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Lunes a Jueves: 10:00-14:00 y 16:00-18:00 / Viernes: 9:00-14:00Decreto Ley 6/2025, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Vigente desde 27/03/2025 | DOGC 9379/2025 de 26 de Marzo de 2025
Esta nueva norma establece medidas urgentes en relación con el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, con el objetivo de abordar la emergencia habitacional y promover un turismo sostenible, en respuesta a la continua evolución económica y social en Cataluña.
El decreto introduce un incremento en las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y modifica la afectación de los ingresos obtenidos. En concreto, el 25% de los ingresos se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat de Catalunya, mientras que el 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Este fondo se distribuye entre los municipios, el Consejo General de Arán y el órgano competente en materia de turismo de la Generalitat.
Además, el decreto modifica el recargo vigente del Ayuntamiento de Barcelona y crea un nuevo recargo para el resto de los municipios. Este ayuntamiento podrá establecer un recargo máximo de 8 euros por estancia, mientras que para otros municipios el recargo máximo será de 4 euros. Los ingresos obtenidos de estos recargos se destinarán prioritariamente a políticas de vivienda.
El decreto también establece que los recursos del Fondo para el Fomento del Turismo deben destinarse a proyectos que promuevan un turismo sostenible, mejoren la competitividad de Cataluña como destino turístico y garanticen la sostenibilidad.
Vigencia desde: 27-03-2025
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece, en su artículo 171, la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de turismo, que incluye en todo caso la ordenación del sector turístico y la regulación y clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos.
El Fondo para el Fomento del Turismo lo constituyen el conjunto de ingresos obtenidos por la exacción del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos regulados por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el artículo 156 de la Constitución, que establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias. En ejercicio de la capacidad normativa reconocida a la Generalitat de Catalunya por el apartado 5 del artículo 203 del Estatuto se adoptan medidas en el ámbito de los tributos propios, en los términos que establecen los artículos 133, 156 y 157 de la Constitución española y el artículo 202 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
Así, en un contexto de continua evolución económica y social, es esencial y urgente adoptar medidas en el ámbito fiscal para dar respuesta a la emergencia habitacional y el turismo sostenible, y asegurar una justa distribución de la carga tributaria.
Ante este contexto, resulta necesario adoptar medidas con carácter urgente en el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Con este objetivo, la norma consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en un artículo y en una disposición final que recogen las modificaciones efectuadas en el citado impuesto.
Las medidas introducidas en el Decreto ley referidas a este impuesto propio de la Generalitat se clasifican en tres bloques: el incremento de las tarifas; las relacionadas con la afectación de los ingresos y las finalidades a las que se destina el Fondo para el Fomento del Turismo; y la modificación del recargo del Ayuntamiento de Barcelona, así como la creación del nuevo recargo para el resto de los municipios.
Las medidas pretenden, en primer lugar, conseguir ingresos para hacer frente a la situación de emergencia habitacional, que se manifiesta, para mucha gente, en la imposibilidad de acceder a una vivienda a causa del incremento de precios, tanto de alquiler como de compra. La falta de viviendas disponibles a precios asumibles para su uso como en residencia habitual y permanente se ha convertido, así, uno de los problemas que más preocupan en la ciudadanía, y son los jóvenes y las familias vulnerables las personas que lo sufren más directamente. Por todo ello, los poderes públicos deben activar las políticas públicas que garanticen a estos colectivos el derecho al acceso a una vivienda digna. Sobre este problema, se ha observado que uno de los factores que ha contribuido a esta situación ha sido el aumento del turismo. Por eso, y como medidas que tienen que hacer frente a la situación, este Decreto ley incorpora el incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y una modificación del artículo que regula la afectación de los ingresos que se obtienen, de manera que se dispone que el 25 por 100 de estos ingresos no se integrarán en el Fondo para el Fomento del Turismo, sino que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda de la Generalitat de Catalunya.
A su vez, en el ámbito del turismo, resulta necesario y urgente reordenar las finalidades a las que se destinan los ingresos que nutren el Fondo para el Fomento del Turismo, en atención a que el turismo es una industria clave que afecta a muchos aspectos de la sociedad catalana y muy especialmente al medio ambiente. Teniendo en cuenta las consecuencias de la emergencia climática y de las actuaciones que se han de llevar a cabo, resulta imperativo desarrollar un modelo de turismo sostenible. En consecuencia, se reordenan las finalidades y actuaciones a las que deben destinarse los ingresos del impuesto que nutren dicho Fondo, con el propósito de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En todo caso, se dispone que la promoción, los proyectos y las actuaciones tienen que ser compatibles con el modelo de turismo sostenible desde el punto de vista ambiental, social, económico y territorial; pero, al mismo tiempo, y respecto a los entes locales, también se prevé que se destine a políticas en los ámbitos de la vivienda, de promoción económica, de fomento de la industria y de mejora de la competitividad.
