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Lunes a Jueves: 10:00-14:00 y 16:00-18:00 / Viernes: 9:00-14:00Decreto Ley 8/2026, de 9 de noviembre, por el que se aprueban normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias; así como en materia tributaria, de organización y funcionamiento y de regulación de la actividad normativa sectorial.
BOC Ext 226/2026 de 11 de Noviembre de 2026
Este decreto ley se aprueba como norma transversal modificando numerosas leyes sectoriales para adaptar el ordenamiento canario los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Esta, simplificar procedimientos y reorganizar determinadas competencias administrativas.
No supone una reforma del régimen local, pero sí redistribuye y precisa funciones en tres ámbitos clave: patrimonio cultural, emergencias y actividad comercial.
Desde la perspectiva municipal e insular, las novedades más relevantes son las siguientes:
1. Comercio:
- los municipios pasan a tener mayor relevancia en la declaración de áreas de elevada afluencia turística, formulando propuestas que serán evaluadas por la Administración autonómica;
- se refuerza la intervención municipal en los expedientes de grandes establecimientos comerciales mediante informes urbanísticos que pueden resultar determinantes cuando sean desfavorables;
- los cabildos participan mediante informes sobre movilidad, riesgos hidráulicos y afecciones territoriales;
- se consolidan los Planes Insulares de Zonas Comerciales Abiertas y Mercados Tradicionales, que deberán ser elaborados por los cabildos en coordinación con los ayuntamientos.
2. Protección civil y emergencias:
- los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal deben ser aprobados por el pleno y someterse a informe vinculante de la Comisión de Protección Civil de Canarias;
- creación del Registro autonómico de planes de emergencia, al que se incorporan los instrumentos aprobados por ayuntamientos y cabildos;
- regula un régimen sancionador específico en materia de protección civil y gestión de incidencias, aplicable también en el ámbito local;
- deber de facilitar espacios para el despliegue de la red pública de comunicaciones de emergencias (RESCAN).
3. Patrimonio cultural:
- los cabildos asumen la gestión de una nueva categoría protectora denominada Bien de Interés Patrimonial Insular (BIPI), obtienen nuevas facultades de declaración, control, inspección, autorización y sanción sobre estos bienes; y la administración de un registro insular específico para este patrimonio.
- los municipios adquieren la corresponsabilidad en la conservación y vigilancia del patrimonio inmueble; los de más de 100.000 habitantes deben disponer de una unidad especializada en patrimonio cultural; los que cuenten con conjuntos históricos deben disponer al menos de personal técnico cualificado para estas tareas.
4. Actividades clasificadas y explotaciones agrarias. Determinados usos complementarios ligados a explotaciones agrícolas en suelo rústico dejan de requerir una autorización municipal específica en materia de actividades clasificadas.
5. Consumo. Participación de las oficinas municipales e insulares de información al consumidor en procedimientos de mediación para resolver conflictos.
6. Cultura. Mayor presencia de las entidades locales en los órganos de coordinación cultural.
Vigencia desde: 12-11-2026
Según la doctrina constitucional el decreto ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, y 35/2017, de 1 de marzo, FJ 3). En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que la necesidad justificadora de los decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud (SSTC 125/2017, de 7 de julio, FJ 2, y 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3, en ambos casos con cita de la STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5).
La reiterada doctrina constitucional acerca del presupuesto habilitante del decreto ley se desprende que la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad es un juicio político que corresponde al Gobierno (titular de la potestad legislativa de urgencia) y al Parlamento de Canarias (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley).
La utilización de los decretos leyes, sin embargo, resulta con frecuencia una técnica controvertida, que exige al Gobierno ejercer dicha facultad dentro de los límites previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía; debiendo justificar igualmente la concurrencia de aquellas circunstancias fácticas o jurídicas que habilitan al Ejecutivo para recurrir a la legislación de urgencia. El presente Decreto ley es aun más singular, pues, en aras de articular una solución normativa óptima, persigue unificar en un único cuerpo legal todas las respuestas normativas identificadas por los Departamentos del Gobierno para hacer frente a diferentes necesidades inaplazables. De este modo, el presente Decreto ley tiene por objeto la aprobación de diecinueve normas principalmente modificativas, aunque también de carácter ex novo; configurando así, en definitiva, una norma con fuerza de ley de contenido heterogéneo.
Un decreto ley de carácter transversal no resulta frecuente en nuestro ordenamiento, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional proyecta sobre dicha figura su doctrina sobre las denominadas «leyes ómnibus», recordando que «el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo» (STC 136/2011, de 13 de septiembre). En este sentido, el Alto Tribunal ha tenido ocasión de recordar su doctrina sobre esta materia en la STC 199/2015, de 24 de septiembre (FJ 3) expresando lo siguiente:
«(…) el Tribunal ha profundizado en la cuestión planteada, avanzando en la idea de que las leyes ómnibus o leyes transversales (STC 132/2013, d 5 de junio, FJ 1), no son, por el mero hecho de su compleja estructura interna, lesivas de precepto constitucional alguno. La STC 132/2013, de 5 de junio, resume nuestra jurisprudencia en la materia, recurriendo a lo resuelto en las SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, 176/2011, de 8 de noviembre, y 209/2012, de 14 de noviembre, y afirmando que: a) no existe ningún óbice, desde «el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo»; b) el contenido heterogéneo de las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social «no modifica su naturaleza de ley ordinaria, ni, por ende, altera su relación con las demás normas que integran el Ordenamiento jurídico», porque no alteran el sistema de fuentes establecido por nuestra Constitución; c) las leyes ómnibus no tienen por qué atentar contra el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (artículo 1.1), ya que este impone que la formación de la voluntad de las Cortes Generales se articule «a través de un procedimiento cuyos rasgos estructurales ha prescrito el texto constitucional» y en el que opera el «principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes»; d) este tipo de leyes tampoco infringen de forma automática el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), porque tienen un objeto que, «aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el ‘‘Diario Oficial de las Cortes Generales’’, como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’»; e) y, por último, para que una eventual lesión de las reglas de procedimiento parlamentario por una ley de este tipo, sea constitucionalmente relevante, es preciso acreditar que el alcance de tal lesión era de tal magnitud que hubiese alterado, «no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario» (STC 132/2013, FJ 1, y jurisprudencia allí citada)».
Precisamente a la luz de la jurisprudencia constitucional relativa a las decretos-leyes ómnibus, el Alto Tribunal español ha subrayado que «la Constitución no contempla otros límites materiales para la elaboración de estos últimos, que los contenidos en el párrafo 1 del artículo 86 CE, y que se refieren a la interdicción de regular, mediante decreto-ley, cuestiones que afecten «al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». Si puede deducirse de la jurisprudencia previamente citada que las leyes de contenido heterogéneo son un continente constitucionalmente admisible, aunque técnicamente mejorable, para recoger medidas diversas de política económica, también puede aceptarse la existencia de decretos-leyes transversales, que actúen como disposición en que se contenga una política económica de urgencia; eso sí, en los términos y con los límites que el presupuesto habilitante reflejado en el artículo 86.1 CE impone. Dicho de otro modo, nada se opone en el texto constitucional a que un decreto-ley contenga medidas normativas de carácter heterogéneo, siempre que las mismas no afecten a las materias que le están constitucionalmente vedadas a dicho tipo de fuente» (STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 3).
Por consiguiente, procede señalar, en primer término, que el presente Decreto-ley respeta escrupulosamente los límites previstos expresamente en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y, asimismo, asegurar que cada una de las diferentes medidas que articulan su contenido responde a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. En este sentido, los Departamentos del Gobierno han examinado y justificado el cumplimiento de estos requisitos en relación con las medidas aprobadas en este Decreto ley; tal y como se explica debidamente a continuación; sin perjuicio del análisis más minucioso que se recoge en el correspondiente expediente administrativo.
Es relevante subrayar que la aprobación de este Decreto ley permite evitar la proliferación de diferentes decretos-leyes de carácter sectorial, que originarían una mayor inseguridad jurídica al multiplicar la dimensión de nuestro de ordenamiento; partiendo evidentemente de la concurrencia de diferentes causas que justifican la intervención normativa del Ejecutivo a través de un decreto ley. El conjunto de medidas normativas que se aprueban a través del presente Decreto ley se distribuye en torno a cinco ámbitos sectoriales, reflejándose sistemáticamente en los cuatro Títulos y en las cuatro disposiciones finales que estructuran el contenido de la norma. Las cuatro disposiciones finales, por su parte, establecen el plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos sancionadores en materia de industria; recuerdan la conservación del rango normativo original de los preceptos reglamentarios modificados por el presente Decreto ley; reconocen la facultad a las personas titulares de los Departamentos competentes para dictar las disposiciones se requieran para la aplicación efectiva de lo establecido en el presente Decreto ley; y finalmente, se determina la inmediata entrada en vigor de este.
En primer lugar, se aprueban dos modificaciones legales que tienen por objeto dar cumplimiento a los Acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En relación con el cumplimiento de este tipo de Acuerdos, también procede recordar la necesaria modificación de los artículos 79 y 129 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Si bien, dado que este cuerpo normativo ha sido objeto de una profunda revisión en aras de mejorar y favorecer el desarrollo de los procedimientos jurídicos que ampara, las correspondientes modificaciones se integran en el presente Decreto ley en el Título IV «Normas que regulan la actividad administrativa sectorial».
En segundo lugar, el presente Decreto ley aprueba medidas de naturaleza tributaria aprobando la modificación puntual del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Más numerosas, en cambio, son las medidas normativas que se adoptan con la finalidad de optimizar la organización y el funcionamiento del sector público autonómico, comprendiendo en este caso las modificaciones que afectan a la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial; al Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias; a la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias; al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones; al Decreto 30/2004, 23 marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y a la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias.
En cuarto lugar, el presente Decreto ley aprueba diversas normas que afectan a la regulación de la actividad administrativa sectorial. En este sentido, se modifica la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112; la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias; el Decreto 6/2015, 30 enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias; la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias; la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo; así como la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.
En último lugar, el Decreto ley recoge una serie de disposiciones finales que definen el régimen jurídico aplicable respecto a la duración de los procedimientos sancionadores en materia de industria; el mantenimiento del carácter reglamentario de las disposiciones de dicha naturaleza que sean objeto de modificación por parte del presente Decreto ley; una única disposición derogatoria y la inmediata entrada en vigor del mismo.
Al amparo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los Acuerdos formalizados por las Comisiones Bilaterales de Cooperación para resolver discrepancias y concluir controversias sobre la constitucionalidad de normas autonómicas con rango de ley permiten decidir la supresión de determinados preceptos legales. Una posibilidad de actuación institucional que genera una situación de inseguridad jurídica acerca de la vigencia de la norma, que se reconoce que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.
El cese de la inseguridad jurídica sobre la vigencia de normas legales aplicables y el principio de lealtad constitucional justifican la extraordinaria y urgente necesidad para acometer en decreto-ley autonómico la derogación de los preceptos legales o parte de ellos que estén afectados de inconstitucionalidad. La pervivencia en los textos legales de preceptos que debieran ser expulsados del ordenamiento por inconstitucionales, según lo acordado por la Comisión Bilateral, propicia la situación de error, o irrazonabilidad en la selección de la norma aplicable con la consiguiente posibilidad vulneración del derecho a una resolución fundada en derecho. Este argumento constitucional correspondiente a procesos judiciales es también válido y trasladable a la elección de la norma aplicable en los procedimientos administrativos que apliquen una norma legal que debiera ser derogada, en este caso expulsada del ordenamiento jurídico.
En este sentido el Tribunal Constitucional (STC 117/2024, de 23 de septiembre) >considera arbitraria y manifiestamente irrazonable en términos constitucionales la selección de la norma aplicable cuando se trata de norma derogada decisiva para el fallo: «... cuando se aplica una norma derogada que resulta decisiva para el fallo, lo que convierte en irrazonable la elección de la norma aplicable, de tal manera que no puede afirmarse que estemos ante una decisión fundada capaz de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 CE (STC 203/1994, de 11 de julio, FJ 3). Y es que, como recuerda la STC 99/2000, de 10 de abril, FJ 6, ‘el derecho de tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios sean fundadas en Derecho, y ese fundamento desaparece cuando con total evidencia se omite la consideración de la norma aplicable, y se decide mediante la aplicación de normas que han perdido su vigencia’».
Desde esta perspectiva, y como un antecedentes destacado, cabe traer a colación precisamente la aprobación del primer decreto ley canario, el Decreto ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, tuvo por objeto cumplir con este mismo propósito en un contexto muy similar al actual, en el que fue preciso aprobar con la mayor celeridad las modificaciones puntuales identificadas en los Acuerdos publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. La dilación en el cumplimiento de estos compromisos supondría un grave riesgo para la seguridad jurídica, en cuanto que coincidirían en el tiempo la vigencia de preceptos que no han sido modificados o derogados con publicaciones oficiales que advierten el compromiso institucional de llevar a cabo tales operaciones jurídicas.
Las medidas normativas dirigidas a dar cumplimiento a determinados Acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la única vía para garantizar la efectiva realización del principio de lealtad institucional que fundamenta la existencia del mencionado órgano de cooperación bilateral, al amparo del artículo 33.2.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Concretamente, por lo que se refiere a la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, se lleva a cabo la modificación de su artículo 58-ter, añadiendo una letra c); y se modifica el apartado 1.h) del artículo 58-quater. Igualmente se suprime el contenido de la letra c) en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 58-quater y se modifica el artículo 58-quinquies, el apartado 5 del artículo 58 septies y el apartado 3 del artículo 58-novies. También se suprime artículo 58-sexies, reordenándose los artículos posteriores de modo que los artículos 58-septies, 58-octies y 58-novies pasan a ser los artículos 58-sexies, 58-septies y 58-octies, respectivamente.
Por otra parte, la eliminación del procedimiento de autorización de las actividades de turismo acuícola en cumplimiento del referido Acuerdo de la Comisión bilateral y su sustitución por comunicación previa, determina la supresión del artículo 58-sexies y la renumeración de los artículos posteriores. Como consecuencia de ello, las referencias contenidas a los artículos 74-ter.d) y m), así como en el anexo deben realizarse a los nuevos artículos ya renumerados.
Igualmente, la sustitución de la autorización por comunicación previa determina la modificación del artículo 58-quater.f), así como de determinados preceptos del régimen sancionador de las actividades de turismo acuícola, en concreto, se adaptan al sistema de comunicación previa para el ejercicio de la actividad, los artículos 74-bis.a), 74-ter.a) y 78-bis.
La Ley 15/2019, de 2 de mayo, modifica la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, ampliando el objeto de la misma mediante la regulación de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, en tanto complementarias del sector pesquero de las islas.
En su artículo 1, apartado tercero, añade al Título III de la Ley 17/2003, titulado “De la ordenación del sector pesquero”, un nuevo Capítulo III “De las actividades de pesca turismo, turismo acuícola y turismo marinero” que se incluye los artículos 58-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies y novies.
Tras su publicación en el BOC n.º 94, de 17 de mayo de 2019, la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, plantea una serie de discrepancias competenciales en relación con el apartado tercero de dicho artículo único.
En aplicación del procedimiento previsto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y tras las negociaciones del grupo de trabajo constituido para el estudio y propuesta de solución de las referidas discrepancias, se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (BOE n.º 33, de 7 de febrero de 2020), en virtud del cual esta Comunidad Autónoma se compromete a promover la correspondiente iniciativa legislativa en orden a solventar las discrepancias manifestadas en relación con el apartado tercero del artículo único de la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, conforme a los compromisos que en dicho Acuerdo se establecen.
La iniciativa para la modificación legislativa fue incluida en el anteproyecto de ley de medidas administrativas, económicas y sociales de Canarias impulsado por la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través del cual se modificaban diversas leyes. No obstante, dicho anteproyecto de ley no culminó su tramitación como proyecto de ley en la pasada legislatura, quedando pendientes de cumplimiento los compromisos adquiridos con el Estado.
Por lo que se refiere al Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica únicamente su artículo 1.2. Esta modificación representa la expresión del compromiso del Gobierno para clarificar cualquier duda sobre el precepto, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Igualmente, a través del Acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 118, de 15 de junio de 2026, la Comunidad Autónoma asumió el compromiso de promover la correspondiente modificación legislativa a fin de suprimir la redacción que contempla la disposición final 6.4 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, en relación con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria; considerando que dicha redacción contraviene el orden constitucional de distribución de competencias. Para dar cumplimiento a este mandato se contempla la correspondiente derogación normativa en la disposición derogatoria del presente Decreto ley.
Por otra parte, como se indicó anteriormente, la modificación de los artículos 79 y 129 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, responde a la finalidad de cumplir los compromisos institucionales asumidos en el marco del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con dicha ley (BOE n.º 33, de 7 de febrero de 2020). No obstante, dado que este cuerpo normativo es objeto de otras modificaciones relevantes, desde la perspectiva sistemática es más adecuada su integración en el Título IV del presente Decreto ley. En cualquier caso, conviene recordar que la propuesta normativa que se introduce en el presente Decreto ley fue sometida al informe del Foro de Gobernanza del Patrimonio Cultural de Canarias, en la sesión del Consejo de Colaboración Insular, de 23 de julio de 2026, así como también del Consejo Municipal de Canarias.
Por lo que se refiere al Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprueba una modificación de la letra h) de su artículo 48. En concreto, se incorpora una nueva exención para las inserciones de declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica, buscando una mayor seguridad jurídica para los promotores de estos proyectos y teniendo en cuenta el carácter incidental del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos y por tanto su naturaleza de actos de trámite dentro del procedimiento autorizatorio.
No obstante, pese a que son actos que finalizan el procedimiento ambiental, debe tenerse en cuenta que su naturaleza jurídica se asimila a la propia de los informes determinantes, revistiéndose además de un carácter preceptivo en virtud del cual deben incorporarse necesariamente en otro procedimiento principal o sustantivo, en el marco del cual, en un momento posterior y por la actuación de otro órgano distinto al ambiental, se autorizará o aprobará el proyecto de que se trate.
A estos efectos, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 41.2 de la citada norma estatal básica, la declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, afirmación que casa a la perfección con el concepto previsto en el artículo 5.3.d) que la define como informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Del mismo modo se pronuncia el artículo 5.3.e), determinando que el informe de impacto ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
Conforme a estas regulaciones, se obtiene que la finalidad de ambas técnicas ambientales es la de obtener las condiciones en las que puede desarrollarse un proyecto en función de sus efectos significativos en el medio ambiente, de forma que la evaluación sea tenida en cuenta por el órgano sustantivo y las mismas queden incorporadas en el acto principal o autorizatorio posterior, tal y como prescriben los artículos 42 y 48 LEA.
Como consecuencia de esta naturaleza instrumental, estos procedimientos de evaluación ambiental no se instruyen a solicitud de una persona física o jurídica, sino de otro órgano administrativo que se erige como sustantivo, por ser el que autoriza el proyecto o toma conocimiento del mismo en el régimen de comunicación previa (artículo 5.1.d LEA).
Esta naturaleza jurídica de la Declaración y del Informe de Impacto Ambiental como actos de trámite, pese a su vocación finalizadora de la evaluación ambiental, puede inferirse igualmente por el hecho de que ambas figuras no sean recurribles directamente, sin perjuicio de los recursos que procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto (artículos 41.4 y 47.5 LEA).
Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el trámite de publicación ha pasado a tener una función muy particular dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Efectivamente, esta norma dio nueva redacción a los citados artículos 41 y 47, de forma que el dies a quo de la vigencia de ambas figuras pasó a ser la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente.
Por tanto, si bien el trámite de publicación en el diario oficial que corresponda no es requisito de eficacia del acto administrativo que finaliza la evaluación ambiental, sí que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues el transcurso de la vigencia determinará la invalidez del pronunciamiento ambiental emitido para incorporarse al procedimiento principal y la necesidad, por tanto, de realizar una nueva evaluación ambiental en caso de producirse la caducidad de la DIA o el IIA. Ello refuerza, a nuestro entender, la consideración de que la publicación de estos actos resulta ser una obligación de la Administración, en concreto del órgano ambiental, y que el cumplimiento de tal obligación no puede dejarse depender de la voluntad del promotor de un proyecto a la hora de aceptar su condición de sujeto pasivo de la tasa, en los términos del artículo 47.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tanto el artículo 41.3 como el 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, determinan la publicación de la declaración y del informe de impacto ambiental en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente. Por ello, teniendo en cuenta la distribución competencial en función de la Administración autorizante que dibuja la referida previsión de la Ley 4/2017, de 13 de julio, la publicación en el Boletín Oficial de Canarias solo resulta exigible respecto de las declaraciones e informes de impacto ambiental que se formulen respecto de proyectos de competencia autonómica. En el resto de los casos (proyectos de competencia municipal o insular), la publicación se realizará en el diario oficial de la provincia que corresponda.
Esta función de la publicación al servicio del cómputo de la vigencia resulta especialmente relevante en el caso de los informes de impacto ambiental que determinen que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Y es que según el apartado 4 del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental, en este supuesto el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados. Esto supone que la falta de publicación del IIA impedirá iniciar el cómputo de su vigencia, afectando por tanto no sólo a la seguridad jurídica, sino a la propia finalidad del informe y a la intención del legislador ambiental que no permite ampliar los efectos del pronunciamiento ambiental más allá de los cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde excepcionalmente su prórroga por dos años adicionales por los cauces que previstos en los apartados 6 a 9 del mismo precepto legal.
Este carácter irrenunciable de la publicación de los actos finalizadores de la evaluación ambiental se muestra en particular en los casos en que, tras la evaluación, tenga que dictarse una declaración o un informe de impacto ambiental desfavorable, pues se trata de un escenario en el que, pese a no beneficiarse en modo alguno al promotor, el legislador estatal no hace distingo e impone igualmente la publicación. Se considera que, en tales supuestos, en caso de que un determinado promotor se niegue a abonar la tasa de publicación por entenderse perjudicado, algo que sucede habitualmente en la práctica, se está abocando al órgano ambiental actuante a incumplir un mandato legal.
Otro supuesto en el que se aprecia esta configuración de la publicación de la DIA o el IIA como una obligación de la Administración es el procedimiento de resolución de discrepancias regulado en el artículo 12 de la LEA, pues el plazo que se le otorga al órgano sustantivo para presentar su escrito de discrepancias ante el órgano ambiental se cuenta desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Por tanto, en el caso de darse una negativa al pago de la tasa por parte del promotor afectado, la consecuencia será que dicho plazo no puede llegar a computarse.
Todo lo anterior supone nos lleva a concluir que la publicación de estos actos de trámite, en sí misma y debido a su naturaleza de informe, ya analizada en el punto anterior, no puede constituir nunca un beneficio a favor de un tercero privado, más allá del efecto de permitir la mera continuación del procedimiento principal, que podrá concluir con el otorgamiento o denegación de la autorización.
Debe aclararse que es esa potencial autorización la que será en su caso otorgada a través de un acto administrativo dictado por el órgano sustantivo en el marco del procedimiento principal y cuya publicación, como título habilitante, devengará la tasa de publicación por beneficiar en concreto a una persona física o jurídica de carácter privado. Dicho de otro modo, se estima que devengar la tasa de publicación en el BOC a la inserción de una DIA o de un IIA puede suponer una doble imposición para el promotor, en la medida en que se le exige el pago de dicha tasa con ocasión del trámite ambiental, primero (evaluación ambiental), y del dictado de la autorización, después (título habilitante).
Las modificaciones previstas en el presente Decreto ley también buscan, entre otras pretensiones, dotar de cobertura jurídica la implantación de las líneas de conexión vinculadas a instalaciones de producción de energía renovable, amparadas por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, siendo el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias atribuidas, en materia de energía, ordenación del territorio y medio ambiente conforme a la regulación del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La habilitación se limita a infraestructuras lineales de escasa incidencia territorial, cuyo trazado se condiciona a terrenos de titularidad del promotor o sobre los que ostente derecho jurídico habilitante con posesión, garantizando el respeto al derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, y contribuyendo a la transición energética y al uso racional del territorio.
En aras de favorecer las líneas de evacuación, que se encuentren en suelos rústicos, y que hagan inviable la autorización de la instalación de generación.
La urgencia en la adopción de la medida, y en consecuencia la necesidad de adoptarla a través de la figura del decreto ley, se encuentra en la experiencia acumulada sobre la materia de la que se evidencia que los problemas territoriales por falta de adaptación de los instrumentos previstos para ello frustran en no pocas ocasiones proyectos de instalaciones eléctricas de gran interés para nuestra comunidad autónoma a pesar de que la afección producida por las líneas de evacuación de estas sea de escasa entidad.
En materia de consumo, el Decreto ley modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias, con el fin de actualizar su regulación, reforzar su coherencia con la normativa básica estatal, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la eficacia administrativa.
La reforma precisa el alcance del artículo 24 en relación con los mecanismos de resolución voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, estableciendo que estos comprenden la mediación y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de otros mecanismos previstos en la normativa aplicable. En particular, se incorpora un nuevo artículo 24 bis, que establece las bases legales necesarias para el posterior desarrollo del sistema autonómico de mediación de consumo, como instrumento orientado a favorecer una solución ágil, voluntaria y eficaz de las controversias entre las personas consumidoras y usuarias y las personas empresarias o profesionales, fomentando el consenso entre las partes.
Asimismo, se actualiza el régimen sancionador en materia de consumo mediante la modificación de los artículos 39.2, 42.1 y 44, relativos, respectivamente, a la distribución interna de la potestad sancionadora, a la escala de sanciones aplicable a las infracciones leves, graves y muy graves, y al régimen de prescripción, caducidad y procedimiento sancionador. Con ello se adecúa la normativa autonómica al marco básico estatal vigente y se refuerza la coherencia de la legislación canaria de consumo con la normativa vigente aplicable.
La modificación del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, en relación con:
a) El régimen de horarios comerciales y de apertura en domingos y festivos.
b) El régimen de títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad comercial.
c) La regulación de la actividad comercial de venta a distancia.
d) La promoción y fomento de la actividad comercial, las zonas comerciales abiertas y los mercados tradicionales.
e) La regulación de los Planes Insulares de Zonas Comerciales Abiertas y Mercados Tradicionales.
f) La inclusión de los servicios de bares, restaurantes y hostelería en general como parte integrante de las zonas comerciales y de la actividad comercial a los efectos de la política y acciones y programas de fomento.
En relación con la justificación de la vía de la legislación de urgencia para llevar a cabo esta modificación normativa resulta pertinente considerar que el sector comercial y la hostelería en Canarias constituyen un elemento esencial del sistema productivo autonómico, estrechamente vinculado al turismo, principal motor económico del archipiélago. Se podría decir que el comercio y la hostelería constituyen dos eslabones más de la cadena de la actividad turística.
En este contexto, los datos disponibles reflejan una intensificación de la demanda turística, que incide directamente sobre el sistema comercial: Canarias ha superado los 18 millones de turistas anuales, alcanzando cifras en torno a 18,3-18,6 millones de visitantes, lo que supone máximos históricos.
Este volumen de afluencia turística genera una elevada presión sobre la actividad comercial y los servicios de hostelería, integrados en las zonas comerciales abiertas, en las zonas comerciales turísticas o en las zonas comerciales rurales, especialmente en zonas turísticas, imponiendo patrones de consumo intensivos, con especial concentración en fines de semana y festivos, y determinando una demanda creciente de flexibilidad horaria en la oferta comercial.
Así mismo, es urgente la adaptación de nuestro modelo de zona comercial a un nuevo tipo de consumidor omnicanal, que es el centro de la relación, y que exige experiencias positivas integrales, esto es, un mix de turismo-comercio-ocio integrado en espacios únicos en los que no existan obstáculos a sus decisiones de compra o a sus experiencias.
Los indicadores económicos muestran una evolución positiva, aunque limitada, del comercio minorista. No obstante, esta evolución coexiste con un tejido empresarial en el que más del 95% de las compañías comerciales cuentan con menos de 10 empleados, lo que las clasifica como microempresas, que se enfrentan a la persistencia de dificultades estructurales en el sector.
El comercio en el archipiélago canario viene experimentando desde 2008 una reducción de su tejido empresarial, pero con comportamiento diferencial en distintos periodos: a una caída acelerada en el número de empresas entre 2008 y 2015, le siguió un periodo de estabilidad entre 2015 y 2019, y de nuevo una caída tras la COVID-19, cuyos efectos han continuado percibiéndose entre 2020 y 2024. Así, el número de empresas pasó de 36.670 en 2008 a 26.213 en 2024.
