Mejoras en la gestión de los residuos de pilas, acumuladores y baterías y de aparatos eléctricos y electrónicos


Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Vigente desde 21/01/2021 | BOE 17/2021 de 20 de Enero de 2021

Esta norma tiene por objeto modificar el RD 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y el RD 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, y velar por el principio de precaución y prevención en la gestión de los residuos de pilas, acumuladores y baterías y de aparatos eléctricos y electrónicos.

Además, se pretende una mejora en la gestión de los residuos de pilas y acumuladores y de los RAEE estableciendo normas más claras que incrementen el nivel de seguridad jurídica.

Por lo que respecta a la recogida separada de RAEE de las entidades locales, la modificación contempla que éstas puedan suscribir acuerdos con los distribuidores de su ámbito territorial para que éstos realicen la entrega de RAEE doméstico en las instalaciones municipales, siempre que en las ordenanzas municipales o, en su caso, en las normas de funcionamiento de prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos, se identifiquen los lugares y horarios para hacerlo.

I

La mejora de la gestión de los residuos es una prioridad en la política ambiental de la Unión Europea. De este modo, los objetivos buscados a través de la regulación comunitaria y nacional son la protección, preservación y mejora del medio ambiente y de la salud humana, la garantía de una utilización prudente, eficiente y racional de los recursos naturales y la promoción de los principios de economía circular.

La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Por su parte, la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE) ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el cual, desarrollaba la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la materia.

Ambas directivas han sido modificadas por la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta directiva consolida el principio de jerarquía de residuos establecido en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, instando a la adopción de las medidas necesarias que permitan garantizar la aplicación práctica del orden de prioridades de la jerarquía de residuos.

Igualmente, la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, establece que la comunicación fiable de datos relativos a la gestión de residuos es primordial para una aplicación eficiente de la normativa y para garantizar la comparabilidad de datos entre los estados miembros, por lo que encomienda a éstos utilizar las normas más recientes desarrolladas por la Comisión y la metodología desarrollada por las correspondientes autoridades nacionales competentes responsables de la aplicación de dichas directivas.

Estas dos cuestiones que aborda la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, han de incorporarse a los reales decretos vigentes en la materia respectivamente.

II

Este real decreto tiene por objeto modificar el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, con el fin de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, y velar por el principio de precaución y prevención en la gestión de los residuos de pilas, acumuladores y baterías y de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, se pretende una mejora en la gestión de los residuos de pilas y acumuladores y de los RAEE estableciendo normas más claras que incrementen el nivel de seguridad jurídica.

La norma se estructura en dos artículos, que modifican ambas normas respectivamente, tres disposiciones adicionales, que se refieren a aspectos relacionados con la autorización de las instalaciones de gestión de residuos, a la adaptación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor y a la actualización de las cuantías de las garantías financieras de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, la primera de ellas para precisar una disposición sobre las entidades colaboradoras en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, de forma que sea acorde con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, en relación con su colaboración en la inspección; la segunda al objeto de completar la incorporación al ordenamiento jurídico español de las previsiones contenidas en la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE; y las dos restante relativas a la incorporación de las directivas de la Unión europea y a la entrada en vigor, respectivamente.

El artículo primero modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, y se divide en siete apartados.

En el apartado uno, el real decreto introduce nuevos códigos LER (Lista Europea de Residuos) para la identificación de residuos de pilas, acumuladores y baterías considerados peligrosos. Se trata de una codificación propia de ámbito estatal cuyo objeto es que no se puedan diluir en la categoría genérica de «Otras pilas y acumuladores» residuos que deben distinguirse, por su peculiaridad y características, en su recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento. Esta previsión se completa con un anexo V en el que se detallan dichos códigos.

El dinamismo del sector ofrece nuevos y numerosos tipos de pilas, acumuladores y baterías, que derivan de las crecientes demandas de nuevos usos y necesidades, como los asociados al sector del automóvil eléctrico. Así, esta novedad responde a la necesidad de ajustar la normativa a la nueva realidad, caracterizada por la existencia de nuevas químicas de pilas, acumuladores y baterías que no se ven representadas en el actual marco de residuos.

Igualmente, esta clasificación se adecúa al principio de precaución y prevención, y responde a la evidencia científica de la peligrosidad de ciertos componentes presentes en los residuos de pilas, acumuladores y baterías, como el litio, que se encuentra cada vez más en aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE) y en el sector de la automoción. Además, se pretende garantizar que las obligaciones relativas a la recogida y tratamiento adecuados de residuos se adaptan a las peculiaridades de esas nuevas tipologías de pilas, acumuladores y baterías, en aras de preservar la salud humana y el medio ambiente.

El resto de aspectos introducidos en el artículo primero se refieren a la comunicación de datos por parte del Estado español a la Comisión Europea, y a la necesidad de incentivar el principio de jerarquía de residuos. También se aclara la necesidad de que los productores que suscriban acuerdos voluntarios cumplan sus obligaciones como sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor.

El artículo segundo de este real decreto modifica el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. En sus cuarenta y tres apartados se recogen por un lado las disposiciones que permiten transponer la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, y por otro una serie de disposiciones que introducen mejoras en la citada norma.

En primer lugar, como resultado de las observaciones que ha realizado la Comisión Europea en relación con la transposición de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, es necesario garantizar la correcta incorporación de la directiva que opera en materia de RAEE, y en consecuencia mejorar la adaptación del real decreto a la directiva.

Entre otros aspectos, se reestructura el anexo XIV con el objeto de añadir objetivos de valorización que deben cumplir directamente los productores de AEE. En España, los RAEE sólo se pueden tratar en instalaciones que cumplan los objetivos de valorización por cada tipo de categoría, agrupadas por grupos de tratamiento y fracciones de recogida, tal y como se establece en el artículo 37, apartado 5.

Además, superados cinco años de vigencia del real decreto, se ha puesto de manifiesto la existencia de determinados aspectos susceptibles de mejora, bien a través del grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de coordinación en materia de residuos, bien a través de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo por parte de los distintos agentes implicados.

En concreto, en la modificación del apartado cuarto del artículo 7 se especifica que los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que anualmente hubieran incurrido los productores de AEE no figuren en las facturas que impliquen la comercialización de un AEE, en cualquier punto de la cadena. De esta forma, se elimina la diversidad de conceptos en las facturas de las operaciones comerciales intermedias que están suponiendo costes informáticos, desigualdades e incoherencias entre distintas tipologías de AEE. Todo ello sin menoscabar la necesaria transparencia, al garantizar el artículo 7 la información de los costes derivados de la gestión del RAEE a través de los medios que se especifican.

Además, cabe destacar la modificación del artículo 29 debido a la mayor dificultad de cumplimiento de los objetivos de recogida de RAEE en el ámbito del sector profesional. Ello deriva de particularidades en su composición y en su gestión como residuo que los diferencia de una forma excepcional dentro de su categoría, lo que hace necesaria la introducción de la posibilidad de establecer objetivos específicos para esos aparatos con la finalidad de que permitan realizar un seguimiento adecuado de la gestión de los residuos que generen.

También hay que destacar la modificación del artículo 38 con el objetivo de clarificar el papel de los productores de AEE en el ámbito de su responsabilidad, especificando de un modo más detallado las responsabilidades que asumen.

Asimismo, se extiende el ámbito de aplicación del real decreto a todos los AEE, que se clasifican en las categorías recogidas en su anexo III. Dichas categorías no suponen una limitación al ámbito sino una mera clasificación de los aparatos. Además, se introduce la mejora de la coherencia en la coordinación en materia de RAEE a través del grupo de trabajo de RAEE.

Debido a la apertura del ámbito de aplicación del real decreto, ha sido necesario modificar la lista de códigos LER-RAEE, incluida en la tabla 1 del anexo VIII.

También se han revisado las garantías financieras requeridas en el procedimiento de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de AEE, modificando el punto 2 del anexo XVII y reduciendo el importe de las cuantías de las garantías financieras de los productores de AEE domésticos.

Por otro lado, y en relación con ambas normas que se modifican, y con el fin de prevenir las consecuencias para el medio ambiente que tienen los productos importados que se escapan de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor, se considera de interés reforzar el control del cumplimiento por parte de los importadores de las obligaciones de registro en el Registro Integrado Industrial, tanto en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos como de pilas y acumuladores.

Habida cuenta de lo anterior, y considerando los controles que ya se efectúan de acuerdo con el Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan medidas de control a la importación de determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos, se considera adecuado que se añada la revisión del cumplimiento de las obligaciones de registro en el Registro Integrado Industrial en el momento de la importación, evitando la introducción de productos en el mercado español que no han cumplido con sus obligaciones.

III

Esta norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en particular, a los principios de necesidad y eficacia.

