COVID-19. Restricción de aforos y horarios nocturnos en la Comunidad de Madrid


Orden 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

Vigente desde 24/10/2020 | BOCM 259/2020 de 24 de Octubre de 2020

Teniendo en cuenta los entornos en los que se produce el contagio y los que contemplan un mayor riesgo, la Comunidad de Madrid establece la modificación de las medidas contenidas en la Orden 668/2020, limitando los aforos y horarios nocturnos de una serie de actividades, entre las que se encuentran las siguientes:

- Quedan prohibidas las reuniones familiares o sociales entre las 00:00 y las 06:00 horas, salvo que entre convivientes o que se limite al cuidado de mayores o enfermos, dependientes o personas con discapacidad, o tenga lugar por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

- Se reduce al 50% el aforo de las instalaciones funerarias, de los lugares de culto y en las celebraciones nupciales y otras religiosas o civiles.

- Se limita el horario para los establecimientos comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público, y los que se encuentren en centros y parques comerciales,  así como para los mercadillos, de las 06:00 horas a las 22:00 horas, excepto para las farmacias, médicos, veterinarios, gasolineras y otros esenciales.

- Los establecimientos de restauración y hostelería cerrarán a las 00:00, no pudiendo admitir más clientes a partir de las 23:00 horas. Y se reduce el aforo de los salones de banquetes al 50%.

- Se reduce el aforo de las terrazas al aire libre del 100 al 75%, debiendo cerrar a las 00:00 y no abrir antes de las 06:00 horas.

- Las discotecas y locales de ocio nocturno no pueden abrir antes de las 08:00 y deben cerrar a las 00:00, no pudiendo admitir más clientes después de las 23:00 horas.

- Se limita el horario de las instalaciones y centros deportivos, así como de los jardines infantiles de 06:00 a 00:00 horas.

 

Ante la existencia de riesgo para la salud de la población, las autoridades sanitarias deben adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas preventivas que estimen precisas, atendiendo las actuaciones de salud pública a la magnitud de los problemas que pretenden corregir. Ello requiere el análisis de los riesgos que incluya la evaluación de las situaciones que pueden suponer una amenaza evidente y un grave daño para la salud de los ciudadanos.

Las actividades que puedan representar un impacto negativo para la salud deben ser sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas y ser implantadas en su territorio de acuerdo con la normativa específica.

Así la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su responsabilidad como autoridad sanitaria, ha establecido las medidas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 mediante Orden 668/2020, de 19 de junio, y sus posteriores modificaciones.

Dichas medidas han respondido a lo previsto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se han revisado en varias ocasiones en función de la naturaleza del riesgo observado y del tipo de información conocida en cada momento.

La Orden 668/2020, de 19 de junio, ha sido objeto de modificación en varias ocasiones, al amparo de lo previsto en su apartado quinto, con el objeto de dar respuesta urgente a la necesidad de reforzar o intensificar las medidas adoptadas en función de la evolución epidemiológica de la Comunidad de Madrid en cada momento, con el objetivo primordial de evitar el contagio y propagación del virus.

Esta necesidad de adaptar las medidas se encuentra plasmada en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 del Ministerio de Sanidad, acordado en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de julio de 2020, en el que se presenta un esquema de activación progresiva de medidas de respuesta ante el empeoramiento de la situación epidemiológica.

Las medidas de salud pública adoptadas por las Administraciones sanitarias deben evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención a los ámbitos sanitario, laboral, local y a factores sociales, económicos y culturales que influyen en la salud de las personas.

En este sentido, una vez superada la primera onda epidémica, la situación epidemiológica es dinámica y requiere la adopción de nuevas medidas de control, basándose en la experiencia ya desarrollada en la materia y teniendo en cuenta los resultados de las diversas actuaciones.

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2020, ha acordado la adopción de un documento denominado actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 que se establece como desarrollo técnico de los indicadores recogidos en el Plan de Respuesta Temprana, e incluye opciones y recomendaciones de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta definidos por un proceso de evaluación del riesgo en base al conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública que se recogen en el mismo.

