Datos actualizados de forma continua en la Central de Información económico-financiera de las Administraciones públicas


Real Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Vigente desde 29/12/2019 | BOE 312/2019 de 28 de Diciembre de 2019

La Central de Información de carácter público, regulada por RD 636/2014 (EDL 2014/118203) facilita información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones públicas, que remiten las mismas Administraciones públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como el Banco de España en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Mediante la presente norma se modifica el RD 636/2014, recogiendo como una más de sus funciones la captación de datos y estructuración de la información sobre la actividad económico-financiera sin modificación de su contenido, a efectos de su publicación a través del portal web del Ministerio de Hacienda.

Además, añade como contenido a publicar ciertas informaciones de tipo presupuestaria, económico-financiera de la Oficina de Contabilidad Nacional,  y previsiones macroeconómicas, y sus metodologías de los Presupuestos Generales del Estado, del Plan Presupuestario y del Programa de Estabilidad, así como la información recogida por el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local previsto en la Ley 40/2015 (EDL 2015/167833).

Asimismo, para garantizar la actualización continuada de la información, establece que cualquier modificación, corrección o actualización de la información publicada debe ser remitida, de forma inmediata, por los centros responsables para su publicación.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece el principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley, así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.

Este principio de transparencia se desarrolla en el Capítulo V de la citada ley orgánica, estableciendo en el artículo 27 que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias.

Para completar el desarrollo del principio de transparencia se dispone en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En cumplimiento de este mandato legal se aprueba mediante el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, la creación de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El presente real decreto modifica el Real Decreto 636/2014 estableciendo, en coherencia con lo previsto en el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, que la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas realizará la publicación de la información económica-financiera que afecta a las Administraciones Públicas a partir de la información que les suministren los centros, sin perjuicio de la difusión institucional que realicen éstos. Asimismo, se dispone que cualquier modificación, corrección o actualización de la información publicada será remitida, de forma inmediata, por los centros responsables para su publicación garantizando la actualización continua de la información disponible en la Central. Además, se especifica que, en el caso de las estadísticas incorporadas al programa estadístico europeo, estas funciones de la Central se realizarán respetando las obligaciones que corresponde ejercer a las autoridades estadísticas. Este conjunto de mejoras incrementará la transparencia, facilitando a los usuarios una gestión homogénea, completa y actualizada de las búsquedas de las diferentes materias de información económico financiera de las Administraciones Públicas en formatos accesibles y reutilizables, acortando los tiempos de búsqueda, aumentando la seguridad y la confianza en la misma.

Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al pretender incrementar la eficiencia y la transparencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha sometido el proyecto al trámite de información pública y quedan justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este real decreto.

Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación legal contenida en el artículo 28 y en la disposición final segunda, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2019,

DISPONGO:

El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece el principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley, así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.

Este principio de transparencia se desarrolla en el Capítulo V de la citada ley orgánica, estableciendo en el artículo 27 que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias.

Para completar el desarrollo del principio de transparencia se dispone en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En cumplimiento de este mandato legal se aprueba mediante el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, la creación de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El presente real decreto modifica el Real Decreto 636/2014 estableciendo, en coherencia con lo previsto en el Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, que la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas realizará la publicación de la información económica-financiera que afecta a las Administraciones Públicas a partir de la información que les suministren los centros, sin perjuicio de la difusión institucional que realicen éstos. Asimismo, se dispone que cualquier modificación, corrección o actualización de la información publicada será remitida, de forma inmediata, por los centros responsables para su publicación garantizando la actualización continua de la información disponible en la Central. Además, se especifica que, en el caso de las estadísticas incorporadas al programa estadístico europeo, estas funciones de la Central se realizarán respetando las obligaciones que corresponde ejercer a las autoridades estadísticas. Este conjunto de mejoras incrementará la transparencia, facilitando a los usuarios una gestión homogénea, completa y actualizada de las búsquedas de las diferentes materias de información económico financiera de las Administraciones Públicas en formatos accesibles y reutilizables, acortando los tiempos de búsqueda, aumentando la seguridad y la confianza en la misma.

Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al pretender incrementar la eficiencia y la transparencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha sometido el proyecto al trámite de información pública y quedan justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este real decreto.

Este real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación legal contenida en el artículo 28 y en la disposición final segunda, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2019,

DISPONGO:

Artículo único. 
Modificación del Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se modifica del siguiente modo.

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:

Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:

Cuatro. El artículo 5 queda redactado como sigue:

Cinco. El artículo 6 queda redactado como sigue:

Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:

Siete. Se añade una nueva disposición final segunda, pasando la actual disposición final segunda a ser la disposición final tercera.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición final primera. 
Referencias normativas.

Las referencias hechas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, se entenderán hechas al Ministerio de Hacienda.

Disposición final segunda. 
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2019.

FELIPE R.

La Ministra de Hacienda,

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO