Normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi


Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

Vigente desde 23/11/2019 | BOPV 223/2019 de 22 de Noviembre de 2019

Este decreto desarrolla la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi, para definir el marco de desarrollo de la autonomía lingüística local, fijando el contenido mínimo de los instrumentos de planificación a partir del cual cada municipio puede determinar su propio sistema.

Por lo que respecta al uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales por parte de las entidades locales, se posibilita que el euskera, igual que el castellano, pueda ser lengua de uso normal y general y se desarrolla el régimen de las lenguas de trabajo en las actuaciones internas, en la documentación y en el funcionamiento de los órganos colegiados.

Se introduce como novedad la vinculación entre la acreditación de los perfiles lingüísticos y los criterios de uso en las actividades propias de los puestos de trabajo en las entidades locales y se prevén principios aplicables al material de ofimática y las redes de Internet e intranet que utilizan las administraciones locales.

Asimismo, se regula el uso de la lengua en los siguientes ámbitos:

- procedimientos administrativos, régimen de comunicaciones y notificaciones y atención a los ciudadanos, incluyendo el régimen de uso de las lenguas en los modelos normalizados;

- cláusulas de contratación: se pretende que los contratos administrativos suscritos por las entidades locales incluyan las cláusulas que sean precisas para garantizar a los ciudadanos el derecho a beneficiarse de las actividades o servicios en los que medie un contrato en condiciones lingüísticas equivalentes a las que sean exigibles a aquéllas;

- actividad de fomento municipal: cuando el uso de las lenguas sea un factor relevante en el objeto de la actividad subvencionada, se deben aplicar criterios lingüísticos en la publicidad y en la ejecución de la actividad;

- relaciones institucionales: si la documentación se hubiera creado en euskera puede cursarse en dicha lengua cuando se dirija a administraciones radicadas en lugares donde el euskera es lengua oficial; si se dirige a administraciones de fuera del ámbito lingüístico del euskera, habría de cursarse acompañada de su traducción en castellano.

También se impulsa el uso del euskera en las intervenciones públicas y la normalización del uso del euskera por parte de las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi.

Respecto a la toponimia municipal y a la señalización de vías y servicios, se contempla la posibilidad de que el Gobierno Vasco proponga a los municipios las rectificaciones de nombre cuando, conforme a criterios académicos, contengan incorrecciones lingüísticas o no se ajusten a la forma tradicional escrita y oral del topónimo. Asimismo, se fijan las reglas básicas del procedimiento relativo a la determinación y modificación del resto de topónimos del ámbito territorial y de competencia de los municipios, y un procedimiento completo para ser aplicado en casos de aprobación y oficialización de los topónimos de competencia del Gobierno Vasco. Al mismo tiempo, se crea el Nomenclátor Geográfico Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como registro público en el que se deben inscribir los topónimos oficiales de Euskadi.

En otro orden de cosas, se regula la evaluación del impacto lingüístico de determinados planes y proyectos (recogidos en el art. 50 de este decreto) y de sus modificaciones sustanciales, debiendo realizarla todos los municipios cuando aquéllos tengan efectos en el uso del euskera.

Por último, se prevé la aplicación progresiva de todo lo relativo a la normalización lingüística de los programas informáticos, registro electrónico, publicidad activa y contratación pública por las entidades locales, en atención a la capacidad de las entidades que conforman el sector público local de Euskadi.

En todo caso, las entidades locales vascas han de planificar temporalmente la puesta en marcha de las nuevas obligaciones legales impuestas por este decreto, debiendo estar plenamente implementadas antes del 23 de noviembre de 2022 (plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la presente norma).