Modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra


Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

Vigente desde 01/01/2021 | BON 304/2020 de 31 de Diciembre de 2020

Entre las modificaciones introducidas en la LFHLN, destacan las siguientes:

- Se prevé que las ordenanzas fiscales entren en vigor en el ejercicio siguiente al de su aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha, que podrá ser simultánea o posterior a la publicación

- Se modifica la fecha prevista para la elaboración de la liquidación del presupuesto, que pasa del 1 al 31 de marzo y, en consecuencia, se traslada al día 30 de abril la fecha para la presentación de los estados y cuentas de la entidad.

- Se elimina la imposibilidad del aplazamiento de las deudas tributarias exaccionadas por recibo o que deban satisfacer los sustitutos por retención.

- Se prevé que los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la aprobación de transferencias de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, sean inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse en los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

- Se prevé que los pliegos de contratación o condicionados de cláusulas administrativas particulares, las convocatorias de la subvenciones o los documentos que, según la naturaleza del gasto, resulten necesarios contengan prevención expresa de que el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución quedarán suspendidos hasta que exista crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente.

- En relación con las modificaciones presupuestarias, se prevé que el Pleno pueda aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito financiados con recursos afectos efectivamente disponibles sin necesidad de esperar a la aprobación de la liquidación del presupuesto, lo que también se prevé para la incorporación de créditos no gastados del ejercicio anterior, con informe preceptivo de Intervención sobre la efectiva disponibilidad de la financiación en ambos casos.

- Se permite que las bases de ejecución del presupuesto de la entidad local puedan prever que los expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y similares, sean sometidos a exposición pública mediante publicación en el tablón de anuncios, una vez aprobados inicialmente por el Pleno. En ausencia de previsión al efecto en las bases de ejecución, la tramitación y aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los presupuestos.

- Se establecen una serie de elementos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Se actualiza la normativa foral en materia de operaciones de crédito que pueden concertar las entidades locales introduciendo en la misma el principio de prudencia financiera y actualizando el régimen de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, aplicando el régimen vigente en la normativa estatal.

- En materia de control interno, se permite que cualquier entidad local navarra, y no solo el Ayuntamiento de Pamplona, pueda establecer el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, a propuesta de su Presidente y previo informe del órgano interventor.

- Por lo que se refiere a la regulación de los tributos locales, se adapta la normativa relativa al importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a la nueva realidad del mercado de suministros de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante de la población, como son los suministros energéticos, principalmente.

- En relación con la Contribución territorial, se habilita a los ayuntamientos para establecer unas bonificaciones potestativas.

- Respecto al IAE, se exime del pago del impuesto a los sujetos pasivos que tengan una cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros.

- Respecto al IVTM, se amplía el ámbito de la exención de los vehículos especialmente adaptados y de los matriculados a nombre de personas con discapacidad al desaparecer la vinculación de la exención a la potencia fiscal del vehículo y se actualizan las tarifas.

- Respecto al ICIO, se introduce una habilitación legal para que los ayuntamientos puedan regular mediante ordenanza una bonificación en la cuota del impuesto de hasta el 95 % cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras renovables.

- Respecto al IIVTNU, se aclara cuál es el valor de adquisición que se debe tomar a efectos de determinar si hay o no incremento de valor cuando se produce una transmisión posterior a otra que ha estado exenta y se actualizan los coeficientes máximos aplicables sobre el valor del terreno en el momento del devengo.

 

PREÁMBULO.

La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, tiene habilitación competencial para regular sus Haciendas Locales, materia en la cual ha contado históricamente con un régimen propio y específico.

Dicha habilitación viene concretada en el artículo 46.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que atribuye a Navarra las “facultades y competencias que actualmente ostenta (a la entrada en vigor de dicha ley orgánica), al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925 y disposiciones complementarias y, además, las que siendo compatibles con las anteriores puedan corresponder a las comunidades autónomas o a las provincias, conforme a la legislación básica del Estado”.

La disposición adicional tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé su aplicación en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración local establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

El apartado primero de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

En la disposición adicional única de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dispone que la misma será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Por otro lado, la disposición adicional séptima del Convenio Económico entre el Estado y Navarra suscrito el 31 de julio de 1990 (Ley 28/1990, de 26 de diciembre) establece que las facultades de tutela financiera respecto a las entidades locales que en cada momento desempeñe el Estado en relación con la aplicación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (entonces vigente), corresponderán a la Comunidad Foral, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un nivel de autonomía de las entidades locales navarras inferior al que tengan las de régimen común.

Asimismo el artículo 48 del citado Convenio Económico dispone que corresponden a la Comunidad Foral de Navarra las facultades y competencias en materia de Haciendas Locales que ostenta al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado, de 4 de noviembre de 1925, y demás disposiciones complementarias.

La presente ley foral realiza diversas modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que afectan tanto al ámbito presupuestario y de control interno de las entidades locales como al ámbito de los tributos locales.

En este sentido, se modifica el apartado 5 del artículo 13 para incluir expresamente, tal y como se prevé en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que las ordenanzas fiscales entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha, que podrá ser simultánea o posterior a la publicación.

En materia de presupuesto y de gasto público, se modifica la fecha prevista para la elaboración de la liquidación del presupuesto, que pasa del 1 al 31 de marzo, para facilitar su aprobación.

Como consecuencia, se traslada al día 30 de abril la fecha para la presentación de los estados y cuentas de la entidad local por parte del Presidente para evitar la coincidencia de fechas.

Asimismo, se elimina la imposibilidad del aplazamiento de las deudas tributarias exaccionadas por recibo o que deban satisfacer los sustitutos por retención, con la finalidad de que las entidades locales puedan dar respuesta a las demandas crecientes de facilitar el pago de los mencionados tributos a los sujetos pasivos que tengan dificultad económica, necesidad puesta de relevancia desde el inicio de la crisis sanitaria y económica que actualmente atravesamos.

Por otra parte, se prevé que los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la aprobación de transferencias de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Se atiende así una demanda generalizada de las entidades locales que se ha revelado de especial importancia con ocasión de la actual situación de crisis sanitaria y económica, antes mencionada, y que la normativa solo preveía para la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

También se considera necesario dotar a las entidades locales de instrumentos ágiles de gestión económico-presupuestaria que permitan adelantar la tramitación administrativa de expedientes de gastos, mientras se toman los acuerdos oportunos para que el crédito necesario esté disponible en el presupuesto, ya sea para el mismo ejercicio o para aquél anterior a cuyo presupuesto vayan a ser imputados.

Esta posibilidad comprende todo tipo de gastos, por lo que se prevé que los pliegos de contratación o condicionados de cláusulas administrativas particulares, las convocatorias de la subvenciones o los documentos que, según la naturaleza del gasto, resulten necesarios contengan prevención expresa de que el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución quedarán suspendidos hasta que exista crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente.

La financiación necesaria para la existencia del correspondiente crédito podrá depender total o parcialmente de recursos propios, de un préstamo, un crédito, una transferencia o una aportación o subvención de otra entidad pública o privada, por citar solo algunos ejemplos.

De esta manera se permite a las entidades locales la tramitación, entre otros, de expedientes de contratación anticipada a la existencia del crédito, no solo para el ejercicio siguiente, sino también para el ejercicio en curso.

Por otra parte, se traslada la terminología recogida en el Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las entidades locales de Navarra, y que supuso una actualización y armonización de términos, de modo tal que el concepto de “partida presupuestaria” pasa a denominarse “aplicación presupuestaria” y la nueva clasificación por programas y su desglose sustituye a la antigua clasificación funcional.

Se proponen asimismo una serie de cambios en relación con las modificaciones presupuestarias, encaminados todos ellos a dotar de mayor agilidad a la gestión presupuestaria de las entidades locales.

A este respecto, se prevé que el Pleno pueda aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito financiados con recursos afectos efectivamente disponibles sin necesidad de esperar a la aprobación de la liquidación del presupuesto, lo que también se prevé para la incorporación de créditos no gastados del ejercicio anterior.

En ambos casos será preceptivo informe de Intervención sobre la efectiva disponibilidad de la financiación. De esta manera se agiliza la gestión presupuestaria de los expedientes en ejecución con ingresos afectos disponibles hasta el momento de aprobación de la liquidación del presupuesto.

Igualmente, se prevé la posibilidad de que el Pleno recoja en las bases de ejecución que se aprueban junto con el presupuesto de la entidad local, un mecanismo de tramitación y entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias competencia de dicho órgano más ágil que el análogo a la aprobación del presupuesto.

La finalidad fundamental de estas modificaciones es la urgencia en su tramitación para la ejecución de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, ya que, de lo contrario, formarían parte del mismo, y no del ejercicio presupuestario en vigor.

Por lo tanto, y en coherencia con la naturaleza y justificación de la propia modificación, la tramitación debe ser acorde para la consecución de los objetivos, que no son otros que la ejecución del gasto en el ejercicio corriente.

Por ello, pueden darse situaciones en que las que la exigencia del cumplimiento de los mismos trámites para las modificaciones presupuestarias y para la propia aprobación del presupuesto suponga de facto hacer imposible la pretendida modificación durante el ejercicio presupuestario en curso.

Cabe añadir, además, en cuanto al contenido material de las modificaciones, que no se observa una diferencia sustancial con otras como las de generación de créditos por ingresos, cuya tramitación se remite a las bases de ejecución y cuya realización está condicionada a la efectiva consecución de nuevos ingresos no tributarios similares a los previstos para los créditos extraordinarios y los suplemento de crédito, y que, si no se consiguen gastar en el ejercicio en curso, integrarán el remanente de tesorería, posibilitando la tramitación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, que requieren de distinta tramitación.

Por ello, es preciso que la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por resultar eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines anteriormente mencionados, posibilite que las bases de ejecución del presupuesto de la entidad local puedan prever que los expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y similares, sean sometidos a exposición pública mediante publicación en el tablón de anuncios, una vez aprobados inicialmente por el Pleno.

Durante dicho plazo se podrán presentar reclamaciones o alegaciones, entendiéndose aprobado definitivamente dicho acuerdo una vez transcurrido el período de exposición pública si no se formularan aquellas. En caso contrario, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de las mismas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

Debe tenerse en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, y la aplicación de la normativa sobre transparencia en la gestión de las administraciones públicas y administración electrónica, hace que todas las entidades locales, en mayor o menor medida, dispongan de mecanismos para garantizar la publicidad e información, distintos y más agiles que los existentes al momento de aprobación de la Ley Foral de Haciendas Locales, en el año 1995, a través de sus portales web y sedes electrónicas

Como garantía adicional se prevé que en ausencia de previsión al efecto en las bases de ejecución, la tramitación y aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los presupuestos.

Por otro lado, y por lo que se refiere a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se establecen una serie de elementos y mecanismos necesarios para su cumplimiento.

Para ello, y al igual que se ha regulado para las entidades locales de los territorios históricos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa mediante sus correspondientes Normas Forales, es preciso establecer, en ejercicio de la competencia histórica de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Haciendas Locales, una adaptación de la normativa foral que dote a nuestras entidades locales de las herramientas normativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que les permita dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas de la actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica en las que nos encontramos, dado que son, además, las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía.

De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación de la Cámara de Comptos de Navarra, que, en su informe anual sobre el sector público local de 2018, recoge la recomendación de “establecer la normativa y procedimientos para el ejercicio de la tutela financiera que la Administración Foral debe ejercer en relación con la aplicación a las entidades locales de la Comunidad Foral de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

En cuanto a la regulación vigente de las operaciones de crédito que pueden concertar las entidades locales de Navarra y que se recoge en los artículos 125 a 131 de la Ley Foral de Haciendas Locales, cabe señalar que la misma ha quedado obsoleta desde la entrada en vigor de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la normativa posterior en materia de endeudamiento local y su régimen de autorización.

Se considera por ello necesario actualizar la normativa foral en esta materia, introduciendo en la misma el principio de prudencia financiera y actualizando el régimen de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, aplicando el régimen vigente en la normativa estatal.

En materia de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificó la redacción de la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y le dotó de vigencia indefinida.

En consecuencia, se adapta la Ley Foral de Haciendas Locales a lo dispuesto en la normativa general, en beneficio de las entidades locales navarras.

Finalmente, en materia de control interno, se hace preciso modificar el apartado 2 del artículo 248 para que cualquier entidad local navarra, y no solo el Ayuntamiento de Pamplona, pueda establecer el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos contemplado, con carácter general y para todos los municipios, con independencia de su población, en el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para ello, es necesario suprimir la referencia a un número de habitantes superior a 50.000, de modo tal que todas las entidades locales navarras puedan acordar, a propuesta de su Presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los aspectos enumerados en las letras a) a c) de dicho precepto.

Al igual que en el ámbito estatal, es necesario también posibilitar en las entidades locales navarras de reducidas dimensiones el establecimiento de un régimen de control interno simplificado, estableciendo la habilitación legal suficiente para que sea el Gobierno de Navarra el que reglamentariamente determine los supuestos en los que las entidades locales puedan acogerse al mismo, así como sus características.

