No sujeción a fiscalización previa para hacer frente a la situación del coronavirus en Castilla y León


Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa de los actos de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19.

Vigente desde 17/03/2020 | BOCL 55/2020 de 17 de Marzo de 2020

La Comunidad de Castilla y León, ante grave situación económica generada por la declaración del estado de alarma para hacer frente a la pandemia del COVID-19, ha considerado necesario acordar que aquellos actos de contenido económico derivados de actuaciones de la Administración General de Castilla y León para hacer frente a esta situación no se encuentren sujetos a la fiscalización previa del art. 257.2 e la Ley 2/2006, posibilidad contemplada en el art. 260 del mismo texto. Para ello el titular de la Consejería responsable de la actuación elaborará un informe que acredite esta circunstancia.

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 254, prevé que la función interventora tendrá por objeto controlar, antes de que sean dictados, los actos que puedan dar lugar a la realización de gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

El artículo 257.2 de la misma ley prevé que el ejercicio de la función interventora comprenderá «la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores».

A su vez el artículo 260 establece determinados supuestos en los que no es necesaria la fiscalización previa, contemplando en su apartado 2 la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan otros supuestos de no sujeción a fiscalización previa.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo la situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional.

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, previéndose en el mismo la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta coyuntura. En concreto en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se dispone que «Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno».

En virtud de lo indicado, el conjunto de acciones que todas las Administraciones deben adoptar para hacer frente a esta pandemia internacional deben estar presididas por la máxima flexibilidad, debiéndose adoptar las decisiones más convenientes que de forma inmediata contribuyan a contener la progresión de la enfermedad, a reforzar el sistema de salud pública, a prevenir y contener el virus y a mitigar su impacto sanitario, social y económico.

En este contexto de crisis es necesario que aquellos actos de contenido económico derivados de actuaciones realizadas por la Administración General de Castilla y León para atender la situación ocasionada por el COVID-19 no se encuentren sujetos a fiscalización previa.

La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y de ordenación de la Hacienda de la Comunidad de acuerdo con lo establecido en su artículo 70.1 1.º y 3.º

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 16 de marzo de 2020

DISPONE

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 254, prevé que la función interventora tendrá por objeto controlar, antes de que sean dictados, los actos que puedan dar lugar a la realización de gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

El artículo 257.2 de la misma ley prevé que el ejercicio de la función interventora comprenderá «la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores».

A su vez el artículo 260 establece determinados supuestos en los que no es necesaria la fiscalización previa, contemplando en su apartado 2 la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan otros supuestos de no sujeción a fiscalización previa.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo la situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional.

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, previéndose en el mismo la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta coyuntura. En concreto en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se dispone que «Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno».

En virtud de lo indicado, el conjunto de acciones que todas las Administraciones deben adoptar para hacer frente a esta pandemia internacional deben estar presididas por la máxima flexibilidad, debiéndose adoptar las decisiones más convenientes que de forma inmediata contribuyan a contener la progresión de la enfermedad, a reforzar el sistema de salud pública, a prevenir y contener el virus y a mitigar su impacto sanitario, social y económico.

En este contexto de crisis es necesario que aquellos actos de contenido económico derivados de actuaciones realizadas por la Administración General de Castilla y León para atender la situación ocasionada por el COVID-19 no se encuentren sujetos a fiscalización previa.

La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y de ordenación de la Hacienda de la Comunidad de acuerdo con lo establecido en su artículo 70.1 1.º y 3.º

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 16 de marzo de 2020

DISPONE

Artículo Único. 
No sujeción a fiscalización previa.

Los actos de contenido económico realizados por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, no estarán sometidos a la fiscalización previa del artículo 257.2 a) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad. El expediente incluirá un informe del titular de la Consejería responsable de la actuación acreditativo de esta circunstancia.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición Final. 

El presente decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 16 de marzo de 2020.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero de Economía y Hacienda,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo