Fomento de la autonomía de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana

1. La valoración será realizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.3 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, donde se dispone que las administraciones públicas proveerán mediante la modalidad de gestión directa a las personas empleadas públicas a su servicio del área social o sanitaria, con la formación específica y acreditada para valorar, cuya determinación se efectuará, atendiendo a los siguientes criterios:

a) Cuando la persona cuya situación haya de ser valorada resida en su domicilio, la valoración será realizada por personas al servicio de las administraciones públicas de los servicios sociales de atención primaria correspondientes a dicho domicilio.

b) Cuando la persona resida en un recurso residencial público de gestión pública la valoración se llevará a cabo por personal empleado público al servicio de la conselleria con competencias en servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En el caso de que la titularidad pública sea municipal la valoración la realizarán los servicios sociales de atención primaria correspondientes.

c) Cuando la persona viva en residencia no incluida en el apartado anterior, la valoración será realizada por persona empleada pública de los servicios sociales de atención primaria del municipio en que esté ubicado el recurso.

d) Cuando la persona se encuentre en un centro penitenciario, la valoración se llevará a cabo por persona empleada pública de la conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

e) En los casos relativos a niños y niñas que no hayan cumplido los tres años que se encuentren en hospitalización de larga estancia, la valoración será realizada en el centro hospitalario únicamente por personal del ámbito social y sanitario de la conselleria con competencias en materia de asistencia sanitaria.

f) En los casos relativos a personas con trastorno mental grave, la valoración se realizará por profesionales de los centros de las unidades de salud mental de la red pública asistencial.

g) En el caso de personas hospitalizadas en hospitales públicos de larga y media estancia, la valoración será realizada por personal del ámbito social y sanitario de la conselleria con competencias en materia de sanidad.

h) En el caso de personas hospitalizadas en hospitales privados de larga y media estancia, la valoración será realizada por personal empleado público de la conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

2. No obstante las reglas generales contenidas en el apartado anterior, excepcionalmente la valoración podrá ser asignada, por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, a profesional diferente, respetando el perfil social o sanitario, y su condición de empleado público empleada pública, del que por aplicación de aquellas correspondería, cuando en el caso concreto concurran circunstancias especiales en la persona que lo hagan preciso, las cuales quedarán reflejadas y motivadas en el expediente.

El importe de las prestaciones económicas, y en su caso las correspondientes deducciones, se adecuará a la normativa estatal vigente en cada momento, quedando garantizado, al menos, el nivel mínimo de financiación para cada tipo de prestación en función del grado, todo ello sin perjuicio de los niveles adicionales de protección establecidos en este decreto.

Las cuantías de la prestación de Asistencia Personal y de la prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio serán, respectivamente, las establecidas en los anexos III y IV del presente decreto.

El importe de las prestaciones de dependencia no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, ni de compensación o descuento, salvo para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

Las prestaciones económicas de atención a la dependencia son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La prestación económica de asistencia personal es aquella que tiene como finalidad financiar los gastos destinados a la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados por razón de su diversidad funcional. Su objetivo es facilitar a la persona beneficiaria el acceso a la educación y al trabajo, o bien posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, su inclusión y participación en la comunidad en los términos previstos en la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así mismo, está destinada a atender a personas que, por su situación de dependencia, precisan el soporte de esta figura para llevar a cabo su proyecto de vida independiente, que le permita desarrollar las actividades personales, laborales, formativas, culturales, deportivas y sociales en condiciones de igualdad respecto al resto de la población, siempre que concurran los requisitos fijados en este decreto, en permanente coordinación educativa, social y sanitaria. Para la correcta ejecución de esta figura se requerirá la coordinación con los servicios sociales de atención primaria.

Se distinguen las siguientes tipologías de persona Profesional de Asistencia Personal:

1. Persona Profesional de Asistencia Personal (PAP) cuyas funciones sean atender a personas que por su situación de dependencia no pueden realizar por sí mismas actividades básicas de la vida diaria o le resulta muy difícil hacerlas, permitiendo el desarrollo de un proyecto de vida independiente. Esta figura tiene un rol de asistencia y acompañamiento, apoyo personal y familiar, intervención bio-psico-social individualizada y centrada en la persona, mediador social con iguales y entorno.

a) Requisitos de las personas beneficiarias.

