Nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias


Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Vigente desde 13/06/2019 | BOC 90/2019 de 13 de Mayo de 2019

Esta Ley sustituye a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias que ha quedado obsoleta debido a la evolución que ha sufrido la materia regulada, tanto desde el punto de vista del concepto de patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de los instrumentos de protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas.

La regulación de los bienes de interés cultural (BIC) en la norma de 1999 ha promovido un incremento significativo de los bienes a los que se atribuye esta categoría, quedando la figura en muchos casos desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales verdaderamente excepcionales.

También constituye una novedad la clasificación de los BIC cuando se trata de bienes inmateriales, integrando las categorías previstas en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, adaptadas a las singularidades de Canarias, en cuanto a incluir, los juegos y deportes autóctonos, la cultura inmaterial de la emigración canaria y los conocimientos y usos relacionados con el cielo y la mar.

La regulación del procedimiento para la declaración de un bien de interés cultural, destaca, como novedad, la regulación de la caducidad del procedimiento de declaración por el mero transcurso del plazo para resolver, sin necesidad de denunciar la mora. Todo ello en consonancia con la normativa general del procedimiento administrativo, por lo que se amplía el plazo de tramitación y resolución, que pasa de doce a veinticuatro meses; la posibilidad de que el Gobierno de Canarias incoe el procedimiento cuando se trata de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de ámbito regional, y siempre que medie petición de comunidades portadoras u organizaciones relacionadas con el bien en cuestión, es otra de las previsiones que no estaba contemplada en la anterior normativa.

En cuanto a los catálogos municipales, su tramitación y aprobación corresponde a los ayuntamientos, en su respectivo ámbito territorial, estableciéndose un plazo de tres años para la su elaboración y aprobación o la adaptación de los existentes a las disposiciones de la ley.

La tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves le corresponderá a los cabildos insulares. Además se establece la imprescriptibilidad de la obligación de reparar el daño causado.

Por primera vez y en consonancia con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se recoge la competencia de los ayuntamientos para autorizar las intervenciones en los conjuntos históricos que tengan plan especial de protección aprobado.

Para la creación de museos públicos y concertados de ámbito inferior al insular, de museos privados y colecciones museográficas se presentará ante el correspondiente cabildo insular una
declaración responsable manifestando contar con los requisitos establecidos en la ley.

Por otro lado, también cabe señalar lo establecido para los municipios que cuenten con la declaración de conjunto histórico en su ámbito territorial, que en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán alcanzar, como mínimo, la aprobación inicial de un plan especial de protección de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.