De conformidad con los dos principios mencionados, este real decreto se justifica por una razón de interés general, en tanto que se fundamenta en la protección del medio ambiente mediante la reducción de los impactos adversos causados por la generación y gestión de los RAEE y de pilas, acumuladores y baterías. Además esta norma propugna la mejor gestión posible de estos residuos, garantizando el correcto tratamiento de los mismos, lo que, en definitiva, minimiza los daños potenciales en la salud de las personas y evita la contaminación del medio ambiente.

Este real decreto cumple con el principio de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir velar por una adecuada gestión de los residuos de pilas y acumuladores y de los RAEE, modificando únicamente aquellos aspectos para los que sea necesario la aclaración y mejora de ambos reales decretos junto con la necesaria transposición de las Directivas de la Unión Europea. Además, esta iniciativa normativa se ejerce en coherencia con el ordenamiento jurídico, nacional y comunitario.

Igualmente, respeta los principios de transparencia y eficiencia, puesto que se cumplen todos los trámites de información y audiencia públicas que dan participación a todos los agentes implicados y no contiene ninguna carga administrativa ni supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado.

En el procedimiento de elaboración de esta norma se han sustanciado los trámites de audiencia e información pública a los que se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En concreto, han sido consultados los agentes económicos y sociales, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, así como las entidades locales, a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, en virtud del artículo 13 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y los sectores más representativos potencialmente afectados. Así mismo, se han recabado informes de otros departamentos ministeriales u organismos que se han estimado convenientes.. Además, el proyecto se ha sometido a consulta del Consejo Asesor del Medio Ambiente y al trámite de participación pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en relación a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como a la legislación general básica en materia de medio ambiente, respectivamente. La habilitación para llevar a cabo este desarrollo reglamentario está contenida en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que faculta al Gobierno de la Nación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley y, en particular, para establecer normas para los diferentes tipos de residuos en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su producción y gestión.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de enero de 2021,

DISPONGO:

Artículo primero. 
Modificación del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade el siguiente párrafo al final de la letra j) del artículo 3:

Dos. El apartado 6 del artículo 5 se modifica en los siguientes términos:

Tres. El apartado 5 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro. Se incorpora una letra f) al artículo 13 con la siguiente redacción:

Cinco. El apartado 6 del artículo 15 queda modificado en los siguientes términos:

Seis. Se introduce un apartado 3 en el artículo 20, en los siguientes términos:

Siete. Se añade el anexo V con la siguiente redacción:

Artículo segundo. 
Modificación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda modificado como sigue:

Dos. Las letras a) y j) del artículo 3 quedan redactadas de la siguiente forma:

Tres. Se añade un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción:

Cuatro. Los apartados 3 y 4 del artículo 6 quedan modificados del siguiente modo:

Cinco. La letra c) del apartado 7 y el apartado 8, todos ellos del artículo 8 quedan modificados como sigue:

Seis. El artículo 17 queda redactado como sigue:

Siete. El apartado 2 del artículo 18 queda modificado como sigue:

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 19:

Nueve. El apartado 2 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 23 y se añade el apartado 5 de este artículo, quedando como siguen ambos apartados:

Once. El apartado 1 del artículo 28 queda modificado del siguiente modo:

Doce. Se incorpora el apartado 3 al artículo 28:

Trece. Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 29 quedan modificados en los siguientes términos:

Catorce. El apartado 5 del artículo 32 queda redactado como sigue:

Quince. El apartado 3 del artículo 35 queda redactado como sigue:

Dieciséis. La letra d del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 38 quedan modificados como sigue:

Diecisiete. La letra b del apartado 2 del artículo 39 queda así modificada:

Dieciocho. El apartado 1 del artículo 40 se modifica como sigue:

Diecinueve. La letra e) del apartado 1 del artículo 41 queda redactado como sigue:

Veinte. El párrafo e) del apartado 2 del artículo 43 queda redactado como sigue:

Veintiuno. El apartado 9 del artículo 43 queda modificado del siguiente modo:

Veintidós. El apartado 2 del artículo 44 queda redacto en los siguientes términos:

Veintitrés. El artículo 53 queda modificado como sigue:

Veinticuatro. El cuarto párrafo del apartado 2 del artículo 54 queda modificado como sigue:

Veinticinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 55 que quedan redactados del siguiente modo:

Veintiséis. Se modifica el apartado 6 del artículo 56 que queda redactado como sigue:

