Modificación del régimen de visitas y desplazamientos en las residencias y centros de personas mayores y con discapacidad de Canarias durante la pandemia


Orden conjunta de 27 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020, que establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vigente desde 31/07/2020 | BOC 154/2020 de 31 de Julio de 2020

La Orden de 29 de mayo de 2020 acordó un conjunto de medidas ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, para los centros y demás establecimientos residenciales en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto de titularidad pública como privada, de personas mayores y con discapacidad, procediendo ahora modificar la norma en los siguientes aspectos:

1.- Por un lado se flexibiliza el régimen de salidas, visitas y nuevos ingresos.

En las salidas y desplazamientos de las personas usuarias se elimina la prohibición de realizar salidas a cualquier vía o espacio público, exceptuando donde puedan producirse aglomeraciones, debiendo aumentar las medidas de prevención, y pueden realizarse  no solo por motivos terapéuticos.

En cuanto a las visitas, los familiares deben solicitar la visita y programarla con la entidad responsable.

No se permiten pernoctas de las personas que residen en su domicilio familiar, pero se pueden autorizar salidas de día a domicilios, siempre que la persona la persona acompañante suscriba nuna declaración responsable.

En los casos en que no todos los usuarios de un centro hagan salidas, se debe realizar una sectorización de los espacios y recorridos mediante circuitos, para diferenciar entre los que hagan salidas de los que no.

Se establece el plazo de 10 días para que se adapten los protocolos específicos de cada centro a lo establecido en esta norma.

2.- Por otro lado excluye de la regulación para las residencias y centros, a las viviendas tuteladas y hogares funcionales de personas mayores, con discapacidad y con problemas de salud mental.

 

Por la Consejería de Sanidad y por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se dictó la Orden conjunta de 29 de mayo de 2020 por la que se establecen medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 106, de 30 de mayo siguiente.

Con posterioridad, por el Estado se dicta el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece medidas más allá de las limitaciones que venían siendo impuestas durante la vigencia del estado de alarma.

Tal como señala el Preámbulo de dicho Real Decreto-ley, "la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce este artículo en su primer apartado. Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias a las medidas de contención adoptadas, su naturaleza y evolución imprevisible, así como «el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes» y la «incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos» a los que alude el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con las formas de contagio y con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan seguir haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción."

Por tanto, una vez expirado los efectos del estado alarma, señala el artículo 3 del citado Real Decreto-ley que corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley.

Pues bien, dicha Orden de 29 de mayo de 2020 tiene por objeto la adopción de un conjunto de medidas ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19, en el ámbito de los centros y demás establecimientos residenciales contemplados en el artículo 3 del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, de titularidad pública o privada, de personas mayores y con discapacidad, respecto del régimen de:

a) Visitas de familiares a personas residentes.

b) Paseos y desplazamientos en los centros y demás establecimientos residenciales.

c) Retorno de residentes con derecho a reserva de plaza en los centros y demás establecimientos, así como nuevos ingresos de residentes.

Ya aquella Orden en su Preámbulo señala que "Procede, en consecuencia, establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el tiempo en el que dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19, independientemente de la duración del estado de alarma declarado y sus prórrogas, los requisitos y condiciones del régimen de visitas, paseos, retorno e ingresos en todos los centros y demás establecimientos de carácter residencial a que se refiere el artículo 3 del citado Reglamento, radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, de personas mayores y con discapacidad."

No obstante, tras su publicación, se ha detectado, por un lado, la necesidad de dar respuesta a la problemática específica de las viviendas tuteladas y hogares funcionales de forma diferenciada, puesto que se trata de recursos integrados en la comunidad, y como tales con un régimen de funcionamiento similar al de una vivienda normalizada, y por otro, la necesidad de recoger las especificidades del colectivo de personas con problemas de salud mental o con discapacidad en los diferentes recursos de tipo residencial que se regulan en la normativa en vigor. Asimismo, en coherencia con la situación actual en la que nos encontramos respecto de la evolución de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha procedido a flexibilizar el régimen de visitas, salidas y nuevos ingresos.

Teniendo en cuenta que el artículo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, señala que la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad ostenta el carácter de autoridad sanitaria en el ámbito de sus respectivas competencias, especialmente, para la determinación de las actuaciones de intervención administrativa en el ámbito de la salud dispuestas en sus artículos 25 a 27 de dicha Ley.

Por su parte, visto que el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aprobado por el Decreto 43/2020, de 16 de abril, establece en su artículo 5.2, letra e) que le corresponde a la persona titular de esta Consejería la competencia de "Elaborar, aprobar y desarrollar los criterios y protocolos de coordinación general del sistema público de servicios sociales, así como promover la coordinación transversal con el resto de departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias."

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en virtud de las competencias señaladas, las personas titulares de las Consejerías de Sanidad, y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud,

DISPONEN:

Por la Consejería de Sanidad y por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se dictó la Orden conjunta de 29 de mayo de 2020 por la que se establecen medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 106, de 30 de mayo siguiente.

Con posterioridad, por el Estado se dicta el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece medidas más allá de las limitaciones que venían siendo impuestas durante la vigencia del estado de alarma.

Tal como señala el Preámbulo de dicho Real Decreto-ley, "la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce este artículo en su primer apartado. Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias a las medidas de contención adoptadas, su naturaleza y evolución imprevisible, así como «el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes» y la «incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos» a los que alude el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con las formas de contagio y con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan seguir haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción."

Por tanto, una vez expirado los efectos del estado alarma, señala el artículo 3 del citado Real Decreto-ley que corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley.

Pues bien, dicha Orden de 29 de mayo de 2020 tiene por objeto la adopción de un conjunto de medidas ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19, en el ámbito de los centros y demás establecimientos residenciales contemplados en el artículo 3 del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, de titularidad pública o privada, de personas mayores y con discapacidad, respecto del régimen de:

a) Visitas de familiares a personas residentes.

b) Paseos y desplazamientos en los centros y demás establecimientos residenciales.

c) Retorno de residentes con derecho a reserva de plaza en los centros y demás establecimientos, así como nuevos ingresos de residentes.

Ya aquella Orden en su Preámbulo señala que "Procede, en consecuencia, establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el tiempo en el que dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19, independientemente de la duración del estado de alarma declarado y sus prórrogas, los requisitos y condiciones del régimen de visitas, paseos, retorno e ingresos en todos los centros y demás establecimientos de carácter residencial a que se refiere el artículo 3 del citado Reglamento, radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, de personas mayores y con discapacidad."

No obstante, tras su publicación, se ha detectado, por un lado, la necesidad de dar respuesta a la problemática específica de las viviendas tuteladas y hogares funcionales de forma diferenciada, puesto que se trata de recursos integrados en la comunidad, y como tales con un régimen de funcionamiento similar al de una vivienda normalizada, y por otro, la necesidad de recoger las especificidades del colectivo de personas con problemas de salud mental o con discapacidad en los diferentes recursos de tipo residencial que se regulan en la normativa en vigor. Asimismo, en coherencia con la situación actual en la que nos encontramos respecto de la evolución de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha procedido a flexibilizar el régimen de visitas, salidas y nuevos ingresos.

Teniendo en cuenta que el artículo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, señala que la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad ostenta el carácter de autoridad sanitaria en el ámbito de sus respectivas competencias, especialmente, para la determinación de las actuaciones de intervención administrativa en el ámbito de la salud dispuestas en sus artículos 25 a 27 de dicha Ley.

Por su parte, visto que el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aprobado por el Decreto 43/2020, de 16 de abril, establece en su artículo 5.2, letra e) que le corresponde a la persona titular de esta Consejería la competencia de "Elaborar, aprobar y desarrollar los criterios y protocolos de coordinación general del sistema público de servicios sociales, así como promover la coordinación transversal con el resto de departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias."

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en virtud de las competencias señaladas, las personas titulares de las Consejerías de Sanidad, y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud,

DISPONEN:

Artículo único. 
Modificación de la Orden conjunta de 29 de mayo de 2020, por la que se establecen medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la Covid-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020 en los siguientes términos:

Uno. Modificar el artículo 1 con la siguiente redacción:

Dos. Modificar el artículo 2, con la siguiente redacción:

Tres. Modificar el artículo 3 con la siguiente redacción:

Cuatro. Modificar artículo 4 con la siguiente redacción:

Cinco. Modificar artículo 5 con la siguiente redacción:

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Única. 
Mantenimiento de otras medidas de la Orden de 29 de mayo de 2020.

El resto de regulación contenida en los artículos 6, 7 y 8 de la Orden conjunta de 29 de mayo de 2020 por la que se establecen medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la Covid-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias, se mantiene en sus propios términos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Única. 
Adaptación de los protocolos específicos de cada centro o establecimiento residencial.

En el plazo de diez días desde la entrada en vigor de esta Orden, los centros y demás establecimientos residenciales deberán, en su caso, adaptar su protocolo de protección establecido por la Orden de 29 de mayo de 2020 a los criterios y nuevas medidas establecidas en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Única. 
Efectos y vigencia.

La presente Orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y su vigencia se mantendrá mientras por el Gobierno estatal se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19, en los términos del artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2020.

EL CONSEJERO DE SANIDAD, Blas Gabriel Trujillo Oramas.

LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, Noemí Santana Perera.

ANEXO 

VER PDF