La reducción del número de establecimientos en determinados segmentos del comercio físico se ve igualmente reflejada en las estadísticas: en junio de 2025 existían en Canarias 13.399 empresas comerciales con trabajadores inscritas en la Seguridad Social, lo que supone 203 menos que hace un año. El comercio minorista concentró la mayor parte de esta pérdida, con 158 negocios menos, mientras que la venta y reparación de vehículos y el comercio mayorista también se redujeron, pero en menor medida, con 8 y 37 empresas menos respectivamente.
El escenario descrito evidencia la necesidad de reforzar la competitividad y capacidad de adaptación de nuestro tejido comercial.
El aumento del peso del comercio online ha introducido una competencia directa sobre el comercio físico, operando sin limitaciones horarias. Este fenómeno genera una situación de competencia asimétrica, que exige la adaptación del marco normativo aplicable al comercio presencial.
Situación de la hostelería y su integración en las zonas comerciales para definir un solo ámbito de actuación en materia de fomento.
El sector de la restauración y la hostelería en general representa el 9% de todo el Valor Añadido Bruto de la economía canaria. Canarias es la segunda región de España donde los bares y restaurantes tienen más peso en su economía local, solo superada por Baleares (12,1%). Esto sitúa a las islas muy por encima de la media nacional y europea en especialización hostelera.
Alrededor del 87% de los establecimientos hosteleros de las islas corresponden al subsector de la restauración (bares, cafeterías, pubs y restaurantes), dejando el 13% restante al sector del alojamiento (hoteles y apartamentos). A nivel regional, aproximadamente 1 de cada 4 locales comerciales activos en las islas es un bar, una cafetería o un restaurante. En cifras absolutas, Canarias cuenta con un censo estable que ronda los 15.000 a 16.000 establecimientos de restauración abiertos.
Estas cifras determinan una realidad: en los principales ejes y zonas comerciales de Canarias, la restauración y uso de hostelería en general ha pasado de ser un uso residual a ocupar entre el 15% y el 25% del total de locales abiertos. Esta tendencia, conocida como la "terciarización del comercio", demuestra que los programas de fomento deben ser mixtos para ser eficaces, ya que la restauración actúa como locomotora de atracción para las compras minoristas.
La integración de los servicios de bares, restaurantes y hostelería en los programas de fomento de las zonas comerciales se justifica por la necesidad de superar la fragmentación normativa actual y reconocer la indisoluble sinergia entre el comercio minorista y la restauración en la experiencia del consumidor. La unión de ambos sectores en programas de fomento (como las Zonas de Gran Afluencia Turística o las Zonas Comerciales Abiertas, o los Mercados Tradicionales) potenciaría la imagen de Canarias como unidad de destino.
La integración responde a los principios rectores del texto refundido que regula la actividad comercial, cuyo espíritu parte de una red de servicios comerciales abierta y adaptada a las exigencias de la vida actual y la promoción de un modelo que asegure la diversidad y complementariedad.
El régimen jurídico vigente presenta limitaciones que dificultan la adecuada respuesta a las circunstancias descritas, destacando, por encima de todo, las siguientes:
Las empresas y autónomos titulares de establecimientos en aquellas zonas comerciales no declaradas de Gran Afluencia Turística, se enfrentan a la limitación de un máximo de diez días de apertura en Domingos y festivos, el mínimo establecido en la ley básica estatal, sin que la norma vigente prevea la posibilidad de poder aumentarlos de forma ágil y flexible, o sin disponer de instrumentos normativos con los que poder adaptarse a los hábitos cambiantes y exigencias de un nuevo modelo de consumidor omnicanal que no quiere interferencias en su experiencia de compra.
El vigente procedimiento de obtención de la licencia comercial no cumple con los estándares básicos de simplificación administrativa. Sometido en ocasiones a una triple revisión (informe municipal, insular y resolución autonómica), con informes sectoriales que han perdido su razón de ser (fomento del empleo), y subordinado a un proceso de interinidad que dura ya décadas, debido a la exigencia de aprobación de los Planes Territoriales Especiales de Equipamientos Comerciales, que no se han materializado desde la aprobación y entrada en vigor de la norma, desembocando en una especie de régimen de transitoriedad en los más de trece años transcurridos desde la publicación del Decreto Legislativo 1/2012, y que ha supuesto que haya sido la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que haya tenido que establecer la interpretación de cuestiones tan importantes como la vigencia de las licencias comerciales o la vinculatoriedad del planeamiento insular.
El concepto de Zona Comercial Abierta es actualmente un concepto jurídico indeterminado, cuyo alcance no aparece definido a priori en ninguna norma, a pesar de que es marca propia registrada del Gobierno de Canarias, y constituye la base de innumerables convocatorias públicas de subvenciones, programas de fomento e impulso del comercio local, subvenciones directas por interés público para la realización de obras de mejora en espacios comerciales, etc.
Al mismo tiempo, no existe regulación alguna sobre el contenido y alcance de los Planes Directores Insulares de Zonas Comerciales Abiertas, a pesar de que, en la práctica, cada Cabildo Insular cuenta con un Plan Director aprobado, lo que implica una clara limitación para su aplicación como herramientas estratégicas que puedan incidir en el fomento del sector comercial de cada isla.
La concurrencia de los factores descritos -elevada presión turística, evolución limitada del comercio minorista, falta de adaptación en un contexto de consumo omnicanal y correlativo crecimiento exponencial del comercio electrónico, y necesidad de integración de la hostelería en las zonas comerciales para adecuar los programas de fomento a su peso en la economía real- unida a las disfunciones regulatorias que anteriormente hemos reseñado determina la exigencia de una respuesta normativa inmediata.
Ello porque una demora en la adopción de tales medidas comprometería la competitividad del sector comercial y de la hostelería, y además afectaría a toda la cadena de valor, pues limitaría la captación del gasto turístico y dificultaría la implantación de nuevas iniciativas empresariales.
La tramitación mediante el procedimiento legislativo ordinario resultaría incompatible con la urgencia de la situación descrita, al impedir la aplicación de las medidas en el corto plazo.
En consecuencia, el decreto ley constituye el instrumento adecuado para garantizar una respuesta normativa eficaz y en tiempo oportuno.
Desde la perspectiva técnica, la mencionada modificación legal presenta una conexión directa con la situación que se pretende solucionar, siendo idónea para corregir las disfunciones detectadas, y no existiendo alternativas de menor intensidad normativa. Resulta igualmente proporcionada, al limitarse a modificaciones puntuales del marco normativo vigente.
En este ámbito de medidas normativas también se inserta una nueva regulación para establecer el plazo de resolución y caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de industria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este propósito normativo trae causa del ejercicio de las competencias constitucional y estatutariamente atribuidas. En el ámbito estatal, el artículo 149.1.13.ª CE reserva al Estado la competencia para dictar las bases y la coordinación general de la planificación económica, previsión que se complementa con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE, que atribuye al Estado las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, garantizando así un tratamiento común en aspectos procedimentales esenciales.
En el plano autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias constituye el título habilitante fundamental. En particular, su artículo 124.1 atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de industria. Asimismo, en el ejercicio de su potestad de autoorganización y en desarrollo de sus competencias sectoriales, la Comunidad Autónoma es competente para establecer la organización de su propia Administración y regular sus procedimientos administrativos (artículos 104 y 106.1.c), incluidos aquellos que ejecutan su potestad sancionadora (artículo 106.1.b), tal como se desprende de las mencionadas previsiones estatutarias.
Dada la inexistencia de un plazo de resolución expreso en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud de su artículo 21.3, ante la falta de previsión en la normativa reguladora específica, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses.
Hasta fechas recientes, la Administración Autonómica había venido aplicando un plazo de seis meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores, sustentado en la interpretación conjunta del artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con los artículos 21.2 y 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha establecido, en su jurisprudencia reciente sobre procedimientos sancionadores (Sentencia n.º 167/2025, de 31 de marzo de 2025), que el Decreto 164/1994 ha perdido su eficacia tras la sustitución de la norma estatal de referencia, este no puede considerarse desarrollo reglamentario de la vigente Ley 39/2015. En consecuencia, y a falta de disposición específica en la Ley de Industria, rige el plazo de tres meses establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015.
Por tanto, en la actualidad, los procedimientos sancionadores en materia industrial se tramitan con un plazo de caducidad de tres meses. No obstante, la experiencia acumulada en la gestión de estos expedientes, que incluyen análisis de discrepancias técnicas entre memorias y certificados, inspecciones especializadas, coordinación con organismos de control y valoración de múltiples infracciones relacionadas en un mismo expediente, ha puesto de manifiesto que dicho plazo resulta manifiestamente insuficiente para garantizar una tramitación adecuada que respete todas las garantías del procedimiento.
Por ello, y en virtud de las competencias autonómicas para el desarrollo de los procedimientos administrativos especiales en materia industrial, se hace necesario abordar esta situación mediante una norma autonómica que, respetando las bases estatales y el marco de la legislación básica, establezca un plazo de caducidad específico y adecuado a la complejidad de los procedimientos sancionadores en el ámbito industrial de Canarias. La actuación persigue adecuar el procedimiento sancionador a los principios de seguridad jurídica, eficacia y buena administración, garantizando un equilibrio entre la necesidad de tramitar con diligencia los expedientes y la realidad compleja de la instrucción en esta materia, con el fin último de ofrecer un marco normativo claro, accesible y predecible para el sector industrial canario.
Analizadas las posibles opciones, no se aprecia la existencia de alternativa viable distinta a la modificación normativa propuesta, pues la situación identificada trae causa directa de una omisión en la propia Ley 21/1992, que no establece plazo de caducidad para estos procedimientos, determinando la aplicación del plazo general de tres meses previsto en la Ley 39/2015, el cual resulta manifiestamente insuficiente.
La opción de mantener la situación actual debe descartarse por resultar contraria al interés general, al provocar la caducidad sistemática de los procedimientos y la imposibilidad de sancionar las infracciones acreditadas, con el consiguiente menoscabo de la seguridad jurídica y de la eficacia del sistema de control industrial. Tampoco resulta viable abordar esta cuestión mediante norma reglamentaria, pues la fijación del plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores incide directamente en el régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración, materia reservada a la ley de conformidad con los principios de legalidad y tipicidad.
Por todo ello, la aprobación de un decreto ley que supla la regulación expresa en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se presenta como la única alternativa jurídicamente posible y materialmente adecuada, en tanto permite, con la celeridad que la situación requiere, dotar al ordenamiento autonómico de un plazo de caducidad proporcionado a la complejidad de los procedimientos sancionadores en materia industrial, garantizando así la seguridad jurídica y la eficacia de la acción administrativa.
La utilización del decreto ley se justifica por la concurrencia de una urgencia real, actual y acreditada mediante datos objetivos que demuestran una situación de riesgo inminente para la eficacia del sistema sancionador, agravada por el cambio jurisprudencial reciente. Tal y como se ha expuesto, hasta fechas recientes se aplicaba un plazo de seis meses, pero el criterio vinculante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencia n.º 167/2025, de 31 de marzo de 2025) ha fijado de forma imperativa el plazo de tres meses, provocando la caducidad inmediata o inminente de numerosos expedientes ya en tramitación, concretándose dicha urgencia en los siguientes puntos:
i. Existencia de expedientes actualmente en riesgo de caducidad o ya caducados: procedimientos de complejidad técnica (análisis de más de 115 comunicaciones previas con discrepancias entre memorias técnicas y certificados, ausencia de revisiones por OCA, instalaciones sin mantenimiento obligatorio, infracciones continuadas en alumbrado exterior, etc.) que superan ampliamente el nuevo plazo de tres meses.
ii. Perjuicio concreto e inmediato para el interés general: la caducidad supondría un menoscabo económico directo para la Hacienda Pública, además de la imposibilidad de corregir situaciones de riesgo físico para las personas y bienes derivadas de instalaciones eléctricas que operan sin las garantías de seguridad preceptivas. Estas infraestructuras son críticas para el suministro energético de la Comunidad.
iii. Imposibilidad razonable de acudir a la tramitación legislativa ordinaria sin comprometer la eficacia del sistema sancionador: la urgencia es sobrevenida por el cambio jurisprudencial de 2025 y por la acumulación reciente de expedientes de complejidad técnica (muchos incoados o en fase avanzada en 2025) cuya resolución no puede esperar a los tiempos de la tramitación parlamentaria sin que se consuma la caducidad de los mismos y se frustren actuaciones ya iniciadas.
Una de las modificaciones reglamentarias que tiene lugar a través del presente Decreto ley afecta al Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias.
En el ámbito de la tramitación de los procedimientos objeto del Decreto 18/2009 (inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias, obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y obtención del Certificado Canario de Producción Audiovisual) se han detectado determinadas lagunas que deben ser subsanadas urgentemente, en aras de aclarar las condiciones para su otorgamiento y despejar dudas jurídicas que se han venido planteando hasta la fecha.
El desarrollo acelerado del sector audiovisual canario en los últimos años ha impulsado un notable incremento de empresas radicadas en Canarias que desean su inscripción en el Registro y de obras audiovisuales que aspiran a obtener los certificados de Obra o Producción Audiovisual. Ese incremento ha implicado también una mayor diversidad en la tipología y características formales de las obras producidas que, debido a algunos aspectos de la actual redacción del Decreto, han generado una mayor cantidad de reclamaciones y controversias jurídicas por parte de las personas físicas o jurídicas solicitantes. Es el caso de documentales y cortometrajes que, en la actual redacción del Decreto, no ven claramente especificadas las condiciones que han de cumplir para la obtención del Certificado Canario de Producción Audiovisual.
En una línea similar, la ausencia de una definición precisa de los procesos de postproducción en la redacción actual genera numerosas dudas, reclamaciones y controversias que es preciso resolver urgentemente. Mientras, la redacción actual adolece de la claridad indispensable cuando se refiere a los requisitos necesarios para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual. El incremento de solicitudes para la obtención del certificado acreditativo de nacionalidad española ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) está generando importantes retrasos en su emisión, lo que impide la resolución de los procedimientos para la tramitación de los certificados canarios conforme a los tiempos que figuran en la redacción del actual Decreto. Estas cuestiones configuran una situación de inseguridad jurídica y de posibles perjuicios para el sector audiovisual canario o para la propia Administración Pública de nuestra Comunidad que es preciso resolver de manera urgente.
La Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (en adelante, Ley 11/2003), establece en su artículo 24.1, respecto del procedimiento de autorización de la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial con validez y eficacia en todo el Estado, que el plazo máximo en que debe publicarse la resolución expresa será de 6 meses.
Recientemente ha entrado en vigor el Decreto 83/2026, de 4 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización de la implantación y extinción de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para el aseguramiento de su sostenibilidad y de su calidad, en cuya tramitación se estimó justificado establecer como plazo máximo para el procedimiento de implantación y supresión de títulos oficiales el de 3 meses desde la presentación de la solicitud.
De acuerdo con el mencionado Decreto 83/2026, de 4 de mayo, actualmente se ha configurado la autorización de la implantación como una fase posterior a la verificación del título, en consonancia con lo dispuesto en la normativa estatal actualmente vigente, en concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Del mismo modo, de conformidad con la normativa estatal, no es necesaria la emisión de informe alguno por parte de ningún organismo, de modo que, no siendo preceptivo dicho trámite, deviene conveniente reducir el plazo del procedimiento, toda vez que el procedimiento configurado en el Decreto 83/2026, de 4 de mayo, solo consta de solicitud de autorización de implantación, puesta en conocimiento del Consejo Universitario de Canarias y elevación de propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno.
Cabe destacar que, durante el trámite de audiencia del proyecto de decreto, las universidades manifestaron la necesidad de reducir el plazo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 11/2003. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se propuso establecer un plazo de duración del procedimiento de 3 meses desde la presentación de la solicitud, respecto a la implantación y supresión de títulos oficiales. Sin embargo, el plazo de 3 meses anteriormente mencionado contradice al de 6 meses recogido en el artículo 24.1 de la Ley 11/2003, y en base al principio de jerarquía normativa, el pretendido plazo no podía sostenerse.
Por consiguiente, es preciso efectuar la modificación del plazo de 6 meses del artículo 24.1 de la Ley 11/2003, a efectos de reducirlo a 3 meses. Ello, en aras de que pueda aplicarse el plazo de 3 meses inicialmente previsto y consensuado con las universidades, sin contradecir la Ley 11/2003, entendiendo que dicho plazo más ágil, constituye una mejora del de 6 meses, lo cual redunda en beneficio del Sistema Universitario de Canarias y da respuesta a las demandas planteadas por las universidades canarias.
Tratándose de una mejora consensuada con las universidades y que beneficia al Sistema Universitario de Canarias, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de efectuar la pretendida modificación mediante decreto ley.
El presente Decreto ley también modifica la disposición adicional cuarta del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación, actualmente derogada por la Ley 5/2026, de 16 de julio, Canaria de la Ciencia, establecía en su artículo 25 un mandato al Gobierno de Canarias para establecer por vía reglamentaria un marco normativo específico para las subvenciones, becas y ayudas en materia de investigación que garantizase los principios de transparencia y control y que resultara adecuado y coherente con el objetivo de fomentar la investigación y la formación del personal investigador.
Dicho marco normativo específico se materializó en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, norma que después de 22 años de aplicación requiere de una profunda revisión.
En lo que se refiere a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, la norma está ampliamente superada por la normativa posterior en diferentes aspectos. En materia de simplificación, procedimiento y transparencia, el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, no se ha adaptado a las sucesivas modificaciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (a la que contradice en aspectos puntuales), ni a las modificaciones del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que introduce y da cobertura a nuevos procedimientos de concesión. Tampoco a la modificación de la terminología eliminando los conceptos de subvenciones “específicas” o “genéricas”, ni a las exigencias de publicidad de la BDNS, ni a la obligatoriedad de la tramitación electrónica para las subvenciones en materia de I+D+i, impuesta preceptivamente para todos los Agentes públicos y privados de ejecución del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el personal investigador y técnico, y derivada de la aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cuestiones de fondo, la norma está obsoleta al mencionar las “becas a la investigación” que desaparecieron por las novedades significativas que conllevó la Ley estatal 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación respecto al personal investigador, está superada por la implantación de la contratación laboral pre y post doctoral derivada de la ley, y refleja una ausencia total de flexibilidad para adaptarse a las exigencias de la normativa europea que, para cada periodo de Programación, varía los requerimientos de fondo y procedimentales para que las iniciativas de nuestra Comunidad Autónoma puedan acceder a la cofinanciación comunitaria. Por no mencionar que desde el año 2011, existen artículos que han devenido inaplicables por la existencia de nuevos sistemas de control interno que permiten al Gobierno en cada ejercicio, sustituir la función interventora por el control financiero permanente, por aplicación del Decreto 76/2015, 7 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por ello, en línea con el artículo 59 de la Ley 5/2026, de 16 de julio, Canaria de la Ciencia, es indispensable que las subvenciones a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación se sustraigan del ámbito objetivo del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, y que el régimen jurídico de las mismas se clarifique en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, reconociendo la particularidad de la simplificación de las bases reguladoras (que se reducen limitándose al contenido básico de la LGS) y convocatorias flexibles que permitan un desarrollo y adaptación constante a los requerimientos de un sector donde la evolución científica y tecnológica se produce a gran velocidad, y donde las prioridades de investigación, los instrumentos de financiación y los marcos regulatorios europeos e internacionales experimentan cambios frecuentes.
La naturaleza misma de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación exige, por tanto, un marco jurídico que combine seguridad jurídica con la necesaria capacidad de reacción y adaptación, evitando rigideces auto impuestas que puedan limitar la competitividad del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los mismos argumentos descritos anteriormente, amparan la modificación que el Decreto ley plantea respecto al Decreto 30/2004, 23 marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
En relación con la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias, se modifican sus artículos 4.2, 27.1 y 29.1. En virtud de la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias, se produce la creación de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, a fin de facilitar la armonización del ejercicio de las competencias de las distintas administraciones públicas de Canarias en materia de cultura, a fin de favorecer el desarrollo de sus respectivos objetivos y finalidades. Se crea también en virtud de esta Ley el Consejo Canario de Cultura, como órgano colegiado de asesoramiento y consulta del conjunto de las administraciones públicas de Canarias y de los demás organismos y entes integrados en el sistema público de cultura de Canarias.
La trayectoria organizativa del Gobierno de Canarias evidencia que, de manera continuada, las competencias en materia de cultura y patrimonio cultural han estado integradas bajo una misma estructura administrativa, situada por debajo de la consejería competente y articulada a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural. Esta configuración, que en determinados periodos ha asumido incluso ámbitos adicionales, constituye un modelo consolidado y operativo, respaldado por una relación de puestos de trabajo, personal técnico especializado y unidades administrativas que desarrollan sus funciones conforme a dicha estructura.
La permanencia de este esquema organizativo durante un periodo prolongado demuestra su eficacia para garantizar la coherencia interna de las políticas culturales y patrimoniales, así como la adecuada coordinación entre los distintos niveles administrativos y los servicios públicos culturales. Esta realidad estructural debe ser tenida en cuenta en la interpretación y desarrollo de la ley, cuyo objeto principal es ordenar el conjunto del sistema cultural, incluyendo los servicios culturales que inciden directamente en el patrimonio cultural.
Asimismo, la legislación cultural y patrimonial constituye una política pública de carácter transversal cuya coordinación estratégica recae directamente en el departamento competente, y específicamente en la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, órgano responsable de integrar, armonizar y supervisar las actuaciones en estas materias dentro de la Administración autonómica.
En consecuencia, resulta plenamente coherente, técnicamente fundamentado y administrativamente necesario que la persona titular de dicha Viceconsejería figure como miembro nato en los órganos colegiados previstos en la ley. Su participación garantiza la adecuada coordinación interdepartamental, la continuidad institucional, la coherencia entre planificación y ejecución y la correcta aplicación de los instrumentos de ordenación del sistema público de cultura.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, la necesidad perentoria de constituir los órganos previstos en la ley deriva del mandato legal que exige su puesta en funcionamiento para garantizar la validez y eficacia de las funciones que les corresponden. Entre estas se encuentran la aprobación del Plan de Infraestructuras Culturales, la planificación de los recursos humanos y económicos y la definición del marco de acción estratégica del sistema público de cultura.
La falta de constitución de dichos órganos impediría activar estos instrumentos de planificación obligatorios y comprometería el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos por la norma. Por ello, su constitución inmediata constituye una exigencia legal ineludible para asegurar la correcta ejecución de las políticas culturales y patrimoniales de la Comunidad Autónoma.
Con la finalidad de mejorar la regulación de la actividad administrativa sectorial, el presente Decreto ley lleva a cabo, como se ha indicado anteriormente, la modificación de diferentes cuerpos normativos.
En este sentido, se adiciona la disposición adicional décima en la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Hasta la derogación en el año 2025 del Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regulaba el uso de perros guía para deficientes visuales, han sido múltiples los cambios normativos y avances tanto en materia de derechos de las personas con discapacidad, como en materia de derechos y bienestar animal. La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, tiene su fundamento en la autonomía, la inclusión en la comunidad y la accesibilidad universal, previendo la asistencia animal entre las formas de apoyo a las personas con discapacidad. También destaca la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024, que adapta el texto constitucional en materia de discapacidad a los mandatos de la citada Convención Internacional, asumiendo la perspectiva social, de derechos y capacidades.
A nivel estatal, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, incluye a los perros de asistencia en su ámbito de aplicación, con el objeto de establecer unas líneas básicas en su protección y bienestar. La disposición adicional primera establece que los perros de asistencia se regirán por dicha Ley, en lo no previsto por su normativa autonómica.
Así mismo, la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se establece la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, promueve la libre circulación de las personas con discapacidad en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, incluidas aquellas personas que se sirven de animales de asistencia, como los perros de asistencia.
Por lo expuesto, se publica el Real Decreto 409/2025, de 27 de mayo, por el que se regula la actividad y bienestar de los perros de asistencia. Esta norma, en la disposición adicional primera. Perros retirados de su actividad, hace un mandato respecto a los perros retirados de su actividad y dispone que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, han de regular en el plazo de 12 meses las condiciones de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia retirados de su actividad, siempre que estén debidamente identificados.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, los perros de asistencia tienen su regulación normativa en la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 403/2023, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien en dicha normativa no se realizó la ordenación de los perros de asistencia retirados de su actividad.
Por tanto, mediante la modificación de la Ley 3/2017, de 26 de abril, se fija el necesario marco normativo habilitante para dar cumplimiento a la regulación de las condiciones de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia retirados de su actividad, contenida en la normativa estatal.
El Decreto ley también comporta la modificación de la disposición adicional del Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112.
El Decreto 28/2025, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, establece en la disposición adicional segunda como Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES) el Centro 112 del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias creado mediante el Decreto 62/1997, de 30 de abril, el cual actuará como Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) previstos en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
El Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112 (en adelante, Decreto 62/1997, de 30 de abril) define “la prestación del servicio del centro 112” en el apartado primero del artículo 2: “Este servicio podrá utilizarse, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios competentes en materias de atención de emergencias y urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan”.
Asimismo, en el artículo 3 del Decreto 62/1997, de 30 de abril, se dispone que “Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias para ejercer las facultades a que se refiere el presente Decreto serán los que tengan atribuidas las competencias en materia de emergencias, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros órganos”. En este sentido se pronuncia el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dispone en el apartado 18 del artículo 34 que corresponde a la Dirección General de Emergencias, “bajo las directrices de la Viceconsejería de Emergencias y Aguas, el ejercicio de la tutela funcional y coordinación del CECOES, lo que no comportará relación laboral alguna con las personas trabajadoras del mismo”.
En cuanto a la gestión del servicio propiamente dicho, el apartado primero de la disposición adicional del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, dispone: “El servicio regulado en este Decreto será prestado, de forma exclusiva, por la Comunidad Autónoma de Canarias, en su ámbito territorial, en régimen de gestión directa, a través de la Empresa Pública “Gestión Sanitaria de Canarias, S.A.”.
La sociedad mercantil “Gestión Sanitaria de Canarias, S.A.” se constituyó el 30 de septiembre de 1994, siendo modificada su denominación social por “Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U.” el 18 de julio de 2000. En la actualidad, “Gestión de servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U.” es una sociedad mercantil pública cuya tutela funcional corresponde a las Consejerías de Sanidad y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en virtud del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de agosto de 2023.
Actualmente, la prestación del servicio del CECOES 112 se efectúa mediante encargo de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (a través de la Dirección General de Emergencias), por razones de eficacia, ausencia de medios materiales y personales para ejecutar las actuaciones objeto de encargo, siendo necesario mantener el apoyo técnico de la empresa pública y medio propio. Sin embargo, la inclusión de la denominación social de una sociedad mercantil pública en una norma con vigencia indefinida es una práctica desaconsejada en la técnica legislativa por varias razones fundamentales, principalmente para garantizar la neutralidad del Gobierno de Canarias, la libre competencia y la adaptabilidad del derecho a la evolución tecnológica.
Si bien la norma que se pretende modificar fue aprobada hace casi treinta años, mantener en la actualidad en el apartado primero de la disposición adicional primera del Decreto 62/1997, de 30 de abril, la denominación social de una sociedad mercantil pública no garantiza el principio de seguridad jurídica, ni es acertada desde el punto de vista de la técnica normativa, puesto que la citada norma reglamentaria goza de vigencia indefinida buscando perdurar en el tiempo mientras que la citada sociedad mercantil pública puede disolverse, cambiar de denominación social (tal y como ya ha sucedido) o fusionarse, lo que volvería obsoleta o inaplicable la norma si menciona una entidad específica.
La STC 46/1990, de 15 de marzo, señala que: “La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido”. Y, en el mismo sentido, la Sentencia 150/1990, de 4 de octubre, del Tribunal Constitucional, recoge “que los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas,…”.
A la vista de lo anterior la redacción actual del apartado primero de la disposición adicional primera del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, incorpora una referencia directa a una sociedad mercantil pública que ha experimentado con posterioridad un cambio en su denominación social, lo que evidencia el riesgo de obsolescencia normativa derivado de la utilización de alusiones nominativas, todo lo cual no resulta adecuado por comprometer la estabilidad y permanencia de la norma.
En consecuencia, se considera que el principio de seguridad jurídica se encuentra seriamente comprometido, debiendo repararse el apartado primero de la disposición adicional primera del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, por vulnerar el artículo 9.3 CE, por cuanto no genera un marco normativo estable y de certidumbre ante cualquier cambio que se produzca en la citada sociedad mercantil, como de hecho ya ha sucedido, puesto que su denominación social ha cambiado.
La necesidad de la urgencia que precisa ser atendida, deriva de los graves perjuicios que provoca una norma cuya vigencia es indefinida que busca perdurar en el tiempo y en la cual se cita el nombre de una sociedad mercantil pública que puede desaparecer, cambiar de nombre o fusionarse, lo que volvería obsoleta o inaplicable la norma si menciona una entidad específica.