Por lo que se refiere a la regulación de los tributos locales, resulta necesario adaptar la normativa relativa al importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a la nueva realidad del mercado de suministros de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante de la población, como son los suministros energéticos, principalmente.

Esta nueva realidad de mercado abandona el antiguo sistema de un solo suministrador por área geográfica para distinguir entre empresas distribuidoras titulares de las redes necesarias para los suministros, y empresas comercializadoras de los mismos en régimen de competencia de mercado.

Ambos tipos de empresas prevén un sistema de pago por utilización de las redes de distribución, con una casuística y tributación concreta, que es preciso contemplar en la normativa aplicable.

En relación con la Contribución territorial se habilita a los ayuntamientos para establecer unas bonificaciones potestativas. En primer lugar, una bonificación de hasta el 90 por ciento sobre las viviendas de las familias numerosas, monoparentales o en situación de monoparentalidad. Con esta modificación se viene a dar cumplimiento a los mandatos contenidos en el artículo 12.3.a) de la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de familias numerosas, y en el artículo 12 de la Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se posibilita ampliar dichas bonificaciones a contribuyentes con pensiones no contributivas y perceptores de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital. Se condiciona la aplicación de esta bonificación a la actualización del valor de las viviendas mediante la correspondiente ponencia de valoración en los últimos cinco años.

Por otra parte se podrá establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento sobre los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. En ambos casos, las bonificaciones estarán sujetas a que las rentas del sujeto pasivo no superen cuatro veces el salario mínimo interprofesional.

Especialmente destacable resulta la modificación del Impuesto sobre actividades económicas, encaminada a eximir del pago del impuesto a los sujetos pasivos que tengan una cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. Esta medida, que afectará a alrededor de 31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pequeñas empresas, pretende fomentar e impulsar el emprendimiento y paliar los efectos de la crisis económica generada por el coronavirus. Asimismo, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales, la disposición adicional primera prevé que el Gobierno de Navarra realizará una compensación con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. Por su parte, la disposición final primera modifica la Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020, para determinar cómo se realizará la mencionada compensación.

Por lo que respecta al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, atendiendo a las recomendaciones de defensor del Pueblo, se amplía el ámbito de la exención de los vehículos especialmente adaptados y de los matriculados a nombre de personas con discapacidad al desaparecer la vinculación de la exención a la potencia fiscal del vehículo. Por otro lado, se actualizan las tarifas correspondientes al impuesto en función del incremento que se fija para el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra en su vertiente de transferencias corrientes.

Dado que la última actualización de las tarifas se recogió en la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, para su aplicación en 2018 y 2019, se procede ahora a actualizar las tarifas que serán aplicables en 2021, con los incrementos correspondientes a 2020 y 2021.

En este sentido, la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que establece la cuantía y el reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2020, contempla un aumento porcentual del IPC de la Comunidad Foral de Navarra, considerado de junio de 2018 a junio de 2019, incrementado en dos puntos porcentuales. Dado que la variación producida en el IPC del periodo considerado desde junio de 2018 a junio de 2019 ha sido del 1,0 %, la variación general para 2020 se fijó en el 3 %.

A su vez, la disposición final primera de la citada ley foral prevé la prórroga de la misma para 2021, de manera que el incremento del Fondo para el año 2021 se fija en el incremento del IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2019 a junio de 2020 incrementado en dos puntos porcentuales. El IPC de dicho periodo ha sido negativo por importe de -0,7 %, por lo que el incremento previsto para 2021 es del 1,3 %. Por lo tanto, agregando los porcentajes, el incremento a aplicar es del 4,3 %.

En el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se introduce una habilitación legal para que los ayuntamientos puedan regular mediante ordenanza una bonificación en la cuota del impuesto de hasta el 95 % cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras renovables. El objetivo es que los ayuntamientos navarros no estén en peor posición que los de las comunidades autónomas limítrofes la hora de atraer ese tipo de inversiones.

En el Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana se realizan dos modificaciones. La primera tiene por objeto aclarar cuál es el valor de adquisición que se debe tomar a efectos de determinar si hay o no incremento de valor cuando se produce una transmisión posterior a otra que ha estado exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173.1, letras a), b) y c). Se parte de la idea de que tal y como están configuradas esas exenciones se trata más de un diferimiento en el pago del impuesto que de una exención, puesto que la ley establece que a efectos de una futura transmisión se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de los negocios jurídicos previstos en dichas letras. Para mantener la coherencia del diferimiento del impuesto, y ante las dudas suscitadas y la conflictividad que se ha generado, se establece expresamente que se tomará como valor de adquisición, a efectos de determinar si existe incremento de valor, el que corresponda a la anterior transmisión del inmueble que no se deba a los mencionados negocios jurídicos.

La segunda modificación se encamina a actualizar los coeficientes máximos aplicables sobre el valor del terreno en el momento del devengo, que de acuerdo con lo establecido en la propia Ley Foral de Haciendas Locales deben ser actualizados anualmente.

Finalmente, en relación con el Impuesto sobre gastos suntuarios se suprime el gravamen de los premios obtenidos en el juego del bingo.

La norma legal se estructura en un artículo único, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

En la elaboración de la ley se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Navarra.es, tanto de la propia ley foral como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, velan por el respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, y en los artículos 152 y 153 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra, esta ley foral ha requerido de mayoría absoluta para su aprobación.

Artículo único. 

Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno.–Artículo 13.5.

Dos.–Artículo 91, derogación.

Tres.–Artículo 105.1.

Cuatro.–Artículo 125.

Cinco.–Artículo 126.

Seis.–Artículo 127.

Siete.–Artículo 128.

Ocho.–Artículo 129.

Nueve.–Artículo 130.

Diez.–Artículo 131.

Once.–Artículo 140, adición de los apartados 4 y 5.

Doce.–Artículo 150.1, adición de una letra g).

Trece.–Artículo 160.

Catorce.–Artículo 162.1.

Quince.–Adición de un artículo 170 bis.

Dieciséis.–Artículo 173.1.

Diecisiete.–Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, los coeficientes máximos establecidos en el artículo 175.2 serán los siguientes:

Dieciocho.–Artículo 179.c), derogación.

Diecinueve.–Artículo 180.c), derogación.

Veinte.–Artículo 181.1.c), derogación.

Veintiuno.–Artículo 182.c), derogación.

Veintidós.–Artículo 183.c), derogación.

Veintitrés.–Artículo 200.3 y 4.

Veinticuatro.–Artículo 208.2 y 3.

Veinticinco.–Adición de un artículo 210 bis

Veintiséis.–Artículo 213.1.

Veintisiete.–Artículo 213, adición de un apartado 4.

Veintiocho.–Artículo 214.2 y 3.

Veintinueve.–Artículo 216.2 y 3.

Treinta.–Artículo 217, adición de un apartado 3.

Treinta y uno.–Artículo 219.5 y adición de un apartado 6.

Treinta y dos.–Artículo 227.2.

Treinta y tres.–Artículo 227, adición de un apartado 3.

Treinta y cuatro.–Artículo 242.1.

Treinta y cinco.–Adición de un artículo 242 bis.

Treinta y seis.–Adición de un artículo 242 ter.

Treinta y siete.–Artículo 248.2.

Treinta y ocho.–Artículo 248, adición de un apartado 5.

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Disposición adicional primera. 
–Compensación a favor de las entidades locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre actividades económicas.

Con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales y para dar cobertura a la posible merma de ingresos que aquéllas pudieran experimentar como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre actividades económicas, los ayuntamientos de Navarra percibirán una aportación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Disposición adicional segunda. 
–Deudas derivadas de sentencias judiciales o resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra.

1. En el ejercicio 2021 las entidades locales de Navarra, con carácter excepcional, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar el abono de deudas derivadas de sentencias judiciales firmes o de resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra que afecten a la entidad local o a cualquiera de sus entidades dependientes o participadas, estén o no clasificadas en el sector administraciones públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas.

2. Las operaciones de endeudamiento que se concierten al amparo de la presente disposición requerirán la autorización previa por parte del órgano competente en materia de tutela financiera y se destinarán exclusivamente al abono de las deudas relacionadas en el apartado 1 anterior.

3. La entidad local que se acoja a la presente disposición aprobará un plan de saneamiento financiero, que deberá ser enviado al órgano de tutela financiera junto con la solicitud de autorización, en el que se analice su capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago actuales y futuras y que se comprometa a adoptar las medidas de sostenibilidad financiera necesarias para ello.

4. El órgano interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento del plan de saneamiento, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, así como remitirlo al órgano competente en materia de tutela financiera.

En el caso de que se produzca un incumplimiento del citado plan, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente en materia de tutela financiera se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición final primera. 
–Modificación de la Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020.

Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, se añade un artículo 15 a la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020, con la siguiente redacción:

Disposición final segunda. 
–Entrada en vigor.

La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 29 de diciembre de 2020.–La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite Navascués.