Por su parte, a las 16:47 horas del día 24 de octubre dejará de tener vigencia el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se establecen restricciones de entrada y salida de determinados municipios de más de cien mil habitantes de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo expuesto, dada la situación epidemiológica actual de la Comunidad de Madrid y el aumento de contagios relacionados con las reuniones sociales y familiares privadas, resulta necesario la adopción y refuerzo de alguna de las medidas de prevención y contención en determinados sectores de la actividad con el objeto de reducir la transmisión del SARS-CoV-2 y prevenir nuevos brotes en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta los entornos en los que se produce el contagio y los relacionados con un mayor riesgo de exposición.

En particular, se hace preciso reforzar la limitación de la participación en determinadas agrupaciones de personas en el ámbito familiar y social. En la actualidad, se encuentra limitada a un máximo de seis personas la participación en agrupaciones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo que se trate de convivientes.

La citada medida ha sido ratificada judicialmente por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerarla adecuada, idónea y proporcional para la finalidad que se pretende.

La situación epidemiológica actual y las características de los focos actuales requiere ampliar dicho límite con el objeto de restringir a personas convivientes la participación en reuniones de carácter familiar o social que se realicen entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.

Como señala el Auto 40/2020, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico cuarto, las medidas de distanciamiento social y limitación extrema de los contactos y actividades grupales son las únicas que se han demostrado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta el momento.

Esta medida trata de prevenir determinadas reuniones familiares o sociales entre no convivientes en una concreta franja horaria, como es la madrugada, en la que se observa un mayor riesgo de transmisión por las circunstancias y horarios en que se realizan, que pueden conllevar una mayor confianza y relajación en la observancia de las necesarias medidas de prevención y seguridad.

Se trata en definitiva de evitar la realización de conductas que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población.

Esta restricción, en cualquier caso, no es absoluta, dado que se encuentra matizada tanto desde un plano temporal como por una serie de excepciones, como motivos de asistencia y cuidado a mayores, dependientes o personas con discapacidad, ni tampoco será aplicable a actividades laborales o institucionales ni para otras actividades para las que se establezcan medidas específicas en la Orden 668/2020, de 19 de junio.

Además, resulta necesario actuar reforzando las restricciones de aforos y limitaciones de horarios aplicables a determinados sectores de actividad como el comercial, los lugares de culto, las instalaciones funerarias, las celebraciones nupciales, la hostelería y restauración, cines, teatros, auditorios y similares, residencias universitarias, instalaciones deportivas, parques y jardines y establecimientos de juego y apuestas, todo ello con el objeto de limitar la confluencia simultánea de un elevado número de personas y permitir una mejor y mayor observancia de las medidas de prevención y contención para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. En definitiva, se pretende reducir, especialmente en la franja horaria nocturna, la movilidad y los contactos entre la población, que es la medida que, hasta la fecha, se ha demostrado más efectiva en la lucha contra la enfermedad.

Las medidas que se adoptan por la presente Orden pretenden lograr sus objetivos de la manera menos lesiva para el ejercicio de las actividades esenciales, económicas, laborales y profesionales que otras, como las restricciones de entradas y salidas de ámbitos territoriales o la suspensión de actividades, que se deben reservar para ámbitos territoriales concretos cuando resulta preciso un mayor nivel de restricción.

Con la adopción de estas limitaciones se intenta evitar que en el futuro sea necesaria la adopción de otras que podrían afectar de manera más intensa a los derechos de los ciudadanos o que serían más perjudiciales para la actividad económica.

Por tanto, resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad es limitar los contactos, restringiendo las agrupaciones y aglomeraciones para controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de la población de la Comunidad de Madrid, y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en la región con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión asistencial del sistema sanitario.

Como se ha reconocido, las autoridades sanitarias en situaciones de pandemia como la que atravesamos, para garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de contagio, tienen competencias para adoptar medidas preventivas de contención y otras que supongan limitación de actividades y desplazamiento de personas, adecuándose al principio de proporcionalidad en el respeto de las libertades y derechos fundamentales.

El fundamento legal de estas medidas está constituido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé que, cuando si así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

La Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 faculta a adoptar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus artículos segundo y tercero, así como la adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,

DISPONGO

Ante la existencia de riesgo para la salud de la población, las autoridades sanitarias deben adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas preventivas que estimen precisas, atendiendo las actuaciones de salud pública a la magnitud de los problemas que pretenden corregir. Ello requiere el análisis de los riesgos que incluya la evaluación de las situaciones que pueden suponer una amenaza evidente y un grave daño para la salud de los ciudadanos.

Las actividades que puedan representar un impacto negativo para la salud deben ser sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas y ser implantadas en su territorio de acuerdo con la normativa específica.

Así la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su responsabilidad como autoridad sanitaria, ha establecido las medidas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 mediante Orden 668/2020, de 19 de junio, y sus posteriores modificaciones.

Dichas medidas han respondido a lo previsto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se han revisado en varias ocasiones en función de la naturaleza del riesgo observado y del tipo de información conocida en cada momento.

La Orden 668/2020, de 19 de junio, ha sido objeto de modificación en varias ocasiones, al amparo de lo previsto en su apartado quinto, con el objeto de dar respuesta urgente a la necesidad de reforzar o intensificar las medidas adoptadas en función de la evolución epidemiológica de la Comunidad de Madrid en cada momento, con el objetivo primordial de evitar el contagio y propagación del virus.

Esta necesidad de adaptar las medidas se encuentra plasmada en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 del Ministerio de Sanidad, acordado en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de julio de 2020, en el que se presenta un esquema de activación progresiva de medidas de respuesta ante el empeoramiento de la situación epidemiológica.

Las medidas de salud pública adoptadas por las Administraciones sanitarias deben evaluarse con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad y de precaución, prestando especial atención a los ámbitos sanitario, laboral, local y a factores sociales, económicos y culturales que influyen en la salud de las personas.

En este sentido, una vez superada la primera onda epidémica, la situación epidemiológica es dinámica y requiere la adopción de nuevas medidas de control, basándose en la experiencia ya desarrollada en la materia y teniendo en cuenta los resultados de las diversas actuaciones.

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2020, ha acordado la adopción de un documento denominado actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 que se establece como desarrollo técnico de los indicadores recogidos en el Plan de Respuesta Temprana, e incluye opciones y recomendaciones de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta definidos por un proceso de evaluación del riesgo en base al conjunto de indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial y de salud pública que se recogen en el mismo.

Por su parte, a las 16:47 horas del día 24 de octubre dejará de tener vigencia el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se establecen restricciones de entrada y salida de determinados municipios de más de cien mil habitantes de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo expuesto, dada la situación epidemiológica actual de la Comunidad de Madrid y el aumento de contagios relacionados con las reuniones sociales y familiares privadas, resulta necesario la adopción y refuerzo de alguna de las medidas de prevención y contención en determinados sectores de la actividad con el objeto de reducir la transmisión del SARS-CoV-2 y prevenir nuevos brotes en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta los entornos en los que se produce el contagio y los relacionados con un mayor riesgo de exposición.

En particular, se hace preciso reforzar la limitación de la participación en determinadas agrupaciones de personas en el ámbito familiar y social. En la actualidad, se encuentra limitada a un máximo de seis personas la participación en agrupaciones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo que se trate de convivientes.

La citada medida ha sido ratificada judicialmente por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerarla adecuada, idónea y proporcional para la finalidad que se pretende.

La situación epidemiológica actual y las características de los focos actuales requiere ampliar dicho límite con el objeto de restringir a personas convivientes la participación en reuniones de carácter familiar o social que se realicen entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.

Como señala el Auto 40/2020, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico cuarto, las medidas de distanciamiento social y limitación extrema de los contactos y actividades grupales son las únicas que se han demostrado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta el momento.

Esta medida trata de prevenir determinadas reuniones familiares o sociales entre no convivientes en una concreta franja horaria, como es la madrugada, en la que se observa un mayor riesgo de transmisión por las circunstancias y horarios en que se realizan, que pueden conllevar una mayor confianza y relajación en la observancia de las necesarias medidas de prevención y seguridad.

Se trata en definitiva de evitar la realización de conductas que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población.

Esta restricción, en cualquier caso, no es absoluta, dado que se encuentra matizada tanto desde un plano temporal como por una serie de excepciones, como motivos de asistencia y cuidado a mayores, dependientes o personas con discapacidad, ni tampoco será aplicable a actividades laborales o institucionales ni para otras actividades para las que se establezcan medidas específicas en la Orden 668/2020, de 19 de junio.