Por otro lado, en el ordenamiento jurídico español existen, de hecho, otros ejemplos de decretos leyes que modifican normas reglamentarias. Por citar dos normas separadas en el tiempo, pueden consultarse el Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones (cuyo artículo 8 modifica un reglamento estatal y posteriormente habilita a modificar dicho artículo mediante norma reglamentaria), la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (que modifica un Real Decreto estatal, evitándose la congelación del rango a través de la disposición final cuarta de dicho Real Decreto-ley), o el artículo 3 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (que modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre).
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia n.º 332/2005, de 15 de diciembre, señala que “en el caso del artículo 8, cabe tener en cuenta, en cambio, que se modifican material y también formalmente determinados incisos de los artículos 3 y 13 del Real Decreto 1987/1985. Pero a diferencia de los dos preceptos anteriores, en este caso no se produce una congelación del rango, puesto que el propio artículo 8.3 del Real Decreto-ley vuelve a deslegalizar inmediatamente la materia al prever que «Reglamentariamente se podrá modificar lo dispuesto en el presente artículo». En este supuesto, pues, la legitimidad constitucional de este proceder no puede justificarse a partir de la ausencia de un principio de reserva reglamentaria, sino que únicamente pueden esgrimirse los motivos de oportunidad que se acaban de señalar. En la medida, sin embargo, en que desde un punto de vista constitucional no resulta censurable que se aproveche la aprobación de un decreto ley de carácter liberalizador para reformar aspectos reglamentarios que teóricamente tienen esta misma intención, también en este caso procede rechazar este posible motivo de inconstitucionalidad”.
La modificación del artículo 31 y la adición de nuevos artículos 3 bis, 31 bis, 31 ter, y disposición adicional primera en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, es otro de los fines que justifican el presente Decreto ley.
Desde la promulgación de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de canarias, en poco más de los últimos quince años, se ha producido un cambio significativo en la percepción de la sociedad de las necesidades de protección civil y la implicación de la administraciones públicas autonómicas y locales en ella, lo que ha supuesto la aprobación de diferentes normas por parte del Estado como la vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que derogó a la anterior Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, adecuándose a un modelo donde las Comunidades Autónomas y Entidades Locales habían desarrollado y desplegado sus competencias en materia de protección civil en su ámbito territorial.
Más recientemente la aprobación de la nueva Norma Básica de Protección Civil por el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que deroga la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, así como el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y determina la revisión de todas las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil para diferentes emergencias. En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma adquiere especial relevancia la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dedica su artículo 149 a las competencias en materia de protección civil y salvamento marítimo.
Igualmente, en todo este amplio periodo, las Comunidades Autónomas han venido aprobando y actualizando en este nuevo marco normativo diferentes leyes sectoriales de protección civil y emergencias, siendo la Comunidad Autónoma de Canarias una de las pocas que no ha modificado o actualizado este ámbito material de la Ley 9/2007, de 13 de abril, desde su aprobación.
El desarrollo y actualización del Sistema Canario de Emergencias hace imprescindible y urgente reconocer y fortalecer legalmente las estructuras que están operando del sistema de protección civil y atención a las emergencias, dando cobertura legal a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN), que con más de 20 años en funcionamiento, carece de un desarrollo normativo básico para seguir implantándose en todo el territorio; adecuar a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil el procedimiento de aprobación de planes de emergencia territoriales, creando a su vez el Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuestiones estas que se abordan inadecuadamente en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, y en fase de revisión; establecer un Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias, al igual que el resto de normativa en protección de otras comunidades autónomas, lo que se hace perentorio para poder abordar legalmente los múltiples incumplimientos que en este área se vienen produciendo; dar cobertura legal al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), que con casi 30 años de funcionamiento carece también de una definición legal básica.
Hemos llegado a un desarrollo del Sistema Canario de Emergencias que requiere su incorporación inmediata a nuestra normativa y cubrir legalmente las propias necesidades, adecuándonos al marco normativo estatal y homologándolos al de otras comunidades autónomas. Todo ello fortalece el modelo del Sistema Canario de Emergencias y, en tanto se aprueba una nueva regulación legal de la protección civil en Canarias, nos permite a corto plazo abordar las necesidades de interés general que pretende cubrir, garantizando la integridad y eficiencia de la atención a las emergencias.
Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de esta propuesta por decreto ley se sustentan en:
i. En tanto el modelo de protección civil en Canarias, del que hemos dejado constancia en el apartado anterior, se encuentra desfasado hasta el punto de que han habido desarrollos de estructuras de protección civil y atención a las emergencias que en el devenir de su desarrollo se han adelantado al propio marco legal, o bien no se adaptan al marco legal estatal y precisan de incorporar los preceptos que aquí se incluyen.
ii. Como consecuencia de lo anterior, en tanto se elabora, tramita y aprueba la Ley que ha de desarrollar el artículo 149 del Estatuto de Autonomía de Canarias, superando el modelo de la Ley 9/2007, de 13 de abril, que por su complejidad, al referir e incluir la actividad de todas las administraciones públicas canarias, en todo su ámbito material, requerirá de tiempo para alcanzar los consensos necesarios para su tramitación y aprobación final, con lo que mediante decreto ley habrá de darse soporte legal a aquellos servicios que como es el caso de la Red canaria de seguridad y emergencias, RESCAN, y el propio Centro Coordinador de Emergencias (CECOES 1-1-2), ambos instrumentos esenciales para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección civil.
iii. Igualmente, se hace urgente también determinar el procedimiento de aprobación de planes de emergencia municipales e insulares, en consonancia con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Tal procedimiento está actualmente recogido en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) que se aprueba como acuerdo de gobierno por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, y en proceso de revisión para adecuarse al Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. Tal regulación de carácter normativo no tiene encaje adecuado en un plan de protección civil y ha de tenerlo en una norma, en tanto la revisión del PLATECA no abordará esta cuestión, corresponde incluir mediante decreto ley este procedimiento, dando contenido autonómico al artículo 15.2, in fine, de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
iv. Se hace también urgente la regulación del Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias, en tanto, por un lado somos la única Comunidad Autónoma con competencias en protección civil que no ha regulado nada al respecto, lo que impide garantizar el cumplimiento de las previsiones en protección civil y emergencias, hasta el punto que en situaciones donde se han activado planes de emergencia de protección civil no ha habido capacidad sancionadora para quien vulneraba las órdenes de la Dirección del Plan, al menos en el marco de la protección civil, así como también la afectación indiscriminada de los servicios de rescate por actuaciones imprudentes de las personas que se ponen en situación de riesgo a ellos mismos y a tales servicios.
Por lo que se refiere a la modificación de los artículos 3, 7 y 31 del Decreto 6/2015, 30 enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, debe subrayarse que la misma pretende actualizar el régimen reglamentario de la repotenciación de parques eólicos en servicio, ampliando el concepto de repotenciación para incluir no solo la sustitución de aerogeneradores por otros nuevos de mayor potencia unitaria, sino también actuaciones de sustitución o modificación total o parcial dirigidas a reemplazar máquinas, mejorar la eficiencia, incrementar la energía producida por la instalación o incrementar la potencia instalada. Asimismo, introduce una habilitación para que, mediante Orden departamental, puedan establecerse las condiciones bajo las cuales sea posible sustituir aerogeneradores existentes por otros que no sean nuevos o que hayan sido puestos en producción con anterioridad, manteniendo las exigencias técnicas necesarias para garantizar la eficiencia energética y la calidad de la energía.
La propuesta responde a razones de interés general vinculadas a la mejora del aprovechamiento de los recursos eólicos, la modernización del parque de generación renovable existente y la optimización de infraestructuras ya implantadas en el territorio.
La redacción vigente del Decreto 6/2015 configura la repotenciación de forma restrictiva, al vincularla a la sustitución de aerogeneradores existentes por otros nuevos, de mayor potencia unitaria y no puestos en producción con anterioridad. Esta configuración puede limitar actuaciones técnicamente convenientes que, sin implicar necesariamente un aumento de potencia unitaria, permitan mejorar la eficiencia, incrementar la producción energética, renovar componentes críticos o prolongar la vida útil de instalaciones existentes bajo condiciones técnicas adecuadas.
El nuevo régimen jurídico permite orientar la regulación hacia resultados energéticos y ambientales más amplios, tales como la mejora de eficiencia, el incremento de energía producida y la sustitución o modificación parcial de equipos. Con ello se favorece la adaptación del régimen reglamentario a la evolución tecnológica del sector eólico y a las necesidades de renovación de instalaciones en servicio.
La extraordinaria y urgente necesidad se justifica por la conveniencia de remover, con prontitud, obstáculos reglamentarios que pueden dificultar la ejecución de proyectos de repotenciación y renovación tecnológica de parques eólicos ya existentes.
La exigencia actual de utilizar exclusivamente aerogeneradores nuevos y no puestos previamente en producción puede restringir la viabilidad técnica y económica de determinados proyectos, especialmente aquellos basados en sustituciones parciales, modificaciones de componentes críticos, mejoras de eficiencia o utilización de equipos reacondicionados bajo estándares técnicos adecuados.
La demora en la adaptación normativa puede traducirse en la paralización o retraso de actuaciones de mejora de instalaciones existentes, con impacto negativo en la capacidad de generación renovable, en la eficiencia del sistema eléctrico y en el aprovechamiento de emplazamientos eólicos ya autorizados e implantados. Por ello, la modificación propuesta resulta adecuada para dar respuesta inmediata a una necesidad regulatoria concreta del sector.
En relación con la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, el Decreto ley persigue corregir determinadas lagunas normativas detectadas durante su aplicación, mejorar la técnica legislativa y reforzar la eficacia del sistema público de tutela del patrimonio cultural. La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Ley ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y dotar al ordenamiento de instrumentos más adecuados para garantizar una protección efectiva, preventiva y proporcionada de los bienes integrantes del patrimonio cultural canario, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 46 de la Constitución y con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La reforma tiene un alcance parcial, aunque amplio, al afectar a 34 preceptos de los 150 que integran la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Las modificaciones se proyectan, en particular, sobre los artículos 16, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38.1, 39 a 49, 54, 55, 57.6, 59, 79.3, 83.1, 89, 90, 129.3, 131, 134, 135, 142, 143 y 146, e incorporan además dos nuevos preceptos, los artículos 59 bis y 59 ter, junto con diversos ajustes sistemáticos orientados a mejorar la coherencia interna, la claridad y la operatividad del texto legal.
Las modificaciones introducidas responden, esencialmente, a cuatro objetivos. En primer lugar, se refuerzan los principios de cooperación, coordinación y corresponsabilidad entre las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, con el fin de mejorar la eficacia de la actuación administrativa y la claridad en el ejercicio de las competencias. Asimismo, se reordena el sistema de instrumentos de protección en el ámbito insular mediante la creación de la categoría de los Bienes de Interés Patrimonial Insular, destinada a proporcionar una tutela adecuada a aquellos bienes que, sin reunir los requisitos para su declaración como Bien de Interés Cultural, poseen una relevante significación patrimonial para cada isla.
Del mismo modo, se introducen diversas modificaciones dirigidas a clarificar el régimen jurídico y el procedimiento de declaración de los bienes de interés cultural, precisando sus efectos, mejorando la coordinación con la ordenación territorial y urbanística y reforzando la publicidad y seguridad jurídica de los actos administrativos. Finalmente, se perfecciona la regulación de las potestades de inspección, protección y disciplina patrimonial, especialmente en materia de medidas cautelares y distribución competencial, con el objetivo de evitar vacíos de actuación y garantizar una respuesta administrativa más eficaz frente a los riesgos que puedan afectar al patrimonio cultural.
La reforma incorpora igualmente las modificaciones necesarias para adecuar determinados preceptos de la Ley 11/2019, de 25 de abril, al marco constitucional de distribución de competencias y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma de Canarias en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando con ello la seguridad jurídica y la coherencia del sistema normativo.
Asimismo, la incorporación de las disposiciones adicionales, transitorias y la modificación de la disposición adicional sexta, sometidas a consideración del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias, pretenden resolver diversos problemas prácticos derivados de la transición entre el régimen vigente y las nuevas categorías de protección introducidas por la reforma, garantizando la continuidad de la protección de los bienes culturales, reforzando la coordinación entre las administraciones competentes, permitiendo el aprovechamiento de los estudios e informes técnicos ya elaborados en expedientes en tramitación y adaptando la regulación del personal inspector a la normativa básica de función pública, posibilitando que dichas funciones puedan ser desempeñadas por personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 cuando así se determine conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo.
La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de estas medidas mediante decreto ley deriva de la necesidad de corregir de forma inmediata determinadas deficiencias normativas que afectan a la capacidad preventiva y protectora del sistema público de tutela del patrimonio cultural. La persistencia de tales carencias podría comprometer la conservación de bienes culturales y generar situaciones de inseguridad jurídica para las administraciones públicas y las personas afectadas. Existe, por tanto, una conexión directa entre la situación que se pretende afrontar y las medidas adoptadas, concurriendo el presupuesto habilitante exigido por el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias para la aprobación del presente Decreto ley.
Del mismo modo, resulta necesario que la reforma entre en vigor acompañada de un régimen transitorio completo y plenamente operativo, que garantice la adecuada aplicación de las modificaciones introducidas desde el mismo momento de su entrada en vigor. A tal efecto, las disposiciones adicionales y transitorias incorporadas, así como la modificación de la disposición adicional sexta, permiten asegurar la continuidad de la protección de los bienes culturales, evitar incertidumbres jurídicas y dificultades en la tramitación de los procedimientos en curso, posibilitar el aprovechamiento de los estudios e informes técnicos ya elaborados y adaptar la regulación del personal inspector a la normativa básica en materia de función pública y a la realidad organizativa de las administraciones competentes. La ausencia de estas previsiones podría generar situaciones de desprotección del patrimonio cultural, duplicidades administrativas y disfunciones en la aplicación inmediata de la reforma.
Por su parte, la modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, trata de fortalecer la seguridad jurídica en el acceso a datos especialmente sensibles, como son los relativos a la salud, por parte de los profesionales sanitarios. La redacción actual de la citada disposición adicional se introdujo por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019. Sin embargo, la previsión legal para acceso a datos personales sensibles se deriva del artículo 9 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se recoge en la disposición adicional decimoséptima que se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del citado Reglamento (UE) 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y se relaciona la normativa de ámbito nacional más relevante. La Guía para Profesionales del sector sanitario de la Agencia Española de Protección de Datos se refiere al acceso a la Historia Clínica por parte de profesionales sanitarios, sin limitar a titulación de medicina. La actuación coordinada de diversas Administraciones Públicas en el ámbito de la salud y social, que involucra a profesionales de diversas titulaciones sanitarias, hace necesario modificar la previsión legal de acceso a la historia clínica y datos de salud tratados por el Servicio Canario de la Salud, como estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Desde esta perspectiva, el presente Decreto ley establece la obligación de colaboración del personal del Servicio Canario de la Salud y todo aquél que se relacione con los sistemas de información del Servicio Canario de la Salud, sea o no personal al servicio de la Administración Pública, en el marco de la coordinación de todos los órganos necesaria para cumplir con las exigencias en materia de sistemas electromédicos y de la Información, interoperabilidad, gobierno del dato, inteligencia artificial y ciberseguridad, de acuerdo con la gobernanza por la exigencia de las Estrategias de Salud Digital del Ministerio de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud.
Finalmente, en relación con la modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (en adelante, Ley 12/2003), debe recordarse que esta creó el Servicio Canario de Empleo (SCE) como organismo autónomo administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, configurando su estructura básica y régimen de actos y recursos administrativos.
En cuanto al régimen de recursos administrativos, el artículo 18 de la Ley 12/2003 dispone, entre otros extremos, que las resoluciones de la Presidencia del SCE sujetas al Derecho administrativo ponen fin a la vía administrativa (artículo 18.2) y que las resoluciones de la Dirección del SCE no agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso de alzada “ante el consejero competente en materia de empleo” (artículo 18.4).
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto normativa básica estatal en materia de procedimiento administrativo común, establece en su artículo 121.1 que: “Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (…)”.
Este precepto configura, con carácter básico, el sistema de recursos de alzada en el conjunto del sector público, de modo que el órgano competente para resolver el recurso ha de ser el superior jerárquico del autor del acto recurrido, sin perjuicio de las especialidades que puedan derivarse de la organización de cada Administración, siempre dentro del respeto a dicho principio.
En el caso del SCE, la propia Ley 12/2003 establece que la Dirección actúa bajo la dependencia de la Presidencia, esto es, en una relación de jerarquía interna dentro del organismo autónomo. La persona titular de la Presidencia del SCE -que coincide, ex artículo 7.2, con la persona titular del departamento competente en materia de empleo- es, por tanto, el órgano superior jerárquico de la Dirección en el seno del organismo.
No obstante, el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, al establecer que el recurso de alzada se interpone ante el “consejero competente en materia de empleo”, no refleja con claridad la relación jerárquica interna del organismo ni identifica de forma expresa a la Presidencia del SCE como órgano superior jerárquico de la Dirección a efectos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015.
En consecuencia, resulta oportuno y necesario modificar el artículo 18.4 de la Ley 12/2003 para establecer expresamente que las resoluciones de la Dirección del SCE serán recurribles en alzada ante la persona titular de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en la forma y supuestos previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.
Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Actividades Clasificadas, la reforma no pretende crear una nueva exención ni ampliar de forma sustancial el ámbito objetivo de las exclusiones actualmente previstas por la Ley, sino explicitar normativamente la aplicación del criterio material que ya contiene el artículo 2.3: la inexistencia de pública concurrencia. Se trata, por tanto, de una modificación esencialmente aclaratoria que persigue eliminar las dudas interpretativas que se han puesto de manifiesto en la aplicación práctica de la norma y proporcionar un criterio legal directamente aplicable por las administraciones públicas competentes.
Asimismo, por otra parte, se modifica el artículo 6.4 de la citada Ley 7/2011, de 5 de abril, con la finalidad de eximir la habilitación municipal en materia de actividades clasificadas que pueda afectar a usos y actividades ordinarios y complementarios en suelo rústico vinculadas a explotaciones agrarias, sustituyendo la habilitación municipal por un informe preceptivo que ha de preceder a la obtención del título habilitante sectorial previsto en la LSENPC (artículo 63.4 LSENPC). Se trata de sustituir, por motivos de racionalización, agilidad, economía y eficacia procedimental (artículo 3.1 Ley 40/2015) una doble habilitación (sectorial autonómica y de actividad clasificada municipal) y, por ende, un doble procedimiento (autonómico y municipal), por un único procedimiento y una única habilitación sectorial o autonómica, dentro de cuyo procedimiento se inserte un informe municipal. Es una modalidad ya prevista en el artículo 6.3 de la Ley 7/2011, por motivos de economía y eficacia procedimental, que el Decreto ley pretende aplicar a las actuaciones agrarias sujetas al régimen de actividades clasificadas.
Para cumplir la finalidad transversal perseguida por el presente Decreto ley algunos departamentos del Gobierno han previsto la necesidad de modificar determinadas normas de naturaleza reglamentaria. En el ordenamiento jurídico español existen múltiples ejemplos de decretos leyes que modifican normas reglamentarias y que prevén cláusulas de salvaguarda del rango de dichas normas; y la constitucionalidad de esta manera de proceder ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en STC 332/2005, de 15 de diciembre o en la STC 61/2016, de 17 de marzo.
Asimismo, la utilización del decreto ley para modificar normas reglamentarias resulta jurídicamente viable en la medida en que no existe reserva reglamentaria constitucional y se incorpore una cláusula de salvaguarda del rango reglamentario de los preceptos modificados. La legislación reciente confirma esta posibilidad, ya que numerosos reales decretos-leyes incluyen disposiciones que modifican normas reglamentarias y prevén expresamente que tales modificaciones no alteran el rango de las normas afectadas.
A los efectos expuestos, la disposición final segunda tiene por objeto señalar que los preceptos reglamentarios que sean modificados de forma expresa o tácita por el presente Decreto ley mantendrán su rango normativo original.
En relación con cada una de las diferentes medidas normativas que ampare el presente Decreto ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse eficazmente a través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia, y sin que este Decreto ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
El presente Decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 66 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias; así como en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta iniciativa normativa ha cumplido los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad porque las medidas que comprende son las más adecuadas actualmente para alcanzar los fines perseguidos, cumpliendo los compromisos adquiridos en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias; actualizando las coordenadas del ordenamiento tributario autonómico; así como articulando un conjunto de medidas específicas en los ámbitos de la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma y de determinados sectores de actuación administrativa. A mayor abundamiento, tratándose de un decreto ley, las razones expuestas anteriormente en relación con cada medida normativa para acreditar la concurrencia del supuesto habilitante previsto en los artículos 86 de la Constitución y 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias refuerzan la justificación del principio de necesidad en el contexto autonómico actual.
Por otro lado, la necesidad de atender eficazmente la gestión de los intereses generales requiere un vehículo jurídico eficaz, siendo el decreto ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución de dicho objetivo. Igualmente, esta norma cumple el principio de proporcionalidad, por cuanto se trata de la regulación mínima e indispensable para la consecución de los objetivos indicados anteriormente; y con el principio de eficiencia, pues huye de establecer cargas administrativas para la ciudadanía o las empresas.
El principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado por cuanto la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico.
En relación con el principio de transparencia, no debe obviarse que la legislación de urgencia está exenta de la realización de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, de conformidad tanto con la legislación estatal básica como con la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias. Sin embargo, los objetivos perseguidos por este Decreto ley están nítidamente explicados en su parte expositiva y en su correspondiente expediente administrativo, remitido al Parlamento de Canarias, con arreglo a las previsiones legales, y a disposición de la ciudadanía a través del Portal de transparencia del Gobierno de Canarias.
En definitiva, tratándose de un decreto ley de carácter transversal que comprende fundamentalmente medidas normativas, tanto de naturaleza legal como reglamentaria, procede concluir que cada una de ellas conecta de manera coherente, directa e inmediata con el supuesto habilitante previsto constitucional y estatutariamente en relación con este singular tipo de normas con fuerza de ley.
En relación con la modificación de la ley de Pesca de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en virtud del artículo 131 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Las modificaciones del Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, se dictan al amparo de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales prevista en el artículo 142.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias deriva de las previsiones de los artículos 169 y 171 del Estatuto de Autonomía.
La modificación de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, responde al ejercicio de la competencia prevista en el artículo 121 del Estatuto de Autonomía de Canarias; mientras que la modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, obedece al ejercicio de las competencias previstas en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La modificación propuesta en relación con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, obedece al ejercicio de las competencias previstas en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
En materia de cultura, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce la competencia prevista en el artículo 136.1.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que comprende el fomento de la cultura y, entre otros ámbitos, el fomento y la difusión de la industria cinematográfica y audiovisual. Esta competencia resulta afectada por las modificaciones del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual, y de la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de patrimonio cultural prevista en el artículo 137 del Estatuto de Autonomía, que resulta afectada por la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
La modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, y la modificación del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, obedecen a las competencias previstas en los artículos 134.2.a) 134.2.g) del Estatuto de Autonomía de Canarias, respectivamente.
En relación con la modificación del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabe señalar que, en materia de fomento, el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge en el artículo 102.1 que, a la Comunidad Autónoma, en las materias de su competencia, le corresponde el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios.
La modificación del Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112, como de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, se aprueba de acuerdo con las competencias previstas en los artículos 149 y 157.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias, respectivamente.
En relación con la modificación del Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce las competencias previstas en el artículo 163.1, letras a), b) y d), del Estatuto de Autonomía de Canarias, en materia de instalaciones de producción de energía, fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética, así como de autorización, inspección y control de las instalaciones de producción de energía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.
En relación con la modificación de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, se ejerce la competencia sobre protección de datos de carácter personal en materia de sanidad interior, en los términos previstos en el artículo 113, puesto en relación con el artículo 141.2, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para modificar el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, se fundamenta en el artículo 106 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas canarias, incluyendo, en todo caso, la aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las especialidades de la organización de la Administración Pública canaria, con respeto a lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
La modificación propuesta, que identifica expresamente a la Presidencia del Servicio Canario de Empleo como órgano competente para resolver el recurso de alzada frente a las resoluciones de la Dirección del organismo, se dicta en el marco de dicha competencia estatutaria y se ajusta a la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo común, en particular al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al concretar el órgano superior jerárquico competente para conocer del recurso de alzada en función de la organización interna del Servicio Canario de Empleo. Esta regulación se conecta, además, con las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de empleo y relaciones laborales, reconocidas en el artículo 139 del Estatuto de Autonomía, de las que el Servicio Canario de Empleo es el organismo encargado de su ejercicio.
La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para la modificación del artículo 2.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, descansa sobre el artículo 128.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias y conforme al artículo 74 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos; de las Consejeras de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; de los Consejeros de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas; de las Consejeras de Turismo y Empleo y de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; Transición Ecológica y Energía; de las Consejeras de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y de Sanidad; y el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 9 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
Uno. Se introduce un apartado c) al artículo 58-ter, que queda redactado como se señala a continuación:
“c) En aguas del caladero nacional y de acuerdo con las condiciones concretas establecidas para el ejercicio de la actividad principal, en particular en cuanto a sus artes y periodos”.
Dos. En el apartado 1 del artículo 58-quater se suprime el contenido de la letra c) y se modifica la letra h), quedando dicha letra h) en los siguientes términos:
“h) Comunicación previa a la consejería del Gobierno de Canarias con competencias en materia de pesca que con posterioridad la remitirá al Ministerio competente en materia de pesca”.
Tres. En el apartado 2 del artículo 58-quater se suprime el contenido de la letra c) y se modifica la letra f), quedando dicha letra f) en los siguientes términos.
“f) Disponer de cobertura de responsabilidad civil para cubrir a las personas ajenas a la tripulación de las embarcaciones o a los participantes de la actividad cuando esta se desarrolle en tierra. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación de la correspondiente póliza de seguro y del recibo acreditativo del pago de su prima, que deberán encontrarse vigentes”.
Cuatro. Se suprime el contenido de la letra c) del apartado 3 del artículo 58-quater.
Cinco. Se modifica el artículo 58-quinquies, que queda redactado como se señala a continuación:
1. Las personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo 58-bis de esta ley que pretendan desarrollar las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero deberán presentar una comunicación previa al inicio de la actividad.
2. Esta comunicación deberá presentarse ante la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de pesca o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El impreso normalizado de comunicación deberá encontrarse disponible en la web que se fije al efecto. El impreso de 47 comunicación debe incluir:
a) Los datos identificativos de la persona solicitante y del lugar o embarcación donde se pretenden realizar las actividades.
b) Memoria de las actividades turístico-informativas a desarrollar y descripción de los medios técnicos y recursos a emplear en ellas.
c) Declaración responsable sobre la disposición de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos por otras administraciones u organismos para el desarrollo de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero.
d) Acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58-quater de esta ley para el desarrollo de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, según se trate”.
Seis. Se suprime el artículo 58-sexies.
Siete. Como consecuencia de la supresión anterior se renumeran los artículos 58-septies, 58-octies y 58-novies, que pasan a ser los artículos 58-sexies, 58-septies y 58-octies, respectivamente.
Ocho. Se modifica el apartado 5 del artículo 58-sexies (anterior 58-septies) en los siguientes términos:
“5. Condicionantes de complementariedad. Las personas físicas y jurídicas titulares de las autorizaciones, concesiones y licencias de pesca o acuicultura, no podrán percibir directamente, ni a través de las entidades mercantiles mencionadas en la letra b) del artículo 58-bis de esta ley, ingresos procedentes de las actividades de pesca turismo, turismo acuícola y turismo marinero en cuantía superior a los que provengan de la actividad principal en el cómputo anual”.
Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 58-octies (anterior 58-novies), que queda redactado como se señala a continuación:
“3. Se crea un registro administrativo dependiente de la consejería competente en materia de pesca y acuicultura del Gobierno de Canarias en el que se inscribirán de oficio, las personas, embarcaciones y/o instalaciones en las que se realicen las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero. Este registro, que será de carácter público, tendrá por finalidad permitir el control por parte de la Administración de las personas habilitadas para realizar las actividades objeto de esta ley y elaborar informes sobre ellas.
Diez. Se modifica la letra a) del artículo 74 bis, en los siguientes términos:
“a) El ejercicio de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero sin llevar, al objeto de poner a disposición de las autoridades, acreditación de comunicación previa del inicio de las actividades, junto con documento identificativo de la persona que desarrolle tales actividades”.
Once. Se modifican las letras a), d) y m) del artículo 74 ter, quedando respectivamente redactadas en los siguientes términos:
“a) El ejercicio de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero sin haber comunicado previamente el inicio de ellas conforme a lo previsto en la legislación vigente”.
“d) El ejercicio de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero infringiendo los límites económicos previstos en el apartado 5 del artículo 58-sexies”.
“m) El incumplimiento de los condicionantes fijados en el artículo 58-sexies, apartado 3.2, en relación con el acercamiento involuntario a especies de mamíferos marinos o tortugas”.
Doce. Se suprime la letra c), que queda sin contenido, y se modifica la letra d) del artículo 74-quater, quedando dicha letra d) en los siguientes términos:
“d) La utilización de información o documentación falsa en los procedimientos de comunicación previa de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero”.
Trece. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 78-bis, quedando redactados en los siguientes términos:
“1. En materia de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, las infracciones graves previstas en el artículo 74-ter, además de la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de dichas actividades durante un período no superior a tres años.
2. En materia de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, las infracciones muy graves previstas en el artículo 74-quater, además de la multa correspondiente, podrán ser sancionadas, en función de las circunstancias concurrentes, con la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de dichas actividades durante un período no inferior a tres años ni superior a cinco años”.
Catorce. En el anexo, relativo al logotipo identificativo de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, la referencia al «artículo 58-octies» se sustituye por «artículo 58-septies».
Único. Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, que queda redactado en los siguientes términos:
“2. El presente Decreto ley será de aplicación a las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se encuentren empadronadas con residencia efectiva, y legal en caso de personas extranjeras, en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Si la persona interesada, con nacionalidad española, residiese fuera del territorio español, la competencia para el ejercicio de las funciones relacionadas en el apartado anterior corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, si el último domicilio en el que la persona interesada figurase empadronada fuese en esta”.
Único. Se añade una nueva letra h) en el artículo 48.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, dedicado a las exenciones del pago de la tasa del Boletín Oficial de Canarias, con el siguiente tenor:
“h) Las inserciones de declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica”.
Uno. Se modifica el título del artículo 24, así como su contenido, que queda redactado de la forma siguiente:
Las Administraciones Públicas de Canarias propiciarán la puesta a disposición de los consumidores y usuarios y de los profesionales y empresarios de mecanismos de resolución voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y sanción que puedan corresponder a las mismas.
A estos efectos, tendrán la consideración de mecanismos de resolución voluntaria de conflictos la mediación y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de los demás mecanismos que puedan preverse en la normativa aplicable.”
Dos. Se añade el artículo 24 bis, con la siguiente redacción:
1. La mediación de consumo es un medio voluntario de resolución de conflictos que puedan surgir en una relación de consumo, mediante el cual las partes, con la intervención de una persona mediadora imparcial, neutral y debidamente cualificada, intentan alcanzar por sí mismas un acuerdo.
2. La mediación se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, buena fe, transparencia y respeto mutuo.
3. La mediación de consumo podrá desarrollarse por las oficinas municipales o insulares de información al consumidor y por el centro directivo del Gobierno de Canarias con competencias en materia de consumo. Asimismo, podrán intervenir en los procedimientos de mediación de consumo las personas o entidades públicas o privadas, que cuenten con la acreditación exigida conforme a la normativa aplicable para la realización de tales funciones.
4. El centro directivo del Gobierno de Canarias con competencia en materia de consumo tendrá la consideración de autoridad competente para la acreditación de las personas y entidades mediadoras de consumo, establecidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que se determinen reglamentariamente.
5. El procedimiento de mediación se iniciará a solicitud de una de las partes y requerirá la aceptación de la otra parte, en la forma y plazo que se establezcan reglamentariamente. Las partes podrán desistir del procedimiento en cualquier momento, sin perjuicio de los efectos que, en su caso, produzcan los acuerdos válidamente alcanzados.
6. La mediación de consumo no impedirá el ejercicio por las Administraciones Públicas competentes de las funciones de inspección, control y sanción que procedan, ni limitará el derecho de las partes a acudir al Sistema Arbitral de Consumo, a otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos o a la vía judicial, conforme a la legislación vigente.
7. Los acuerdos alcanzados en mediación se formalizarán por escrito y obligarán a las partes en los términos pactados. Su eficacia ejecutiva quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.
8. El procedimiento de mediación de consumo será gratuito para las personas consumidoras y usuarias cuando se tramite por los servicios públicos de consumo, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se establezca respecto de las personas o entidades mediadoras acreditadas.
9. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de mediación de consumo, los requisitos de acreditación de las personas y entidades mediadoras, así como los mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.
10. El Gobierno de Canarias fomentará la formación especializada y continua en materia de mediación de consumo”.
Tres. Se modifican las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 39, en los siguientes términos:
“2. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los órganos competentes para la imposición de sanciones son:
a) El Gobierno de Canarias para imponer sanciones por infracciones calificadas como muy graves.
b) El consejero competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como graves, cuando la cuantía de la multa supere 15.000 euros.
c) El director general competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como leves y las graves cuando la cuantía de la multa no exceda de 15.000 euros.
Las facultades a que se refiere este apartado podrán ser objeto de desconcentración por decreto del Gobierno”.
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 42, que queda redactado como sigue:
“1. Las infracciones en materia de defensa del consumidor serán sancionadas con multas, con arreglo a la siguiente escala:
a) Infracciones leves: entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
b) Infracciones graves: entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
c) Infracciones muy graves: entre 100.001 y 1.000.000 de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
No obstante, cuando la aplicación de los rangos indicados anteriormente conlleve la imposición de una sanción desproporcionada en relación con la capacidad económica del infractor se podrá utilizar el rango asignado a la calificación de un menor nivel de gravedad para el cálculo de la sanción”.
Cinco. Se modifica el título y el contenido del artículo 44, que queda redactado como sigue:
1. Las infracciones en materia de defensa de la persona consumidora o usuaria prescribirán a los cinco años, las calificadas de muy graves, a los tres años las graves y a los dos años las leves.
2. El plazo de prescripción de la infracción empezará a contar desde que ésta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas, cuando finalice la acción infractora o el último acto con que la infracción se consume. Excepcionalmente, si los hechos son totalmente desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a computarse en el momento en que los hechos se manifiestan o son conocidos.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
4. También interrumpirán la prescripción las actuaciones judiciales en el ámbito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separación de los constitutivos de la infracción de la normativa de consumo sea jurídicamente imposible, de manera que la sentencia que pudiera recaer vinculara a la Administración actuante.
5. Igualmente interrumpirá la prescripción de las infracciones de la normativa de consumo la iniciación de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora por los mismos hechos, con conocimiento del interesado, sobre la base de normativa sectorial si, finalmente, apreciándose identidad de fundamento, procediese la aplicación preferente de la normativa de consumo. En estos supuestos, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
6. El plazo de prescripción de las infracciones estará suspendido desde la presentación de la reclamación, o en su caso, solicitud de mediación por la persona consumidora o usuaria a la persona empresaria hasta que por ésta se dé contestación a la misma de acuerdo con la normativa de aplicación, así como durante el tiempo en que se esté buscando una solución a la reclamación presentada por las propias partes o con la intervención de un tercero.
7. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año.
8. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción en estos supuestos la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
En el caso de desestimación presunta del recurso interpuesto contra la resolución por la que se imponga la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dichos recursos.
9. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa en los procedimientos sancionadores en materia de consumo será de doce meses. Dicho plazo empezará a contarse desde la fecha de la resolución de iniciación y finalizará con la notificación o el intento debidamente justificado de notificación de la resolución sancionadora. Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro responsable.
En cualquier caso, podrá iniciarse un procedimiento sancionador en tanto no haya prescrito la infracción, con independencia del momento en que hubieran finalizado las diligencias preliminares dirigidas al esclarecimiento de los hechos o la caducidad de un procedimiento previo sobre los mismos hechos.
10. Las solicitudes de pruebas periciales, así como de análisis y ensayos técnicos, contradictorios y dirimentes, que fueran necesarios para determinar la responsabilidad, suspenderán el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento ya iniciado hasta que se conozcan sus resultados.
11. El procedimiento para la imposición de sanciones en materia de consumo se determinará reglamentariamente”.
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:
No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) La prestación de servicios bancarios, de seguros y de transportes cualquiera que sea el medio utilizado.
b) El ejercicio de profesiones liberales.
c) Los suministros de agua, gas, electricidad y teléfonos.
d) Los servicios de bares, cafeterías, restaurantes y hostelería en general, salvo en los supuestos expresamente previstos en la presente Ley.
e) Cualquier otra actividad comercial que, por su propia naturaleza o por estar así reglamentariamente establecido, esté sometida a control por parte de los poderes públicos”.
Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana será de 90 horas. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá, mediante Orden, modificar dicho número de horas dentro de los límites determinados por la legislación estatal directamente aplicable, en su caso.
2. El horario concreto en que los comercios podrán desarrollar su actividad, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, será libremente establecido por cada titular del respectivo establecimiento.
3. Los comerciantes sometidos a la presente disposición estarán obligados a exponer en los escaparates o en otro lugar de sus establecimientos visible desde el exterior, incluso cuando estén cerrados, el detalle claro y exacto de los días en que permanecerán abiertos al público y su horario de apertura y cierre”.
Tres. Se añade un artículo 12 bis, con la siguiente redacción:
1. El número de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de diez al año, salvo lo dispuesto en el apartado 2 y lo establecido en el artículo 12 ter. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá, mediante Orden, modificar dicho número de días dentro de los límites determinados por la legislación estatal directamente aplicable.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, previa propuesta de la Comisión Insular de Comercio correspondiente, la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá acordar el aumento del número de domingos y días festivos de apertura, hasta un máximo de doce al año, circunscribiendo dicho aumento a la correspondiente isla.
3. Dentro de los límites señalados en los dos apartados anteriores, y previa consulta a las Comisiones Insulares de Comercio correspondientes, la persona titular de la consejería competente en materia de comercio determinará, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias, para cada una de las islas, los domingos o festivos que puedan abrir al público los comercios durante la correspondiente anualidad natural, atendiendo de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos días para los consumidores, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La apertura, en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma.
c) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad, u otras campañas de interés comercial.
4. Los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público y los centros comerciales definidos en el artículo 41.2 de la presente ley, podrán establecer fechas alternativas a las señaladas conforme al apartado 3 del presente artículo, que habrán de cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos:
a) El número total de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público no podrá exceder de los límites mínimos y máximos previstos en los apartados 1 y 2.
b) En la designación de fechas alternativas, los operadores atenderán de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos días para los consumidores, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 3.
c) Las comunicaciones formuladas por un centro comercial regirán para la totalidad de los establecimientos comerciales incluidos en el mismo y serán, por tanto, preferentes a las que hubiera formulado, en su caso, un establecimiento concreto incluido en dicho centro.
d) Aquellas empresas que dispongan de establecimientos comerciales en más de un municipio, podrán presentar comunicación de fechas alternativas diferentes por cada municipio.
Las fechas alternativas, para poder operar, deberán ser comunicadas a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento telemático habilitado al efecto, en un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a la publicación de la Orden prevista en el apartado 3, publicándose tales fechas alternativas por establecimiento, una vez verificada su conformidad, por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias en la página web habilitada al efecto, debiendo igualmente ser anunciadas por el respectivo establecimiento o centro comercial de manera pública y visible para los usuarios.
5. Cada comerciante determinará libremente el horario de apertura del respectivo establecimiento correspondiente a cada domingo o día festivo, de los habilitados conforme a los apartados anteriores, en que ejerza su actividad.
6. Hasta tanto se determinen los domingos y festivos de apertura aplicables a la correspondiente anualidad natural, cada comerciante dispondrá de plena libertad para determinar los domingos y festivos de apertura de sus respectivos establecimientos, dentro de los límites señalados en el apartado 1.
7. El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen especial de horarios regulado en la presente Ley”.
Cuatro. Se añade un artículo 12 ter, con la siguiente redacción:
1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público aquellos establecimientos determinados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, o norma reguladora básica que la sustituya, así como los implantados en las zonas de gran afluencia turística.
2. Son zonas de gran afluencia turística a que se refiere el apartado 1 aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
d) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.
e) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
f) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
3. En todo caso, en aquellos municipios de Canarias con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior, según los datos del Instituto Canario de Estadística o en su caso de la Consejería competente en materia de turismo, o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año natural inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, según los datos de Puertos del Estado, o en su caso de la Consejería competente en materia de Turismo, se declarará al menos una zona de gran afluencia turística, aplicando los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. La declaración, modificación o supresión de las zonas de gran afluencia turística en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de comercio, a propuesta de los ayuntamientos correspondientes al término municipal afectado, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo, que será preceptivo en todos los casos, y vinculante cuando se trate de los supuestos previstos en los subapartados a), d), e) o f) del apartado 2 del presente artículo.
En los supuestos en los que, concurriendo alguno de los supuestos del apartado 4, la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. En el caso de que la consejería competente para resolver considerase que no está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año.
La declaración o modificación habrá de producirse en el plazo de seis meses desde la presentación de la correspondiente propuesta del Ayuntamiento, entendiéndose estimada dicha propuesta, por silencio positivo, en los términos propuestos, si en dicho plazo no se dictara resolución expresa. En los casos de propuesta de supresión, el transcurso del plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa habilitará al Ayuntamiento a tener por desestimada la propuesta.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si concurriendo los supuestos previstos en el apartado 3, no se hubiera producido, en el plazo de seis meses desde la publicación de los datos referidos en dicho apartado, la declaración de alguna zona de afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas en dicho apartado, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
6. Los establecimientos comerciales situados en aquellas zonas en que tengan lugar ferias y mercados de marcado carácter tradicional podrán permanecer abiertos, previa habilitación del respectivo ayuntamiento, los domingos y festivos en que se celebre la correspondiente feria o mercado.
7. Las oficinas de farmacia, estancos y establecimientos donde se vendan productos culturales o se presten servicios culturales se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por la presente disposición”.
Cinco. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Las Comisiones Insulares de Comercio son órganos consultivos y participativos, de ámbito insular, operando una comisión por cada una de las islas con administración propia.
2. Corresponde a las Comisiones Insulares de Comercio, en relación con su ámbito territorial correspondiente:
a) asesorar al titular de la Consejería competente en materia de comercio sobre los domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias;
b) proponer al titular de la Consejería competente en materia de comercio el aumento del número de domingos y días festivos de apertura, hasta un máximo de doce al año, en su respectivo ámbito insular;
c) cualesquiera otras competencias consultivas que, en materia de comercio, le sean atribuidas por la normativa aplicable o le sean encargadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio.
3. Cada una de las Comisiones Insulares de Comercio estarán presididas por la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias, o alto cargo de dicha Consejería en quien delegue, e integradas por: un representante del Gobierno de Canarias, un representante del respectivo Cabildo Insular, un representante de los Ayuntamientos de la respectiva isla, dos representantes de la cámara oficial de comercio cuyo ámbito territorial coincida o comprenda la respectiva isla, dos representantes de las confederaciones de empresarios, dos representantes de las organizaciones sindicales y dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas a nivel insular.”
Seis. Se modifica el apartado 4 del artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos:
“4. Queda prohibida la venta a domicilio de aquellos productos o servicios que por la legislación sectorial tengan prohibida la venta en dicha modalidad”.
Siete. Se modifica el artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran ventas a distancia aquellas que se perfeccionan a través de cualquier medio de comunicación a distancia entre las partes, esto es, sin la presencia física simultánea de las partes o sus representantes y en los que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo.
2. Será de aplicación la presente Ley a las ventas a distancia definidas en el apartado anterior en las que el establecimiento oferente se encuentre ubicado en Canarias y la oferta se proyecte en exclusiva dentro del ámbito territorial de Canarias.
3. Las comunicaciones comerciales y modalidades de venta a distancia sometidas a la presente Ley que se tengan, a su vez, la consideración de servicios de la sociedad de información y/o de comercio electrónico se regirán por la legislación sectorial aplicable a las mismas y, en lo no previsto en ellas, por las disposiciones de la presente ley sobre las ventas a distancia.
4. Las disposiciones sectoriales sobre ventas a distancia reguladoras de los derechos de consumidores y usuarios serán de aplicación preferente”.
Ocho. Se modifica el artículo 24, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Todas las ofertas de venta a distancia contendrán, de forma clara e inequívoca, los siguientes datos informativos:
a) La identidad del oferente, que comprenderá necesariamente su NIF/CIF, nombre y apellidos o denominación social y datos de contacto.
b) El producto o servicios que se ofrece, con una descripción del mismo con todos los datos sobre su naturaleza, cantidad, calidad, posibilidades de consumo o de uso que facilite su identidad y garantía, en su caso.
c) El precio total a satisfacer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley, separando el importe de los gastos de envío, si van a cargo del consumidor, y especificando el sistema de reembolso.
d) El plazo máximo de recepción o puesta a disposición del consumidor del producto o servicio objeto de la transacción, desde el momento de la recepción del encargo. De no establecerse ningún plazo, se entenderá como plazo máximo para realizar la entrega el de 30 días desde el momento de la recepción del encargo. El adquirente deberá ser informado de que si el establecimiento no cumple con el plazo máximo aplicable, el adquirente tiene el derecho a decidir sobre la cancelación del pedido.
e) El período de reflexión durante el cual el consumidor puede devolver el producto y recibir la cantidad satisfecha que no podrá ser inferior a 14 días naturales desde la recepción del producto, salvo los supuestos previstos en la legislación sectorial sobre consumo en los que no resulte aplicable el derecho de desistimiento.
f) El sistema de devolución, en su caso, con la información de que los gastos correspondientes van a cargo del comerciante en caso de disconformidad con el envío, antes de transcurrir el período de reflexión.
g) El sistema de garantías, que habrá de responder necesariamente de los vicios que se manifiesten en un plazo mínimo de 2 años desde la entrega.
h) Información fehaciente sobre el modo y medios de utilización de los datos personales que recopile el oferente del adquirente, así como del derecho de este a corregirlos y suprimirlos siempre que lo crean conveniente.
i) Información fehaciente sobre la eventual utilización, por la página web desde la que se oferte el producto, de cookies y la finalidad de dicha utilización.
j) El derecho del adquirente a elegir la forma de pago que crea más conveniente, de entre las diferentes opciones que ofrezca el oferente y las condiciones de cada una de tales modalidades de pago.
k) La disposición, en su caso, por la web desde la que se realiza la oferta, de un certificado de seguridad.
2. Requisitos especiales para el ejercicio de la venta a distancia:
A) Los requisitos que deberán reunir las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad de la venta a distancia, al margen de las previstas por esta Ley en los artículos 6 y 7, serán los siguientes:
a) Cumplir los requisitos previstos en la normativa específica reguladora de los productos objeto de esta venta.
b) Llevar y tener a disposición de las autoridades competentes una relación autorizada de los productos que se comercializan, de sus ofertas, de los centros de distribución y de los domicilios sociales, y de la recepción de pedidos y solicitudes de información.
c) Tener los almacenes donde se encuentren los productos en las debidas condiciones según lo establecido en la legislación vigente.
B) Está prohibido, en cualquier caso, el envío de mercancías o servicios no solicitados previamente por los consumidores o usuarios, especialmente los que se realicen bajo la advertencia de que la falta de respuesta del receptor da lugar a la presunción de la aceptación. La prohibición es efectiva aunque se fije un plazo de reflexión para realizar la prueba o ensayo del producto o envío.
C) No pueden efectuarse envíos de ofertas si el sistema utilizado conlleva cualquier gasto para el destinatario, salvo que exista la solicitud previa de la oferta por parte de éste.
D) El establecimiento debe enviar de forma inmediata a la persona adquirente la justificación de la contratación efectuada, por el conducto que se señale en la propia oferta”.
Nueve. Se modifica la rúbrica del Título V, que queda redactada en los siguientes términos:
“Título V. De los establecimientos sujetos a título habilitante en materia comercial”.
Diez. Se modifica el artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La instalación, apertura, ampliación de superficie útil de exposición y venta, traslados y cambios de actividad de aquellos establecimientos comerciales que establezca la presente disposición está sujeta a la previa obtención de título habilitante de la consejería competente en materia de comercio.
A los efectos previstos en la presente disposición, se entiende por superficie útil de exposición y venta la de aquellos lugares en que se vendan mercancías o se expongan para su venta, incluyendo los escaparates internos, los mostradores y tras mostradores, los espacios destinados al tráfico de personas, la zona de cajas y la comprendida entre éstas y la salida.
2. Son títulos habilitantes en materia de comercio la licencia comercial y la comunicación comercial previa.
3. La licencia comercial y comunicación comercial previa serán previas al otorgamiento o producción del correspondiente título habilitante municipal en materia de actividades clasificadas, y no exonerarán, por tanto, al establecimiento de su obtención, cuando fuere preceptiva, pudiendo tramitarse ambos títulos habilitantes de forma simultánea, pero siempre quedando supeditado el título habilitante municipal a la obtención de licencia comercial o comunicación comercial previa, en su caso.
Las resoluciones denegatorias de licencias comerciales, o que acuerden la revocación o caducidad de las ya otorgadas o la declaración de ineficacia de comunicaciones previas en materia comercial impedirán el ulterior otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, o producción de efectos de los títulos habilitantes que sean exigibles y deban emitir o presentarse ante los ayuntamientos.
La competencia en materia de títulos habilitantes en materia comercial no afectarán a la competencia municipal de control y sancionadora, previstas en la legislación de actividades clasificadas, sobre tales establecimientos, que serán ejercidas por la entidad local correspondiente, dando conocimiento de las mismas a la consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias.”
Once. Se modifica el artículo 41, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Están sujetas a licencia comercial las actuaciones previstas en el artículo 40.1 de la presente disposición que se proyecten sobre:
a) grandes establecimientos comerciales, entendiéndose por tales aquéllos destinados al comercio al por menor cuya superficie útil de exposición y venta, ya sea inicial o ya sea resultante, en su caso, de la ampliación proyectada, sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 metros cuadrados en la isla de Lanzarote, 1.250 metros cuadrados en la isla de Fuerteventura, 1.000 metros cuadrados en la isla de La Palma y 750 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El Hierro;
b) centros comerciales en los que la superficie útil de venta de los establecimientos comerciales integrados en ellos supere los 9.000 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros cuadrados en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El Hierro.
2. A los efectos previstos en la presente disposición, se entiende por centro comercial, con independencia de su superficie útil de venta, la unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como uso complementario establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. Son igualmente centros comerciales, en la modalidad de parque comercial, los integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial ubicados en una misma área común urbanizada siempre que se hallen vinculados por la citada planificación, gestión, promoción y administración común.
Se entiende que no existe planificación, gestión, promoción y administración común cuando la relación entre los locales sea de mera copropiedad ordinaria, acreditada por el pago directo e individualizado de suministros y gastos por cada local, sin que exista una marca o nombre comercial que los agrupe; ni gastos compartidos para el desarrollo de actuaciones propias del centro comercial (seguridad, promoción, publicidad, etc..) o en caso de ausencia de normas adoptadas o decisiones compartidas de funcionamiento comercial, tales como fijación de un régimen de horarios de apertura y cierre vinculante, rotulación o imagen comercial unificada, más allá de las propias de una comunidad de propietarios ordinaria.
En los supuestos en que los que la normativa sectorial prevea la emisión de informe por parte de la Consejería competente en materia de comercio, sobre si un conjunto de establecimientos comerciales tiene la consideración de centro comercial, la existencia de los requisitos correspondientes para su determinación debe concurrir con anterioridad a la solicitud del citado informe.
3. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, podrá reducir o ampliar las superficies útiles mínimas de exposición y venta previstas en el apartado anterior.”
Doce. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Están sujetas a comunicación comercial previa las actuaciones previstas en el artículo 40.1 de la presente disposición, así como la adquisición de titularidad de establecimientos, que se proyecten sobre establecimientos con superficie inferior a las establecidas en el artículo 41.1 a) cuya apertura o ampliación determinen o contribuyan a la superación, por la empresa o grupo de empresas a que pertenezcan, de las siguientes superficies útiles de exposición y venta por islas, computando la totalidad de establecimientos de la empresa o grupo de empresas en la respectiva isla:
Tenerife y Gran Canaria: 5.000 metros cuadrados.
Lanzarote: 3.300 metros cuadrados.
Fuerteventura: 2.500 metros cuadrados.
La Palma: 2.000 metros cuadrados.
La Gomera y El Hierro: 1.000 metros cuadrados.
A estos efectos, se considera grupo de empresas los así definidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
2. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, podrá reducir o ampliar las superficies útiles mínimas de exposición y venta previstas en el apartado anterior”.
Trece. Se elimina el apartado 1 del artículo 43, y los apartados 2 y 3 del mismo pasan a numerarse, respectivamente, como apartados números 1 y 2.
Catorce. Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción:
“3. Solamente tendrán vinculatoriedad normativa para el otorgamiento o denegación de licencias comerciales las determinaciones que sobre equipamientos comerciales se contemplen en las normas de planeamiento municipal de aplicación en el ámbito territorial en el que se ubique la actividad comercial proyectada.
Serán igualmente vinculantes las determinaciones sobre equipamientos comerciales contempladas en el planeamiento insular y planeamiento territorial de ordenación, en el caso de que impliquen la exclusión de dichos equipamientos por afección a espacios naturales protegidos”.
Quince. Se añade un capítulo III en el Título V, con la siguiente rúbrica:
“Capítulo III. De la comunicación comercial previa”.
Dieciséis. Se añade un artículo 43 bis, con el siguiente tenor:
1. En los supuestos que la presente disposición sujete a comunicación comercial previa como título habilitante en materia comercial, dicha comunicación habrá de presentarse ante la consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias acompañada de la documentación prevista en el artículo 45.1 de la presente disposición.
2. La presentación de la comunicación constituye título habilitante en materia comercial desde el mismo momento de su prestación, y sin perjuicio de las potestades de la Administración competente para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y declarar, en su caso, la ineficacia de la comunicación presentada.
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la documentación requerida determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
4. La Administración competente podrá declarar, previo procedimiento tramitado al efecto, la ineficacia de la comunicación previa presentada en los supuestos previstos en el apartado anterior, así como cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas en la presente ley sobre caducidad o revocación de licencia comercial, en cuanto resulten aplicables.
5. El plazo máximo para el inicio de la actividad habilitada por la comunicación previa será de 3 años desde su presentación. Dicho plazo podrá ser objeto de prórroga o prórrogas por causas justificadas y ajenas al interesado”.
Diecisiete. Se renumera el artículo 45, por derogación del apartado 2 del mismo artículo, pasando el artículo 45.3 a ser el artículo 45.2 con la siguiente redacción:
“2. La solicitud será inadmitida, previa audiencia a los solicitantes, cuando sea manifiestamente contraria a la legislación y ordenación territorial vigentes”.
Dieciocho. Se modifican los subapartados b) y c) del apartado 1 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:
“b) El órgano competente para tramitar el procedimiento remitirá la documentación al ayuntamiento en cuyo ámbito territorial se pretenda emplazar el establecimiento, el cual, si así lo solicitare expresamente el interesado, en el momento de la solicitud de licencia comercial, iniciará la tramitación del procedimiento dirigido al otorgamiento de la licencia municipal urbanística de obras y, en su caso, de actividades clasificadas, de conformidad con la normativa sectorial de aplicación. Asimismo, en el mismo trámite, la Administración autonómica recabará el informe municipal, que deberá contener pronunciamiento expreso sobre la adecuación del establecimiento comercial proyectado al planeamiento urbanístico municipal vigente y a la normativa sectorial de actividades clasificadas.
En particular, el antedicho informe deberá pronunciarse sobre la incidencia del proyecto, desde el punto de vista urbanístico en todos sus aspectos, incluidos los medioambientales, atendiendo a las determinaciones del planeamiento municipal, a la saturación del sistema viario municipal, incremento de los desplazamientos, la accesibilidad de los estacionamientos y la adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como de iluminación, con especial referencia, en este último apartado, a la especial protección que otorga la legislación estatal en materia de contaminación lumínica.
Con el objeto de simplificación procedimental, la información pública y notificación vecinal contenida en la Ley 7/2011, de 5 de abril, queda sustituida en el caso de establecimientos sometidos a la presente Ley por la exigida en el apartado 1.a) del presente artículo. A tal fin, el órgano competente para instruir el procedimiento para la concesión de la licencia comercial remitirá al ayuntamiento interesado el resultado de la información pública realizada.
c) Además del informe del ayuntamiento, se procederá a solicitar simultáneamente los informes siguientes:
1) Informe preceptivo del cabildo insular respectivo, con remisión de la documentación precisa, que deberá pronunciarse expresamente sobre los criterios establecidos en los subapartados 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del apartado 2 del artículo 43.
2) Los informes facultativos a emitir por los departamentos competentes de la Administración autonómica que, en su caso, acuerde solicitar la consejería encargada de tramitar el procedimiento, en relación con los criterios del artículo 43”.
Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:
“2. El informe del Ayuntamiento tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable.
El informe del Cabildo Insular tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable por alguno de los siguientes motivos:
a) Que implique la exclusión de dichos equipamientos por afección a espacios naturales protegidos.
b) Que el proyecto afecte gravemente a la movilidad insular o suponga una sobre saturación del tráfico rodado por carreteras de titularidad o gestión insular transferida por la Comunidad Autónoma, circunstancia que deberá ser expresamente acreditada técnicamente, en su caso, en el referido informe, con respaldo en los servicios competentes del Cabildo.
c) Que el proyecto se ubique en zona declarada como de riesgo hidráulico, en cuyo caso deberá constar en el informe expreso pronunciamiento en tal sentido por parte del Consejo Insular de Aguas u órgano equivalente.
En caso de que los informes de Ayuntamiento y Cabildo fueran favorables pero condicionados a la modificación del proyecto o a la realización de cualquier actuación no prevista en el mismo, la resolución que, en su caso, otorgue la licencia comercial se condicionará necesariamente a la modificación o realización de las actuaciones incluidas en los informes municipal, en todo caso, e insular, cuando éste esté motivado en alguno de los supuestos previstos en el párrafo anterior.
El plazo máximo respectivo para emitir y remitir, por conducto electrónico, a la Consejería solicitante, los respectivos informes por parte del Ayuntamiento y Cabildo será de dos meses, desde que tenga entrada en la respectiva entidad local su solicitud. Transcurrido el respectivo plazo sin que hubiera sido remitido el correspondiente informe, se entenderá que la entidad local respectiva no se opone a la concesión de la licencia comercial.
Si por parte del ayuntamiento o del cabildo insular se exigiera la aclaración o subsanación de algún extremo del proyecto presentado a los efectos de poder emitir el informe, se dará traslado de dicho requerimiento al interesado por parte del órgano instructor, con comunicación al órgano informante, suspendiéndose el plazo establecido para la emisión del informe”.
Veinte. Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión de la licencia comercial será de ocho meses, sin perjuicio de las suspensiones que, en su caso, resulten aplicables.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada su solicitud por silencio positivo, a menos que se hubiera producido requerimiento de subsanación o aclaración por parte de alguna de las administraciones informantes, o se hubiera emitido en plazo informe vinculante en sentido desfavorable, del que se dará inmediato conocimiento al interesado”.
Veintiuno. Se modifica el apartado 3 del artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:
“3. La resolución que se dicte deberá ser motivada, y, de resultar estimatoria de la solicitud presentada, quedará sometida, en su caso, al cumplimiento de las determinaciones que se establezcan en la misma, incluidas las establecidas en los informes municipales o insulares, en caso de ser favorables condicionados, cuando deban ser necesariamente acogidas conforme a la presente Ley o sean, en otro caso, incluidas en la resolución, o, en su caso, la realización de actuaciones de urbanismo comercial y proyectos que mejoren las infraestructuras de equipamiento municipal en los principales ejes comerciales del municipio, los cuales tendrán que ser financiados por el operador comercial que explote el equipamiento comercial.
La resolución estimatoria contendrá de forma expresa, asimismo, el plazo para el inicio efectivo de la actividad comercial, que, en defecto de determinación expresa, se fija en 3 años a contar desde la notificación de la resolución al interesado. Dicho plazo podrá ser objeto de prórroga si concurren las circunstancias justificativas para la misma”.
Veintidós. Se renumera el artículo 48, por derogación del apartado 5 del mismo artículo, pasando el artículo 48.6 a ser el artículo 48.5 con la siguiente redacción:
“5. El titular de la licencia comercial para el desarrollo de la actividad objeto de la presente Ley comunicará la puesta en marcha de la actividad comercial en el plazo máximo de un mes desde que ésta se produzca, mediante una declaración responsable al órgano competente en materia de comercio”.
Veintitrés. Se modifica el artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La licencia comercial para el ejercicio de las actividades comerciales sometidas al ámbito de aplicación de la presente Ley tendrá vigencia indefinida.
2. No obstante, la persona titular de la consejería competente en materia de comercio podrá declarar, con efectos constitutivos, su caducidad por causa imputable al interesado, tras la tramitación del procedimiento correspondiente con audiencia del titular, en los siguientes supuestos:
a) Si hubiera sido declarada la caducidad de la licencia urbanística que habilite la ejecución de las obras relacionadas con la licencia comercial.
b) Si, transcurrido el plazo fijado en la resolución de concesión, no se haya dado comienzo al ejercicio efectivo de la actividad comercial en los términos previstos en la propia licencia, salvo prórroga o prórrogas concedidas al efecto.
c) Si no se hubiera solicitado la licencia urbanística o presentado la comunicación previa para la obtención del título urbanístico habilitante, en el plazo de tres meses a partir de la obtención de la licencia comercial, cuando sea procedente.
3. La declaración de caducidad determinará la extinción de la licencia otorgada”.
Veinticuatro. Se modifica el artículo 51, que queda redactado en los siguientes términos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.1 de la presente Ley, la transmisión de la titularidad de establecimientos sometidos a licencia comercial exigirá, exclusivamente, comunicación al órgano competente para su concesión, acompañada de acreditación del cumplimiento de las obligaciones exigidas en materia de defensa de la competencia”.
Veinticinco. Se suprime el Título VIII -De la planificación territorial de grandes equipamientos comerciales-, que queda sin contenido, así como su artículo 54.
Veintiséis. Se renumera el Título IX, que pasa a ser el Título VIII.
Veintisiete. Se modifica el artículo 55, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El Gobierno de Canarias, sin perjuicio de las competencias de gestión que corresponda, en su caso, a las entidades locales y otras consejerías, promoverá y fomentará la actividad comercial y las infraestructuras necesarias para su desarrollo a través de la consejería competente en materia de comercio. A estos efectos, se entenderá comprendida en la actividad de comercio, además de la prevista en el artículo 3 de la presente Ley, los servicios que se presten en bares, cafeterías, restaurantes y demás establecimientos de restauración y de hostelería, así como las infraestructuras necesarias para su desarrollo.
2. La actividad de fomento ira dirigida preferentemente, entre otros posibles fines, a:
a) la modernización y actualización de las estructuras y técnicas comerciales y de servicios de hostelería y restauración,
b) la implantación y mejora de zonas comerciales abiertas,
c) la implantación y mejora de mercados, mercadillos y demás formatos de venta no sedentaria de competencia local,
d) la realización de ferias comerciales, de restauración y de hostelería en general”.
Veintiocho. Se añade un apartado e) al artículo 56, con el siguiente tenor:
“e) La implantación y utilización de nuevas tecnologías y del comercio electrónico en los establecimientos y en la actividad comercial”.
Veintinueve. Se añade un nuevo artículo 56 bis, con el siguiente tenor:
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de sus competencias en materia de comercio interior, desarrollará actuaciones de promoción, dinamización y modernización de la actividad comercial y de la hostelería en general, orientadas a fortalecer la competitividad del sector y su integración en el entorno urbano y social.
2. El Gobierno de Canarias impulsará de manera prioritaria el fomento, consolidación y mejora de las Zonas Comerciales Abiertas, entendidas como espacios urbanos de alta concentración comercial, o espacios que, sin tener alta concentración comercial disponen de entidades asociativas o representativas que los agrupan y a través de las que se pueden realizar acciones conjuntas, y en los que además se desarrollan actividades de hostelería, restauración o servicios, que constituyen un elemento estratégico para la cohesión económica y social de las ciudades y núcleos poblacionales del Archipiélago.
3. El Gobierno de Canarias promoverá la protección, modernización y dinamización de los Mercados Tradicionales de Canarias, reconociendo su valor económico, cultural, patrimonial y su papel como espacios de abastecimiento de proximidad.
4. El Gobierno de Canarias promoverá de forma activa el desarrollo y la modernización de la actividad de hostelería y restauración en general, reconociendo su carácter estratégico para el desarrollo económico del Archipiélago y su papel esencial en la promoción de las Islas.
La política de fomento en este sector se orientará especialmente a:
a) El impulso de la excelencia y calidad en la prestación de los servicios.
b) La formación técnica y profesional especializada de los trabajadores del sector, en colaboración con las organizaciones más representativas.
c) El apoyo a la modernización tecnológica y la sostenibilidad ambiental de los establecimientos.
d) La promoción de la gastronomía local como elemento diferenciador de la oferta comercia canaria.
5. La Administración autonómica, en coordinación con los cabildos y ayuntamientos, velará por la preservación de los establecimientos de hostelería tradicionales que formen parte del patrimonio histórico y cultural de los municipios.
6. Los cabildos insulares, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, elaborarán y aprobarán, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de comercio, los Planes Insulares de Zonas Comerciales Abiertas y Hostelería y los Planes Insulares de Mercados Tradicionales, que constituirán los instrumentos estratégicos de planificación, ordenación y actuación en estas áreas.
Estos planes establecerán, entre otros aspectos:
a) Diagnóstico de situación y necesidades.
b) Objetivos estratégicos y líneas de actuación.
c) Criterios de diseño urbano, accesibilidad y movilidad.
d) Medidas de digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
e) Mecanismos de cooperación con cabildos, ayuntamientos y asociaciones empresariales.
f) Programación temporal y estimación de recursos.
7. Las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán en la ejecución de las actuaciones previstas en los planes directores, pudiendo suscribir convenios, acuerdos de financiación y otros instrumentos de cooperación interadministrativa y públicoprivada.
8. El Gobierno de Canarias desarrollará campañas de promoción institucional dirigidas a la ciudadanía y al tejido empresarial, destinadas a poner en valor el comercio local, las Zonas Comerciales Abiertas, los mercados tradicionales y la hostelería, así como a fomentar hábitos de consumo responsable y sostenible”.
Treinta. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:
Será libre, en el seno de actividades feriales, la venta directa de los productos exhibidos por los comerciantes participantes en las mismas”.
Treinta y uno. Se suprime la sección séptima del Título IX, integrada por los artículos 76, 77 y 78, que queda sin contenido.
Treinta y dos. El Capítulo IV del Título VIII (renumerado) pasa a denominarse:
“Título IX. Régimen de Infracciones y Sanciones”.
Treinta y tres. Los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 quedan renumerados, respectivamente, como artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 81.
Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 77 (renumerado), que queda redactado en los siguientes términos:
“Son infracciones administrativas en materia comercial las siguientes:
1. El incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la presente Ley.
2. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 en materia de productos y servicios puestos a disposición del público.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 en materia de precios.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en materia de horarios comerciales.
5. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2.B).d) en materia de ejercicio simultáneo del comercio al por mayor y al detalle.
6. El ejercicio de actividades de venta fuera de un establecimiento comercial, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2.B).
7. El incumplimiento por las cooperativas de consumidores y usuarios y por los economatos de lo dispuesto en el artículo 3.2.B), letras e) y f).
8. El incumplimiento de lo previsto en los artículos 15 y 16 en cuanto a instalación de los mercadillos y mercados de ocasión y a los productos que pueden ser ofrecidos al público en los mismos, sin perjuicio de las competencias municipales sobre la materia.
9. La falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales, calificando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas.
10. La instalación de puestos de venta ambulante que infrinja lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21.
11. La venta domiciliaria de los productos prohibidos en el artículo 22.
12. El incumplimiento de los requisitos que para las ofertas en las ventas a distancia establece el artículo 24.
13. El incumplimiento de los requisitos que para las máquinas destinadas a la venta automática establece el artículo 26.
14. El incumplimiento de los requisitos que para las ventas a pérdida se contienen en el artículo 28.
15. Las ventas con prima que infrinjan lo dispuesto en el artículo 29.
16. Las ventas en rebajas en las que no se consigne el precio, conforme a lo establecido en el artículo 30, o recaigan sobre los productos a que se refiere el artículo 31, o no cumplen las condiciones que para su anuncio se establecen en el artículo 32.
17. Las ventas en liquidación en las que no concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 33, o cuya realización no se haya comunicado a la consejería competente en materia de comercio, conforme al artículo 34.
18. Las ventas de saldo que tengan por objeto productos distintos de los previstos en esta Ley, las que no cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 35, y las que se practiquen en establecimientos en condiciones distintas a las exigidas en el artículo 36.
19. Las ventas con descuento efectuadas sin cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 38.
20. La realización de ventas en cadena o pirámide que han sido prohibidas según el artículo 39.
21. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información expresamente mencionada en los artículos 29.4, 30.2 y 38.3, o cualquier otra requerida por las autoridades competentes o sus agentes en cumplimiento de la presente Ley, así como el suministro de dicha información de manera inexacta o la presentación de documentación falsa.
22. La utilización inapropiada de cualquiera de las denominaciones feriales a que hace referencia el artículo 61 de esta Ley.
23. La exclusión injustificada de expositores en una actividad ferial.
24. La venta directa con retirada de mercancía del recinto ferial sin la preceptiva comunicación previa.
25. La celebración de actividades feriales en recintos o instalaciones que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y disposiciones que lo desarrollen.
26. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 74 que no sean objeto de tipificación específica en este artículo.
27. La no celebración de actividades feriales comunicadas, salvo que concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.
28. El uso indebido de la denominación de institución ferial por entidades no reconocidas como tales.
29. La utilización de la calificación de feria o exposición oficial de Canarias para actividades carentes de tal carácter conforme se establece en el artículo 66.1 de esta Ley.
30. La realización por las entidades organizadoras de actividades feriales de actuaciones que originen un perjuicio de carácter económico a terceros, declarado por resolución judicial o administrativa firmes.
31. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en los artículos 67, 68, 69, 73 o 75 de esta Ley.
32. La realización de actuaciones sobre establecimientos comerciales sujetas a licencia comercial o comunicación comercial previa, sin la previa obtención de tales títulos habilitantes, o en contra de sus determinaciones.
33. El incumplimiento de la obligación de comunicar la puesta en marcha de la actividad comercial en el plazo máximo de un mes desde que ésta se produzca.
34. El incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier variación de los datos en el Registro de Comerciantes y Comercio de Canarias”.
Treinta y cinco. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 79, con el siguiente tenor:
“6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el cierre o suspensión de la actividad de un establecimiento cuya instalación, apertura, ampliación de superficie útil de exposición y venta, traslados y cambios de actividad no se haya realizado previa la correspondiente licencia comercial o cumplimentado el requisito preceptivo de la comunicación previa, cuando una u otra fueren preceptivas, o contraviniendo sus determinaciones, no tendrá carácter de sanción, debiendo ordenarse el mismo como medida definitiva, previa audiencia del interesado, y hasta una eventual legalización posterior, en su caso, de las instalaciones o actividad, mediante la obtención de los títulos habilitantes correspondientes o adecuación de la actuación a los títulos ya obtenidos”.
Treinta y seis. Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada en los siguientes términos:
Sin perjuicio del ejercicio de las potestades de determinación de domingos y festivos desde la entrada en vigor de la presente disposición legal, el régimen de horarios, domingos y festivos establecido en la misma no se aplicará al año natural en curso al tiempo de su entrada en vigor”.
Treinta y siete. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada en los siguientes términos:
1. Los procedimientos de otorgamiento de licencia comercial que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la presente disposición continuarán tramitándose conforme al procedimiento y régimen contenido en la legislación vigente al tiempo de su iniciación, a menos que el interesado solicite expresamente la aplicación del nuevo régimen contenido en la presente disposición legal, dentro del plazo de 1 mes desde su entrada en vigor, u opte, en cualquier momento anterior a su resolución expresa, por el desistimiento de dicho procedimiento.
2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 43.3 de este texto normativo será de aplicación a todo procedimiento sobre el que, al tiempo de su entrada en vigor, no se hubiera dictado resolución expresa”.
Treinta y ocho. Se modifica la disposición transitoria tercera, que queda redactada en los siguientes términos:
La preceptividad del informe de la consejería competente en materia de comercio será de aplicación a los planes directores que se aprueben con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición legal”.
Treinta y nueve. Se suprime la disposición final primera “Aprobación de los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales de ámbito insular”, renumerándose las disposiciones finales restantes.
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 9. Resoluciones sobre las solicitudes de inscripción.
“3. El plazo máximo para la resolución de la solicitud es de dos meses. Si en dicho plazo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. No obstante, en el caso de que se requiera a la persona interesada para que realice aclaraciones, subsane deficiencias en su solicitud o aporte documentación adicional a la presentada, dicho plazo quedará interrumpido, en los términos previstos en el artículo 22.1.a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya”.
Dos. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual serán expedidos por el órgano competente en materia de cultura para largometrajes cinematográficos, cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, respecto a los requisitos para la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias, para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual, las obras audiovisuales deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Las producciones audiovisuales realizadas en régimen de coproducción tendrán la consideración de producciones canarias siempre que la aportación del productor canario supere el 20 por 100 del coste de la misma.
b) Las producciones audiovisuales en las que exista una participación de productores canarios limitada a una aportación financiera, tendrán la consideración de producciones canarias siempre que se admitan una o varias participaciones minoritarias limitadas al ámbito financiero, conforme al contrato de coproducción, que no sean inferiores al 10 por 100 ni superiores al 25 por 100 del coste de producción.
c) En términos artísticos la aportación de la persona coproductora canaria deberá comportar una participación técnica o artística con, por lo menos, un elemento considerado creativo, un actor o una actriz en papel principal o, en su defecto, un actor o una actriz en papel secundario o una persona técnica especializada como jefe o jefa de equipo, entendiéndose como persona técnica o artista canaria a aquella persona con residencia o domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Las producciones deberán de tener en todo caso un mínimo de 2 semanas de rodaje en interiores o exteriores en las Islas Canarias, salvo que por circunstancias, debidamente justificadas, no pudieran realizarse en el ámbito de las mismas.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine respecto a los requisitos para la nacionalidad española de las obras audiovisuales, para obtener el Certificado Canario de Producción Audiovisual, las obras audiovisuales deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la obra esté producida por empresas audiovisuales inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias, con domicilio social y sede de su dirección efectiva en la Comunidad Autónoma de Canarias, o empresas audiovisuales que operen en Canarias mediante establecimiento permanente, que actúen en régimen de coproducción, con al menos una empresa audiovisual canaria inscrita en el Registro a que se refiere el artículo 5 de este Decreto.
A estos efectos, podrán acogerse las Agrupaciones de Interés Económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, siempre que se constituyan con sede social en Canarias y se inscriban en dicho Registro.
b) Que en el caso de las coproducciones la aportación del productor canario sea superior al 20 por 100 del coste de las mismas.
c) Que las participaciones económicas de los coproductores financieros no sean inferiores al 10 por 100 ni superiores al 25 por 100 del coste de producción.
d) La obra audiovisual, objeto de la solicitud de Certificado, deberá contar, al menos, con la participación de los siguientes trabajadores y trabajadoras con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias:
I. Una persona considerada personal creativo según los términos recogidos en el artículo 4, apartado j) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
II. Nueve personas técnicas pertenecientes a un mínimo de cinco equipos de trabajo distintos, de acuerdo con la siguiente relación:
a. Equipo de Producción.
b. Equipo de Localizaciones.
c. Equipo de Dirección.
d. Equipo de Cámara.
e. Equipo de Iluminación y Maquinistas.
f. Equipo de Sonido.
g. Equipo de Arte.
h. Equipo de Vestuario.
i. Equipo de Maquillaje y Peluquería.
j. Equipo de Efectos Especiales.
k. Equipo de Postproducción y Efectos.
l. Especialistas de acción.
Lo dispuesto en los párrafos I y II de esta letra no será exigible a las obras documentales. En estos casos, la aportación de la persona productora canaria deberá comportar, al menos, la contratación de dos de los siguientes profesionales con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias: personal director, guionista, compositor de la música original, persona directora de fotografía o productora ejecutiva.
En el caso de producciones de animación, la aportación de la persona productora canaria deberá comportar la contratación de la persona que ostente la jefatura de equipo de la oficina de producción en Canarias, en su defecto, un lead de animación, persona animadora senior o actor/actriz de doblaje en papel principal o secundario, con residencia o domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
e) Las producciones deberán acreditar un rodaje de la primera unidad de filmación en interiores o exteriores en las Islas Canarias de al menos:
- 11 días, cuando el presupuesto de producción de la obra sea inferior a dos millones de euros.
- 14 días, cuando el presupuesto de producción de la obra sea igual o superior a dos millones de euros e inferior a cuatro.
- 16 días, cuando el presupuesto de producción de la obra sea igual o superior a cuatro millones de euros e inferior a ocho.
- 18 días, cuando el presupuesto de producción de la obra sea igual o superior a ocho millones de euros.
No obstante lo anterior, bastará con la acreditación de nueve días de rodaje de la primera unidad de filmación en interiores o exteriores en las Islas Canarias siempre que se acredite igualmente un gasto mínimo del 15% del presupuesto de la obra en procesos de postproducción realizados en Canarias.
Se entienden por procesos de postproducción el conjunto de procesos que se realizan, después de la grabación o rodaje, con el fin de perfeccionar y finalizar la obra audiovisual, convirtiendo el material rodado o grabado en el producto final. Únicamente se admitirán como gastos de postproducción los directamente vinculados con el montaje, efectos visuales, música, producción y creación de imágenes sintéticas, postproducción de sonido, corrección del color, laboratorio, negativo en postproducción y títulos de crédito del material bruto rodado o grabado.
Las jornadas de rodaje se computarán de acuerdo con la jornada de trabajo regulada en el Título V del II Convenio colectivo del sector de la industria de la producción audiovisual vigente, o el que en el futuro lo sustituya.
En el caso de coproducciones con empresas extranjeras, el presupuesto se entenderá siempre referido a la participación española en la obra.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las obras documentales.
Para las obras de animación se exigirá que se acrediten al menos los siguientes tiempos de producción en la Comunidad Autónoma de Canarias:
El 15% en el caso de obras con un presupuesto superior a cinco millones de euros.
El 20% en el caso de obras con un presupuesto inferior a cinco millones de euros.
Para el cómputo de los tiempos de producción en la Comunidad Autónoma de Canarias, los trabajos de renderización no podrán exceder del 20% del tiempo de producción correspondiente a la parte española.
En el caso de series audiovisuales se exigirá que al menos un 20% del tiempo de rodaje de los capítulos que conforman la temporada de la serie se realice en Canarias, o al menos un 15% del tiempo total cuando se acredite igualmente un gasto mínimo del 15% del presupuesto de la obra en procesos de postproducción realizados en Canarias.
f) Incorporar, en los títulos de crédito, la siguiente referencia específica: “con la colaboración de Canary Islands Film - Gobierno de Canarias”, así como de haberse acogido al incentivo fiscal que ofrece Canarias para las producciones audiovisuales, indicando de forma expresa los lugares específicos de rodajes en Canarias.
g) Entregar fotografías del rodaje, así como clips de la obra audiovisual, con autorización expresa para poder ser utilizadas por parte de las instituciones públicas en la promoción exterior de la producción audiovisual efectuada en Canarias.
h) En el caso de documentales no se exigirá lo previsto en los apartados d) y e). En su lugar se exigirá:
I. En el caso de que su presupuesto sea igual o inferior a 500.000 euros:
A. La acreditación de un gasto mínimo del 80% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias.
Alternativamente:
B. La acreditación de un gasto mínimo del 30% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias y
C. La acreditación de la contratación de dos personas con residencia fiscal en Canarias que desempeñan cualquier de los siguientes roles: En el caso de producciones de imagen real director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director / directora de fotografía, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción o bien, en el caso de producciones de animación, director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director o directora de animación, storyboardista, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción y
D. La acreditación de la contratación de, al menos, tres personas técnicas con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias pertenecientes a al menos dos diferentes equipos de trabajo.
II. En el caso de que el presupuesto sea superior a 500.000 euros:
A. La acreditación de un gasto mínimo del 80% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias.
Alternativamente:
B. La acreditación de un gasto mínimo del 30% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias y
C. La acreditación de la contratación de dos personas con residencia fiscal en Canarias que desempeñan cualquier de los siguientes roles: En el caso de producciones de imagen real director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director / directora de fotografía, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción o bien, en el caso de producciones de animación, director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director o directora de animación, storyboardista, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción y
D. La acreditación de la contratación de, al menos, cinco personas técnicas con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias pertenecientes a al menos tres diferentes equipos de trabajo.
Deberá acreditarse el cumplimiento de dichos requisitos mediante informe de auditoría emitido por auditora debidamente inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o cualquier medio válido en derecho.
Se entiende por documental aquel proyecto u obra audiovisual que expresa la perspectiva o visión de una persona autora sobre una realidad determinada y constituye un trabajo creativo de análisis, difusión, documentación, investigación o similar sobre un asunto o hechos concretos.
i) En el caso de cortometrajes no se exigirá lo previsto en los apartados d) y e). En su lugar se exigirá:
I. En el caso de que su presupuesto sea igual o inferior a 500.000 euros:
A. La acreditación de un gasto mínimo del 80% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias
Alternativamente:
B. La acreditación de un gasto mínimo del 20% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias y
C. La acreditación de la contratación de dos personas con residencia fiscal en Canarias que desempeñan cualquier de los siguientes roles: En el caso de producciones de imagen real director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director / directora de fotografía, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción o bien, en el caso de producciones de animación, director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director o directora de animación, storyboardista, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción y
D. La acreditación de la contratación de, al menos, tres personas técnicas con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias pertenecientes a al menos dos diferentes equipos de trabajo.
II. En el caso de que su presupuesto sea superior a 500.000 euros:
A. La acreditación de un gasto mínimo del 80% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias.
Alternativamente:
B. La acreditación de un gasto mínimo del 20% del coste total de la producción audiovisual (producción menos publicidad y comunicación - P&A -) en gastos realizados en Canarias y
C. La acreditación de la contratación de dos personas con residencia fiscal en Canarias que desempeñan cualquier de los siguientes roles: En el caso de producciones de imagen real director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director / directora de fotografía, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción o bien, en el caso de producciones de animación, director / directora, guionista, compositor / compositora de la música original, director o directora de animación, storyboardista, productor / productora ejecutiva, director / directora de producción y
D. La acreditación de la contratación de, al menos, cinco personas técnicas con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias pertenecientes a al menos tres diferentes equipos de trabajo.
Deberá acreditarse el cumplimiento de dichos requisitos mediante informe de auditoría emitido por auditora debidamente inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o cualquier medio válido en derecho”.
Tres. Se modifica el apartado a) del artículo 17, que queda redactado en los siguientes términos:
Las personas físicas o jurídicas interesadas, concluida la producción, podrán solicitar, al Departamento competente en materia de cultura, el otorgamiento del Certificado Canario de Obra Audiovisual o del Certificado Canario de Producción Audiovisual, mediante la cumplimentación y presentación de los modelos normalizados que serán aprobados por el órgano competente en materia de cultura, acompañada de la siguiente documentación acreditativa:
a) Declaración responsable en la que se manifieste por la persona interesada, mediante la cumplimentación del modelo normalizado que se incorpora en la sede electrónica del departamento competente en materia de cultura, que se dispone del certificado acreditativo de la nacionalidad española de la obra y de que ésta cumple con el tiempo de rodaje y producción y, en su caso, con los requisitos de gasto en procesos de postproducción realizados en la Comunidad Autónoma de Canarias requeridos en el artículo 13.3.e) del presente Decreto. Por el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de cultura, se podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos debiéndose aportar por la persona interesada. La inexactitud, falsedad u omisión de los datos contenidos en la declaración responsable o la no presentación ante el Departamento competente en materia de cultura de la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”.
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 18. Resolución del procedimiento.
“2. El plazo máximo para la resolución de la solicitud del certificado es de tres meses, no obstante, en el caso de que se requiera a la persona interesada para que realice aclaraciones, subsane deficiencias en su solicitud y/o en la memoria justificativa, o aporte documentación adicional a la presentada, dicho plazo quedará interrumpido, en los términos previstos en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya”.
Cinco. Se añade una disposición transitoria, que queda redactada en los siguientes términos:
No le será de aplicación lo dispuesto en el apartado h) del artículo 13.3 a aquellas producciones audiovisuales de documentales cuyo inicio de rodaje sea anterior al 31 de diciembre de 2026, extremo que deberá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho”.
Único. Se modifica el artículo 24.1 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, en los siguientes términos:
“1. La creación, modificación y supresión de las facultades y las escuelas, así como la autorización de la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial con validez y eficacia en todo el Estado, de conformidad con los artículos 8 y 41.1 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, serán acordadas por decreto del Gobierno de Canarias, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.
De lo señalado anteriormente será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
El plazo máximo en el que debe publicarse la resolución expresa será de tres meses. En los procedimientos iniciados a solicitud de la universidad, transcurrido dicho plazo, sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud”.
Único. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada del siguiente modo:
1. De conformidad con la Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios, las becas, ayudas y subvenciones en materia de estudios universitarios se regirán por su normativa específica, en lo que no se oponga a los preceptos de carácter básico de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.
2. A partir de la entrada en vigor de la Ley Canaria de la Ciencia las subvenciones y ayudas en materia de I+D+i se regirán por lo dispuesto en la misma y por lo previsto en el presente Decreto, que resultará de aplicación en lo que no se oponga a ella, y a los preceptos de carácter básico de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.
En todo caso, las bases reguladoras de subvenciones y ayudas en materia de I+D+i podrán limitar su contenido a los extremos básicos previstos en el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones que se contienen en la Ley Canaria de la Ciencia, permitiendo que la convocatoria posterior incluya los extremos restantes a que se refieren los párrafos c), f), h), i), j), k), l), m) y n) del apartado 3 del artículo 17, y los adicionales a que se refiere el artículo 10 del presente Decreto”.
Uno. Se modifica el título, que queda redactado del siguiente modo:
“Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios”.
Dos. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
“El presente Decreto establece las normas que han de regir la concesión, abono, verificación y control de las subvenciones, becas y ayudas a los estudios universitarios por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Tres. Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 1.
Cuatro. Se suprime el apartado 3 del artículo 2.
Cinco. Se suprime la letra n) del apartado 1 del artículo 4.
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 4. Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias y su composición.
(…)
2. La comisión de coordinación estará compuesta por los siguientes miembros, que serán nombrados por el Gobierno de Canarias, por razón de su cargo o, en su caso, a propuesta de los respectivos organismos o entidades que se indican en las siguientes letras d) a h):
a) La persona titular de la consejería competente en materia de cultura o persona en quien delegue.
b) Las personas titulares de los órganos que, dentro de la Administración autonómica, tengan atribuidas competencias en materia de cultura y/o patrimonio cultural, hasta un máximo de tres.
c) La persona titular de la Dirección General del ente Radiotelevisión Canaria.
d) Una persona representante de cada uno de los cabildos insulares con, al menos, rango de consejero o consejera o cargo directivo asimilado.
e) Siete representantes de siete municipios miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), propuestos por esta última.
f) Hasta un máximo de tres personas propuestas por el Consejo Canario de Cultura, en representación de los organismos autónomos, del sector público empresarial y de las fundaciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias.
g) Una persona representante de las personas físicas o jurídicas del sector privado que gestionen servicios públicos culturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, propuesta por la persona titular de la consejería competente en materia de cultura.
h) Una persona representante de las personas físicas o jurídicas del sector privado integradas en el sistema público de cultura de Canarias propuesta por la consejería competente en materia de cultura, de entre los más representativos del sector cultural canario”.
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 27. Composición del Consejo Canario de Cultura.
“1. El Consejo Canario de Cultura está integrado por los siguientes miembros:
- La persona titular de la consejería competente en materia de cultura, o persona en quien delegue, que ostentará la presidencia.
- Las personas titulares de los órganos que dentro de la Administración autonómica, tengan atribuidas competencias en materia de cultura y/o patrimonio cultural, hasta un máximo de dos.
- Una persona representante de la Academia Canaria de la Lengua.
- Una persona representante de las universidades públicas del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, propuesta por la comisión competente en materia de cultura del Parlamento de Canarias.
- Una persona representante de las bibliotecas integradas en el Sistema Bibliotecario de Canarias, propuesta por la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.
- Una persona representante de la Red de Museos de Canarias.
- Una persona representante de los archivos y hemerotecas titularidad o gestionados por las administraciones públicas canarias, propuesta por el Consejo Regional de Archivos de Canarias.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de las artes escénicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de la música en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión competente en materia de cultura del Parlamento de Canarias.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector de las artes visuales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector audiovisual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del libro en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del folklore y de la cultura tradicional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del diseño gráfico en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las asociaciones representativas del sector del videojuego y multimedia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel.
- Una persona representante de las centrales sindicales más representativas en el sector cultural de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Una persona representante de las entidades empresariales y fundaciones más representativas en el sector cultural de Canarias, propuesta por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura.
- Cuatro personalidades destacadas y con formación profesional acreditada en los campos de la cultura de Canarias, dos de ellas representativas del ámbito artístico y creativo y las otras dos representativas del ámbito de la gestión cultural, propuestas por la comisión del Parlamento de Canarias competente en materia de cultura”.
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 29. Organización y funcionamiento del Consejo Canario de Cultura.
1. El vicepresidente o vicepresidenta y el secretario o secretaria del Consejo Canario de Cultura serán elegidos de entre las personas que lo integran por mayoría absoluta de sus miembros.
Quien ejerza la Secretaría contará, para el ejercicio de sus funciones, con el apoyo de un funcionario o funcionaria del Grupo A, subgrupo A1, adscrito a la Viceconsejería competente en materia de cultura, designado por su titular”.
Único. Se adiciona la disposición adicional décima, que queda redactada en los siguientes términos:
. Se entiende por persona con discapacidad propietaria o usuaria de un perro de asistencia retirado de su actividad, la persona física que ha sido la usuaria de un perro de asistencia con anterioridad a que el perro pierda la condición de perro de asistencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.e) de esta norma.
El perro de asistencia retirado de su actividad ha de estar debidamente reconocido e identificado.
2. La persona con discapacidad que sea propietaria o usuaria de un perro de asistencia retirado de su actividad tiene reconocido el derecho de acceso, circulación y permanencia regulados en el Capítulo II de esta Ley.
3. La persona con discapacidad propietaria o usuaria de un perro de asistencia retirado de su actividad es responsable de los daños, perjuicios o molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos o al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable y tiene las mismas obligaciones dispuestas en el artículo 15 para las personas usuarias de perros de asistencia, salvo la contemplada en el punto 1.c).
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia retirados de su actividad”.
Único. Se modifica la disposición adicional del Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112, que queda redacta en los siguientes términos:
“El servicio regulado en este Decreto será prestado, de forma exclusiva, por la Comunidad Autónoma de Canarias, en su ámbito territorial, en régimen de gestión directa, sin perjuicio de que la gestión total o parte de esta pueda ser asumida a través una sociedad mercantil publica que tenga la condición de medio propio personificado de la Administración autonómica”.
Uno. Se añade un artículo 3 bis con el siguiente contenido:
1. La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) es el sistema de telecomunicaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se integran y operan todos los servicios del sector público canario de protección civil, seguridad y emergencias, así como las entidades colaboradoras de protección civil. Las entidades de seguridad privada podrán hacer uso de esta cuando presten servicios o colaboren con dicho sector público, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias velará por la existencia de unos niveles de cobertura de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias adecuados y suficientes, en todo el territorio, incluidas las aguas territoriales, de la Comunidad Autónoma. La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias tiene carácter de servicio público y sus infraestructuras, así como las necesidades de su implantación y desarrollo, llevarán implícita, en cada caso, la declaración de utilidad pública e interés general con todos los efectos previstos legalmente. En cualquier caso, las administraciones públicas canarias facilitarán y cederán los espacios públicos necesarios para garantizar su cobertura en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
3. A propuesta de los Departamentos competentes en materia de telecomunicaciones y en emergencias, por el Gobierno de Canarias se aprobará un Plan plurianual de implantación y desarrollo de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias que prevea, al menos, las estrategias, necesidades de implantación y actualización de sus infraestructuras y las dotaciones presupuestarias necesarias para su ejecución”.
Dos. Se modifica el artículo 31 en los siguientes términos:
1. El Gobierno de Canarias aprobará los planes de emergencia autonómicos, cuya función es establecer el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de personas, bienes, medio ambiente y patrimonio común en caso de grave riesgo o catástrofe, así como la coordinación entre diferentes Administraciones públicas. Los acuerdos o decretos de aprobación de los planes de emergencias autonómicos serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias.
2. Los planes de emergencia territoriales deben estar coordinados e integrados jerárquicamente para posibilitar una respuesta eficaz del sistema de protección civil frente a situaciones de emergencia colectiva.
3. Los planes de emergencia ajustarán su estructura y contenido a lo dispuesto por la Norma Básica de Protección Civil, las directrices básicas de planificación, la presente Ley y las normas que la desarrollen.
4. En los términos previstos en la legislación sobre igualdad de hombre y mujeres, los planes de protección civil de todos los ámbitos han de elaborarse desde la perspectiva de género e incorporar un informe de evaluación de impacto de género en su tramitación”.
Tres. Se añaden, a continuación del artículo 31, los artículos 31 bis y 31 ter, con el siguiente contenido:
1. Los Planes de Emergencias Insulares y los Planes de Emergencia Municipales, así como sus Planes de actuación, sus modificaciones y actualizaciones, serán aprobados por el pleno insular o municipal correspondiente, u órgano en quien deleguen, previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias sobre su adecuación al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil y a los planes especiales y específicos de emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. El acuerdo de aprobación de dichos planes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda a la administración pública que lo haya aprobado.
“Artículo 31 ter.
Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Los planes de emergencia de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias una vez aprobados y publicados, por la administración que lo apruebe deberá instarse su incorporación al Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que se llevará en el órgano competente en materia de emergencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Dicho registro tendrá carácter público, a excepción de aquel contenido referido a datos personales, que afecte a infraestructuras críticas o esté protegido por el secreto industrial, que quedará restringido al personal de los servicios de seguridad y emergencias”.
Cuatro. Se añade un Capítulo V al Título II, titulado “Sistema Canario de Emergencias”, con el siguiente título y contenido articulado:
1. Son infracciones en materia de emergencias y protección civil las acciones u omisiones dolosas o culposas, con cualquier grado de negligencia, que estén tipificadas y sancionadas como tales en la presente Ley.
2. Las infracciones a la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
3. Como principio general, al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a dichas infracciones, no obstante, en el supuesto de que un único hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea el medio para la comisión de otra, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Del mismo modo tendrá la consideración de una única infracción administrativa continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que infrinjan un mismo mandato, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Artículo 39 ter.
Clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones muy graves en materia de emergencias y protección civil las conductas consistentes en:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por la ciudadanía como el personal vinculado a la ejecución del plan, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) En supuestos de activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, cuando a consecuencia de ello se pongan en grave peligro o se causen daños a las personas o a los bienes, incluyendo cuando por tales incumplimientos se pongan en grave peligro a terceras personas así como a las personas y medios intervinientes.
c) La negativa por parte de las entidades privadas cuya actividad esté relacionada con la seguridad de las personas y de los bienes cumplir con los deberes de colaboración a requerimiento de la Dirección del Plan de Protección Civil activado, cuando a consecuencia de ello se causen daños a las personas o a los bienes o cuando su negativa suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
d) Impedir o dificultar la requisa, la ocupación temporal de bienes y derechos, o cualquier otra actuación de las autoridades competentes, o de sus agentes de la autoridad, en los supuestos de activación de un plan de protección civil.
e) La realización durante la activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, de acciones u omisiones dolosas o imprudentes que pongan en grave peligro o causen daños a las personas o a los bienes, incluyendo al personal o los medios intervinientes en la emergencia.
f) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencias de conductas realizadas por imprudencia o negligencia graves cuando ello comporte un grave riesgo o produzca daños al personal interviniente o los medios utilizados en el operativo.
g) La negativa de los medios y redes de comunicación social a difundir y trasmitir la información e instrucciones impartidas por las autoridades de protección civil.
h) Impedir la labor inspectora realizada en las materias de los planes de autoprotección o de seguridad.
i) Realizar llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, poniendo de relieve hechos manifiestamente falsos, concurriendo dolo, cuando se haya alterado la eficacia del servicio al haber exigido la adopción de medidas organizativas o provocar la movilización o el desvío innecesario de recursos.
j) El incumplimiento por la persona titular del teléfono particular con el que se haya cometido la infracción prevista en la letra i) anterior, de identificar verazmente a la persona llamante responsable de dicha infracción, cuando sea requerido para ello.
k) Iniciar actividad alguna que pueda dar origen a situaciones de emergencia, sin tener registrado, aun disponiendo de él, el preceptivo plan de autoprotección en el Registro autonómico de Planes de Autoprotección de Canarias, cuando conforme con la normativa autonómica y estatal esté obligado a ello.
l) La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año.
2. Son infracciones graves en materia de Protección Civil las conductas consistentes en:
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por la ciudadanía como el personal vinculado a la ejecución del plan, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) Durante la activación de planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento por parte de cualquier persona, adscrita al plan o de la ciudadanía en general, de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes, incluyendo a las personas y medios intervinientes.
c) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencia de conductas realizadas por imprudencia simple o negligencia leve, cuando ello comporte poner en peligro al personal o a los medios intervinientes.
d) El incumplimiento por parte de los centros, establecimientos espacios, instalaciones o dependencias, de las obligaciones y medidas de seguridad derivadas de sus planes de autoprotección, así como incumplir la obligación de comunicar al CECOES 1-1-2 la activación del correspondiente plan de autoprotección.
e) La falta de personación injustificada en sus respectivos puestos del personal de protección civil adscrito al plan que se encuentre activado previa movilización de los mismos.
f) El incumplimiento por las asociaciones de voluntariado de protección civil de la obligación de aseguramiento a los voluntarios que la conforman.
g) La denegación de la información solicitada por las autoridades correspondientes para la elaboración de los planes de protección civil.
h) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la labor inspectora de las autoridades de protección civil y emergencias, o a sus agentes que dificulte la realización de sus funciones.
i) Pedir o intentar obtener contraprestaciones, donativos o recompensas económicas o materiales por la prestación de servicios de protección civil en los supuestos en los que la Ley no los permita.
j) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la requisa y ocupación temporal de los bienes, instalaciones y medios ordenados por la autoridad competente de protección civil en el marco de un plan de protección civil activado, así como obstaculizar el cumplimiento de las órdenes e instrucciones emanadas de tales autoridades.
k) Realizar llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, abusivas, insultantes, amenazadoras, jocosas o intrascendentes, que supongan un perjuicio para el buen funcionamiento del servicio.
l) El uso indebido en público de uniformes, distintivos e identificaciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como de otros elementos que integren el equipamiento reglamentario de las personas voluntarias de protección civil que presten sus servicios en las agrupaciones locales de voluntariado, asociaciones de voluntariado y otras entidades colaboradoras de protección civil, que pueda generar confusión o engaño acerca de la condición de quién los use, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar.
m) La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.
3. Constituyen infracciones leves:
a) Durante la activación de planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento por parte de cualquier persona, adscrita al plan o de la ciudadanía en general, de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, sin generar un perjuicio concreto para la seguridad de las personas o los bienes, incluidas las personas y medios intervinientes.
b) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencia de conductas realizadas por imprudencia simple o negligencia leve, sin que ello comporte peligro particular para las personas y los medios intervinientes.
c) No seguir o no respetar en los simulacros de los planes de protección civil las medidas e instrucciones dispuestas por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención
e) En supuestos de infracciones graves relacionadas con la realización de llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, el incumplimiento por el titular del teléfono particular con el que se haya cometido la infracción de identificar verazmente al llamante responsable de dicha infracción, cuando sea requerido para ello en el plazo establecido.
g) Cualquier otro incumplimiento de la presente Título II de esta Ley que no constituya infracción muy grave o grave.
Artículo 39 quáter.
Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de seis meses, las graves en el de un año, y las tipificadas como muy graves en el plazo de tres años.
2. El plazo empezará a contar desde el momento de la realización de la infracción.
Sección 2.ª
SancionesArtículo 39 quinquies.
Sanciones.
1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ley son:
a) Multa de 100.001 a 600.000 euros, para las infracciones muy graves.
b) Multa de 3.001 a 100.000 euros, para las infracciones graves.
c) Multas de 100 a 3.000 euros, para las infracciones leves.
El importe recaudado por las sanciones estará afectado a la mejora y dotación adecuada de los servicios de protección civil y emergencias.
2. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al principio de proporcionalidad, de conformidad con los criterios de graduación establecidos en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o precepto que lo sustituya.
3. En todo caso se tendrán en cuenta para atenuar la sanción las siguientes circunstancias:
a) La corrección diligente de las irregularidades constitutivas de la infracción y la colaboración activa para evitar o disminuir sus efectos, así como la observancia de otros comportamientos de resultados análogos.
b) Que las personas perjudicadas hayan sido compensadas satisfactoriamente por los perjuicios causados, siempre que el resultado dañoso producido no sea la producción de lesiones o la muerte, ni existan indicios racionales de delito.
Artículo 39 sexies.
Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones a que se refiere la presente Ley prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:
a) Un año cuando se trate de la comisión de infracciones leves.
b) Dos años por la comisión de infracciones graves.
c) Tres años en el supuesto de infracciones muy graves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Sección 3ª.
Procedimiento sancionadorArticulo 39 septies.
Órganos competentes, plazo de resolución y procedimiento.
1. En el ámbito de las competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de los planes de protección civil bajo dirección de esta, la competencia para sancionar le corresponde a los órganos que se determinen en el Reglamento orgánico de la Consejería competente en materia de Protección Civil.
2. En el ámbito de las competencias municipales e insulares o de los planes de protección civil bajo su dirección, cuando no esté activado un plan de protección civil autonómico, la competencia para sancionar le corresponderá a las autoridades que determine su normativa orgánica.
3. El plazo máximo para la notificación a los interesados de la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses desde la fecha de inicio de los mismos. La incoación del procedimiento sancionador interrumpe el plazo de prescripción de la infracción.
4. Son de aplicación al procedimiento sancionador las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma legal que la sustituya. El pago voluntario por la persona presunta responsable, salvo para las infracciones muy graves, en cualquier momento anterior a la resolución, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, se le aplicará una reducción del 50% sobre el importe de la sanción propuesta, concluyendo el procedimiento con su abono.
Artículo 39 octies.
Medidas provisionales.
1. Iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y las que eviten el mantenimiento o la agravación de los efectos de la infracción presuntamente cometida. Dichas medidas serán proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción y podrán consistir especialmente en:
a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones y, en particular, de objetos o materias peligrosas.
b) La adopción de medidas de seguridad de las personas, animales, bienes, establecimientos o instalaciones que se encuentren amenazados, a cargo de sus titulares.
c) Suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.
d) Suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento los planes de autoprotección o las medidas de seguridad necesarias recogidas.
2. Excepcionalmente, en los supuestos de amenaza inminente para personas o bienes, las medidas provisionales previstas en el apartado anterior podrán ser adoptadas por las autoridades competentes en materia de protección civil con carácter previo a la iniciación del procedimiento, y deberán ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de quince días. En todo caso tales medidas quedarán sin efecto si transcurrido dicho plazo no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas”.
Cinco. Se añade una disposición adicional primera con el siguiente contenido:
1. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1 2) se define como un servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que a través de la Consejería competente en materia de emergencias aglutina racionalmente y coordina operativamente las actividades y servicios de las organizaciones de carácter público y privado en que su actividad esté directa o indirectamente relacionada con la prevención, planificación, atención, socorro, seguridad, asistencia técnica o profesional de personas, bienes o derechos en operaciones de seguridad y emergencia sea cual fuere la naturaleza del hecho que la origine.
Dicho servicio garantiza la atención adecuada de las llamadas que se produzcan en demanda de auxilio, así como una actuación rápida, coordinada y eficaz de los servicios públicos y privados, de urgencias y seguridad y será prestado por las Salas Operativas del CECOES 1-1-2 pudiéndose establecer Centros Satélite en ámbitos insulares o municipales específicos.
2. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), actuará como Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en los términos previstos en la Norma Básica de Protección Civil y en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
3. Reglamentariamente se desarrollarán las funciones y modelo organizativo del CECOES 1-1-2, sin perjuicio de que la gestión total o parte de esta del pueda ser asumida por medios propios personificados, lo que no comportará relación laboral alguna con las personas trabajadoras del mismo”.
Uno. Se modifica la definición de repotenciación de un parque eólico del artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:
“- Repotenciación de un parque eólico: Consiste en la sustitución o modificación total o parcial de los aerogeneradores, y en todo caso se realizará con todos o alguno de los siguientes objetivos: reemplazar las máquinas, mejorar su eficiencia, incrementar la energía producida por la instalación o incrementar la potencia instalada”.
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Los titulares de parques eólicos conectados a red podrán sustituir, mediante la figura de la repotenciación regulada en el presente artículo, los aerogeneradores existentes por otros, de mayor potencia unitaria o mayor eficiencia, que deberán ser nuevos y no haber sido puestos en producción con anterioridad, salvo que reglamentariamente mediante Orden departamental, se establezcan las condiciones para que puedan sustituirse los aerogeneradores existentes por otros que no sean nuevos o hayan sido puestos en producción con anterioridad”.
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 31, que queda redactado en los siguientes términos:
“3. Los aerogeneradores a instalar deberán ser nuevos y no haber sido puestos en producción con anterioridad a la puesta en marcha del parque eólico, salvo que reglamentariamente mediante Orden departamental, se establezcan las condiciones para que puedan sustituirse los aerogeneradores existentes por otros que no sean nuevos o hayan sido puestos en producción con anterioridad. Asimismo, dispondrán de los mecanismos adecuados que les permitan cumplir con el servicio de ajuste de control del factor de potencia establecido en la normativa básica de aplicación y en los procedimientos de operación del sistema”.
Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Las administraciones públicas integradas en el sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, así como las entidades y organismos públicos vinculados o dependientes de aquellas, actuarán y se relacionarán entre sí de conformidad con los principios de respeto al orden constitucional, estatutario y legal de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y solidaridad interterritorial.
2. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias colaborará con la Administración General del Estado y con las administraciones canarias en el exterior en la salvaguarda, proyección, difusión y promoción nacional e internacional del patrimonio cultural de Canarias, así como en el fomento de los intercambios culturales y en cuantas actuaciones contribuyan a su mejor conocimiento, protección y valorización.
3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias promoverá la colaboración y cooperación con el resto de las administraciones públicas que integran el sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, a fin de asegurar una actuación común, coherente y eficaz en la protección, conservación, investigación, transmisión, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural canario.
4. Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio cultural podrá crearse un órgano de gobernanza del sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, con funciones de coordinación, diálogo institucional, intercambio de información y promoción de buenas prácticas entre las administraciones públicas competentes en la materia, sin carácter decisorio.
5. Asimismo, podrán aprobarse planes autonómicos de patrimonio cultural como instrumentos de planificación, colaboración y articulación de las políticas públicas de las distintas administraciones competentes, con la finalidad de favorecer la acción conjunta, la definición de objetivos comunes y la utilización eficiente de los recursos públicos”.
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Los bienes del patrimonio cultural de Canarias se integran en alguno de los siguientes niveles de protección:
a) El nivel autonómico de protección, correspondiente a los bienes de interés cultural. Su régimen jurídico se regula en el capítulo I del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley.
b) El nivel insular de protección, correspondiente a los bienes de interés patrimonial. Su régimen jurídico se regula en el capítulo II del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley.
c) El nivel municipal de protección, correspondiente a los bienes inmuebles patrimoniales catalogados. Su régimen jurídico se regula en el capítulo III del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley”.
Tres. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias se articulará, de conformidad con los niveles de protección establecidos en esta ley, mediante los siguientes instrumentos:
a) El Registro de Bienes de Interés Cultural, correspondiente al nivel autonómico de protección.
b) El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular, correspondiente al nivel insular de protección.
c) El Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, correspondiente al nivel municipal de protección.
2. Los instrumentos de protección tendrán carácter público y tendrán por objeto la identificación, documentación y tutela administrativa de los bienes en ellos incluidos.
3. El Registro de Bienes de Interés Cultural será gestionado por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular será gestionado por los órganos competentes de los cabildos insulares. El Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales será gestionado por los órganos competentes del correspondiente ayuntamiento.
4. Cada instrumento de protección establecerá, respecto de los bienes incluidos en él, las determinaciones necesarias para su tutela y, en su caso, las limitaciones, prohibiciones, condiciones o deberes que resulten procedentes en relación con sus usos e intervenciones.
5. Los instrumentos de protección se rigen por el principio de jerarquía y por la aplicación preferente de la determinación más protectora. En consecuencia, las determinaciones del instrumento de ámbito territorial inferior no podrán contradecir las del instrumento de ámbito superior respecto del mismo bien, salvo que establezcan un régimen de protección más intenso. En caso de concurrencia, prevalecerá siempre la determinación que otorgue una mayor protección efectiva al bien.
6. Las determinaciones contenidas en los instrumentos de protección serán vinculantes y ejecutivas desde su aprobación, sin perjuicio del régimen provisional de protección aplicable durante la tramitación del procedimiento correspondiente. Cuando tales determinaciones establezcan limitaciones o prohibiciones más restrictivas que las previstas en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o ambiental, prevalecerán sobre estas a los exclusivos efectos de la protección del patrimonio cultural y deberán ser tenidas en cuenta en el otorgamiento de títulos habilitantes y en los procedimientos de evaluación ambiental que afecten a los bienes protegidos.
7. Excepcionalmente, las determinaciones contenidas en los instrumentos de protección respecto de un bien determinado podrán ser suspendidas en caso de amenaza, riesgo o situación efectiva de emergencia o catástrofe, de conformidad con la legislación de protección civil. La suspensión deberá acordarse mediante resolución motivada del órgano competente para la gestión del correspondiente instrumento, a solicitud de los órganos competentes en materia de protección civil, y únicamente cuando resulte estrictamente necesaria, previa ponderación de las circunstancias concurrentes. La resolución deberá ir precedida de informe preceptivo del órgano consultivo competente en materia de patrimonio cultural.
8. Las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes susceptibles de incorporación a alguno de los instrumentos de protección estarán obligadas a colaborar con las administraciones competentes para su formación, revisión o actualización, permitiendo el acceso necesario para su examen y facilitando la información precisa para su adecuada documentación. Esta obligación comprenderá, en su caso, el acceso al interior de los inmuebles y el examen de los bienes muebles, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos personales”.
Cuatro. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Corresponden a los cabildos insulares las siguientes competencias:
a) Incoar e instruir los procedimientos de declaración de bien de interés cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias para su resolución, así como tramitar los procedimientos de desafectación en los términos previstos en esta ley y autorizar intervenciones y usos en los bienes de interés cultural.
b) Incoar, tramitar y resolver los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Patrimonial Insular, así como los procedimientos de desafectación o modificación de dicha declaración, y autorizar las intervenciones y usos en los mismos.
c) Gestionar el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular en su respectivo ámbito territorial, practicando las anotaciones e inscripciones que procedan conforme a esta ley.
d) Autorizar intervenciones y usos en los conjuntos históricos mientras no se encuentre en vigor el preceptivo plan especial de protección.
e) Adoptar las medidas provisionales y cautelares en los supuestos expresamente previstos en esta ley o no atribuidos a otras administraciones.
f) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de los planes especiales de protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y paisajes culturales.
g) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de aquellos instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que afecten a bienes de interés cultural, a Bienes de Interés Patrimonial Insular o a bienes incluidos en catálogos municipales, en los términos previstos en esta ley.
h) Emitir informe preceptivo con carácter previo a la aprobación o modificación de los catálogos municipales o a la inclusión, alteración o exclusión de bienes en los mismos.
i) Emitir informe preceptivo y vinculante con carácter previo a cualquier intervención en partes o ámbitos de bienes incluidos en los catálogos municipales que no hayan sido objeto de inspección interior con ocasión de la elaboración y aprobación de tales catálogos o del procedimiento para la inclusión de dichos bienes en los mismos.
j) Ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes del patrimonio cultural de Canarias en los casos previstos en esta ley.
k) Definir la política insular en materia de conservación, restauración y prevención de riesgos del patrimonio cultural, ejecutando las intervenciones necesarias a tal fin, en coordinación con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos.
l) Diseñar y ejecutar la política museística de interés insular.
m) Autorizar la creación de los museos de ámbito municipal, comunicándolo a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
n) Diseñar y ejecutar la política de parques arqueológicos, parques etnográficos y demás equipamientos patrimoniales de interés insular.
ñ) Difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias que radiquen en su ámbito insular.
o) Ejercer la potestad expropiatoria en los casos previstos en esta ley.
p) Ejercer la potestad inspectora en los términos atribuidos por esta ley.
q) Incoar, instruir y resolver los procedimientos por infracciones administrativas en los supuestos establecidos en la presente ley.
2. Los cabildos insulares actuarán, además, por subrogación, en los supuestos previstos en esta ley, respecto de las competencias atribuidas a los ayuntamientos que no hubieren sido ejercidas por estos”.
Cinco. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Los ayuntamientos, en el marco de sus competencias, son corresponsables de la protección, conservación, vigilancia y tutela del patrimonio cultural inmueble situado en su término municipal, y deberán ejercer las funciones que les atribuye esta ley de manera coordinada con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y con los cabildos insulares.
