Modificación de la regulación para la prestación del servicio de taxi en Andalucía


Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

Vigente desde 13/02/2021 | BOJA 29/2021 de 12 de Febrero de 2021

Se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en el siguiente sentido:

- se permite que una persona jurídica sea titular de una licencia, eliminando la necesidad de prestación personal del servicio por el titular de la licencia y la exigencia de que dicho titular disponga de permiso de conducción;

- se elimina la obligatoriedad de la placa de servicio público, así como todo lo concerniente a la regulación de los aspectos de metrología del taxímetro por ser una competencia exclusiva estatal;

- se elimina la obligación de que el vehículo no rebase la antigüedad de dos años en el momento de otorgamiento inicial de la licencia, si bien se establece una antigüedad máxima de 12 años, con carácter general, y de 14 años, en el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida y para los vehículos con etiqueta 0 o ECO, para poder seguir desarrollando la prestación del servicio de taxi;

- se suprime la posibilidad de que las cooperativas de trabajo asociado puedan ostentar igual número de títulos al de personas socias trabajadoras que la integren;

- se adoptan diversas medidas relativas al régimen de prestación de los servicios por los vehículos auto-taxi, tales como la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados, o la de facultar la contratación del servicio por plaza y cobro individual;

- se adoptan medidas de simplificación administrativa orientadas a impulsar la administración electrónica (firma y dirección electrónica, y uso de medios telemáticos).

- otras medidas: posibilidad de ampliación de la capacidad de los vehículos adaptados hasta nueve plazas, incluido el conductor o conductora, aseguramiento de la prestación del servicio con carácter permanente y preferente para este colectivo, habilitación dirigida a los Ayuntamientos para establecer puntos específicos de recogida de los pasajeros que hayan precontratado los servicios en las zonas de mayor afluencia, así como para adaptar con mayor premura el régimen de horarios y descansos a las exigencias de movilidad en circunstancias excepcionales y de emergencia.

La norma establece además, los siguientes plazos:

- 2 meses para que los vehículos auto-taxi permitan el pago del trayecto a través de medios telemáticos. En el caso de impresoras para la expedición automática de recibos, el plazo es de 6 meses;

- 2 años para que los titulares de vehículos con licencia municipal de auto-taxi adecúen sus vehículos a lo que se disponga la ordenanza en materia de distintivos;

- 2 años para que las licencias o autorizaciones de transportes con vehículos afectos con más de doce años de antigüedad a contar desde su primera matriculación, adscriban un vehículo de antigüedad inferior;

- 9 meses para que los municipios adapten sus ordenanzas a lo previsto en este decreto.

De conformidad con el artículo 64.1.3.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle.

Dentro del marco estatutario de competencias previsto para la regulación de los transportes terrestres que trascurren íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma, Andalucía mediante la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, reguló el transporte de viajeros en automóviles de turismo en su título II. Dicho régimen se desarrolló por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, el cual se modifica por este decreto.

Desde la publicación del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, además de haberse producido cambios de gran importancia en la realidad del mercado del transporte de este tipo de servicios, han tenido lugar varios pronunciamientos judiciales que afectan de manera significativa a su contenido, lo que hace preciso llevar a cabo su revisión para ajustarlo a estas modificaciones sustantivas y al mismo tiempo introducir una nueva regulación que permita la modernización y flexibilidad del sector del taxi tan demandada por los usuarios.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 2963/2015, de 30 de diciembre, por la que se anulan los artículos 11.1, 24.1.b), 27.1.a), 27.1.c), 31.2.d), 34, 37 y la disposición transitoria tercera, apartado 3, del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, ha determinado la modificación del decreto permitiendo que una persona jurídica sea titular de una licencia, eliminando la necesidad de prestación personal del servicio por el titular de la licencia y la exigencia de que dicho titular disponga de permiso de conducción. Asimismo, se elimina la obligatoriedad de la placa de servicio público, así como todo lo concerniente a la regulación de los aspectos de metrología del taxímetro por ser una competencia exclusiva estatal (artículo 149.1.12.ª de la Constitución) y ostentando las Comunidades Autónomas la competencia de ejecución.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1018/2018, de 15 de junio, confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 2963/2015, de 30 de diciembre, y además declara nulo el artículo 31.5, que exigía la condición de que el vehículo no rebase la antigüedad de dos años en el momento de otorgamiento inicial de la licencia. No obstante, en ejecución de las previsiones contenidas en la normativa general en materia de transporte y velando por la seguridad vial y la protección de las personas, se ha considerado oportuno establecer un tope máximo de antigüedad para poder seguir desarrollando la prestación del servicio de taxi.

En aplicación del principio de igualdad entre personas físicas y jurídicas al que alude la citada sentencia, se suprime la posibilidad de que las cooperativas de trabajo asociado puedan ostentar igual número de títulos al de personas socias trabajadoras que la integren pues ello implica un trato normativo diferente.

Asimismo, se ha considerado conveniente modernizar y flexibilizar el régimen de prestación de los servicios por los vehículos auto-taxi con medidas que les permiten incrementar su calidad, competitividad y sostenibilidad frente a otras alternativas de transporte, mejorando de esta manera el servicio que prestan a los ciudadanos por su indudable trascendencia para los intereses generales. Entre dichas medidas se ha estimado procedente ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagaran al final del trayecto, y por otro, facultar la contratación del servicio por plaza y cobro individual con el fin de abaratar el coste de los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico y la contaminación.

Este decreto también contiene medidas de simplificación administrativa orientadas a impulsar la administración electrónica en desarrollo de las previsiones establecidas en la legislación general del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público, así como la de los transportes terrestres, en aras a mejorar la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa y a garantizar los derechos de la ciudadanía, con medidas como la disposición de firma y dirección electrónica, y el uso de medios telemáticos.

Junto a estas mejoras, el reglamento persigue ofrecer un servicio fácil, cómodo y accesible para toda la ciudadanía, procurando la prestación del servicio en niveles óptimos y de calidad. Para alcanzar estos objetivos, se permite ampliar la capacidad de los vehículos adaptados hasta nueve plazas, incluido el conductor o conductora, se asegura la prestación del servicio con carácter permanente y preferente para este colectivo, y además, se habilita a los Ayuntamientos para establecer puntos específicos de recogida de los pasajeros que hayan precontratado los servicios en las zonas de mayor afluencia, así como para adaptar con mayor premura el régimen de horarios y descansos a las exigencias de movilidad en circunstancias excepcionales y de emergencia.

En cuanto a su contenido y tramitación, esta norma se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular a los principios de necesidad y eficacia, ya que su contenido se ajusta plenamente a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y a las exigencias y demandas de la ciudadanía que reclaman un servicio de transporte más moderno, sostenible y de calidad.

Igualmente se orienta a cumplir el principio de proporcionalidad, en la medida que la norma contiene la regulación imprescindible para alcanzar la finalidad perseguida, adaptando su contenido a la nueva realidad social y tecnológica del momento, abarcando aquellos aspectos necesarios para ordenar la actividad de forma adecuada.

De otra parte, la norma es respetuosa con el principio de seguridad jurídica, en la medida que sus preceptos se integran de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en concreto, con la Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; con su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre; con el Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, y con los principios y normas básicas contenidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que pretenden crear un entorno más favorable para la competencia y la inversión, en beneficio último de los consumidores y usuarios.

De acuerdo con el principio de transparencia, en la elaboración de la norma se han seguido todos los trámites de participación y audiencia que establece la normativa aplicable.

En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa apuesta por la instauración de un marco normativo homogéneo y estable de referencia para los diferentes entes locales, que dentro de sus respectivos ámbitos territoriales tendrán la potestad de desarrollarlo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de conformidad con los artículos 27.9 y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de febrero de 2021,

DISPONGO

Artículo Único. 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

El Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos:

Cuatro. Se suprime la letra b) del apartado 1 del artículo 24.

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:

Seis. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 27.

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:

Ocho. El artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:

Nueve. El artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:

Diez. Se suprime el artículo 37.

Once. El artículo 38.1 queda redactado en los siguientes términos:

Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:

Trece. El artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:

Catorce. El artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:

Quince. Se modifican las letras f) y m) del artículo 48.1 y se añade una nueva letra n), que queda redactada en los siguientes términos:

Dieciséis. Se añade un apartado 7 al artículo 54, que queda redactado en los siguientes términos:

Diecisiete. Se añaden las letra l) y m) en el artículo 55, que quedan redactadas en los siguientes términos:

Dieciocho. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 58 en los siguientes términos:

Diecinueve. Se añade el párrafo 11.º a la letra b) del artículo 65, que queda redactado en los siguientes términos:

Veinte. Se añade un apartado 2 al artículo 67, que queda redactado en los siguientes términos.

Veintiuno. Se modifica el artículo 73, que queda redactado en los siguientes términos:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primera. 
Incorporación de medios de pago telemático.

Los vehículos auto-taxi deberán permitir el pago del trayecto a través de medios telemáticos en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este decreto. En el caso de impresoras para la expedición automática de recibos, el plazo será de seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Disposición Transitoria Segunda. 
Distintivos de los vehículos.

Los titulares de vehículos con licencia municipal de auto-taxi deberán adecuar sus vehículos a lo que se dispone en el artículo 31.2.c) en el plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor del presente decreto.

Disposición Transitoria Tercera. 
Antigüedad y sustitución de los vehículos.

Las licencias o autorizaciones de transportes que a la entrada en vigor de esta norma tenga afectos vehículos con más de doce años de antigüedad a contar desde su primera matriculación, dispondrán de un plazo de dos años para adscribir un vehículo de antigüedad inferior que cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente.

Disposición Transitoria Cuarta. 
De las Cooperativas de Trabajo Asociado titulares de varias licencias o autorizaciones de transportes.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado titulares de licencias o autorizaciones de transporte interurbano adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto podrán continuar con las mismas.

Disposición Transitoria Quinta. 
Adaptación de las Ordenanzas Municipales.

Los municipios deberán adaptar sus ordenanzas a lo previsto en este decreto en el plazo de nueve meses, a contar desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria Única. 
Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Modificación de la Orden de 23 de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de las autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi.

La letra b) del apartado 3 del artículo 4 queda redactado con el siguiente tenor:

Disposición Final Segunda. 
Desarrollo y ejecución.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de transportes para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

Disposición Final Tercera. 
Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2021

JUAN MANUEL MORENO BONILLA

Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA

Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio