Nuevas medidas para contener los rebrotes por COVID-19 en Andalucía


Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

BOJA Ext.51/2020 de 16 de Agosto de 2020

Debido al aumento de casos por Covid-19 resulta necesario coordinar una serie de actuaciones sanitarias a nivel nacional.

Para ello, se han adoptado las siguientes medidas:

- Se recomienda la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, y que estos se limiten a un máximo de 10 personas.

- Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros.

- Las personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que se incorporen al centro, tienen que tener realizada PCR para Covid-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo.

- En caso de que se permitan las visitas a los usuarios de centros residenciales, solamente pueden tener una duración de 1h diaria.

- Reducción al 75% del aforo para el consumo en local manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

- Los locales deben cerrar sus puertas a las 1:00 h sin que se pueda admitir clientes a partir de las 00:00 h.

- Se permite la realización de espectáculos públicos hasta las 01:00h, siempre y cuando, los asistentes se encuentren sentados en mesas separadas por 1,5 metros y no se superen las 10 personas por mesa.

En Andalucía, la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 19 de junio de 2020, adoptó medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. Dicha orden, modificada por las Órdenes de 25 de junio, de 14 de julio, de 29 de julio y 13 de agosto de 2020, fue dictada como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La mencionada orden establece que las medidas preventivas surtirán efectos desde el día 21 de junio de 2020, y que tendrán vigencia hasta que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 9, en los términos previstos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, sin perjuicio de la eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.

Mediante Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de fecha 14 de agosto de 2020, se ha aprobado la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19. En dicha orden se expone que desde el 21 de junio, fecha de inicio del periodo de «nueva normalidad», se ha incrementado substancialmente la movilidad de la población en comparación con el periodo previo. Pese al mantenimiento de las medidas básicas de control de la transmisión, la movilidad de la población y el contacto entre personas de grupos diferentes de convivencia estable ha generado nuevas cadenas de transmisión del SARS-CoV-2 en la población. Este incremento de transmisión se inició con brotes epidémicos identificados en ámbitos concretos, pero a partir de ellos se ha observado un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las comunidades autónomas que incluye un componente de transmisión comunitaria que en muchas ocasiones no se puede asociar a brote epidémico alguno.

Igualmente dicha orden determina que, si bien es cierto que las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas están haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de la epidemia, con grandes avances en los sistemas de detección temprana de la enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, es necesario coordinar a nivel nacional medidas de control que garanticen la homogeneidad suficiente para evitar que la evolución de la epidemia y las acciones realizadas en una parte del territorio puedan tener un efecto negativo en otras partes del mismo. Aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Críticos. Los brotes detectados en algunos ámbitos concretos, debido a sus características específicas, generan un número de casos importante y además, debido a la dificultad de identificar y controlar a la población de riesgo, suponen el inicio de una transmisión comunitaria que requiere de la toma de medidas de control drásticas y de gran impacto por parte de las CC.AA. para su control.

Los locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno, como bares de copas, discotecas y salas de baile, constituyen actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados, pero además son los brotes origen de una gran parte de la transmisión a actual y de casos en varias Comunidades Autónomas, debido a que afectan a grupos grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que por las grandes dificultades de localización que generan, impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control.

La literatura científica demuestra que durante la exhalación forzada en el consumo de tabaco se expelen aerosoles respiratorios y gotitas que podrían ser capaces de resultar infectivas, es decir, que el uso del tabaco y productos asociados como vapeadores o cachimbas podría multiplicar la capacidad infectiva de una persona. De hecho, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 2 de julio de 2020 un posicionamiento en relación con el consumo de tabaco y relacionados durante la pandemia por el COVID-19, en que se subraya que, según expresaron la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas y entidades relacionadas, son riesgos asociados al acto de fumar y vapear la manipulación de la mascarilla de protección y el contacto repetitivo de los dedos con la boca tras tocar productos o utensilios que podrían actuar como fómite (transmisor inanimado) del virus, la expulsión de gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, y el factor de relajación de la distancia social de seguridad.

Los centros socio-sanitarios son el ámbito en el que se produce el mayor incremento de brotes detectados en las últimas semanas. Los residentes de estos centros son el grupo vulnerable más importante y el prioritario en cuanto a medidas de reducción del riesgo.

Los eventos multitudinarios tienen unas características similares a las asociadas al ocio nocturno y son las situaciones mejor descritas en la literatura científica como origen de brotes epidémicos y de transmisión comunitaria de enfermedades infecciosas, sin embargo, su carácter «planificado» permite una valoración específica de cada evento y la aplicación de medidas puntuales correctoras de riesgo.

Estas medidas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y en medidas que puedan controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes que se detectan a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Además, en dicha orden comunicada por el Ministro de Sanidad se proponen medidas para mejorar la capacidad de detección precoz y control de casos mediante cribados dirigidos y medidas de apoyo para la mejor implementación de normas relacionadas con el uso de mascarillas y el control de aglomeraciones no autorizadas.

En definitiva, por cuanto se ha expuesto, se trata de implementar en Andalucía, las actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19.

Las medidas a adoptar para contener el brote epidémico mientras dure la actual pandemia, han de enmarcarse en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen necesarias.

En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, sin perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones Públicas Sanitarias que, según establece el artículo 40 de la citada Ley 14/1986, de 25 de abril, corresponde a la Administración General del Estado en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional, y de la condición de autoridad sanitaria estatal que, en virtud de la Ley 13/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tiene reconocida la persona titular del Ministerio de Sanidad para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o ante circunstancias extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la población, reconocida por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

DISPONGO

En Andalucía, la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 19 de junio de 2020, adoptó medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. Dicha orden, modificada por las Órdenes de 25 de junio, de 14 de julio, de 29 de julio y 13 de agosto de 2020, fue dictada como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La mencionada orden establece que las medidas preventivas surtirán efectos desde el día 21 de junio de 2020, y que tendrán vigencia hasta que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 9, en los términos previstos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, sin perjuicio de la eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.

Mediante Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de fecha 14 de agosto de 2020, se ha aprobado la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19. En dicha orden se expone que desde el 21 de junio, fecha de inicio del periodo de «nueva normalidad», se ha incrementado substancialmente la movilidad de la población en comparación con el periodo previo. Pese al mantenimiento de las medidas básicas de control de la transmisión, la movilidad de la población y el contacto entre personas de grupos diferentes de convivencia estable ha generado nuevas cadenas de transmisión del SARS-CoV-2 en la población. Este incremento de transmisión se inició con brotes epidémicos identificados en ámbitos concretos, pero a partir de ellos se ha observado un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las comunidades autónomas que incluye un componente de transmisión comunitaria que en muchas ocasiones no se puede asociar a brote epidémico alguno.

Igualmente dicha orden determina que, si bien es cierto que las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas están haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de la epidemia, con grandes avances en los sistemas de detección temprana de la enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, es necesario coordinar a nivel nacional medidas de control que garanticen la homogeneidad suficiente para evitar que la evolución de la epidemia y las acciones realizadas en una parte del territorio puedan tener un efecto negativo en otras partes del mismo. Aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Críticos. Los brotes detectados en algunos ámbitos concretos, debido a sus características específicas, generan un número de casos importante y además, debido a la dificultad de identificar y controlar a la población de riesgo, suponen el inicio de una transmisión comunitaria que requiere de la toma de medidas de control drásticas y de gran impacto por parte de las CC.AA. para su control.

Los locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno, como bares de copas, discotecas y salas de baile, constituyen actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados, pero además son los brotes origen de una gran parte de la transmisión a actual y de casos en varias Comunidades Autónomas, debido a que afectan a grupos grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que por las grandes dificultades de localización que generan, impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control.

La literatura científica demuestra que durante la exhalación forzada en el consumo de tabaco se expelen aerosoles respiratorios y gotitas que podrían ser capaces de resultar infectivas, es decir, que el uso del tabaco y productos asociados como vapeadores o cachimbas podría multiplicar la capacidad infectiva de una persona. De hecho, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 2 de julio de 2020 un posicionamiento en relación con el consumo de tabaco y relacionados durante la pandemia por el COVID-19, en que se subraya que, según expresaron la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas y entidades relacionadas, son riesgos asociados al acto de fumar y vapear la manipulación de la mascarilla de protección y el contacto repetitivo de los dedos con la boca tras tocar productos o utensilios que podrían actuar como fómite (transmisor inanimado) del virus, la expulsión de gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, y el factor de relajación de la distancia social de seguridad.

Los centros socio-sanitarios son el ámbito en el que se produce el mayor incremento de brotes detectados en las últimas semanas. Los residentes de estos centros son el grupo vulnerable más importante y el prioritario en cuanto a medidas de reducción del riesgo.

Los eventos multitudinarios tienen unas características similares a las asociadas al ocio nocturno y son las situaciones mejor descritas en la literatura científica como origen de brotes epidémicos y de transmisión comunitaria de enfermedades infecciosas, sin embargo, su carácter «planificado» permite una valoración específica de cada evento y la aplicación de medidas puntuales correctoras de riesgo.

Estas medidas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y en medidas que puedan controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes que se detectan a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Además, en dicha orden comunicada por el Ministro de Sanidad se proponen medidas para mejorar la capacidad de detección precoz y control de casos mediante cribados dirigidos y medidas de apoyo para la mejor implementación de normas relacionadas con el uso de mascarillas y el control de aglomeraciones no autorizadas.

En definitiva, por cuanto se ha expuesto, se trata de implementar en Andalucía, las actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19.

Las medidas a adoptar para contener el brote epidémico mientras dure la actual pandemia, han de enmarcarse en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen necesarias.

En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, sin perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones Públicas Sanitarias que, según establece el artículo 40 de la citada Ley 14/1986, de 25 de abril, corresponde a la Administración General del Estado en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional, y de la condición de autoridad sanitaria estatal que, en virtud de la Ley 13/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tiene reconocida la persona titular del Ministerio de Sanidad para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o ante circunstancias extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la población, reconocida por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

DISPONGO

Primero. 
Modificación del punto 1 del apartado tercero de la Orden de 19 de junio de 2020.

Se modifica el punto 1 del apartado tercero de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Segundo. 
Modificación de la letra a) del punto 6 del apartado sexto de la Orden de 19 de junio de 2020.

Se modifica la letra a) del punto 6 del apartado sexto de la Orden de 19 de junio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Tercero. 
Modificación del párrafo 2.º de la letra b) del punto 1 del apartado séptimo de la Orden de 19 de junio de 2020.

Se modifica el párrafo 2.º de la letra b) del punto 1 del apartado séptimo de la Orden de 19 de junio de 2020, en su redacción dada en la Orden de 13 de agosto de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarto. 
Modificación del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio de 2020.

1. Se modifican los puntos 1, 2 y 3 del apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

2. Se añade un punto 10 al apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:

Quinto. 
Modificación del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020.

Se modifica el punto 1 del apartado decimoquinto de la Orden de 19 de junio de 2020, en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Sexto. 
Modificación del apartado vigésimo séptimo de la Orden de 19 de junio de 2020.

Se añade un párrafo 4 al punto 6 del apartado vigésimo séptimo de la Orden de 19 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:

Séptimo. 
Régimen sancionador.

El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y el régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.

Octavo. 
Ratificación judicial.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. 
Efectos.

1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

2. Esta orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de agosto de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Consejero de Salud y Familias