Medidas de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos en la Comunidad Valenciana


Decreto Ley 9/2026, de 6 de noviembre, del Consell, de medidas urgentes para la modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos en la Comunitat Valenciana.

DOGV 10493/2026 de 13 de Noviembre de 2026

Esta norma, entre otras medidas, incorpora modificaciones en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana , y en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con el fin de mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico, adecuar determinados preceptos a la legislación básica estatal y reforzar la eficacia de los instrumentos de intervención, control y gestión ambiental.

Por lo que se refiere a la Ley 6/2014 la reforma aborda la integración y coordinación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con los regímenes de autorización ambiental integrada y de licencia ambiental.

La reforma incorpora una regulación expresa y sistemática del cese definitivo de las actividades sometidas a licencia ambiental y del cierre de instalaciones. Se establecen obligaciones claras y proporcionadas para los titulares, así como facultades de intervención adecuadas para la Administración competente, garantizando que el cierre de las instalaciones no genere riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente.

Asimismo, se refuerza el régimen sancionador aplicable a las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, incorporando como infracción grave la falsedad o inexactitud en los datos o informes emitidos, así como la actuación fuera de los ámbitos para los que se encuentren acreditadas, con el fin de garantizar la fiabilidad y credibilidad del sistema de control ambiental.

Por otro lado, se modifica la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con objeto de establecer un marco jurídico que permita la utilización efectiva de los instrumentos electrónicos desarrollados por la Generalitat para la gestión documental de los traslados de residuos y para la llevanza y explotación del archivo cronológico electrónico, garantizando la obtención de información fiable, homogénea y actualizada sobre la producción y gestión de residuos.

Asimismo, teniendo en cuenta los recientes fenómenos meteorológicos adversos de carácter extremo presente decreto ley modifica la Ley 5/2022 para introducir una habilitación expresa a favor de la Generalitat para adoptar medidas de carácter urgente dirigidas a garantizar la disponibilidad de recursos, medios e instalaciones, asegurando así la capacidad operativa necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia.

PREÁMBULO 

I

Las medidas contenidas en este decreto ley se dictan en ejercicio de las competencias atribuidas a la Generalitat por el artículo 50.6 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en materia de protección del medio ambiente, que comprende el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, así como el establecimiento de normas adicionales de protección. Asimismo, la presente norma se incardina en las competencias que corresponden a la Generalitat para la ejecución de la normativa estatal y de la Unión Europea en materia ambiental y se proyecta sobre los ámbitos de la prevención y el control integrado de la contaminación, la calidad ambiental, la producción y gestión de residuos, la economía circular y las funciones de vigilancia, inspección y control ambiental.

En particular, las modificaciones incorporadas mediante este decreto ley afectan al régimen jurídico regulado en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, y en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, normas dictadas en el ámbito de las competencias autonómicas en materia de protección ambiental y en desarrollo de la legislación básica estatal y de la normativa de la Unión Europea aplicables en dichas materias.

En este marco, las modificaciones relativas a los instrumentos de intervención administrativa ambiental, a la prevención y control de las actividades con incidencia ambiental, a la producción y gestión de residuos y al régimen de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos tienen por objeto garantizar la adecuada aplicación de la normativa estatal y europea, reforzar la seguridad jurídica y asegurar la efectividad de las potestades administrativas de protección ambiental atribuidas a la Generalitat.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 16/2025, de 3 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus competencias, en el Decreto 186/2025, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 1 del Decreto 49/2026, de 10 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, corresponde a este departamento la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de medio ambiente, ejerciendo los órganos directivos competentes las funciones de regulación, autorización, supervisión, vigilancia, inspección y control ambiental, así como las relativas a la producción y gestión de residuos.

II

En el marco de las competencias descritas, este decreto ley tiene por objeto la modificación de diversas normas autonómicas en materia de calidad ambiental, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica, garantizar la adecuada coordinación de los instrumentos de intervención ambiental y adaptar la normativa vigente a las necesidades actuales en materia de protección del medio ambiente y gestión de residuos.

En particular, la norma incorpora modificaciones en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, y en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con el fin de mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico, adecuar determinados preceptos a la legislación básica estatal y reforzar la eficacia de los instrumentos de intervención, control y gestión ambiental.

III

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades (en adelante, Ley 6/2014), constituye el instrumento normativo fundamental para garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud de las personas frente a los impactos derivados del ejercicio de actividades en la Comunitat Valenciana, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Española y en el artículo 11 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

La evolución del marco normativo estatal y europeo en materia de prevención y control ambiental, así como la experiencia acumulada en la aplicación de la propia Ley 6/2014, han puesto de manifiesto la necesidad de introducir diversas modificaciones orientadas a reforzar la coherencia del sistema, mejorar la seguridad jurídica y garantizar una protección ambiental efectiva y proporcionada.

En primer lugar, la reforma aborda la integración y coordinación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con los regímenes de autorización ambiental integrada y de licencia ambiental. La modificación del artículo 14, así como de los artículos 32 y 43, responde a la necesidad de adaptar la ley autonómica a la realidad actual del pronunciamiento ambiental, que puede materializarse tanto a través de una declaración de impacto ambiental como mediante un informe de impacto ambiental en los supuestos de evaluación ambiental simplificada, reforzando la claridad y la coherencia sistemática del texto legal.

En lo que respecta a esta evaluación ambiental de proyectos de actividades tanto sujetas a autorización ambiental integrada como a licencia ambiental, resulta de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, Ley 21/2013). Este tipo de instalaciones industriales productivas, además de las obligaciones derivadas de los permisos y autorizaciones administrativas a las que están sujetas, están sometidas también a la necesidad de desarrollar y evolucionar su actividad de manera competitiva y adaptada a las necesidades del mercado. Esto supone de facto que se trata de instalaciones que están en constante evolución y adaptación y que, de manera casi continua, han de tramitar modificaciones de su proceso productivo, que pueden tener el carácter de modificación sustancial o no sustancial, lo cual supone un aumento de la carga administrativa tanto para los titulares de las instalaciones como para la administración, entre la que se incluyen los órganos sustantivos de las autorizaciones que han de verse modificadas y también los órganos intervinientes en las tramitaciones, como puede ser el órgano ambiental en aquellos procedimientos sujetos a evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, la modificación en 2023 de la citada Ley 21/2013, a través del Real decreto 445/2023, de 13 de junio, supuso que para determinadas actividades de gran importancia y presencia en la Comunitat Valenciana, como puede ser la industria cerámica o la valorización y eliminación de residuos, a pesar de estar sujetas a diversas autorizaciones que, en función de sus dimensiones, capacidades y características, van desde la autorización ambiental integrada, hasta las autorizaciones de emisiones a la atmósfera o de gestión de residuos, no se establecen umbrales mínimos a partir de los cuales cabe someterlas a evaluación de impacto ambiental simplificada. De este modo, modificaciones tales como la sustitución de equipos de proceso, como pueden ser por ejemplo hornos cerámicos de mayor capacidad o mejor rendimiento, pueden estar sujetas a evaluación de impacto ambiental, como trámite preceptivo y determinante para la aprobación por parte del órgano sustantivo de la modificación planteada, independientemente de si esta modificación se circunscribe al interior de la propia instalación autorizada o si supone la afección a nuevas superficies no urbanizadas. A su vez, se trata, en su mayoría de instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada, en las cuales el órgano sustantivo ya efectúa una revisión y control que puede ser redundante con la evaluación de impacto ambiental que se deriva de la ausencia de umbrales mínimos de capacidad de producción.

Esta situación, al conjugarse con la actual redacción del artículo 9.1 de la Ley 21/2013, principalmente en lo relativo a que «no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental», y sin posibilidad incluso de incoar un procedimiento sancionador que establezca responsabilidades, determine las sanciones y acciones a emprender y obligue a la legalización de la infracción cometida, como solución ante este supuesto, dejando como única opción la judicialización, tal y como plantea la disposición adicional decimosexta relativa a evaluaciones en ejecución de sentencia firme, supone que en el caso de que en las instalaciones productivas se lleven a cabo modificaciones sin haberse evaluado ambientalmente con carácter previo, su legalización es prácticamente imposible, con la única posibilidad de agotar la vía administrativa y pasar a la jurisdicción contencioso-administrativa, de la cual puede o no determinarse, como consecuencia de sentencia firme, que se efectúe la evaluación ambiental de un proyecto parcial o totalmente ejecutado.

Ante las dificultades que plantea la legislación básica estatal, que no ofrece alternativas para solucionar estas infracciones administrativas más que la judicialización, las comunidades autónomas, en aplicación de sus competencias de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de medio ambiente, han establecido diferentes fórmulas para regular el régimen sancionador de estos proyectos total o parcialmente ejecutados y posibilitar su evaluación ambiental, de manera que como resultado del procedimiento sancionador, se pueda imponer la obligación de legalizar la instalación, sin necesidad de derivar a un procedimiento judicial, como plantea la legislación básica estatal.

En este sentido, en la Comunitat Valenciana se efectúa un estudio de la legislación de otras comunidades autónomas al respecto, y se determina que la solución planteada en el artículo 35.4 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, puede ser idónea en tanto en cuanto determina que la resolución sancionadora firme, además de la sanción, impondrá la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente mediante los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental. En estos casos, serán de aplicación las especificidades contempladas en la Ley 21/2013 para las evaluaciones que hayan de efectuarse en ejecución de una sentencia firme.

Es por ello por lo que, en el Decreto ley 6/2025, de 7 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, se modifica la Ley 6/2014, en lo relativo a la integración y coordinación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos sujetos a autorización ambiental integrada y licencia ambiental, en concreto añadiendo un nuevo apartado 6 al artículo 14, con una redacción similar a la ley gallega.

No obstante, al plantearse una comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Generalitat, se acuerda un nuevo texto por el cual se introduce una nueva regulación del alcance jurídico de las actuaciones administrativas realizadas prescindiendo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, declarando su nulidad de pleno derecho y estableciendo, en determinados supuestos, la posibilidad de imponer, en el marco de un procedimiento sancionador firme, la realización de evaluaciones ambientales no equiparables a las reguladas en la Ley 21/2013, fundamentadas en los principios de compensación y reversión de impactos.

La necesidad de esta modificación presenta un carácter especialmente urgente, dado que la actual regulación está generando situaciones en las que actuaciones materialmente ejecutadas sin la previa evaluación ambiental exigible carecen de mecanismos administrativos efectivos que permitan, una vez detectada la infracción, evaluar adecuadamente sus efectos sobre el medio ambiente y exigir medidas correctoras o compensatorias proporcionadas. Esta circunstancia provoca que la única vía efectiva para restablecer la legalidad sea, en numerosos supuestos, la judicialización del conflicto, con los consiguientes retrasos en la adopción de medidas de protección ambiental.

La persistencia de esta situación puede dar lugar a la consolidación de impactos ambientales no evaluados sobre los recursos naturales, los ecosistemas, el suelo, las aguas o la calidad del aire, dificultando o incluso imposibilitando su adecuada corrección posterior. Concurre, por tanto, una necesidad inaplazable de dotar a la administración ambiental de instrumentos jurídicos inmediatos que permitan reaccionar eficazmente frente a actuaciones realizadas al margen de la normativa de evaluación ambiental sin necesidad de esperar a la obtención de una resolución judicial firme.

Por otra parte, la modificación del régimen de las modificaciones sustanciales de instalaciones sometidas a licencia ambiental responde a la necesidad de armonizar plenamente la legislación autonómica con la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación, evitando duplicidades normativas y criterios divergentes que puedan inducir a error.

La urgencia de esta modificación deriva, asimismo, de la necesidad de evitar la pervivencia de criterios interpretativos divergentes entre la normativa autonómica y la legislación básica estatal, circunstancia que está generando incertidumbre jurídica tanto para los operadores económicos como para las administraciones competentes. La prolongación de esta situación incrementaría el riesgo de impugnaciones, la eventual invalidez de actuaciones administrativas y la paralización o retraso de proyectos sometidos a intervención ambiental, con afección directa a la seguridad jurídica y a la eficacia de la actuación administrativa.

La reforma incorpora igualmente una regulación expresa y sistemática del cese definitivo de las actividades sometidas a licencia ambiental y del cierre de instalaciones, colmando una laguna normativa existente y alineando el régimen aplicable con los principios de prevención, cautela, responsabilidad ambiental y «quien contamina paga».

Se establecen obligaciones claras y proporcionadas para los titulares, así como facultades de intervención adecuadas para la administración competente, garantizando que el cierre de las instalaciones no genere riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente.

En la regulación vigente, la ley establece de manera clara las obligaciones que deben cumplir los titulares de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada cuando se produce el cese de la actividad, especialmente en lo relativo a la adopción de medidas destinadas a evitar riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, no existe una previsión equivalente, expresa y sistemática para las instalaciones sometidas a licencia ambiental, pese a que muchas de estas actividades pueden generar impactos ambientales relevantes.

Esta falta de claridad normativa ha provocado que, en la práctica, el cese de actividades sometidas a licencia ambiental se produzca sin la adopción de las medidas necesarias para retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas presentes en el emplazamiento, ni para prevenir la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, la emisión de gases contaminantes o la existencia de riesgos de incendio, explosión o accidente.

Como consecuencia, se han producido situaciones de riesgo para la salud de las personas, para el medio ambiente y para los bienes, así como dificultades para que las administraciones públicas competentes puedan exigir de manera eficaz actuaciones de cierre y restauración ambiental, al carecer de una base legal expresa que las habilite.

La persistencia de estas situaciones genera un riesgo actual y efectivo, no meramente hipotético, que exige una intervención normativa inmediata para evitar daños ambientales de difícil o imposible reparación y para dotar a las administraciones públicas de instrumentos claros que permitan actuar con eficacia y seguridad jurídica.

La concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad resulta particularmente evidente en este ámbito, por cuanto la ausencia de una regulación expresa sobre las obligaciones derivadas del cese definitivo de actividades sometidas a licencia ambiental está permitiendo la permanencia de instalaciones abandonadas o inactivas que pueden contener combustibles, productos químicos, residuos peligrosos u otras sustancias susceptibles de provocar contaminación del suelo, de las aguas superficiales o subterráneas, emisiones contaminantes, incendios, explosiones o accidentes con afección a las personas, a los bienes y al medio ambiente.

La demora en la incorporación de estas medidas al ordenamiento jurídico autonómico podría comprometer la capacidad de actuación preventiva de las administraciones competentes y favorecer la aparición o agravamiento de situaciones de riesgo ambiental cuya reparación posterior resultaría técnica y económicamente mucho más compleja, cuando no imposible, comprometiendo de forma directa los principios de prevención y cautela que inspiran la política ambiental de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se refuerza el régimen sancionador aplicable a las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, incorporando como infracción grave la falsedad o inexactitud en los datos o informes emitidos, así como la actuación fuera de los ámbitos para los que se encuentren acreditadas, con el fin de garantizar la fiabilidad y credibilidad del sistema de control ambiental.

