Medidas urgentes para el impulso de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha


Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.

Vigente desde 01/08/2020 | DOCM 152/2020 de 31 de Julio de 2020

Ante el impacto socio-económico negativo que ha ocasionado la crisis sanitaria del coronavirus, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha creído conveniente aprobar una serie de medidas que puedan ayudar a agilizar y simplificar la tramitación administrativa que faciliten la creación iniciativas empresariales, reduciendo o eliminando trámites burocráticos, por lo que se aprueba esta Ley de cuyo contenido puede destacarse lo siguiente:

1.- Esta ley recoge la declaración de un proyecto como prioritario que supone una serie de efectos en cuanto a su tramitación y los requisitos para su obtención otorgándole una tramitación administrativa preferente y urgente, con reducción de plazos e incluso puede suponer la declaración de utilidad pública o interés social.

2.- Se determinan como proyectos prioritarios los que tengan que ver con sectores económicos estratégicos, estableciendo cuáles son estos sectores.

3.- Se regulan los requisitos y el procedimiento para declarar un proyecto como prioritario:

Las Corporaciones Locales y sus Entidades y empresas dependientes de ellas, pueden  presentar la correspondiente solicitud como promotores de los proyectos.

Se crea la Unidad de Acompañamiento Empresarial como unidad para el apoyo e impulso tanto de los proyectos que pretendan su declaración como prioritarios como de coordinación, seguimiento e impulso de los que ya hayan sido declarados como tales.

En la elaboración del informe de valoración de los proyectos está presente un representante del municipio o municipios afectados por la actuación o, en su defecto, un representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

4.- Son efectos de declararse un Proyecto como Prioritario:

-  impulso preferente y urgente ante la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus entes vinculados y dependientes;

- aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia por las entidades locales, reduciéndose a la mitad los plazos, salvo los de presentación de solicitudes y recursos;

- preferencia para acceder a las líneas de financiación, así como a la formalización de avales, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de cualquiera de sus entidades dependientes.

- cuando el proyecto tenga su desarrollo en suelo rústico puede obtener la calificación urbanística prevista en la normativa de ordenación territorial y urbanística, así como, en su caso, la autorización para excepcionar los parámetros de ocupación máxima y parcela mínima previstos en la Instrucción Técnica de Planeamiento;

- efectos de declaración de interés regional, reduciéndose a la mitad todos los plazos previstos, en el supuesto de que se utilicen determinados instrumentos urbanísticos.

5.- Se establece la posibilidad de que Los ayuntamientos que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes necesarios para la implantación de los proyectos declarados como prioritarios, puedan encomendar su tramitación a la correspondiente Diputación Provincial o a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

6.- Se modifica la Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha para incluir la figura del Municipio Turístico para promover la calidad en la prestación de los servicios municipales.

7.- Se recoge una bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, y la bonificación temporal de un año del 100 % en la tasa de espectáculos taurinos.

8.- Se efectúa la siguiente modificación del Decreto Legislativo 1/2010 (EDL 2010/61239), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística:

- Se suprimen los Proyectos de Urbanización, que definen los detalles técnicos de las obras públicas previstas por los Planes, de la clasificación del art. 17 como instrumentos de apoyo a los  planes de ordenación territorial y urbanística.

Se considera que los instrumentos del art. citado 17, así como las ordenanzas de edificación o de urbanización, en cuanto que no constituyen planes están sometidos al procedimiento de evaluación ambiental por resultar innecesario ante su escasa entidad y su nula capacidad innovadora respecto a la ordenación urbanística.

Además se considera que tienen la naturaleza de actos administrativos generales ordenadores, y que pueden incorporar normas que establezcan, de acuerdo con la legislación aplicable, derechos y deberes, condiciones de los usos y de las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria, parámetros para la implantación de usos, regímenes de protección del patrimonio histórico y natural y otros aspectos propios de su contenido. Dichas normas se consideran disposiciones administrativas de carácter general y pueden aprobarse conjunta o separadamente del resto del instrumento de ordenación, debiendo ser publicadas en el diario oficial correspondiente.

- Se establece que La aprobación definitiva de los Planes que afecten a elementos integrantes de la ordenación detallada y Estudios de Detalle de iniciativa municipal o particular le corresponde al Ayuntamiento Pleno en el caso de los Planes, y a la persona titular de la Alcaldía o a la Junta de Gobierno Local conforme a la normativa de régimen local en el supuesto de Estudios de Detalle, y se establece la posibilidad de que un  Estudio de Detalle se tramite y apruebe conjuntamente con las licencias urbanísticas de todos o alguno de las parcelas comprendidas en su ámbito.

- Se dispone que el procedimiento de calificación de actos que se den en más de un término municipal debe ser totalmente instruido hasta su resolución por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de la posterior concesión de licencia urbanística por los municipios afectados.

- En cuanto al afianzamiento del cumplimiento de las condiciones de las correspondientes calificación y licencia, como requisito administrativo de los actos de uso y aprovechamiento urbanístico se dispone que concluida completamente la ejecución de las obras y se reciba la declaración de conformidad de la Administración Municipal, puede solicitarse la devolución parcial de la garantía, quedando garantizado en todo caso el plan de restauración o de obras y trabajos. También se puede solicitar cuando se autorice la ejecución por fases.

- Se recoge la posibilidad de sustitución de los trabajos de replantación por su equivalente en ingreso en metálico cuando no se puedan acometer para la calificación urbanística de los actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo promovidos por particulares.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actual situación socioeconómica sitúa a Castilla-La Mancha en una encrucijada que debería unir a las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha en una predisposición nítida en orden a adoptar políticas urgentes para hacer frente a las necesidades de la Comunidad Autónoma. Como muestra de ello, el 3 de junio de 2020, se suscribió el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19, que incluía entre sus medidas la aprobación de una ley que estableciera la tramitación preferente y la agilización y simplificación administrativa de iniciativas empresariales que atraigan inversiones consideradas estratégicas para Castilla-La Mancha. Esta Ley es la materialización de dicha medida.

