Modificaciones relevantes en materia fiscal y administrativa en Cantabria


Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.

Vigente desde 01/01/2020 | BOCA 76/2019 de 30 de Diciembre de 2019

Entre las medidas fiscales que esta Ley recoge se encuentra la modificación de la Ley 9/1992, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, que establece, modifica y actualiza algunas de las tasas de la Administración y de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como la modificación de la tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de protección civil delimitando el hecho imponible para que se cree inseguridad jurídica.

Además, se modifica la Ley 2/2014, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Cantabria, por la que crea el nuevo canon de agua residual, diferenciando entre el canon de agua residual doméstica e industrial, y que se ha basado en los principios ambientales de “quien contamina paga” y del “uso eficiente y sostenible de los recursos”.

Entre las medidas de carácter administrativo, se encuentra la revisión de la regulación de los Planes coordinados del servicios de la Ley de 1/2014, de transporte de viajeros por carretera, al contemplarse la posibilidad de que prevean la extensión de los servicios de transportes urbanos de un municipio a municipios colindantes, justificándose la necesidad de atender zonas del municipio receptor de la extensión a causa de la relación social, económica o de otra clase de dichas zonas con el municipio que presta el servicio de transporte urbano, a lo que los municipios afectados deberán transmitir su consentimiento expreso.

Asimismo, otra de las modificaciones a destacar es la de la Ley 11/1998, de Patrimonio Cultural de Cantabria, ya que se hace necesaria la adaptación de los procedimientos al funcionamiento electrónico que debe realizarse antes del día 2 de octubre de 2020, de acuerdo con la Disp. Adic. 7ª de la Ley 39/2015.

En el mismo plano, se modifican los procedimientos para declarar un bien de Interés Cultural, Local e Inventariados introduciendo el silencio administrativo negativo para que no dé lugar a cargas injustificadas a terceros, por el hecho de no resolver y notificar en plazo la solicitud de declaración del bien como Patrimonio Cultural. Por otra parte, también se recoge el silencio negativo para los procedimientos de autorización, de esta forma la Administración puede reforzar la protección sobre el bien.

En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se modifica el catálogo de la Ley 3/2017, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria ampliando la clasificación de las actividades deportivas y añadiendo las ferias y comidas populares. Además, se establecen las definiciones que constituyen el objeto de la norma.

Por otra parte, se establece la exención de informes y autorizaciones de Consejería en Conjuntos Histórico Artísticos que ya cuenten con Plan Especial aprobado conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, con el fin de facilitar el ejercicio de las competencias en materia de urbanismo a los Ayuntamientos, sin perjuicio de la notificación de la licencia urbanística.

Por último, cabe señalar también la modificación efectuada a la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria en cuanto a la gestión de las subvenciones otorgadas por entidades locales y la información que deben suministrar las mismas  a través de la consejería competente en materia de administración local.

PREÁMBULO 

I.

El Título I de la ley, bajo la rúbrica "Medidas Fiscales", se divide en dos capítulos. El primer capítulo se refiere a las normas relacionadas con los tributos propios y recoge la creación, modificación y actualización de algunas de las Tasas de la Administración y de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, conforme a la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria emanada de los artículos 133, 156 y 157 de la Constitución, desarrollada en el artículo 17 la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y plasmada en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo se modifica el apartado b) de la tarifa 1 de la "Tasa por ordenación del sector turístico", prevista en el anexo de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. Dicha tarifa se refiere a la emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de actividad, ampliación y reforma de los distintos tipos de establecimiento de alojamiento turístico, y la modificación tiene por objeto añadir el inciso final "y demás alojamientos turísticos divididos en unidades", manteniéndose inalterados los dos importes a percibir por la Administración en concepto de cuota tributaria.

Se hace necesario afrontar una modificación del texto de la "Tasa por servicios prestados por el Centro de Formación Náutico-Pesquera", de las aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de adecuar dichas tarifas a las titulaciones que se expiden y a los exámenes que previsiblemente pueden incorporarse, así como por los cambios a precio público de los cursos que se imparten.

Se modifica el apartado Noveno, punto 4, de la Tarifa T5: Embarcaciones deportivas y de recreo, de la Tasa "3 Tasas Portuarias", específica para los atraques correspondientes a la nueva dársena deportiva del Puerto de Laredo, con el objeto dinamizar el puerto deportivo fomentando su ocupación y atrayendo mayor actividad, lo que repercutirá positivamente en el turismo, en la generación de ingresos para el conjunto puerto-ciudad y en el empleo. Se propone incentivar las estancias continuadas durante todo el año, mediante una bonificación en la tarifa. El importe a bonificar que se propone se ha fijado teniendo en cuenta la fracción de año que es objeto de incentivo (en torno a 4-6 meses) y las tarifas de aplicación para estancias anuales en otros puertos del entorno. De este modo, la bonificación óptima a aplicar por este concepto se cifra en un 20%".

Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, se procede a la modificación de la "Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de protección civil", procediendo a la delimitación del hecho imponible de la tasa con el fin de evitar que éste venga configurado por conceptos jurídicos indeterminados que conlleven inseguridad jurídica a la hora de su devengo.

Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se suprime la "Tasa 5 por servicios de certificaciones, copias y reproducción de documentos en la Biblioteca Central de Cantabria" ya que la descripción de la misma no se corresponde realmente con una Tasa. La forma de prestación del servicio responde a la figura de un precio público o privado, en función de que el servicio se preste por el personal de la Consejería de Universidades e Igualdad, Cultura y Deporte, o bien por personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S. L.

En relación con ello, se adecúa la redacción de la Tasa 1, "por servicios de certificaciones, copias, diligencias y reproducción de documentos en el Archivo Histórico", en la que el devengo se produce con ocasión de la solicitud de los servicios mencionados.

El Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales establece un sistema de tasas y gravámenes que faciliten la financiación de las actividades de control oficial. Este reglamento es de aplicación en este punto a partir del 14 de diciembre de 2019 (artículo 167.1) y establece que las tasas y gravámenes por los controles oficiales se establecerán:

a) Según el nivel de los costes calculados de conformidad con el artículo 82, apartado 1 del citado Reglamento o

b) Según los importes previstos en el anexo IV.

Sin embargo, el artículo 9.2 de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria establece que los proyectos normativos dirigidos al establecimiento de una tasa o la modificación de sus cuotas deberán incluir entre sus antecedentes una memoria que incluya un análisis económico financiero sobre el coste o el valor del servicio o actividad de que se trate y sobre la justificación de las cuotas propuestas.

Por todo lo anterior, y al objeto de actualizar la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos, se procede a su modificación para adaptarlo al Reglamento 2017/625.

La Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desarrolla como uno de sus núcleos centrales, además de la planificación que se articula a través del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento, un Régimen Económico Financiero sobre la base de los principios de recuperación de costes amparándose en dos principios ambientales fundamentales, como son "quien contamina paga" y el "uso eficiente y sostenible de los recursos."

Sobre la base de estos principios, a partir de la Ley se crea el nuevo Canon de Agua Residual, efectuando una importante distinción entre aguas residuales domésticas e industriales. Distingue así en su articulado entre el Canon de Agua Residual Doméstica e Industrial. Para este último, el hecho imponible se concreta en la carga contaminante vertida, desarrollándose la configuración del tributo y los elementos esenciales del mismo en la Secciones 3 y 4 del Título V de la Ley. En concreto a lo largo de los art. 31 y 37 de la misma.

La determinación de la base imponible del Canon de Agua Residual Industrial se desarrolla en el art. 31 de la Ley. De acuerdo con el mencionado artículo, la base imponible se determina mediante mediciones de volumen de vertido y concentración de sustancias contaminantes o de otras características del agua residual industrial, indicándose en el apartado 3 de dicho artículo las sustancias contaminantes que podrán considerarse para la determinación de dicha base imponible.

De conformidad con el art. 31.2 de la Ley, el sujeto pasivo está obligado a presentar las correspondientes declaraciones tanto del volumen vertido como de la carga contaminante incorporada al mismo, datos que deberán ser tenidos en cuenta para la determinación de la base imponible, siendo el período impositivo del tributo el trimestre natural tal y como establece el art. 35.1 de la Ley.

Con esta modificación se dota de mayor precisión al método de determinación de las concentraciones medias y máximas de las sustancias contaminantes que se han de tener en cuenta para el cálculo de la base imponible, lo que redundará a su vez en una mayor exactitud en la determinación de la cuota tributaria del canon de agua residual industrial, con lo que esto supone en cuanto a un incremento de la seguridad jurídica, tanto para los sujetos pasivos como para la administración competente.

En el Capítulo II del Título I se regulan los Tributos cedidos.

Las modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, responden a los siguientes criterios:

Con carácter general para el ejercicio 2020 son pocas las novedades que se producen en relación al ejercicio anterior y las mismas se concentran, especialmente, en las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de deducciones de la cuota, tanto por circunstancias personales y familiares, como por inversiones no empresariales. En el resto de tributos cedidos, las modificaciones obedecen a motivos de gestión administrativa, pues debido a la experiencia en ejercicios anteriores se considera conveniente modificar determinados aspectos que facilitan y aclaran la aplicación de los tributos.

En relación al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (I.R.P.F.), con carácter general, se ha procedido a modificar el límite máximo de la base imponible del contribuyente que da derecho a las deducciones correspondientes, estableciendo el límite común a todas las deducciones de 31.485 euros en el supuesto de la declaración conjunta y de 22.946 euros para las declaraciones individuales. Para determinar estos límites se ha considerado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que todos los años realiza el INE y tomado como valor de referencia el umbral máximo de la Clase Media en Cantabria debidamente actualizado, en el caso de la declaración conjunta.

También es importante reseñar que se suprime la "Deducción autonómica por ayuda doméstica" regulada en el apartado décimo del artículo dos del Texto Refundido, al considerar que esta deducción tal y como se encontraba configurada sin limitación alguna, contribuía a minorar la deseada igualdad de oportunidades entre los contribuyentes ya que se hace difícil pensar que las rentas más bajas se puedan permitir contratar la prestación del servicio que se pretendía estimular con esta deducción.

Además, en el I.R.P.F se introducen tres conceptos nuevos de deducciones de la cuota no considerados con anterioridad como son, la "Deducción por nacimiento y adopción de hijos", las "Deducciones aplicables a contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento" y por último las "Deducciones por inversiones o donaciones a entidades de la Economía Social".

La deducción por nacimiento obedece a la necesidad de contribuir a rejuvenecer la población de nuestra Comunidad, pues diversos estudios ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma cuenta con menos población joven y más población mayor que la media estatal: el 17,3% de los habitantes de Cantabria tiene menos de 20 años frente al 21,47% que tiene más de 65 años, tasas que se encuentra por debajo y por encima, respectivamente de la media estatal.

Otro gran problema que tiene Cantabria es el despoblamiento de sus zonas rurales y por ello se contemplan deducciones de la cuota, por un lado, incrementando los límites respecto a las que se aplican en otras zonas de Cantabria (Deducción por arrendamiento y por gastos de guardería). Así como otros conceptos totalmente nuevos y que tratan de incentivar el establecimiento de personas en estas zonas como lo es la deducción de quien traslade su residencia a estas zonas rurales o quienes tomen la iniciativa de crear actividades económicas en esta zona despobladas.

Por último, se establece la posibilidad de aplicar deducciones cuando se realizan aportaciones al capital o se donan cantidades a las entidades denominadas de la Economía Social. Estas entidades se encuentran reconocidas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que las define como al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en su artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.

Si bien hemos de reconocer que el desarrollo de este tipo de economía no se ha realizado hasta la fecha en Cantabria y es por ello que, con estas deducciones, se pretende iniciar un camino que permite el completo reconocimiento de estas entidades en nuestra comunidad.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto transmisiones onerosas de inmuebles, se modifican dos apartados del artículo 9 del Texto Refundido. En primer lugar, se establece un nuevo mínimo de participación de la persona con minusvalía en la adquisición de la propiedad de vivienda en pro indiviso, resultando de aplicación las normas dispuestas por el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre sucesiones y donaciones respecto al cálculo del usufructo vitalicio. Si bien limitando al 50% la participación necesaria de la persona con minusvalía cuando de la aplicación del artículo 26 se exigiera otra superior.

Además, establecen nuevos requisitos a la hora de aplicar el tipo reducido del 5% para la adquisición de viviendas que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación, como son el mantenimiento de tres años desde la rehabilitación de la vivienda y el incremento hasta el 25% del precio de adquisición para que el coste de la obra tenga la consideración de rehabilitación. Excluyendo además de la aplicación del tipo reducido las obras de rehabilitación realizadas por el propio titular de la vivienda sin contar con la participación de profesionales.

El artículo 13 del texto Refundido que regula los tipos de gravamen del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es objeto de tres modificaciones que afectan a los apartados 3, 4.b) y 11. La primera de las modificaciones se concreta en incrementar el tipo de gravamen al 2% cuando se formalicen préstamos con garantía hipotecaria en los que resulte sujeto pasivo el prestamista.

El apartado 4.b) es objeto de una aclaración del porcentaje en que deben participar las personas con minusvalía física, psíquica o sensorial cuando se produce la adquisición de la propiedad de la vivienda por varias personas en pro indiviso. Estableciendo la forma de cálculo del usufructo vitalicio dispuesta en la ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como referente con el límite del 50% cuando de su aplicación excediese de este límite.

Además, en relación a este artículo 13, se suprime el apartado 2 del mismo al asumir la extralimitación del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma fijado en el artículo 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, al señalar que las Comunidades Autónomas pueden regular el tipo de gravamen del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Pero no pueden regular la cuota fija y, aunque se reconoce que el citado párrafo sea una copia de la norma estatal, se asume el ámbito competencial y se suprime el apartado dos.

Por último, con el objeto de fomentar la ocupación de los parques empresariales por nuevos centros de trabajo y la creación de empleo disminuyendo la presión fiscal de estas operaciones, cuando el sujeto pasivo es una entidad perteneciente al sector público empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y está participada por ésta en un porcentaje de al menos el 95%, se propone la aplicación de un tipo de gravamen del 0,3% a los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía.

Para finalizar se estima la necesidad de incrementar el tipo de gravamen de las apuestas en dos puntos porcentuales dejándolo en el 12% para equipararlo al de otros tipos de gravamen de juego de suerte, envite o azar cuyo cálculo de la base imponible es similar.

II.

El Título II de la Ley, bajo la rúbrica "Medidas Administrativas", engloba una serie de medidas que afectan a la actuación, gestión, y organización de la Administración Autonómica.

Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, en varios aspectos.

Por un lado, se faculta al Consejo Ejecutivo para fijar las cuantías en concepto de asistencia además de por sus miembros y por los del Consejo de Supervisión, de la Secretaría, a consecuencia de una conclusión recogida por el informe de auditoría operativa y de cumplimiento en materia de recursos humanos y eficacia emitido por Intervención, en el que se concluía que, al no estar expresamente reconocido en la Ley de creación de ICAF el derecho de la Secretaría a percibir cuantía por asistencia a los Consejos Ejecutivos y de Supervisión, la persona que fuese nombrada para desempeñar las funciones de Secretaría no tendría derecho a percibir cantidad alguna.

Teniendo en cuanta que la Secretaría de ICAF es un órgano necesario de este y que presta y desempeña servicios para los Consejos Ejecutivo y de Supervisión, se considera adecuado que quien desempeñe esa función de Secretaría tenga derecho a la percepción de la cuantía que el Consejo Ejecutivo, como máximo órgano de Gobierno de ICAF, estime procedente, y dentro de los límites que, en su caso, establezca el Consejo de Gobierno.

La eliminación de la referencia a los Planes estratégicos del artículo 7.5.b) se basa en la necesidad de dotar de coherencia y adecuar el contenido de la Ley tras la modificación del artículo 12, en donde se ha eliminado la elaboración de los Planes Estratégicos, por lo que mantener la referencia los mismos en otro artículo de la misma Ley, haciendo expresa referencia a un artículo donde nada se dice sobre los mismos, lo único que puede hacer es conducir a confusión.

Por otro lado, se modifica el artículo 11 en dos sentidos. En lo que se refiere a la eliminación de la excepcionalidad de las operaciones con el sector privado, la justificación viene dada por el objetivo primordial de ICAF, recogido en el artículo 1.2 de su Ley de creación, pues "tiene como objetivo contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social de Cantabria". Así se considera que la consecución de este objetivo responde al desarrollo de sus funciones tanto con el sector público empresarial y fundacional autonómico como con el sector privado, sin que se considere que sea necesario que la actuación de ICAF con el sector privado tenga que ser residual o excepcional.

Por lo que se refiere a la inclusión de la posibilidad de otorgar además de financiación a las entidades inscritas en el Registro de Comunidades Cántabras, la capacidad de conceder avales y otras garantías, parece algo adecuado a las funciones y objetivos de ICAF. Además, con esta redacción, se dota de mayor claridad al párrafo d) del artículo 11.2.

Finalmente se modifica la redacción del artículo 15.3, eliminando el adverbio "mayoritariamente", pues se considera necesaria para adaptar la normativa a la situación económica y financiera actual, así como al cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

Se procede a la modificación del artículo 28 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de excluir como miembro de la Comisión de Secretarios Generales al titular de la Dirección General del Servicio Jurídico.

La razón de esta propuesta radica en delimitar la función de asesoramiento en asuntos de interés general que se puedan suscitar en dichas reuniones, pero sin que le competa velar por los asuntos concretos del orden del día responsabilidad de cada Consejería, que ya son asumidos por los titulares de las respectivas Secretarías Generales de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 70 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre.

Por otra parte, se determina de forma expresa que, atendiendo a la índole de las funciones que se le atribuyen al titular de la Dirección General del Servicio Jurídico en dicho órgano, su suplencia no se rija por el orden establecido con carácter general en el decreto de suplencias de órganos directivos de la Consejería de la que dependa orgánicamente, sino que corresponda al titular de la Subdirección del Servicio Jurídico.

El artículo 15 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria fue objeto de modificación en la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas, introduciendo el silencio negativo en la inscripción de los Estatutos de los Colegios.

Todos los silencios desestimatorios introducidos por leyes sectoriales deben incluirse a su vez, y tener su correlato, en el Anexo de la Ley de Régimen Jurídico, que se modifica para incluirlo.

Se procede, igualmente, a realizar distintas modificaciones para mejorar la técnica legislativa de algunos artículos de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pretendiendo clarificar las disfunciones creadas respecto a la dependencia y adscripción de los entes del sector público institucional y el régimen en cuanto a los medios propios.

Se modifica el artículo 51 de la ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Púbico Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se añaden los artículos 51.bis, 51.ter, 51 quater y 51 quinquies, los cuales están comprendidos en el capítulo referido a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, con objeto de clarificar y mejorar el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y disposiciones de carácter general.

Asimismo, se modifica el artículo 90 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se crea el Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la que se regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, prevé la realización de una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. No obstante, el apartado 4 del citado artículo establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, así como cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, circunstancias estas últimas, que se dan en el presente caso.

Se modifica el artículo 4.4.a) de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria para facilitar la adecuación de los vocales de designación parlamentaria a la realidad del inicio de cada Legislatura en el Parlamento de Cantabria.

En materia de Pesca se procede a la modificación del Régimen Sancionador para adaptarlo al Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las normas de aplicación del sistema de puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, estableciéndose en aplicación de lo dispuesto en la normativa europea, un sistema de puntos con arreglo al cual se asigna un número de puntos adecuados al capitán o patrón de un buque que cometa una infracción grave de las normas de la Política Pesquera Común.

Se proponen diversas modificaciones en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria a fin de regular el procedimiento propio y específico de la tramitación de las bases reguladoras teniendo en cuenta su especialidad, dado que se trata de un procedimiento que se inicia de oficio y cuya iniciativa es discrecional, de adecuarla a la Ley General de Subvenciones, y de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de publicidad de la normativa comunitaria, así como de transparencia.

Se procede, de la misma manera, a su modificación con objeto de atender las especialidades de las líneas de subvenciones de programas regulados por normativa estatal, que se centran en la prioridad del orden de presentación de solicitudes, así como en el supuesto de justificación extemporánea. Por ello, se propone adecuar los artículos 28 y 38.1 c) de esta Ley.

Se produce una tercera modificación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, con objeto de atender las especialidades que presentan las ayudas concedidas por las sociedades mercantiles autonómicas. Debe recordarse que la disposición final tercera de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, modifica la citada Ley 10/2016, de 17 de julio, ampliando su ámbito de aplicación subjetivo e incluyendo dentro de éste a las subvenciones otorgadas por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma. Esta circunstancia está originando, en la práctica, diversas cuestiones derivadas del empleo de una normativa concebida para ser aplicada en el seno de la Administración y de otras entidades de derecho público, por lo que resulta aconsejable clarificar el régimen jurídico de concesión de subvenciones por las sociedades mercantiles autonómicas, y adecuarlo teniendo en cuenta lo dispuesto en la citada Ley. En definitiva, las modificaciones propuestas alteran la letra d) del apartado 1 del artículo 3, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 16, el apartado 1 del artículo 17, y los artículos 19, 20, 28 y 38.1.c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, con la correlativa introducción de una nueva disposición adicional la decimocuarta.

La vigente Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera, regula en su artículo 11 los denominados "Planes coordinados de servicios", definidos como los planes que se podrán aprobar para la coordinación de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general en áreas urbanas o suburbanas, con el fin de armonizar los servicios municipales con los interurbanos. El artículo 12 de la citada ley detalla el procedimiento para su aprobación y el apartado 5 de ese artículo particulariza el procedimiento para los planes que abarquen más de un municipio.

Tras el análisis de diferentes supuestos en los cuales existe la posibilidad, previa petición de los ayuntamientos afectados, de poner en marcha planes coordinados de servicios, se ha constatado que en los casos de abarcar más de un ayuntamiento y si uno de los ayuntamientos posee un servicio municipal de transporte urbano, existe la posibilidad de autorizar que el transporte urbano de dicho ayuntamiento alcance zonas periurbanas de municipios contiguos. Esta autorización estaría siempre justificada por el hecho de que los ciudadanos de dichas zonas mantengan una intensa relación diaria con el ayuntamiento poseedor del servicio de municipal de transportes.

El supuesto anteriormente anunciado no tiene, en principio, un reconocimiento expreso en el artículo 12.5 de la ley, por lo que se procede a realizar una modificación en el texto del mismo para que lo recoja inequívocamente.

Con la aprobación de la Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria, el Gobierno pretendía recuperar un Órgano de participación ciudadana creado en 1992, el Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN), pero desaparecido en 2012, con la idea de configurar un instrumento permanente estable de comunicación y dialogo, de participación en el ámbito socioeconómico y laboral, de manera que la propia Administración y diversas organizaciones económicas y sociales se reúnan con cierta regularidad.

Su creación o reelaboración respondía, además, no solo a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales para que sus opiniones y planteamientos fueran tenidos en cuenta a la hora de adoptar decisiones que puedan afectar a los intereses que les son propios, sino también al mandato del Pleno del Parlamento de Cantabria que, en su sesión del día 10 de octubre de 2016, aprobó una resolución como consecuencia de la tramitación de la proposición no de ley, Nº 9L/4300-0098, relativa a la creación de un nuevo Consejo Económico y Social.

Entre otras cosas, esa resolución instaba al Gobierno de Cantabria a crear el CESCAN bajo criterios de austeridad, entre los que el Gobierno incluyó la limitación de los gastos de personal, adscribiéndole a la Dirección General competente en materia de participación. De esta manera, el CESCAN no tiene estructura de personal ni sede propia, previéndose solo el nombramiento de la persona que detente la Secretaría.

A la hora de proceder al nombramiento de la persona titular, se han detectado contradicciones en la redacción respecto al criterio de austeridad que primaba en el espíritu de la norma. Se considera además necesario para aclarar la participación de los letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico modificar el artículo 10, relativo al funcionamiento del Consejo, añadiendo un nuevo apartado 12, así como modificar la redacción de los artículos 16 y 19.

Se modifica la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, con objeto de establecer un régimen de distancias entre los distintos tipos de establecimientos de juego, así como entre estos y centros educativos y de rehabilitación de juego patológico.

La Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, modificó la citada Ley de Juego al establecer una distancia mínima entre salones de juego de 500 metros. Esta medida se amplía ahora al resto de establecimientos de juego, como son los bingos, el Casino, y locales específicos de apuestas, añadiendo además una distancia mínima entre los establecimientos de juego y centros educativos y de rehabilitación de juego patológico.

Esta medida se basa en la realidad social manifestada en los últimos años, ya que el Servicio de Juego y Espectáculos ha detectado un cambio en el perfil de los jugadores, siendo cada vez más jóvenes, probablemente debido al juego online, que en España entró en vigor en el año 2011, destacando como especialmente atractivas para ellos las apuestas deportivas, que también se pueden practicar en los establecimientos de juego en su modalidad presencial.

En este sentido, la Estrategia de juego responsable en España, nace como instrumento de coordinación entre la sociedad civil, la industria de juegos de azar y las distintas Administraciones para articular las políticas de juego responsable, siendo producto de la acción conjunta de los diferentes órganos y entidades que participan del sector del juego.

En la misma se aborda el problema del desconocimiento respecto al impacto sobre la población de la adicción al juego y la magnitud del problema. La Estrategia analiza el problema de la accesibilidad al juego (especialmente en el juego online) y lo que ello implica en relación a los menores de edad. También plantea que el juego patológico constituye un trastorno progresivo, diferenciando entre juego problemático que, si bien no se considera una patología, produce niveles altos de ansiedad y pérdidas económicas superiores de las que el jugador puede permitirse, y juego patológico, donde el jugador no tiene control sobre sus impulsos y no puede evitar jugar.

Igualmente, en la Estrategia se define Juego responsable como la elección racional y sensata de las opciones de juego, que tenga en cuenta la situación y circunstancias personales del jugador, impidiendo que el juego se pueda convertir en un problema.

Por último, la Estrategia indica las líneas de actuación a seguir en la materia señalando tres áreas de actuación: sensibilización, prevención y apoyo a los afectados.

En esta línea, dentro de las diversas reuniones celebradas por el Consejo Asesor de Juego Responsable, procede mencionar la del día 27 de marzo de 2017, en la que tuvo lugar un debate para identificar proyectos o actividades susceptibles de estudio en el Consejo, entre los que destacan los siguientes:

— Preocupación por la incidencia del juego en jóvenes y, en especial, el acceso de menores al juego y el impacto de determinadas modalidades de juego en el que está aumentando su participación.

— Enfoque de la ludopatía como una patología no necesariamente ligada a una predisposición general del individuo a sufrir adicciones.

— Definición de lo que debería ser la expresión "políticas activas de juego responsable" contenida en la normativa de juego, el estudio de nuevos mecanismos de identificación del usuario o la regulación de la publicidad de juego.

— Por último, el Delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas informó de la inminente finalización de los trabajos de elaboración de la 3ª Estrategia Nacional sobre Drogas, que tendrá una vigencia de 8 años (2017-2024), y que parte de una perspectiva equitativa en torno a las adicciones, las cuales tienen una base común; además, destacó que una de sus principales novedades será la inclusión de las adicciones sin sustancia ("otras adicciones"), ámbito en el que se aportarán datos sobre juego.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria las políticas de juego están centradas en intensificar el ámbito de la prevención. De este modo los desarrollos normativos tienen como finalidad la protección activa de los jugadores mediante medidas de control de acceso (posibilidades de autoexclusión, sistemas de identificación...). Actualmente, desde el Servicio de Juego y Espectáculos se está modernizando el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego para mejorar el sistema de autoexclusión de juego y se ha desarrollado una web específica del Servicio en la que los ciudadanos puedan encontrar toda la información relacionada con el juego responsable y la auto prohibición en nuestra región.

Al mismo tiempo, desde la Dirección General de Interior se está trabajando en el seno de un grupo de trabajo, que se creó a través de Resolución del Consejero de Presidencia y Justicia de 4 de diciembre de 2018, mediante la cual se iniciaron los pasos para la elaboración de un futuro Programa de Juego Responsable de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El objeto de este grupo de trabajo es el de analizar la situación en Cantabria de la práctica del juego en los jóvenes y reforzar la vigilancia de la situación para evitar que se produzcan los efectos nocivos del juego en este sector tan vulnerable. Se ha detectado que la población que más sufre la adicción al juego son los jóvenes en una franja de edad entre 18 y 25 años, que pueden tener acceso libre a los locales de juego, al ser mayores de edad. Sin embargo, si con esa edad ya han desarrollado adicción es porque iniciaron los hábitos de juego años antes, en muchos casos durante su edad escolar. Por estos motivos y como medida de prevención se incorpora el requisito de distancia mínima a centros docentes.

Según informe del Servicio de Juego y Espectáculos, a lo largo de los dos últimos años, se ha experimentado un aumento significativo de las consultas previas de viabilidad reguladas en el artículo 61 del Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, modificado por el Decreto 67/2014, de 6 de noviembre, para la instalación de salones de juego. Así, en el año 2019 se han autorizado 40 salones, frente a una media de 20 salones por año en el periodo 2010 a 2017, un número muy elevado para la superficie y población de Cantabria.

Por todo lo expuesto, se considera que el régimen de distancias que se plantea atiende a una razón imperiosa de interés general tanto por motivos de salud pública, al buscar la prevención y protección frente a conductas adictivas, como de seguridad y la salud de los consumidores, puesto que la medida también protege a los clientes de estos establecimientos, aunque no desarrollen una patología adictiva.

En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se adoptan medidas con la intención de clarificar el objeto de la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, la obtención de las correspondientes autorizaciones, así como el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En el ámbito de la Función Pública se ha iniciado un proceso para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, y así inicialmente la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, previó la realización de procesos de estabilización del empleo temporal en todas las Administraciones Públicas.

Esta medida se ha reproducido en la siguiente Ley de Presupuestos, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, alcanzándose a nivel estatal dos Acuerdos Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, y en Cantabria el Acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, adoptado por la Mesa General de Negociación del art. 36.3 del EBEP de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 23-11-18).

Se ha previsto normativamente la acumulación de las Ofertas de Empleo convocadas en los años 2017 y 2018, en las que se dará ejecución a los procesos de estabilización de empleo temporal, acordando que se realizarán por el sistema de concurso-oposición en el que será objeto de valoración en la fase de concurso, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados a la Administración. Si bien se podría interpretar que la regulación estatal y los Acuerdos adoptados legitiman la valoración de dichos méritos, elimina cualquier duda al respecto adecuar la literalidad de la Ley de Función Pública a lo ya regulado en iguales términos por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Se procede por ello a la supresión en la ley de Función Pública de la regulación que, en referencia a los funcionarios interinos o personal laboral con carácter no permanente, establecía que dicha condición no constituiría mérito para el acceso a la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, al objeto de los posibilitar un desarrollo adecuado de los referidos procesos, facultando para ellos la valoración de la experiencia adquirida.

La Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, creó el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). En su artículo 13, de régimen de contratación, establece que "La contratación del SEMCA se regirá por la normativa básica en materia de contratación del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la materia, correspondiendo a la Consejería competente en materia de protección civil y emergencias, a través de los órganos que tengan asignada la función, la tramitación de los expedientes de contratación y las actuaciones correspondientes a la adjudicación, suspensión, modificación o extinción de los contratos. No obstante, lo anterior, los contratos menores serán tramitados por el SEMCA y adjudicados por su Director". El artículo 14 del anexo a dicha ley, en el que se establecen los estatutos del Organismo, replica dicha distribución de competencias. Asimismo, el artículo 7.h) del anexo otorga expresamente a la Presidencia del Organismo la competencia para la actuación como órgano de contratación del SEMCA, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14 del citado anexo, en el que señala que los contratos menores serán tramitados por el SEMCA y adjudicados por su Director.

Dadas las características del organismo autónomo SEMCA, con el objetivo de dar una mayor agilidad a la tramitación administrativa y en aras de homogeneizar las competencias con el otro organismo autónomo dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia, Interior y Acción Exterior, el CEARC, se establece como órgano de contratación único a la Dirección del SEMCA, así como dotarla de la capacidad de aprobación y compromiso de los gastos, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones, salvo en los casos reservados por ley al Consejo de Gobierno, modificando el artículo 13 del texto normativo y los artículos 7, 8 y 14 del anexo correspondiente al Estatuto del Organismo Autónomo.

Asimismo, la citada Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, en su disposición adicional primera, establece la creación del Cuerpo de Técnicos de prevención, extinción de incendios y salvamento, estructurándolo en dos escalas: la escala Técnica o de Mando, encuadrada en el Grupo A, Subgrupos A1 y A2; y la escala Ejecutiva u Operativa, Grupo C, Subgrupos C1 y C2.

Sin embargo, dicha estructura de cuerpos, escalas y grupos no se ajusta a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al asignar varios grupos a un mismo cuerpo.

Por esta razón, es necesario modificar la redacción de la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria tercera para ajustar sus contenidos a lo establecido en el EBEP, de tal forma que a cada cuerpo creado le corresponda un único grupo y subgrupo, que se modifique la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria, de forma coherente y que se adecúe la mención a los nuevos cuerpos creados en los futuros concursos-oposiciones de acceso a los cuerpos creados.

La Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, tiene por objeto la regulación y ordenación de la atención farmacéutica que debe prestarse a los ciudadanos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La planificación farmacéutica de la Ley regula la atención farmacéutica que se presta en las oficinas de farmacia, y establece principios generales de ordenación en cuanto al régimen aplicable a los diferentes procedimientos de autorización de aperturas, traslados, modificación de local, cierres, transmisiones, etc., de oficinas de farmacia.

En relación al régimen de traslados de oficinas de farmacia se procura conjugar el ejercicio de este derecho con el mantenimiento de una distribución territorial equitativa de las farmacias, evitando con todo ello la desatención de zonas que venían recibiendo la prestación de este servicio. Así, en el artículo 28 de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, se establece como norma general que, "Solo se autorizará el traslado de oficinas de farmacia dentro de la misma zona farmacéutica". Con el objeto de permitir el traslado de las oficinas de farmacia abiertas atendiendo a su ubicación en un núcleo específico, dentro de dicho núcleo, se considera oportuno llevar a cabo una modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica.

El régimen de protección del Patrimonio Cultural de Cantabria se encuentra previsto en la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. A lo largo de los más de veinte años desde su entrada en vigor, el ordenamiento jurídico estatal y autonómico ha evolucionado y la Ley de Patrimonio Cultural, en la actualidad, contiene previsiones obsoletas, lo que hace oportuna su revisión. En este sentido, cabe destacar que estas reformas resultan necesarias para la adaptación de los procedimientos en materia de Patrimonio Cultural al funcionamiento electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuya completa implantación tiene como fecha límite el próximo 2 de octubre de 2020, de conformidad con la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras la modificación operada en dicha disposición por el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, las modificaciones propuestas persiguen favorecer el conocimiento y comprensión del régimen jurídico del Patrimonio Cultural al introducir en una única norma procedimientos que se encontraban incluidos en otras disposiciones reglamentarias y que precisaban así mismo de una revisión con el fin de clarificar el desarrollo de los trámites de aquellos procedimientos. De esta manera se pretende simplificar el elenco de normas que regulan la protección del Patrimonio Cultural y, a la vez, ofrecer mayor seguridad jurídica al recoger en la Ley los procedimientos administrativos, lo que facilitará la intervención de los interesados en ejercicio y defensa de sus derechos e intereses.

Igualmente hay que destacar que la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria adolece de defectos formales que dificultan su aplicación, al contener erratas de redacción, distintos términos para establecer clasificaciones y categorías, remisiones incorrectas, cuya rectificación contribuye a la simplicidad y seguridad jurídicas perseguidas con la reforma.

Por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se ha estimado la necesidad de establecer silencio negativo con relación a la declaración de Bienes de Interés Cultural, Local e Inventariados, para evitar que la apertura de un procedimiento de declaración como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria por iniciativa de parte en caso de no resolver y notificar en plazo una solicitud de declaración, pueda dar lugar a la imposición injustificada de cargas a terceros.

Por otra parte, se ha establecido el régimen de silencio negativo en los procedimientos de autorización dado que una intervención efectuada sin previo control por parte de la Administración puede generar daños en el Patrimonio Cultural cuya preservación corresponde a las Administraciones Públicas. Se considera que se refuerza esta protección si, en caso de no resolver una solicitud de autorización en plazo, el interesado debe entender denegada la autorización. De esta manera la Administración se asegura el control sobre cualquier tipo de actuación sobre los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural al ser necesario un previo examen por parte de la Administración de la actuación a realizar. Por ello, se considera necesario modificar el Anexo II de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, y añadir nuevos supuestos, además de sustituir el procedimiento actualmente recogido en el referido anexo relativo a las actividades que ahora se regulan, modificados, en los artículos 77 y 77.Ter de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre.

Estas propuestas de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte son conformes con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que se incluyen entre las razones imperiosas de interés general, la conservación del patrimonio nacional histórico y artístico.

Así mismo, se ha considerado necesario introducir una disposición adicional relativa a la exención de informes y autorizaciones en Conjuntos Histórico Artísticos que ya cuenten con Plan Especial aprobado conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, con el fin de facilitar el ejercicio de las competencias en materia de urbanismo a los Ayuntamientos que dispongan de Plan Especial de Conjunto Histórico aprobado, lo que contribuye a eliminar cargas administrativas que no están previstas ni en la Ley de Patrimonio Histórico Español ni en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, favoreciendo de esta manera la eficiencia en la tramitación de licencias de obras en el ámbito de dicha tipología de bien cultural.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria aún no dispone de una Ley que regule las medidas de reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, siendo una de las medidas ineludibles para la consecución de estos objetivos la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas desaparecidas en dicho período. Por ello, y de conformidad con lo previsto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se considera necesario introducir una disposición adicional en la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, que prevea la aplicación del Protocolo de actuación de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, cuya publicación se produjo mediante Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, de manera que esta materia cuente en nuestra Comunidad Autónoma con una previsión expresa que ofrezca mayor seguridad jurídica en cuanto a las normas a aplicar.

Se procede a modificar el apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al objeto de aclarar la dependencia orgánica del Registro de Parejas de Hecho, en el sentido de que dependerá del órgano colectivo al que se asigne la competencia de la gestión. Se evita así la posible confusión que hasta el momento actual se produce, ya que el Registro está adscrito a la Consejería competente en materia de políticas de familia, pero esa competencia se encuentra repartida entre varias Consejerías del Gobierno.

Se recoge expresamente en la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte que las federaciones pueden celebrar, si lo estiman necesario, dos Asambleas Generales ordinarias, una para la aprobación de las cuentas, que será necesariamente antes de junio (derogándose la fecha del Decreto 72/2002, que es 1 de febrero), y la que trate el calendario deportivo y las nuevas cuotas de temporada, que será necesariamente antes de su inicio. En consecuencia, se propone introducir dos apartados en el artículo 23 de la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, en este sentido.

De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, de fecha 30 de mayo de 2019, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se alcanzó un acuerdo entre ambas administraciones para modificar determinados preceptos de la Ley citada.

En cumplimiento de dicho acuerdo se procede a la modificación de los artículos 56, 65.1 y 86.2 de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Igualmente, se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria con el fin de adecuar las previsiones de la misma a los cambios introducidos por la Ley de Régimen Jurídico y la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de adecuar la regulación del control de los gastos a la evolución producida en las Administraciones Públicas en este sentido, y de adaptar el seguimiento de medidas correctoras del control financiero permanente a las necesidades detectadas fruto de su aplicación. Igualmente, se adoptan medidas técnicas en materia de compromisos de gasto de carácter plurianual y anticipos de caja fija.

En septiembre de 2011 se elaboró por el Gobierno de Cantabria, junto con los Ayuntamientos afectados, una propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición de viviendas. En esa misma fecha, se dio conocimiento de dicho plan a los órganos judiciales de Cantabria con competencia en la ejecución de las resoluciones judiciales que eran objeto de análisis en el mismo.

Resulta indudable la extraordinaria dimensión económica del problema, habida cuenta de los importantes desembolsos que exige el exacto cumplimiento de los fallos judiciales, procediendo a la demolición de las edificaciones ilegales y reponiendo el suelo a su primitivo estado, después.

El Gobierno de Cantabria autorizó compromisos de gasto de carácter plurianual hasta el ejercicio 2025 para hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios de responsabilidad patrimonial.

Si bien es cierto que dichos gastos plurianuales garantizan las cantidades fijadas para cada ejercicio en el correspondiente presupuesto anual, lo cierto es que los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedan anulados de pleno derecho, lo cual implica cierta ineficacia y rigidez para hacer frente al problema de los derribos. En primer lugar, obliga a la Administración a ir presupuestando anualmente unas cantidades que son muy difíciles de prever, pues la necesidad de su utilización dependerá de las resoluciones judiciales, y así viene sucediendo que, en numerosas ocasiones, no se agota la anualidad correspondiente, lo que a su vez obliga a reajustar ese compromiso de gasto plurianual, comprometiendo el presupuesto de gasto de futuros ejercicios, en que sí será necesaria su ejecución.

Por otro lado, la atención personalizada y la gestión de una forma integral de los pagos en metálico o en especie a favor de los afectados, y derivados de expedientes de responsabilidad patrimonial (no olvidemos que se trata de familias que llevan padeciendo una incertidumbre durante décadas), que en su inmensa mayoría han solicitado, cuando no convenido, la finalización de los citados expedientes de responsabilidad patrimonial, lo que, a su vez, lleva aparejado otros compromisos previos por parte de la administración autonómica, distintos del mero abono de una cantidad (por ejemplo, la construcción, en su caso, de viviendas de sustitución), hace necesario buscar un mecanismo más ágil y eficaz, apoyado en el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.

El Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 18 de marzo de 2019, aprobó una resolución instando al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos afectados a:

1. Cumplir y hacer efectiva la Declaración Institucional aprobada el 2 de mayo de 2017.

2. Dar una solución definitiva a todos los afectados, por parte de las Administraciones Públicas, a la situación que sufren cientos de familias, por el grave problema de las sentencias de derribo, evitando la pérdida de patrimonio, cumpliendo los Convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria.

3. Durante el año 2019, crear los fondos necesarios para afrontar y desarrollar los Convenios firmados por el Gobierno de Cantabria, requiriendo las garantías por las responsabilidades patrimoniales pertinentes y reprobaciones, si procede, de aquellos que incumplan, entorpezcan, o dilaten las citadas resoluciones del propio Parlamento de Cantabria.

4. Manifestar la importancia de seguir avanzando en nuestro ordenamiento jurídico en cuantas iniciativas sean precisas, para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo.

Asimismo, el 28 de octubre de 2019 el Parlamento de Cantabria acordó por unanimidad, ratificar la Declaración Institucional aprobada el 2 de mayo de 2017.

Aunque ya se venía trabajando durante meses en esta solución, para un mejor desarrollo del punto tercero de la citada resolución del Parlamento de Cantabria, el Gobierno de Cantabria se plantea la creación de un Fondo de Derribos, acumulable anualmente con los recursos presupuestados y de cualquier naturaleza. Adicionalmente con las operaciones que sea necesario realizar a través del Instituto de Finanzas de Cantabria o con instituciones financieras.

Por otra parte, el artículo 2.3 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, establece que "Se regula por esta Ley el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se realice mayoritariamente desde los Presupuestos de la Comunidad Autónoma".

Sin embargo, y a pesar de que en dicha Ley se recogían los principios generales del régimen de los fondos sin personalidad jurídica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, había que acudir para completar el mismo, y supletoriamente, a lo dispuesto en el derecho estatal, concretamente en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A mayor abundamiento, en el ordenamiento jurídico autonómico se observaba una laguna legal consistente en que los fondos carentes de personalidad jurídica no se encontraban en el listado de entes del sector público autonómico, ni en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ni en el propio artículo 2 de la propia Ley de Finanzas de Cantabria. Por lo tanto, y atendiendo a razones de técnica legislativa, se entiende que, para la creación de un fondo sin personalidad jurídica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, es necesario completar el marco legal general de este tipo de entidades, introduciendo modificaciones en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre.

Mediante la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se modificó la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de Consumidores y Usuarios. La citada modificación tenía por objeto garantizar y aún elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios en determinadas instalaciones de suministro de combustibles y carburantes de automoción, las desatendidas, permitiendo, no obstante, estas instalaciones cuando se cumplieran determinados requisitos.

Sin embargo, esta reforma fue analizada por la Comisión Europea en el marco de procedimiento EU Pilot (2017) 9146 "Estaciones de servicio automáticas en España. Libertad de establecimiento", al amparo del cual se dictaminó la oportunidad de modificar esa nueva regulación bajo amenaza de sanción, y justificó también que con fecha 28 de septiembre de 2018 la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria firmara un acuerdo en virtud del cual, entre otras cuestiones, se acordaba la supresión de aquellos aspectos de la nueva regulación que entraran en conflicto con la normativa estatal y el ordenamiento de la Unión Europea.

Por ello, se procede a la derogación de la disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, pasando la disposición adicional primera a ser la disposición adicional única.

Por último, se hace constar expresamente que las medidas administrativas practicadas se adecuan a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, en ningún caso se restringen o minoran derechos de los ciudadanos y siendo el instrumento más adecuado para la consecución del fin perseguido y no comportado incremento del gasto no previsto presupuestariamente.

TÍTULO I. 
Medidas fiscales

CAPÍTULO I. 
Tributos propios

Artículo 1. 
Modificación de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

Uno. Tasas aplicables por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo.

Tasa por ordenación del sector turístico

Se modifica la Tasa por ordenación del sector turístico, Tarifa 1, apartado b) «Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de actividad, ampliación y reforma de establecimientos hoteleros, extra hoteleros, turismo rural y cabañas pasiegas» de las aplicables por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, quedando redactada como sigue:

Dos. Tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

1. Se modifica la Tasa "9. Tasas por servicios prestados por el Centro de Formación Náutico-Pesquera.", quedando de la siguiente forma:

2. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 6. ‒ Tasa por permisos para cotos de pesca continental la "Tarifa 3.- Acotados de cangrejo".

3. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 7. Tasa por expedición de licencias de pesca continental el apartado Bonificaciones.

"Bonificaciones.- La tasa estará sujeta a la bonificación del 50% del importe en el caso de la solicitud de duplicado de la licencia por pérdida o deterioro de la licencia original. Se expedirá el duplicado manteniendo el período de vigencia del original y haciendo constar en el documento dicha circunstancia."

4. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 8. Tasa por licencias de caza y matrículas de cotos de caza el apartado Bonificaciones.

"Bonificaciones.- Las tarifas correspondientes a la expedición de licencias de caza estarán sujetas a la bonificación del 50% del importe en el caso de la solicitud de duplicado de la licencia por pérdida o deterioro de la licencia original. Se expedirá el duplicado manteniendo el período de vigencia del original y haciendo constar en el documento dicha circunstancia."

5. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se modifica dentro de la Tasa 13. Tasa por permisos de caza en la Reserva Regional del Caza Saja el apartado Bonificación que tendrá la siguiente redacción:

6. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se modifica dentro de la Tasa 14. Tasa por jabalí cazado en la Reserva Regional del Caza Saja el apartado Bonificación que tendrá la siguiente redacción:

7. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime la Tasa 15. Tasa por lobo cazada en batidas de jabalí en la Reserva Regional de Caza Saja.

Tres. Modificación de las Tasas aplicables por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

1. Se modifica el apartado Noveno, punto 4, de la Tarifa T5: Embarcaciones deportivas y de recreo, de la Tasa "3 Tasas Portuarias", quedando como sigue:

2. Dentro de la "3 Tasas portuarias" tarifa Tarifa T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo, se modifica la tarifa Novena, quedando como sigue:

Cuatro. Modificación de las Tasas aplicables por la Consejería Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.

Se modifica la "5. Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de protección civil", que queda redactada como sigue:

Cinco. Modificación de las tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.

1. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, se suprime la numerada como Tasa 5: «5. Tasas por servicios de certificaciones, copias, y reproducción de documentos en la Biblioteca Central de Cantabria» establecida por la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.

2. Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, se modifica la "Tasa 1, Tasas por servicios de certificaciones, copias, diligencias y reproducción de documentos en el Archivo Histórico", que queda con la siguiente redacción:

3. Dentro de las tasas aplicables a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se modifica la Tasa 2 que tendrá la siguiente redacción:

Seis. Modificación de las tasas aplicables por la Consejería de Sanidad.

Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Sanidad, se modifica la Tasa "5.- Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos sujetos a control oficial.", que queda redactada como sigue:

Siete. Se procede a renumerar las tasas recogidas en el Anexo I de la ley y ordenarlas en función de la reorganización de las Consejerías operada por Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2. 
Modificación de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Se modifica el artículo 31 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. mediante la inclusión de un nuevo apartado que se denominará 4.BIS y tendrá la siguiente redacción:

CAPÍTULO II. 
Tributos cedidos

Artículo 3. 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio.

Uno. Se modifica artículo 2.1. del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Dos. Se modifica el párrafo tercero del artículo 2.3. del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Tres. Se modifica el artículo 2.7 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Cuatro. Se modifica el artículo 2.8 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Cinco. Se modifica el primer párrafo del artículo 2.9 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Seis. Se suprime la deducción autonómica regulada en el apartado 10 del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, y se sustituye por la Deducción por nacimiento y adopción de hijos que tendrá la siguiente redacción:

Siete. Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, con el siguiente contenido:

Ocho. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, con el siguiente contenido:

Nueve. Se modifica el artículo 9.3. apartado b) del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Diez. Se modifica el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción.

Once. Se suprime al apartado 2 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio.

Doce. Se modifica el apartado 3 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Trece. Se modifica el apartado 4.b) del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

Catorce. Se modifica el apartado 11 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que queda redactado como sigue:

Quince. Se modifica el apartado 1.1 del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:

TÍTULO II. 
Medidas administrativas

Artículo 4. 
Modificación de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria.

Uno. Se modifica la redacción del apartado 4.e) del artículo 5 de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, que pasará a tener la siguiente redacción:

Dos. Se modifica la redacción del apartado 5. b) del artículo 7 de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, que pasará a tener la siguiente redacción:

Tres. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 11 de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, que pasará a tener la siguiente redacción:

Cuatro. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, quedando redactado:

Artículo 5. 
Modificación de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Uno. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 4 en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se suprime el apartado 2 del artículo 49 en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria quedando el artículo con un párrafo único.

Cuatro. Se modifica el artículo el art. 50, 1 c) de la ley 5/ 2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:

Cinco. Se modifica el artículo 51 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se añaden los artículos 51.bis, 51.ter, 51.quater y 51.quinquies, que quedan redactados en los siguientes términos:

Seis. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 86 en los siguientes términos:

Siete. Se modifica el artículo 90 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:

Ocho. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado tercero del artículo 91 en los siguientes términos:

Nueve. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados cuarto b) 3º y 5º del artículo 91 en los siguientes términos:

Diez. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 2 del artículo 93 en los siguientes términos:

Once. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 102 en los siguientes términos:

Doce. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 2 del artículo 108 en los siguientes términos:

Trece. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 115 en los siguientes términos:

Catorce. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 3 y 4 del artículo 124 en los siguientes términos:

Quince. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado primero del artículo 125 en los siguientes términos:

Dieciséis. Se introduce un nuevo capítulo VII en el Título IV de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, con la siguiente redacción:

Diecisiete. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartado1, 3, párrafo primero, 4 y 6 del artículo 134 en los siguientes términos:

Dieciocho. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado segundo del artículo 151 en los siguientes términos:

Se suprime el segundo párrafo del apartado segundo del artículo 151 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de forma que el apartado segundo queda redactado de la siguiente manera:

Diecinueve. Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado tercero del artículo 171 en los siguientes términos:

Veinte. Se añade una nueva disposición transitoria cuarta en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactada en los siguientes términos:

Veintiuno. Se modifica la disposición final primera de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:

Veintidós. Se incorporan al Anexo I "Relación de Procedimientos Administrativos cuyo plazo máximo para notificar la Resolución expresa es superior a seis meses" de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los siguientes procedimientos:

Veintitrés. Se incorporan al Anexo II "Relación de Procedimientos Administrativos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios", de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los siguientes procedimientos:

Veinticuatro. Se modifica el Anexo II de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluyendo un nuevo apartado en la relación de procedimientos administrativos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios.

Artículo 6. 
Régimen Sancionador en materia de pesca, marisqueo y acuicultura.

Primero. Objeto

El objeto de este artículo es regular el ejercido de la potestad sancionadora en materia de protección y conservación de los recursos marinos, actividades extractivas de productos pesqueros, acuicultura, ordenación del sector pesquero, así como los relativos al buceo y a la formación náutico-pesquera y náutico-deportiva.

Este régimen sancionador es aplicable, en relación con las infracciones cometidas en el territorio de la Comunidad Autónoma, en la zona marítimo-terrestre, en las aguas marítimas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva del litoral de Cantabria, con pleno respecto a las competencias del Estado.

Segundo. Potestad sancionadora

La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el resto de disposiciones que sean aplicables.

Tercero. Sujetos responsables

1. Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas que por acción u omisión realicen las conductas tipificadas en este artículo.

2. Serán responsables de las infracciones cometidas por los menores de edad no emancipados o las personas declaradas judicialmente incapaces, las persona que ejerzan la patria potestad o la tutela.

3. Cuando la infracción sea imputable a varias personas y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno, responderán solidariamente:

a) Los propietarios de los buques, armadores, fletadores y patrones o quienes dirijan las actividades respecto de las infracciones cometidas durante el desarrollo de la actividad pesquera y marisquera a flote.

b) Los propietarios de las empresas y el personal responsable de su actividad en lo relativo a acuicultura, comercialización y transformación de productos.

c) Los propietarios de la empresa de trasporte y quienes participen en el transporte, en el caso de las infracciones cometidas en el ejercicio de esta actividad.

d) Las personas titulares y las entidades gestoras de las lonjas y de los centros de venta, así como el personal responsable de su actividad, en caso de infracciones que afecten a la comercialización de productos de la pesca, el marisqueo o la acuicultura.

e) Las personas titulares de empresas de hostelería y comercio en el caso de infracciones cometidas en la oferta de productos pesqueros que no cumpla los requisitos legales para su tenencia y comercialización.

Cuarto. Concurrencia de responsabilidades

1. La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en el presente artículo es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que haya lugar.

2. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

4. Cuando la conducta infractora pueda ser constitutiva de delito, se dará traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador hasta que el fiscal archive la denuncia o la autoridad judicial dicte resolución firme que ponga fin al procedimiento.

De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.

Quinto. Extinción de la responsabilidad

La responsabilidad derivada de la comisión de infracciones tipificadas en el presente artículo se extinguirá:

a) Por el fallecimiento de la persona física sancionada.

b) Por cumplimiento de la sanción impuesta.

c) Por la prescripción de la infracción.

d) Por prescripción de la sanción.

Sexto. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones tipificadas en el presente artículo prescriben a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y al año las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos y al año las impuestas por infracciones leves.

3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o desde el último acto con que la infracción se consuma.

4. Cuando los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripción se computará desde que éstos se manifiesten.

Séptimo. Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas

1. Dependiente de la Consejería competente en materia de pesca, se creará el Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas, en el que se deberán inscribir de oficio todas las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme como consecuencia del ejercicio del procedimiento de la potestad sancionadora prevista en el presente artículo.

Este registro no tendrá carácter público, y su acceso por terceros exige el consentimiento expreso de la persona que afectada.

2. El registro contendrá los extremos que se detallan en el anexo II de la presente Ley.

3. Las personas infractoras que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la cancelación de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en dicho Registro, una vez transcurrido el plazo de un año.

4. Este registro habrá de coordinarse con el Registro Nacional de infracciones graves a la política pesquera común, regulado en el Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero.

Asimismo, la Consejería competente puede acordar mecanismos de coordinación con otras Comunidades Autónomas para la efectividad del Registro, en términos de reciprocidad.

Octavo. Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

a) El ejercicio de la actividad sin llevar consigo la correspondiente licencia o cualquier otro documento exigido por la normativa vigente.

b) El cumplimiento defectuoso de las preceptivas obligaciones de información a las Administraciones Públicas.

c) El cumplimiento defectuoso de las normas de señalización e identificación cuando no impidan las labores de inspección.

d) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación pesquera comunitaria o previstas en Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales en materia de pesca y marisqueo en aguas interiores y que no constituyan infracción grave o muy grave.

e) El uso para la práctica de la pesca deportiva de más utensilios de los permitidos.

f) La cumplimentación incorrecta del libro registro de la actividad pesquera, así como los documentos de captura y desembarco, que no supongan una alteración de los datos relativos a capturas o esfuerzo pesquero.

g) La práctica de la actividad extractiva y de selección de capturas con luces que dificulten la visibilidad de las reglamentarias.

Noveno. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

1. Con carácter general:

a) El ejercicio de la actividad careciendo de la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

b) El incumplimiento de normas o condiciones establecidas por la Administración competente para la concesión de la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

c) La alteración de los datos y circunstancias que figuren en la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

d) La transmisión, cesión o préstamo de la licencia, autorización o título administrativo habilitante en los casos en los que, sea intransmisible o cuando, siéndolo, no se comunique a la Administración.

e) La presentación de información o documentos falsos, así como no proporcionar determinados datos que tuviese la obligación de aportar y que pudieran llevar a la Consejería competente a otorgar un beneficio a la persona interesada que, en caso contrario, no podría obtener.

f) La falta de colaboración, por acción u omisión, de las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones públicas competentes, sin llegar a impedir su ejercicio.

g) Atentar verbalmente contra los inspectores en el ejercicio de sus funciones.

h) Negarse, al ser requerido por los inspectores, a devolver las capturas al mar, o a entregársela en el caso de que la devolución a su ecosistema sea inviable.

i) Deshacerse de las capturas o artes con el objeto de impedir la labor inspectora, con independencia de que se recuperen posteriormente.

j) El empleo de embarcaciones que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la actividad, o para realizar una actividad distinta de la autorizada.

k) La realización de actividades no permitidas en las zonas de protección así declaradas.

l) La realización de actividades que provoquen una alteración o destrucción de los recursos marisqueros y pesqueros.

m) La captura o recolección de cualquier especie en el medio marino que no esté considerada como permitida en la normativa reguladora de la materia.

2. En lo relativo a actividades extractivas:

a) La realización de actividades extractivas en zonas cerradas por motivos higiénico-sanitarios.

b) El incumplimiento de las normas de identificación y señalización.

c) El incumplimiento de la obligación de llevar visible en la forma prevista reglamentariamente el folio y la matrícula del buque, impedir su visibilidad o manipularla dificultando el ejercicio de la actividad inspectora.

d) El incumplimiento de las normas sobre esfuerzo pesquero o cupos de capturas.

e) La cesión del excedente de la pesca capturada.

f) El incumplimiento de los horarios establecidos reglamentariamente.

g) El empleo o tenencia de aparejos, artes, utensilios o medios no autorizados o con malla antirreglamentaria.

h) El empleo o tenencia a bordo de cualquier artefacto o dispositivo que reduzca la selectividad de las artes, aparejos o útiles.

i) La realización de la actividad en épocas, fondos o zonas vedadas o prohibidas.

j) La realización de la actividad incumpliendo las distancias o profundidades reglamentarias.

k) Salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente, la captura, conservación abordo, utilización como cebo, transbordo, desembarco, almacenamiento y transporte, así como la tenencia, cesión a terceros, exposición a la venta y venta de:

Ejemplares por debajo de las tallas mínimas establecidas.

Hembras ovadas de crustáceos.

Especies prohibidas.

Especies sujetas a vedas con carácter general o para la modalidad autorizada, durante el período de vigencia de la misma.

Cantidades de pesca superiores a las autorizadas.

l) La tenencia, antes de su primera venta, de especies capturadas sin contar con la autorización necesaria o en condiciones distintas a las establecidas en la autorización.

m) El desembarco o descarga de productos fuera de los puertos o de las zonas autorizadas para ello, así como fuera del horario establecido.

n) La venta o intercambio de las capturas obtenidas en el ejercicio de la pesca deportiva.

ñ) El incumplimiento de las normas sobre transporte y arrumaje de artes y aparejos.

o) La ausencia a bordo, la falta de cumplimentación, así como la cumplimentación incorrecta de los documentos de captura y desembarco exigidos reglamentariamente.

p) No llevar instalados a bordo los sistemas de control y localización exigibles por la normativa vigente, así como manipularlos, alterarlos, dañarlos o interferir sus comunicaciones.

q) Tener mayor potencia de motores que la máxima autorizada en la embarcación que se utilice para ejercer la actividad.

r) La captura de productos pesqueros mediante buceo salvo que se autorice expresamente.

s) El ejercicio de la actividad extractiva profesional sin llevar puesto el chaleco reglamentariamente previsto, impedir su visibilidad o manipularlo dificultando el ejercicio de la actividad inspectora.

t) El incumplimiento de normas que afecten al número y enrole de la tripulación.

u) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de Convenios, Acuerdos, Tratados Internacionales o Normas establecidas en el seno de las Organizaciones Regionales de Pesca u otras Organizaciones Internacionales, cuando suponga una vulneración de las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.

v) Utilizar equipos de buceo autónomo o semiautónomo o propulsión subacuática para la práctica de la pesca submarina.

w) Cargar o mantener cargado el fusil de pesca submarina fuera del agua o dentro de la zona de protección establecida mediante distancias mínimas.

x) Organizar concursos de pesca de recreo sin autorización o incumpliendo lo establecido en la misma.

3. En lo relativo a la acuicultura:

a) El cambio de especies en establecimientos de acuicultura sin la debida autorización.

b) El incumplimiento de las normas de control de producción de los establecimientos de acuicultura.

c) El incumplimiento de las obligaciones de señalización y balizamiento que se impongan reglamentariamente.

d) La inmersión o siembra de especies autorizadas, cuando se incumplan las condiciones establecidas en la autorización.

e) La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en establecimientos de acuicultura.

f) La liberación de organismos al medio sin autorización.

4. En lo relativo a formación:

a) Impartir enseñanzas en centros no autorizados.

b) El incumplimiento en las condiciones por las cuales se ha concedido la autorización administrativa para impartir enseñanzas en estas materias.

c) El incumplimiento de las normas reglamentarias previstas sobre la enseñanza y formación de estas materias.

d) La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos o tarjetas de identificación deportiva.

5. En lo relativo a actividades de buceo:

a) El ejercicio de actividades de buceo sin el preceptivo seguro de accidentes y responsabilidad civil.

b) El incumplimiento en las condiciones establecidas en las autorizaciones de los trabajos subacuáticos.

c) Los incumplimientos en materia de seguridad subacuática.

d) El ejercicio de actividades de buceo sin la preceptiva señalización.

e) La posesión de un título deportivo o tarjeta de identificación falso.

Décimo. Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

1. Con carácter general:

a) La obtención de un beneficio al que en condiciones normales no hubiese tenido derecho, especialmente en los supuestos de autorización o licencia, cuando para ello se haya empleado información o documentos falsos.

b) El uso o tenencia de documentación o elementos identificativos falsificados para el ejercicio de las actividades reguladas por esta norma.

c) La falta de colaboración u obstrucción, por acción u omisión, de las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones Públicas competentes, impidiendo su ejercicio.

d) El empleo de violencia contra los inspectores en el ejercicio de sus funciones.

2. En lo relativo a actividades extractivas:

a) La realización de actividades dirigidas a impedir el derecho al ejercicio de la actividad extractiva de terceros.

b) El uso de artes o métodos de arrastre en aguas interiores.

c) El uso o tenencia de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas o contaminantes durante el ejercicio de la actividad.

d) La destrucción o deterioro del entorno marino durante el ejercicio de la actividad extractiva cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.

3. En lo relativo a la acuicultura:

a) La instalación de establecimientos de acuicultura sin contar el título habilitante que autorice la actividad.

b) La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en establecimientos de acuicultura cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.

4. En lo relativo a formación:

a) La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos o tarjetas de identificación profesional.

b) El incumplimiento de las medidas de seguridad o la falta del preceptivo seguro en la realización de las actividades de formación.

5. En lo relativo a actividades de buceo:

a) La realización de trabajos subacuáticos profesionales sin la preceptiva autorización administrativa.

b) La posesión de un título o tarjeta de identificación profesional falso.

Undécimo. Clases de sanciones

1. Por la comisión de las infracciones tipificada en este artículo podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Asignación de puntos.

c) Inmovilización temporal del buque.

d) Incautación del buque.

e) Clausura temporal de las instalaciones.

f) Decomiso de artes, aparejos o útiles de la pesca.

g) Decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones.

h) Inhabilitación para el ejercicio de las actividades.

i) Suspensión, retirada o no renovación de los títulos habilitantes.

j) Imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas

2. Las sanciones recogidas en el apartado anterior podrán ser acumulables.

3. La imposición de dichas sanciones se realizará de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Las multas podrán imponerse de acuerdo con las reglas previstas en los apartados Duodécimo y Décimo tercero.

b) La asignación de puntos se realizará de acuerdo con la normativa en vigor.

c) La inmovilización temporal del buque no podrá ser superior a un periodo de un año en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

d) La incautación del buque sólo podrá imponerse en caso de infracciones muy graves.

e) La clausura temporal de las instalaciones no podrá ser superior a un periodo de un año en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

f) El decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones podrá imponerse con independencia de la calificación de la infracción.

g) La inhabilitación para el ejercicio de las actividades no podrá ser superior a un periodo de tres años en caso de infracciones graves y de cinco años en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

h) La imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas no podrá ser superior a un periodo de tres años en caso de infracciones graves ni de cinco en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

4. Con independencia de las multas que puedan corresponder como sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la infracción correspondiente.

Duodécimo. Criterios de graduación de las sanciones

1. Para la determinación de las sanciones se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:

a) La naturaleza de los perjuicios causados y daños producidos a los recursos y el medio natural.

b) Los perjuicios causados al sector profesional.

c) La puesta en peligro de la salud pública con la comisión de la infracción.

d) El volumen de capturas o extracciones, su talla y peso.

e) El beneficio que pudiese obtener con la comisión de la infracción.

f) El precio en lonja o de mercado de las especies capturadas, cultivadas, transportadas o comercializadas.

g) La intencionalidad o negligencia.

h) La reincidencia, existiendo esta cuando en el plazo de un año se cometa más de una infracción del mismo tipo y calificación, siempre que se haya sido declarado por resolución firme.

i) La reiteración, existiendo esta cuando se dé el supuesto reglado para la reincidencia y no exista resolución firme.

j) El grado de colaboración con los inspectores.

k) Otros criterios o circunstancias debidamente motivados

2. En ningún caso la comisión de una infracción de la normativa pesquera puede ser más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. En consecuencia, el importe de las sanciones deberá incrementarse hasta alcanzar como mínimo la totalidad del rendimiento económico estimado o del daño producido atribuido a la actividad sancionada, y hasta el límite máximo de las multas establecidas en el artículo anterior. Si el rendimiento o el daño producido superasen estos límites, se determinará mediante una indemnización diferenciada de la sanción, preferentemente en el mismo procedimiento.

Decimotercero. Multas

Las infracciones administrativas tipificadas en el presente artículo serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves con multa de 100 a 600 Euros.

b) Las infracciones graves con multa de 601 a 60.000 Euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de 60.001 a 100.000 Euros.

Decimocuarto. Reducción de las multas

1. La cuantía de las multas por las infracciones reguladas en el presente artículo se reducirán de conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Estas reducciones también se aplicarán en las indemnizaciones si se efectúa el pago en el mismo acto que la multa.

3. El pago voluntario realizado bajo las condiciones y plazos fijados en el presente artículo, conllevará las siguientes consecuencias:

a) La terminación del procedimiento sancionador sin necesidad de resolución expresa.

b) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

c) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago voluntario.

d) La firmeza de la sanción en vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

4. La reducción de la multa por pago voluntario en ningún caso afectará al resto de sanciones accesorias que hayan podido ser impuestas.

Decimoquinto. Órganos competentes.

1. La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la Dirección General con competencia en la materia.

2. Son órganos competentes para resolver los expedientes sancionadores:

a) Para infracciones leves y graves la persona titular de la Dirección General competente en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.

b) Para las infracciones muy graves la persona titular de la Consejería competente en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura

Decimosexto. Plazo de tramitación

1. El plazo máximo para tramitar, dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación.

2. El transcurso de este plazo podrá interrumpirse por causas imputables a las personas interesadas o suspenderse en los supuestos legalmente previstos.

3. Una vez transcurrido del plazo máximo de seis meses se declarará la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de la posible apertura de un nuevo expediente sancionador en el caso de que no haya prescrito la infracción.

Decimoséptimo. Medidas provisionales

1. Para asegurar el buen fin del procedimiento y la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, podrán adoptarse motivadamente las siguientes medidas provisionales:

a) Decomiso de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, o de los bienes obtenidos, incluidos a estos efectos el importe económico de la venta de los bienes o productos decomisados.

b) Incautación de artes, aparejos, enseres de pesca y marisqueo, vehículos, embarcaciones, equipos u otros accesorios que hayan sido empleados en la comisión de infracciones tipificadas en este artículo como graves o muy graves.

c) Constitución de fianza. En el supuesto de exigencia de garantía, esta no tiene que superar el importe de la sanción que como máximo podría corresponder por la infracción o las infracciones cometidas.

d) Cierre temporal de las instalaciones y de los establecimientos.

e) Suspensión temporal de la licencia o título administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad, así como la retención de cualquier medio oficial que le identifiquen como persona autorizada para realizar la actividad.

f) Retención temporal de la tarjeta profesional náutico-pesquera que habilita para el ejercicio de la profesión de capitán, o patrón, en un barco pesquero.

g) Suspensión temporal de la actividad o de la actuación que suponga una infracción en materia de conservación del medio marino hasta que se adopten las medidas que garanticen su cese.

h) Retención o apresamiento del buque.

i) Retorno a puerto del buque.

j) Retención temporal de la tarjeta de buceo profesional.

2. En todo caso se incautarán los aparejos, artes, instrumentos y equipos prohibidos o antirreglamentarios y se procederá al decomiso de los productos obtenidos ilegalmente.

3. El órgano competente para iniciar el procedimiento deberá confirmar, modificar o levantar la medida provisional en el plazo máximo de quince días, acordando el inicio del expediente sancionador, quedando en caso contrario sin efecto la medida provisional.

4. La adopción de estas medidas se realizará mediante acuerdo motivado, poniendo de relieve en cada caso concreto su necesidad en función de los objetivos que se pretendan garantizar, así como su intensidad y proporcionalidad en relación, entre otras, con las siguientes circunstancias:

a) Naturaleza del posible perjuicio causado.

b) Necesidad de garantizar la efectividad de la resolución sancionadora.

c) Necesidad de evitar la continuidad de los efectos de los hechos denunciados.

d) Cualquier otra circunstancia de específica gravedad que justifique la adopción de dichas medidas.

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

6. Las medidas provisionales adoptadas se extinguirán al dictarse la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador. No obstante, en la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar la eficacia de la misma en tanto no sean ejecutiva.

Decimoctavo. Destino de los productos y bienes decomisados obtenidos como medida provisional

1. Los buques, artes o medios de transporte aprehendidos o retenidos cautelarmente podrán ser devueltos previa constitución de la fianza o garantía financiera que fije el órgano competente, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, el bien decomisado quedará a disposición de la Dirección General de Pesca y Alimentación, que podrá decidir sobre su ubicación y destino de acuerdo con la legislación vigente.

2. Los artes, aparejos o útiles, equipos y otros accesorios antirreglamentarios reglamentarios serán destruidos.

3. El destino de las capturas y/o productos pesqueros decomisados será el siguiente:

a) Cuando las capturas decomisadas tuviesen posibilidades de sobrevivir, el agente de la autoridad instará a su devolución al medio del cual han sido extraídos.

b) Cuando las capturas decomisadas sean aptas para el consumo, el órgano competente para la iniciación dispondrá alguno de los siguientes destinos:

— Distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

— Venderse en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito a disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

— Como última opción, y únicamente en los casos en que ninguna de las opciones anteriores sea posible, se categorizarán como subproductos animales no destinados al consumo humano, y se tratarán conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que en todo caso proceda su destrucción.

c) En el supuesto de capturas decomisadas no aptas para el consumo, se procederá a su clasificación y tratamiento como subproductos animales no destinados al consumo humano, conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que en todo caso proceda su destrucción.

4. Si en la resolución del procedimiento sancionador se aprecia la comisión de una infracción, los objetos decomisados que no sean susceptibles de un uso lícito deben ser destruidos. Si son de uso lícito y la resolución sancionadora no ha establecido su decomiso como sanción accesoria o medida cautelar, se resolverá su devolución.

5. El importe de los gastos derivados de la adopción de las medidas anteriormente descritas, y especialmente las de destrucción, conservación, mantenimiento y custodia que conlleven las medidas provisionales y las sanciones accesorias, serán de cuenta del imputado si en la resolución del expediente se apreciara la comisión de la infracción.

6. Si la persona interesada no se hiciera cargo de los bienes decomisados en el plazo de seis meses desde que hubiera sido requerida fehacientemente para ello, haya finalizado el plazo para que pague la fianza sin que haya depositado la misma, o no haya podido ser identificada, se presumirá su abandono, procediendo la Consejería competente a determinar su destino, que podrá consistir en su inclusión como bien de la Administración Pública, su venta en subasta pública, su entrega a entidades sin ánimo de lucro o de carácter benéfico o en su destrucción.

7. De todas estas actuaciones se dejará constancia en acta.

Decimonoveno. Medidas restauradoras

1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que en cada caso proceda, la persona infractora está obligado a realizar a su costa las medidas restauradoras que se establezcan en la resolución del expediente con la finalidad de reponer a su estado originario la situación alterada por la infracción.

2. Si no llevase a cabo estas medidas en el plazo previsto, la Administración podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas a su costa.

3. En cualquier caso, el causante deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. La cuantía de dicha indemnización será determinada y exigida por el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador bien en la resolución que ponga fin a dicho procedimiento o bien a través de un procedimiento distinto en el que, en todo caso, deberá garantizarse el derecho de audiencia del interesado.

Vigésimo. Remisión a la normativa estatal

En todo lo no previsto por este artículo en materia de infracciones y sanciones, se estará a lo establecido en las normas básicas dictadas por el Estado.

Artículo 7. 
Modificación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Uno. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de la siguiente manera:

Dos. Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 16, en los siguientes términos:

Tres. Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 1 del artículo 17, en los siguientes términos:

Cuatro. Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 19, en los siguientes términos:

Cinco. Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 20, en los siguientes términos:

Seis. Se modifica el artículo 28 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactado de la siguiente manera:

Siete. Se modifica el artículo 38.1.c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de la siguiente manera:

Ocho. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de la siguiente manera:

Artículo 8. 
Modificación de la Ley de Cantabria 1/2014, de17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera.

Se modifica el apartado 5 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 1/2014, de17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 9. 
Modificación de la Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria.

Uno. Se modifica el artículo 10.12. de la Ley de Cantabria 8/2018 de 2 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria, que queda redactado como sigue:

Dos. Se modifica el artículo 16 de la Ley de Cantabria 8/2018, de 2 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria, que queda redactado como sigue:

Tres. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 19.

Artículo 10. 
Modificación de la Ley 15/2006, de 24 de octubre, del Juego de Cantabria.

Uno. Se modifica el artículo 11 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, que queda redactado como sigue:

Dos. Se elimina el apartado 4 del artículo 14 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:

Tres. Se modifica la Disposición transitoria sexta, "Salones de Juego", que queda redactada como sigue:

Artículo 11. 
Modificación de la Ley de Cantabria de 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria.

Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, suprimiendo los párrafos c), d) y e), renumerando los restantes del apartado 2 y modificando la redacción el apartado 3, quedando el artículo redactado como sigue:

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:

Tres. Se modifica la redacción de los apartados B-3 y B-4 del Anexo de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, denominado Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas, que pasan a tener la siguiente redacción:

Artículo 12. 
Modificación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria.

Se modifica la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria en los siguientes términos:

Uno. Se suprime el apartado cinco del artículo 6, renumerando el apartado seis que pasa a ser el apartado cinco.

Dos. Se suprime el apartado ocho del artículo 7.

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 13. 
Modificación de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

Uno. Se modifica el artículo 13 de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. La Disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:

Tres. La Disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:

Cuatro. La Disposición transitoria tercera de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:

Cinco. El artículo 7.2 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:

Seis. El artículo 8.3 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:

Siete. El artículo 14 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 14. 
Modificación de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria.

Se modifica la Disposición transitoria quinta de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, quedando redactada como sigue:

Artículo 15. 
Modificación de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 6, que queda redactado como sigue:

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

Tres. Se modifica el Capítulo I del Título II, integrado por los artículos 13 y 14, que queda redactado como sigue:

Cuatro. Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II, que comprende los artículos 15 a 26 y se denomina de la siguiente manera:

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 15, que queda redactado como sigue:

Seis. Se modifican los artículos 16, 17, 18 y 19, que quedan redactados de la siguiente manera:

Siete. Se suprime el apartado 3 del artículo 21.

Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente manera:

Nueve. Se modifica la letra b) del apartado 2, así como el apartado 4 del artículo 23:

La letra b) del apartado 2 del artículo 23 queda redactada de la siguiente manera:

El apartado 4 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:

Diez. - Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

Once. Se modifica la numeración del Capítulo II, que pasa a ser el Capítulo III, el cual queda redactado como sigue:

Doce. - Se modifica el apartado 4 del artículo 26, que queda redactado como sigue:

Trece. - Se modifican los artículos 27 y 28 y se introduce un nuevo artículo 28 bis, quedando redactados de la siguiente manera:

Catorce. - Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente manera:

Quince. - Se modifica el apartado 3 del artículo 30, que queda redactado de la siguiente manera:

Dieciséis. - Se suprime el apartado 3 del artículo 32.

Diecisiete. Se modifica el título y la numeración del actual Capítulo III, que queda numerado como Capítulo IV, modificando los artículos 33 y 34, e introduciendo un nuevo artículo 34.bis, quedando redactados de la siguiente manera:

Dieciocho. Se introduce un nuevo Capítulo V en el Título II, que se denomina "Capítulo V. Del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria", y que comprende los artículos 35, 36 y 37.

Diecinueve. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 39, que queda redactado como sigue:

Veinte. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 42, que quedan redactados de la siguiente manera:

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 11 en el artículo 47, quedando redactados de la siguiente manera:

Veintidós. Se modifica el título del Capítulo II del Título III, que queda redactado de la siguiente manera:

Veintitrés. Se modifica el título del artículo 49, así como el primer párrafo del apartado 5 del mismo.

El título del artículo 49 queda redactado de la siguiente manera:

El primer párrafo del apartado 5 del mismo del artículo 49 queda redactado de la siguiente manera:

Veinticuatro. Se modifica el artículo 54, que queda redactado de la siguiente manera:

Veinticinco. Se modifica el artículo 59, que queda redactado de la siguiente manera:

Veintiséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 61, que queda redactado de la siguiente manera:

Veintisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado de la siguiente manera:

Veintiocho. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 64, que quedan redactados de la siguiente manera:

El apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:

El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:

Veintinueve. Se modifica el artículo 65, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta. Se modifica la letra d) del apartado 1, el apartado 2 y el apartado 4 del artículo 66, que quedan redactados de la siguiente manera:

La letra d) del apartado 1 queda redactada de la siguiente manera:

El apartado 2 queda redactado de la siguiente manera:

El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 67, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 69, que quedan redactados de la siguiente manera:

El apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:

El apartado 3 queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y tres. Se modifica el artículo 71, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 72, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 77 y se introduce un nuevo artículo 77.bis, que quedan redactados de la siguiente manera:

Treinta y seis. Se introduce el artículo 77.ter, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y siete. Se modifica el artículo 80, que queda redactado de la siguiente manera:

Treinta y ocho. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 84, que quedan redactados de la siguiente manera:

Treinta y nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 85, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta. Se modifica el artículo 87, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 88, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 94, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 102, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y cuatro. Se introducen las letras o) y p) en el artículo 129 y se renumeran las letras l) a o), ambos inclusive, del 130 como letras k) a ñ).

Las letras o) y p) del artículo 129 quedan redactadas de la siguiente manera:

Las letras l) a o) del artículo 130 se renumeran como letras k) a ñ) de la siguiente manera:

Cuarenta y cinco. Se renumera el último apartado del artículo 131 como letra d):

Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 133, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 134, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 135, que queda redactado de la siguiente manera:

Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 136, que queda redactado de la siguiente manera:

Cincuenta. Se introducen tres disposiciones adicionales y una final, que quedan redactadas de la siguiente manera:

Artículo 16. 
Modificación de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 17. 
Modificación de la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

Se añaden dos nuevos apartados al artículo 23 la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, con la siguiente redacción:

Artículo 18. 
Modificación de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Se modifican los artículos 56, 65.1 y 86.2, quedando redactados como sigue:

Artículo 65. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Artículo 19. 
Modificación de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

Uno. Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 1 del artículo 2, creando un nuevo apartado 2 y renumerando los antiguos apartados 2, 3 y 4, que pasas a ser 3, 4 y 5 respectivamente, quedando redactados en los siguientes términos:

Artículo 2. Sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Dos. Se modifica el apartado segundo del artículo 47 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en los siguientes términos:

Tres. Se modifica el apartado segundo del artículo 76 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en los siguientes términos:

Cuatro. Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, dando nueva redacción al apartado a) del artículo 143, en los siguientes términos:

Artículo 143. No sujeción a la fiscalización previa.

No estarán sometidos a la fiscalización previa los siguientes gastos:

Cinco. Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, dando nueva redacción al apartado cuarto del artículo 144, en los siguientes términos:

Seis. Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, creando un apartado tercero en el artículo 150, en los siguientes términos:

Siete. Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 153, en los siguientes términos:

Artículo 20. 
Creación del Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria, fondo carente de personalidad jurídica (F.C.P.J.).

Uno. Creación y adscripción.

1. Se crea el Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria (F.C.P.J.) con naturaleza de fondo sin personalidad jurídica de los previstos en el artículo 2.3 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Cantabria derivadas de las sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición de las edificaciones ilegales.

2. El Fondo se adscribe a la consejería competente en materia de urbanismo.

Dos. Recursos del Fondo.

1. Los recursos del Fondo estarán constituidos por las aportaciones consignadas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en cada ejercicio respectivo. También podrá financiarse con los recursos de cualquier naturaleza derivados de los convenios con los ayuntamientos con el fin de articular las relaciones internas de liquidación de deuda que se deriven de la ejecución de sentencias.

La dotación presupuestaria establecida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, será desembolsada y transferida con carácter trimestral al Fondo, de acuerdo con las necesidades de éste

2. Adicionalmente, el Fondo se podrá financiar mediante operaciones de crédito o préstamo a través del Instituto de Finanzas de Cantabria o con instituciones financieras, debiendo solicitar la autorización prevista en la Ley 14/2006, de 24 de octubre.

3. El Gobierno de Cantabria podrá diferir el pago de las aportaciones derivadas de los recursos adicionales obtenidos a través de terceros para la financiación del Fondo, en los mismos plazos convenidos por éste para la devolución de dichos recursos.

Tres. Régimen presupuestario, contable y de control.