Del mismo modo, la inmediata entrada en vigor de este régimen resulta necesaria para preservar la fiabilidad de los sistemas de control ambiental sobre los que descansan numerosas actuaciones administrativas de autorización, seguimiento, inspección y vigilancia ambiental. La permanencia de lagunas sancionadoras frente a actuaciones realizadas fuera del ámbito de acreditación de las entidades colaboradoras o sustentadas en datos inexactos o informes erróneos puede comprometer la eficacia de los mecanismos públicos de protección ambiental y menoscabar la confianza legítima de las administraciones públicas y de la ciudadanía en los instrumentos de control técnico ambiental.

Finalmente, la adaptación del anexo II de la Ley 6/2014 a la Directiva (UE) 2024/1785 permite armonizar los umbrales y epígrafes aplicables a las explotaciones ganaderas con el nuevo marco europeo, simplificando la regulación, adecuándola a las mejores técnicas disponibles y reforzando la coherencia del ordenamiento jurídico valenciano con el Derecho de la Unión.

Por ello, es necesario modificar el anexo II de actividades sujetas a licencia ambiental de la Ley 6/2014, para armonizar los umbrales y epígrafes a la nueva directiva, refiriendo las capacidades a UGM y eliminando el umbral superior, que se ve sustituido por una referencia general a «que no estén sujetas a autorización ambiental integrada». De este modo se simplifica el texto legal reduciendo las numerosas variantes que presentaba el texto en su anterior redacción y que no concuerda con las orientaciones productivas que se plantean en los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles de las actividades ganaderas, por lo que se opta por un único epígrafe para explotaciones avícolas y un único epígrafe para explotaciones porcinas sometidas a licencia ambiental.

La aprobación inmediata de esta adaptación normativa resulta asimismo necesaria para asegurar una aplicación coherente y uniforme del nuevo marco regulador europeo en el territorio de la Comunitat Valenciana y evitar la subsistencia de discrepancias entre la normativa autonómica y las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. La demora en la adecuación del anexo II podría generar incertidumbre en la determinación del régimen de intervención ambiental aplicable a determinadas explotaciones ganaderas y dificultar el ejercicio eficaz de las funciones de autorización, inspección y control por parte de la administración ambiental.

En conjunto, las circunstancias descritas ponen de manifiesto la existencia de una situación objetiva que requiere una respuesta normativa inmediata, al concurrir razones de seguridad jurídica, correcta aplicación de la legislación básica estatal y del Derecho de la Unión Europea, protección efectiva del medio ambiente y de la salud pública y garantía de la eficacia de las potestades administrativas de intervención ambiental. La demora inherente a la tramitación legislativa ordinaria prolongaría situaciones de incertidumbre jurídica, dificultaría la actuación de las administraciones competentes y podría favorecer la producción o consolidación de daños ambientales, riesgos para la salud de las personas y situaciones de peligro para la seguridad colectiva de difícil o imposible reparación. Existe, por tanto, una relación directa, inmediata y suficientemente acreditada entre la situación descrita y las medidas que se adoptan mediante este decreto ley, concurriendo plenamente el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad exigido por el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

IV

Por otro lado, para dar cumplimiento al mandato de la Unión Europea de regular y organizar la vigilancia y el control de los traslados de residuos exclusivamente en el interior de un Estado miembro, el artículo 36 del Reglamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a los traslados de residuos y por el que se modifican los reglamentos (UE) n.º 1257/2013 y (UE) 2020/1056 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, impone a los Estados miembros la obligación de establecer un régimen adecuado de vigilancia y control de tales traslados dentro de su jurisdicción nacional, régimen que deberá ser coherente con el establecido por la normativa de la Unión Europea.

La entrada en vigor de este nuevo marco regulador europeo exige una adaptación inmediata de la normativa autonómica con el fin de garantizar la plena efectividad de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. La ausencia de una regulación actualizada y plenamente alineada con las exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2024/1157 podría dificultar el cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea y comprometer el adecuado ejercicio de las funciones administrativas de inspección, control y supervisión atribuidas a las autoridades competentes.

Con este fin, el régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se encuentra regulado en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, precepto que resulta de aplicación a los traslados de residuos para valorización o eliminación, incluidos los destinados a instalaciones que realizan operaciones de tratamiento intermedio o almacenamiento, estableciendo, entre otras obligaciones, que todo traslado de residuos deberá ir acompañado de la documentación necesaria para garantizar su identificación, seguimiento y control.

En desarrollo de dicha previsión legal, y al amparo de la habilitación contenida en la disposición final cuarta de la Ley 7/2022, se aprobó el Real decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, que establece los requisitos documentales y procedimentales aplicables a estos movimientos, incluyendo el contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación previa en aquellos supuestos en que esta resulte exigible.

La disposición adicional primera del citado real decreto establece que todos los trámites regulados en dicha norma deberán realizarse por vía electrónica mediante documentos estandarizados disponibles en formato electrónico único para todo el territorio nacional, permitiendo a las comunidades autónomas optar entre la utilización del Sistema de Información de Residuos (e-SIR) habilitado por la Administración general del Estado o el desarrollo de procedimientos electrónicos propios.

En ejercicio de esta facultad, la Generalitat ha venido impulsando la implantación de herramientas tecnológicas destinadas a asegurar una gestión plenamente electrónica de la información asociada a la producción, traslado y gestión de residuos. Entre dichas herramientas se encuentran la plataforma ADCR 3.0, destinada a la generación, gestión y tramitación de la documentación vinculada a los traslados sujetos a notificación previa realizados íntegramente en el territorio de la Comunitat Valenciana, así como la plataforma TRAZA, desarrollada para la elaboración y gestión de los documentos de identificación correspondientes a aquellos traslados no sujetos a notificación previa.

Asimismo, la dirección general competente en materia de residuos ha desarrollado una herramienta informática para la gobernanza del archivo cronológico electrónico previsto en el artículo 64 de la Ley 7/2022, con la finalidad de mejorar la calidad, integridad y disponibilidad de la información relativa a la producción y gestión de residuos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el artículo 65 de dicha ley.

La experiencia acumulada en la aplicación del régimen vigente ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los instrumentos de trazabilidad y seguimiento de los residuos, especialmente respecto de los traslados que se realizan íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La inexistencia de mecanismos homogéneos y plenamente digitalizados para determinadas categorías de residuos dificulta la obtención de información completa y actualizada sobre sus flujos, limita las capacidades de supervisión de la administración ambiental y reduce la eficacia de las actuaciones inspectoras dirigidas a prevenir y detectar incumplimientos de la normativa aplicable.

Por ello, es necesario modificar los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con objeto de establecer un marco jurídico que permita la utilización efectiva de los instrumentos electrónicos desarrollados por la Generalitat para la gestión documental de los traslados de residuos y para la llevanza y explotación del archivo cronológico electrónico, garantizando la obtención de información fiable, homogénea y actualizada sobre la producción y gestión de residuos.

La adopción inmediata de estas medidas responde a la necesidad de garantizar de forma efectiva la trazabilidad de los residuos durante todas las fases de su gestión, reforzar las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control y asegurar la disponibilidad de información ambiental completa y de calidad. La plena operatividad de las plataformas electrónicas desarrolladas por la administración autonómica requiere una cobertura normativa adecuada que permita su utilización generalizada y evite disfunciones en la obtención y tratamiento de la información necesaria para el ejercicio de las competencias públicas en materia de residuos.