En este contexto, tanto las Cortes de Castilla-La Mancha, en el ámbito legislativo, como el Gobierno Regional, en el de impulso y gestión, han de centrar sus esfuerzos y su actividad en incentivar la dinamización económica y empresarial dentro de su territorio, haciendo primar factores de inversión y empleo, articulando y coordinando los recursos disponibles del conjunto de la sociedad y de sus empresas y emprendedores, para impulsar la atracción de nuevos proyectos empresariales considerados estratégicos, que ayuden a vertebrar el territorio, incidiendo en medidas de simplificación administrativa y agilizando los trámites para facilitar la implantación de nuevas actividades económicas que supongan la generación de empleo y de un crecimiento que apueste por el desarrollo de nuestra tierra.

En esta línea, la presente ley no sólo crea los instrumentos necesarios para poder afrontar una nueva realidad económica regional, sino que extiende la simplificación administrativa a las actividades empresariales, siguiendo las directrices del Banco Mundial, que en su informe anual Doing Business, muestra como la eliminación o reducción de trámites burocráticos a la hora de iniciar un negocio conduce a numerosos beneficios tanto para la economía como para el conjunto de la sociedad.

La simplificación administrativa perseguida en esta Ley tiene como antecedentes la regulación emprendida por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que determina como necesario evitar el exceso de regulación o duplicidades en un procedimiento aplicando el principio de simplificación de cargas junto al principio de necesidad y proporcionalidad en las actuaciones de acceso a las actividades económicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que en su artículo tercero impone a las administraciones públicas la obligación de respetar en su actuación los principios de simplicidad y claridad y proximidad a los ciudadanos.

Todas estas medidas tienen por objeto facilitar una nueva base de recuperación para el retorno a la actividad y se articulan en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.

Así, el Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 31.1. 12ª, la competencia exclusiva referida a la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de Castilla-La Mancha.

Asimismo, en su artículo 31.1.2 le otorga competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El artículo 32 del Estatuto de Autonomía, en su apartado 7, atribuye a la comunidad autónoma en el marco de la legislación básica del estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas.

La presente ley pretende crear un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, que permita atraer proyectos e inversiones empresariales que se declaren prioritarios porque contribuyan de modo especial a la reactivación de la actividad económica de la región o pertenezcan a sectores económicos estratégicos por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Castilla-La Mancha.

A tal fin se crea la Unidad de Acompañamiento Empresarial, a la que se encomiendan funciones de apoyo e impulso de los proyectos que pretendan su declaración como prioritarios en nuestro territorio, así como la coordinación, seguimiento e impulso de los proyectos que hayan obtenidos esta declaración.

La declaración de un proyecto como prioritario conforme a los requisitos y procedimiento regulados en la ley, determinará la tramitación administrativa preferente y urgente en la Administración Pública de Castilla-La Mancha y sus entidades vinculadas y dependientes, con reducción de los plazos administrativos previstos en la norma, pudiendo asimismo comportar la declaración de utilidad pública o interés social, con los efectos previstos en la Legislación de Expropiación Forzosa, cuando la declaración de proyecto prioritario afecte a proyectos pertenecientes a sectores económicos estratégicos.

Además de estos efectos, la ley prevé otros efectos de los que se beneficiarán los proyectos declarados como prioritarios, entre los que se incluyen medidas de incentivación económica y financiera y en materia de ordenación territorial y urbanística.

La ley establece mecanismos para el adecuado seguimiento y coordinación de los proyectos declarados como prioritarios encomendando a la Unidad de Acompañamiento Empresarial, en coordinación con los diferentes órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestar apoyo a la persona promotora para la realización de los trámites administrativos precisos para la obtención de las autorizaciones administrativas y requisitos legales precisos para la puesta en marcha del proyecto. Incumbe también a esta Unidad el seguimiento continuo del proyecto hasta la total implementación, la cual deberá ejecutarse conforme a la solicitud presentada sin perjuicio de las modificaciones que pueda autorizar el órgano que efectuó la declaración de proyecto prioritario.

Para la adecuada implantación y el desarrollo de los proyectos en cada uno de los sectores económicos estratégicos, se pondrá a disposición de la ciudadanía un visor cartográfico en el que se especificarán los condicionantes ambientales a que se pueda ver sometido un proyecto en función de su ubicación. Asimismo, la ley establece una clasificación del territorio en función de la regulación ambiental o valor de los recursos y de la aptitud para absorber proyectos empresariales o industriales, para que los promotores puedan conocer los condicionantes ambientales de un territorio.

Atendiendo a las especiales circunstancias derivadas del COVID-19 la ley complementa su regulación articulando medidas extraordinarias temporales, que afectan a las Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha y que comprenden en el ámbito financiero al uso especial del Fondo de Promoción y Formación de las Cooperativas de Castilla-La Mancha y en el ámbito organizativo interno, a la asunción excepcional de determinadas competencias por parte del órgano de administración de las sociedades cooperativas y hasta el 31 de diciembre, ante la imposibilidad de celebrar telemáticamente o por videoconferencia tanto las sesiones del órgano de administración como la Asamblea General de dichas sociedades.

Para paliar las pérdidas económicas derivadas de la falta de explotación de máquinas o aparatos de juego en los locales y establecimientos en los que conforme a la normativa de juego pueden instalarse este tipo de máquinas, derivadas de la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos señalados en el artículo 10.3 y anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, la norma prevé una bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, al amparo de las previsiones del artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Asimismo, y con el objetivo de seguir fomentando la tradición taurina de nuestra Comunidad Autónoma, situada entre las primeras regiones de España en esta tradición, conforme a los datos estadísticos publicados anualmente por el ministerio competente en materia de cultura, se recoge en esta ley una bonificación temporal de un año del 100 % en la tasa de espectáculos taurinos, sin perjuicio de la exigencia de las correspondientes autorizaciones previstas en la normativa específica.

