunidad.

2. Será de aplicación en todos los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias de titularidad pública y, en su caso, en aquellos centros privados financiados con fondos públicos.

3. Los centros educativos privados no sostenidos con fondos públicos, en el marco de la autonomía reconocida por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE), o normativa legal que las sustituyan, gozarán de autonomía para establecer su régimen interno y sus normas de convivencia, que, en todo caso, deberán respetar los derechos y las libertades reconocidos a los miembros de la comunidad educativa en dichas leyes orgánicas.

Artículo 2. 
Definiciones.

A los efectos del presente Decreto, se entenderá por:

a) Bienestar escolar: situación que se da cuando, dentro del contexto educativo, se generan relaciones equitativas, pacíficas e inclusivas, que favorecen tanto a la persona como a la comunidad.

b) Ciberconvivencia escolar: interrelación entre los miembros de la comunidad educativa en el espacio virtual y digital, incluyendo las redes sociales y plataformas educativas, que debe desarrollarse en un marco de respeto mutuo, empatía, y uso responsable y ético de las tecnologías de la información y la comunicación.

c) Convivencia escolar: interrelación entre las personas integrantes de la comunidad educativa que influye en su bienestar personal y social, así como en el aprendizaje competencial y en el desarrollo integral del alumnado.

d) Convivencia positiva: construcción de un modelo de convivencia basado en el respeto hacia uno mismo o una misma, hacia las demás personas y hacia el entorno, y en la aceptación asertiva de las diferencias como una oportunidad de desarrollo personal y social, a través de la gestión pacífica de los conflictos. Es, además, la base imprescindible para alcanzar, en un entorno de respeto y empatía, el éxito formativo y un aprendizaje significativo.

e) Conflicto de convivencia: situación que se produce cuando se deterioran las relaciones interpersonales, generando daño físico o emocional individual o colectivo. Debe ser considerado como una oportunidad para el aprendizaje, y para el crecimiento personal y social.

f) Conducta inadecuada: conducta negativa de cualquier componente de la comunidad educativa que perjudica el clima escolar, así como los procesos de aprendizaje y desarrollo competencial del alumnado.

g) Conducta disruptiva: conducta inadecuada del alumnado que imposibilita la labor docente e interfiere en los procesos de aprendizaje y desarrollo competencial de sus compañeros o compañeras y del suyo propio, alterando el bienestar colectivo. Esta conducta es obstaculizadora de la convivencia positiva y susceptible de la aplicación de medidas educativas.

h) Gestión y resolución pacífica de conflictos: procedimiento cuyo objetivo es afrontar y resolver los conflictos como una oportunidad para mejorar la convivencia y reforzar las relaciones interpersonales.

i) Mediación escolar: procedimiento para gestionar de manera pacífica los conflictos, en el que las partes implicadas y la persona mediadora buscan, de forma voluntaria, un acuerdo a través del diálogo.

j) Violencia escolar: violencia que se manifiesta en el centro educativo y alrededor de este, padecida y ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa o del entorno. Se determinan las siguientes formas de violencia en el ámbito escolar:

- La violencia física, es decir, toda forma de agresión física, con la intención de herir.

- La violencia psicológica se manifiesta mediante agresiones verbales o emocionales, entre las que figuran todas las formas de exclusión, rechazo, insultos, propagación de rumores, mentiras, injurias, burlas, humillaciones, amenazas o castigos psicológicos.

- La violencia sexual, que incluye cualquier tipo de agresión de carácter sexual.

- La violencia de género es cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad de poder ejercido por un hombre sobre una mujer en el marco de una relación sentimental presente o pasada. Entre adolescentes se manifiesta en forma de abuso verbal, psicológico y, en menor medida, económico, sexual o físico. Este tipo de violencia también abarca a menores que se encuentran en el entorno de las mujeres víctimas de violencia de género.

- El acoso escolar se define como el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, con graves consecuencias socioemocionales. De forma generalizada, el acoso escolar trasciende el espacio físico y se ejerce también en el entorno virtual.

- El ciberacoso escolar es un tipo de acoso que se ejerce en entornos y plataformas virtuales, vinculados exclusivamente al ámbito educativo, y llevado a cabo únicamente dentro del entorno del centro escolar, a través del uso de diferentes medios telemáticos de comunicación y de relación. Presenta unas características específicas, entre las que se encuentran la inmediatez, la creencia de anonimato de la persona acosadora, la huella digital o la persistencia en el tiempo, o el ilimitado número de personas observadoras.

Artículo 3. 
Principios generales.

1. En el marco de los principios y fines de la educación establecidos en los artículos 1 y 2 de la LOE, o normativa legal que la sustituya, son principios generales que informan el presente Decreto los siguientes:

a) La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la ciudadanía democrática, la responsabilidad, la igualdad y el respeto.

b) La educación en el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.

c) La educación para la convivencia pacífica, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, que impulse los principios de una cultura de paz, así como la mediación como herramienta prioritaria para la resolución de conflictos.

d) La equidad y la inclusión educativa que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad o situación de vulnerabilidad.

e) La educación en una cultura de la no violencia en los diferentes ámbitos de la vida personal, familiar y social, para prevenir y evitar cualquier tipo de violencia, en especial, la violencia de género y el acoso y ciberacoso escolares, con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato o discriminación, y reaccionar frente a ella.

f) La educación del alumnado en el conocimiento de las normas que regulan la sociedad digital y en el aprendizaje de un uso seguro, ético y respetuoso de los medios digitales y de las redes sociales, haciendo hincapié en el respeto a la intimidad individual y colectiva.

g) El respeto por los derechos y deberes de toda la comunidad educativa, y la garantía de su protección y defensa.

h) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, y equipos directivos en la gestión de la convivencia, y la necesaria protección jurídica a sus funciones.

i) La participación activa y la corresponsabilidad de la familia y del resto de la comunidad educativa en la construcción de una convivencia escolar positiva.

j) La relevancia de los órganos colegiados, del equipo directivo, del equipo de gestión de la convivencia y de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, en el impulso del bienestar y de la convivencia del centro, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

k) La gestión de conflictos por medio de procedimientos internos de prevención y de resolución que cada centro educativo establezca y defina en su Plan de convivencia, como una oportunidad para mejorar el clima escolar y para contribuir al desarrollo integral del alumnado.

l) La flexibilidad para adecuar los diferentes procedimientos para la gestión de conflictos y para la promoción de una convivencia positiva a la diversidad de capacidades y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

m) La importancia de que los centros educativos sean entornos amables, espacios seguros y de protección para el alumnado y para su bienestar emocional, tanto en los espacios físicos como en los entornos digitales, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya, de forma que se favorezca el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo.

n) La colaboración del centro educativo con instituciones y agentes sociales, especialmente, con los de su entorno, con el objetivo de contribuir a la mejora del bienestar y de la convivencia del centro.

o) La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad que garantice que la información, los recursos educativos y las actividades sean accesibles para todas las personas.

p) La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, el control del cumplimiento y la evaluación de las normas de convivencia del centro, y del profesorado y alumnado, en las normas de aula.

2. Los procedimientos para gestionar los conflictos previstos en el presente Decreto se regirán por los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad, primando siempre el interés superior del menor, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o ley orgánica que la sustituya, sin perjuicio de la obligación de la dirección y del profesorado de los centros educativos de comunicar al Ministerio Fiscal las conductas contrarias a la convivencia que pudieran ser constitutivas de infracción penal, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 40 del presente Decreto.

3. La finalidad de las medidas correctoras será esencialmente educativa y restaurativa, teniendo en cuenta la situación y las condiciones personales del alumnado. El cumplimiento de dichas medidas debe integrarse en la práctica educativa, contribuyendo, de manera especial, al desarrollo de la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender, la Competencia Ciudadana y la Competencia Digital.

4. Los centros educativos elaborarán un Plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y las condiciones personales del alumnado, en consonancia con lo establecido en el artículo 124.1 de la LOE, o normativa legal que la sustituya.

Artículo 4. 
Condición del profesorado como autoridad pública.

Los miembros del equipo directivo y el profesorado, en el ejercicio de sus funciones, serán considerados autoridad pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 124.3 de la LOE o normativa legal que la sustituya. A tal efecto, se establece lo siguiente:

a) El profesorado gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

b) En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el profesorado y las personas integrantes del equipo directivo de los centros educativos tendrán valor probatorio y gozarán de presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar el propio alumnado.

c) El profesorado, en el ejercicio de sus funciones docentes y dentro del marco de su autonomía pedagógica, podrá adoptar las decisiones que considere más adecuadas, dentro de lo regulado en este Decreto, para mantener un ambiente de convivencia positiva y respeto, contribuyendo así a una enseñanza de calidad, de conformidad con el proyecto educativo del centro.

d) La Consejería competente en materia de educación velará por que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración que le corresponden, conforme a la importancia social de la tarea que desempeña, garantizando la asistencia jurídica y la cobertura de la responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio legítimo de sus funciones.

Artículo 5. 
Garantías.

1. Corresponde a la Consejería competente en materia educativa y a los órganos de gobierno de los centros educativos, en los ámbitos que les corresponden, promover que los derechos y deberes del alumnado, de las familias, del profesorado y del personal de administración y servicios sean conocidos, garantizados y ejercidos correcta y efectivamente por la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, en la LOE o normativa legal que la sustituya, y en otras normativas de aplicación.

2. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o normativa legal estatal o europea que los sustituyan, los centros educativos garantizarán la confidencialidad de los datos personales y de cualquier otra información que pudiera afectar a la imagen y dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la propia institución educativa. Asimismo, los centros educativos adoptarán medidas específicas para la protección de los datos personales del alumnado víctima de violencia o en situación de especial vulnerabilidad.

3. La Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia jurídica de todo el profesorado, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso del profesorado de los centros públicos, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen. Esta asistencia jurídica se extenderá tanto a procedimientos judiciales iniciados contra el profesorado como a los que este inicie en defensa de sus derechos, siempre que los hechos que los originen estén directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones.

4. Corresponde a la Consejería competente en materia educativa establecer o actualizar los protocolos de actuación en los casos de maltrato, acoso escolar, ciberacoso escolar, violencia de género, discriminación o cualquier otra manifestación de violencia, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 124.5 de la LOE, así como los requisitos y procedimientos para la comunicación inmediata de las situaciones de violencia que se produzcan en el ámbito escolar, de conformidad con lo regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que las sustituyan.

5. Los centros educativos adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los entornos digitales de aprendizaje sean seguros y estén libres de violencia, estableciendo protocolos específicos para la prevención, detección e intervención ante el ciberacoso escolar y otras formas de violencia digital dentro del ámbito y el entorno escolar, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya y en coordinación con la figura de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.

TÍTULO II. 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR

CAPÍTULO I. 
DOCUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEL BIENESTAR

Artículo 6. 
El Plan de convivencia.

1. El Plan de convivencia es el documento que establece y define el modelo de convivencia en coherencia con el proyecto educativo del centro. En él se recogen las normas de convivencia y aquellas actuaciones dirigidas a promover la convivencia positiva y el bienestar de todas las personas que integran la comunidad educativa, favoreciendo una educación inclusiva y de calidad, y garantizando la prevención del acoso y ciberacoso escolares, la resolución pacífica de los conflictos, las directrices para asumir compromisos educativos para la convivencia y la intervención efectiva para su regulación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la LOE, y en el artículo 31 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que las sustituyan.

2. El Plan de convivencia deberá promover la participación activa de toda la comunidad educativa para la mejora de su convivencia, clima escolar y bienestar emocional. Con este objetivo, se incluirán líneas de trabajo relacionadas con la prevención como base esencial para lograr un clima de bienestar y de convivencia positiva, la mediación y cualquier otra estrategia para la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, contemplará actuaciones específicas para la prevención y detección de la violencia contra la infancia, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

3. El equipo de gestión de la convivencia, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por todos los sectores de la comunidad educativa, revisará y actualizará, con carácter anual, el Plan de convivencia que deberá contener, al menos, los siguientes apartados:

a) Justificación.

b) Principios y metas.

c) Diagnóstico de la convivencia del centro.

d) Objetivos generales.

e) Normas generales de convivencia, incluyendo las específicas del ámbito digital, y sus correspondientes medidas preventivas o correctoras, así como los procedimientos para garantizar la igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

f) Criterios generales para la elaboración de las normas de aula.

g) Planes, proyectos, programas, así como actividades para favorecer la convivencia y el bienestar emocional, entre las que deberán incluirse:

• 1. Plan de acogida a la comunidad educativa.
• 2. Acciones orientadas a la convivencia en el ámbito digital.
• 3. Acciones para prevenir el acoso y ciberacoso escolares y para fomentar el buen trato entre iguales.
• 4. Acciones para prevenir la violencia de género y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
• 5. Indicaciones para la intervención con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (en lo sucesivo, NEAE) que lo requiera, por presentar alteraciones de las emociones y de la conducta.
• 6. Acciones para prevenir y abordar actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
• 7. Acciones para favorecer la inclusión del alumnado LGTBI+.
• 8. Acciones para prevenir y actuar contra cualquier forma de discriminación.

h) La mediación formal y otros procedimientos para la resolución pacífica de conflictos.

i) Actividades formativas que contribuyan a la mejora de la convivencia y del bienestar del centro.

j) Dinamización, difusión, seguimiento y evaluación del plan.

4. El Plan de convivencia deberá estar en consonancia con los protocolos y las guías establecidos por la Consejería competente en materia de educación o por el centro educativo, en el marco de su autonomía, en relación a la prevención, detección e intervención de la violencia, incluida la digital o desprotección infanto-juvenil, así como a la mejora de la convivencia y el bienestar del alumnado, entre otros.

5. Los centros educativos, en el marco de su autonomía, elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir los criterios, objetivos y procesos que garanticen la implementación del Plan de convivencia.

6. En la elaboración y desarrollo del Plan de convivencia se tendrán en cuenta las funciones de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya, garantizando la necesaria coordinación entre dicha figura y el equipo de gestión de la convivencia.

7. El equipo de gestión de la convivencia realizará un seguimiento de la aplicación del plan y elevará al equipo directivo las propuestas de mejora al mismo. Al final de cada curso, se evaluará el plan y, en el siguiente, se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.

8. La Consejería competente en materia de educación podrá facilitar modelos orientativos de planes de convivencia que podrán ser adaptados por los centros educativos, de acuerdo con su contexto y necesidades específicas, y garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente.

9. El Plan de convivencia incorporará expresamente las medidas de promoción del bienestar emocional, la prevención de la violencia de género, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, así como actuaciones dirigidas a la alfabetización digital y al uso responsable de las tecnologías.

Artículo 7. 
Las normas de convivencia.

1. Las normas de convivencia son las pautas sociales necesarias para mantener un clima de convivencia escolar positivo y de bienestar entre las personas que integran la comunidad educativa. Estas normas serán de carácter educativo y contribuirán a la creación de un entorno social y de aprendizaje positivo, en el que se prioricen las relaciones basadas en el respeto, la inclusión, la ética de los cuidados y la participación activa de toda la comunidad educativa.

Estas normas están basadas en el respeto a los derechos fundamentales y en el ejercicio de los deberes cívicos, conforme a los valores constitucionales, y a los principios y fines de la educación establecidos en la LOE, o normativa legal que la sustituya.

2. Las normas de convivencia se concretarán en las normas de organización y funcionamiento de cada centro educativo, que tendrán como referencia el presente Decreto. Serán de obligado cumplimiento para todas las personas que forma parte de la comunidad educativa y su incumplimiento conlleva la aplicación de diferentes medidas educativas correctoras, atendiendo siempre al carácter educativo y recuperador de las mismas, atendiendo a lo establecido en el artículo 124.2 de la LOE, o normativa legal que la sustituya.

3. Las normas de convivencia del centro educativo deben incluir, entre otras cuestiones:

a) La identificación y definición explícita de los principios recogidos en el proyecto educativo en los que se inspiran.

b) Las medidas para el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el respeto de los derechos y deberes de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.

c) La accesibilidad cognitiva, física y sensorial para que todo el alumnado, independientemente de sus capacidades, pueda comprender y asimilar la información, y utilizar los espacios, la organización y los procesos escolares.

d) La configuración del centro educativo como espacio inclusivo y seguro, que reconozca y valore la diversidad en todas sus dimensiones, promoviendo la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia, acoso o discriminación.

e) El respeto a la identidad, integridad y dignidad personal de todos los miembros de la comunidad educativa.

f) La utilización adecuada de las tecnologías de la información y comunicación, respetando los derechos digitales de toda la comunidad educativa.

g) El respeto a la diversidad familiar, cultural, religiosa, sexual y de género.

h) La adopción de medidas preventivas para garantizar los derechos de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.

4. Las normas de convivencia del centro educativo y sus posibles modificaciones serán elaboradas por el equipo de gestión de la convivencia, bajo la directriz del equipo directivo y a partir de las aportaciones del profesorado, alumnado, familias y personal no docente.

Además, serán aprobadas y evaluadas por el Consejo Escolar o Consejo Social, según lo establecido en el artículo 127 de la LOE, o normativa legal que la sustituya.

5. La dirección del centro educativo garantizará su difusión entre la comunidad educativa a través de los diferentes medios disponibles en cada curso escolar, asegurando que sean accesibles y comprensibles para todo el alumnado, incluyendo adaptaciones para el alumnado con NEAE.

6. Las normas de convivencia incluirán medidas específicas para prevenir y abordar situaciones relacionadas con:

a) El acoso y el ciberacoso escolares.

b) La violencia de género y cualquier forma de discriminación.

c) El uso indebido de dispositivos electrónicos y redes sociales.

d) El consumo de sustancias nocivas para la salud.

e) Las agresiones físicas o verbales.

f) Los daños materiales a las instalaciones, recursos o pertenencias.

7. La dirección de los centros educativos sostenidos con fondos públicos garantizará la aplicación de las normas de convivencia incluidas en la programación general anual a través del Plan de convivencia.

Artículo 8. 
Las normas de aula.

1. Las normas de aula son aquellas que regulan la convivencia en el aula. Serán elaboradas durante el primer mes del curso académico por el profesorado y el alumnado de cada grupo, coordinados por la persona que ejerce la tutoría, atendiendo a la diversidad de los alumnos y las alumnas del grupo.

2. Las normas de aula se redactarán utilizando un lenguaje claro, comprensible y accesible para todo el alumnado, y serán aprobadas por acuerdo favorable de la mitad más uno del alumnado del grupo, presente el día de su aprobación. Estas normas deberán ser coherentes con las normas generales de convivencia del centro y reforzarán valores como el respeto, la responsabilidad, la participación, la cooperación, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos, en consonancia con el proyecto educativo del centro.

3. El cumplimiento de estas normas será evaluado a lo largo del curso por el equipo educativo y el alumnado. Esta evaluación se realizará, al menos, una vez al trimestre, promoviendo la reflexión conjunta sobre las normas establecidas y su efectividad, pudiendo introducirse las modificaciones o mejoras que se consideren necesarias para lograr los objetivos de convivencia establecidos. El equipo directivo garantizará su existencia en todos los grupos y velará porque no vulneren las establecidas con carácter general para todo el centro.

4. Las normas de aula incluirán medidas específicas para la prevención de conflictos, la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad, así como para el fomento de la responsabilidad individual y colectiva. Se prestará especial atención a la prevención de situaciones de acoso, discriminación o cualquier forma de violencia entre iguales.

5. Las normas de aula se publicarán en un lugar visible del mismo y se compartirán con las familias del alumnado a través de los medios establecidos por el centro educativo, promoviendo su conocimiento y colaboración en su cumplimiento.

6. La Consejería competente en materia de educación podrá elaborar orientaciones para la redacción de las normas de aula, incluyendo ejemplos y buenas prácticas, con el fin de facilitar su elaboración por parte de los diferentes grupos y asegurar su alineación con los principios recogidos en este Decreto.

Artículo 9. 
Otros documentos que contribuyen a la mejora del bienestar y la convivencia.

1. Los siguientes documentos contribuirán, desde su ámbito específico de actuación, a la mejora del bienestar y la convivencia, debiendo guardar coherencia con el Plan de convivencia del centro educativo:

a) El Plan de acción tutorial: es el documento que concreta las acciones que el centro educativo se propone realizar con la finalidad de acompañar y orientar al alumnado. Dentro de este plan se incluirán acciones encaminadas a implementar estrategias para la resolución de conflictos; a fomentar el desarrollo de valores y de habilidades socioemocionales; y a prevenir el acoso y ciberacoso escolares, así como cualquier tipo de violencia que afecte a la convivencia y al bienestar integral del alumnado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

b) El Plan de igualdad: es el documento en el que se recoge un conjunto de actuaciones y medidas coeducativas para promover la igualdad entre mujeres y hombres, prevenir la violencia de género y sexual, y atender a la diversidad afectivo-sexual y de género, con el propósito de contribuir a una convivencia escolar positiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 1 de la LOE, o normativa legal que las sustituyan.

c) El Plan digital: es una herramienta básica para dinamizar el uso de medios digitales en la acción educativa, en los que el alumnado puede interactuar y relacionarse, siendo necesario tener en cuenta aspectos de ciberconvivencia para promover un uso seguro y responsable de las tecnologías y prevenir conflictos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 33 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que las sustituyan.

d) El Plan de atención a la diversidad: es el documento que concreta los objetivos y las medidas organizativas, metodológicas y de intervención que se deben adoptar para dar la mejor respuesta posible a la diversidad de su alumnado.

Asimismo, deberá recoger actuaciones específicas para mejorar la inclusión y convivencia de todo el alumnado y, especialmente, del alumnado con NEAE que presenta alteraciones de las emociones y de la conducta, de acuerdo con los principios de no discriminación e inclusión educativa establecidos en el artículo 1 de la LOE, y demás normativa de aplicación.

2. La comisión de coordinación pedagógica será responsable de garantizar la coherencia entre los diferentes planes y documentos mencionados en este artículo, así como su alineación con el proyecto educativo del centro.

3. La Consejería competente en materia de educación promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en la elaboración y difusión de metodología, recursos y materiales, para la mejora de la convivencia e igualdad en los centros.

De esta manera, vista la relación entre convivencia y atención a la diversidad, se facilitará el desarrollo y la coordinación de iniciativas que den respuesta a ambos objetivos educativos. Igualmente, se elaborarán planes de formación específicos en materia de convivencia escolar dirigidos al profesorado, al alumnado, al personal de administración y servicios, y a las familias.

CAPÍTULO II. 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Artículo 10. 
De las competencias.

1. Corresponden al Consejo Escolar o, en su caso, al Consejo Social, al Claustro del profesorado, al equipo directivo del centro y a la comisión de coordinación pedagógica las funciones y competencias vinculadas a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar, de conformidad con lo establecido en la LOE o normativa legal que la sustituya y demás normativa de aplicación. Estas competencias se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de participación del centro y, en particular, a la comisión de convivencia del Consejo Escolar o Consejo Social.

2. El profesorado deberá intervenir en el refuerzo de los derechos y deberes explicitados en este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro, a través de sus funciones propias, así como de los contenidos curriculares y de las estrategias metodológicas pertinentes. En el ejercicio de estas funciones, el profesorado tendrá la consideración de autoridad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de este Decreto.

3. Los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente ejercerán las siguientes competencias específicas en materia de convivencia:

a) El Consejo Escolar o Consejo Social:

• 1. Conocer las conductas contrarias a la convivencia, resolver los procedimientos y aplicar las medidas educativas, de mediación y correctoras, velando por que tales medidas se ajusten a la normativa vigente.
• 2. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro educativo, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
• 3. Aprobar y evaluar el Plan de convivencia y las normas que garanticen el funcionamiento del centro educativo.

b) El Claustro del profesorado:

• 1. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia positiva y el bienestar en el centro educativo.
• 2. Conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones, velando por que las mismas se adopten de conformidad con la normativa vigente.

c) El equipo directivo:

• 1. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar o Consejo Social.
• 2. Impulsar el desarrollo del Plan de convivencia del centro y coordinar su implementación.
• 3. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia.

d) La comisión de coordinación pedagógica:

• 1. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del Plan de convivencia.
• 2. Coordinar la inclusión de la educación para la convivencia en las programaciones didácticas.
• 3. Proponer al Claustro del profesorado planes para su formación en materia de convivencia.

e) Equipo de gestión de la convivencia:

• 1. Realizar el seguimiento trimestral del Plan de convivencia.
• 2. Elevar al equipo directivo las propuestas de mejora al Plan de convivencia que se deriven del seguimiento del mismo.
• 3. Informar al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar o, en su caso, al Consejo Social, al menos dos veces a lo largo del curso, sobre las actuaciones llevadas a cabo, y realizar las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro educativo.
• 4. El Plan de convivencia del centro educativo podrá establecer la creación de otros órganos de participación en la mejora de la convivencia, tales como equipos de mediación, alumnado ayudante, comisiones mixtas u otros similares, determinando su composición, funciones y procedimientos de actuación.
• 5. La persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de gestión de la convivencia, desempeñará las funciones establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

Artículo 11. 
Equipo directivo.

1. Corresponde al equipo directivo impulsar actividades dirigidas a la consecución del bienestar y convivencia en el centro educativo a las que se refiere el artículo 10.3.c) del presente Decreto, debiendo garantizar, al menos, lo siguiente:

a) La correcta coordinación e información al profesorado respecto a la gestión de la convivencia.

b) La adopción de medidas para el reconocimiento efectivo de la condición de autoridad pública por parte del profesorado.

c) El ejercicio de la mediación y de otras medidas de resolución pacífica de conflictos.

d) El derecho del alumnado a recibir una educación de calidad.

e) El derecho del profesorado a desempeñar su labor docente en un clima adecuado.

2. Son competencias de la dirección del centro:

a) Impulsar y difundir el Plan de convivencia del centro educativo.

b) Aplicar medidas correctoras y procedimientos ante conductas contrarias a la convivencia, que podrá delegar en la jefatura de estudios, en el equipo de gestión de la convivencia o en el profesorado que corresponda, respetando, en todo caso, las garantías procedimentales establecidas en este Decreto y demás normativa de aplicación.

c) Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las medidas pertinentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar o Consejo Social y según el procedimiento establecido en este Decreto.

d) Derivar a las autoridades competentes al alumnado en situación de riesgo o desprotección, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, o normativa legal que las sustituyan.

e) Informar a la Inspección de Educación de las intervenciones ante posibles situaciones de acoso y ciberacoso escolares, de acuerdo con lo determinado en el Protocolo de actuación ante posibles casos de acoso escolar.

f) Velar por el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas, teniendo en cuenta los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad, y primando siempre el interés superior del menor, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o normativa legal que la sustituya.

g) Colaborar con la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado en el desarrollo de sus funciones, facilitando los medios y recursos necesarios para el desempeño de las competencias establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya, especialmente, en lo relativo a la coordinación del Plan de convivencia.

3. Son competencias de la jefatura de estudios:

a) Coordinar y dirigir las actuaciones del profesorado, y de los tutores y las tutoras, establecidas en el Plan de convivencia y en las normas de convivencia.

b) Garantizar, por delegación de la dirección del centro, la aplicación de las medidas correctoras y el ejercicio de la mediación y de otras medidas de resolución pacífica de conflictos, asegurando la igualdad de trato y la no discriminación en su aplicación.

Artículo 12. 
Consejo Escolar o Consejo Social.

1. Corresponden al Consejo Escolar o Consejo Social del centro educativo las competencias vinculadas a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar contempladas en el artículo 10.3.a) del presente Decreto.

Asimismo, se le atribuye el conocimiento de los conflictos disciplinarios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. A tal efecto, a instancia del alumnado mayor de edad o de la representación legal del alumnado menor de edad, podrá revisar las decisiones adoptadas por la dirección del centro educativo y las medidas adoptadas en el caso de conductas muy graves que perjudican la convivencia, y proponer otras medidas disciplinarias.

2. En el seno del Consejo Escolar o del Consejo Social se podrá constituir una comisión de convivencia para el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas este órgano colegiado.

Artículo 13. 
Profesorado y Claustro del profesorado.

1. El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir activamente para que el centro educativo sea un espacio para el bienestar y la convivencia positiva, y para la protección efectiva de los derechos del alumnado, en especial, del menor de edad, conforme a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

2. El profesorado, en el desempeño de su función docente y en el desarrollo del resto de actividades lectivas, complementarias o extraescolares, llevará a cabo las actuaciones establecidas en este Decreto, en el marco del Plan de convivencia del centro, y ejecutará las actuaciones inmediatas que sean necesarias para garantizar la convivencia positiva, en consonancia con las normas y los protocolos vigentes.

3. El profesorado recibirá formación específica y continuada en materia de convivencia positiva, adquisición de habilidades para la promoción del buen trato, detección temprana y resolución pacífica de conflictos, según lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

4. El profesorado tutor será responsable de las siguientes acciones:

a) Promover un adecuado clima de convivencia y de bienestar en el grupo de alumnado que tutorice.

b) Liderar dentro del equipo educativo todas las acciones orientadas a la mejora de la convivencia y del bienestar del grupo.

c) Coordinar las actuaciones necesarias para la detección e intervención temprana en situaciones que puedan afectar a la convivencia o al bienestar del alumnado, conforme a los protocolos establecidos.

d) Ser el nexo de unión entre las familias y el centro educativo con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de su alumnado.

e) Documentar las acciones realizadas en materia de convivencia y bienestar conforme a los procedimientos establecidos en el Plan de convivencia.

f) Participar en la elaboración de los códigos de conducta consensuados con los equipos docentes y el alumnado para situaciones que afecten a la convivencia.

5. El Claustro del profesorado deberá estar informado del estado de la convivencia en el centro educativo a lo largo del curso escolar y tendrá las funciones en materia de convivencia previstas en el artículo 10.3.b) del presente Decreto.

Asimismo, le corresponderá participar en la evaluación anual del Plan de convivencia, aportando propuestas de mejora, así como impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de violencia y discriminación.

Artículo 14. 
Equipo de gestión de la convivencia.

1. Los centros educativos constituirán un equipo de gestión de la convivencia, presidido por la dirección o la jefatura de estudios, e integrado por la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, por la persona orientadora del centro educativo, por la persona responsable del servicio de mediación y por todas las personas que forman parte de la comunidad educativa que, a propuesta de la dirección, se determine. Asimismo, esta designará con carácter preferente, al menos, a la persona coordinadora del plan de centros para la convivencia positiva o a la persona coordinadora de igualdad.

2. Corresponde al equipo de gestión de la convivencia del centro:

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto.

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa, así como elevar propuestas de actuación para prevenir situaciones de conflicto y de violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia, y contribuir a la mejora del bienestar y de la convivencia positiva, a través del Plan de convivencia, que deberá actualizar cada curso escolar.

c) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos en el presente Decreto, garantizando en sus actuaciones los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación, proporcionalidad e interés superior de la persona menor de edad.

d) Garantizar la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación, custodiando la documentación utilizada en el desempeño de este procedimiento, así como promover los procedimientos de mediación establecidos en este Decreto, velando por el respeto a los derechos y las garantías del alumnado.

e) Realizar un seguimiento y una evaluación del Plan de convivencia, elaborando un informe anual que analice los problemas detectados en la gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del centro, al Claustro del profesorado, a la Junta de Delegados y Delegadas, si la hubiere, y al Consejo Escolar o Consejo Social.

Artículo 15. 
Servicio de mediación.

1. Todos los centros educativos contarán con un servicio de mediación formado por un equipo de mediación, según las directrices establecidas en la Orden departamental de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, o norma reglamentaria que la sustituya.

2. En el Plan de convivencia se priorizará el procedimiento de la mediación en sus diferentes niveles como método para la resolución pacífica de conflictos.

3. El servicio de mediación difundirá entre el alumnado el uso de la mediación como un método esencial para la resolución pacífica de conflictos, promoviendo el papel del alumnado mediador.

4. El servicio de mediación elaborará un registro de las mediaciones realizadas, garantizando la confidencialidad del proceso y documentando los acuerdos alcanzados. Al finalizar cada curso escolar, realizará, además, un informe evaluativo que se incorporará a la memoria del Plan de convivencia, con el fin de mejorar los procedimientos y su efectividad.

5. El docente o la docente responsable del servicio de mediación deberá estar en posesión de la acreditación profesional en mediación escolar o adquirir el compromiso de formarse en el curso escolar correspondiente, así como formar parte del equipo de gestión de la convivencia.

La Consejería competente en materia de educación garantizará la formación inicial y continua en materia de mediación escolar a quienes conforman los equipos de mediación, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de la Orden departamental de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, o norma reglamentaria que la sustituya.

Artículo 16. 
Coordinación para el bienestar y la protección del alumnado.

1. Todos los centros educativos donde curse estudios alumnado menor de edad contarán con un o una docente que ejercerá las funciones de la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado, según establece el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

Las funciones específicas y la dedicación horaria se concretarán cada curso escolar en la normativa autonómica correspondiente.

2. Con carácter general, la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado:

a) Será responsable de implementar el Protocolo de actuación ante posibles casos de acoso escolar, y se encargará de coordinar la convivencia del centro y los protocolos que apruebe la Consejería competente en materia de educación para la protección del alumnado frente a cualquier forma de violencia.

b) Formará parte del equipo de gestión de la convivencia y actuará siempre bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

c) Ejercerá el liderazgo en el centro educativo en materia de convivencia y bienestar, promoviendo y fomentando acciones que contribuyan a la mejora del clima escolar.

d) Velará por la protección del alumnado, poniendo especial atención al que se encuentre en situación de riesgo, desprotección y vulnerabilidad, según lo recogido en el Protocolo de intervención de la Consejería competente en materia de educación.

e) Contribuirá a la elaboración del informe anual del equipo de gestión de la convivencia que incluirá las actuaciones realizadas, su evaluación y las propuestas de mejora, que será presentado al Consejo Escolar o Consejo Social y remitido a la Inspección de Educación.

Artículo 17. 
Orientación educativa.

El orientador o la orientadora del centro educativo deberá:

a) Formar parte del equipo de gestión de la convivencia, asesorando y aportando iniciativas de actuación para la prevención e intervención ante problemas de integración y comportamiento del alumnado. En este sentido, colaborará en la detección temprana de factores de riesgo que puedan afectar al bienestar y desarrollo integral del alumnado.

b) Adecuar el Plan de acción tutorial, en colaboración con la jefatura de estudios, al Plan de convivencia del centro, garantizando la inclusión y la atención a la diversidad del alumnado.

c) Colaborar con el profesorado de pedagogía terapéutica en la elaboración de un Programa educativo personalizado (en lo sucesivo, PEP) para el alumnado con NEAE que presente alteraciones de las emociones y de la conducta. Dicho programa tendrá en cuenta la evaluación psicopedagógica del alumnado, e incluirá estrategias y técnicas específicas para la gestión de las emociones y la conducta, y establecerá actuaciones coordinadas entre el centro educativo, la familia y, en su caso, los servicios sanitarios y sociales que intervengan con el alumnado, garantizando, de esta manera, una gestión de la convivencia con perspectiva inclusiva.

Artículo 18. 
Junta de delegados y delegadas.

1. La junta de delegados y delegadas representará al conjunto del alumnado del centro educativo y podrá proponer al Consejo Escolar o al Consejo Social la adopción de medidas vinculadas a la mejora del bienestar y la convivencia.

2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro educativo para presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, vinculadas a la mejora del bienestar y de la convivencia, no pudiendo ser sancionados en el ejercicio de estas funciones.

3. La junta de delegados y delegadas tendrá las siguientes funciones específicas en materia de convivencia:

a) Participar en la elaboración y revisión de las normas de convivencia del centro educativo, aportando sugerencias y opiniones.

b) Proponer actividades para la mejora de la convivencia y la prevención de situaciones de conflicto en el centro educativo.

c) Colaborar en la difusión de información y sensibilización sobre temas relacionados con la convivencia positiva y la prevención de la violencia.

d) Promover la participación del alumnado en la resolución pacífica de los conflictos, especialmente, a través de la mediación entre iguales.

e) Trasladar al equipo directivo y al equipo de gestión de la convivencia las inquietudes y propuestas del alumnado, en relación con la mejora del clima de convivencia.

f) Participar en el consenso de los códigos de conducta ante situaciones que afecten a la convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, o normativa legal que la sustituya.

4. Los centros educativos promoverán la formación de las personas integrantes de la junta de delegados y delegadas en materia de convivencia positiva, resolución pacífica de conflictos y mediación entre iguales, con el fin de capacitar a este alumnado para el adecuado ejercicio de sus funciones y de favorecer su papel como agente de mejora de la convivencia en el centro.

Artículo 19. 
Asociaciones de familias y de alumnado.

1. Las asociaciones de familias del alumnado constituidas en los centros educativos participarán y colaborarán en la mejora del bienestar y de la convivencia. En este sentido, podrán proponer al Consejo Escolar o al Consejo Social la adopción de medidas de mejora en la convivencia, participar en la elaboración, desarrollo y revisión del Plan de convivencia y colaborar en las actividades educativas del centro que contribuyan a fomentar un clima positivo de convivencia, particularmente, en aquellas relacionadas con la formación de las familias en la prevención de situaciones de violencia y en la resolución pacífica de conflictos.

2. Las asociaciones de alumnado constituidas en los centros educativos participarán y colaborarán en la promoción del bienestar y de la convivencia. Dichas asociaciones podrán proponer al Consejo Escolar o al Consejo Social la adopción de medidas de mejora en la convivencia, participar en la elaboración, el desarrollo y la revisión del Plan de convivencia y colaborar en las actividades del centro destinadas a la promoción de la convivencia positiva y la prevención de la violencia. Asimismo, podrán participar en el consenso de los códigos de conducta ante situaciones que afecten a la convivencia.

Artículo 20. 
Inspección de Educación.

Corresponden a la Inspección de Educación las siguientes funciones y competencias vinculadas a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar:

a) Asesorar y orientar en la elaboración y el seguimiento de la implementación de los planes de convivencia de los centros educativos, así como proponer modificaciones de mejora.

b) Asesorar a los equipos directivos en casos de conflictos de convivencia de especial relevancia y complejidad, colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas de intervención, así como impulsar y participar, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.

c) Velar por la adecuada implementación de los distintos protocolos establecidos, con el fin de lograr la mejora del bienestar y de la convivencia.

d) Participar, cuando así lo determine el órgano competente en convivencia escolar dentro de la Consejería competente en materia de educación, en los grupos de trabajo y en las comisiones vinculadas a la mejora del bienestar y de la convivencia.

e) Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de convivencia escolar, de manera especial, la referida a la constitución y organización del equipo de gestión de la convivencia, del servicio de mediación y de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.

Artículo 21. 
Observatorio canario para la convivencia escolar.

1. Se crea el Observatorio canario para la convivencia escolar como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de educación, con funciones de asesoramiento, propuesta, evaluación y difusión de buenas prácticas.

2. La composición, organización y el funcionamiento de este órgano colegiado se contendrán en el reglamento orgánico del departamento competente en materia de educación, de conformidad con lo previsto en la disposición final segunda del presente Decreto.

3. Los centros educativos remitirán a este órgano su informe anual del Plan de convivencia para su integración en el informe autonómico.

4. El Observatorio contará con un espacio web en el portal educativo para la publicación de informes anuales, materiales y datos de interés, y dispondrá de los recursos necesarios para su funcionamiento.

5. El Observatorio publicará un informe anual con datos agregados, indicadores y recomendaciones en materia de convivencia escolar, que estará disponible en el espacio web de este Observatorio dentro del portal educativo.

6. Se establece la colaboración de este Observatorio con el Consejo Escolar de Canarias, facilitando anualmente a este órgano colegiado en materia de educación y formación profesional los datos oficiales en materia de convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a fin de que este pueda incorporarlos en sus informes.

CAPÍTULO III. 
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEL BIENESTAR

Artículo 22. 
Medidas generales y actuaciones de apoyo a los centros.

1. La Consejería competente en materia de educación promoverá que la convivencia positiva y el bienestar de la comunidad educativa se constituyan como ejes transversales que impregnen todo el proceso educativo, impulsando, entre otras, las siguientes iniciativas:

a) La promoción para que, por zonas o distritos educativos, se establezcan planes de convivencia, y para que los centros educativos, en el uso de su autonomía, definan sus propios planes de convivencia con la implicación de todas las personas que integran la comunidad educativa.

b) La implantación de medidas organizativas que hagan efectiva la participación de toda la comunidad educativa, especialmente, del alumnado, en la elaboración de las normas de convivencia del centro educativo y normas de aula, así como en la mejora del bienestar y de la convivencia en ambos.

c) La dotación a los centros educativos de los recursos necesarios para llevar a cabo lo establecido en el presente Decreto, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

d) La difusión de protocolos de actuación y recursos de apoyo dirigidos a la comunidad educativa.

e) El impulso de planes, programas, proyectos, encuentros e intercambios de experiencias entre diferentes comunidades educativas, así como proyectos de investigación educativa asociados a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar, y a la prevención y resolución pacífica de los conflictos.

f) El asesoramiento y las orientaciones a los centros educativos para la elaboración de los planes de convivencia y para la implementación de la mediación y demás vías alternativas para la solución pacífica de conflictos.

2. La Consejería competente en materia de educación impulsará, de forma periódica, formación en igualdad, convivencia, protocolos de protección, educación socioemocional, convivencia digital y uso ético de tecnologías, con itinerarios para la coordinación de bienestar y gestión de la convivencia.

Artículo 23. 
Estrategias para favorecer la convivencia y el bienestar en el centro.

1. Los centros educativos fomentarán el uso de estrategias específicas para la resolución pacífica de los conflictos y para contribuir a la mejora de la convivencia y del bienestar de la comunidad educativa, teniendo en consideración la diversidad del alumnado, con especial atención al alumnado más vulnerable.

2. Estas estrategias deberán estar recogidas en el Plan de convivencia del centro y entre ellas se encuentran:

a) La mediación escolar.

El procedimiento de mediación, como estrategia para la promoción de la convivencia positiva, se llevará a cabo a través del equipo de mediación del centro educativo. El servicio de mediación fomentará la formación específica en materia de mediación entre el alumnado, el profesorado y las familias, promoviendo la figura del alumnado mediador, en los términos que recoge la normativa autonómica a tal efecto.

b) Las prácticas restaurativas.

Las prácticas restaurativas tales como la asamblea de aula, la comunicación no violenta y los círculos de diálogo refuerzan los vínculos afectivos y otorgan al alumnado mayor autonomía en un proceso justo de resolución de conflictos.

c) Sistema de apoyo entre iguales.

Los sistemas de apoyo entre iguales o educación entre iguales dentro del centro educativo (alumnado mediador, alumnado ayudante, entre otros) constituyen una estructura que contribuye a la resolución pacífica de conflictos entre iguales y a la construcción de un clima escolar positivo.

d) Tutorías afectivas.

Las tutorías afectivas promueven la construcción de espacios emocionales seguros en la vida escolar del alumnado que manifiesta dificultades personales en los centros educativos. Garantizan una atención individualizada que contribuye al desarrollo de las competencias socioemocionales del alumnado favoreciendo su inclusión en la comunidad educativa.

e) Patios para la convivencia.

Los patios de recreo de los centros educativos como espacios de aprendizaje fomentan la convivencia y la inclusión y contribuyen al desarrollo de las relaciones interpersonales del alumnado y a su bienestar socioemocional.

f) Educación emocional.

La educación emocional contribuye al desarrollo de las competencias intrapersonales e interpersonales del alumnado, mejorando su bienestar y fomentando una convivencia positiva.

g) Aula o espacio de convivencia.

Los centros educativos, conforme a su Plan de convivencia, dispondrán de un espacio adecuado para la atención educativa temporal del alumnado que, como consecuencia del incumplimiento de alguna norma de convivencia, se aconseje que no participe en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

El Plan de convivencia establecerá, en su caso, los criterios y las condiciones para que el alumnado sea atendido en ese espacio. En todo caso, se garantizará que su estancia en él implique la realización de actividades formativas que contribuyan a la reflexión del alumnado sobre su conducta y a la adquisición de estrategias prosociales.

Corresponde a la dirección del centro garantizar el adecuado funcionamiento de este espacio y del plan de retorno del alumnado al grupo-clase.

h) Otros espacios para la convivencia.

Los centros educativos podrán disponer de otros espacios dirigidos a fomentar el bienestar y la convivencia.

i) Formación.

La Consejería competente en materia de educación impulsará planes de formación específicos en materia de bienestar y convivencia escolar dirigidos a toda la comunidad educativa.

j) Otros recursos, medidas y apoyos.

Los centros educativos podrán disponer de otros recursos, medidas y apoyos vinculados a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar, en colaboración con instituciones y organizaciones.

3. Para el alumnado que presenta NEAE se ajustarán las estrategias anteriores según sus necesidades específicas. Se priorizará el uso del refuerzo positivo, la utilización de técnicas como el modelado y la enseñanza de habilidades sociales. Asimismo, es imprescindible proporcionar un entorno predecible y estructurado que lo ayude a sentirse seguro y a entender las expectativas, conforme a lo establecido en el artículo 47 del presente Decreto.

El Plan de convivencia del centro recogerá las medidas específicas de atención a este alumnado, que serán desarrolladas en coordinación con los servicios de orientación educativa.

TÍTULO III. 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

CAPÍTULO I. 
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA. DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO

Artículo 24. 
Derechos del alumnado.

Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos que deberán ser garantizados por todos los miembros de la comunidad educativa para contribuir a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar:

a) Derecho a una formación integral, inclusiva y de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, incluyendo el aprendizaje de los principios democráticos de convivencia, y, en particular, de los procedimientos para la resolución pacífica de conflictos y de los modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

b) Derecho al respeto de su identidad, integridad y dignidad personales en cualquier entorno educativo, incluido el virtual, priorizando su protección contra cualquier situación de vulnerabilidad, violencia y discriminación.

c) Derecho a una educación basada en la igualdad y en la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, orientación sexual e identidad de género, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, incluidas las sensoriales, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Derecho a la protección en cualquier entorno educativo, incluido el virtual, estableciendo medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de vulnerabilidad, violencia y discriminación para garantizar su bienestar integral.

e) Derecho a la libertad de expresión, opinión e información, respetando la dignidad y los derechos de toda la comunidad educativa como medio para fomentar un clima de bienestar y de convivencia positiva en el centro.

f) Derecho a la manifestación de su disconformidad ante decisiones o situaciones relacionadas con la vida escolar. Cuando la discrepancia tenga carácter colectivo, será canalizada a través del alumnado representante, en la forma establecida en la normativa vigente.

En el caso de las decisiones colectivas de inasistencia a clase, solo podrán afectar al alumnado a partir del tercer curso de la ESO y no tendrán consideración de falta de conducta ni serán objeto de alguna de las medidas previstas en el Título IV de este Decreto, cuando respondan al derecho de reunión y hayan sido comunicadas previamente a la dirección del centro.

En cualquier caso, el centro educativo garantizará el derecho de quienes deseen asistir a clase.

Asimismo, el centro educativo establecerá el procedimiento para garantizar el derecho a la manifestación de la discrepancia, facilitando el asesoramiento para su desarrollo y fomentando siempre el debate y la participación democrática.

g) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro educativo, y a ejercer los derechos de reunión, de asociación y de representación, a través de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en el Consejo Escolar o Consejo Social, de acuerdo con la normativa vigente.

h) Derecho a acudir al Director o a la Directora Territorial de Educación correspondiente, así como al defensor o a la defensora del alumnado para denunciar la vulneración, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, de sus derechos o cualquier perjuicio de los intereses legítimos del alumnado en sus relaciones con la Consejería competente en materia de educación.

i) Derecho a la accesibilidad universal que garantice el acceso, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.

j) Derecho al reconocimiento de especiales condiciones o circunstancias personales, permanentes o transitorias, que puedan suponer una limitación en las conductas adaptativas del alumno o de la alumna, así como a la consideración de las mismas en el diseño de la intervención educativa.

k) Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. El alumnado menor de edad o con discapacidad tiene derecho a la protección en el ámbito escolar. Entre otros, este derecho comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse, a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, o normativa legal que la sustituya.

l) Derecho a la protección social. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos de infortunio familiar o accidente. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones académicas y económicas adecuadas para que el alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. El alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria que, como consecuencia de una enfermedad o un accidente tenga impedida su asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria, hospitalaria o telemática, en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 25. 
Deberes del alumnado.

Se reconocen al alumnado los siguientes deberes básicos para contribuir a la mejora del bienestar y de la convivencia escolar:

a) Deber de colaborar activamente en el mantenimiento de un correcto clima de convivencia, advirtiendo al profesorado del centro educativo ante el conocimiento de situaciones de conflicto o que pudieran derivar en él, así como de participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar.

b) Deber de estudio y de asistencia a clase, que se concreta en:

1. Mantener una actitud participativa, activa y atenta sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de la clase.

2. Asistir al centro educativo con el material necesario para poder participar activamente en el desarrollo de las clases o de cualquier otra actividad educativa programada por el centro.

3. Respetar el derecho al aprendizaje del resto del alumnado, no discriminando a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, discapacidad o por cualquier otra circunstancia personal o social.

4. Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes o por la persona tutora de empresa en el desarrollo de la Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEOE).

5. Asistir a clase y a la empresa o al organismo equiparado durante la FEOE, con puntualidad, sin ausencias injustificadas.

c) Deber de respeto al profesorado y reconocimiento de su condición de autoridad pública.

d) Deber de respeto a los derechos de todas las personas que integran la comunidad educativa.

e) Deber de respeto y cumplimiento de las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro educativo.

f) Deber de participar en la elaboración y el cumplimiento de las normas de convivencia, incluidas las referidas al uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación.

g) Deber de cuidar y conservar las instalaciones, los materiales y los recursos educativos del centro educativo, de la empresa o del organismo equiparado durante la FEOE, y durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.

h) Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro educativo.

i) Deber de utilizar de manera responsable los dispositivos electrónicos y las redes digitales del centro educativo, absteniéndose de cualquier uso que pueda vulnerar la intimidad, la imagen o la dignidad de otras personas.

j) Deber de participar en las medidas educativas o restaurativas que se le asignen, en coordinación con la tutoría y el equipo de gestión de la convivencia, cuando se produzca un incumplimiento reiterado o grave de las normas de convivencia.

Artículo 26. 
Órgano de apoyo y asesoramiento al alumnado.

1. La Consejería competente en materia de educación realizará el seguimiento y la valoración del ejercicio de los derechos y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado a través del órgano de apoyo y asesoramiento del alumnado, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, o normativa legal que la sustituya.

2. La persona encargada de la defensa del alumnado, de carácter independiente en su actuación, tendrá la consideración de persona responsable del órgano de apoyo y asesoramiento al alumnado y velará por el respeto de los derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto, sin perjuicio de las funciones asignadas a la Diputación del Común o al Defensor del Pueblo.

3. Existirá una persona responsable de este órgano en el ámbito competencial de cada Dirección Territorial de Educación, cuyo nombramiento corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación en la forma que se determine al efecto y por un periodo de cuatro cursos académicos, pudiéndose prorrogar su nombramiento por otro de igual duración.

Artículo 27. 
Funciones.

1. Sus funciones serán las siguientes:

a) Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones que sobre incumplimiento de los derechos del alumnado le sean presentadas.

b) Poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de educación cuantas acciones o decisiones atenten contra los derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto, de oficio o a instancia de parte.

c) Informar anualmente a la Dirección Territorial de Educación correspondiente de las actividades y gestiones desarrolladas.

d) Informar al alumnado sobre sus derechos y deberes, asesorándolo en los procedimientos y trámites que sean necesarios para la aplicación efectiva de los mismos.

e) Promover iniciativas que faciliten la participación y representación del alumnado en el contexto escolar.

2. La Consejería competente en materia de educación prestará el apoyo necesario para el ejercicio de estas funciones.

Artículo 28. 
Ámbito de actuación.

La persona encargada de la defensa del alumnado estará facultada para admitir toda queja o reclamación, excepto en materia de evaluación académica, que le presente cualquier alumno o alumna de un centro educativo de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como sus representantes legales, en la que se denuncie el incumplimiento por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de los derechos reconocidos al alumnado en el presente Decreto o cualquier perjuicio de sus intereses legítimos en sus relaciones con la Administración educativa, exista o no infracción tipificada legalmente.

Artículo 29. 
Independencia y confidencialidad.

1. El defensor o la defensora del alumnado no podrá ser expedientado, sancionado o trasladado, en razón de las opiniones que formule o de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones.

2. Las gestiones que lleve a cabo esta persona gozarán de la independencia necesaria para el correcto desarrollo y cumplimiento de su trabajo, garantizando, en todo caso, la confidencialidad de sus acciones o decisiones.

Artículo 30. 
Requisitos para el desempeño del cargo.

1. Para desempeñar el cargo de responsable del órgano de apoyo y asesoramiento al alumnado será requisito ser personal funcionario de carrera de cualquiera de los cuerpos docentes con destino en un centro educativo del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias y poseer una experiencia docente de, al menos, cinco años.

2. Se valorará, además, haber participado en planes, proyectos, programas, equipos o actividades que favorecen la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, así como el bienestar emocional de la comunidad educativa.

CAPÍTULO II. 
DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

Artículo 31. 
Derechos del profesorado.

Dentro del marco legal establecido y, específicamente, en el ámbito de la convivencia escolar, al profesorado se le reconocen los siguientes derechos:

a) Derecho al respeto de su identidad, integridad, y dignidad personal y profesional en cualquier entorno, incluido el virtual.

b) Derecho al respeto profesional y a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la función docente con las potestades y la protección jurídica reconocidas en el ordenamiento jurídico.

c) Derecho al desempeño de su función docente en un ambiente educativo adecuado, adoptando las decisiones necesarias para mantener un clima positivo de convivencia, tanto en el centro educativo como en las actividades complementarias y extraescolares, según se establezca en las normas de convivencia del centro.

d) Derecho a la protección legal y defensa jurídica por parte de la Administración pública, según lo regulado en la normativa vigente.

e) Derecho a contar con la colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado para el cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad.

f) Derecho a actuar con inmediatez, proporcionalidad y eficacia en el marco de las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo perturben.

g) Derecho a la formación permanente en materia de convivencia y bienestar, así como en prevención, detección y actuación frente a la violencia infanto-juvenil, en los términos establecidos en la normativa vigente.

Artículo 32. 
Deberes del profesorado.

Dentro del marco legal establecido y, específicamente, en el ámbito de la convivencia escolar, son deberes del profesorado los siguientes:

a) Deber de contribuir al bienestar y a la mejora de la convivencia escolar, que se concreta en las siguientes acciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia del centro.

2. Mantener un buen clima de aula y velar por el correcto comportamiento del alumnado, contribuyendo a diseñar las medidas pertinentes para restablecer un clima de convivencia adecuado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y con las normas de organización y funcionamiento del centro.

3. Contribuir a que las actividades organizadas por el centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación, libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

4. Promover que el centro educativo sea un entorno que contribuya al bienestar de toda la comunidad educativa, proponiendo e implementando medidas e iniciativas que favorezcan el bienestar y la convivencia positiva del centro.

b) Deber de informar a las familias de las normas de convivencia del centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, o menores bajo su tutela, así como de las medidas educativas impuestas.

c) Deber de formarse en aspectos relacionados con el bienestar y la convivencia escolar, y en metodologías o procedimientos para la prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación.

d) Deber de sigilo profesional de toda aquella información de la que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado.

e) Deber de comunicar a la Consejería competente en materia de educación o a la autoridad competente, aquellas circunstancias de violencia, desprotección y vulnerabilidad que puedan atentar contra los derechos básicos del alumnado o de cualquier miembro de la comunidad educativa, sin perjuicio del deber de sigilo profesional.

CAPÍTULO III. 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

Artículo 33. 
Derechos de las familias.

Se reconocen a las familias los siguientes derechos básicos en el ámbito de la convivencia escolar:

a) Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, así como a conocer su progreso e integración socioeducativa, a través de la información y de las aclaraciones que soliciten, y de las reclamaciones que formulen.

b) Derecho a estar informadas de todas aquellas actuaciones orientadas a restaurar la convivencia del centro educativo en las que sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, estén implicados.

c) Derecho a ser escuchadas en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, especialmente en las vinculadas a actitudes o actuaciones que perjudiquen el bienestar y la convivencia del centro educativo.

d) Derecho a participar y contribuir en la mejora del bienestar y de la convivencia del centro educativo, a través del Consejo Escolar o Consejo Social y mediante los cauces asociativos legalmente reconocidos.

Artículo 34. 
Deberes de las familias.

1. Como principales responsables de la educación de sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, a las familias les corresponden los siguientes deberes:

a) Deber de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, las normas de convivencia del centro educativo, las orientaciones educativas del profesorado, así como de colaborar en el fomento del respeto y de los derechos de todas las personas de la comunidad educativa.

b) Deber de compromiso y de colaboración en las actuaciones y medidas que el centro educativo establezca para mejorar el bienestar y la convivencia positiva, necesarias para la formación integral de sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela.

Cuando se produzcan conflictos de convivencia graves, en los que la familia rechace la solicitud del centro educativo de colaborar en la adopción de medidas necesarias para la reparación del daño y el restablecimiento de la convivencia, la dirección del centro educativo lo pondrá en conocimiento de la Inspección de Educación para que se adopten las medidas adecuadas que permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado.

Si la conducta reviste especial gravedad, la Consejería competente en materia de educación lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

c) Deber de fomentar el interés y la actitud positiva de sus hijos e hijas menores de edad, o menores bajo su tutela, hacia el aprendizaje, así como de garantizar su asistencia a clase y a las actividades programadas.

d) Deber de respeto al profesorado y reconocimiento de su condición de autoridad pública.

e) Deber de facilitar información y mantener una comunicación fluida con el centro educativo en virtud del bienestar del menor, incluyendo la asistencia a las reuniones convocadas por el propio centro educativo o la búsqueda de otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los compromisos necesarios.

f) Deber de conocer la evolución académica de sus hijos e hijas menores de edad, y de implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta.

2. En los casos de conductas graves o reiteradas del alumnado, las familias deberán participar activamente en la aplicación de las medidas educativas o restaurativas acordadas, en colaboración con el equipo de gestión de la convivencia.

CAPÍTULO IV. 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

Artículo 35. 
Derechos del personal de administración y servicios.

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:

a) Derecho al respeto, en especial, el referido a su integridad y dignidad personal, a recibir un trato adecuado y a ser valorado por la comunidad educativa, en el ejercicio de sus funciones.

b) Derecho al desempeño de sus funciones en un ambiente adecuado en el que se garantice su seguridad y bienestar, contribuyendo, con el resto de la comunidad educativa, a la mejora del bienestar y de la convivencia.

c) Derecho a la defensa jurídica y a la protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos de conflicto de intereses con la propia Administración, que se resolverán según la normativa vigente.

Artículo 36. 
Deberes del personal de administración y servicios.

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:

a) Deber de comunicar a la dirección del centro educativo cuantas incidencias perjudiquen el bienestar y la convivencia.

b) Deber de custodia de la documentación administrativa y de sigilo profesional respecto a la actividad cotidiana del centro educativo, de acuerdo a la normativa vigente.

c) Deber de comunicar a la Consejería competente en materia de educación o a la autoridad competente aquellas circunstancias de violencia, desprotección y vulnerabilidad que puedan atentar contra los derechos básicos del alumnado.

d) Deber de colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia y para el fomento del bienestar y del buen clima escolar del centro educativo.

e) Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal, seguridad laboral y propiedad intelectual.

TÍTULO IV. 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

CAPÍTULO I. 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

Artículo 37. 
Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve todas aquellas infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o muy grave.

En todo caso, son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a clase, o a cualquier otra actividad programada por el centro educativo, cuando no sea reiterada.

b) Las actitudes, los gestos o las palabras desconsideradas contra las personas que integran la comunidad educativa.

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

d) El uso puntual de dispositivos móviles, cuando no se respeten las restricciones establecidas por el centro educativo y siempre que este uso no afecte a la protección de datos personales, a la intimidad o a la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

e) Cualquier infracción de las normas de convivencia recogidas en el Plan de convivencia del centro educativo cuando, por su naturaleza o por las circunstancias en que se produce, no llegue a tener la consideración de conducta contraria a la convivencia grave o muy grave.

f) El incumplimiento ocasional de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y conducta, siempre que no suponga un desafío a su autoridad, tomando en consideración su contexto socioeducativo específico y estableciendo criterios claros que permitan diferenciar dicho incumplimiento de otras conductas graves o muy graves.

g) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia de carácter leve, ya sea colectivo o individual.

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a que se refiere el artículo 6 de este Decreto las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

Artículo 38. 
Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los comportamientos siguientes:

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a clase, o a cualquier otra actividad programada por el centro, cuando sea reiterada.

b) La salida no autorizada del centro o de cualquier actividad programada en distintos entornos educativos.

c) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o al profesorado, así como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones.

d) Una conducta disruptiva reiterada que impida el derecho al estudio de sus compañeros o compañeras, o el desempeño de la función docente.

e) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar, en el comedor o en la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conductas muy graves.

f) La omisión del deber de comunicar al personal del centro cualquier situación de violencia, o que pueda poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que la presencie o de la que tenga conocimiento.

g) El uso reiterado de dispositivos móviles, cuando no se respeten las restricciones establecidas por el centro.

h) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por haber cometido una falta leve.

i) El incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños materiales a las instalaciones, recursos o pertenencias, o a asumir su coste.

j) El incumplimiento de la realización de las tareas sustitutivas impuestas, según el artículo 45.2.g) de este Decreto.

k) La realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia de carácter grave, ya sea colectivo o individual.

l) La reiteración de faltas leves constituye una falta grave.

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a que se refiere el artículo 6 de este Decreto, las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Artículo 39. 
Conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave.

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los comportamientos siguientes:

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o al profesorado, así como al resto del personal del centro educativo en el ejercicio de sus funciones, cuando vaya acompañada de actitudes o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra cualquier persona de la comunidad educativa, a través de cualquier medio, incluido el digital, en las condiciones establecidas en el artículo 40 del presente Decreto.

c) Una conducta disruptiva continuada que impida el derecho al estudio de sus compañeros o compañeras, o el desempeño de la función docente.

d) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición de vulnerabilidad.

e) Los insultos o las amenazas, así como los gestos o las actitudes contra el alumnado o contra cualquier otro miembro de la comunidad educativa, que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

f) El acoso o el ciberacoso escolares, conforme a lo previsto en el artículo 52 del presente Decreto.

g) Las manifestaciones o actuaciones que impliquen violencia de género o la violencia sexual entre alumnado.

h) La agresión física contra cualquier persona de la comunidad educativa o la instigación a dichas acciones, así como la grabación de estos hechos para su posterior difusión.

i) Introducir o usar objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, así como incitar su uso o comerciar con ellos en el centro educativo.

j) Incitar o provocar altercados o conductas agresivas violentas, así como involucrarse en ellos, y grabar estos hechos para su posterior difusión.

k) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al centro educativo, a cualquier miembro de la comunidad educativa o a terceras personas.

l) Sustraer bienes pertenecientes al centro educativo, a cualquier miembro de la comunidad educativa o a terceras personas.

m) La alteración del orden en cualquier lugar del centro educativo, en el transporte escolar, en el comedor o en la realización de actividades fuera del centro, que suponga una situación de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.

n) La grabación o difusión no autorizada de imágenes de las personas que integran la comunidad educativa.

o) La suplantación de la identidad.

p) El uso indebido en el entorno escolar de sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías digitales para realizar acciones contrarias a la convivencia que dañen la integridad y la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluyendo la creación o difusión de contenido falso o manipulado.

q) Dañar, modificar o falsificar un documento o registro escolar, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

r) El acceso indebido a documentos, ficheros y servidores del centro.

s) El incumplimiento de una medida correctora de una conducta contraria a la convivencia grave impuesta por el equipo de gestión de la convivencia.

t) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando atente, de manera manifiesta, al derecho a la salud y a la integridad física, y al derecho de no discriminación, al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas.

u) La alarma social ocasionada por conductas perturbadoras de la convivencia, especialmente cuando estas generen situaciones de pánico colectivo o difusión de información falsa que pueda alterar gravemente el normal funcionamiento del centro educativo.

v) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, de carácter muy grave, ya sea colectivo o individual.

w) La reiteración de faltas graves.

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a que se refiere el artículo 6 de este Decreto las conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave.

CAPÍTULO II. 
APLICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

Artículo 40. 
Criterios generales para la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

1. Se entenderá como conductas contrarias a la convivencia por parte del alumnado las determinadas en los artículos 37, 38 y 39 del presente Decreto, así como aquellas conductas que incumplan las normas establecidas en el Plan de convivencia del centro educativo.

Estas conductas contrarias a la convivencia podrán ser de carácter leve, grave y muy grave, y conllevarán la aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas en este Decreto o en el Plan de convivencia del centro educativo.

2. Las medidas preventivas y correctoras recogidas en este Decreto o en el Plan de convivencia del centro podrán aplicarse a las conductas contrarias a la convivencia del alumnado que tengan lugar:

a) En el centro educativo o en la empresa o el organismo equiparado durante la FEOE.

b) A la llegada o a la salida del centro educativo, o durante el desarrollo de servicios o actividades complementarias o extraescolares.

c) En los entornos digitales que puedan afectar a la vida del centro educativo o a cualquiera de las personas de su comunidad educativa: plataformas educativas oficiales, dispositivos propios del centro sin importar horario, lugar y plataforma, y dispositivos personales y redes sociales externas pero en horario escolar o en actividades en el centro.

3. Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie o tenga conocimiento de una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o muy grave deberá comunicarlo, en el mismo día y dentro del horario lectivo, a la dirección del centro educativo.

4. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave, que puedan ser constitutivas de infracción penal, deberán ser comunicadas al Ministerio Fiscal por la dirección del centro educativo. En caso de incoarse expediente por el Ministerio Fiscal, el procedimiento disciplinario en el centro educativo se suspenderá hasta que se resuelva el proceso penal, sin perjuicio de que el centro educativo pueda acordar las medidas cautelares a que hubiere lugar y siempre en coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, para garantizar que tales medidas cautelares no interfieran en el proceso judicial. No obstante, se tendrá en cuenta en todo momento lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de este Decreto.

5. Las medidas preventivas y correctoras que se apliquen contribuirán a concienciar y a educar al alumnado en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de responsabilidades y reparación del daño, así como a fomentar la mejora del clima escolar, del bienestar y de las relaciones interpersonales en la comunidad educativa.

6. Las medidas preventivas y correctoras que se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y restaurativo, sin que se menoscaben los derechos del alumnado, teniendo en cuenta los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación, proporcionalidad, y el interés superior del alumnado.

7. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser corregidas en el plazo más breve posible, con medidas educativas vinculadas con la conducta a corregir.

8. En todo caso, en la aplicación de medidas preventivas y correctoras como consecuencia de conductas contrarias a la convivencia, deberá tenerse en cuenta que:

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro educativo tendrá que contribuir a restablecer el normal funcionamiento del aula y del centro educativo, facilitando la mejora del bienestar y de la convivencia positiva.

b) Para la adopción de medidas preventivas y correctoras, se deberá tener en cuenta la edad del alumnado, así como cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. Para el alumnado con NEAE o en situación de vulnerabilidad, se considerarán sus condiciones particulares y se realizarán los ajustes razonables de cada medida, garantizando el principio de inclusión y el interés superior del menor.

9. En todos los casos, se deberá garantizar el derecho del alumnado afectado a ser oído antes de la adopción de medidas preventivas o correctoras, procurando emplear para ello métodos adaptados a su edad y nivel de desarrollo.

10. La aplicación de medidas preventivas y correctoras se registrará adecuadamente, incluyendo el seguimiento de su eficacia y los resultados obtenidos, con el fin de evaluar y mejorar, de manera continua, los procedimientos de gestión de la convivencia.

11. El alumnado que, de forma intencionada o por uso indebido, cause daños a las instalaciones del centro educativo o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras que se puedan tomar. En todo caso, las personas representantes legales del alumnado causante de los daños señalados en el presente artículo serán responsables civiles en los términos previstos en el artículo 1.903 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas titulares de los centros educativos serán responsables por los daños y perjuicios frente a terceras personas ocasionados por el alumnado menor de edad durante el tiempo que se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado realizando actividades escolares o extraescolares y complementarias.

Artículo 41. 
Graduación de las medidas preventivas y correctoras aplicables.

1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables, se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia.

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta infractora.

b) La reparación espontánea de los daños y perjuicios ocasionados.

c) La petición privada o pública de perdón, estimada como suficiente por la persona o las personas afectadas que, en ningún caso, podrá suponer para el alumnado implicado un acto de humillación o vejatorio.

d) La falta de intencionalidad.

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente perjudicada da por solucionado el conflicto.

g) La presencia de especiales condiciones personales, permanentes o transitorias, que puedan contribuir a la aparición de conductas contrarias a la convivencia, en el caso del alumnado con NEAE. En este sentido, se tendrá especial consideración con el alumnado escolarizado en una modalidad diferente a la ordinaria.

3. Serán consideradas circunstancias agravantes:

a) La premeditación.

b) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea colectivo o individual.

d) Alentar al daño, a la injuria o a la ofensa al alumnado en situación de vulnerabilidad, teniendo especial consideración con el alumnado menor de edad, el recién incorporado al centro o el que sufra una situación de acoso.

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, nivel socioeconómico, orientación sexual e identidad de género, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidad o por NEAE compatibles con alteraciones de las emociones y de la conducta, o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social.

f) Servirse de personas con discapacidad intelectual con la finalidad de realizar acciones humillantes o vejatorias hacia cualquier miembro de la comunidad educativa o hacia sí mismo, así como incitarlas a cometer actos tipificados en este Decreto como conductas contrarias a la convivencia graves o muy graves.

g) El uso de medios digitales para ofender, agredir, humillar, excluir o acosar.

h) El uso de medios digitales para difundir imágenes, audios o vídeos que vulneren los derechos de cualquier persona de la comunidad educativa o con alguno de los propósitos recogidos en el apartado g).

i) El incumplimiento de un acuerdo de mediación del conflicto.

4. En el caso de la sustracción o el deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa, se atenderá al valor de lo sustraído.

Artículo 42. 
Procedimientos de actuación con el alumnado durante la aplicación de medidas correctoras.

1. Las medidas correctoras que no impliquen suspensión del derecho de asistencia a clase o al centro educativo, o si esta no supera los cinco días lectivos, serán objeto de seguimiento por el tutor o la tutora, o por la persona que ejerza su tutoría afectiva. Este seguimiento incluirá, como mínimo, comunicación con la familia y valoración periódica del progreso del alumnado.

2. Por su parte, las medidas correctoras que impliquen suspensión del derecho de asistencia a clase o al centro educativo por una duración mayor de cinco días lectivos, serán complementadas con un plan de seguimiento del alumnado con actividades curriculares, que garanticen la continuidad de su proceso educativo, que incluirá, al menos, una entrevista presencial semanal con el alumnado. En este caso, el director o la directora nombrará un profesor o una profesora responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor o la tutora, o la persona que ejerza su tutoría afectiva.

3. Los centros educativos podrán establecer, previo convenio, procedimientos de colaboración con entidades del entorno, para que el alumnado que haya sido objeto de una medida correctora como la suspensión del derecho de asistencia a clase realice servicios a la comunidad. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de las personas representantes legales, en el caso de alumnado menor de edad y oído este, y tiene que ser aceptada por el alumno o la alumna, si es mayor de edad.

4. El director o la directora autorizará al alumnado la asistencia al centro educativo, cuando haya perdido el derecho de asistencia, para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen, pudiendo realizarlas, de manera individual, si así se estima conveniente.

Artículo 43. 
Plazos de prescripción de las conductas contrarias a la convivencia y de las medidas correctoras.

1. Las medidas adoptadas se aplicarán en un plazo no superior a 3 días lectivos a fin de reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto.

2. Las conductas contrarias a la convivencia leves prescribirán en el plazo de tres meses; las graves, en el de seis meses; y las muy graves, en el de nueve meses. El plazo de prescripción de la conducta infractora comenzará a computarse desde que la actuación se hubiese cometido y hasta la finalización del curso escolar.

Estos plazos se interrumpirán con conocimiento de la persona interesada por el traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento de medida sin apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario.

3. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre conductas contrarias a la convivencia leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses y las impuestas sobre las muy graves, en el plazo de nueve meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado a la persona interesada.

Interrumpirá la prescripción de las medidas correctoras la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

4. Los periodos no lectivos se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.

5. Las conductas contrarias a la convivencia muy graves que conlleven la incoación de un procedimiento disciplinario se regirán por los plazos específicos y detallados en el artículo 49 del presente Decreto.

Artículo 44. 
Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro educativo y, en particular, por el profesorado que observe o que esté implicado en las mismas, informando al tutor o a la tutora del alumno o de la alumna de los hechos ocurridos y de las medidas que se tomen, así como a las familias del alumnado menor de edad o a sus representantes legales.

Esta información podrá trasladarse a las familias con anterioridad o posterioridad a la aplicación de las medidas. Las medidas serán proporcionales a la conducta del alumno o alumna y deberán contribuir a mejorar su proceso educativo. Algunas de estas medidas podrán ser:

a) Participación activa en el procedimiento de mediación formal, así como en cualquier otro procedimiento de resolución pacífica de conflictos.

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas.

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta adecuadas.

d) Redacción de un acuerdo escrito del alumno o de la alumna en el que se compromete a mejorar su comportamiento.

e) Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias.

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación al tutor o a la tutora, o a la jefatura de estudios.

g) Comunicación a las familias a través de los cauces establecidos por el centro educativo.

h) Realización de trabajos educativos o de tareas que contribuyan a la reparación del daño causado, priorizando aquellas tareas que tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. Esta medida no podrá ser impuesta sin autorización de las personas representantes legales, en el caso de alumnado menor de edad, teniendo que ser aceptada por el alumno o la alumna, si es mayor de edad y deberá contar con la atención adecuada.

i) Retirada y custodia del dispositivo móvil hasta la finalización de la jornada escolar, según establece la normativa vigente.

2. Cuando, después de aplicar las medidas previstas en este artículo, no se haya logrado corregir la conducta del alumno o de la alumna y reparar el daño causado, la gestión del conflicto se trasladará al equipo de gestión de la convivencia.

3. La aplicación de estas medidas será registrada por el profesorado que las imponga y comunicada al tutor o a la tutora, quien realizará un seguimiento de su efectividad e informará periódicamente a las familias o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.

Artículo 45. 
Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección del centro educativo o, por delegación, la jefatura de estudios o el equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna o algunas de las siguientes medidas, informando al tutor o a la tutora del alumno o de la alumna, así como a las familias del alumnado menor de edad o a sus representantes legales.

2. Será preceptivo, antes de la aplicación, el trámite de audiencia al alumno o a la alumna o, en caso de ser menores de edad, a sus representantes legales, en un plazo no superior a tres días lectivos y por el medio establecido al efecto que permita garantizar la comunicación.

En todo caso, quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se notificarán a la familia o a los representantes legales del alumnado si es menor de edad. Algunas de estas medidas podrán ser:

a) Participación activa en el procedimiento de mediación formal, así como en cualquier otro procedimiento de resolución pacífica de conflictos.

b) Cambio de grupo del alumno o de la alumna, con carácter temporal o definitivo.

c) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias áreas o materias, ámbitos o módulos, sin que la medida pueda exceder de tres días lectivos.

d) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar por un periodo máximo de tres días lectivos, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar durante la utilización de estos servicios.

e) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta contraria a la convivencia o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.

f) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que tengan lugar fuera o dentro del centro educativo por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta contraria a la convivencia o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.

g) Realización de trabajos educativos o de servicios a la comunidad educativa que contribuyan a la reparación del daño causado. Esta medida no podrá ser impuesta sin autorización de las personas representantes legales, en el caso del alumnado menor de edad, teniendo que ser aceptada por el alumno o la alumna, si es mayor de edad y debe contar con la atención adecuada.

h) En todo caso, se priorizará que estos trabajos o servicios estén directamente relacionados con el tipo de conducta corregida y orientados a desarrollar actitudes de responsabilidad y compromiso con la comunidad.

3. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del alumnado garantizada dentro del centro educativo, a través de las estrategias establecidas en el Plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.

4. La dirección del centro, oído el equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en el apartado 2 de este artículo.

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua, en las condiciones que se recogen en el artículo 42 del presente Decreto.

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, en las condiciones que se recogen en el artículo 42.

c) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el centro por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la aplicación de las medidas mencionadas.

5. La aceptación de la mediación formal como medida para la resolución del conflicto paraliza la aplicación de cualquier otra medida hasta que finalice la mediación. La mediación deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

Artículo 46. 
Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave conllevarán la apertura de un procedimiento disciplinario, según lo establecido en el artículo 49 del presente Decreto. No obstante, antes de iniciar este procedimiento y con la intención de corregir esta conducta, el director o la directora, contando con el equipo de gestión de la convivencia e informando al tutor o a la tutora del alumno o de la alumna, y a las familias del alumnado menor de edad o a sus representantes legales, podrá aplicar alguna de las siguientes medidas, garantizando, en cualquier caso, el trámite de audiencia en un plazo no superior a tres días al alumno o la alumna, y a sus representantes legales en caso de ser menor de edad:

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de once a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, en los términos previstos en el artículo 42 del presente Decreto, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el seguimiento del profesorado designado por el centro educativo.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias durante un periodo que puede llegar hasta la finalización del año académico.

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o de comedor, durante un periodo que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar durante la utilización de dichos servicios.

d) Inhabilitación para cursar estudios en el centro educativo en el que se cometió la conducta contraria a la convivencia de carácter muy grave por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar, en las condiciones que se establecen en el artículo 49 de este Decreto.

e) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro educativo donde se cometió la conducta contraria a la convivencia de carácter muy grave, en las condiciones que se establecen en el artículo 49 del presente Decreto.

2. En caso de que se determine una medida de inhabilitación definitiva para el alumnado que curse las enseñanzas obligatorias, la Consejería competente en materia de educación le asegurará, en los términos que se determinen, un puesto escolar en otro centro educativo sostenido con fondos públicos. En el traslado de este alumnado a otro centro educativo, se procurará en la medida de lo posible, garantizar que reciba los mismos servicios complementarios en caso de que los tenga reconocidos. Si se trata de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas, se le facilitará su escolarización en la modalidad de enseñanza a distancia.

Asimismo, se podrá ofertar esta modalidad de escolarización cuando se haya puesto en riesgo, gravemente, la integridad física del alumnado, profesorado o personal no docente.

Artículo 47. 
Consideraciones específicas para el alumnado que presenta NEAE asociadas a alteraciones en las emociones y la conducta.

1. Las medidas de apoyo para la gestión de conductas contrarias a la convivencia que se manifiesten en determinadas situaciones derivadas de la presencia de una diferenciación funcional en el alumnado que responde a factores biológicos, psicológicos, emocionales y ambientales presentes en algunos trastornos o discapacidades en el entorno educativo, deberán tener un marcado carácter preventivo y corrector, y estar integradas en el Plan de convivencia del centro educativo.

2. A la hora de considerar las medidas preventivas y correctoras más apropiadas, se deberá tener en cuenta la mejora de habilidades y factores que median en la aparición de conductas desajustadas. Para ello, se tendrá en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

a) Propiciar un ambiente estructurado a nivel de centro educativo y aula que ayude a predecir o reconducir situaciones donde aparezcan las conductas desajustadas, una organización espacial y ubicación del alumnado en el aula que minimice los efectos de una posible crisis conductual, el control o la eliminación de objetos peligrosos y las rutinas y normas claras.

b) Realizar actividades que recojan un tratamiento transversal de habilidades de autogestión emocional, habilidades alternativas, refuerzo de habilidades sociales y de interacción entre iguales.

c) Impulsar la vinculación afectiva del alumnado con algún profesor o profesora del centro o con alumnado de referencia que sea un modelo positivo.

d) Promover la coordinación docente en la gestión conductual, en el seguimiento y coordinación familiar y con servicios sociales y sanitarios.

3. En el PEP que se elabore para este alumnado, se deben tener en consideración los factores que intervienen en la aparición y el mantenimiento de conductas contrarias a la convivencia. Será elaborado por el profesorado de pedagogía terapéutica, en colaboración con el equipo docente y con el asesoramiento y coordinación del orientador o de la orientadora del centro educativo y, en su caso, del equipo de gestión de la convivencia.

4. El PEP tendrá como objetivo la organización, planificación y coordinación de las acciones con el alumnado para la reducción del riesgo derivado de sus conductas, y la mejora de las habilidades y de los factores que median en las mismas. Incorporará también indicadores de logro que permitan evaluar su eficacia y realizar los ajustes necesarios. La Consejería competente en materia de educación podrá ofrecer apoyo y asesoramiento para su elaboración y puesta en práctica.

5. Ante un conflicto generado se comprobará que las medidas preventivas y correctoras recogidas en el PEP se hayan aplicado. En caso de que el conflicto permanezca, el centro educativo podrá continuar con la gestión del conflicto generado, de acuerdo con lo establecido en este Decreto, con los ajustes que sean necesarios realizar.

6. Las medidas adoptadas se desarrollarán en colaboración con las familias y en coordinación con los servicios sociales y servicios sanitarios cuando se precise, para asegurar una respuesta efectiva a las necesidades del alumnado.

Artículo 48. 
Procedimiento de mediación formal.

1. Los centros educativos incorporarán en su Plan de convivencia el procedimiento de mediación formal como medio preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia, en los términos previstos en la Orden departamental de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, o norma reglamentaria que la sustituya. Los centros educativos deberán concretar las condiciones de aplicación de este procedimiento, adaptándolo a su contexto específico.

2. La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas interrumpe los plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario. En el caso de que se cumplan los términos del acuerdo alcanzado gracias a la mediación formal, no se iniciará el procedimiento disciplinario.

Si no se alcanzase un acuerdo por este procedimiento, se continuará con las actuaciones previas a la incoación del procedimiento disciplinario, reiniciándose el plazo para incoar dicho procedimiento disciplinario a partir del día siguiente al que se tenga por finalizada la mediación.

3. La Consejería competente en materia de educación promoverá la formación del profesorado, del alumnado y de las familias en materia de mediación escolar, y establecerá las condiciones para la acreditación de mediadores y mediadoras en el ámbito educativo.

4. Los centros educativos dispondrán de un registro de mediación formal, donde se recogerán los casos en los que se ha aplicado este procedimiento, los acuerdos alcanzados y su seguimiento. Este registro tendrá carácter confidencial y solo podrá ser consultado por los miembros del equipo directivo, del equipo de gestión de la convivencia y de la Inspección de Educación.

Artículo 49. 
Procedimiento disciplinario.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter muy grave conllevarán la apertura de un procedimiento disciplinario. No obstante, si así se considerase, antes de iniciar el procedimiento, el director o la directora procurará corregir la conducta mediante la adopción de las medidas recogidas en el artículo 46, salvo las indicadas en las letras d) y e), que solo se podrán aplicar mediante el correspondiente procedimiento disciplinario. Estas medidas deberán ser aceptadas voluntariamente por el alumno o la alumna o, en su caso, por sus familias o representantes legales, lo que determinará que no se inicie el procedimiento disciplinario siempre y cuando la dirección aprecie motivadamente que el interés educativo así lo justifica.

No se podrán adoptar tales medidas si la conducta se encuentra dentro de las previstas en las letras e), f) g) y h) del apartado 1 del artículo 39 de este Decreto.

Esta vía alternativa deberá documentarse formalmente, recogiendo la descripción de la conducta, las medidas propuestas y la aceptación por parte del alumnado o sus representantes legales.

2. Corresponde al director o a la directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del equipo de gestión de la convivencia, el referido procedimiento disciplinario al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos.

3. La persona titular de la dirección del centro incoará procedimiento disciplinario haciendo constar:

a) El nombre y apellidos del alumno o de la alumna.

b) Los hechos imputados.

c) La fecha en la que se produjeron los mismos.

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su abstención y/o recusación.

e) Medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano competente.

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento, según lo establecido en el artículo 51 del presente Decreto.

g) El derecho que asiste al alumnado y, en su caso, a sus representantes legales, a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta de resolución.

4. El acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario deberá notificarse a la persona instructora, al alumnado presunto autor de los hechos y a sus familias o representantes legales, en el caso de que sea menor de edad.

En la notificación se relatarán los hechos que se le imputan y las medidas correctoras que se le pudieran aplicar, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días lectivos sobre el contenido del acuerdo de incoación del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de los hechos imputados. La notificación se realizará por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por la persona interesada o su representante legal. Solo quienes tengan la condición legal de personas interesadas en el expediente tienen derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación.

5. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo máximo de diez días lectivos, realizará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como practicará las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito del profesorado que haya sido testigo de los hechos, el testimonio de la persona agraviada, en su caso, y las alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o la alumna presuntamente responsable de los hechos o su representante legal, si fuera menor de edad.

6. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará la propuesta de resolución que se notificará a la persona interesada o a su representante legal, si es menor de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

7. La propuesta de resolución deberá contener al menos:

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente disciplinario.

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.

c) Las alegaciones y los testimonios de las personas afectadas.

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.

e) La medida aplicable.

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.

8. El procedimiento finalizará mediante resolución de la persona titular de la dirección del centro que podrá contemplar la aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida aplicable.

d) Derecho a que el Consejo Escolar o Consejo Social, en el plazo de cinco días y a instancia del alumnado o de sus representantes legales, revise la decisión adoptada, cuando esta sea la inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro educativo donde se cometió la conducta, y proponga, en su caso, otras medidas. Esta revisión no suspenderá la ejecución de la medida, salvo que la dirección del centro, a la vista de las circunstancias, determine lo contrario.

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa. Contra dicha resolución cabrá interponer recurso contencioso-administrativo.

9. La resolución será notificada en el menor tiempo posible, respetando el plazo establecido en el apartado anterior. El alumnado, su familia o sus representantes legales, si es menor de edad, podrán manifestar en el momento de la notificación, la aceptación de la medida adoptada, que deberá hacerse constar en el expediente. En este caso, esta será de aplicación inmediata. Si no se acepta dicha medida, habrá que esperar a la firmeza de la decisión administrativa.

Artículo 50. 
Medidas cautelares.

1. Durante la aplicación del procedimiento disciplinario, en caso de que se considere necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro, la persona titular de la dirección, por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora, podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes. Estas medidas se adoptarán de forma motivada, respetando el principio de proporcionalidad, velando por la seguridad o integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa y considerando siempre el interés educativo del alumno o alumna afectado.

2. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, o a determinadas actividades complementarias o extraescolares, o de asistencia al propio centro educativo, hasta la resolución del procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al centro, la medida solo podrá acordarse oído el equipo de gestión de la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar o Consejo Social.

3. Una vez acordada la medida, el profesor o la profesora que ejerza la tutoría académica comunicará por escrito al alumno o a la alumna, y, en caso de ser menor de edad, también a su representante legal, el plan de seguimiento que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, según lo establecido en el artículo 42 de este Decreto, con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua.

Este plan incluirá las actividades, por áreas, materias, ámbitos o módulos, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así como las formas de seguimiento y control necesarias para su aprovechamiento académico.

Artículo 51. 
Procedimiento de conciliación.

1. El procedimiento de conciliación es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, en el que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto entre las partes, siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a la que se refieren los apartados 6 y 7 del artículo 49 del presente Decreto. El procedimiento tiene como objetivo principal la resolución del conflicto mediante el diálogo, la comprensión mutua y la reparación del daño causado.

2. Cuando haya conciliación, el procedimiento disciplinario abierto podrá terminar con un compromiso educativo firmado por el alumno o la alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus representantes legales.

Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección del centro su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o la alumna reconozca la infracción cometida o el daño causado. En este procedimiento, el alumnado infractor deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización efectiva, con la conformidad de su representante legal, si el alumno o la alumna es menor de edad.

La falta de cumplimiento del compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión y la continuación del procedimiento disciplinario.

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento de conciliación se efectuará primando los principios establecidos en este Decreto. A tal efecto, deberá procurarse agotar cuantas medidas previas permitan reconducir el conflicto y aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave. De cualquier manera, se garantizará el derecho de todas las personas implicadas a expresar su versión de los hechos y a ser oídas durante el procedimiento.

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la persona agraviada y de la persona que ha realizado la conducta contraria a la convivencia.

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el mismo alumno o la misma alumna por dos veces en el mismo curso escolar.

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o de la alumna de una medida por conducta muy grave contraria a la convivencia, con independencia de que su imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o de conciliación.

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento de conciliación anterior por causas imputables al alumnado expedientado.

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado suspende los plazos para la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcance el acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la finalización del procedimiento disciplinario en tramitación. El cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes supondrá la terminación y el archivo del expediente disciplinario.

6. Los acuerdos alcanzados en el procedimiento de conciliación se recogerán por escrito, especificando las medidas acordadas y los plazos para su cumplimiento. Este documento será firmado por todas las partes implicadas y, en caso de menores de edad, por sus representantes legales. Se entregará una copia a cada una de las partes y otra se incorporará al expediente disciplinario.

Artículo 52. 
Procedimiento de intervención frente al acoso y ciberacoso escolares.

1. El acoso y el ciberacoso escolares, vinculados exclusivamente al ámbito educativo y llevados a cabo únicamente en el entorno escolar, constituyen conductas contrarias a la convivencia tipificadas como muy graves, ante las que deberán aplicarse las medidas recogidas a tal efecto en este Decreto.

2. Ante posibles situaciones de acoso escolar, los centros educativos aplicarán el Protocolo de intervención vigente de la Consejería competente en materia de educación. Este protocolo tiene como objetivo valorar la existencia o no de una situación de acoso escolar y elaborar un plan de acompañamiento y seguimiento que garantice el restablecimiento de la convivencia y del clima escolar.

3. La aplicación del Protocolo de intervención vigente ante un posible caso de acoso escolar será notificada de forma inmediata a la Inspección de Educación, que velará por la adecuada aplicación de este protocolo.

4. Todo miembro de la comunidad educativa tiene el deber de comunicar al director o a la directora del centro o a cualquier integrante del equipo directivo, o a la persona coordinadora para el bienestar, cualquier situación de posible acoso o ciberacoso escolares. Los centros educativos establecerán canales de comunicación directos, accesibles y seguros para que el alumnado pueda informar sobre posibles situaciones de acoso o ciberacoso. Estos canales garantizarán la confidencialidad y protección de la identidad de la persona que realiza la comunicación.

Artículo 53. 
Procedimiento de intervención frente a la violencia de género en el ámbito educativo.

1. La violencia de género y la violencia sexual son conductas contrarias a la convivencia tipificadas como muy graves, respecto de las que deberán aplicarse las medidas recogidas a tal efecto en este Decreto.

2. Ante posibles situaciones de violencia de género se aplicará el Protocolo de violencia de género en los centros educativos.

3. La aplicación del Protocolo de violencia de género en los centros educativos será notificada de forma inmediata a la Inspección de Educación, que velará por la adecuada aplicación de este protocolo.

4. En consonancia con lo establecido en el apartado 1.b) del artículo 34 de este Decreto y en el caso de que la situación revista especial gravedad, la Consejería competente en materia de educación lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. 
Centros educativos privados concertados.

La consideración de autoridad pública del profesorado y el derecho a la protección legal y a la defensa jurídica, a que hacen referencia las letras b) y d) del artículo 31 del presente Decreto, no serán de aplicación a los centros privados concertados, ajustándose, en su caso, a su normativa específica.

Disposición Adicional Segunda. 
Adaptación a los centros educativos con alumnado mayor de edad.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas, los Centros de Educación de Personas Adultas, los Centros de Educación a Distancia, el Centro de Enseñanzas en Línea, los centros donde se impartan Ciclos Superiores de Formación Profesional, Ciclos Superiores de Enseñanzas Artísticas o Ciclos Superiores de Enseñanzas Deportivas, los centros residenciales y todos los casos en que el alumnado sea, con carácter general, mayor de edad, deberán adaptar las normas de convivencia y los procedimientos de intervención al principio de autonomía personal, garantizando la protección y el respeto mutuo entre todas las personas de la comunidad educativa.

En todo caso, deberán adecuarse a lo establecido en los Capítulos I y III del Título II, así como en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título IV de este Decreto.

Disposición Adicional Tercera. 
Ejercicio de la patria potestad.

Salvo aquellos casos en que una resolución judicial atribuya a uno solo de los progenitores o representantes legales la patria potestad, o reparta de alguna manera entre ambos las funciones inherentes a estos, las intervenciones en los procedimientos regulados en el presente Decreto podrán ser realizadas por los dos conjuntamente o por uno cualquiera de ellos, presumiéndose la conformidad del otro, de acuerdo con lo previsto por el artículo 156 del Código Civil.

Disposición Adicional Cuarta. 
Custodia y protección de la documentación de los procedimientos regulados en este Decreto y consentimiento en el tratamiento de datos.

1. Durante el tiempo en que la documentación generada en los procedimientos regulados en este Decreto sea conservada, su tratamiento estará sometido a lo que se dispone en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o normativa que los sustituyan y en las disposiciones aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia.

2. La incorporación de un alumno o una alumna a un centro educativo supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación vigente sobre protección de datos.

En todo caso, la información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

Disposición Adicional Quinta. 
Convenios para la protección legal y defensa jurídica.

Para garantizar la protección legal y jurídica del personal docente en materia de convivencia escolar, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 y en la disposición adicional octava del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, o normativa reglamentaria que lo sustituya, la Consejería competente en materia de educación podrá suscribir los convenios y acuerdos que fueran convenientes con el Ministerio Fiscal y los Colegios de Abogados para establecer cauces eficaces de tramitación de denuncias y defensa jurídica ante los juzgados y tribunales de justicia.

Disposición Adicional Sexta. 
Defensor o defensora del alumnado.

Las competencias y funciones del defensor o defensora del alumnado se regularán por parte de la Consejería competente en materia de educación, según lo determinado en el apartado 5 del artículo 7 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, o normativa legal que la sustituya.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primera. 
Expedientes y protocolos iniciados.

1. Los expedientes ya iniciados en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto continuarán hasta su total terminación, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por lo que respecta a los procedimientos disciplinarios, resultará de aplicación retroactiva la norma sancionadora más favorable en lo que respecta a la ejecución de la medida o medidas que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o norma que legalmente la sustituya.

2. Además, se mantendrán vigentes los protocolos específicos de actuación en materia de acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida o protección de la infancia hasta su actualización conforme a este Decreto.

Disposición Transitoria Segunda. 
Actualización de los reglamentos de régimen interno y planes de convivencia.

Los centros educativos revisarán y actualizarán sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria Única. 
Derogación normativa.

Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, queda derogado el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Igualmente quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que resulten incompatibles con lo previsto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar las disposiciones de ámbito organizativo y de funcionamiento interno que sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda. 
Constitución del Observatorio canario para la convivencia escolar.

Se autoriza a las Consejerías competentes en materia educativa y en materia de organización administrativa para la elevación al Gobierno de la propuesta de acuerdo de modificación de reglamento orgánico del departamento competente en materia educativa para la integración del Observatorio canario para la convivencia escolar como órgano administrativo de carácter consultivo adscrito al mismo.

Disposición Final Tercera. 
Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los 20 días naturales a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 30 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,

Hipólito Alejandro Suárez Nuez.