Nueva Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha


Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Vigente desde 04/03/2020 | DOCM 30/2020 de 13 de Febrero de 2020

Mediante esta Ley se regula la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, que se requiere antes de su adopción o aprobación, y se deroga la anterior Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, con el fin de adaptar la regulación autonómica a la Ley estatal (Ley 21/2013) y a la legislación europea.

Su aplicación es obligatoria para todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental se inicie a partir del 4 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor de la presente norma), aunque se contempla un régimen transitorio para los que ya se hayan iniciado.

Como principales novedades podemos destacar:

- extensión de la obligatoriedad de la evaluación ambiental a otras categorías de proyectos de las que se recogen en la norma estatal;

- posibilidad de finalización de las evaluaciones ambientales contrarias a disposiciones normativas o por inviabilidad ambiental manifiesta;

- posibilidad de coordinar los trámites de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y el de la información pública propios de la evaluación ambiental con los procedimientos sectoriales de elaboración y aprobación de los planes y programas, y, en particular, con los propios de la legislación de ordenación del territorio y urbanismo; y

- obligación de que la tramitación se efectúe de forma telemática de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, además de hacerlo mediante anuncios públicos u otros medios apropiados de manera que se garantice la máxima difusión en lo que afecta tanto a las Administraciones públicas afectadas como a las personas interesadas. En esta misma línea, además, las Administraciones públicas, dentro del trámite de información pública, deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de los particulares de forma electrónica mediante, al menos, un portal central o de puntos de acceso sencillo.