Las disposiciones finales de la ley abordan, en primer lugar determinadas modificaciones puntuales del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y una modificación de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias dirigidas a facilitar una mayor eficacia en los procedimientos que abordan, en la línea de lo expuesto, para simplificar procedimientos y requisitos administrativos en orden a la consecución de los objetivos de simplificación antedichos. Asimismo, se contempla una modificación de la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras para contemplar como fórmula de ubicación de las explotaciones ganaderas el código REGA.

Se incorpora una modificación de la Ley 5/2007, de 8 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, así como la modificación de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, que afecta, por una parte, al artículo 17, introduciendo la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil por parte de las empresas de intermediación turística para atender daños producidos a sus clientes como consecuencia de la prestación de alguno de sus servicios; y por otra parte y en el mismo sentido, en el artículo 19 bis se incorpora la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil, de asistencia y accidente a las empresas de ecoturismo, reguladas por primera vez en Castilla-La Mancha por Decreto 5/2020 de 3 de marzo. Por otra parte, mediante un artículo 46 bis, se introduce la figura del Municipio Turístico con el fin de promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida en la que tendrá un singular protagonismo la sostenibilidad turística, la importancia del territorio y del paisaje, la relevancia de la cultura y el patrimonio, las señas de identidad y tradición local, y la cooperación y participación de las entidades y organizaciones locales, todo ello con la finalidad de contribuir a la consecución de un modelo de gestión que posibilite un uso más racional del territorio, el incremento de la calidad de los servicios prestados al turista y la participación activa de todas las personas y entidades que tienen un papel activo en el ámbito turístico en el crecimiento económico y el desarrollo social que se deriva de la actividad turística.

Resulta necesario modificar el apartado 4 del citado artículo 102 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, para poder hacer una sustitución de la función interventora, de forma más específica y que pueda adaptarse a situaciones como la actual y habilitar a la Intervención General la concreción y determinación del alcance de la misma.

Junto a todo lo anterior, también se llevan a cabo modificaciones de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha y de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 
Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, para el desarrollo de proyectos prioritarios, así como para fomentar e incentivar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha, para lo que se ofrece una labor de acompañamiento desde la Administración Regional.

Artículo 2. 
Finalidad.

1. La finalidad de la presente ley es contribuir, mediante la simplificación de los trámites administrativos y la creación de instrumentos de apoyo a los proyectos prioritarios, a la reactivación de la actividad económica como la mejor manera de superación de las consecuencias socioeconómicas o cualquier otra que por otras circunstancias sanitarias, naturales o de cualquier otra índole se pudiera producir en el territorio de Castilla-La Mancha.

2. La aplicación de los preceptos contenidos en esta ley tiene por objeto establecer medidas tendentes a la inmediata materialización de los proyectos prioritarios, mediante la simplificación de los trámites precisos.

CAPÍTULO II. 
UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

Artículo 3. 
Unidad de Acompañamiento Empresarial.

1. Dentro de la estructura de la Consejería con competencias en materia de incentivación empresarial se crea la Unidad de Acompañamiento Empresarial como unidad de información, apoyo e impulso tanto de los proyectos que pretendan su declaración como prioritarios en el territorio de Castilla-La Mancha como de coordinación, seguimiento e impulso de los que ya hayan sido declarados como tales.

2. La Unidad de Acompañamiento Empresarial, en coordinación con las diferentes unidades administrativas u órganos competentes para la tramitación de los procedimientos, tendrá carácter multidisciplinar y ostentará las siguientes funciones:

  • a) Orientar y apoyar a los promotores de los proyectos que pretendan someter a éstos a los trámites de esta ley en pos de la declaración como proyecto prioritario desde la fase más temprana de su planteamiento y durante todo el desarrollo de éstos.
  • Esta función incluirá la información y asesoramiento al promotor y podrá referirse a aspectos como la viabilidad económica y vías de financiación de la actuación; la idoneidad de su ubicación tanto desde el punto territorial y urbanístico como ambiental y otros; la disponibilidad de recursos y ayudas a su implantación y desarrollo, así como a los procedimientos para optar a éstos; los requisitos de toda naturaleza y en particular los administrativos que haya que cumplir para dicha implantación ante cuantas Administraciones proceda.
  • b) Impulsar la actuación de los diferentes órganos y entidades públicas implicadas en la tramitación de los proyectos empresariales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 promoviendo la celeridad en la realización de trámites, sin perjuicio de la competencia de cada Administración.
  • c) Prestar apoyo y asesoramiento al promotor en la subsanación de las carencias o mejoras en la documentación. Así como en los defectos de tramitación que puedan dilatar la puesta en marcha del proyecto.
  • d) Realizar un seguimiento del estado de tramitación del expediente ante los órganos competentes de la Administración regional y de su sector público, y, en su caso, de las entidades locales y de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, previa suscripción con éstos de los oportunos instrumentos de colaboración.
  • e) Colaborar en la obtención de financiación y avales de los proyectos presentados.
  • 3. Las funciones de apoyo de la Unidad de Acompañamiento Empresarial continuarán durante la efectiva ejecución y puesta en marcha de la actividad o proyecto.

    TÍTULO II. 
    PROYECTOS PRIORITARIOS

    CAPÍTULO I. 
    DEFINICIÓN Y REQUISITOS

    Artículo 4. 
    Definición.

    1. Se consideran Proyectos Prioritarios los declarados como tales por el Gobierno de Castilla-La Mancha en atención a su especial contribución a la reactivación de la actividad económica.

    2. Igualmente podrán declararse como proyectos prioritarios, aquellos proyectos empresariales pertenecientes a sectores económicos estratégicos por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Castilla-La Mancha.

    3. Se califican, a efectos de esta ley, como sectores económicos estratégicos en Castilla-La Mancha los siguientes:

  • a) El sector agrícola, ganadero y forestal.
  • b) El sector de la energía.
  • c) El sector de la economía circular.
  • d) El sector agroalimentario.
  • e) El sector aeronáutico.
  • f) El sector de la industria, en general.
  • g) El sector de la logística y los transportes.
  • h) El sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación.
  • i) El sector de la atención a la dependencia.
  • j) Sectores relacionados con la prestación de servicios públicos en régimen de concesión o de autorización administrativa.
  • k) El sector del turismo y la hostelería.
  • l) El sector de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión.
  • m) El sector de la investigación, el desarrollo y la innovación.
  • n) El sector de la artesanía.
  • 4. Las agendas de trabajo de las Unidades de Acompañamiento Empresarial serán objeto de publicación en el Portal de Transparencia, en los mismos términos que prevé el artículo 9.3 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, con indicación de los promotores de los proyectos con los que se establezca relación.

    Artículo 5. 
    Requisitos.

    1. Para que un proyecto sea declarado como prioritario, deberá aportar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un valor añadido a su desarrollo por su especial relevancia para su impulso económico, social, y territorial, y además resultar ambientalmente sostenible.

    2. Las iniciativas empresariales que aspiren a la declaración como proyectos prioritarios deberán contribuir a la generación de empleo, en términos de puestos de trabajo fijo a jornada completa, e implicar la realización de una inversión en activos fijos que alcancen, simultáneamente, los siguientes umbrales:

    3. Los umbrales regulados en el apartado anterior se reducirán a la mitad cuando la localización del proyecto o actuación se efectúe en municipios a los que hace referencia el artículo 4 o las Disposiciones Adicionales Primera o Segunda de la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha.

    En caso de que la ubicación del proyecto se localice en más de un término municipal, a los efectos del presente artículo se estará al de mayor población de éstos.

    4. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta motivada de la Consejería competente en la materia en función del sector estratégico de que se trate, determinará los criterios o supuestos por los que se procederá a la declaración de proyectos prioritarios correspondientes a los sectores económicos estratégicos calificados en el apartado 3 del artículo 4 de esta ley, a los que serán de aplicación los efectos previstos en el Título III.

    Los acuerdos del Consejo de Gobierno por los que se aprueben los criterios o supuestos a los que hace referencia el párrafo anterior será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

    Los proyectos pertenecientes a sectores estratégicos podrán estar exentos de los umbrales fijados en el apartado 2 anterior.

    5. Excepcionalmente, podrán declararse como proyectos prioritarios otros que, por sus características especiales, sean considerados estratégicos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del Gobierno de CastillaLa Mancha, que incluirá una justificación de las características y motivos que aconsejan la declaración del proyecto.

    CAPÍTULO II. 
    PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN

    Artículo 6. 
    Solicitudes de declaración de proyecto prioritario.

    1. Las personas promotoras de iniciativas empresariales interesadas en obtener la declaración de proyecto prioritario al amparo de esta ley, habrán de presentar una solicitud por medios electrónicos según dispone la normativa básica en materia de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Esta solicitud se acompañará, al menos, de la siguiente documentación:

  • a) Memoria del proyecto, que incluirá:
    • i) Entidades o personas promotoras del proyecto, incluyendo todos los datos necesarios para su plena identificación, así como las escrituras de constitución y poderes de la entidad o entidades solicitantes.
    • ii) Características del proyecto e identificación y justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior.
    • iii) Estudio sobre la generación de empleo y sus características, y grado de innovación tecnológica.
    • iv) Descripción del impacto económico, social, medioambiental, así como de los efectos sobre la vertebración territorial de la inversión.
    • v) Localización, titularidad o disponibilidad, delimitación del ámbito y detalle de los terrenos y la estructura de la propiedad.
    • vi) Plan de viabilidad económico-financiera, con indicación de los recursos disponibles para el desarrollo de esta.
    • vii) La solicitud, en su caso, de la aplicación de los instrumentos urbanísticos previstos en el Capítulo II del Título III del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
    • viii) La solicitud, en su caso, de la declaración de utilidad pública o interés social, identificando la relación de bienes y derechos afectados.
    • ix) Cualesquiera otros compromisos que decida asumir la persona promotora de la inversión.
  • b) Declaración responsable sobre el mantenimiento de los compromisos de inversión y empleo.
  • c) Dirección de correo electrónico a la que se harán todas las comunicaciones que relacionadas con el proyecto o actuación tenga que realizar la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
  • 2. Un mismo promotor podrá plantear como susceptible de declaración como prioritario una propuesta conjunta de inversión que incluya una variedad de proyectos, en cuyo caso a la documentación especificada en el apartado anterior deberá incluir la justificación de las relaciones de unos y otros, así como un estudio de las sinergias que puedan generarse por la propuesta conjunta de inversión.

    3. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las entidades que forman parte del sector público regional, las Corporaciones Locales y sus Entidades y empresas dependientes de ellas, cuando sean los promotores de los proyectos, también podrán presentar la correspondiente solicitud en los términos establecidos en el apartado anterior.

    Artículo 7. 
    Incoación del procedimiento.

    1. Las solicitudes de declaración de interés prioritario se dirigirán a la Unidad de acompañamiento empresarial regulada en el artículo 3 de la presente ley a quien competerá el impulso de su tramitación.

    2. La Unidad de acompañamiento empresarial realizará un primer examen del contenido de la documentación presentada, requiriendo para que proceda a la subsanación de los documentos que necesitarán de mejora o subsanación. Dicha Unidad apoyará directamente al solicitante en la más pronta atención del requerimiento formulado.

    3. Dicha unidad simultáneamente a las actuaciones señaladas en el apartado anterior, requerirá de cuantas Administraciones sea preciso la emisión de los informes que resulten preceptivos o entienda precisos en el seno del procedimiento de declaración de proyecto prioritario y en todo caso el de los municipios en cuyo término municipal se plantee éste y someterá el expediente a información pública durante un periodo de veinte días a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y del Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

    La emisión de estos informes será preferente en su tramitación y su plazo de emisión será de un máximo de siete días, entendiéndose que, si transcurrido dicho plazo no se hubiese recibido el informe, no existe inconveniente para la declaración como proyecto prioritario.

    4. La información pública a la que hace referencia el apartado anterior podrá integrarse en las informaciones públicas previstas en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha y en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística.

    Artículo 8. 
    Evaluación de los proyectos de inversión.

    Una vez completa la documentación que incluirá los informes emitidos señalados en el artículo anterior, la unidad de acompañamiento empresarial impulsará la evaluación de los proyectos:

    a) En el caso de proyectos pertenecientes a sectores calificados como estratégicos, comprobará el cumplimiento de los criterios o supuestos a los que hace referencia el apartado 4 del artículo 5, emitiendo el correspondiente informe propuesta a la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

    b) En el resto de los casos, remitirá a la Consejería competente en materia de ordenación territorial la totalidad del procedimiento para su valoración.

    Artículo 9. 
    Valoración de los proyectos.

    1. Una vez recibida la documentación por la Consejería competente en materia de ordenación territorial, y en el plazo máximo de 5 días, se convocará sesión de la correspondiente Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con la inclusión en su orden del día y para su informe, entre otros, de los expedientes que se sometan al procedimiento regulado en la presente ley. La sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo deberá celebrarse en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de la documentación referida.

    Los expedientes cuya declaración como proyecto prioritario corresponda al Consejo de Gobierno en aplicación del artículo 10 serán informados por la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo.

    A las sesiones de la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo asistirá un miembro de la unidad de acompañamiento empresarial que haya tramitado el expediente y un representante de la Consejería con competencias en materia de incentivos empresariales.

    2. El informe a emitir tendrá como objeto, al menos, las determinaciones que correspondan en materia:

  • a. Territorial y urbanística.
  • b. Ambiental.
  • c. Patrimonio histórico y cultural.
  • d. Económica y empresarial, comprendiendo las obligaciones que han de asumir las personas promotoras de la inversión empresarial objeto de la declaración, concretando el plazo en que deban cumplirse las mismas.
  • e. Aspectos municipales, a cuyo fin se invitará a un representante del municipio o municipios afectados por la actuación o, en su defecto, a un representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
  • A tal fin, tanto los representantes de las Consejerías competentes en las anteriores materias, como los de los municipios interesados en cada asunto del orden del día, intervendrán en la sesión en forma de informe de ponencia, previamente elaborado y remitido a la Secretaría de la Comisión. Dichos informes se someterán a la decisión de la Comisión y figurarán de manera específica y separada en el acta que recoja los acuerdos de la misma.

    3. Sin perjuicio de su participación en la sesión de la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y del requerimiento de informe a que se refiere el artículo precedente, las Administraciones a las que corresponda informar en el seno del procedimiento regulado en la presente ley podrán hacerlo por escrito o en voz en la propia sesión de este órgano colegiado, a cuyo fin serán requeridos por parte de su Presidencia.

    4. El acuerdo de la correspondiente Comisión adoptará la forma de informe propuesta de declaración de proyecto prioritario, del que se dará traslado por su Secretaría a la persona promotora del proyecto para que, en el plazo de cinco días, alegue ante la Unidad de acompañamiento empresarial, en su caso, lo que estime procedente y en todo caso manifieste su conformidad con las obligaciones establecidas en aquel. En el supuesto de que no se produzca dicha conformidad la propuesta formulada quedará sin efecto.

    5. La Consejería con competencias en materia de incentivación empresarial dará traslado del informe propuesta al que se hace referencia en el apartado anterior al órgano competente para la declaración como proyecto prioritario.

    Artículo 10. 
    Declaración de Proyecto Prioritario.

    1. La competencia para declarar un proyecto como prioritario corresponde:

  • a) A la persona titular de la Consejería competente en la materia a que se refiera el proyecto, mediante la correspondiente orden:
    • a. Cuando se trate de proyectos pertenecientes a sectores calificados como estratégicos mediante Orden de la persona titular de la Consejería.
    • b. Cuando se trate de proyectos del resto de sectores que no superen los 5.000.000 de euros de inversión.
    • Cuando las materias a la que se refiera un proyecto sean competencia de varias consejerías, la declaración como proyecto prioritario corresponderá a la Consejería competente en materia de incentivación empresarial.
  • b) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante acuerdo del mismo:
    • a. Cuando se trate proyectos no pertenecientes a sectores calificados como estratégicos, cuando el proyecto supere los 5.000.000 euros de inversión.
    • b. En todo caso cuando el proyecto adopte la forma de Proyecto o Plan de Singular Interés o conlleve la declaración de utilidad pública o interés social prevista en el artículo 13.
    • El Consejo de Gobierno, en aplicación del artículo 17 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, podrá constituir una Comisión Delegada para la declaración de Proyectos de Interés.
  • 2. La declaración de un proyecto como prioritario tendrá los efectos previstos en el Título siguiente, pero no prejuzga el sentido de los diferentes actos administrativos que conlleve la tramitación del proyecto.

    3. La declaración se notificará a la persona promotora del proyecto, surtiendo efectos la declaración a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

    4. Periódicamente el Gobierno Regional informará de los proyectos declarados como prioritarios al Consejo del Diálogo Social, previsto en la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

    TÍTULO III. 
    EFECTOS DE LA DECLARACIÓN COMO PROYECTO PRIORITARIO

    CAPÍTULO I. 
    EFECTOS GENERALES

    Artículo 11. 
    Tramitación administrativa preferente.

    Los Proyectos declarados como prioritarios tendrán, además de los efectos señalados en la presente ley, el de que, en sus distintos trámites administrativos, gozarán de un impulso preferente y urgente ante cualquiera de los departamentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus entes vinculados y dependientes.

    Artículo 12. 
    Reducción de los plazos administrativos.

    1. Los proyectos declarados como prioritarios serán tramitados por todos los órganos de la Administración regional que intervengan en la tramitación a efectos de obtención de las autorizaciones administrativas preceptivas para su ejecución, de acuerdo al procedimiento de tramitación de urgencia y despacho prioritario conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para lo cual se reducirán los plazos a la mitad, salvo los relativos a la presentación recursos, así como los de naturaleza fiscal.

    2. A estos proyectos declarados prioritarios las corporaciones locales por razones de interés público aplicarán al procedimiento la tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de acuerdo con la legislación básica de régimen local.

    Artículo 13. 
    Declaración de Utilidad Pública o interés social.

    La declaración de proyecto prioritario efectuada sobre proyectos pertenecientes a sectores económicos estratégicos podrá incluir la declaración de utilidad pública o interés social con los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.

    CAPÍTULO II. 
    EFECTOS EN MATERIA DE INCENTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

    Artículo 14. 
    Complementariedad con otras ayudas.

    El proyecto declarado como prioritario podrá recibir de la Consejería con competencias en materia de incentivación empresarial un complemento de la ayuda que obtenga de otras Administraciones Públicas, hasta el límite fijado en el mapa de ayudas que dé cumplimiento a las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional adoptadas por la Comisión Europea.

    Artículo 15. 
    Valoración de los proyectos prioritarios.

    En las bases reguladoras de las convocatorias de líneas de ayuda dirigidas a incentivar la inversión empresarial, se recogerá como criterio de valoración una mayor puntuación para los proyectos declarados prioritarios que se presenten a las correspondientes convocatorias.

    Artículo 16. 
    Financiación preferente.

    Los proyectos declarados prioritarios tendrán preferencia para acceder a las líneas de financiación, así como a la formalización de avales, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de cualquiera de sus entidades dependientes.

    CAPÍTULO III. 
    EFECTOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

    Artículo 17. 
    Implantación en suelo rústico.

    1. Cuando el proyecto prevea su implantación en suelo rústico la declaración como proyecto prioritario implica la obtención de la calificación urbanística prevista en la normativa de ordenación territorial y urbanística, así como, en su caso, la autorización para excepcionar los parámetros de ocupación máxima y parcela mínima previstos en la Instrucción Técnica de Planeamiento.

    2. A la actuación propuesta se le aplicará el resto del régimen del suelo rústico a todos los efectos incluido el devengo del canon que, en su caso, proceda por la obtención de la calificación urbanística.

    Artículo 18. 
    Planes y proyectos de singular interés.

    Cuando la persona interesada hubiera propuesto en su solicitud la utilización de los instrumentos urbanísticos previstos en el Capítulo II del Título III del Decreto Legislativo 1/2010, la declaración del proyecto como prioritario por el Consejo de Gobierno tendrá los efectos de declaración de interés regional previstos en el artículo 33.2 del citado Decreto Legislativo, reduciéndose a la mitad todos los plazos previstos en la regulación del procedimiento de aprobación del correspondiente Plan o Proyecto de Singular Interés.

    TÍTULO IV. 
    SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

    Artículo 19. 
    Seguimiento y coordinación de los proyectos prioritarios.

    1. Una vez declarados los proyectos como prioritarios, la Unidad de Acompañamiento Empresarial, en coordinación con los diferentes órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestará su apoyo a la persona promotora de la actuación para la realización ante cualesquiera Administraciones e instituciones de los procedimientos conducentes a la obtención de las autorizaciones administrativas y demás requisitos legales precisos para la puesta en marcha del proyecto.

    2. La Unidad de Acompañamiento Empresarial realizará un seguimiento exhaustivo de los proyectos en curso y mantendrá un contacto permanente con los promotores de los mismos hasta la efectiva implementación del proyecto.

    3. El proyecto declarado prioritario deberá ejecutarse de conformidad con la solicitud presentada por el promotor, especialmente en lo relativo a los plazos, volumen de inversión y empleo, y deberá cumplir con las obligaciones impuestas por el acuerdo de Consejo de Gobierno o por la respectiva orden, quedando afectada la declaración a la realización del proyecto. Cualquier modificación en los términos de plazos, volumen de inversión, entidad promotora del proyecto, obligaciones impuestas o de cualquier otro requisito exigido por esta norma, tendrá que ser analizada por la unidad de acompañamiento empresarial correspondiente, la cual podrá solicitar la documentación que estime conveniente, al objeto de proponer al órgano que efectuó la declaración de proyecto prioritario la revocación o la modificación de la misma.

    La Resolución de calificación de Proyecto Prioritario deberá incluir de forma expresa las obligaciones a las que el beneficiario habrá de atender, así como las variaciones a las que el Proyecto pueda verse sometido y que deban ser objeto de comunicación a la Administración concedente de la calificación.

    Artículo 20. 
    Cooperación interadministrativa con las entidades locales.

    Los ayuntamientos que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes necesarios para la implantación de los proyectos declarados como prioritarios, podrán encomendar a la correspondiente Diputación Provincial o a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el impulso y tramitación del expediente, facultándole a tomar todos los acuerdos necesarios para la continuidad en la tramitación, excepto el acuerdo para la otorgación de las correspondientes licencias de obras o de actividad.

    DISPOSICIONES ADICIONALES 

    Disposición Adicional Primera. 
    Información sobre condicionantes ambientales.

    1. La Consejería con competencias en materia ambiental, en el plazo de tres meses, pondrá a disposición de la ciudadanía un visor cartográfico en el que se especifique los condicionantes ambientales a los que se puede ver sometido un proyecto por su ubicación, en función de la clasificación establecida por la Disposición Adicional Segunda de la presente ley.

    2. La Consejería con competencias en materia ambiental establecerá, además, buenas prácticas ambientales para la implantación y el desarrollo de los proyectos en cada uno de los sectores económicos estratégicos. Dicha información será accesible desde el visor cartográfico.

    3. Con el fin de optimizar el asesoramiento específico en materia ambiental y agilizar su tramitación, todas aquellas personas interesadas en presentar una solicitud de declaración de proyectos prioritarios, podrán comprobar, de acuerdo a la información del visor cartográfico, la viabilidad ambiental del proyecto en la ubicación prevista, sin perjuicio de su posterior sometimiento a los procedimientos de evaluación ambiental, de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental vigente.

    Disposición Adicional Segunda. 
    Clasificación del territorio en función de la regulación ambiental o valor de los recursos y de la aptitud para absorber proyectos empresariales o industriales.