2. Los ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes deberán disponer, con carácter obligatorio, de una unidad administrativa específica en materia de patrimonio cultural, dotada de personal con formación y experiencia acreditadas, que garantice el ejercicio efectivo de las competencias atribuidas por esta ley.
Asimismo, los ayuntamientos que cuenten con conjunto histórico declarado deberán disponer, al menos, de una persona empleada pública con cualificación técnica adecuada para el asesoramiento y la gestión en materia de patrimonio cultural.
Los restantes ayuntamientos deberán procurar la disponibilidad de perfiles técnicos adecuados para el asesoramiento y la gestión en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la asistencia técnica que puedan recabar del cabildo insular correspondiente y del apoyo que, en su caso, pueda prestar la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Los ayuntamientos podrán crear consejos municipales de patrimonio cultural como órganos técnicos de asesoramiento en materia de patrimonio cultural inmueble. Su composición, funciones y régimen de funcionamiento se determinarán por el respectivo ayuntamiento, de acuerdo con criterios de cualificación técnica de sus integrantes y respetando el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
En los municipios que cuenten con conjunto histórico declarado, en la composición de estos consejos se procurará garantizar la representación del cabildo insular correspondiente y, en la medida de lo posible, de los colegios oficiales de arquitectos, de las personas responsables de la redacción del planeamiento urbanístico municipal, de las universidades públicas canarias, de las asociaciones ciudadanas de reconocida dedicación a la defensa del patrimonio cultural y de quienes ostenten la condición de cronista oficial, o figura análoga con fines similares.
4. Cuando así lo aconsejen de manera motivada la capacidad de los ayuntamientos, la entidad del patrimonio cultural radicado en los mismos o la existencia de una unidad patrimonial que deba ser objeto de protección conjunta, podrán constituirse consejos intermunicipales de patrimonio cultural y unidades intermunicipales especializadas, en los términos previstos en la legislación aplicable.
5. La existencia y funcionamiento efectivo de unidades administrativas y técnicas específicas, así como de consejos municipales o intermunicipales de patrimonio cultural, podrá constituir criterio de valoración o preferencia en la asignación de programas, ayudas y medidas de fomento en materia de patrimonio cultural por parte de la Comunidad Autónoma o los Cabildos.
6. Para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de los bienes del patrimonio cultural de Canarias situados en su término municipal, los ayuntamientos deberán disponer de los medios personales y funcionales necesarios, sin perjuicio de la posibilidad de conferir habilitaciones especiales a los cuerpos de policía local y de articular fórmulas de colaboración con la Policía Canaria, de conformidad con la legislación vigente”.
Seis. Se modifica el artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La declaración de un bien de interés cultural requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose en todo caso la participación ciudadana y la incorporación del conocimiento técnico y especializado necesario para su adecuada resolución.
2. Reglamentariamente podrán desarrollarse las especialidades procedimentales necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta sección”.
Siete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El procedimiento de declaración de bien de interés cultural se iniciará siempre de oficio por la administración competente, bien por iniciativa propia, bien a petición razonada de otra administración pública o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.
En el caso de los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial, la administración competente actuará de conformidad con los principios previstos en el artículo 107 de esta ley y, en particular, con el principio de protagonismo de las comunidades portadoras, a las que deberá consultar con carácter previo a la incoación, procurando su participación y acompañamiento a lo largo del procedimiento.
2. Cuando la iniciación se promueva a solicitud de cualquier persona física o jurídica o a petición razonada de otra administración pública, la solicitud deberá estar suficientemente motivada y documentada, de forma que permita identificar con claridad el bien de que se trate y los valores culturales que justificarían la iniciación del procedimiento. La administración competente deberá resolver y notificar, en el plazo de tres meses, la incoación del procedimiento o, en su caso, la inadmisión o desestimación motivada de la solicitud.
Procederá la inadmisión cuando la solicitud carezca manifiestamente de fundamento, no se refiera a un bien susceptible de declaración como bien de interés cultural o no aporte los elementos mínimos que permitan identificar el bien y los valores culturales que justificarían la incoación. Procederá la desestimación cuando, una vez examinada la solicitud, no se aprecie la concurrencia de valores sobresalientes que justifiquen la iniciación del procedimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud a los efectos de interponer los recursos que procedan.
3. Corresponde a los cabildos insulares la incoación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural respecto de los bienes situados en su respectivo ámbito insular, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente.
4. Corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la incoación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural respecto de:
a) Los bienes muebles e inmuebles adscritos a su patrimonio o a servicios públicos gestionados por ella.
b) Los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial cuyo ámbito de manifestación sea superior al insular.
c) Cualquier bien, mueble, inmueble o inmaterial cuando, habiendo requerido motivadamente al cabildo insular competente para que acuerde su incoación, este no la hubiera acordado en el plazo de tres meses. En este caso, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá incoar el procedimiento por subrogación”.
Ocho. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural, dictada por la administración competente, deberá ajustarse a lo dispuesto en este artículo. Dicha resolución se anotará con carácter preventivo en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias y se comunicará al registro correspondiente de la Administración General del Estado y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.
2. Con carácter general, la resolución deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) El tipo de bien cultural de que se trate y la categoría o clasificación que provisionalmente se le atribuya, de conformidad con lo previsto en la sección 1.ª del presente título.
b) El ámbito territorial del bien.
c) La descripción precisa del objeto de la declaración, de forma que permita su correcta identificación.
d) La justificación de los valores sobresalientes que motivan la incoación.
3. Cuando el procedimiento tenga por objeto un bien inmueble, la resolución de iniciación deberá incluir, además:
a) La delimitación del bien objeto de protección y, en su caso, de su entorno de protección.
b) La documentación cartográfica suficiente para su adecuada identificación y delimitación y, cuando proceda, su georreferenciación.
c) La identificación catastral y, en su caso, registral de las parcelas o inmuebles afectados.
d) La identificación de las partes integrantes del bien y de los bienes muebles o inmateriales que, por su significación, deban incorporarse a la declaración, incluidos, en su caso, los bienes muebles vinculados al inmueble.
e) Los criterios específicos de intervención y protección aplicables al bien y, en su caso, a su entorno, sin perjuicio de los criterios generales establecidos en esta ley.
4. Cuando el procedimiento tenga por objeto una zona arqueológica o bienes inmuebles de carácter arqueológico, la resolución de iniciación incorporará la información técnica necesaria para su identificación y delimitación, sin perjuicio de que, por razones de protección, puedan omitirse en su publicación los datos de localización precisa, coordenadas o georreferenciación del bien.
5. Cuando el procedimiento tenga por objeto conjuntos o colecciones de bienes muebles, la resolución de iniciación enumerará y describirá individualmente los elementos o grupos de elementos que los integran y podrá establecer, cuando proceda, medidas específicas de conservación y protección.
6. Cuando el procedimiento tenga por objeto un bien inmaterial, la resolución de iniciación deberá identificar sus elementos definidores, los ámbitos sociales, territoriales o funcionales en los que se manifiesta y precisar los elementos esenciales cuya alteración supondría un menoscabo de los valores que motivan la incoación, con objeto de permitir la evolución natural de este tipo de manifestaciones. Asimismo, podrá establecer, en su caso, las medidas de salvaguarda que procedan.
7. La iniciación del procedimiento determinará la aplicación provisional al bien y, en su caso, a su entorno de protección, del régimen de tutela previsto en esta ley para los bienes de interés cultural ya declarados.
8. En el caso de bienes inmuebles, la incoación del procedimiento implicará, por ministerio de la ley y desde la fecha de la resolución de inicio, la suspensión de la presentación y tramitación de títulos habilitantes urbanísticos que afecten al bien, así como la suspensión temporal de la eficacia de los ya otorgados, hasta la resolución o caducidad del procedimiento.
9. Durante la tramitación del procedimiento solo podrán realizarse las intervenciones indispensables para la conservación y consolidación del bien, así como las inaplazables por causa de fuerza mayor, siempre que sean compatibles con la preservación de los valores que justifican la incoación. Dichas intervenciones requerirán autorización previa del cabildo insular competente, previo dictamen favorable de la comisión insular, y no podrán ampararse en título habilitante urbanístico alguno sin la previa obtención de dicha autorización”.
Nueve. Se modifica el artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La resolución por la que se inicie el procedimiento para la declaración de un bien de interés cultural será publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, se dará traslado de la misma a las administraciones públicas afectadas por razón del territorio y, en todo caso, al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La publicación no condicionará los efectos de la incoación ni el cómputo de los plazos del procedimiento, que se entenderán iniciados desde la fecha en que se dicte la resolución de inicio.
2. La resolución será, además, notificada individualmente a las personas interesadas en los siguientes casos:
a) Cuando el bien objeto de declaración sea un inmueble y existan personas físicas o jurídicas identificadas como titulares de derechos reales o intereses legítimos sobre el mismo.
b) Cuando se trate de bienes muebles respecto de los cuales existan personas identificadas como titulares de derechos o intereses legítimos.
En ambos casos, cuando las personas interesadas sean desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o, intentada esta, no hubiera podido practicarse, la notificación se realizará en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.
3. En el caso de bienes del patrimonio cultural inmaterial, será suficiente la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Canarias, al presumirse la existencia de una pluralidad indeterminada de personas, grupos, comunidades o colectivos vinculados al bien, sin perjuicio de que, cuando sea posible, se procurará la comunicación o notificación a las entidades que representen intereses de las comunidades portadoras de dichos bienes”.
Diez. Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La instrucción y tramitación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural corresponderán a la administración pública que hubiera acordado su iniciación.
2. El procedimiento incluirá trámite de audiencia a las personas interesadas e información pública, de conformidad con lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de su sustanciación simultánea y de la utilización de otros cauces complementarios de participación ciudadana.
3. Durante la instrucción deberá solicitarse preceptivamente y constar en el expediente, al menos, dos informes emitidos por las instituciones consultivas previstas en el artículo 21 de esta ley. La solicitud de dichos informes suspenderá el plazo máximo para resolver en los términos establecidos en la legislación básica del procedimiento administrativo común. Sin perjuicio de ello, podrán recabarse cuantos otros informes se estimen necesarios para la mejor resolución del procedimiento.
4. En los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural tramitados por los cabildos insulares, una vez realizados los trámites de su competencia, el expediente deberá elevarse al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante acto administrativo motivado, que contendrá una exposición sucinta de los antecedentes y trámites practicados, al que se acompañará la totalidad del expediente debidamente foliado.
5. En el supuesto de subrogación previsto en el artículo 27.4.c) de esta ley, corresponderá a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la incoación, instrucción y tramitación del procedimiento en su integridad, hasta su resolución.
6. La consejería competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias prestará apoyo técnico a los cabildos insulares cuando estos lo requieran, y podrá aprobar guías y criterios orientativos para la instrucción y tramitación de los procedimientos, a fin de favorecer una actuación homogénea, coordinada y coherente entre las distintas administraciones”.
Once. Se modifica el artículo 32, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La declaración de un bien de interés cultural se realizará mediante decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la persona titular del departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural y previo informe preceptivo y favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. La solicitud de dicho informe será formulada por el departamento competente en materia de patrimonio cultural y suspenderá el plazo máximo para resolver el procedimiento en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.
2. El decreto de declaración deberá contener, según la tipología del bien de que se trate, las determinaciones establecidas en el artículo 28 de esta ley para la resolución de inicio, en los términos resultantes de la instrucción del procedimiento. La declaración se inscribirá de manera definitiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias, mediante la conversión de la anotación preventiva practicada, y se comunicará al registro correspondiente de la Administración General del Estado y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.
3. El decreto por el que se declare un bien de interés cultural se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, se notificará a las personas interesadas, en su caso, y se comunicará a las administraciones públicas competentes por razón del territorio.
4. La declaración de un bien inmueble como bien de interés cultural desplegará sus efectos desde la entrada en vigor del decreto que la acuerde y determinará la prevalencia definitiva de su régimen de protección sobre las determinaciones incompatibles de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En consecuencia, no podrán otorgarse ni ejecutarse títulos habilitantes incompatibles con dicha declaración, ni recuperarán eficacia, en aquello que resulte incompatible con la misma, los títulos cuya eficacia hubiera quedado suspendida durante la tramitación del expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones competentes deberán adaptar el planeamiento afectado en el menor plazo posible, en los términos previstos en la legislación aplicable”.
Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, con la siguiente redacción:
“1. Los planes especiales de protección de los conjuntos históricos de Canarias contendrán, al menos, las determinaciones siguientes:
a) La normativa reguladora de la edificación, así como las obras y los usos admitidos.
b) Los criterios de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, reconstrucción, reestructuración y remonta de los inmuebles, con un programa específico de actuaciones que contemplen la accesibilidad universal para los catalogados, en la medida de lo posible.
c) Los criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales y de calidad acústica y paisajísticos, incluidas especies vegetales de significativo porte que estén asociadas, programando las inversiones necesarias para su ejecución.
d) La definición del sistema de circulación viaria, transportes, accesos, zonas peatonales y espacios destinados a aparcamiento.
e) Las medidas de fomento que se estimen necesarias en orden a promover la revitalización del conjunto histórico.
f) Las propuestas de modelos de gestión integrada del conjunto histórico.
g) El análisis y la valoración de la potencialidad arqueológica del subsuelo y de las edificaciones con valor histórico y, en caso de afección, las medidas protectoras adecuadas para la ejecución de las actividades arqueológicas que se proyecten o se consideren necesarias.
h) Las remodelaciones que impliquen una mejora del entorno y los usos degradantes en la medida que contribuyan a mantener la estructura urbana y arquitectónica
i) Los criterios y determinaciones para la conservación de fachadas y cubiertas, incluyendo entre otros elementos las carpinterías y elementos constructivos asociados, como chimeneas, hornos, poyos, cruces, aljibes, acequias, empedrado o enlosado de la vía”.
Trece. Se modifica el título del Capítulo II del Título IV, que queda redactado en los siguientes términos:
Catorce. Se modifica el artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Se declararán Bienes de Interés Patrimonial Insular aquellos bienes muebles, inmuebles o inmateriales que, sin reunir los valores sobresalientes que justifican su declaración como bien de interés cultural, ostenten valores relevantes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico o técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los que constituyan testimonios significativos de la cultura insular.
2. La declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular implica el establecimiento de un régimen singular de protección y tutela, llevando implícita la declaración de utilidad pública y de interés social a efectos de expropiación, en los términos señalados en la presente ley.
3. Los bienes inmuebles declarados Bien de Interés Patrimonial Insular son inseparables de su entorno terrestre y marino”.
Quince. Se modifica el artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos:
Podrán ser objeto de declaración como Bienes de Interés Patrimonial Insular los bienes inmuebles, muebles e inmateriales que ostenten los valores señalados en el artículo anterior, de conformidad con las categorías previstas en los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley para los Bienes de Interés Cultural, en atención a su respectiva naturaleza”.
Dieciséis. Se modifica el artículo 41, que queda redactado en los siguientes términos:
La declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, cuya incoación, instrucción y resolución corresponderán al cabildo insular competente por razón del territorio, garantizándose en todo caso la participación pública, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley”.
Diecisiete. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular se iniciará siempre de oficio por el cabildo insular correspondiente, bien por iniciativa propia, bien a petición razonada de otra administración pública o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.
En el caso de los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial, el cabildo insular correspondiente actuará de conformidad con los principios previstos en el artículo 107 de esta ley y, en particular, con el principio de protagonismo de las comunidades portadoras, a las que deberá consultar con carácter previo a la incoación, procurando su participación y acompañamiento a lo largo del procedimiento.
2. Cuando la iniciación se promueva a solicitud de cualquier persona física o jurídica o a petición razonada de otra administración pública, la solicitud deberá estar suficientemente motivada y documentada, de forma que permita identificar con claridad el bien de que se trate y los valores culturales que justificarían la iniciación del procedimiento.
El cabildo insular correspondiente deberá resolver y notificar, en el plazo de tres meses, la incoación del procedimiento o, en su caso, la inadmisión o desestimación motivada de la solicitud.
Procederá la inadmisión cuando la solicitud carezca manifiestamente de fundamento, no se refiera a un bien susceptible de declaración como Bien de Interés Patrimonial Insular o no aporte los elementos mínimos que permitan identificar el bien y los valores culturales que justificarían la incoación. Procederá la desestimación cuando, una vez examinada la solicitud, no se aprecie la concurrencia de los valores relevantes que justifiquen la iniciación del procedimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud a los efectos de interponer los recursos que procedan.
3. El cabildo insular correspondiente podrá acordar la acumulación de expedientes para la declaración de varios bienes como Bienes de Interés Patrimonial Insular cuando entre ellos exista una conexión material, funcional, histórica, territorial, comunitaria o tipológica suficiente que justifique su tramitación conjunta, debiendo garantizarse en todo caso la audiencia de las personas interesadas y la participación pública en los términos previstos en esta ley.
4. Cuando la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias hubiera requerido motivadamente al cabildo insular correspondiente para que acuerde la incoación del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, y este no la hubiera acordado en el plazo de tres meses, podrá acordar su iniciación por subrogación”.
Dieciocho. Se modifica el artículo 43, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, dictada por el cabildo insular correspondiente, deberá contener, según la naturaleza del bien de que se trate, el mismo contenido mínimo previsto en el artículo 28 de esta ley para la iniciación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con las adaptaciones derivadas de su ámbito insular.
2. La resolución de inicio se anotará preventivamente en el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular.
3. La incoación del procedimiento determinará la aplicación provisional al bien y, en su caso, a su entorno de protección, del régimen de tutela previsto en esta ley.
4. En el caso de bienes inmuebles, la incoación del procedimiento implicará, por ministerio de la ley y desde la fecha de la resolución de inicio, la suspensión de la presentación y tramitación de títulos habilitantes urbanísticos que afecten al bien, así como la suspensión temporal de la eficacia de los ya otorgados, hasta la resolución o caducidad del procedimiento”.
Diecinueve. Se modifica el artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos:
La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular se notificará y publicará en los mismos términos previstos en el artículo 29 de la presente ley para los procedimientos de declaración de bien de interés cultural, con las adaptaciones derivadas de la naturaleza del bien y de su ámbito insular”.
Veinte. Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La instrucción y tramitación del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular corresponderá al cabildo insular competente en materia de patrimonio cultural, a través del órgano que tenga atribuida dicha función. En los supuestos de incoación por subrogación, la instrucción y tramitación corresponderán al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. En la instrucción del procedimiento deberán recabarse, preceptivamente, los siguientes informes:
a) Informe técnico del personal especializado del departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no tendrá carácter vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de un mes desde su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido, podrá continuarse la tramitación del procedimiento.
b) Informe de la Comisión Insular de Patrimonio Cultural correspondiente, que tendrá carácter vinculante.
3. Emitido el informe de la Comisión Insular de Patrimonio Cultural, se dará trámite de información pública y de audiencia a las personas interesadas, que podrán sustanciarse de forma simultánea, en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
4. Las alegaciones presentadas durante los trámites de información pública y audiencia deberán ser debidamente valoradas y tenidas en cuenta en la resolución que ponga fin al procedimiento”.
Veintiuno. Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular se formalizará mediante acuerdo del pleno del cabildo insular correspondiente, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento.
2. En los supuestos de incoación por subrogación, la declaración se formalizará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.
3. La resolución de declaración deberá contener, según la naturaleza del bien de que se trate, el mismo contenido mínimo previsto en el artículo 28 de esta ley para la resolución de inicio, en los términos resultantes de la instrucción del procedimiento.
La declaración se inscribirá de manera definitiva en el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular, mediante la conversión de la anotación preventiva practicada, y se comunicará al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para su incorporación al Sistema de Información de Patrimonio Cultural de Canarias y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.
4. La declaración se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, se notificará a las personas interesadas, en su caso, y se comunicará a los ayuntamientos competentes por razón del territorio.
5. La declaración de un bien inmueble como Bien de Interés Patrimonial Insular desplegará sus efectos desde la entrada en vigor del acuerdo o, en su caso, de la Orden que la acuerde, y determinará la prevalencia de su régimen de protección sobre las determinaciones incompatibles de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En consecuencia, no podrán otorgarse ni ejecutarse títulos habilitantes incompatibles con dicha declaración, ni recuperarán eficacia, en aquello que resulte incompatible con la misma, los títulos cuya eficacia hubiera quedado suspendida durante la tramitación del expediente.
Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones competentes deberán adaptar el planeamiento afectado en el menor plazo posible, en los términos previstos en la legislación aplicable”.
Veintidós. Se modifica el artículo 47, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin perjuicio de los supuestos de suspensión previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
2. La declaración de caducidad corresponderá al cabildo insular correspondiente. En los supuestos de incoación por subrogación, la declaración de caducidad corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Los efectos de la caducidad serán los previstos en el artículo 31 de la presente ley”.
Veintitrés. Se modifica el artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Los cabildos insulares, a través de las consejerías o áreas competentes en materia de patrimonio cultural, crearán y gestionarán el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular en el ámbito de su respectiva isla. Este registro tendrá carácter público, administrativo y ámbito insular, y tendrá por finalidad garantizar la identificación, protección y seguimiento de los bienes inscritos. A cada bien se le asignará un código identificativo único, que garantice su trazabilidad, interoperabilidad y localización.
2. El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular tendrá por objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación, descripción, localización y régimen jurídico de protección de los bienes inscritos, reflejando las actuaciones administrativas que incidan sobre ellos, incluidas las autorizaciones, intervenciones, usos compatibles, cambios en su estado de conservación o pérdida de valores y, en su caso, su desafectación o modificación. También se anotará preventivamente el inicio del procedimiento de declaración, desafectación o modificación.
3. Las personas titulares de derechos reales sobre bienes inscritos en el registro deberán comunicar al cabildo insular correspondiente cualquier acto jurídico o material que pudiera afectar a la integridad, uso, conservación o régimen del bien, a efectos de su anotación registral.
4. Los datos del registro tendrán carácter público, salvo aquellos que deban protegerse por razones de seguridad de los bienes o de las personas, de protección del patrimonio arqueológico o etnográfico, de intimidad personal, de secretos comerciales o científicos, o en virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
5. Los cabildos insulares garantizarán el acceso electrónico al registro, directamente o a través de sus sedes electrónicas, permitiendo la consulta general de los bienes inscritos, con las limitaciones previstas en el apartado anterior. Este acceso se regirá por los principios de transparencia, veracidad, interoperabilidad, trazabilidad y accesibilidad universal”.
Veinticuatro. Se modifica el artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Para dejar sin efecto, total o parcialmente, la declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, o para modificar su contenido, deberá seguirse el mismo procedimiento establecido para su declaración.
2. La desafectación total o parcial o la modificación de la declaración se formalizará mediante acuerdo del pleno del cabildo insular correspondiente, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento.
3. En los supuestos de subrogación, la desafectación total o parcial o la modificación de la declaración se formalizará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.
4. No podrá invocarse como causa de desafectación total o parcial la que derive del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley”.
Veinticinco. Se modifica el artículo 52, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Los catálogos municipales deberán contener la identificación precisa de los bienes o espacios que, por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso.
2. El contenido mínimo de la memoria de los catálogos incluirá:
a) Un estudio previo de carácter histórico, artístico y cultural de los bienes.
b) El análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación de los bienes.
c) Control legal y normativo.
d) Criterios de catalogación y metodología aplicada en el proceso de catalogación
e) Criterios generales sobre el contenido de las fichas.
f) Valoración sobre la incidencia en los valores protegidos y medidas preventivas, en su caso.
g) Propuesta y alcance de la intervención desde el punto de vista teórico, técnico y económico.
h) Plan de medidas de fomento, mantenimiento, gestión, economía y plazos.
3. El contenido mínimo de la normativa de los catálogos incluirá:
a) La explicación y desarrollo de las determinaciones de las fichas.
b) La aplicación de medidas de protección y de fomento.
c) Los criterios, técnicas y materiales a emplear en las intervenciones.
4. El contenido mínimo de las fichas de los catálogos incluirá:
a) Su identificación precisa: dirección postal, identificación de su titularidad pública o privada, referencia catastral, coordenadas geográficas UTM, cota, plano de situación y una fotografía de cada fachada o alzado.
b) Descripción general y de detalles, tipología, uso, orientación, composición, número de plantas, superficie ocupada, superficie construida y edificabilidad actual, clase y categoría de suelo.
c) Planos de planta, alzados y secciones, cuando obren en archivos públicos
d) Datos históricos pertinentes, edad, autor, propietarios, bibliografía.
e) Criterios de valoración del conjunto y de sus partes, incluso de elementos discordantes o perdidos, valor o potencialidad informativa de la construcción y valor o potencialidad arqueológica del subsuelo
f) Delimitación del bien y de su entorno, en su caso y restringido a los límites de la parcela donde se emplaza, justificadamente
g) Estado de conservación, patologías, riesgos y medidas a adoptar.
h) Grado de protección asignado al conjunto, o a cada una de sus partes, y su justificación.
i) Tipos de intervenciones permitidas.
j) Criterios de intervención particular, en su caso.
k) Edificabilidad permitida.
l) Usos compatibles.
m) Medidas de fomento”.
Veintiséis. Se modifica el artículo 54, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales requerirá la previa incoación y tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.
2. Con carácter previo a la incoación del procedimiento, el ayuntamiento podrá realizar cuantas actuaciones preparatorias resulten necesarias para la adecuada identificación, documentación, estudio y valoración de los bienes susceptibles de inclusión en el catálogo. Entre dichas actuaciones podrán comprenderse, entre otras, labores de inventario, levantamientos cartográficos, estudios técnicos y científicos, trabajos de campo, prospecciones, consultas a archivos y fuentes documentales, así como cualesquiera otras dirigidas a determinar los valores culturales de los bienes y la procedencia de su catalogación. Estas actuaciones tendrán la consideración de actos preparatorios y no producirán por sí mismas los efectos derivados de la incoación del procedimiento ni determinarán el inicio del cómputo de los plazos establecidos en este artículo.
3. El procedimiento de aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales se iniciará de oficio por el ayuntamiento respecto de aquellos bienes que se encuentren en su respectivo ámbito territorial. Durante su tramitación deberán sustanciarse, en todo caso, los trámites de información pública y de audiencia a las personas interesadas, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y en la presente ley. A estos efectos, la aprobación inicial del catálogo municipal tendrá la consideración de acuerdo de incoación del procedimiento, entendiéndose iniciado este en la fecha de adopción de dicho acuerdo.
4. Los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento territorial o urbanístico o como instrumentos de ordenación autónomos. En este último supuesto, su formulación, tramitación y aprobación se ajustarán a lo previsto para los planes especiales de ordenación, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la presente ley.
5. El procedimiento para la aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de dieciocho meses, contados desde la fecha del acuerdo de aprobación inicial del catálogo.
6. La aprobación definitiva del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales, mediante acuerdo del Pleno del ayuntamiento, requerirá informe preceptivo y favorable del cabildo insular correspondiente. La solicitud de dicho informe suspenderá el plazo máximo para resolver el procedimiento durante el tiempo que medie entre su petición, que deberá ser comunicada a las personas interesadas, y su recepción, que igualmente deberá ser comunicada a estas, de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. El período de suspensión no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido el informe, podrá continuarse la tramitación del procedimiento.
7. Una vez entre en vigor el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales, el ayuntamiento remitirá copia íntegra del mismo al cabildo insular correspondiente y al departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural”.
Veintisiete. Se modifica el artículo 55, que se redacta en los siguientes términos:
1. Los ayuntamientos deberán garantizar el acceso público y gratuito a los bienes y espacios incluidos en sus catálogos municipales mediante su publicación y mantenimiento actualizado en la sede electrónica o página web municipal, de forma que la ciudadanía pueda consultar su contenido por medios electrónicos.
2. Los ayuntamientos remitirán al cabildo insular correspondiente, una vez entre en vigor el catálogo municipal o sus modificaciones, la información necesaria para su incorporación a los sistemas de información geográfica insulares en formatos interoperables que permitan su adecuado tratamiento y representación cartográfica.
3. Los cabildos insulares podrán incorporar los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales de la respectiva isla a sus sistemas de información geográfica, con fines de coordinación administrativa, información territorial y apoyo a la planificación y gestión pública. A estos efectos, la información incorporada podrá ser utilizada para la elaboración, revisión, seguimiento y gestión de los instrumentos insulares de ordenación, de los instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales protegidos, así como de cualesquiera otros instrumentos territoriales, ambientales, patrimoniales o sectoriales que puedan verse afectados por la existencia de bienes patrimoniales culturales catalogados.
4. La incorporación de los bienes y espacios a los sistemas de información geográfica insulares tendrá carácter informativo, instrumental y de apoyo a la gestión pública, sin sustituir en ningún caso a los catálogos municipales como instrumentos de protección patrimonial.