1. Los presupuestos de explotación y capital del Fondo se regirán por lo establecido por la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, las leyes anuales de presupuestos y en sus disposiciones de desarrollo.

2. Los recursos aportados al Fondo se depositarán en una cuenta bancaria abierta a tal efecto y a nombre del Fondo. Los actos de disposición de tales cuentas bancarias corresponderán, previo apoderamiento al efecto, al Gestor del Fondo.

Los rendimientos financieros que, en su caso, se deriven de la citada cuenta pasarán a incrementar la dotación del Fondo.

3. Todas las operaciones del Fondo serán registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de la del gestor del Fondo.

4. El Fondo queda sometido al régimen de control previsto en el Título V, Capítulo IV de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

5. El Fondo se someterá a cualquiera de las actuaciones de comprobación y control que pudieran realizar los órganos de verificación y control competentes autonómicos y estatales.

Cuatro. Gestor del Fondo.

1. La gestión del Fondo se llevará a cabo por la Sociedad Pública Regional "Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L." (GESVICAN), en los términos previstos en la presente ley y en las instrucciones que la Administración autonómica le proporcione al gestor del fondo.

2. GESVICAN como gestor del Fondo, llevará a cabo todas las acciones relativas a la gestión que a continuación se relacionan:

a) Formalizar por cuenta del Fondo todos los instrumentos financieros y contratos de operaciones financieras derivados de la ejecución de las líneas de actuación del Fondo que, en su caso, le correspondan.

b) Realizar los cobros y los pagos derivados de las operaciones del Fondo.

c) Registrar todas las operaciones en una contabilidad específica, separada e independiente de la propia.

d) Actuar como depositario de los títulos acreditativos de las operaciones realizadas por cuenta del Fondo.

e) Suscribir y formalizar acuerdos, convenios y contratos que resulten necesarios para la gestión del Fondo.

f) Actuar como representante del Fondo ante la Administración tributaria del Estado, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o cualquier otra administración tributaria. Su actuación incluirá la solicitud del Número de Identificación Fiscal, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones, la interposición de recursos o reclamaciones económico-administrativas o cualquier otro tipo, así como cualesquiera otras actuaciones relacionadas con esta materia.

g) Colaborar con los órganos de control competentes suministrando cuanta información le sea requerida por estos en el ejercicio de sus competencias de comprobación y control.

h) La elaboración de los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y capital del Fondo, en el que se incluirán los costes por la gestión del Fondo.

i) Elaboración y formulación de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y las liquidaciones de los presupuestos y de los costes por la gestión, así como la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

j) Las incluidas en las instrucciones que la Administración Autonómica le proporcione al gestor del Fondo.

k) Proponer al Comité Ejecutivo las modificaciones de las instrucciones que la Administración Autonómica le proporcione al gestor del Fondo.

l) Prestar los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Fondo.

m) Contratar las obras, suministros y servicios vinculadas a las operaciones que hayan de atenderse con cargo al fondo. El procedimiento de contratación se ajustará a las previsiones normativas específicas de las entidades a las que se refiere el artículo 3.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

n) En general, el gestor del Fondo llevará todas aquellas acciones e iniciativas que resulten necesarias para la gestión del Fondo.

3. Los gastos de gestión del Fondo serán financiados con las dotaciones previstas para tal finalidad en el propio Fondo, en los términos establecidos en las instrucciones que a tal efecto suministre la Consejería a la que se encuentra adscrito

Cinco. Comité Ejecutivo del Fondo.

1. El Fondo será administrado por un Comité Ejecutivo al que le corresponderán las siguientes funciones:

a) Aprobar las propuestas de modificaciones de las instrucciones que la Administración Autonómica le proporcione al gestor del Fondo.

b) Aprobar los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y capital del Fondo.

c) Aprobación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y las liquidaciones de los presupuestos.

2. El Comité Ejecutivo estará constituido por los siguientes miembros: cuatro en representación de la consejería competente en materia de urbanismo y un representante de la consejería competente en materia de hacienda.

Asimismo, a las sesiones del Comité Ejecutivo asistirá un representante del Gestor del Fondo con voz y con voto.

3. El Secretario del Comité Ejecutivo del Fondo será designado por el Comité. El Secretario participará en las sesiones del citado Comité con voz y con voto. En caso de vacante, ausencia o enfermedad será sustituido por quien designe por el propio Comité.

4. El Comité designará por mayoría a su Presidente entre sus miembros.

5. Los vocales del Comité Ejecutivo serán nombrados por el Consejero competente en materia de urbanismo, a propuesta de los departamentos representados en el Comité Ejecutivo. Las funciones y los derechos de los vocales solamente serán delegables a favor de otro miembro del Comité Ejecutivo.

6. El Comité adoptará sus reglas de organización y funcionamiento interno. No obstante, supletoriamente, le serán de aplicación las normas previstas para los órganos colegiados en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Seis. Extinción del Fondo.

El Gobierno de Cantabria, una vez liquidadas las operaciones derivadas del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Cantabria derivadas de las sentencias de derribo, podrá acordar por Decreto la extinción del Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria (F.C.P.J.), a propuesta conjunta de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda y de la consejería de adscripción del Fondo."

Artículo 21. 
Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Se modifica el apartado cuarto de la disposición transitoria primera, que tendrá la siguiente redacción:

Disposición transitoria primera. Normativa aplicable y adaptación de Planes anteriores.

Artículo 22. 
Modificación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.

Uno. Se modifica la disposición transitoria tercera, que tendrá la siguiente redacción:

Dos. Se añade al Anexo I de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva.

ANEXO I. CARTOGRAFIA

Tres. Se añade al Anexo III de la Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria una nueva ficha denominada Nº 12:

Artículo 23 

Se modifica el artículo 4.4.a) de la Ley 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. 
Modificación de disposiciones legales

Quedan modificadas, en los términos contenidos en la presente Ley, las siguientes disposiciones legales:

— Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.

— Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

— Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

— Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

— Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

— Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria.

— Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.

— Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

— la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

— Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

— Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

— Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, del Juego de Cantabria.

— Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria.

— Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado.

— Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera.

— Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

— Ley de Cantabria de 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria.

— Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

— Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

— Ley de Cantabria 8/2018, de 2 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria.

— Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Disposición adicional segunda 

La disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, pasa a ser la disposición adicional única de la citada ley.

Disposición adicional tercera. 
Aportaciones iniciales al Fondo de Derribos

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 para los ejercicios sucesivos, para el ejercicio 2020, el Gobierno transferirá al Fondo las cantidades previstas en los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria destinados al fondo de derribos en los conceptos presupuestarios 610.22 por un importe de 4.500.000 € y 740.03 por un importe de 1.800.000 € del Programa 451N.

2. Asimismo, una vez entre en vigor esta disposición, quedarán automáticamente cedidos al Fondo los derechos y obligaciones adquiridos por GESVICAN, y derivados de las actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 111/1993 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previstos en el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 6 de septiembre de 2018 y sus modificaciones.

Disposición adicional cuarta. 
Derecho supletorio del Fondo de Derribos

En lo no previsto en esta Ley, el Fondo se regirá por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria; por la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria; y por la restante normativa estatal o autonómica que le sea de aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. 
Procedimientos sancionadores en materia de pesca

Los procedimientos sancionadores en materia de pesca a los que sea de aplicación esta Ley y se hayan iniciado al amparo de la legislación anterior continuarán tramitándose con arreglo a la misma hasta su resolución definitiva, salvo en lo que resulte más favorable para el interesado.

Disposición transitoria segunda. 
Nuevo régimen jurídico de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria

1. Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente modificación legal se regirán por la normativa anterior.

2. Caducidad de las autorizaciones ya otorgadas.

El régimen de caducidad de las autorizaciones previsto en el apartado 11 del artículo 47 será de aplicación a las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación legal siempre que no se hayan iniciado las actuaciones para las cuales fueron concedidas.

3. Procedimientos sancionadores.

Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente modificación legal se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de producirse los hechos, salvo en los supuestos en lo que los preceptos de la presente modificación legal le resulten más favorables a los presuntos infractores.

4. Vigencia de normas anteriores.

Se mantienen en vigor las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, en todo aquello en lo que no se opongan a lo previsto en la presente modificación legal.

Disposición transitoria tercera. 
Adaptación normativa en materia de contabilidad

Mientras no se proceda a la aprobación de las normas autonómicas de contabilidad aplicables a los Fondos sin personalidad jurídica será de aplicación la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes del sector público administrativo

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Disposición derogatoria primera 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición derogatoria segunda. 
Derogación normativa expresa

1. Quedan expresamente derogados los artículos 10 a 18 de la Ley de Cantabria 7/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por los que se regulan las infracciones y sanciones en materia de pesca.

2. Queda expresamente derogada la disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

3. Quedan expresamente derogadas las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. 
Elaboración del Texto Refundido de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado e Impuestos Propios de la Comunidad Autónoma

No habiéndose podido llevar a cabo durante el año 2019 la elaboración de un texto refundido de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado e Impuestos Propios de la Comunidad Autónoma, conforme a la autorización concedida por la Disposición Adicional Primera de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se prorroga dicha autorización durante el año 2020.

Disposición final segunda. 
Repercusión económica de la creación del Fondo de Derribos

La creación y funcionamiento del Comité Ejecutivo del Fondo no supondrá incremento adicional de gasto público.

Disposición final tercera. 
Habilitación de desarrollo

Se faculta a la consejería competente en materia de urbanismo para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley.

Disposición final cuarta. 
Modificaciones Presupuestarias

La Consejería de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias que sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final quinta. 
Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 2020.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 23 de diciembre de 2019.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla Roiz.

ANEXO I. 
DE TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTES DE DERECHO PÚBLICO DEPENDIENTES

VER PDF

ANEXO II. 
CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL «REGISTRO AUTONÓMICO DE INFRACTORES DE PESCA Y ACTIVIDADES MARINAS»

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de datos sobre infracciones y sanciones, gestión del sistema de puntos previsto en la normativa comunitaria, coordinación con las autoridades competentes de la administración nacional.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personas físicas o jurídicas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador.

b.2) Procedencia: Resoluciones firmes de expedientes sancionadores en materia de pesca y actividades marinas.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura: Datos identificativos.

La inscripción contendrá, al menos, los siguientes apartados:

1. Referencia a los sujetos y los buques declarados responsables de la comisión de cualesquiera infracciones, con indicación de los siguientes extremos:Buque: Nombre, matrícula, folio, IMO (en caso de tenerlo) y Puerto Base.Armador: Nombre, NIF y DNI, número de licencia.Patrón: Nombre, DNI.Persona física: Nombre, DNI.Personas jurídicas: Razón social, NIF.

2. Infracción que se estima probada, con indicación de los siguientes extremos:Número de Expediente, precepto infringido, fecha de la infracción, fecha del acta o denuncia, fecha del acuerdo de inicio del expediente sancionador, medidas provisionales adoptadas.

3. Sanción aparejada, tanto la principal, como las accesorias, en su caso, con indicación de:Fecha de Resolución sancionadora, sanción económica, sanciones accesorias en su caso.

4. Carácter provisional de la inscripción, en su caso, cuando no sea firme, indican-do la fecha de interposición del recurso.

5. Número de puntos asignados que apareja esta sanción.

6. Fecha de la resolución donde se determinen estos extremos.

7. Fecha de prescripción de la sanción, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.Datos especialmente protegidos: infracciones y sanciones.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o las categorías de destinatarios y legislación aplicable: al Registro Nacional de In-fracciones Graves a la Política Pesquera Común gestionado por la Secretaria General de Pesca en aplicación del artículo 4.2 del Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las normas de aplicación del sistema de puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

e) Transferencias Internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos: no están previstas.

f) Modificación del fichero: se habilita a la Consejería con competencia en materia de pesca para la modificación del fichero mediante Orden.

g) Órganos responsables del fichero: Dirección General de Pesca y Alimentación.

h) Servicios o unidades ante los que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Pesca. C/ Albert Einstein, 2 (PCTCAN)- 39011 Santander.

i) Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible de acuerdo con lo establecido en el título VIII del RLOPD: Medio.”