Modificaciones en materia de vivienda protegida en el País Vasco


Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda.

Vigente desde 21/01/2020 | BOPV 12/2020 de 20 de Enero de 2020

Este Decreto modifica, entre otras materias, la regulación de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación en el Decreto 317/2002, previéndose la posibilidad de que las Administraciones Públicas les encarguen, sin necesidad de previa licitación o concurso, la gestión de los procesos o la ejecución de las intervenciones y actuaciones en régimen de ejecución pública. El encargo puede conllevar el ejercicio, en sustitución del Ayuntamiento respectivo, de los derechos de tanteo y retracto establecidos legalmente en planes urbanísticos.

Asimismo, el departamento autonómico competente en materia de vivienda puede formalizar convenios bilaterales con las Sociedades Municipales Urbanísticas de Rehabilitación para que estas actúen como entidades colaboradoras en la gestión y pago de las ayudas a la rehabilitación.

Respecto a procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial, se modifica el Decreto 39/2008, permitiendo a los ayuntamientos y diputaciones solicitar al departamento competente en materia de vivienda la exclusión de estos procedimientos y la adjudicación directa de viviendas o alojamientos dotacionales a:

- víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia de género y vecinos de ámbitos de actuación en zonas degradadas;

- Administraciones Públicas y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, así como entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas sociales relacionados con la vivienda convenidos con otras Administraciones Públicas; y

- colectivos especialmente vulnerables que hayan sufrido un lanzamiento judicial de la vivienda que ocupaban, siempre y cuando los ayuntamientos se comprometan a colaborar en el pago de la renta o canon durante el año posterior a la suscripción del contrato de arrendamiento o cesión de uso, en caso de impago de las personas beneficiarias.

Por otro lado, se incluyen entre las actuaciones protegibles por las medidas financieras del Decreto 317/2002 la rehabilitación de viviendas y edificios vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler y la promoción de viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento, cohousing, o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo de fomento al arrendamiento.

Finalmente, se introducen modificaciones en el procedimiento regulado en la Orden de 15 de octubre de 2012 para la adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas, entre otras entidades, por los Ayuntamientos que hayan recibido subvenciones a la promoción del departamento competente en materia de vivienda, entre las que destacan las siguientes:

- la exigencia de reserva, en todas las promociones, de cupos de viviendas destinados a resolver necesidades de carácter social;

- la asignación de viviendas en función de los citados cupos, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales incorporadas al procedimiento en aplicación del baremo recogido en la propia Orden, que también se modifica; y

- el establecimiento del procedimiento para la adjudicación de las viviendas de protección oficial y de alojamientos dotacionales no adaptados en segundas y posteriores adjudicaciones.