Tendrán derecho a obtener esta prestación económica de asistencia personal las personas en las que concurran acumulativamente los siguientes requisitos:

1º Que hayan sido valoradas en cualquiera de los grados de situación de dependencia previstos en el presente decreto.

2º Que tengan cumplidos los 18 años de edad y no hayan cumplido los 65 años.

Las personas que tuvieran reconocida la prestación con anterioridad a los 65 años de edad, continuarán percibiéndola siempre y cuando puedan continuar manteniendo su proyecto de vida independiente.

Excepcionalmente, podrá ser solicitada por personas mayores de 65 años, que por padecimiento de una enfermedad sobrevenida no derivada de la edad necesiten del servicio para continuar con su proyecto de vida independiente. Será indispensable informe técnico favorable motivado de los servicios sociales de atención primaria y tendrá que ser ratificado por la Comisión Técnica Evaluadora de la Situación de Dependencia.

3º Que por sí mismas o expresando a través de las medidas de apoyo que en su caso precise en el ejercicio de su capacidad jurídica, manifiesten la voluntad de tener una vida independiente y determinen las actividades que se requieran, ejerzan su control e impartan instrucciones a la persona encargada de la asistencia personal.

4º Que realicen un proyecto de vida independiente. El citado proyecto será un documento elaborado entre la persona en situación de dependencia y la persona que realiza la asistencia personal, que contendrá las características y condiciones del servicio libremente acordadas por ambas partes. Su contenido específico se detallará mediante normativa de desarrollo de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y deberá aportarse junto a la solicitud.

5º Que el PIA prescriba la idoneidad de esta prestación, de acuerdo con los requisitos fijados en este artículo y prescrito en el correspondiente informe social del entorno o informe social técnico.

6º) Que formalicen un contrato de trabajo con la persona de asistencia personal o un contrato de prestación de este servicio con entidad jurídica o persona profesional prestadora del servicio acreditada.

En el supuesto de optar por la contratación laboral, la persona beneficiaria deberá cumplir sus obligaciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social de la persona asistente personal.

b) Las personas Profesionales de Asistencia Personal (PAP) deberán reunir y acreditar acumulativamente los siguientes requisitos:

1º Que sean mayores de edad en la fecha de firma del contrato.

2º Que reúnan las condiciones de capacidad e idoneidad para prestar la asistencia personal, que se valorarán directamente por la persona usuaria, teniendo en cuenta su libertad de contratación.

3º Que dispongan de alguna de las titulaciones que figuran en el anexo II a este decreto.

4º Que no tengan relación de parentesco con la persona beneficiaria, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado. Tampoco podrán tener relación conyugal o relación análoga a la conyugal, ni ser persona acogedora de la persona beneficiaria.

5º Que presten los servicios mediante contrato. Pudiendo ser de las siguientes tipologías:

i. Contrato de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

ii. Contrato mercantil a través de empresa o profesional, que deberá estar acreditada por la Conselleria competente en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así mismo, deberá estar registrada como Titular de actividades, servicios o centros de Servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Y estar al corriente de sus obligaciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

6º Si la asistencia personal se presta por persona física, deberá presentar junto a la solicitud, declaración responsable de la persona asistente personal.

7º Que estén en posesión del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.

2. Persona Profesional de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI), su rol es impulsar todas las capacidades y fortalezas en la primera etapa de vida, mejorando habilidades y fomentando la integración y rehabilitación de las condiciones neurofísicas; todo ello bajo un prisma profesional cualificado y bioético que fortalezca de forma sustancial su proyecto vital. Así mismo tiene un rol de asistencia y acompañamiento, apoyo personal y familiar, intervención bio-psico-social individualizada y centrada en la persona, mediador social con iguales y entorno.

Esta prestación se orientará a potenciar la autonomía y la capacidad de autodeterminación de la niña, niño o adolescente y contribuirá a hacer efectivo su derecho al desarrollo integral y el principio de inclusión social. Para su aprobación se tomará en consideración si responde al interés superior de la persona menor de edad, interpretado de conformidad con el artículo 2 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tras haber escuchado su opinión al respecto.

Si la persona menor de edad cuenta con madurez suficiente para ello, y en todo caso cuando tenga doce años cumplidos, ejercerá por si misma el derecho a ser escuchada. Cuando ello no sea posible o no convenga a su interés se podrá conocer su opinión por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con ella, puedan transmitirla objetivamente. La audiencia de la persona menor de edad se llevará a cabo en la condiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia y de su resultado deberá haber constancia en el expediente.

Dada la edad en etapa escolar de la niña, niño o adolescente será necesaria la coordinación con el equipo educativo del centro docente en la elaboración y aplicación del Plan de Actuación Personalizado, en el cual se concretan las medidas de respuesta necesarias y el apoyo de la PATI para desarrollarlas, en su caso, distinguiendo dos posibilidades:

i. Que la participación de la PATI dentro del horario lectivo no sea necesaria porque el centro disponga de todos los recursos necesarios de soporte a la inclusión. En este caso, la PATI podrá participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Actuación Personalizado, si así lo determina la familia y/o a requerimiento del centro educativo, a través de las coordinaciones de seguimiento del Plan de Actuación Personalizado y aportando orientaciones para la atención educativa del niño, niña o adolescente.

ii Que la PATI realice funciones de acompañamiento, dentro del horario lectivo del centro, como medida de apoyo, de acuerdo con los términos establecidos en el correspondiente Plan de Actuación Personalizado. En este caso, habrá de seguirse el procedimiento y las pautas que se establezcan por parte de la Conselleria con competencias en educación.

a) Requisitos de las personas beneficiarias: Tendrán derecho a obtener esta prestación económica las personas en las que concurran acumulativamente estos requisitos:

1º Que hayan sido valoradas en cualquiera de los grados de situación de dependencia previstos en el presente decreto.

2º Que tengan cumplidos los 3 años de edad y no hayan cumplido los 18 años.

Podrá mantenerse con carácter excepcional hasta la edad de 21 años, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que no se cumplan los requisitos de acceso al PAP.

ii. Que continúen permaneciendo en el sistema educativo.

iii. Que se prescriba su necesidad en informe favorable motivado de los servicios sociales de atención primaria.

3º Que realicen un proyecto de vida independiente, el citado proyecto será un documento elaborado entre la persona en situación de dependencia, sus representantes legales y la persona que realiza la asistencia personal, que contendrá las características y condiciones del servicio libremente acordadas por las partes. Su contenido específico se detallará mediante normativa de desarrollo de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y deberá aportarse junto a la solicitud.

4º Que el PIA prescriba la idoneidad de esta prestación, de acuerdo con los requisitos fijados en este artículo y suscrito en el correspondiente informe social del entorno o informe social técnico.

5º Que formalicen un contrato de trabajo con la persona PATI o un contrato de prestación de este servicio con entidad jurídica o persona profesional prestadora del servicio acreditada.

En el supuesto de optar por la contratación laboral, los representantes legales de la persona beneficiaria deberán cumplir sus obligaciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social de la PATI.

b) La Persona Profesional de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI), deberá reunir y acreditar acumulativamente los siguientes requisitos:

1º Que sean mayores de edad en la fecha de firma del contrato.

2º Que reúnan las condiciones de capacidad e idoneidad para prestar la asistencia personal, que se valorarán directamente por las representantes legales de la persona beneficiaria, teniendo en cuenta su libertad de contratación.

3º Que dispongan de alguna de las titulaciones que figuran en el anexo II a este decreto.

4º Que no tengan relación de parentesco con la persona beneficiaria, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado. Tampoco podrán tener relación conyugal o relación análoga a la conyugal, ni ser persona acogedora de la persona beneficiaria.

5º Que estén en posesión del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2 e) de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, el cual deberá ser aportado en la solicitud.

6º Que presten los servicios mediante contrato el cual puede ser a través de las siguientes tipologías:

i. Contrato de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

ii. Contrato mercantil a través de empresa o profesional, que deberá estar acreditada por la Conselleria competente en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así mismo, deberá estar registrada como Titular de actividades, servicios o centros de Servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Y estar al corriente de sus obligaciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

7º Si la asistencia personal se presta por persona física, deberá presentar junto a la solicitud, declaración responsable de la persona asistente personal.

