Medidas para mitigar el impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente en la Región de Murcia


Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.

BORM 106/2020 de 9 de Mayo de 2020

Este Decreto-ley modifica las siguientes normas:

- Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

- Se garantiza la participación pública y la difusión e intercambio de información y la colaboración interadministrativa en ello, mediante la creación de una plataforma informática de acceso común y la utilización de formatos de información comunes e interoperables.

- Se establecen las condiciones para la elaboración de Planes y Estrategias en materia medioambiental que no constituyan instrumentos de ordenación territorial.

- Se concreta el concepto de modificación de una instalación sometida a autorización ambiental autonómica, así como el carácter de sustancial o no sustancial, remitiendo a la normativa básica estatal vigente en el caso de autorizaciones ambientales integradas y definiéndolo para las autorizaciones ambientales sectoriales.

- Se definen aspectos básicos del procedimiento de autorizaciones ambientales sectoriales, integrando en el mismo la normativa sectorial estatal y las condiciones en el caso de que sea precisa una evaluación de impacto ambiental.

- En los procesos de evaluación ambiental, en el marco de la normativa estatal, se asignan las funciones de órganos ambientales y órganos sustantivos, dando un mayor protagonismo a la administración local, que ahora pasa a intervenir activamente en todo el procedimiento de evaluación de los planes y programas cuya autorización depende exclusivamente de la misma. No obstante, se prevé la posibilidad de que los municipios de menor tamaño puedan ser auxiliados en estas tareas por la administración regional.

- En el marco de la legislación básica se genera un procedimiento único de evaluación ambiental estratégica en el que establecen plazos concretos de actuación, así, cuando se detecte que un plan o programa es ambientalmente inviable se debe emitir resolución al respecto, evitando la prolongación en el tiempo del procedimiento.

- En materia de evaluación ambiental se garantiza en el procedimiento la integración de los factores ambientales en planes, programas y proyectos que debe realizarse con anterioridad a su aprobación, autorización o adopción por las administraciones públicas.

- Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al ruido:

Se elimina el art. 13 relativo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo para los suelos urbano y urbanizable situados junto a autopistas y autovías, que suponía duplicidad de intervención administrativa.

De este modo, los instrumentos de planeamiento que se encuentren en tramitación y que tuvieran que ser objeto del informe previsto en el citado artículo quedan eximidos del mismo a partir del 10 de mayo de 2020.

Preámbulo 

II

El Decreto-Ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en dos capítulos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El capítulo I, compuesto por un artículo único, dividido en veintitrés puntos, modifica a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. El capítulo II, compuesto por un artículo único, con un solo punto, modifica el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido. La disposición transitoria regula el régimen de los expedientes en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-Ley, mientras que las disposiciones finales primera y segunda regulan el desarrollo normativo y la entrada en vigor de este Decreto-Ley respectivamente.

Respecto a las modificaciones que se realizan en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada cabe destacar que si bien el Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública, ya realizó una remisión a la legislación estatal básica, ley 21/2013, de 9 de diciembre, en cuanto a la evaluación ambiental en la Región de Murcia, y que posteriormente esta ley ha sido modificada en distintas ocasiones, sigue existiendo en la norma regional una remisión genérica, con escasas particularidades a la normativa básica estatal. Esta normativa básica si bien reguló un procedimiento único de evaluación ambiental para todas las comunidades autónomas, deja margen para que estas desarrollen ciertos aspectos como son, entre otros, los plazos de tramitación, la determinación de órganos sustantivos o ambientales y la coordinación con otras normativas sectoriales. Cuestiones que no están exentas de importancia ya que inciden notablemente en los tiempos de tramitación de los expedientes de evaluación, en la agilidad administrativa en las autorizaciones y control medioambientales, y por ende en la situación social y económica.

Dicha importancia se hace más patente en la situación generada por la pandemia del COVID-19 descrita anteriormente, por lo que, desde el conocimiento del órgano autonómico de su legislación sectorial, de su territorio y de la estructura administrativa regional y local, se regulan aspectos dirigidos a optimizar los recursos administrativos, mejorar la coordinación administrativa, acotar todos los plazos para todos los actores intervinientes en el proceso de evaluación ambiental, aumentar la seguridad jurídica, evitar la duplicidad de actuaciones en las administraciones públicas coordinando procedimientos, en definitiva a mejorar las condiciones de intervención administrativa en materia medioambiental.

Así, siempre en el marco de la normativa estatal y de las directivas europeas, y teniendo en cuenta la jurisprudencia y los distintos documentos y estudios emitidos por las instituciones se han desarrollado las modificaciones que se describen a continuación.

Se garantiza la participación pública y la difusión e intercambio de información y la colaboración interadministrativa en ello, mediante la creación de una plataforma informática de acceso común y la utilización de formatos de información comunes e interoperables.

Se concretan las condiciones para la elaboración de Planes y Estrategias en materia medioambiental que no constituyan instrumentos de ordenación territorial, independizando así los aspectos puramente ambientales, lo cual no obsta para que puedan llevarse a cabo directrices y planes con este carácter de acuerdo la normativa sectorial aplicable.

Se refuerza la actuación de la administración regional en materia de suelos contaminados, con la posibilidad de fijar, reglamentariamente y dentro del marco de la normativa estatal, niveles genéricos de referencia de presencia en ellos de materias contaminantes que puedan agravar la salud humana y dañar los ecosistemas.

Se concreta el concepto de modificación de una instalación sometida a autorización ambiental autonómica, así como el carácter de sustancial o no sustancial, remitiendo a la normativa básica estatal vigente en el caso de autorizaciones ambientales integradas y definiéndolo para las autorizaciones ambientales sectoriales.

Aplicando la experiencia adquirida y los datos de los expedientes tramitados se hace necesario un reajuste de los valores en materia de seguimiento de instalaciones industriales, que garantizando la protección del medio ambiente y la salud humana no produzca una inmersión constante en procesos administrativos que inviabilicen la actividad. Medida especialmente necesaria en los momentos en que se dicta este Decreto-ley por las razones anteriormente expuestas.

Se concretan aspectos básicos del procedimiento de autorizaciones ambientales sectoriales, integrando en el mismo la normativa sectorial estatal y las condiciones en el caso de que sea precisa una evaluación de impacto ambiental.

En los procesos de evaluación ambiental, en el marco de la normativa estatal, se asignan las funciones de órganos ambientales y órganos sustantivos teniendo en cuenta la necesaria colaboración activa de las distintas administraciones intervinientes, la descentralización y autonomía y las distintas competencias, dando un mayor protagonismo a la administración local, que ahora intervendrá activamente en todo el procedimiento de evaluación de los planes y programas cuya autorización depende exclusivamente de la misma. No obstante, se prevé la posibilidad de que los municipios de menor tamaño puedan ser auxiliados en estas tareas por la administración regional.

En el marco de la legislación básica se genera un procedimiento único de evaluación ambiental estratégica, en el que establecen plazos concretos de actuación para todos los actores del proceso, concretando los procedimientos y clarificando conceptos, aumentando la seguridad jurídica ya que todo el proceso, desde este momento tiene un plazo concreto de finalización. Se introduce la posibilidad de que, cuando en la evaluación ambiental estratégica simplificada, con la debida participación pública en informes de las administraciones afectadas, se detecte inequívocamente que un plan o programa es ambientalmente inviable se emita resolución al respecto, garantizando así la protección de los valores ambientales y evitando a su vez la prolongación en el tiempo de un procedimiento que ralentizaría al sector público y privado y llegaría a la misma conclusión.

Se garantiza en el procedimiento lo establecido por las directivas europeas y la normativa estatal en materia de evaluación ambiental en cuanto a que la integración de los factores ambientales en planes, programas y proyectos debe realizarse con anterioridad a su aprobación, autorización o adopción por las administraciones públicas, principio al que deberán adaptarse las distintas normativas sectoriales que regulen en algún modo la intervención administrativa en dichos extremos.

Respecto a las modificaciones que se realizan en el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, se realizan, teniendo en cuenta que en la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, encontrándose entre ellos los instrumentos de planeamiento urbanístico y las infraestructuras, se evalúa también el impacto del ruido en el medio ambiente y en la salud, no tiene sentido mantener un informe paralelo de la administración regional en el proceso de elaboración y aprobación de dichos instrumentos, o en la autorización de proyectos que ya son evaluados en aplicación de la normativa de evaluación ambiental, por lo que para evitar duplicidades en la acción administrativa que ralentizarían los procedimientos se modifica el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, eliminando la necesidad del citado informe.

III

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, habilita en su artículo 30.3 al Consejo de Gobierno a que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pueda dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley. Sin que pueda ser objeto de las mismas, la regulación de los derechos previstos en el Estatuto, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

La Constitución Española, a través de los artículos 148 y 149, llevó a cabo una distribución de las competencias ambientales entre el Estado y las comunidades autónomas, atribuyendo al Estado, como competencia exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, y a las comunidades autónomas su gestión y el establecimiento de normas adicionales de protección. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió, a través del artículo 11.2 de su Estatuto de Autonomía, la competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente y normas adicionales de protección, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca.

Haciendo uso de estas competencias se aprobó la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que mediante este Decreto-ley se modifica por las razones anteriormente expuestas.

IV

El Decreto-Ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F.3), subvenir a un situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, exige una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En relación con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. De acuerdo con ella, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».

En cuanto a la situación de urgencia, el Tribunal Constitucional ha indicado que «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7). También ha señalado el Tribunal Constitucional que la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6).

En cuanto a la conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el decreto-ley se adoptan, el Tribunal Constitucional atiende a «un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).

La alternativa de introducir estas medidas mediante un proyecto de ley no es factible en el presente caso, ya que a la velocidad a la que aumentan los datos relativos a la pérdida de empleo y la disminución de la actividad tanto económica como administrativa, no se lograría reaccionar a tiempo, por lo que resulta imprescindible acudir a la aprobación de un decreto-ley. El proyecto de ley, exigiría, como requisitos para su entrada en vigor, una tramitación de la iniciativa legislativa por el Gobierno regional y una posterior tramitación parlamentaria del proyecto. Este proceso, incluso utilizando el procedimiento de urgencia, debido a su dilación en el tiempo, impediría la necesaria inmediatez en la respuesta que requieren los ciudadanos de la Región de Murcia ante los acontecimientos tan graves descritos anteriormente.

Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7). Concurren también las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (STC 68/2007, FJ 10 y STC 137/2011, FJ 7).

Por lo demás, en el supuesto abordado por este Decreto-ley, ha de subrayarse que para subvenir a la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita es necesario proceder a la reforma de varias normas con rango de ley, lo que de por sí exige «una respuesta normativa con rango de ley» (STC 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3 i).

Las normas con rango de ley objeto de modificación por este decreto-ley cumplen lo establecido en el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ya que no regulan derechos previstos en el Estatuto, régimen electoral, instituciones de la Región de Murcia ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

V

A pesar del carácter extraordinario y urgente, en la elaboración de esta disposición, se han observado los principios de buena regulación establecidos, en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

En cumplimiento de los principios de eficacia y proporcionalidad, las medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento, supondrá un impulso de la actividad, protegerá el derecho constitucional a al disfrute de un medio ambiente seguro y a su protección por parte de los poderes públicos e incrementará el bienestar y la seguridad de los administrados.

Por otra parte, de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y simplicidad, el Decreto-Ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico regional generando, por lo tanto, un marco normativo claro y poco disperso.

Por último, la norma es coherente con los principios de transparencia y accesibilidad, al tener claramente definido su objetivo y la justificación del mismo en los párrafos anteriores, y haber cumplido estrictamente con los procedimientos exigidos en la tramitación de un Decreto-Ley, no habiéndose realizado los trámites de participación pública, al estar excepcionados para la tramitación de decretos-leyes, según lo dispuesto en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, aplicado supletoriamente.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta del Titular de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de mayo de 2020.

Dispongo:

CAPÍTULO I. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Artículo Único 

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda modificada en los siguientes términos:

Uno: Se añade un punto 4 al artículo 3, redactado como sigue:

Dos: se modifican el punto 1 y el punto 4 del artículo 5, quedando redactado como sigue:

Tres: se introduce un nuevo artículo 5.bis con el siguiente contenido:

Cuatro: Se modifican los puntos 1, 2 y 4, y se elimina el punto 3, renumerando correlativamente el punto 4 como punto 3, del artículo 8, quedando redactados como sigue:

Cinco: Se modifica el punto 1 del artículo 9, quedando redactado como sigue:

Seis: se modifica el apartado d) del artículo 12, quedando redactado como sigue:

Siete: se modifica el punto 1 y se elimina el punto 2 del artículo 15, quedando redactado como sigue:

Ocho: se modifican los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y se eliminan los puntos 6, 7 y 8, del artículo 22, quedando redactados como sigue:

Nueve: se modifica la denominación del artículo 26, se modifican los apartados 1 y 2, se mantiene el punto 3 y se añade un apartado 4, quedando redactado como sigue:

Diez: se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 31, quedando redactados como sigue:

Once: se modifican los puntos 1 y 3 del artículo 32 y se añaden los puntos 4 y 5, quedando redactados como sigue.

Doce: se modifica el punto 3 del artículo 34, quedando redactado como sigue:

Trece: se modifica el punto 2 del artículo 45, quedando redactado como sigue:

Catorce: se añade un nuevo artículo 47, que queda redactado como sigue:

Quince: se modifica el punto 2 del artículo 84, quedando redactado como sigue:

Dieciséis: se modifica el punto 2 del artículo 85 y se añaden los puntos 3 y 4, quedando redactado como sigue:

Diecisiete: se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 86, se elimina el 3 y se renumeran correlativamente los puntos 4 y 5 como 3 y 4, quedando redactado como sigue:

Dieciocho: se modifica el punto 1 del artículo 99, quedando redactado como sigue:

Diecinueve: se modifica la denominación y el contenido completo del artículo 100, introduciendo los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.

Veinte: se modifica el contenido del artículo 101, incluyendo los puntos 1, 2 y 3, que quedan redactados como sigue:

Veintiuno: se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 102 y se añaden los puntos 3 y 4, quedando redactados como sigue:

Veintidós: se añaden los artículos 103 a 110, derogados en el texto vigente, quedando redactados con el siguiente contenido:

Veintitrés: se modifican los puntos 1 y 2 de la disposición final segunda, quedando redactada como sigue:

CAPÍTULO II. 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 48/1998, DE 30 DE JULIO, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE AL RUIDO.

Artículo Único 

El Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, queda modificado en los siguientes términos:

Uno: se suprime el artículo 13.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Disposición Transitoria. 
Régimen transitorio.

1. Las modificaciones incluidas en el presente Decreto-Ley se aplicarán a todos los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de evaluación de impacto ambiental o autorizaciones ambientales, cuya solicitud o acuerdo de inicio se realice con posterioridad a su entrada en vigor.

2. Los instrumentos de planeamiento que se encuentren en tramitación y que en aplicación del Decreto 48/1998, de 30 de julio, tuvieran que ser objeto del informe previsto en su artículo 13, quedarán eximidos del mismo a partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley.

3. Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental o autorizaciones ambientales que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este Decreto-Ley, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de lo previsto en el punto siguiente.

4. No obstante lo anterior, en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria, y en los de evaluación ambiental estratégica simplificada en los que el órgano ambiental determine que se deben someter a procedimiento ordinario, que se encuentren en tramitación en la fecha de entrada en vigor de este Decreto-Ley, se aplicará el procedimiento establecido en este y los plazos determinados en el mismo, desde el momento de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del documento de alcance del informe ambiental estratégico, siempre que esta publicación se produzca con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-Ley.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Desarrollo normativo.

Se autoriza al Titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar, en desarrollo de este Decreto-Ley, las disposiciones que sean necesarias.

Disposición Final. 
Entrada en vigor.

El presente Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 2020.

El Presidente, Fernando López Miras.

El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.