La demora inherente a la tramitación de una ley por el procedimiento legislativo ordinario prolongaría durante varios meses las limitaciones existentes en los sistemas de seguimiento y control de determinados traslados de residuos, dificultando la detección temprana de incidencias, incumplimientos o movimientos irregulares y retrasando la implantación efectiva de mecanismos avanzados de trazabilidad electrónica. Asimismo, dicha demora impediría disponer de manera inmediata de información homogénea y actualizada sobre los flujos de residuos generados y gestionados en la Comunitat Valenciana, con el consiguiente impacto negativo sobre la eficacia de las funciones de inspección, vigilancia y control ambiental.

Estas circunstancias podrían comprometer la adecuada ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa europea y estatal en materia de residuos, dificultar la prevención de actuaciones contrarias a la normativa ambiental y generar riesgos para la protección del medio ambiente y de la salud humana, especialmente en relación con la detección temprana de abandonos, traslados no autorizados o tratamientos inadecuados de residuos.

Concurre, en consecuencia, una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la adopción de las medidas contenidas en este decreto ley, por cuanto las mismas guardan una relación directa e inmediata con la necesidad de reforzar los mecanismos de trazabilidad y control de los residuos, garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea y de la legislación básica estatal y asegurar el ejercicio eficaz de las competencias de vigilancia, inspección y control atribuidas a la Generalitat. Los objetivos perseguidos no podrían alcanzarse con la inmediatez requerida mediante la utilización de los procedimientos legislativos ordinarios.

V

La experiencia reciente derivada de episodios extraordinarios, como los fenómenos meteorológicos adversos de carácter extremo -entre ellos la depresión aislada en niveles altos (dana) registrada en la Comunitat Valenciana- ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad del sistema de gestión de residuos ante situaciones de emergencia sobrevenida, caracterizadas por la generación masiva y súbita de residuos y la consiguiente saturación o interrupción de las infraestructuras ordinarias de tratamiento.

En tales escenarios, la eficaz protección de la salud pública, del medio ambiente y del interés general exige la inmediata disponibilidad de medios e instalaciones suficientes para garantizar la continuidad del servicio público de gestión de residuos, cuya prestación tiene carácter esencial, obligatorio y continuo.

El modelo vigente, basado en la planificación autonómica y en la gestión coordinada a través de entidades supramunicipales, requiere ser complementado mediante instrumentos jurídicos que permitan asegurar, en situaciones excepcionales, la movilización efectiva de capacidades de tratamiento y la utilización coordinada de infraestructuras, con independencia de su titularidad.

A tal fin, el presente decreto ley introduce una habilitación expresa a favor de la Generalitat para adoptar medidas de carácter urgente dirigidas a garantizar la disponibilidad de recursos, medios e instalaciones, asegurando así la capacidad operativa necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia.

La medida se justifica en la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y se acomoda a los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia y seguridad jurídica.

A tal efecto, procede modificar con carácter urgente la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados, mediante la incorporación de una nueva disposición adicional que garantice la reserva de capacidad suficiente de eliminación y tratamiento en las instalaciones de gestión de residuos, tanto de titularidad pública como privada, con el fin de asegurar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia.

VI

En este contexto, la necesidad de evitar la pervivencia de una situación de inseguridad jurídica y de conflicto competencial, mediante la ejecución del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado–Generalitat, determina la procedencia de una intervención normativa inmediata, dirigida a modificar la Ley 6/2014, al objeto de adecuar su contenido al marco competencial definido por la legislación básica estatal y garantizar así la coherencia del ordenamiento jurídico y su correcta aplicación.

Asimismo, es necesario abordar, sin dilación, la reducción de la litigiosidad generada por la reforma operada por la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa, en particular en lo relativo al régimen transitorio aplicable a las instalaciones que disponen de autorizaciones ambientales integradas otorgadas al amparo de la derogada Ley 2/2006, de 5 de mayo, cuya regulación actual está dando lugar a situaciones de incertidumbre jurídica y de aplicación no homogénea.

Igualmente, concurre la necesidad inaplazable de adaptar el régimen de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos peligrosos y no peligrosos en el ámbito de la Comunitat Valenciana a las exigencias de la normativa estatal y de la Unión Europea, con el fin de asegurar su plena efectividad y evitar disfunciones en su aplicación.

Del mismo modo, resulta urgente garantizar la existencia de reservas suficientes de volumen y de capacidad de tratamiento en las instalaciones de eliminación de residuos, tanto de titularidad pública como privada, con el fin de asegurar una respuesta inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia que puedan producirse.

Las medidas contenidas en este decreto ley guardan una relación directa e inmediata con la situación descrita, existiendo la necesaria conexión de sentido entre las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad y las disposiciones que se adoptan, al ir todas ellas dirigidas a corregir de forma inmediata disfunciones normativas existentes, evitar la prolongación de situaciones de conflicto competencial y reforzar la seguridad jurídica y la eficacia de la actuación administrativa.

En consecuencia, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que habilitan al Consell para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto ley, al resultar imprescindible una intervención normativa inmediata que no puede demorarse a la tramitación ordinaria de una ley sin comprometer gravemente la efectividad de las potestades públicas de control, vigilancia y protección ambiental, ni la adecuada gestión de los residuos generados en el territorio de la Comunitat Valenciana.

En particular, la demora en la adopción de las medidas previstas podría dificultar la adecuada vigilancia, control y trazabilidad de los traslados de residuos, comprometer la disponibilidad efectiva de capacidad de eliminación suficiente para atender tanto las necesidades ordinarias de gestión como eventuales situaciones de emergencia, así como favorecer supuestos de acumulación temporal de residuos o de saturación de instalaciones de tratamiento y eliminación. Tales circunstancias podrían derivar en afecciones a la salud pública por la exposición de la población y de las personas trabajadoras a agentes contaminantes, en impactos ambientales significativos sobre los suelos, las aguas y los ecosistemas, así como en un incremento de los riesgos para la seguridad de las personas asociados a incendios, explosiones, accidentes o incidentes vinculados al almacenamiento, transporte o gestión de residuos.

Asimismo, la persistencia de las disfunciones normativas y de los conflictos interpretativos derivados del actual marco regulatorio podría comprometer la aplicación homogénea de la legislación ambiental, dificultar la actuación de las administraciones públicas competentes y de los operadores afectados y menoscabar la capacidad de respuesta inmediata de los poderes públicos ante situaciones sobrevenidas que requieran una gestión ágil y eficaz de los residuos. La eventual insuficiencia o indisponibilidad de capacidad autorizada para la eliminación de residuos, especialmente en escenarios de emergencia ambiental, contingencias industriales o episodios extraordinarios de generación de residuos, podría comprometer la continuidad de un servicio de interés público esencial para la protección de la salud humana, del medio ambiente y de la seguridad colectiva.

Todo ello justifica la necesidad de una actuación legislativa urgente e inmediata que no puede demorarse a la tramitación ordinaria de una ley, al objeto de preservar los intereses generales afectados, garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de la normativa estatal y europea y asegurar un elevado nivel de protección de la salud pública, del medio ambiente y de la seguridad de las personas.

VII

Esta norma se articula sobre los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia previstos en el artículo 59 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se justifica por la existencia de una obligación institucional derivada del Acuerdo de 24 de febrero de 2026, adoptado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Generalitat, que impone la adaptación de normativa autonómica para resolver discrepancias competenciales surgidas tras la aprobación del Decreto ley 6/2025, de 7 de mayo.

La intervención normativa resulta, por tanto, necesaria para garantizar la seguridad jurídica y evitar la eventual interposición de conflictos constitucionales. Asimismo, la norma constituye el instrumento más eficaz para dar respuesta a las restantes necesidades identificadas, tales como la adaptación a la normativa europea, la corrección de disfunciones que han generado litigiosidad y la adecuación del régimen de gestión de residuos.