Además, resulta necesario actuar reforzando las restricciones de aforos y limitaciones de horarios aplicables a determinados sectores de actividad como el comercial, los lugares de culto, las instalaciones funerarias, las celebraciones nupciales, la hostelería y restauración, cines, teatros, auditorios y similares, residencias universitarias, instalaciones deportivas, parques y jardines y establecimientos de juego y apuestas, todo ello con el objeto de limitar la confluencia simultánea de un elevado número de personas y permitir una mejor y mayor observancia de las medidas de prevención y contención para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. En definitiva, se pretende reducir, especialmente en la franja horaria nocturna, la movilidad y los contactos entre la población, que es la medida que, hasta la fecha, se ha demostrado más efectiva en la lucha contra la enfermedad.

Las medidas que se adoptan por la presente Orden pretenden lograr sus objetivos de la manera menos lesiva para el ejercicio de las actividades esenciales, económicas, laborales y profesionales que otras, como las restricciones de entradas y salidas de ámbitos territoriales o la suspensión de actividades, que se deben reservar para ámbitos territoriales concretos cuando resulta preciso un mayor nivel de restricción.

Con la adopción de estas limitaciones se intenta evitar que en el futuro sea necesaria la adopción de otras que podrían afectar de manera más intensa a los derechos de los ciudadanos o que serían más perjudiciales para la actividad económica.

Por tanto, resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad es limitar los contactos, restringiendo las agrupaciones y aglomeraciones para controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de la población de la Comunidad de Madrid, y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en la región con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión asistencial del sistema sanitario.

Como se ha reconocido, las autoridades sanitarias en situaciones de pandemia como la que atravesamos, para garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de contagio, tienen competencias para adoptar medidas preventivas de contención y otras que supongan limitación de actividades y desplazamiento de personas, adecuándose al principio de proporcionalidad en el respeto de las libertades y derechos fundamentales.

El fundamento legal de estas medidas está constituido por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé que, cuando si así lo exigen razones sanitarias de urgencia o necesidad, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

La Ley 14/1986, de 14 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 faculta a adoptar medidas administrativas de carácter preventivo sobre actividades públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus artículos segundo y tercero, así como la adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con el apartado quinto de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,

DISPONGO

Primero. 
Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio

Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 149, de 20 de junio):

Uno.—Se modifica el punto 10 del apartado séptimo, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos.—Se modifica el punto 1 del apartado decimotercero, que queda redactado de la siguiente forma:

Tres.—Se modifica el punto 1 del apartado decimocuarto, que queda redactado de la siguiente forma:

Cuatro.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoquinto, que queda redactado de la siguiente forma:

Cinco.—Se modifican los puntos 2 y 3 del apartado decimosexto, que quedan redactados de la siguiente forma:

Seis.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoséptimo, que queda redactado de la siguiente forma:

Siete.—Se modifica el punto 1 del apartado decimoctavo, que queda redactado de la siguiente forma:

Ocho.—Se modifican los puntos 1, 2 y 3 del apartado vigesimosegundo, que quedan redactados de la siguiente forma:

Nueve.—Se modifica el punto 1 del apartado vigesimotercero, que queda redactado de la siguiente forma:

Diez.—Se modifica el punto 4 del apartado vigesimocuarto, que queda redactado de la siguiente forma:

Once.—Se modifica el apartado vigesimoséptimo, que queda redactado de la siguiente forma:

Doce.—Se modifica el apartado trigésimo cuarto, que queda redactado de la siguiente forma:

Trece.—Se añade un punto 5 al apartado cuadragésimo primero, que queda redactado de la siguiente forma:

Catorce.—Se modifica el punto 1 del apartado cuadragésimo cuarto, que queda redactado de la siguiente forma:

Quince.—Se modifican los puntos 1 y 2 del apartado cuadragésimo sexto, que queda redactado de la siguiente forma:

Dieciséis.—Se añade un punto 4 al apartado quincuagésimo sexto, que queda redactado de la siguiente forma:

Diecisiete.—Se modifica el punto 2 del apartado sexagésimo segundo que queda redactado de la siguiente forma:

Segundo. 
Revisión de las medidas

Las medidas previstas en la presente Orden serán objeto de evaluación en el plazo de catorce días naturales para su modificación o mantenimiento con arreglo a la evolución epidemiológica.

Tercero. 
Ratificación judicial

De conformidad con la previsión contenida en el apartado k) del artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, confiérase traslado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

Cuarto. 
Efectos

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y surtirá efectos desde el día 24 de octubre de 2020 una vez finalizado el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre.

Madrid, a 22 de octubre de 2020.

El Consejero de Sanidad,

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO