COVID-19. Nuevas medidas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura


Resolución de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia reuniones en Extremadura.

DOE 9/2020 de 17 de Octubre de 2020

Para frenar los contagios por COVID-19 en Extremadura, se han adoptado las siguientes medidas:

- En los centros residenciales para personas mayores y con discapacidad, solamente Se permiten nuevos ingresos, visitas y salidas cuando hayan transcurrido 14 días desde la última alta epidemiológica. También, cuando no exista un mandato de cierre del centro por riesgo de contagio en la zona donde se ubique.

- En las autoescuelas, academias y centros privados de enseñanza, el aforo en las clases presenciales no puede superar el 75% respecto a la capacidad máxima. Esto no es aplicable en las prácticas que se realicen con el vehículo de la autoescuela.

- Se prohíben las reuniones de más de 6 personas en la vía pública. Sin embargo, se establecen excepciones por motivos laborales o cuando se trate de personas convivientes.

- Las ceremonias o bodas en espacios privados  que no se realicen por servicios de hostelería no pueden tener un aforo superior a 100 personas al aire libre y 50 personas en espacios cerrados. En caso de bautizos el aforo máximo es de 15 personas.

 

 

Habiéndose aprobado, en sesión extraordinaria de 16 de octubre de 2020, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia de reuniones en Extremadura, este Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,

RESUELVE:

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia de reuniones en Extremadura.

Habiéndose aprobado, en sesión extraordinaria de 16 de octubre de 2020, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia de reuniones en Extremadura, este Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,

RESUELVE:

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia de reuniones en Extremadura.

Mérida, 16 de octubre de 2020.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Con fecha 2 de septiembre de 2020 fue adoptado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad con la finalidad de dar cumplimiento en Extremadura a los mandatos contenidos en Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, en dicho Acuerdo también se contemplan medidas especiales de intervención administrativa adoptadas por iniciativa propia de la Comunidad Autónoma.

Transcurrido un tiempo desde su publicación, se hace preciso acometer su modificación para introducir nuevas medidas y precisar y complementar el alcance de otras.

En primer lugar, por razones de seguridad jurídica, se regula expresamente la facultad interpretativa de las autoridades sanitarias para garantizar la correcta implementación de las medidas contempladas en este cuando pudieran generarse dudas en su aplicación.

En materia de servicios sociales se establecen los supuestos en los que podrán permitirse ingresos y salidas cuando se hubiera acordado el cierre de los dispositivos residenciales como consecuencia del COVID-19, con la finalidad de conjugar la protección del derecho a la vida y la salud con razones de emergencia social, terapéuticas u otras causas justificadas.

Se incorporan medidas preventivas relativas a limitaciones de aforo en academias y enseñanzas no regladas, a modo similar a las autoescuelas, además de clarificarse el régimen de la actividad presencial de estas últimas, con la finalidad de garantizar que en aquellos espacios cerrados formativos no reglados en los que las personas permanecen bastante tiempo se cumplan las distancias de seguridad interpersonal.

Asimismo, las limitaciones previstas para bibliotecas de titularidad autonómica en el acuerdo anterior se extienden a todas las bibliotecas y archivos, cualesquiera que fuere su titularidad, que se encuentren abiertos al público, dado que se trata de la misma tipología de espacios.

Por otra parte, con carácter excepcional y temporal, por un período de 14 días, de conformidad con el informe de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública se adoptan medidas especiales de intervención administrativa en materia de reuniones tanto en el ámbito público como en el privado. Esta medida se implementa en un momento en el que la incidencia acumulada para el conjunto de Extremadura se sitúa en 258 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, dato que sitúa a nuestra región en un nivel de riesgo extremo. Por ello, con la finalidad de reducir al máximo posible la transmisión del virus en nuestra región, esto es, su tasa reproductiva y, por ende, la tasa global de incidencia de la enfermedad en Extremadura, para evitar la adopción, cada vez más numerosa, de medidas específicas por zonas o localidades de población y futuros escenarios de mitigación en los que deben adoptarse medidas más restrictivas en todos los sectores de actividad o medidas más permanentes de prohibición de interacciones sociales, se establece esta restricción temporal en los intercambios sociales.

Con esta medida transitoria de alcance generalizado en la que se circunscribe a seis el número máximo de asistentes a reuniones familiares y sociales, con las excepciones que se prevén en la norma, se incide más intensamente en los ámbitos en los que se constatan más contagios en Extremadura, esto es, en las relaciones familiares y sociales en espacios no controlados donde existe una mayor relajación en la observancia de las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

En cuanto al marco competencial para la adopción de las presentes medidas recordemos que, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 9.1.24 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública y la participación en la planificación y coordinación general de la sanidad.

Por su parte, la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, en su artículo 51, posibilita a las autoridades sanitarias competentes en nuestra región, en el ejercicio de sus competencias, a adoptar cuantas medidas especiales resulten necesarias para proteger y garantizar la salud de la población, o prevenir su pérdida o deterioro, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, sin perjuicio de la competencia de la Administración del Estado en la materia.

En relación con la salud pública, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en cuanto normativa básica, atribuye a las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia, en su artículo 1, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, la competencia para adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. A tales efectos en su artículo 3 se señala que “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Asimismo el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y los artículos 27 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública también reconocen la competencia de las autoridades sanitarias autonómicas para adoptar medidas de intervención administrativa.

En nuestra región la condición de autoridad sanitaria se atribuye en el artículo 3 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, entre otros órganos, al titular de la Dirección General de Salud Pública, al titular de la Consejería con competencias en materia de sanidad y al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Por su parte, el artículo 9.c) reconoce expresamente la competencia para la adopción de medidas especiales de intervención administrativa al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias y, en la letra b) del ordinal primero de la disposición adicional primera del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”, se hace residir dicha competencia en el citado órgano cuando las medidas que hubieren de adoptarse afectaren a núcleos de población o a unidades territoriales superiores y resulten necesarias para garantizar la protección de salud pública o evitar la propagación del virus entre la población o sector afectado.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con el informe de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública, a propuesta del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales y el ejercicio de las competencias que ostenta, este Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 16 de octubre de 2020, adopta el presente

ACUERDO:

Con fecha 2 de septiembre de 2020 fue adoptado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad con la finalidad de dar cumplimiento en Extremadura a los mandatos contenidos en Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, en dicho Acuerdo también se contemplan medidas especiales de intervención administrativa adoptadas por iniciativa propia de la Comunidad Autónoma.

Transcurrido un tiempo desde su publicación, se hace preciso acometer su modificación para introducir nuevas medidas y precisar y complementar el alcance de otras.

En primer lugar, por razones de seguridad jurídica, se regula expresamente la facultad interpretativa de las autoridades sanitarias para garantizar la correcta implementación de las medidas contempladas en este cuando pudieran generarse dudas en su aplicación.

En materia de servicios sociales se establecen los supuestos en los que podrán permitirse ingresos y salidas cuando se hubiera acordado el cierre de los dispositivos residenciales como consecuencia del COVID-19, con la finalidad de conjugar la protección del derecho a la vida y la salud con razones de emergencia social, terapéuticas u otras causas justificadas.

Se incorporan medidas preventivas relativas a limitaciones de aforo en academias y enseñanzas no regladas, a modo similar a las autoescuelas, además de clarificarse el régimen de la actividad presencial de estas últimas, con la finalidad de garantizar que en aquellos espacios cerrados formativos no reglados en los que las personas permanecen bastante tiempo se cumplan las distancias de seguridad interpersonal.

Asimismo, las limitaciones previstas para bibliotecas de titularidad autonómica en el acuerdo anterior se extienden a todas las bibliotecas y archivos, cualesquiera que fuere su titularidad, que se encuentren abiertos al público, dado que se trata de la misma tipología de espacios.

Por otra parte, con carácter excepcional y temporal, por un período de 14 días, de conformidad con el informe de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública se adoptan medidas especiales de intervención administrativa en materia de reuniones tanto en el ámbito público como en el privado. Esta medida se implementa en un momento en el que la incidencia acumulada para el conjunto de Extremadura se sitúa en 258 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, dato que sitúa a nuestra región en un nivel de riesgo extremo. Por ello, con la finalidad de reducir al máximo posible la transmisión del virus en nuestra región, esto es, su tasa reproductiva y, por ende, la tasa global de incidencia de la enfermedad en Extremadura, para evitar la adopción, cada vez más numerosa, de medidas específicas por zonas o localidades de población y futuros escenarios de mitigación en los que deben adoptarse medidas más restrictivas en todos los sectores de actividad o medidas más permanentes de prohibición de interacciones sociales, se establece esta restricción temporal en los intercambios sociales.

Con esta medida transitoria de alcance generalizado en la que se circunscribe a seis el número máximo de asistentes a reuniones familiares y sociales, con las excepciones que se prevén en la norma, se incide más intensamente en los ámbitos en los que se constatan más contagios en Extremadura, esto es, en las relaciones familiares y sociales en espacios no controlados donde existe una mayor relajación en la observancia de las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

En cuanto al marco competencial para la adopción de las presentes medidas recordemos que, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 9.1.24 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad y salud pública y la participación en la planificación y coordinación general de la sanidad.

Por su parte, la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, en su artículo 51, posibilita a las autoridades sanitarias competentes en nuestra región, en el ejercicio de sus competencias, a adoptar cuantas medidas especiales resulten necesarias para proteger y garantizar la salud de la población, o prevenir su pérdida o deterioro, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, sin perjuicio de la competencia de la Administración del Estado en la materia.

En relación con la salud pública, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en cuanto normativa básica, atribuye a las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia, en su artículo 1, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, la competencia para adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. A tales efectos en su artículo 3 se señala que “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Asimismo el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y los artículos 27 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública también reconocen la competencia de las autoridades sanitarias autonómicas para adoptar medidas de intervención administrativa.

En nuestra región la condición de autoridad sanitaria se atribuye en el artículo 3 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, entre otros órganos, al titular de la Dirección General de Salud Pública, al titular de la Consejería con competencias en materia de sanidad y al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Por su parte, el artículo 9.c) reconoce expresamente la competencia para la adopción de medidas especiales de intervención administrativa al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias y, en la letra b) del ordinal primero de la disposición adicional primera del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”, se hace residir dicha competencia en el citado órgano cuando las medidas que hubieren de adoptarse afectaren a núcleos de población o a unidades territoriales superiores y resulten necesarias para garantizar la protección de salud pública o evitar la propagación del virus entre la población o sector afectado.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con el informe de 16 de octubre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública, a propuesta del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales y el ejercicio de las competencias que ostenta, este Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 16 de octubre de 2020, adopta el presente

ACUERDO:

Primero. 
Modificación del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un ordinal cuarto bis en los siguientes términos:

Dos. Se modifican las letras b), c) del apartado 2.3, del ordinal segundo, del capítulo III del anexo, que quedan redactadas en los siguientes términos:

Tres. Se añaden dos párrafos finales en la letra e) del apartado 2.3, del ordinal segundo, del capítulo III del anexo, en los siguientes términos:

“e) De las salidas.

Cuatro. Se modifica el ordinal quinto, del capítulo III, del anexo, que queda redactado en los siguientes términos:

Cinco. Se modifica el ordinal vigesimotercero, del capítulo III, del anexo, que queda redactado en los siguientes términos:

Segundo. 
Medidas excepcionales y temporales de intervención administrativa relativas a las reuniones en la vía pública y en espacios públicos y privados.

1. No podrán celebrarse reuniones de más de seis personas en la vía pública y en espacios públicos o privados. No obstante, el número de personas participantes podrá exceder de seis en los siguientes supuestos:

a) Cuando la reunión esté integrada exclusivamente por convivientes.

b) Cuando se trate de reuniones relativas a actividades laborales o institucionales.

c) Cuando se trate de reuniones de órganos de gobierno, deliberación, o, en general, de órganos necesarios para el funcionamiento de comunidades de propietarios, asociaciones, federaciones o asimilados o cualesquiera reuniones que deban efectuarse para dar cumplimiento a un deber público u obligación legal.

En los supuestos previstos en las letras b) y c) se recomienda, cuando sea posible, el empleo de medios telemáticos para la celebración de estas reuniones.

2. No tendrán la consideración de reuniones las agrupaciones o la confluencia de personas en actividades en las que se establezcan límites de aforo u otras medidas preventivas y que se encuentren reguladas en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 o en otra normativa o regulación que resultare de aplicación.

Las ceremonias y celebraciones religiosas y civiles se continuarán rigiendo por lo dispuesto en el ordinal decimosexto, del capítulo III, del anexo del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, a excepción de las celebraciones derivadas de ceremonias civiles y religiosas celebradas en espacios privados que no sean organizadas por servicios de hostelería y restauración, en las que se establece un límite máximo de cien personas al aire libre y de cincuenta en espacios cerrados. En el caso de los bautizos y comuniones el límite máximo será de quince personas.

Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración previstos en el ordinal séptimo, del capítulo III, del anexo al Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, el límite máximo de personas por mesa o agrupaciones de mesas será de seis.

3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este ordinal las manifestaciones, que se sujetarán a lo que disponga la normativa de aplicación, sin perjuicio de la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social en los términos que se acuerden por las autoridades competentes.

4. Durante el período de vigencia de las presentes medidas quedarán en suspenso las recomendaciones previstas en el número tres, del ordinal cuarto, del capítulo I, del anexo del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, que volverán a producir efectos a partir de la extinción de aquellas.

Tercero. 
Publicación y efectos.

1. El presente Acuerdo producirá efectos desde las 00.00 horas del día siguiente a su publicación y se mantendrá vigente hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, salvo modificación o sustitución posterior por disposición o acto adoptados por las autoridades competentes teniendo en cuenta la evolución de la situación epidémica.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, las medidas contenidas en el ordinal segundo relativas a las reuniones en la vía pública y en espacios públicos y privados estarán vigentes exclusivamente por un período de catorce días naturales, pudiendo ser prorrogadas en función de la situación epidemiológica de la región.

Cuarto. 
Ratificación judicial.

Solicítese la ratificación judicial prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quinto. 
Régimen de recursos.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en los artículos 102 y 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien formular directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, según lo previsto en los artículos 10.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el caso de optar por la interposición del recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición presentado.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.