En atención al principio de proporcionalidad, la norma proyectada contiene las modificaciones imprescindibles para atender las obligaciones asumidas y corregir los déficits detectados en el ordenamiento vigente, sin imponer cargas innecesarias o accesorias. Su contenido se limita a lo estrictamente necesario para garantizar la adecuación normativa al marco constitucional y europeo, así como para mejorar la operatividad de los regímenes afectados.

Asimismo, en aplicación del principio de seguridad jurídica, la iniciativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con la normativa básica estatal y el Derecho de la Unión Europea.

La norma contribuye a reforzar la certeza y estabilidad del marco normativo al resolver las discrepancias competenciales existentes, corregir el régimen transitorio vigente y clarificar el régimen aplicable en materia de residuos. Igualmente, en cumplimiento del principio de transparencia, dado que se trata de un Decreto ley promovido por razones de extraordinaria urgencia, se ha prescindido en su elaboración del trámite de consulta pública previa y audiencia ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa evita cargas administrativas innecesarias o redundantes, al tiempo que optimiza la utilización de los recursos públicos mediante la clarificación de procedimientos y la reducción de la litigiosidad asociada a disfunciones normativas. Asimismo, favorece una gestión más eficaz de las actuaciones en materia ambiental, especialmente en contextos de emergencia.

Finalmente, de conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, las modificaciones introducidas se realizan, en la medida de lo posible, mediante la aprobación de nuevas redacciones completas de los preceptos afectados, integrando las modificaciones anteriores con el fin de evitar la fragmentación normativa y reforzar la coherencia del ordenamiento.

VIII

Por otra parte, la modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana, tiene por objeto reforzar la proporcionalidad, claridad y seguridad jurídica del régimen de contratación entre las fundaciones y los miembros de sus patronatos, sus representantes y determinados parientes, configurando un sistema graduado y objetivo de control que reserva la autorización previa del Protectorado para las operaciones de mayor relevancia económica, patrimonial, temporal o susceptibles de generar un conflicto de intereses, y somete las restantes contrataciones a un régimen de comunicación con garantías de transparencia, adecuación a mercado y abstención del patrono afectado.

La reforma precisa, asimismo, el momento a partir del cual pueden formalizarse y producir efectos los contratos sujetos a cada modalidad de control, habilita el desarrollo reglamentario de los aspectos procedimentales y completa el régimen de las autorizaciones mediante la determinación expresa del plazo máximo para resolver y notificar, su posible ampliación motivada, los efectos desestimatorios del silencio y la suspensión del cómputo por causa imputable al interesado.

Con ello se articula en el propio artículo 22 un marco unitario y coherente para estas operaciones, orientado a compatibilizar la agilidad de la gestión fundacional con la protección del patrimonio y de los fines de interés general de la fundación.

La extraordinaria y urgente necesidad de la presente modificación deriva de los efectos que produce el régimen actualmente vigente de contratación entre las fundaciones y los miembros de sus patronatos, sus representantes y personas vinculadas, que quedan sometidas, con carácter general, a la presentación de una comunicación al Protectorado, pudiendo iniciarse la contratación desde el momento en que dicha comunicación se efectúa. Este régimen resulta aplicable igualmente a operaciones de especial relevancia para la integridad del patrimonio y el cumplimiento de los fines fundacionales.

La situación descrita exige una intervención normativa inmediata, incompatible con los plazos propios de la tramitación legislativa o reglamentaria ordinaria. Por ello, esta norma responde a una finalidad de interés general claramente identificada y constituye el instrumento más adecuado para alcanzar los objetivos perseguidos.

Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la validez del recurso al Decreto ley exige la concurrencia de dos elementos: de una parte, la explicitación razonada de las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad y, de otra, la existencia de una conexión directa entre la situación de urgencia identificada y las medidas adoptadas para hacerle frente.

En el presente caso, las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad derivan de la conveniencia de que sus efectos se proyecten de manera inmediata abogando por un control más proporcionado sobre el funcionamiento de las fundaciones. Por una parte, se reserva la necesaria autorización previa del Protectorado para las operaciones que, por su importe, objeto, duración, carácter recurrente o circunstancias concurrentes, presentan una mayor relevancia patrimonial o un riesgo más intenso de conflicto de intereses. Y, por otra parte, se agiliza la gestión fundacional, permitiendo que las contrataciones de menor riesgo puedan formalizarse y ejecutarse desde la presentación de la comunicación, evitando que el control administrativo previo se proyecte de forma indiferenciada sobre todas las operaciones.

Existe así una conexión directa entre la situación que exige una respuesta normativa inmediata y las medidas adoptadas: frente al riesgo de que durante la vigencia del régimen actual puedan consumarse operaciones patrimoniales relevantes antes de que el Protectorado pueda desarrollar eficazmente sus funciones de tutela, la norma restablece el control previo únicamente en los supuestos en que dicho riesgo alcanza una intensidad suficiente para justificarlo. Al mismo tiempo, preserva la simplificación administrativa respecto de las operaciones de menor relevancia, evitando imponer cargas desproporcionadas a las fundaciones.

La presente iniciativa normativa se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 59 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana. Responde a los principios de necesidad y eficacia, al resultar preciso establecer un sistema de control proporcionado de las autocontrataciones vinculadas que permita anticipar la intervención del Protectorado en aquellas operaciones que presentan un riesgo cualificado para el patrimonio o los fines fundacionales.

Asimismo, respeta el principio de proporcionalidad, al reservar la autorización previa únicamente para los supuestos de mayor relevancia económica, patrimonial, temporal o de conflicto de intereses, manteniendo para las restantes operaciones un régimen de mera comunicación. La regulación refuerza la seguridad jurídica al establecer criterios objetivos que permiten determinar con claridad el régimen aplicable a cada operación y se integra de forma coherente en la regulación del artículo 22 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre.

Finalmente, responde al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas innecesarias para las fundaciones y concentrar los recursos del Protectorado en las operaciones que requieren un control previo más intenso, sin generar nuevas cargas presupuestarias para la Generalitat.

Por todo lo expuesto, a propuesta conjunta del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y de la consellera de Servicios Sociales y Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 6 de noviembre de 2026,

DECRETO

Artículo 1. 
Modificación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 14. 
Integración y coordinación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental

1. Los proyectos, públicos o privados, sometidos a evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa vigente en la materia, deberán obtener pronunciamiento favorable en materia de evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de la autorización ambiental integrada o la licencia ambiental o, cuando sea procedente, a la formalización de los restantes instrumentos de intervención ambiental contemplados en esta ley.

2. Cuando el proyecto esté sujeto a autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental autonómico, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto se integra plenamente en el procedimiento para el otorgamiento de la citada autorización. La evaluación de impacto ambiental constituye, dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada, un trámite preceptivo y esencial. Será vinculante cuando sea desfavorable, así como en cuanto a los niveles mínimos de protección del medio ambiente y los recursos naturales, sin perjuicio de las facultades del órgano sustantivo ambiental para fijar en la autorización ambiental integrada condiciones más rigurosas de protección, así como los requisitos y condiciones de funcionamiento de la actividad. Su condicionado se incorporará al contenido de dicha autorización.

3. Cuando corresponda al órgano ambiental de la Administración general del Estado la evaluación de impacto ambiental, se estará a lo establecido en la normativa básica en materia de prevención y control integrados de la contaminación.

4. Si durante la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada se observase, conforme a la normativa urbanística, la necesidad de formular plan especial para la actividad proyectada, la evaluación ambiental de dicho plan se efectuará en el procedimiento de autorización ambiental integrada juntamente con el proyecto, siempre y cuando coincida el ámbito territorial incluyendo, en su caso, los accesos a la instalación proyectada y demás instalaciones complementarias.

Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento de autorización ambiental integrada podrá suspenderse hasta que se incorpore al expediente la aprobación del plan especial.

5. Cuando la actividad esté sometida a licencia ambiental y requiera de la previa evaluación de impacto ambiental por el órgano autonómico de acuerdo con la normativa vigente en la materia, el estudio de impacto ambiental será sometido, dentro del procedimiento de licencia ambiental, y conjuntamente con el proyecto, al trámite de información pública y demás informes establecidos en dicho procedimiento, debiendo obtenerse pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de la licencia ambiental.

6. Serán nulos de pleno derecho los actos de otorgamiento o formalización de cualquier actividad objeto de esta ley, sus modificaciones y revisiones cuando dichos actos se hayan dictado omitiendo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental aplicable, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

En aquellos supuestos en los que se sancione con carácter firme la realización de un proyecto sometido a evaluación ambiental por el órgano autonómico, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, la resolución sancionadora, además de la sanción económica, podrá imponer la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente. En ningún caso, esta evaluación podrá ser considerada como una Evaluación de Impacto a los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En estos casos, serán de aplicación las previsiones para las evaluaciones fundamentadas en los principios de compensación y reversión de impactos causados, mediante los análisis prospectivos o retrospectivos que procedan.»

Dos. Se modifica el artículo 32, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 32. 
Pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental

1. Cuando el proyecto se encuentre sometido a evaluación de impacto ambiental, concluido el trámite de información pública, el órgano sustantivo ambiental remitirá al órgano ambiental copia del expediente, junto con las alegaciones recibidas, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule el pronunciamiento que proceda en materia de evaluación de impacto ambiental en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción del expediente, en la que se estime si el proyecto es aceptable a los efectos ambientales o se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en la normativa básica vigente en materia de evaluación ambiental de proyectos.

2. Los condicionantes establecidos formarán un todo coherente con los exigidos en la autorización ambiental integrada, en la que se integrarán aquéllos formando parte de su contenido.

3. Si el órgano sustantivo ambiental discrepara sobre la conveniencia a efectos ambientales de ejecutar el proyecto o de las determinaciones o contenido del condicionado del pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental, planteará dicha discrepancia ante el órgano ambiental mediante escrito razonado, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la recepción de dicho pronunciamiento. Si se mantuviera la discrepancia se estará a lo establecido al efecto en la normativa en materia de impacto ambiental.

4. En el supuesto que corresponda a la Administración general del Estado realizar la evaluación de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la normativa básica estatal.

5. Si el pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental fuera desfavorable y, en consecuencia, impidiera el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano sustantivo ambiental dictará resolución motivada denegando la autorización y poniendo fin al procedimiento.»

Tres. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 43. 
Impugnación

1. Los interesados podrán oponerse a los informes vinculantes emitidos en el procedimiento de concesión de la autorización ambiental integrada mediante la impugnación de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para los casos en que impidiesen el otorgamiento de la autorización, en cuyo caso podrán ser recurridos, en vía judicial o administrativa, según corresponda, independientemente de la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Cuando el pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental o los informes vinculantes emitidos sean favorables, pero sometan la autorización a condiciones con las que no esté de acuerdo el solicitante, el recurso se interpondrá directamente contra la resolución del órgano que haya otorgado la autorización ambiental integrada. El órgano competente para resolver el recurso dará traslado de este a los órganos que hubiesen emitido dichos informes, con el fin de que presenten alegaciones en el plazo de quince días si lo estiman oportuno. De emitirse en plazo, las citadas alegaciones serán vinculantes para la resolución del recurso.

3. Si en el recurso contencioso-administrativo que se pudiera interponer contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa se dedujeran pretensiones relativas a los informes preceptivos y vinculantes, la administración que los hubiera emitido tendrá la consideración de codemandada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.»

Cuatro. Se modifica el artículo 63, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 63. 
Modificación de la instalación

1. La modificación de una instalación sometida a licencia ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

2. Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de una instalación se considerará sustancial si la modificación o la ampliación alcanza por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos en el anexo II de esta ley o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

3. Igualmente, se considera modificación sustancial aquella que supere los criterios establecidos en la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación, incluida la acumulación sucesiva de modificaciones no sustanciales que, consideradas conjuntamente, determinen la superación de dichos criterios.

4. Cuando la modificación represente una superación de los umbrales de capacidad que implique que la actividad quede incluida en el anexo I, deberá obtenerse autorización ambiental integrada en los términos previstos en la disposición adicional sexta.

5. El titular de la licencia ambiental que pretenda llevar a cabo una modificación de la instalación deberá comunicarlo al ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

6. Para la justificación de la modificación sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, en los aspectos contemplados en el artículo 46 de la presente ley para la autorización ambiental integrada.

7. Cuando el titular considere que la modificación proyectada no es sustancial podrá llevarla a cabo, siempre que el ayuntamiento no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

8. Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el ayuntamiento como sustancial, no podrá llevarse a cabo hasta que no sea modificada la licencia ambiental.

La modificación de la licencia ambiental será objeto de notificación y publicidad en los mismos términos establecidos para la resolución de la licencia.

Dicha modificación podrá tramitarse por el procedimiento simplificado que el ayuntamiento establezca mediante sus ordenanzas, en el que se concretará el contenido de la solicitud de modificación a presentar, documentos que justifiquen el carácter sustancial de la modificación a realizar, y proyecto de actividad referido a la parte o partes de la instalación afectadas por la modificación que se va a llevar a cabo. En cualquier caso, la modificación sustancial implicará la emisión de un nuevo dictamen ambiental, por parte del órgano que tenga atribuida dicha competencia, y en los términos establecidos en el artículo 58 de la presente ley.

9. Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo II dejará de ser exigible la licencia ambiental, procediendo, por parte del ayuntamiento, a la adaptación al régimen de intervención ambiental que corresponda conforme a la disposición adicional sexta de la presente ley.»

Cinco. Se añade un nuevo artículo 63 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 63 bis. 
Cese definitivo de la actividad y cierre de la instalación

1. En el supuesto de cese definitivo de todas las actividades desarrolladas en una o varias instalaciones incluidas en una misma licencia ambiental, el titular de la licencia deberá presentar ante el órgano sustantivo ambiental una comunicación previa a dicho cese. En el caso de que se desarrollen varias actividades incluidas en la misma licencia, la comunicación indicará en cuál de ellas se produce el cese.

2. En el caso de que se produzca el cese definitivo de actividades, con carácter previo al cierre de la instalación, el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a:

a) Retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación o en el emplazamiento.

b) Prevenir y evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

c) Evitar la emisión de gases o contaminantes derivados de las actividades desarrolladas.

d) Eliminar o minimizar los riesgos de incendio, explosión o accidente que puedan comprometer la seguridad de la instalación.

3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán garantizar que el emplazamiento no cree un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso actual o previsto del mismo.

4. El órgano competente podrá exigir, de forma motivada, la presentación de un plan de actuaciones de cierre, así como la ejecución de medidas adicionales de prevención, control o restauración ambiental cuando resulte necesario para asegurar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

5. La finalización de la ejecución de las medidas adoptadas en virtud de lo establecido en el presente artículo será comunicada por el titular de la licencia al órgano sustantivo ambiental. En cualquier caso, el órgano sustantivo ambiental podrá comprobar in situ la ejecución de las medidas propuestas.

6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado conforme a lo previsto en el régimen sancionador de la presente ley, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades ambientales que pudieran corresponder.»

Seis. Se modifica el apartado a) del artículo 84, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 84. Clausura de actividades sin el correspondiente instrumento de intervención

[…]

a) Previa audiencia al titular de la actividad por plazo de quince días, acordar el cierre o clausura de la actividad e instalaciones en que se desarrolla. Acordado el cierre o clausura, la persona titular estará obligada a adoptar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar que el emplazamiento no genere riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente, de conformidad con lo previsto en esta ley. El cumplimiento de dichas obligaciones tendrá carácter independiente de la medida de cierre o clausura y no habilitará, en ningún caso, la continuación o reanudación de la actividad sin el correspondiente instrumento de intervención.

[…]»

Siete. Se añade un subapartado p) al apartado 3 del artículo 93, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 93.Clasificación de las infracciones

[…]

3. Son infracciones graves:

[…]

p) La emisión por las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental de informes técnicos o la aportación de datos con falsedades o inexactitudes esenciales, cuando medie dolo o negligencia grave y puedan afectar de forma relevante a las actuaciones o decisiones reguladas en esta ley, así como la realización de actuaciones en ámbitos para los que no estuvieran debidamente registradas o habilitadas.

[…]»

Ocho. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional sexta, que queda redactado de la siguiente manera:

«Disposición Adicional Sexta. Cambio de régimen de intervención administrativa ambiental aplicable

[…]

5. En el caso de instalaciones con autorización ambiental integrada otorgada conforme al anexo II de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, la actividad podrá continuar en funcionamiento al amparo de dicha autorización mientras no se produzca ninguna modificación, ni de la actividad ni del título habilitante, y no haya transcurrido el plazo máximo de ocho años de vigencia contemplado en la citada ley.

El transcurso de dicho plazo, así como cualquier modificación, ya sea de oficio o a instancia de la persona interesada, determinará la obligación de adaptarse al nuevo régimen jurídico establecido en la presente ley. A tal efecto, con carácter previo a la obtención de la licencia ambiental, la instalación deberá disponer de las autorizaciones ambientales sectoriales que se contemplaban en la autorización ambiental integrada.

Una vez obtenidas las autorizaciones ambientales sectoriales y hasta que transcurra el plazo de resolución de la licencia ambiental, que se computará desde la obtención de dichas autorizaciones, las facultades de vigilancia, control, inspección y sanción corresponderán a la conselleria competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Transcurrido dicho plazo, se declarará la caducidad de la autorización ambiental integrada, previa audiencia al titular de la actividad y al ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique.»

Nueve. Se modifican los epígrafes 9.5 y 9.6 del anexo II, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Anexo II. Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental

[…]

9.5. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado porcino que no estén sujetas a autorización ambiental integrada y cuya capacidad máxima de alojamiento, expresada en unidades de ganado mayor (UGM) conforme a los factores de conversión previstos en la normativa de aplicación de la Directiva sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado, sea:

a) Superior a 60 UGM en el caso de aves de corral.

b) Superior a 75 UGM en el caso de ganado porcino.

9.6. Instalaciones para la cría intensiva de otros animales que alberguen:

– Plazas de vacuno de engorde por encima de 100 plazas.

– Plazas de vacuno de leche por encima de 75 plazas.

– Plazas de ovino y/o caprino por encima de 500 plazas.

– Plazas de equino por encima de 75 plazas.

– Plazas de conejos por encima de 10.000 plazas.

– Plazas de cualquier otra especie animal, incluso instalaciones mixtas de la misma o diferente especie, no especificadas en los anteriores epígrafes, a partir de 75 unidades ganaderas mayores (UGM) (1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).

[…]»

Artículo 2. 
Modificación de Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana

La Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade al artículo 58 un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:

«Artículo 58. Traslado de residuos

[…]

5. Con el objeto de garantizar la adecuada aplicación del régimen de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la disposición adicional segunda del Real decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, la dirección general competente en materia de residuos habilitará la tramitación electrónica del procedimiento correspondiente a través de su sede electrónica, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del citado real decreto, o en la norma que lo modifique o sustituya.

Los documentos relativos a los traslados de residuos sujetos al requisito de notificación previa, previstos en el artículo 3.2 del Real decreto 553/2020, deberán generarse y gestionarse obligatoriamente a través de la plataforma ADCR 3.0 actualizada o de sus servicios web.

Asimismo, la elaboración y tramitación de los documentos de identificación correspondientes a los traslados de residuos no sujetos al citado requisito de notificación previa, a que se refiere el artículo 6.1 del Real decreto 553/2020, se realizará a través de la plataforma TRAZA actualizada o de sus servicios web.

La descripción detallada del procedimiento electrónico se publicará en el portal web de la dirección general competente, a fin de garantizar su conocimiento por parte de las personas y entidades usuarias.»

Dos. Se modifica el artículo 59, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 59. 
Obligaciones de información

1. En los términos establecidos por el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las personas físicas y jurídicas obligadas a disponer de un archivo cronológico electrónico deben guardar la información del archivo cronológico durando, al menos, cinco años y la información debe estar a disposición de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular a efectos de inspección y control.

La dirección general competente en materia de residuos diseñará y desarrollará una herramienta informática para la gestión y gobernanza del archivo cronológico electrónico, que será puesta en su portal web a disposición de las personas físicas o jurídicas obligadas a disponer de tal archivo, siendo su utilización de carácter obligatorio.

2. En los términos establecidos por el artículo 65.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las personas físicas y jurídicas obligadas deben remitir las memorias resumen de sus actividades que afectan a la Comunitat Valenciana a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, y en el caso de residuos de competencia local, además a las entidades locales correspondientes. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía circular puede requerir información adicional a las personas físicas o jurídicas contempladas en este apartado para disponer de la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, así como para dar cumplimiento a otros requerimientos de información derivados de la aplicación de los actos de ejecución aprobados por la Comisión Europea.

3. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, con la colaboración de las entidades locales, debe mantener actualizada la información sobre la gestión de los residuos en su ámbito competencial, en particular para los residuos de competencia local. Esta información debe incluir las infraestructuras disponibles y, en cada una de ellas, la cuantificación y caracterización periódica de los residuos entrantes y salientes, y los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos salientes. Para realizar estas caracterizaciones, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular puede establecer directrices armonizadas sobre estas.

Para el caso de los residuos de competencia local, las entidades locales deben remitir anualmente a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular un informe sobre la gestión de estos residuos, cuyo contenido será determinado reglamentariamente.

4. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular debe comprobar las memorias exigidas con arreglo al apartado 2 y las debe incorporar al sistema electrónico de información de residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes del 1 de septiembre del año posterior respecto al que se hayan recogido los datos, para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación estatal, de la Unión Europea e internacional, en particular las mencionadas en el artículo 65.6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En ese mismo plazo, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular debe remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información necesaria para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

5. La Agencia Valenciana de Residuos debe informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana y del Programa de prevención de residuos de la Comunitat Valenciana una vez adoptados, así como de cualquier revisión sustancial de estos.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional décima, con la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Décima. 
Disponibilidad de infraestructuras en situaciones de emergencia

1. En los supuestos de emergencia, entendidos como las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe previstas en la normativa vigente en materia de protección civil y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana, así como aquellas declaradas formalmente por el órgano competente de la Generalitat, que comporten un riesgo grave o inminente para la salud pública o el medio ambiente, o provoquen la interrupción, saturación o insuficiencia de los servicios ordinarios de gestión de residuos, la Generalitat podrá adoptar las medidas extraordinarias y temporales necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

A estos efectos, se considerarán incluidos, entre otros, los supuestos derivados de inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o industriales, emergencias sanitarias, accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, vertidos o episodios de contaminación, catástrofes naturales o tecnológicas, así como cualquier otra circunstancia excepcional que genere una acumulación extraordinaria de residuos o afecte significativamente a las infraestructuras, instalaciones o servicios de gestión de residuos.

