Modificaciones en materia ordenación territorial y urbanismo, regulación del taxi, vivienda pública protegida y puertos de la Región de Murcia


Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.

Vigente desde 29/04/2020 | BORM 97/2020 de 28 de Abril de 2020

Este Decreto-Ley afronta la modificación de las siguientes leyes:

1.- Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

- se introduce la sostenibilidad y la protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa en materia urbanística;

- se suprime la Comisión de Política Territorial;

- se proporciona competencia a los Ayuntamientos para elaborar planes de ordenación de playas, siempre que afecten a un único municipio, aunque la consejería competente en materia de ordenación del litoral podrá también seguir elaborando este tipo de planes;

- se amplía el régimen transitorio en suelos urbanizable sectorizado y sin sectorizar para favorecer la agilidad del desarrollo de las herramientas urbanísticas y la inversión empresarial;

- se incluyen las instalaciones de producción de energía renovable en el régimen transitorio en suelo urbanizable sin sectorizar;

- se definen los Estudios de Detalle como instrumentos complementarios de la ordenación urbanística, quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de evaluación ambiental;

- se aclara que el plan general no es competente para establecer supuestos sometidos a evaluación ambiental al ser una competencia de la legislación ambiental;

- se implementan medidas ecoeficientes en el planeamiento y en sus instrumentos para aprovechar mejor los escasos recursos hídricos de la Región y combatir los fenómenos climatológicos adversos;

- se promueven las Soluciones Basadas en la Naturaleza como estrategia para la renaturalización de las ciudades y mejorar sus condiciones de vida;

- se facilita la gestión y desarrollo del planeamiento, modificando la consideración de reajuste del planeamiento.

- se compatibiliza la tramitación de los Estudios de Detalle con la obtención de la licencia de edificación;

- se concreta el papel de la Administración Autonómica en la aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales y de los Estudios de Detalle;

- se modifica la consideración de modificación estructural del planeamiento y su tramitación en los casos de tramitación por la Comunidad Autónoma de instrumentos de planeamiento municipales;

- se aclara el trámite de las Actuaciones de Dotación;

- se flexibilizan las licencias urbanísticas, ampliando los supuestos para el uso de la declaración responsable en los títulos habilitantes, para hacerla extensiva a pequeños cambios de uso, a edificios de nueva planta no residenciales ni de uso público de gran sencillez, o a intervenciones muy puntuales en edificios catalogados, salvaguardando el objeto de su catalogación; y

- se aclaran el trámite ambiental ordinario o simplificado y las modificaciones menores para el trámite ambiental.

2-. Ley 10/2014, del Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo por medio de Taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Entre las modificaciones acometidas destacan las siguientes:

- se aumenta el límite de la capacidad del vehículo de siete a nueve plazas, incluida la persona que lo conduce;

- se amplia la oferta de los servicios que pueden realizar los profesionales del taxi;

- se suprime la exigencia de dedicación exclusiva a la actividad del taxi de la persona titular de la licencia;

- se suprime el límite de contratación como máximo de dos conductores asalariados;

- se fomenta el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la reducción de las emisiones de los vehículos; y

- se permite la contratación de plazas individualizadas, que tendrá como límite la capacidad total del vehículo, contemplando la fijación de sistemas de cálculo de la parte proporcional de la tarifa a aplicar a cada usuario, y la publicidad en el interior del vehículo del sistema de cálculo objetivo que se aplique.

3.- Ley 6/2015, de la Vivienda de la Región de Murcia.