    1. A los efectos de que las personas promotoras puedan conocer los condicionantes ambientales a las que puede estar sometido un territorio a efectos ambientales y sin perjuicio de los resultados de los procedimientos de evaluación ambiental a que deba someterse cada proyecto, el territorio de Castilla-La Mancha se clasifica en:

    a) Zonas aptas: el territorio de la Comunidad Autónoma no incluido en las otras zonas que cuenta con recursos naturales no sometidos a regulación especial y por lo tanto es apto para la absorción de proyectos empresariales o industriales.

    b) Zonas potencialmente aptas, pero con limitaciones ambientales: zonas con recursos naturales de interés general para la protección de determinados valores naturales que deben considerarse aptas para la absorción de determinados proyectos con condicionantes ambientales.

    c) Zonas sometidas a regulación específica ambiental: zonas que albergan valores ambientales especialmente sensibles y que se corresponden con áreas declaradas como protegidas por la aplicación de la normativa vigente.

    2. La clasificación definida en el apartado anterior se concreta en función de las diferentes figuras de protección y la aplicación de otra normativa de carácter específico:

    Zonificación del territorio de Castilla-La Mancha

    A. Zonas aptas: El territorio de la Comunidad Autónoma no incluido en las otras zonas.

    B. Zonas potencialmente aptas, pero con limitaciones ambientales:

    a. Red Natura (cuando el plan de gestión no lo considere incompatible explícitamente).

    b. Áreas Importantes para la conservación de aves (IBAS).

    c. Zonas de dispersión del águila imperial y águila perdicera.

    d. Zonas Periféricas de Protección de Espacios Naturales Protegidos.

    e. Zonas de presencia estable y reproductora del lince ibérico no declaradas Áreas Críticas.

    f. Montes de utilidad pública con cubierta forestal.

    g. Refugios de fauna.

    h. Reservas de la Biosfera (zonas tampón y núcleo) no incluidas en el apartado siguiente.

    C. Zonas sometidas a regulación específica ambiental:

    a. Parques Nacionales.

    b. Espacios Naturales Protegidos.

    c. Red Natura (cuando así lo determine su plan de gestión, en función de la actividad a desarrollar).

    d. Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial.

    e. Vías pecuarias.

    f. Humedales integrados en la Lista Ramsar.

    g. Áreas críticas para la flora y fauna amenazada

    h. Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre

    i. Inventario de Zonas Húmedas.

    3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las limitaciones o condicionantes que vengan establecidas por la normativa sectorial o instrumentos de planificación autonómicos vigentes.

    Disposición Adicional Tercera. 
    Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Formación de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.

    1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Promoción y Formación de las cooperativas regulado en el artículo 91 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

    a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.

    A estos efectos, el Fondo de Promoción y Formación destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y a estos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Por tanto, el Fondo de Promoción y Formación que haya sido aplicado a esta finalidad, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

    b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas que vayan encaminadas a la atención de gastos tales como equipamientos e infraestructuras sanitarias, material, suministros, contratación de personal, investigación y cualquier otro que pueda contribuir a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis.

    2. Durante este periodo, el órgano de administración asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Promoción y Formación en los términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de la cooperativa no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

    Disposición Adicional Cuarta. 
    Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

    1. Cuando por falta de medios adecuados o suficientes, la Asamblea General de las cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el órgano de administración asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios declarando la necesidad de la misma establecida en el artículo 124.3 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

    2. La asunción excepcional por parte del órgano de administración de esta competencia, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.

    Disposición Adicional Quinta. 
    Medidas extraordinarias en relación con el funcionamiento de los órganos sociales de las cooperativas y en relación con el procedimiento para concluir determinados actos de las mismas.

    1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones, tanto del órgano de administración como de la Asamblea General de las cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple o similar, siempre que todos los miembros del órgano de administración o las personas que tuvieran derecho de asistencia a la Asamblea o quienes los representen, dispongan de los medios necesarios, el Secretario de la cooperativa o de la Asamblea reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los/as concurrentes. La misma regla será de aplicación al resto de órganos colegiados facultativos de la cooperativa. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la cooperativa.

    2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos del Consejo Rector de las cooperativas podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el/la Presidente/a y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del Consejo Rector. La misma regla será de aplicación al resto de órganos colegiados facultativos. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la cooperativa.

    3. La obligación de formular las cuentas anuales que incumbe al órgano de administración queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

    No obstante, lo anterior, será válida la formulación de cuentas que realice el órgano de administración durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

    4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de administración hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

    La Asamblea General ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

    5. Si la convocatoria de la Asamblea General se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la Asamblea o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad. En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

    6. En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las cooperativas que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la Asamblea General ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta, en base a la situación creada por el COVID-19, que deberá ser justificada por el órgano de administración. Además, deberá también acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

    Si la Asamblea General ordinaria estuviera ya convocada, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una nueva Asamblea General que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la Asamblea General ordinaria.

    La decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la Asamblea General ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, aportando el escrito de auditor de cuentas señalados en el primer párrafo. La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

    7. El/la notario/a que fuera requerido para que asista a Asamblea General y levante acta de la reunión podrá utilizar tecnologías de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

    8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, las personas socias no podrán ejercitar el derecho de baja voluntaria u obligatoria hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden. Desde la declaración del estado de alarma, quedan suspendidos los plazos para la calificación de las bajas, así como para el cálculo de la liquidación de participaciones sociales de las personas socias que hubiesen causado baja con anterioridad a la declaración del estado de alarma, iniciándose de nuevo el cómputo de los mismos a los tres meses desde que finalice el estado de alarma.

    9. El reembolso de las participaciones sociales a las personas socias que causaron baja con anterioridad al estado de alarma y que hubiera debido abonarse durante la vigencia del mismo, queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma, sin que dicha prórroga comporte el devengo de intereses.