Veintisiete. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 57 que quedan redactados de la siguiente manera:

Veintiocho. El primer párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria séptima queda redactado como sigue:

Veintinueve. La disposición transitoria novena queda redactada como sigue:

Treinta. Se modifica el apartado 2 del anexo II, que queda redactado en los siguientes términos:

Treinta y uno. Se modifica el apartado 1 del anexo III, que queda redactado del siguiente modo:

Treinta y dos. Se modifica el apartado 6 del anexo IV, que queda redactado como sigue:

Treinta y tres. El segundo párrafo de la parte A del anexo VII queda redactado en los siguientes términos:

Treinta y cuatro. El anexo VIII queda modificado como se establece a continuación:

Treinta y cinco. El último párrafo del apartado 1 de la parte A y la letra f) del apartado 2 de la parte B, ambos del anexo XI quedan redactados como sigue:

Treinta y seis. El anexo XII queda modificado como sigue:

Treinta y siete. Se modifica el anexo XIII, que queda redactado como sigue:

Treinta y ocho. El anexo XIV queda redactado como se establece a continuación:

Treinta y nueve. Se modifican los párrafos 1.º y 15.º del apartado 1.a) del anexo XVII, que queda redactado como sigue:

Cuarenta. El párrafo segundo del apartado 2 del anexo XVII se modifica como sigue:

Cuarenta y uno. El apartado 2.º de la letra b y el apartado 6.º de la letra c del anexo XVIII quedan redactados según se dispone a continuación:

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. 
Autorización de las instalaciones de gestión de residuos de pilas, acumuladores y baterías y de RAEE por las comunidades autónomas.

1. Los titulares de las instalaciones de gestión de residuos de pilas, acumuladores y baterías, que ya dispusieran de una autorización conforme al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, comunicarán a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de residuos, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la incorporación en su autorización de los códigos LER nacionales establecidos en el artículo 3 j), siempre que la misma ya contemple operaciones de gestión de los códigos LER 16 06 04, 16 06 05 y 20 01 34. La comunicación tendrá eficacia desde la fecha de su presentación.

2. Así mismo, los titulares de las instalaciones de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ya dispusieran de una autorización conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, comunicarán a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de residuos, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la incorporación en su autorización de los códigos LER-RAEE 200123*-41*, 160211*-41*, 200136-62 y 160214-62. La comunicación tendrá eficacia desde la fecha de su presentación.

3. Las autoridades competentes actualizarán el contenido de las autorizaciones, incorporando los nuevos códigos comunicados, así como las condiciones adicionales que, en su caso, tengan que cumplir los titulares de las instalaciones. Todo ello sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

4. Cuando las instalaciones no dispongan de autorización de acuerdo con el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, o con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se seguirá el régimen de autorización contemplado en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y en los citados reales decretos.

Disposición adicional segunda. 
Adaptación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor de AEE no selectivos.

Los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor de AEE no selectivos existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán comunicar dentro del plazo de 6 meses desde la publicación del presente real decreto al órgano competente de la comunidad autónoma, los tipos de aparatos que ponen en el mercado y cuyos residuos organizarán y financiarán. A partir de la fecha de entrada de la comunicación solo podrán organizar y financiar esos residuos, sin perjuicio de posteriores comunicaciones sobre nuevos tipos de aparatos que incorporen al sistema individual.

Disposición adicional tercera. 
Adaptación de las cuantías de las garantías financieras de los productores de AEE domésticos.

Las garantías financieras de AEE domésticos suscritas y acreditadas ante el órgano de la comunidad autónoma competente por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de acuerdo con los artículos 45 y siguientes, se adaptarán a las cuantías calculadas de acuerdo con la fórmula introducida en el anexo XVII.2, en su siguiente revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 45.3. En todo caso, esta revisión se efectuará en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de este real decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. 
Modificación del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

El apartado 3 del artículo 17 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se sustituye por el siguiente texto:

Disposición final segunda. 
Modificación de Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.

Se añade un nuevo apartado e) al artículo 6.4, con la siguiente redacción:

Disposición final tercera. 
Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Este real decreto incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Asimismo, la disposición final segunda completa la incorporación al ordenamiento jurídico español de las previsiones contenidas en la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE, mediante la modificación del Real Decreto 818/2018, de 6 de julio.

Disposición final cuarta. 
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de enero de 2021.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Cuarta del Gobiernoy Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