Se agilizan los procesos administrativos en el otorgamiento efectivo de las ayudas de alquiler y se facilitan los proyectos de construcción de viviendas, especialmente de la protegida, para los colectivos con mayores dificultades. En concreto:

- se contempla que la licencia de primera ocupación que emitan los ayuntamientos sirva como calificación administrativa finalizadora del procedimiento de declaración de vivienda protegida. Para ello, en el plazo de un mes la Administración local debe comunicar a la dirección general con competencias en materia de vivienda aquellas licencias o títulos habilitantes que haya dictado en este sentido;

- se elimina la condición de que toda vivienda protegida estará sujeta al régimen legal de protección mientras se mantenga la calificación del suelo;

- se suprimen la obligatoriedad de la existencia del registro de demandantes de vivienda protegida y los derechos de tanteo y retracto que tiene la Administración sobre las viviendas protegidas;

- se permite cesión de viviendas protegidas a aquellos titulares de contratos de alquiler que que reunan los requisitos establecidos y se regula el régimen de precario en atención a circunstancias excepcionales;

4.- Ley 3/1996, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se agiliza la tramitación administrativa en la organización de actividades náuticas, se adapta a la lucha contra el cambio climático, profundiza en el fomento de la cultura de la sostenibilidad, e incorpora criterios de flexibilidad y reducción de plazos imprescindibles para hacer más dinámica la actividad portuaria.

Por lo que respecta a las Entidades Locales, en materia de autorizaciones autonómicas para la realización de actividades o prestación de servicios que se desarrollen en el dominio público de los puertos gestionados directamente por la Administración Autonómica, se introduce como novedad la posibilidad de adjudicar de nuevo una autorización administrativa al solicitante que sea en ese momento titular de la misma, únicamente solicitando la prestación de fianza, si se hubiera devuelto y notificando al Ayuntamiento competente el otorgamiento concedido.

PREÁMBULO. 

II.

El decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El capítulo I, compuesto por un artículo único, dividido en quince puntos, modifica a la Ley 3/1996 de 16 de mayo de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Respecto a las modificaciones que realiza podemos destacar: se amplían los usos de los puertos deportivos, modificándose los artículos 5 y 6, en este sentido; se flexibilizan los criterios para la adjudicación de las concesiones; se reducen los plazos; se incluyen criterios de ecoeficacia, adaptación al cambio climático y se adaptan a la legislación vigente en materia de contratación, modificándose los artículos 6, 7, 8, 9 y 11. Se actualiza la fórmula de cálculo del canon para actualizarla a la realidad del mercado, incidiendo en el punto 4 del artículo 16. Asimismo, se simplifica y agiliza la tramitación administrativa para la organización de actividades náuticas, de fomento de la cultura de la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, y para las solicitudes de concesión o autorización con el objeto de dinamizar la economía. También en esta línea se flexibilizan los informes sectoriales necesarios para otorgar autorizaciones y concesiones, salvo los preceptivos, reduciéndose los plazos. Por otra parte, y con objeto de evitar el uso especulativo de los puntos de amarre, se introducen los apartados 12 y 13 en el artículo 16, que regulan las condiciones para la cesión de derechos de puntos de amarre gestionados en régimen de concesión. Asimismo se establece un registro general de usuarios, como instrumento de publicidad de la gestión de los usos de los puntos de amarre en las zonas objeto de concesión. Otra de las cuestiones que resuelve el decreto-ley es concretar el tipo de instalaciones a ubicar en el dominio público portuario, por lo que se lleva a cabo una modificación del procedimiento de autorizaciones y concesiones, con el fin de clarificar sus contornos, adoptando soluciones extraídas del derecho autonómico comparado, y simplificar en lo posible el procedimiento de otorgamiento, sin merma alguna de las garantías del mismo. En cuanto a la utilización del dominio público portuario, se establecen criterios con el fin de concretar y agilizar la actividad económica que se desarrolla en nuestros puertos. Las modificaciones se encuentran principalmente en los artículos 6 y 29. Se introducen las causas de fuerza mayor como motivo de bonificación excepcional del canon en autorizaciones y en las tarifas por prestación de servicios portuarios llevados a cabo directamente por la administración autonómica. La medida enunciada va dirigida a salvaguardar la viabilidad de los usos portuarios (pesca, acuicultura, etc.) ante episodios de efectos catastróficos. Se añaden nuevas bonificaciones imprescindibles, ya que en materia de tasas, como señala la ley autonómica, además de reiterada jurisprudencia, pueden tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas, lo que en el caso que nos ocupa es un punto importante de la modificación. Estos aspectos se regulan en los artículos 16, 30 y en la Disposición Adicional. Asimismo, se introducen modificaciones para agilizar la gestión de los procedimientos sancionadores en materia de puertos, con el fin de disuadir conductas antijurídicas. En esta materia se regulan, con mayor concreción, criterios ya contenidos en la vigente Ley de Puertos, ampliando el plazo de resolución del procedimiento sancionador, y concretando los importes de las multas, al objeto de reforzar la seguridad jurídica y el principio de tipicidad.

El capítulo II está compuesto por un artículo único, dividido en siete puntos, que modifica a la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Respecto a las modificaciones que realiza, podemos destacar la del apartado a del artículo 2, y del apartado 1 del artículo 17, aumentando el límite de la capacidad del vehículo de siete a nueve plazas, incluida la persona que lo conduce, por las razones indicadas sobre la facilitación del acceso al servicio de taxi de un mayor número de usuarios y la ampliación del abanico de oferta de los servicios que pueden realizar los propios profesionales del taxi. Asimismo, se suprime el artículo 9, anulando la posibilidad de la exigencia de plena y exclusiva dedicación a la actividad del taxi de la persona titular de la licencia, facilitando con ello que dicha persona pueda compatibilizar esta actividad con otra u otras que puedan suponerle una mayor sostenibilidad económica o el ejercicio de actividades emprendedoras que puedan generar más dinamismo y riqueza socialmente; así como la supresión del límite de contratación como máximo de dos conductores asalariados, flexibilizando el desempeño de esta actividad, Se posibilita así una mayor actividad económica y se genera mayor riqueza y nuevos puestos de trabajo. Se modifica igualmente el apartado 1 del artículo 20 para reorientar la actividad hacia el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Permitirán así a los ciudadanos acceder a toda clase de servicios. Se armoniza al mismo tiempo la prestación de estos servicios en vehículos de turismo con el respeto al medioambiente, al fomentar también la reducción de las emisiones de los mismos. El artículo 24 se modifica posibilitando la contratación de plazas individualizadas, que tendrá como límite la capacidad total del vehículo, bien en usuarios, bien en equipajes de los mismos; dejando siempre a salvo que los titulares de las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi, tendrán derecho al cobro en su totalidad de la tarifa máxima final resultante del servicio prestado, con independencia del número de usuarios a los que se les haya prestado dicho servicio; y consecuentemente con ello, modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 30, para dar cabida, de un lado, en la fijación tarifaria por los órganos competentes en cada caso, a los sistemas de cálculo de la parte proporcional de la tarifa a aplicar a cada usuario en el caso de contratación compartida de los servicios de taxi, y a la publicidad en el interior del vehículo del sistema de cálculo objetivo que se aplicará en el cobro proporcional de la tarifa en el caso de contratación compartida.

El capítulo III, formado por un único artículo dividido en catorce puntos, modifica a la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia. Se modifica esta ley con la finalidad de simplificar y acelerar los proyectos de vivienda protegida con el fin de que los ciudadanos dispongan de oferta suficiente. El punto 2 del artículo 22 se modifica con el objetivo de que la licencia de primera ocupación que emitan los ayuntamientos sirva como calificación administrativa finalizadora del procedimiento de declaración de vivienda protegida. Se elimina la condición de que toda vivienda protegida estará sujeta al régimen legal de protección mientras se mantenga la calificación del suelo. Asimismo se suprime la obligatoriedad de la existencia del registro de demandantes de vivienda protegida que se regulaba en el artículo 33 y la disposición transitoria segunda, así como los derechos de tanteo y retracto que tiene la Administración sobre las viviendas protegidas reguladas en el artículo 34 y 49. Se modifican los artículos 41, 42 y 43 con el fin de poder ceder las viviendas protegidas a aquellos titulares de contratos de alquiler que lleven veinticinco años pagando con regularidad todas sus cuotas y aquellos otros que aunque sólo lleven diez años concurran en ellos alguna circunstancia como ser mayor de 65 años, mayores de 50 años en situación de desempleo de larga duración, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, familias numerosas y familias con una o más personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100, así como la regulación del régimen de precario. Asimismo se modifican los artículos 51, 56, 59 ter, 59 quáter y 62 con el fin de dotar de mayor capacidad de acción al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria dada la gran efectividad del mismo.

El capítulo IV está compuesto por un artículo único dividido en veintisiete puntos, que modifica a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. En el artículo 5 se realiza una Introducción de la sostenibilidad y la protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa en materia urbanística. Se suprime la Comisión de Política Territorial regulada en el antiguo artículo 15 y se modifican los artículos 42.2, 65.2, 68, 70.2 y 161.2 para adaptarlos a la nueva situación. Esta Comisión se suprime ya que está constituida por representantes de todas las consejerías, de la Federación de municipios de la Región de Murcia y del Estado. Estos organismos ya participan en los procesos de información de los instrumentos regulados por esta ley en todo aquello que les afecta, incluido el procedimiento de evaluación ambiental. No parece por tanto que tenga mucho sentido que, con carácter previo a la aprobación de los planes por la Comunidad Autónoma y, por tanto, solo en los que esta aprueba, vuelvan a informar los que ya lo han hecho antes una vez aprobado el plan y hecho el pronunciamiento ambiental y la debida participación pública. La participación consultiva ya lo hace el Consejo Asesor de Política Territorial por lo que las funciones de la Comisión de “informar” son reiterativas y no facilita la agilización de procedimientos y economía de esfuerzos. Asimismo, a través de la modificación del artículo 53.1, se proporciona competencia a los Ayuntamientos para la elaboración de planes de ordenación de playas, siempre que afecten a un único municipio. No obstante la consejería competente en materia de ordenación del litoral podrá también seguir elaborando este tipo de planes. Se amplía el régimen transitorio en suelos urbanizable sectorizado y sin sectorizar a través de la modificación de los artículos 100.2 y 101.1., con el fin de favorecer la agilidad del desarrollo de las herramientas urbanísticas y la inversión empresarial en un momento de necesidad y urgencia. Se incluyen las instalaciones de producción de energía renovable en el régimen transitorio en suelo urbanizable sin sectorizar en el artículo 101.3., ya que debemos tener mecanismos que favorezcan la inversión en la Región de esta clase de energías alternativas para convertirnos en uno de los mayores productores a nivel nacional. Se definen los Estudios de Detalle como instrumentos complementarios en el artículo 113, instrumentos ágiles de adaptación de pequeñas actuaciones urbanísticas. Se aclara la no necesidad de ser sometido a evaluación ambiental al ser un instrumento complementario. Asimismo, en el artículo 116, se aclara que el plan general no es competente para establecer supuestos sometidos a evaluación ambiental al ser una competencia de la legislación ambiental. Se implementan medidas ecoeficientes en el planeamiento y en sus instrumentos en los artículos 117.1, 124, y 128 para aprovechar mejor los escasos recursos hídricos en nuestra Región y combatir los fenómenos climatológicos adversos. Promovemos la implementación de las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SNB) como estrategia para la renaturalización de las ciudades y mejorar sus condiciones de vida. Los artículos 123, 128 y 147 se modifican para facilitar la gestión y desarrollo del planeamiento, modificando la consideración de reajuste del planeamiento. En el artículo 166 se compatibiliza la tramitación de los Estudios de Detalle con la obtención de la licencia de edificación, de esta forma los dos procesos se tramitan en paralelo, sin necesidad de que se solapen sus tiempos. Se concreta el papel de la administración autonómica en la aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo en los artículos 164 y 166. Se modifican, asimismo, la consideración de modificación estructural del planeamiento y su tramitación en los artículos 168 y 173. En cuanto a los planes generales, se ha detectado la larga tramitación de algunas de sus modificaciones estructurales, pues pueden llevar un camino más complejo aún que la propia tramitación de un plan, al tener que ser aprobadas por consejo de gobierno, frente a la aprobación de un plan que lo hace el consejero directamente. Este factor es corregido en este articulado, considerando que todas las modificaciones estructurales de planeamiento general serán tramitadas con el mismo procedimiento que el propio instrumento. Además, para que una modificación sea considera estructural se aumenta del 20% al 30% la cuantía del objeto de modificación de los supuestos en la ley. Se aclara el trámite de las Actuaciones de Dotación en el artículo 193, ya que las modificaciones en suelo urbano consolidado no se tramitan como modificación estructural de sistema general, sino como mediante planes especiales. Ahora se deja claro que esto tiene que ser así. Se agiliza esta tramitación tan importante para la adaptación de nuestro suelo urbano consolidado. Se flexibilizan las licencias urbanísticas, en el artículo 264, concretamente se amplían los supuestos para el uso de la declaración responsable en los títulos habilitantes, para hacerla extensiva a pequeños cambios de uso, a edificios de nueva planta no residenciales ni de uso público de gran sencillez, o a intervenciones muy puntuales en edificios catalogados, salvaguardando el objeto de su catalogación. Es una clara apuesta por la agilización para la regeneración de la economía con un instrumento directo y ágil que se ha visto en estos cinco años que funciona y es eficaz. Finalmente, se aclara el trámite ambiental ordinario o simplificado, así como las modificaciones menores para el trámite ambiental, modificando la disposición adicional primera.