2. Las medidas previstas en esta disposición serán acordadas por el Consell, mediante el acuerdo motivado, a propuesta de los órganos competentes en materia de protección civil y emergencias y previo informe de la conselleria competente en materia de residuos. Dichas medidas se limitarán a las estrictamente necesarias para garantizar la protección de la salud pública, del medio ambiente, de la seguridad de las personas, la adecuada gestión de las situaciones de emergencia o grave riesgo colectivo y la continuidad de los servicios esenciales de gestión de residuos.

Cuando concurran circunstancias de emergencia que requieran una actuación inmediata e inaplazable, los órganos competentes en materia de protección civil y emergencias podrán acordar provisionalmente las medidas indispensables para hacer frente a dicha situación, previo informe de la conselleria competente en materia de residuos. Estas medidas deberán ser sometidas a la ratificación del Consell.

Las medidas adoptadas deberán respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima afección a los derechos e intereses legítimos afectados, mínima distorsión de la competencia y temporalidad, manteniéndose únicamente mientras subsistan las circunstancias extraordinarias que justificaron su adopción.

3. A tal efecto, las entidades supramunicipales competentes en materia de residuos deberán poner a disposición de la Generalitat, previa instrucción al efecto, la totalidad de los recursos, medios e instalaciones de que dispongan que resulten necesarios, asegurando en todo caso la compatibilidad con la prestación ordinaria del servicio en su ámbito territorial.

4. Asimismo, las instalaciones de eliminación de residuos, cualquiera que sea su titularidad, estarán obligadas a poner a disposición de la Generalitat la capacidad de tratamiento y el volumen de gestión que se determine mediante la resolución motivada, incluyendo, en su caso, la ampliación temporal de turnos, la adaptación operativa de las instalaciones o la utilización de capacidades infrautilizadas, en la medida estrictamente necesaria para hacer frente a la situación de emergencia.

5. Las medidas adoptadas al amparo de este precepto tendrán carácter temporal, proporcionado y estrictamente vinculado a la situación de emergencia, debiendo cesar una vez desaparezcan las circunstancias que las motivaron.»

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

Disposición Adicional Única. 
Incidencia presupuestaria

La aplicación y el desarrollo de este decreto ley no podrán tener ninguna incidencia en los presupuestos de la Generalitat y, en todo caso, deberán ser atendidos con los medios personales y materiales de la Generalitat.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición Final Primera. 
Modificación de la Ley 8/1998, 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana

La Ley 8/1998, 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 8 del artículo 22, que queda redactado como sigue:

«8. Los patronos y las personas físicas representantes de los patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, podrán contratar con la fundación en los términos previstos en este apartado.

a) Requerirán autorización previa del Protectorado los contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que la contraprestación económica a cargo de la fundación, considerada individualmente o conjuntamente con las demás operaciones realizadas con el mismo patrono o representante durante el ejercicio, sea superior al diez por ciento de los gastos previstos en el plan de actuación del ejercicio o del activo de la fundación resultante del último balance aprobado, tomando como referencia la menor de ambas magnitudes.

2.º Que el contrato tenga por objeto la adquisición, transmisión, arrendamiento, constitución o cesión de derechos sobre bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, bienes integrantes de la dotación fundacional o bienes directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales.

3.º Que el contrato tenga una duración superior a cuatro años, incluidas las prórrogas previstas, o genere obligaciones económicas para la fundación durante más de un ejercicio presupuestario cuando su importe acumulado alcance el límite establecido en el ordinal 1.º

4.º Que la contratación tenga por objeto la prestación por el patrono o representante de servicios profesionales o laborales de carácter permanente o recurrente y comporte una retribución que, atendidas sus características, pueda plantear dudas acerca de su diferenciación respecto del ejercicio gratuito de las funciones propias del cargo de patrono.

5.º Que, atendiendo a su objeto, importe, duración o circunstancias concurrentes, la operación pueda producir una alteración significativa del patrimonio fundacional o comportar un riesgo relevante de conflicto entre el interés particular del patrono y el interés de la fundación.

La solicitud de autorización deberá acompañarse de certificación del acuerdo del patronato y de una memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la contratación, de su adecuación a los fines fundacionales y de las condiciones económicas de la operación.

El patrono afectado no podrá participar en la deliberación ni en la votación del acuerdo correspondiente.

b) Las restantes contrataciones estarán sujetas únicamente a comunicación al Protectorado, que deberá realizarse con carácter previo a su formalización o, cuando resulte necesario para la adecuada gestión de la fundación, simultáneamente a esta.

La comunicación irá acompañada de certificación del acuerdo del patronato, en la que se hará constar:

1.º El objeto, duración y condiciones esenciales de la contratación.

2.º El importe de la contraprestación, incluidos los impuestos que resulten aplicables.

3.º La justificación de que las condiciones pactadas se corresponden con las normales de mercado.

4.º Que la contratación responde al interés de la fundación y no constituye, directa o indirectamente, una retribución por el ejercicio del cargo de patrono.

5.º La abstención del patrono afectado en la deliberación y votación del acuerdo.»

Dos. Se modifica el apartado 9 del artículo 22, que queda redactado como sigue:

«9. En los supuestos sujetos únicamente a comunicación, la fundación podrá formalizar y ejecutar el contrato desde el momento en que esta se presente al Protectorado.

En los supuestos sometidos a autorización previa, el contrato no podrá formalizarse ni producir efectos hasta que la autorización haya sido otorgada.

Reglamentariamente se determinarán el procedimiento, la documentación exigible y los criterios para apreciar la relevancia patrimonial de las operaciones sometidas a autorización.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 22, con el siguiente texto:

«11. El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de las autorizaciones a que se refiere este artículo será de 3 meses, excepto que, mediante la resolución motivada del Protectorado, se considere procedente investigar determinados aspectos que garanticen la legalidad de lo que se ha solicitado, en cuyo caso se podrá ampliar el plazo en tres meses más. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, únicamente se entenderán estimadas por silencio administrativo positivo aquellas solicitudes de autorización relativas a operaciones distintas de aquéllas a las que se refieren los apartados 1 a 8 letra a) del artículo 22 de esta ley. El plazo para resolver la solicitud se suspenderá por causa imputable al interesado, reanudándose el cómputo desde el momento que tal causa haya desaparecido.»

Disposición Final Segunda. 
Títulos competenciales

1. Las disposiciones contenidas en este decreto ley se dictan en ejercicio de las competencias atribuidas a la Generalitat por el artículo 50.6 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en materia de protección del medio ambiente, que comprenden el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, así como el establecimiento de normas adicionales de protección:

a) Modificaciones introducidas en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, relativas a los instrumentos de intervención administrativa ambiental, las autorizaciones ambientales integradas, las licencias ambientales y demás mecanismos de prevención y control ambiental de actividades.

b) Modificaciones introducidas en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, incluidas las relativas al traslado, vigilancia, control y seguimiento de residuos, así como las dirigidas a garantizar la disponibilidad de instalaciones y capacidad suficiente de valorización, tratamiento y eliminación de residuos para atender necesidades en situaciones de emergencia.

2. Las modificaciones introducidas en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se dictan en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Generalitat por el artículo 49.1.23ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Disposición Final Tercera. 
Entrada en vigor

Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de noviembre de 2026

Juan Francisco Pérez Llorca

President de la Generalitat

Vicente Martínez Mus

Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

Nuria Martínez Sanchis

Consellera de Servicios Sociales y Justicia