Además, también resultan necesarias y urgentes las modificaciones que afectan al recargo vigente del Ayuntamiento de Barcelona y la creación del recargo para el resto de municipios. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el incremento del límite del importe del recargo debe permitirle obtener más ingresos para paliar el impacto que representa para la ciudad la estancia de miles de personas en establecimientos y alojamientos turísticos. La ciudad de Barcelona es desde hace décadas un destino turístico de primer nivel en el ámbito mundial, con una creciente población flotante de personas que vienen de visita y que se concentra de forma muy marcada en determinados barrios de la ciudad. Esta realidad supone para el Ayuntamiento un exceso de coste en el gasto de servicios públicos.
En el caso del recargo para el resto de municipios, debe suponer una nueva fuente de ingresos a disposición de las políticas públicas que deben llevar a cabo los entes locales, a menudo deficitarios; y urgentes, para que puedan iniciar los trámites de aprobación de las respectivas ordenanzas fiscales y firmar los correspondientes convenios con la Agencia Tributaria de Cataluña para poder disponer de estos recursos. Aparte de que, en relación con los ingresos que obtengan con el nuevo recargo que pueden aprobar el resto de municipios –otros que Barcelona– se dispone que los ayuntamientos tendrán que destinar, asimismo y prioritariamente, a políticas de vivienda.
Este Decreto ley prevé modificaciones concretas y puntuales en materia tributaria que no suponen afectación al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos previsto en el artículo 31.1 de la Constitución. El decreto ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, y afectar así el deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo; Lo que no significa otra cosa que dar cumplimiento a la finalidad última del límite constitucional de asegurar el principio democrático y la supremacía financiera de las Cortes mediante la participación de los ciudadanos en el establecimiento del sistema tributario, de modo que la regulación de un determinado ámbito vital de las personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, como se afirmó en la STC 19/1987, fundamento jurídico 4.o De manera que vulnerará el art. 86 C.E. cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario. Por tanto, no queda absolutamente impedida la utilización del Decreto-ley en materia tributaria, cuando concurre el supuesto habilitante, como instrumento normativo del Gobierno al servicio de los objetivos de la política económica. Ahora bien, será preciso tener en cuenta en cada caso en qué tributo concreto incide el Decreto-ley -constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué elementos del mismo -esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa- y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate.» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 35/2017, FJ 5).
De acuerdo con lo que se ha expuesto, ante la necesidad extraordinaria y urgente que suscita la situación de prórroga mencionada y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto ley, en los términos del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña. La norma del decreto ley es, así, un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se debe hacer un uso de él prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la consideración urgentes y convenientes.
Vista la proximidad de la fecha de entrada en vigor de las nuevas tarifas, es imprescindible aprobar de forma inmediata este Decreto ley, para conseguir los objetivos planteados con la celeridad que requiere el calendario señalado. Este objetivo no se podría alcanzar mediante la tramitación de un procedimiento legislativo ordinario.
Este Decreto ley responde a los principios de buena regulación establecidos al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y al artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. El principio de necesidad ha quedado acreditado en la justificación y concurrencia del presupuesto habilitante, exigido por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, y que ha quedado expuesto en esta parte expositiva.
De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, este Decreto ley se justifica por las razones de interés general que persigue esta norma y que exige un instrumento jurídico eficaz, y así el decreto ley es el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. Por otra parte, se cumple con el principio de proporcionalidad, ya que se trata de la regulación mínima e indispensable para la consecución de los objetivos descritos. De la misma manera, el principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado porque la norma respeta el sistema de fuentes y el resto del ordenamiento jurídico, y se inserta coherentemente.
Respecto al principio de transparencia, no se ha hecho el trámite de consulta pública, ni el trámite de audiencia e información pública, ya que el instrumento normativo escogido, por urgencia, no permite realizar los trámites indicados. Finalmente, el principio de eficiencia queda garantizado porque no implica un aumento de las cargas administrativas, y si lo hiciera, estas son imprescindibles y, nunca, innecesarias.
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno;
A propuesta de la consejera de Economía y Finanzas, y con la deliberación previa del Gobierno,
DECRETO:
1. Se modifica el artículo 24 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
1. Los ingresos derivados del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos quedan afectados de la siguiente forma:
a) El 25% de la recaudación total está afectado a políticas de la Generalidad en los ámbitos de la vivienda.b) El 75% restante de la recaudación se integra en el Fondo para el Fomento del Turismo a que se refiere la sección séptima de esta Ley, que, a su vez, se distribuye en los siguientes porcentajes:-A cada municipio debe destinarse el 50% de los ingresos integrados en el Fondo obtenidos de los establecimientos y equipamientos situados en su respectivo territorio.-Al Consejo General de Arán debe destinarse el 20% de los ingresos integrados en el Fondo obtenidos de los establecimientos y equipamientos situados en la comarca de la Vall d'Aran.-El resto de los ingresos del Fondo debe destinarse al órgano o ente de la Generalidad competente en materia de turismo.