La disposición final primera se dicta al amparo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que recoge, en su Disposición final cuarta y en su Disposición adicional cuarta, la ampliación de los plazos inicialmente previstos para ejecutar las obras de reconstrucción y rehabilitación o de reparación de daños que se establecían en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes, para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca. Los plazos anteriores han resultado ser insuficientes dado el volumen de actuaciones y de tramitación que ha supuesto para las Administraciones concernidas y las personas involucradas. El citado Real-Decreto Ley publicado también faculta plenamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que, en el marco de su regulación del procedimiento de concesión y justificación de las ayudas, en tanto que concedente de las mismas, sea quien fije los supuestos y los efectos a los que podría extenderse la ampliación de plazo. El objetivo del citado Real Decreto-Ley y de la modificación propuesta en la disposición primera es que se garantice la plena reconstrucción de un municipio que se vio afectado por un suceso que destruyó prácticamente la localidad. Las Administraciones Públicas no deben añadir a los ciudadanos de Lorca, que sufrieron tan gravemente los terremotos citados, a los problemas que se les pueden plantear a muchos de ellos por la crisis social y económica generada por el COVID-19.

Asimismo, la disposición derogatoria única, deroga la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca, así como la Ley 8/2019, de 25 de julio que modifica la anterior.

III.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, habilita en su artículo 30.3 al Consejo de Gobierno a que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pueda dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley. Sin que pueda ser objeto de las mismas, la regulación de los derechos previstos en el Estatuto, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Respecto a las leyes que son objeto de modificación en este decreto-ley, por su parte el Estatuto de Autonomía atribuye en su artículo 10.1.5 a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre puertos de refugio, así como a puertos, helipuertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia recoge en su título IV, como ingresos que constituyen la Hacienda Regional y sobre los que posee absoluta autonomía y capacidad legislativa, los procedentes de sus impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Con base en las mencionadas previsiones constitucionales y estatutarias, los Reales Decretos 2925/1982, de 12 de agosto; 2970/1983, de 19 de octubre, y 1595/1984, de 1 de agosto, materializan el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de puertos.

La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de competencia exclusiva en materia de puertos deportivos y puertos de refugio permitió establecer una normativa propia, específica y con rango de ley que se materializó en la número 3/1996 de 16 de mayo que se pretende modificar.

En cuanto al transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, la Comunidad Autónoma dispone de competencia exclusiva en materia de transportes que no exceden de su ámbito territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.21 de la Constitución y en el artículo 10.Uno.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, por lo que se dictó la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se modifica en el presente decreto-ley.

En materia de vivienda, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia exclusiva como recoge el artículo 10 Uno 2, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, dictándose al respecto la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, que se modifica en este decreto-ley.

Por último, la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo, se deriva de la previsión que hace la Constitución en su artículo 148.1.3.º y que se concreta en el art. 10.Uno.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que recoge como competencia exclusiva de la CARM la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Como desarrollo de la citada competencia se dictó la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación del territorial y urbanística de la Región de Murcia, que asimismo es objeto de modificación por este decreto-ley.

IV.

El decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F.3), subvenir a un situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, exige una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En relación con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. De acuerdo con ella, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».

En cuanto a la situación de urgencia, el Tribunal Constitucional ha indicado que «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7). También ha señalado el Tribunal Constitucional que la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6).

En cuanto a la conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el decreto-ley se adoptan, el Tribunal Constitucional atiende a «un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).

La alternativa de introducir estas medidas mediante un proyecto de ley no es factible en el presente caso, ya que a la velocidad a la que aumentan los datos relativos a la pérdida de empleo y la disminución de la actividad tanto económica como administrativa, no se lograría reaccionar a tiempo, por lo que resulta imprescindible acudir a la aprobación de un decreto-ley. El proyecto de ley, exigiría, como requisitos para su entrada en vigor, una tramitación de la iniciativa legislativa por el Gobierno regional y una posterior tramitación parlamentaria del proyecto. Este proceso, incluso utilizando el procedimiento de urgencia, debido a su dilación en el tiempo, impediría la necesaria inmediatez en la respuesta que requieren los ciudadanos de la Región de Murcia ante los acontecimientos tan graves descritos anteriormente.

Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7). Concurren también las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (STC 68/2007, FJ 10 y STC 137/2011, FJ 7).

Por lo demás, en el supuesto abordado por este decreto-ley, ha de subrayarse que para subvenir a la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita es necesario proceder a la reforma de varias normas con rango de ley, lo que de por sí exige «una respuesta normativa con rango de ley» (STC 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3 i).

Las normas con rango de ley objeto de modificación por este decreto-ley cumplen lo establecido en el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ya que no regulan derechos previstos en el Estatuto, régimen electoral, instituciones de la Región de Murcia ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

V.

A pesar del carácter extraordinario y urgente, en la elaboración de esta disposición, se han observado los principios de buena regulación establecidos, en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

En cumplimiento de los principios de eficacia y proporcionalidad, las medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento, supondrá un impulso de la actividad, protegerá el derecho constitucional a la vivienda e incrementará el bienestar de los administrados.

Por otra parte, de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y simplicidad, el decreto-ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico regional generando, por lo tanto, un marco normativo claro y poco disperso.

Por último, la norma es coherente con los principios de transparencia y accesibilidad, al tener claramente definido su objetivo y la justificación del mismo en los párrafos anteriores, y haber cumplido estrictamente con los procedimientos exigidos en la tramitación de un decreto-ley, no habiéndose realizado los trámites de participación pública, al estar excepcionados para la tramitación de decretos-leyes, según lo dispuesto en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, aplicado supletoriamente.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta del Consejero de Fomento e Infraestructuras, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de abril de 2020,

Dispongo:

CAPÍTULO I. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1996, DE 16 DE MAYO, DE PUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 1. 

La Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda con el siguiente contenido y se elimina el apartado 2:

Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6, que queda redactado con el siguiente contenido, y se añade un nuevo apartado 6:

Tres. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 7, que quedan redactados con el siguiente contenido y se eliminan los apartados 5 y 6.

Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 8, que quedan redactados con el siguiente contenido:

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado con el siguiente contenido:

Seis. Se modifica el artículo 11 que queda redactado con el siguiente contenido:

Siete. Se modifican los apartados 4, 6 y 10 del artículo 16, y se añaden dos nuevos apartados 12 y 13, que quedan redactados con el siguiente contenido:

Ocho. Se modifica el artículo 29 que queda redactado con el siguiente contenido:

Nueve. Se modifica el punto 4 del artículo 30 que queda redactado como sigue:

Diez. Se modifica el artículo 33 que queda redactado con el siguiente contenido:

Once. Se modifica el apartado a) del artículo 35 que queda redactado con el siguiente contenido:

Doce. Se modifica el artículo 36 que queda redactado con el siguiente contenido:

Trece. Se modifica el artículo 37 que queda redactado con el siguiente contenido:

Catorce. Se modifica el artículo 41 que queda redactado con el siguiente contenido.

Quince. Se modifica el artículo 46 que queda redactado con el siguiente contenido:

CAPÍTULO II. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE TURISMO POR MEDIO DE TAXI DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 2. 

La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado a) del artículo 2, que queda redactado con el siguiente contenido:

Dos. Se suprime el artículo 9.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 que queda redactado con el siguiente contenido:

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado con el siguiente contenido:

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 20 que queda redactado con el siguiente contenido:

Seis. Se modifica el artículo 24 que queda redactado con el siguiente contenido:

Siete. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 30, que quedan redactados con el siguiente contenido:

CAPÍTULO III. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/2015, DE 24 DE MARZO, DE LA VIVIENDA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Artículo 3. 

La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se suprime el punto 1 del artículo 10.

Dos. Se modifica el punto 2 del artículo 22 y se añade un nuevo punto 3, que quedan redactados con el siguiente contenido:

Tres. Se suprimen el punto 2 del artículo 25 y los artículos 33, 34 y 38.

Cuatro. Se modifica el punto 2 del artículo 41, que queda redactado con el siguiente contenido y se añaden dos nuevos puntos 3 y 4:

Cinco. Se modifica el artículo 42, que queda redactado con el siguiente contenido:

Seis. Se modifica el artículo 43, que queda redactado con el siguiente contenido:

Siete. Se suprime el artículo 49.

Ocho. Se modifica el artículo 51 que queda redactado con el siguiente contenido:

Nueve. Se suprimen los puntos 3, 4, 5 y 6 del artículo 56.

Diez. Se modifica el punto 2 del artículo 59 ter, que queda redactado con el siguiente contenido:

Once. Se modifica el punto 3 del artículo 59 ter, que queda redactado con el siguiente contenido:

Doce. Se suprime el punto 8 del artículo 59 quáter.

Trece. Se modifica el artículo 62, que queda redactado con la siguiente redacción:

Catorce. Se suprime la disposición transitoria segunda

CAPÍTULO IV. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 4. 

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el punto 11 del artículo 5, que queda redactado con la siguiente redacción:

Dos. Se modifica el artículo 14 que queda redactado con el siguiente contenido:

Tres. Se suprime el artículo 15.

Cuatro. Se modifica el punto 3 del artículo 36 que queda redactado con el siguiente contenido.

Cinco. Se modifica el punto 2 del artículo 42 que queda redactado con el siguiente contenido.

Seis. Se modifica el punto 1 del artículo 53 que queda redactado con el siguiente contenido.

Siete. Se modifica el punto 2 del artículo 65 que queda redactado con el siguiente contenido.

Ocho. Se modifica el artículo 68 que queda redactado con el siguiente contenido.

Nueve. Se modifica el punto 2 del artículo 70 que queda redactado con el siguiente contenido.

Diez. Se modifica el punto 2 del artículo 100 que queda redactado con el siguiente contenido:

Once. Se modifican los puntos 1 y 3 del artículo 101 que quedan redactados con el siguiente contenido:

Doce. Se modifica el nombre del capítulo I del título VII que queda redactado con el siguiente contenido:

Trece. Se modifica el artículo 113, que queda redactado con el siguiente contenido:

Catorce. Se modifica el punto 2 del artículo 116 que queda redactado con el siguiente contenido:

Quince. Se añade la siguiente letra l) al punto 1 del artículo 117:

Dieciséis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 123, que queda redactado con el siguiente contenido:

Diecisiete. Se añade la siguiente letra m) al artículo 124:

Dieciocho. Se añaden los puntos 4 y 5 al artículo 128 que quedan redactados con los siguientes contenidos:

Diecinueve. Se modifica la letra d) del punto 1 del artículo 147, que queda redactado con el siguiente contenido:

Veinte. Se modifica el punto 2 del artículo 161, que queda redactado como sigue:

Veintiuno. Se modifica el apartado d) del artículo 164 que queda redactado con el siguiente contenido:

Veintidós. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 166 que quedan redactados con el siguiente contenido y se añade un nuevo apartado 5:

Veintitrés. Se modifica el punto 2 del artículo 168 que queda redactado con el siguiente contenido:

Veinticuatro. Se modifican los puntos 2 y 4 del artículo 173 que quedan redactados con el siguiente contenido y se añade un punto 9.

Veinticinco. Se modifica el punto 1 del artículo 193 que queda redactado con el siguiente contenido:

Veintiséis. Se modifica el punto 2 del artículo 264 que queda redactado con el siguiente contenido:

Veintisiete. Se modifica la disposición adicional primera, que quedará redactada con el siguiente contenido:

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Disposición Adicional Primera. 
Justificación de las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos, acaecidos el 11 de mayo de 2011 en el municipio de Lorca.

1. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se consideran justificadas las ayudas para la reparación de viviendas otorgadas al amparo del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de la viviendas afectadas por los movimientos sísmicos, acaecidos el 11 de mayo de 2011, en el municipio de Lorca y, de acuerdo con el informe de daños y su valoración, que fue realizado o ratificado por los técnicos de la dirección general competente en materia de vivienda, según lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 68/2011, por haber sido beneficiarios al concurrir los requisitos del artículo 4 del citado Decreto. No obstante se cruzarán los datos para comprobar que la suma de la cuantía de la ayudas otorgadas, más la indemnización recibida por el Consorcio de Compensación de Seguros, no exceda del valor del peritaje establecido por los citados técnicos.

2. De conformidad con el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, el cual, en su Disposición final cuarta y en su Disposición adicional cuarta, amplía los plazos inicialmente previstos para ejecutar las obras de reconstrucción de daños que se establecían en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes, para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, todos aquellos beneficiarios de las ayudas para la reconstrucción podrán presentar las certificaciones de obra realizadas o que se realicen hasta el 31 de octubre de 2022 para el pago del importe pendiente de la subvención concedida.

Disposición Adicional Segunda. 
Exenciones y bonificaciones.

Las tarifas por prestación de servicios portuarios podrán tener una reducción de hasta el 80% cuando se justifiquen pérdidas como consecuencia de acontecimientos climatológicos extraordinarios o quebrantos que por su violencia, imprevisibilidad y ajenidad a la conducta humana puedan ser constitutivos de fuerza mayor. Esta reducción se aplicará previa solicitud razonada del sujeto pasivo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Disposición Derogatoria Única. 
Derogación normativa

Quedan derogadas las siguientes leyes:

1. Ley 8/2018, de 23 de junio, de ayudas de Lorca.

2. Ley 8/2019, de 25 de julio, de ampliación del plazo de justificación de las ayudas percibidas para la reparación de viviendas afectadas por el terremoto de Lorca de 2011, mediante la presentación de la cuenta justificativa regulada por la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición Final Primera. 
Desarrollo normativo.

Se autoriza al Consejero competente en la materia para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto-Ley.

Disposición Final Segunda. 
Entrada en vigor.

El presente Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 23 de abril de 2020.

El Presidente, Fernando López Miras.

El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga Albacete.