Medidas complementarias del Gobierno Central en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19


Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Vigente desde 28/03/2020 | BOE 86/2020 de 28 de Marzo de 2020

Dado el impacto sobre el mercado laboral a raíz de la suspensión de un importante volumen de actividades como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la crisis del COVID-19, se adoptan nuevas medidas que contribuyan a paliar estos efectos:

1. Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se entienden como servicios esenciales y deben mantener su actividad, pudiendo únicamente reducir o suspender la misma parcialmente.

2. Respecto a la tramitación de los ERTE por las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020:

- la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no pueden entenderse como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido;

- el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo se inicia mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquellas;

- en caso de imposibilidad de convocar a la Asamblea General de las sociedades cooperativas por medios virtuales, el Consejo Rector asume la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y debe emitir la correspondiente certificación para su tramitación;

- la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad supone la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos.

- la duración máxima de los ERTE autorizados por causa de fuerza mayor, tanto en caso de resolución expresa como por silencio administrativo, es la misma que la del estado de alarma y sus posibles prórrogas;

- la fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma. En caso de deberse a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo ha de ser coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

- se sanciona a las empresas que presenten solicitudes con falsedades o incorrecciones, así como cuando soliciten medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

3. Se modifica la Disp. Trans. 1ª del RD-ley 8/2020 para determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en sus arts. 24 y 25 son de aplicación a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a su entrada en vigor siempre que deriven directamente del COVID-19.

4. Se modifica el art. 16 del RD-ley 7/2020 para:

- ampliar la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios para hacer frente al COVID-19 a todo el sector público;

- establecer la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios pueda realizarse a justificar;

- facilitar la contratación, los libramientos de fondos, así como los pagos, en el ámbito de la Administración en el exterior;

- excluir de la facturación electrónica las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a estos expedientes de contratación.

Este real decreto-ley entra en vigor el 28 de marzo de 2020 y mantiene su vigencia durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.