Lefebvre

Distribución del crédito para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz

Orden JUS/1186/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.

BOE 265/2021 de 5 de Noviembre de 2021

El Consejo de Ministros, ha adoptado el Acuerdo por el cual se fija la distribución entre los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, en función de su número de habitantes, del importe de las subvenciones para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, cuyo crédito está previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Según la disposición adicional décima de la Ley 39/1992, a los Ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz les corresponde el 50% de ese importe, y el otro 50% incrementa la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas Agrupaciones.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de septiembre de 2021, ha adoptado el Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido Acuerdo que figura como anexo a esta orden.

Madrid, 29 de octubre de 2021.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz

Primero. 

Las subvenciones a los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz se modularán en función de la población de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes tramos:

Segundo. 

En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, los Ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.1 y 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, percibirán el 50 por 100 de la cantidad que, por población de derecho, les corresponda.

El otro 50 por 100 pasará a incrementar la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas Agrupaciones.

Tercero. 

Este acuerdo será de aplicación a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24 de febrero; 2462/1996, de 2 de diciembre; 142/1997, de 31 de enero; 813/1999, de 14 de mayo; 1429/2002, de 27 de diciembre; 966/2006, de 1 de septiembre; 817/2007, de 22 de junio; 1702/2007, de 14 de diciembre, y 1800/2010, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de Aragón y Comunidad Autónoma de La Rioja, respectivamente, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, este acuerdo no será de aplicación a los Ayuntamientos de las mencionadas comunidades autónomas.