5. La incorporación o no de los bienes y espacios a los sistemas de información geográfica insulares no afectará a la validez, vigencia, eficacia o ejecutividad de los catálogos municipales ni a la obligación de los ayuntamientos de garantizar su publicidad y accesibilidad por medios electrónicos”.
Veintiocho. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 57, con la siguiente redacción:
“6. Las medidas de protección temporal en edificios integrantes del patrimonio cultural de Canarias, tales como la instalación de mallados, redes de protección u otros elementos destinados a garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, no tendrán la consideración, a los efectos de esta ley, de actuaciones finalistas de conservación ni de cumplimiento del deber de mantenimiento previsto en el artículo anterior.
Tales medidas deberán tener carácter estrictamente temporal y no podrán mantenerse por plazo superior a tres meses desde su instalación. Transcurrido dicho plazo, el ayuntamiento, bien de oficio o a instancia del cabildo insular o de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, requerirá a la persona propietaria, poseedora o titular de derechos reales sobre el inmueble la retirada de dichas protecciones temporales y la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y restauración de los elementos de la fachada o de cualquier otro elemento afectado del bien inmueble”.
Veintinueve. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Los cabildos insulares podrán adoptar, con carácter cautelar, las medidas necesarias cuando resulte preciso actuar con urgencia para evitar la pérdida irreversible, la alteración grave, el deterioro o la destrucción de los valores propios de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias. En supuestos de urgencia debidamente acreditada, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del departamento competente en materia de patrimonio cultural, podrá adoptar dichas medidas cuando resulte necesario para la protección del bien. Los ayuntamientos podrán instar motivadamente la adopción de medidas cautelares ante cualquiera de dichas administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. Las medidas cautelares tendrán carácter ejecutivo y obligatorio para sus destinatarios, serán de cumplimiento inmediato y podrán consistir, entre otras, en:
a) La paralización material de obras, usos, actividades, intervenciones o cualesquiera otras actuaciones que generen o agraven el riesgo para el bien.
b) La suspensión del inicio de obras, usos, actividades o intervenciones proyectadas cuando de su ejecución pueda derivarse un daño grave o irreversible para el bien.
c) El cese temporal de usos, actividades, emisiones, vertidos, descargas o actuaciones materiales que comprometan la integridad, conservación o pervivencia del bien.
d) La adopción de medidas de aseguramiento, protección, apuntalamiento, cobertura, cerramiento, retirada de elementos impropios, protección física o consolidación provisional, cuando resulten indispensables para evitar daños mayores.
e) El desalojo temporal de ocupantes, así como la limitación de acceso, visita, uso o permanencia en el bien, cuando ello resulte necesario para garantizar la seguridad de las personas o la conservación del bien.
f) El depósito, custodia, retirada o traslado provisional del bien a lugar seguro, cuando su permanencia en su ubicación o situación material implique un riesgo inminente e insalvable para su conservación.
g) La ejecución de cualesquiera otras actuaciones indispensables, proporcionadas y temporales orientadas exclusivamente a evitar o reducir el riesgo existente.
4. Las medidas cautelares podrán imponerse como consecuencia de la actuación del personal inspector o de los servicios técnicos competentes, cuando en el ejercicio de sus funciones aprecien la existencia de una situación de riesgo cierto, grave o inminente para la integridad, conservación o pervivencia del bien. En todo caso, se adoptarán con arreglo a los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia y menor intervención posible.
5. El acuerdo de adopción de medidas cautelares deberá contener, al menos:
a) La identificación del bien afectado y, en su caso, de su entorno.
b) La descripción sucinta de los hechos y de la situación de riesgo apreciada.
c) La concreta medida o medidas adoptadas y su alcance material.
d) La motivación de su necesidad y proporcionalidad.
e) La identificación de las personas destinatarias obligadas a su cumplimiento, cuando proceda.
f) El plazo de vigencia de la medida o, en su caso, los criterios para su mantenimiento, revisión o levantamiento.
6. Cuando la urgencia de la situación lo exija, las medidas podrán adoptarse sin audiencia previa de las personas afectadas, debiendo conferirse dicha audiencia con posterioridad en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
7. La adopción de medidas cautelares no impedirá el ejercicio de cualesquiera otras potestades de protección, inspección, disciplina, restablecimiento de la legalidad o sanción que correspondan conforme a esta ley y al resto del ordenamiento jurídico”.
Treinta. Se añade un artículo 59 bis, con la siguiente redacción:
1. Cuando las medidas cautelares recaigan sobre bienes incluidos en cualquiera de los instrumentos de protección previstos en esta ley, se entenderán adoptadas en el marco del régimen de tutela que les resulte aplicable.
2. Cuando los hechos que motiven la adopción de medidas cautelares pudieran ser constitutivos de infracción administrativa en materia de patrimonio cultural, por la realización de obras, intervenciones, usos o actuaciones sin la preceptiva autorización o en contradicción con las determinaciones de protección del bien, el órgano competente deberá resolver, en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la medida, si procede o no la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
3. Si de la valoración realizada resultaran indicios suficientes de infracción administrativa, deberá acordarse dentro de dicho plazo la iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio del mantenimiento, modificación o levantamiento de las medidas cautelares que procedan.
4. Si no se apreciaran indicios suficientes de infracción administrativa, deberá acordarse motivadamente, dentro del mismo plazo, el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas o, en su caso, su adecuación a la situación de riesgo efectivamente existente”.
Treinta y uno. Se añade un artículo 59 ter, con la siguiente redacción:
1. Las medidas cautelares adoptadas respecto de bienes no incluidos en ninguno de los instrumentos de protección previstos en esta ley sólo podrán mantenerse cuando existan indicios racionales de que el bien presenta valores culturales susceptibles de justificar su inclusión en alguno de dichos instrumentos.
2. En estos supuestos, el órgano competente deberá valorar, en el plazo máximo de seis meses desde la adopción de la medida, si el bien reúne valores suficientes para su inclusión en alguno de los instrumentos de protección previstos en esta ley. A los efectos de determinar la existencia de valores culturales suficientes, los ayuntamientos podrán solicitar informe del Cabildo Insular correspondiente.
3. Si se hubiera concluido que el bien en cuestión presenta valores culturales suficientes, la incoación del procedimiento para su inclusión en alguno de los instrumentos de protección será obligatoria y su ausencia podrá dar lugar al ejercicio de las acciones de responsabilidad frente al personal al servicio de las administraciones públicos que hubieran omitido indebidamente las acciones tendentes a dicha incoación”.
Treinta y dos. Se modifica el artículo 62, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Las resoluciones por las que se concedan las autorizaciones y los informes que sean preceptivos en virtud de la presente ley deberán dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Administración competente para su tramitación. Se exceptúan aquellas autorizaciones que tengan establecido, por esta u otras disposiciones legales, otro plazo específico de resolución.
El transcurso de dicho plazo sin haberse dictado la resolución o emitido el informe, tendrá efectos desestimatorios de la solicitud como consecuencia del riesgo que implica la posible realización de intervenciones, usos o el establecimiento de disposiciones en el patrimonio cultural sin haberse evaluado convenientemente las afecciones que pudieran producirse.
2. En el otorgamiento de estas autorizaciones y la emisión de los informes que se soliciten, se deberán adoptar bajo los siguientes criterios:
- identificación del valor cultural a proteger,
- presencia de elementos discordantes e intervenciones necesarias para conservar una tipología o estilo característico,
- compatibilidad en la adaptación a nuevos usos y la mejora de las relaciones con el entorno inmediato.
3. Las determinaciones y criterios de intervención que se contengan en las referidas autorizaciones serán vinculantes y ejecutivas y cuando las mismas impliquen limitaciones, prohibiciones o alteraciones respecto de los parámetros que estén previstos en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o ambiental, prevalecerán sobre estos a los exclusivos efectos de la protección del patrimonio cultural y deberán ser tenidas en cuenta en el otorgamiento de títulos habilitantes y en los procedimientos de evaluación ambiental”.
Treinta y tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 79, que queda redactado en los siguientes términos:
“3. Se prohíben las modificaciones en las alineaciones y rasantes tradicionales, alteraciones de edificabilidad, parcelaciones y agregaciones de inmuebles, excepto cuando estas modificaciones se contemplen específicamente en los planes especiales de protección por contribuir a conservar el carácter del conjunto histórico, como agrupación de bienes inmuebles que configuran una unidad coherente con valor histórico y cultural, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Estas modificaciones deberán justificarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.1.b) de la presente ley”.
Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 83, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. El patrimonio arqueológico de Canarias está integrado por los bienes muebles e inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, pertenecientes tanto a las poblaciones aborígenes de Canarias como a las etapas posteriores de su desarrollo cultural, constituyendo un testimonio significativo de la evolución histórica y cultural de las islas. Estos bienes pueden encontrarse en la superficie, subsuelo, medio subacuático o haber sido extraídos de su contexto original”.
Treinta y cinco. Se modifica el artículo 89, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Los parques arqueológicos y los yacimientos visitables son figuras de gestión, protección, interpretación y uso público del patrimonio arqueológico de Canarias, orientadas a hacer compatible su conservación con su investigación, difusión y visita ordenada.
2. Con la finalidad de asegurar su coordinación, identificación común, criterios homogéneos de actuación y adecuada articulación territorial, se crea la Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Canarias.
3. Tendrán la consideración de parques arqueológicos aquellos espacios previamente declarados zona arqueológica que, por sus valores patrimoniales y por sus condiciones de conservación, acondicionamiento e integración en el entorno natural y territorial, resulten aptos para la visita pública, la interpretación y la gestión cultural del bien.
Su creación se acordará mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta del cabildo insular competente o a solicitud de las personas propietarias, previa tramitación del correspondiente procedimiento, previo informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias sin perjuicio de los informes sectoriales que, por razón de la normativa aplicable en materia de biodiversidad u otras materias, deban recabarse. La propuesta o solicitud deberá ir acompañada, al menos, de un proyecto básico que justifique la conveniencia de la creación del parque desde el punto de vista patrimonial, científico, didáctico y social, así como las intervenciones necesarias, las medidas de protección y acondicionamiento previstas, la dotación de medios humanos y materiales, la financiación y el régimen de gestión.
4. Tendrán la consideración de yacimientos visitables aquellos enclaves del patrimonio arqueológico que, sin reunir las condiciones necesarias para su constitución como parque arqueológico, permitan su apertura al público en condiciones compatibles con su conservación, protección e interpretación.
Su declaración se efectuará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, a propuesta del cabildo insular correspondiente y previo informe de la comisión insular de patrimonio cultural competente, sin perjuicio de los informes sectoriales que, por razón de la normativa aplicable en materia de biodiversidad u otras materias, deban recabarse. En el expediente deberá acreditarse, al menos, la viabilidad patrimonial y funcional de la visita pública, la existencia o previsión de medidas básicas de conservación, señalización, accesibilidad, control y protección, así como las condiciones esenciales de acceso, aforo, supervisión y régimen de visitas.
5. Reglamentariamente se desarrollarán la organización, funcionamiento y régimen de integración de la Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Canarias, así como los requisitos, procedimiento, efectos, condiciones de visita pública, criterios de conservación preventiva y mecanismos de coordinación aplicables a los parques arqueológicos y a los yacimientos visitables”.
Treinta y seis. Se modifica el artículo 90, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Tendrán la consideración de actividades arqueológicas aquellas actuaciones que, mediante el empleo de la metodología arqueológica, tengan por finalidad descubrir, documentar o investigar restos materiales correspondientes a cualquier momento histórico, tanto en el medio terrestre como en el acuático.
2. Las actividades arqueológicas se clasifican en:
a) Excavación arqueológica: remoción en superficie, en el subsuelo o en medio subacuático que se realice con la finalidad de descubrir, documentar o investigar restos arqueológicos.
b) Sondeo: remoción de terreno, limitada en cuanto a su área de intervención, realizada con la finalidad de comprobar la existencia de restos arqueológicos muebles o inmuebles, su naturaleza, delimitación o secuencia histórica.
c) Prospección arqueológica: exploración superficial sin remoción de terrenos, incluyendo los procedimientos geofísicos o electromagnéticos, tanto terrestre como subacuática, dirigida a la localización, el estudio, la investigación o el examen de datos para la detección de restos arqueológicos.
d) Reproducción de manifestaciones rupestres: conjunto de tareas de campo orientadas al estudio, la documentación gráfica sistemática y la reproducción de manifestaciones rupestres de interés histórico, cuando implique la manipulación física de las mismas y/o la alteración o modificación de las condiciones ambientes y de conservación de éstas.
e) Consolidación, restauración y protección: intervención en yacimiento o sitio arqueológico encaminada a favorecer su conservación y puesta en valor.
f) Control arqueológico: supervisión presencial por personal técnico cualificado de las actividades o actuaciones, obras o actividades que afecten o puedan afectar a un ámbito en que exista o se presuma la existencia de evidencias arqueológicas, de tal forma que se evite cualquier afección o puedan establecerse las medidas oportunas que permitan la conservación o documentación, en su caso, de las piezas o evidencias o elementos de interés arqueológico que aparezcan en el transcurso de aquellas.
g) Análisis estratigráfico de estructuras: análisis con metodología arqueológica, mediante la aplicación del método estratigráfico, de estructuras con la finalidad de documentar e investigar la secuencia histórica o evolutiva de las construcciones, cuando implique la manipulación física de las mismas y/o la alteración o modificación de las condiciones ambientes y de conservación de estas.
h) Estudio de materiales arqueológicos, cuando implique la manipulación física de los mismos”.
Treinta y siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 129, quedando redactado en los siguientes términos:
“3. Tratándose de deudas tributarias, con la presentación de la oferta de la persona interesada en periodo voluntario se entenderá suspendido el procedimiento recaudatorio, que se reanudará con la denegación del pago de la deuda con bienes culturales. La presentación de la oferta, tanto en periodo voluntario como tras su vencimiento, no impedirá el devengo de los intereses que legalmente correspondan”.
Treinta y ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 131, con la siguiente redacción:
“4. Con el fin de facilitar la planificación, programación y ejecución de la política pública vinculada al uno coma cinco por ciento cultural, podrán establecerse acuerdos o instrumentos de colaboración entre la consejería competente en materia de patrimonio cultural y las consejerías, entidades u organismos del sector público con incidencia en la ejecución de obras públicas, a efectos de intercambio de información, previsión de actuaciones, identificación anticipada de recursos disponibles y coordinación de los planes anuales de contratación”.
Treinta y nueve. Se modifica el artículo 134, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La inspección del patrimonio cultural es la función que ejercen los órganos administrativos competentes para la vigilancia y el control de la legalidad en sus respectivos ámbitos territoriales. Su ejercicio es de obligado cumplimiento para las administraciones a las que esta ley atribuye competencias en la tutela de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias.
2. Los Cabildos Insulares ejercerán la función de inspección sobre el patrimonio cultural en el ámbito de sus respectivas islas.
Corresponde al Gobierno de Canarias la función de alta inspección, que se ejercerá sobre la actuación de los Cabildos en los casos de infracciones graves o muy graves. Asimismo, el Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, podrá ejercer de oficio funciones inspectoras en el ámbito de todo el archipiélago, garantizando la correcta aplicación de la normativa de protección del patrimonio cultural.
3. Las administraciones competentes actuarán de oficio, bien por propia iniciativa, bien a instancia de las administraciones locales o como resultado de denuncia ciudadana. Para facilitar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares procurarán la existencia de canales específicos de denuncia, accesibles y eficaces, que permitan la comunicación de posibles infracciones, asegurando la confidencialidad de las personas denunciantes y la adecuada tramitación de las denuncias recibidas.
4. La labor de inspección se desarrollará bajo la autoridad y dirección de la persona titular del órgano competente, por parte del personal funcionario que tenga atribuido este cometido en cada una de las administraciones implicadas. El personal encargado de la inspección deberá contar con titulación adecuada, preferentemente con experiencia en tareas de conservación y difusión del patrimonio cultural.
5. Sin perjuicio de las actuaciones que se acuerden de manera singular, el órgano competente del Gobierno de Canarias en materia de patrimonio cultural establecerá un plan de inspección anual que establezca las prioridades de intervención, la asignación de recursos y la colaboración interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares, garantizando la eficacia y la coherencia en la protección del patrimonio cultural”.
Cuarenta. Se modifica el artículo 135, que queda redactado en los siguientes términos:
1. En el ejercicio de la actividad inspectora, el personal inspector tendrá la consideración de agente de la autoridad, con los derechos y facultades que le confiere la normativa vigente. Los funcionarios expresamente designados para esta labor deberán poseer la correspondiente acreditación, expedida por el órgano competente, con la que se identificarán en el desempeño de sus funciones.
2. Las actas de inspección se formalizarán por duplicado ante la persona titular o responsable de los bienes o actividades, su representante legal o, en su defecto, cualquier persona que, en el momento de la actuación inspectora, tenga la condición de responsable o poseedor del bien integrante del patrimonio cultural objeto de la inspección, o esté al frente de cualquier actividad que pudiere afectarlo. En caso de que la persona compareciente se niegue a firmar o recibir copia del acta, esta circunstancia será expresamente reflejada en la misma. La firma del acta por la persona compareciente acreditará únicamente el conocimiento de su contenido y no supondrá su conformidad, salvo que así exprese de forma explícita.
3. Las actas e informes de la inspección del patrimonio cultural tendrán la condición de documento público, presumiéndose, salvo prueba en contrario, la veracidad de aquellas circunstancias de mero hecho que en los mismos se declaren constatadas, siempre que hayan sido verificadas, de forma personal, inmediata y sobre el terreno, por el inspector actuante, cuya identificación deberá figurar en todo caso en el propio documento.
4. La ciudadanía, entidades y Administraciones Públicas tienen el deber de colaborar con el personal inspector debidamente acreditado para el correcto cumplimiento de sus funciones. A tal fin, las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural deberán facilitar el acceso a dichos bienes por el tiempo imprescindible y con la finalidad de permitir el desarrollo adecuado de las labores de inspección.
5. La consejería competente en materia de patrimonio cultural podrá aprobar, mediante orden, directrices o criterios comunes sobre la indumentaria y los elementos identificativos del personal que ejerza funciones de inspección en materia de patrimonio cultural de Canarias, con la finalidad de facilitar su identificación y asegurar su adecuación al ejercicio de dichas funciones”.
Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 142, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Las infracciones cuyos daños al patrimonio cultural puedan ser evaluados económicamente serán sancionadas con multa del tanto al quíntuple del valor del daño causado, de acuerdo con los criterios de graduación establecidos en el artículo 143. Si no es posible valorar económicamente los daños, se aplicarán las siguientes sanciones, en función de la gravedad de la infracción:
a) Infracciones leves: multa de hasta 60.000 euros.
b) Infracciones graves: multa de entre 60.001 y 300.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de entre 300.001 y 1.000.000 de euros.
2. Si el importe del beneficio económico obtenido es inferior al importe de la multa a imponer con arreglo a lo dispuesto en los dos apartados anteriores, la sanción se incrementará hasta alcanzar el importe de dicho beneficio.
3. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras infracciones, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
4. Los importes de las multas impuestas por la comisión de infracciones se destinarán a la financiación de medidas, proyectos o acciones que contribuyan al beneficio, conservación, restauración, investigación o difusión del patrimonio cultural de Canarias.
5. El órgano competente para imponer la sanción podrá acordar, como medida accesoria, el comiso de los materiales obtenidos ilícitamente y de los utensilios o herramientas empleados en la comisión de la infracción”.
Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 143, que queda redactado en los siguientes términos:
1. La determinación y graduación de las sanciones se realizará conforme al principio de proporcionalidad, garantizando la idoneidad, necesidad y adecuación de la sanción a la gravedad de la infracción cometida. La sanción deberá ser proporcional al daño causado, a la intencionalidad y a las circunstancias que rodeen la infracción, con el objetivo de lograr la corrección de la conducta infractora.
2. Para la graduación de la sanción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia de la conducta infractora.
c) La naturaleza o magnitud de los perjuicios causados, y la posibilidad y coste de reparación o restauración.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) La suspensión voluntaria de la actividad infractora”.
Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 146, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Corresponde al departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural y a los cabildos insulares el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de patrimonio cultural, en los términos previstos en este artículo.
2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves, la incoación e instrucción corresponderán a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en dicha materia, y la resolución al órgano superior jerárquico inmediato, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezca la norma reguladora de la estructura orgánica de dicho departamento.
3. En los procedimientos sancionadores por infracciones leves, corresponderá a los cabildos insulares la incoación, instrucción y resolución, de acuerdo con su normativa de organización.
4. El departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural podrá actuar por subrogación cuando hubiera comunicado al cabildo insular competente la existencia de una presunta infracción leve y este no hubiera incoado el procedimiento sancionador en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación.
5. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá adoptar, de forma motivada, las medidas cautelares necesarias para evitar daños a los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias en los términos previstos en el artículo 59 de la presente ley”.
Cuarenta y cuatro. Se añade una disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
Las referencias contenidas en los artículos 71, 72, 73, 74, 80.2, 95.2, 128, 129, 130.2, 138, 139 y 140 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, a los bienes incluidos en catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales, así como a los bienes catalogados cuando aludan específicamente al nivel insular de protección, se entenderán hechas a los Bienes de Interés Patrimonial Insular (BIPI). Asimismo, las referencias al catálogo insular de bienes patrimoniales culturales contenidas en dichos preceptos se entenderán realizadas, según los casos, al Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular o al régimen jurídico de protección aplicable a dichos bienes”.
Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta, que queda redactado en los siguientes términos:
Disposición Adicional Sexta. Personal con funciones de inspección del patrimonio cultural.
“1. Las administraciones públicas canarias, en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, convocarán los procedimientos selectivos que permitan que todo el personal que desempeñe funciones de inspección del patrimonio cultural quede integrado como personal funcionario en cuerpos, escalas, especialidades o en puestos de trabajo, en su caso, del Grupo A, Subgrupos A1 o A2”.
Cuarenta y seis. Se añade una disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
Cuando, durante la tramitación de un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias emita informe desfavorable por considerar que el bien no reúne los valores sobresalientes exigidos para dicha declaración y del expediente resulte la concurrencia de valores suficientes para su protección como Bien de Interés Patrimonial Insular, el cabildo insular competente podrá acordar la incoación del correspondiente procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular, sin necesidad de esperar a la finalización del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural. Ambos procedimientos podrán tramitarse simultáneamente por las administraciones competentes. Y podrán incorporarse al nuevo procedimiento los estudios e informes técnicos que resulten compatibles con la naturaleza y finalidad del procedimiento, sin necesidad de reiterarlas”.
Cuarenta y siete. Se añade una disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
Cuando la desafectación de un Bien de Interés Cultural tenga por objeto adecuar su régimen de protección al correspondiente a un Bien de Interés Patrimonial Insular, el procedimiento de desafectación y el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Patrimonial Insular podrán incoarse y tramitarse simultáneamente por las administraciones competentes. A tal efecto, estas coordinarán sus actuaciones para garantizar la continuidad de la protección del bien y evitar, en todo caso, cualquier situación de desprotección.
En todo caso, una vez acordada la desafectación del Bien de Interés Cultural, el cabildo insular competente podrá proceder a la declaración del bien como Bien de Interés Patrimonial Insular, de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley”.
Cuarenta y ocho. Se añade una disposición transitoria decimoprimera, con la siguiente redacción:
Los estudios, informes técnicos y demás actuaciones instructoras realizados en los procedimientos de elaboración, revisión o modificación de los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley podrán incorporarse a los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Patrimonial Insular, conservándose aquellas actuaciones válidamente realizadas que resulten compatibles con la naturaleza y finalidad del nuevo procedimiento”.
Único. Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en los siguientes términos:
1. El personal sanitario que tenga la condición de empleado público tendrá acceso a los datos de las historias clínicas del Servicio Canario de la Salud, tanto de atención primaria como especializada, en las circunstancias y con los requisitos siguientes:
a) Que el acceso se realice en el ejercicio de sus funciones como personal sanitario para el órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público al que se encuentre adscrito, el cual que ha de tener la consideración de Administración pública en los términos contemplados en la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.
b) Que el acceso sea necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.
c) Que los fines que justifican el acceso, de entre los señalados en el apartado anterior, se encuentren entre las competencias propias del órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público al que esté adscrito el personal sanitario.
d) Que el ejercicio profesional como personal sanitario para el órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público al que se encuentre adscrito, así como los fines que justifican el acceso, de entre los señalados en el apartado b) anterior, sean inherentes al puesto de trabajo, nombramiento o contrato que le vincule al mismo.
e) Este personal quedará sujeto a la obligación de secreto profesional respecto de la información de la que tenga conocimiento como consecuencia del acceso señalado.
f) El acceso se facilitará por la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos señalados y aplicando el principio de proporcionalidad.
2. La implementación de las estrategias de Salud Digital para el refuerzo de los sistemas de información, ciberseguridad, interoperabilidad, gobierno del dato e inteligencia artificial y cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales, obliga a la colaboración de todas las personas que intervengan en la prestación de los servicios del Servicio Canario de la Salud y hagan uso de los sistemas de información y recursos en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de este organismo autónomo, sean o no personal al servicio de la administración pública, con independencia de la forma de acceso a dicha información y recursos”.
Único. Se modifica el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, que queda redactado en los siguientes términos:
“4. Las resoluciones de la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de Empleo sujetas al Derecho administrativo no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en la forma y supuestos previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común”.
Uno. Se modifica la letra a) del artículo 2.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias:
“a) Las celebraciones de carácter estrictamente familiar, privado o docente, que no esté abiertas a la pública concurrencia, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político o docente. A estos efectos, se entienden en todo caso excluidas, por carecer de pública concurrencia, las actividades propias de clubes sociales, círculos de recreo y casinos, desarrolladas en sus propios locales o sedes y reservadas a sus socios, asociados o miembros, así como a las personas invitadas por aquellos, sin apertura indiscriminada al público.
No obstante, dichas celebraciones y actividades deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para garantizar el derecho al descanso y la convivencia normalizada y evitar molestias a terceros”.
Dos. Se introduce un apartado 4 al artículo 6, con el siguiente tenor:
“4. La implantación y realización de usos y actividades ordinarios y complementarios en suelo rústico que se determinen reglamentariamente en desarrollo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, vinculados a explotaciones agrarias, quedarán eximidas de la obtención de título habilitante de intervención municipal en materia de actividades clasificadas previsto en la presente Ley, quedando sustituida, cuando resulte exigible, tal intervención, por la emisión, por parte del Ayuntamiento correspondiente, de informe municipal sobre la adecuación de la actividad proyectada a la normativa municipal en materia de actividades clasificadas. Dicho informe será solicitado con carácter previo a la producción del título sectorial que habilite, en su caso, dicha implantación y realización, producido por/ante la Consejería competente en materia de agricultura del Gobierno de Canarias”.
. Se derogan el artículo 28, el apartado 2 del artículo 45, el apartado 6 del artículo 46, el apartado 5 del artículo 48, y la disposición final primera del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril.
2. Se deroga el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, añadido por la disposición final sexta, apartado cuatro, de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.
1. Los procedimientos administrativos sancionadores en materia de industria, cuya tramitación y resolución corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y para los que su normativa específica no establezca plazo máximo para resolver y notificar, deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de un año.
2. El plazo señalado en el apartado anterior se computará desde la fecha del acuerdo de iniciación.
3. Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad, sin que ella exima a la Administración de la obligación legal de resolver. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La presente disposición será de aplicación a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley.
5. Los procedimientos sancionadores en materia de industria iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley, continuarán rigiéndose, en cuanto al plazo máximo para resolver y notificar, por la normativa vigente en el momento de su incoación.
Los preceptos reglamentarios que sean modificados por el presente Decreto ley mantendrán su rango normativo original.
Se faculta a las personas titulares de los Departamentos competentes en el ámbito material correspondiente, para que mediante orden se dicten cuantas disposiciones se requieran para la aplicación efectiva de lo establecido en el presente decreto ley.
El presente decreto ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Canarias, a 9 de noviembre de 2026.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,Fernando Clavijo Batlle.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS,Manuel Domínguez González.
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA,Matilde Pastora Asián González.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD,Nieves Lady Barreto Hernández.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,Hipólito Alejandro Suárez Nuez.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS,Manuel Miranda Medina.
LA CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO,Jéssica del Carmen de León Verdugo.
LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA,Migdalia María Machín Tavío.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA,Mariano Hernández Zapata.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS,María Candelaria Delgado Toledo.
LA CONSEJERA DE SANIDAD,Esther María Monzón Monzón.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA,Alejandro Narvay Quintero Castañeda.