2. Los ingresos derivados de los recargos a que hacen referencia los artículos 34 bis y 34 ter no se integran en este Fondo y, por lo tanto, no quedan afectados a las finalidades que se determinan.
3. Los ingresos derivados de la tarifa especial corresponden a la Generalitat. Se excluyen del régimen de afectación previsto en este artículo y no se integran en el Fondo para el Fomento del Turismo."
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 34 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, con efectos del 1 mayo del 2025, que queda redactado de la manera siguiente:
"1. La cuota tributaria se obtiene de multiplicar el número de estancias por el tipo del gravamen correspondiente según el tipo de establecimiento o equipamiento turístico y localización, de acuerdo con la tarifa siguiente:
| Tipo de establecimiento | Tarifa(en euros) | Tarifa especial(en euros) | |
| Barcelona ciudad | Resto de Cataluña | ||
| 1. Hotel de 5 estrellas, gran lujo, camping de lujo y establecimiento o equipamiento de categoría equivalente | 7,00 | 6,00 | 10,00 |
| 2. Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas superior, y establecimiento o equipamiento de categoría equivalente | 3,40 | 2,40 | 7,00 |
| 3. Vivienda de uso turístico | 4,50 | 2,00 | - |
| 4. Resto de campings y resto de establecimientos y equipamientos | 2,00 | 1,20 | 5,00 |
| 5. Embarcación de crucero | |||
| Más de 12 horas | 4,00 | 4,00 | |
| 12 horas o menos | 6,00 | 6,00 | |
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
"3. En el supuesto de reserva anticipada del alojamiento, la tarifa aplicable es la vigente en el momento de hacer la reserva, siempre que se satisfaga en este momento el importe de la reserva y del impuesto, incluidos, si procede, los recargos a los que hacen referencia los artículos 34 bis y 34 ter.
4. Se modifica el apartado 1 del artículo 34 bis de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
"1. El Ayuntamiento de Barcelona puede establecer, por ordenanza municipal, un recargo sobre las tarifas establecidas en el apartado 1 del artículo 34 para Barcelona ciudad. La aprobación de este recargo se tiene que ajustar a los requisitos, los límites y las condiciones siguientes:
a) El importe máximo del recargo para cada categoría de establecimiento se fija en 8 euros. Este límite no aplica a las estancias en embarcaciones de crucero de 12 horas o menos.
b) La aprobación del recargo tiene que ser único para todas las categorías incluidas en cada tipo de establecimiento en que se divide la tarifa del apartado 1. Esta limitación no se aplica a la categoría de las embarcaciones de crucero.
c) Con el límite del importe máximo establecido por la letra a y respetando el tipo de establecimiento al que hace referencia la letra b, se pueden aprobar importes diferentes según el código postal de emplazamiento de los establecimientos.
d) La aprobación tiene efectos a partir del primer día del periodo de liquidación inmediatamente posterior a la publicación de la ordenanza municipal correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.”
5. Se añade un artículo 34 ter a la Ley 5/2017, de 28 de marzo, con el texto siguiente:
1. Los municipios pueden establecer, por ordenanza municipal, un recargo sobre las tarifas establecidas en el apartado 1 del artículo 34. La aprobación de este recargo se debe ajustar a los requisitos, los límites y las condiciones siguientes:
a) El importe máximo del recargo para cada categoría de establecimiento se fija en 4 euros.
Este límite no aplica a las estancias en embarcaciones de crucero de 12 horas o menos. Los municipios podrán destinar a las finalidades que consideren adecuadas los recursos obtenidos del recargo del impuesto y, prioritariamente, en un porcentaje no menor al 25% a las políticas de vivienda.
b) La aprobación del recargo debe ser único para todas las categorías incluidas en cada tipo de establecimiento en que se divide la tarifa del apartado 1. Esta limitación no se aplica a la categoría de las embarcaciones de crucero.
c) Con el límite del importe máximo establecido por la letra a y respetando el tipo de establecimiento al que hace referencia la letra b, se pueden aprobar importes diferentes según el código postal de emplazamiento de los establecimientos y según los periodos de liquidación establecidos en el reglamento del impuesto.
d) La aprobación tiene efectos a partir del primer día del periodo de liquidación inmediatamente posterior a la publicación de la ordenanza municipal correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda.
2. En los términos, los plazos y las condiciones que se acuerden por convenio con cada uno de los ayuntamientos, la Generalitat de Catalunya les tiene que transferir las cantidades recaudadas en concepto del recargo a las que hace referencia este artículo minoradas en el importe que resulte del cálculo de los costes soportados por la Agencia Tributaria derivados de la gestión y la recaudación del recargo."
6. Se modifica el artículo 35 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
1. El sustituto del contribuyente debe consignar en la factura que emita a sus clientes, de manera diferenciada de la contraprestación por sus servicios, el importe de la cuota del impuesto con indicación del número de unidades de estancia y del tipo de gravamen aplicado.
2. En el caso de establecimientos situados en municipios que dispongan de recargo aprobado, la cuota se debe determinar por la aplicación, al número de unidades de estancia, del importe resultante de sumar el tipo de gravamen del apartado 1 del artículo 34 y el recargo que haya aprobado el ayuntamiento correspondiente de acuerdo con el artículo 34 bis y 34 ter.
7. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
"1. El Fondo para el Fomento del Turismo se configura como mecanismo destinado a financiar, entre otros, y en los términos que se establecen en el artículo 49, políticas turísticas para mejorar la competitividad de Cataluña como destino turístico y garantizar la sostenibilidad."
8. Se modifica el apartado 3 del artículo 48 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
“3. El departamento competente en materia de economía distribuirá las asignaciones entre los departamentos competentes por razón de las materias afectadas y de los entes locales que participen de los ingresos provenientes del impuesto, de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 24.1.”
9. Se modifica el artículo 49 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente:
1. Los recursos de los Fondos para el Fomento del Turismo se tienen que destinar a proyectos o actuaciones que persigan alguno de los objetivos siguientes.
a) La protección, la preservación, la recuperación y la mejora de los recursos turísticos.
b) El fomento, la creación y la mejora de productos turísticos que impulsen la desestacionalizació, la desconcentración territorial, la movilidad de bajas emisiones, los alojamientos eficientes o el acceso universal del turismo.
c) La promoción de un turismo sostenible que atraiga los segmentos estratégicos de demanda que se adecuen a los objetivos del destino.
d) La mejora de los servicios de control e inspección sobre los establecimientos y equipamientos turísticos.
e) El desarrollo de infraestructuras, proyectos tecnológicos y de análisis de datos e inteligencia turística o servicios relacionados con el turismo, siempre que comporten una mejora de la gestión, la calidad, la competitividad o el conocimiento turístico.
En todo caso, la promoción, los proyectos y las actuaciones tienen que ser compatibles con el modelo de turismo sostenible desde el punto de vista ambiental, social, económico y territorial, y tienen que configurarse con los valores de identidad del país y de respeto a la comunidad de acogida.
2. Los recursos del Fondo gestionados por las administraciones locales se tienen que destinar a políticas en los ámbitos de la vivienda, de promoción económica, de fomento de la industria y de mejora de la competitividad, así como a la financiación de los proyectos y las actuaciones a que hace referencia el apartado 1, en su conjunto o por alguno de sus conceptos, y de acuerdo con los criterios y procedimientos que sean determinados por reglamento.
3. La asignación a la que hace referencia el apartado 2, y también la distribución del resto de recursos del Fondo, se tiene que efectuar en los plazos, los términos y las condiciones que se establezcan por reglamento.
4. El destino a la financiación de las actuaciones, proyectos y servicios del Fondo para el Fomento del Turismo en el tramo Generalitat de Catalunya se acredita de manera suficiente con los procedimientos de fiscalización ordinarios de la Intervención General.”
1. Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sin perjuicio de las fechas específicas de entrada en vigor que fijan determinados preceptos del articulado con relación a algunas modificaciones legislativas que contiene y de lo que se prevé en los apartados siguientes:
2. El recargo al que hace referencia el artículo 34 ter de la Ley 5/2017, del 28 de marzo que se incorpora mediante el apartado 5 del artículo único de este Decreto ley entrará en vigor el 1 de abril del 2025 y podrá ser exigible, si procede, a las estancias devengadas a partir del 1 de octubre del 2025. Lo que determina la letra c del apartado 1 del artículo 34 ter de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, será aplicable a partir del momento en que la Agencia Tributaria de Cataluña haya efectuado los cambios necesarios en su sistema informático.
3. La modificación de los artículos 24 y 49 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, efectuada en los apartados 1 y 9 del artículo único de este Decreto ley, es aplicable en relación con los ingresos derivados del impuesto devengado en el primer periodo de liquidación que se inicie a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley.
Por lo tanto, ordeno que toda la ciudadanía a la cual sea aplicable este Decreto ley coopere a cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 25 de marzo de 2025
Salvador Illa i Roca
Presidente de la Generalitat de Catalunya
Alícia Romero Llano
Consejera de Economía y Finanzas