8º Que la PATI disponga de la competencia lingüística suficiente en las dos lenguas oficiales para poder realizar las funciones de acompañamiento, dentro del horario lectivo del centro, de acuerdo con lo que se establezca por parte de la Conselleria en materia de educación.

c) Cuando la persona beneficiaria de la PATI cumpla los 18 años,la dirección general con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin perjuicio de la correspondiente solicitud de la persona interesada, iniciará un procedimiento de oficio solicitando a la misma, un nuevo proyecto de vida independiente y adecuará los requisitos, pudiendo continuar con la persona Profesional de Asistencia Terapéutica Infantil.

3. Modificación de las circunstancias iniciales

Cualquier cambio de las circunstancias descritas en el proyecto de vida independiente, tendrá que ser comunicado a los Servicios Sociales de Atención Primaria que, en su caso, lo comunicarán a la dirección general con competencias en la materia.

Anualmente se ratificará por los servicios sociales de atención primaria en el correspondiente informe de seguimiento.

1. Constituyen cuidados en el entorno la atención prestada a las personas en situación de dependencia en su domicilio por personas cuidadoras con relación familiar o allegadas, o por personas cuidadoras con habilidades laborales para su cuidado.

2. La prestación económica cumple la finalidad social de apoyar económicamente la labor que la persona cuidadora desarrolla en el entorno familiar y de conseguir la permanencia de las personas en situación de dependencia en su núcleo convivencial de origen, cuando así lo elija la persona beneficiaria y se considere idónea la atención en el PIA.

3. A estos efectos y para la percepción de la prestación económica correspondiente, en el PIA quedará constancia que la persona beneficiaria ha acreditado por cualquier medio válido en derecho desde el inicio del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones del sistema:

a) Que está siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar por una persona cuidadora que cumpla los requisitos que se establecen en el presente artículo.

b) Que su vivienda cumple los requisitos de habitabilidad que la hacen apta para su utilización en función de su grado de dependencia.

c) Que reúne las condiciones adecuadas de convivencia de conformidad con el artículo 14.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las Personas en Situación de Dependencia.

4. Podrán asumir la condición de personas cuidadoras en el entorno familiar de una persona en situación de dependencia:

a) Personas cuidadoras con relación familiar: Cónyuge o persona con relación análoga a la conyugal, hijo o hija, padre o madre, así como padres y madres de acogida y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Excepcionalmente, podrán ser cuidadoras con relación familiar las personas allegadas a una persona en situación de dependencia cuando así lo acredite el preceptivo informe social de entorno. Siempre que esté debidamente justificado en el correspondiente informe social, la persona en situación de dependencia podrá ser atendida por dos personas cuidadoras con relación familiar, entendiéndose que la dedicación de cada una será al 50%.

b) Personas cuidadoras con relación laboral: Aquellas personas idóneas de acuerdo a lo establecido en el correspondiente informe social de entorno. A los efectos correspondientes, se deberá formalizar el oportuno contrato de trabajo de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

5. La persona cuidadora debe reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) No tener reconocida ni haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia en cualquiera de sus grados, ni estar en situación de gran invalidez.

c) Tener acreditada, en el informe social de entorno, la capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de atención y cuidado.

d) Estar empadronada a una distancia del domicilio de la persona beneficiaria que permita, por proximidad, el normal desarrollo de los cuidados.

e) Estar en disposición de prestar el cuidado personalizado a la persona en situación de dependencia durante un plazo de, al menos, un año continuado. Este requisito se acreditará mediante compromiso formal ante el órgano encargado de la tramitación del PIA.

f) No estar vinculada la persona cuidadora a una empresa o entidad acreditada para la prestación de servicios de atención domiciliaria.

g) Acreditar una formación específica en materia de cuidados a personas en situación de dependencia, o bien comprometerse a realizarla.

h) Asumir formalmente ante la administración los compromisos necesarios para la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia.

i) Atender de forma exclusiva a una persona dependiente, sin perjucio de que, excepcionalmente, se podrá atender de forma simultánea a dos personas en situación de dependencia en los siguientes casos:

1º cuando estas se encuentren en situación de gran dependencia o dependencia severa, siempre que convivan con la persona cuidadora en el mismo domicilio y que cuente con el informe favorable de entorno.

2º cuando estas se encuentren en situación de dependencia moderada siempre que vivan en el mismo municipio que la persona cuidadora o que la distancia de sus domicilios no supere los 10 km y que cuente con el pronunciamiento favorable en el informe social de entorno.

3º cuando tengan diferentes grados de dependencia, se seguirán las indicaciones recogidas en el informe del equipo de atención primaria de servicios sociales.

En ningún caso se podrá atender de forma simultánea a más de dos personas en situación de dependencia.

La persona cuidadora que se acoja a esta excepción no podrá desempeñar actividad laboral alguna, a excepción de la que, es su caso, esté prestando a las personas en situación de dependencia de la cual es la persona cuidadora.

j) No haber sido condenada por sentencia firme por delito de lesiones, de malos tratos, violencia de género, delitos sexuales o contra la integridad y la libertad de las personas, salvo que se haya extinguido su responsabilidad penal.

6. La persona beneficiaria de la prestación, directamente o a través de sus representantes, podrá decidir el cambio de su persona cuidadora si bien este ha de ser comunicado con dos meses de antelación ante los servicios sociales de atención primaria. Se exceptúa de esta comunicación previa los casos en los que deba realizarse la sustitución por baja de la anterior persona cuidadora. La nueva persona cuidadora debe cumplir con los requisitos enumerados en los apartados 4 y 5 del presente artículo y la valoración de su idoneidad será realizada por los Servicios Sociales de atención primaria que emitirá informe preceptivo al respecto.

7. Para el reconocimiento de la prestación económica, la vivienda de la persona beneficiaria deberá cumplir las condiciones de habitabilidad, salubridad, conservación, equipamiento, higiene y accesibilidad que la hagan apta para su uso por parte de la misma. A estos efectos, el informe social valorará:

a) La tipología de la vivienda, la cual contará con los metros suficientes para ser considerada idónea.

b) Su distribución interior y la existencia o no de elementos que constituyan barreras arquitectónicas que impidan la movilidad de la persona en situación de dependencia, así como la posibilidad de empleo de ayudas técnicas en el interior de la misma.

c) La ubicación de la vivienda, proximidad a servicios básicos y accesibilidad a la misma.

8. Con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo o verificar la variación de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para la concesión de la prestación, así como para realizar el informe de seguimiento, deberá obtenerse el correspondiente consentimiento para el acceso a la vivienda de la persona en situación de dependencia a las personas designadas por los servicios sociales de atención primaria.

9. Las personas cuidadoras que reúnan los requisitos establecidos en este artículo, y que estén prestando atención a personas en situación de dependencia, tendrán derecho y obligación de participar en programas de formación, información y apoyo que la Generalitat desarrollará en coordinación con la Administración General del Estado de acuerdo con lo que se establezca en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Así mismo, podrán tener acceso a través de la Conselleria con competencias en materia de Educación, al procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las cualificaciones profesionales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, también podrán tener acceso a la formación del servicio LABORA de la Conselleria con competencia en Economía Sostenible, Sector productivo y Comercio.

10. El convenio especial regulado en el Real decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, tendrá, para los casos contemplados en el apartado 4, letra a) del presente artículo carácter voluntario y podrá ser suscrito entre la persona cuidadora y la Tesorería General de la Seguridad Social. Los servicios sociales de atención primaria informarán necesariamente de este derecho a las personas que elijan a una persona cuidadora con relación familiar.

11. A las personas cuidadoras con relación laboral contemplada en el apartado 4, letra b) se les aplicará la normativa laboral, convenio colectivo y de seguridad social aplicable en cada momento.

1. En el supuesto de que no se disponga de plaza pública residencial adecuada al grado de dependencia en un radio de 20 km respecto al domicilio de la persona en situación de dependencia, se ofertará a la persona usuaria, como medida sustitutiva de la plaza pública, la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial para aquellas plazas cuyo coste real cumpla con lo estipulado en el apartado segundo de este artículo.

2. El importe de la citada prestación, y al objeto de garantizar el acceso a un recurso de atención residencial en igualdad de condiciones económicas que las personas beneficiarias de una plaza pública, se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Prestación vinculada de Garantía = Coste real del servicio - Aportación de la persona usuaria

Para el cálculo de dicha fórmula se entenderá lo siguiente:

Coste real del servicio: Será el importe que figure en el contrato asistencial cuyo importe será necesariamente igual o inferior al precio de referencia que se establezca anualmente en la ley de presupuestos vigente en cada momento.

Aportación de la persona usuaria: Será el equivalente a la cuota de la tasa de atención residencial calculada conforme a lo establecido en la normativa con rango de ley referida a las tasas de la Generalitat vigente en cada momento.

3. Las empresas prestadoras del servicio de atención residencial bajo la modalidad de Garantía, cobrarán, como máximo, el precio de referencia fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat, bien sector de personas mayores o bien sector de personas con diversidad funcional. En ningún caso podrán repercutir coste añadido para la persona residente por ninguno de los servicios prestados adicionalmente y en las mismas condiciones que a las personas usuarias de plazas residenciales del sistema público valenciano.

2. El servicio de promoción de la autonomía personal tiene por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, fomentando las relaciones convivenciales durante todo el ciclo vital de las personas. Es un servicio de promoción de la autonomía personal aquel que se encuentra debidamente acreditado por la conselleria competente, y que se clasifican en:

a) Habilitación y terapia ocupacional

b) Atención temprana

c) Estimulación cognitiva

d) Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.

e) Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

f) Apoyos personales, atención y cuidados en viviendas tuteladas supervisadas o asimiladas.

Cuando los servicios especificados en las letras b) y e) sean prestados en Centros de Atención Temprana (CAT) y en Centros de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS), respectivamente, tendrán la consideración de servicio de promoción de la autonomía personal en todo caso.

1. Las intensidades de protección, referidas a horas/mes de los servicios de prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal que figuran en el anexo I de este decreto, deben entenderse como mínimo garantizado por la Administración a reflejar en el correspondiente Programa Individual de Atención.

2. Cuando la persona beneficiaria para una mejor autonomía requiera de una menor intensidad para su promoción y mejor desarrollo bio-psico-social podrá excepcionalmente reducir la cantidad de horas.

Esta excepción deberá solicitarse a la dirección general con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acompañado del informe de la persona profesional competente en la materia objeto del servicio debidamente justificado y con el acuerdo explícito de la persona beneficiaria o su representante legal.

2. El servicio de ayuda a domicilio es una intervención integral, asistencial, preventiva, rehabilitadora y psicoeducativa, multidisciplinar y comunitaria que comprende la atención de carácter doméstico, psicosocial,educativo y personal, mediante los servicios previstos en el art 23 de la Ley 39/2006, todo ello con el objetivo de evitar la institucionalización, el deterioro cognitivo, los trastornos psíquicos, dar respuesta a la soledad no deseada, y asegurar el bienestar emocional.

5. Las intensidades de protección, referidas a hora/mes en el servicio de ayuda a domicilio e importes en el caso de su prestación vinculada son las recogidas en el anexo IV del presente decreto.

2. Se incluyen como servicios de atención residencial de carácter permanente las siguientes tipologías de centros:

a) Centro de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia.

b) Centro de atención residencial a personas en situación de dependencia, por razón de diversidad funcional.

c) Viviendas Tuteladas asistidas para personas en situación de dependencia o recurso equivalente.

1. El servicio de prevención y promoción de la autonomía personal o su prestación vinculada es compatible con los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo el servicio de centro de atención diurna o su prestación vinculada, y el servicio de atención residencial permanente o su prestación vinculada, cuando este último disponga de actividades rehabilitadoras o terapéuticas adecuadas a todas las necesidades individualizadas y específicas de la persona en situación de dependencia. Tampoco será compatible con otra modalidad de las recogidas en el artículo 35 del presente decreto. No obstante, en las viviendas tuteladas supervisadas o asimiladas o su prestación vinculada, por razón del proceso de autonomía, se podrá compatibilizar con la atención en centros de atención diurna o su prestación vinculada, o con el servicio de prevención y promoción de la autonomía personal y su prestación vinculada.

2. El servicio de teleasistencia será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo con el servicio de atención residencial permanente y su prestación vinculada.

3. El servicio de centro de atención diurna o su prestación vinculada será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo con el servicio de atención residencial permanente o su prestación vinculada cuando dispongan de actividades rehabilitadoras o terapéuticas adecuadas a todas las necesidades individualizadas y específicas de la persona en situación de dependencia, y con los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal o su prestación vinculada, a excepción de las viviendas tuteladas supervisadas o asimiladas o su prestación vinculada que sí que será compatible.

4. El servicio de ayuda a domicilio o su prestación vinculada, será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la prestación económica de asistencia personal, el servicio de atención residencial permanente o su prestación vinculada y la vivienda tutelada supervisada o asimilada o su prestación vinculada.

En el caso de personas que compatibilicen este servicio o prestación con el servicio de centro de atención diurna o su prestación vinculada, se estará a las intensidades e importes fijados en el anexo IV del presente decreto.

5. El servicio de centro de noche, será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo con el servicio de atención residencial permanente o su prestación vinculada y la vivienda tutelada supervisada o asimilada o su prestación vinculada.

6. El servicio de atención residencial permanente o su prestación vinculada no será compatible con ninguna otra prestación o servicio de atención a la dependencia.

Con carácter excepcional podrá ser compatible con el servicio de atención diurna o su prestación vinculada o con el servicio de promoción de la autonomía personal y su prestación vinculada, cuando el servicio de atención residencial no disponga de las actividades rehabilitadoras o terapéuticas adecuadas a todas las necesidades individualizadas y específicas de la persona en situación de dependencia. Será indispensable para estos casos informe técnico favorable motivado de los servicios sociales de atención primaria.

7. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del sistema salvo con el servicio de ayuda a domicilio, con la prestación económica de asistencia personal y con el servicio de atención residencial permanente y la vivienda tutelada supervisada o asimilada o sus prestaciones vinculadas correspondientes.

8. La prestación económica de asistencia personal es compatible con el servicio de centro de noche, los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal, la vivienda tutelada supervisada o asimilada, el servicio de centro de atención diurna o sus prestaciones vinculadas correspondientes, siempre que el coste económico de ambos no supere el límite de la prestación de asistencia personal. Así mismo, podrá ser compatible con el servicio de teleasistencia.

9. En todo caso no se podrán conceder más de dos servicios o prestaciones, no computándose como tal el servicio de teleasistencia atendiendo a su carácter complementario.

1. De conformidad con el artículo 7.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Generalitat establece un nivel adicional de protección que se concreta en las siguientes prestaciones económicas:

a) A las personas beneficiarias de la prestación de asistencia personal, que se encuentren en situación de Grado III o Grado II la Generalitat complementará la cuantía máxima que establece la legislación estatal por grado, sin perjuicio de la posterior aplicación de las deducciones correspondientes por la percepción de prestaciones de análoga naturaleza, hasta la cuantía máxima que se detalla en el anexo III y que para los casos de que la persona o personas asistentes personales presten una dedicación total a partir de 120h/mes, coincide con el coste de referencia para el servicio de atención residencial de acuerdo a lo establecido por la ley de presupuestos de la Generalitat anualmente.

b) El importe íntegro del servicio o prestación adicional compatible en los casos en los que se establezca la compatibilidad entre distintos servicios y prestaciones.

c) La diferencia entre la cuantía de la prestación vinculada al servicio determinada de acuerdo con las reglas establecidas en este decreto, y la cuantía de la prestación vinculada de garantía regulada en el artículo 34 del presente decreto.

d) Las personas solicitantes que opten por la contratación de personas cuidadoras con relación laboral previsto en el artículo 32 apartado 4.b obtendrán un incremento del 33 % de la cuantía máxima que establece la legislación estatal por grado, con la finalidad de contribuir a las cotizaciones de la Seguridad Social obligatorias.

e) La diferencia entre la cuantías establecidas para la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio fijadas en el anexo IV del presente decreto y las establecidas para las prestaciones vinculadas a nivel estatal.

2. El nivel adicional de protección se financiará con cargo a los fondos propios de la Generalitat, y las prestaciones financiadas con cargo a dicho nivel no tendrán carácter de derecho subjetivo.

6. Asimismo se considerarán acreditados como servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal todos aquellos autorizados en su día por la Conselleria con competencias en Sanidad, en virtud de su normativa específica; a tal efecto la conselleria con competencias en materia de sanidad, comunicará a la conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia las entidades que dispongan de tal autorización.

Se considerará nivel adicional de la Comunitat Valenciana la diferencia existente entre la cuantía de la prestación económica vinculada al servicio definida en el artículo 33 de este decreto y la cuantía que le correspondería percibir a la persona interesada a través del sistema bono-residencia, bono-centro de día, BONAD, o prestaciones económicas individualizadas (PEI), en función de la aplicación de la regulación de estas ayudas y del régimen de aportación suplementaria establecido por la Generalitat para estos servicios, en tanto queden personas benificiarias, mientras existan estas tipologías de asignación de recurso residencial.

Novena. 
Acreditación del requisito de titulación para la Persona Asistente Personal

1. En tanto no se desarrolle lo establecido en el Acuerdo de 19 de octubre de 2017, del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia relativo a las exigencias de cualificación profesional para las personas que realicen funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia y no dispongan de las titulaciones referidas en el anexo II de este decreto, podrán acreditar que cuentan con un curso de formación específico en materia de asistencia personal, de al menos 50 horas lectivas. El contenido y forma de acceso de este curso, se desarrollará atendiendo a los criterios que al efecto establezca la dirección general con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

2. La persona en situación de dependencia titular de la prestación comunicará, a la dirección general con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la realización con la evaluación superada del curso de formación en materia de vida independiente por parte de su persona PAP, en el plazo de un mes desde la finalización del mismo.

3. La persona asistente personal que en el momento de comenzar a prestar sus servicios como tal no cuente con esta formación, dispondrá de un periodo de un año para obtenerla, a contar desde la fecha de la resolución PIA por la que se le designa como asistente personal.

Transcurrido dicho periodo, si la persona asistente personal, habiendo sido convocada por la Administración, no acredita la realización de dicha formación, esta Dirección General procederá a la extinción de la prestación económica de asistencia personal.

4. En ningún caso, la falta de la titulación correspondiente podrá ser suplida por el referido curso de 50 horas lectivas en el caso de la PATI.

1. Se faculta a la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del presente decreto.

2. En lo relativo a los anexos del presente decreto, los mismos se actualizarán en su contenido mediante resolución de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

1. La gestión de las solicitudes reguladas en el decreto 62/2017, así como la concesión de las prestaciones correspondientes, requieren del tratamiento de datos de carácter personal, siendo algunos de ellos especialmente protegidos como los datos de contenido sociosanitario, los cuales serán compartidos por las consellerias competentes en el ámbito social y sanitario. El procedimiento deberá contemplar las medidas y garantías recogidas en la normativa referente a la materia, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

2. Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

3. Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten; la administración no será responsable de la inexactitud de los datos aportados por la persona interesada o su representante.

4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.

5. En virtud de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la presentación de la solicitud faculta a la Administración para obtener los datos y documentos de otras administraciones que tengan por objeto acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos o que sirvan para la priorización de expedientes conforme a lo establecido en el apartado 6 del artículo 5 del presente decreto. Salvo los supuestos en que la base de legitimación se encuentre en una obligación legal, la persona interesada podrá oponerse asumiendo la obligación de aportar la documentación acreditativa. No obstante, en aquellos casos en los que una norma exija el consentimiento o autorización por parte de la persona interesada, la Administración deberá recabarlo de forma expresa.

6. La información completa sobre el tratamiento de datos personales que conlleva el reconocimiento del grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas que se regulan en este decreto, se encuentra disponible en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la página web de la Conselleria competente en materia de políticas inclusivas.