    10. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la cooperativa fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

    11. En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la Asamblea General a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

    12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los/as miembros del órgano de administración no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

    13. El plazo de vigencia de los nombramientos de los cargos del órgano de administración y el resto de órganos sociales queda prorrogado por el tiempo que dure el estado de alarma.

    14. El plazo para legalizar por el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha los libros contables y sociales de las cooperativas queda prorrogado por el tiempo que dure el estado de alarma.

    15. Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma.

    Disposición Adicional Sexta. 
    Medida extraordinaria para permitir que, de forma temporal y excepcional, el órgano de administración de las cooperativas asuma determinadas competencias propias de la Asamblea General de las mismas.

    Hasta el 31 de diciembre de 2020, el órgano de administración de las cooperativas podrá asumir competencias propias de la Asamblea General siempre y cuando ésta no puede ser convocada para su celebración a través de medios virtuales y se refiera a asuntos que afecten a la estructura económica, organizativa o funcional que sea precisos para el normal funcionamiento de la cooperativa, incluyendo la aprobación de inversiones que sean urgentes, precisas o convenientes para el desarrollo de su actividad cooperativizada y cuyo importe total no supere el 30 % de los fondos propios de la cooperativa, salvo que tuviera previsto en sus estatutos sociales un límite superior.

    Disposición Adicional Séptima. 
    Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Máquinas o aparatos de juego.

    1. Se establece una bonificación de la cuota fija de la tasa fiscal que graba las máquinas o aparatos de juego, en el porcentaje equivalente al número de días en los que, como consecuencia de la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos señalados en el artículo 10.3 y anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no ha sido posible la explotación de aquéllas en los locales y establecimientos en los que conforme a la normativa de juego pueden instalarse este tipo de máquinas.

    2. El importe de la bonificación se calculará dividiendo las cuotas semestrales fijadas en el artículo 31.2 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, por el número total de días del correspondiente semestre y multiplicando la cifra obtenida por el número de días en los que no ha sido posible la explotación de las máquinas conforme a lo establecido en el apartado anterior.

    Disposición Adicional Octava. 
    Bonificación de la tasa de espectáculos taurinos.

    Durante el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, se bonifica con un porcentaje del 100% el importe de la tasa de espectáculos taurinos, prevista en los artículos 348 a 351 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

    Disposición Adicional Novena. 
    Adscripción funcional a las Unidades de Acompañamiento Empresarial.

    Los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades que conforman el sector público regional podrán ser adscritos funcionalmente a las Unidades de Acompañamiento Empresarial.

    Disposición Adicional Décima. 
    Apreciación de carácter prioritario de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables e instalaciones de transporte y distribución de energía pertenecientes al sector económico estratégico de la energía.

    El procedimiento para la declaración como prioritarios de los proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, e instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, en la medida en que están sometidas a la regulación del sector eléctrico, cuya tramitación y autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma, será automático siempre que se ajusten a los criterios o supuestos que resulten aplicables, contemplados en el apartado 4 del artículo 5 de esta ley. Asimismo, la Unidad de Acompañamiento Empresarial, en coordinación con las diferentes unidades administrativas u órganos competentes para la tramitación de los procedimientos, comprobará el cumplimiento de los requisitos fijados.

    DISPOSICIONES FINALES. 

    Disposición Final Primera. 
    Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

    Uno. Se modifica el título del artículo 17 que queda con la siguiente redacción:

    Dos. Se modifica el número 2 del artículo 17 que queda con la siguiente redacción:

    Tres. Se incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 17 con la siguiente redacción:

    Cuatro. Se incluye un nuevo apartado 4 en el artículo 17 con la siguiente redacción:

    Cinco. Se modifica el número 2 del artículo 38 que queda con la siguiente redacción:

    Seis. Se modifica el artículo 62 que queda con la siguiente redacción:

    Siete. Se modifica el punto d) del apartado 2º del artículo 63.1 que queda con la siguiente redacción:

    Ocho. Se modifica el apartado 2º del artículo 64.2, que queda con la siguiente redacción:

    Nueve. Se modifica la letra c) del artículo 66.2, que queda con la siguiente redacción:

    Diez. Se incluye una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción:

    Disposición Final Segunda. 
    Modificación de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

    Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 24 quedando redactado como sigue:

    Dos. Se modifica el artículo 31 que queda con la siguiente redacción:

    Disposición Final Tercera. 
    Modificación de la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

    Se modifica el artículo 17 de la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, que pasa a tener la siguiente redacción:

    Disposición Final Cuarta. 
    Modificación de la Ley 5/2007, de 8 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

    Se modifica el Anejo III de la Ley 5/2007, de 8 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, que pasa a tener la siguiente redacción:

    Disposición Final Quinta. 
    Modificación de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha.

    La Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha se modifica como sigue:

    Uno. El artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:

    Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 19 bis:

    Tres. Se añade un artículo 46 bis con la redacción siguiente:

    Cuatro. Se añade una disposición transitoria tercera a la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, con la siguiente redacción:

    Disposición Final Sexta. 
    Modificación del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de hacienda de Castilla-La Mancha.

    Se modifica el apartado 4 del artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, que quedaría con la siguiente redacción:

    Disposición Final Séptima. 
    Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha se modifica como sigue:

    El punto 1 del artículo 58 queda redactado en los siguientes términos:

    Disposición Final Octava. 
    Modificación de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

    La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, se modifica como sigue:

    El artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:

    Disposición Final Novena. 
    Habilitación Normativa.

    1. Se faculta al Consejo de Gobierno al desarrollo normativo de lo dispuesto en la presente ley.

    2. El Consejo de Gobierno llevará a cabo las modificaciones necesarias del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, para adaptarlo a las modificaciones que establece la Disposición Final Primera.

    3. El Consejo de Gobierno, con el objeto de simplificar y reducir la tramitación administrativa, impulsará un Decreto de medidas urgentes para la modificación de toda aquella normativa que afecte a los sectores económicos estratégicos.

    Disposición Final Décima. 
    Entrada en vigor.

    La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

    Toledo, 24 de julio de 2020

    El Presidente

    EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