COVID-19. Nuevo protocolo para los casos positivos de COVID-19 en Ceuta


Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 4 de enero de 2022, por el que se deja sin efecto al de 26 de noviembre de 2021 (BOCCE Extraordinario nº 90 de 29/11/2021), y se establece el nuevo protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos.

BOCC Ext. 1/2022 de 6 de Enero de 2022

Mediante este Decreto se deja sin efecto el anterior protocolo de actuación para los casos positivos de COVID-19 y contactos estrechos, aprobándose el nuevo régimen para los ciudadanos de Ceuta, estableciéndose la obligación de aislamiento por 7 días para casos confirmados con o sin síntomas si cuando finalice este periodo la persona sea asintomática, habiendo transcurrido un mínimo de 3 días, incluidos los casos producidos en los centros de mayores y otros centros sociosanitarios.

Para las personas con enfermedades graves o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días.

También se recoge que los trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios deben realizarse un Test de Antígeno el día 7 antes de su reincorporación a su puesto de trabajo.

Vigencia desde: 26-01-2022

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de nivel de pandemia internacional de la emergencia de salud pública causada por el coronavirus SARS-CoV-2, se declaró por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siendo objeto de sucesivas prórrogas siendo la última la establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Sin embargo, este levantamiento del estado de alarma no supuso el fin de la crisis sanitaria por lo que se dictó el Real Decreto- ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, actualmente sustituido por la Ley 2/2021, de 29 de marzo.El Consejo de Ministros acordó declarar un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el virus SARS-CoV-2, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, siendo prorrogado hasta las 00 horas del día 9 de mayo de 2021 mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta ha venido dictando diversos decretos de medidas sanitarias preventivas en materia del virus COVID-19, ratificados expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Ante la finalización del estado de alarma y el nuevo escenario que deriva de esta situación, las autoridades sanitarias tienen la obligación de adoptar las medidas preventivas pertinentes con el objeto de proteger la salud pública, bien jurídico reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, dentro del marco legal de competencias que tienen reconocidas.De acuerdo con el conocimiento disponible, la infección por SARS-CoV-2 supone un riesgo excepcional para la salud pública, dada su capacidad de rápida transmisión en la población, sobre todo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos contaminados, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión. De conformidad con los protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social es fundamental asegurar que las medidas de aislamiento de los casos positivos a COVID-19, y sus contactos se realicen de la forma más rápida posible y correctamente, para así evitar esta diseminación de la infección. La trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso por distintos aspectos como pueden ser las dificultades de idioma, por las características de la vivienda, problemas socioeconómicos entre otros. Existe la posibilidad de que estos aislamientos de casos COVID-19, por algún motivo social o personal no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio, debiéndose prever la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento. Como se ha demostrado en otras enfermedades infecciosas que requieren aislamiento domiciliario o institucionalizado, pueden plantearse dificultades para su cumplimiento efectivo que pueden estar relacionadas con problemas de comprensión de la importancia para la salud pública e individual. Las circunstancias pueden ser variables, bien porque haya personas que se nieguen a realizar el aislamiento o que lo hayan abandonado, o bien porque rehúyan el contacto con los servicios sanitarios y, por tanto, están exponiendo a su entorno a riesgos de transmisión de la infección.Ejercitando su responsabilidad, la Autoridad Sanitaria, de acuerdo a las competencias que le corresponden en materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes, en este caso la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, y realizar las acciones preventivas que correspondan, siempre que sean proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a los que se les encomienda la tutela de los derechos fundamentales.Por Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 26 de noviembre de 2021, publicado en BOCCE Extraordinario nº 90, de 29 de Noviembre de 2020, se establecía el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.Consta informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica fechado y firmado digitalmente, en el que hace constar que la última adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del Covid 19, (aprobada por la Comisión de Salud Pública el 30 de diciembre de 2021 ), debido al incremento acelerado de la transmisión comunitaria del SARS-Cov -2 en España. La modificación hace referencia a los periodos de aislamiento de casos y cuarentena de contactos, así como a la priorización en la realización de P.D.I.A.Por consiguiente y de conformidad a lo expuesto, se hace necesaria una continua actualización de medidas preventivas con el objeto de garantizar la salud pública y la seguridad de los ciudadanos que permitan evitar y minimizar los riesgos de propagación de la enfermedad causada por el COVID-19, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y en la Estrategia de referencia.La Ciudad Autónoma de Ceuta accede a su régimen de autogobierno como Ciudad Autónoma con la aprobación de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía en la que se atribuye competencias en materia de sanidad e higiene, en su artículo 21.1.19, comprendiendo las facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.Por Real Decreto 32/99, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia sanidad e higiene, es titular en régimen de competencia exclusiva en la vigilancia epidemiológica como en la prevención y promoción de la salud.La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, siendo competentes las Comunidades Autónomas y Entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias. En su artículo 4 “Deber de cautela y protección” dispone que “todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de Ciudad Autónoma de Ceuta Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación Servicio de Prevención y Promoción de la Salud riesgos de propagación de la enfermedad COVID- 19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en esta Ley.La Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, habilita a las Autoridades Sanitarias a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones preventivas generales. Se contempla en el artículo 1 que “las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad”. Dicho texto legal en su artículo 2 dispone que “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.” Por su parte, el artículo 3 establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las que estén o hayan estado en contacto con las mismas y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26 dispone que: "En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de me- dios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó".Ley 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyo artículo 8 apartado 6 le atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo:“La autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. Por lo tanto, será el Juez del contencioso-administrativo, mediante la autorización previa o la ratificación, quien controle la proporcionalidad de cualquier medida sanitaria que se pretenda poner en práctica, en cuanto tal medida lleve consigo la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, actuando así como garante de los derechos fundamentales del individuo.La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.Las atribuciones conferidas por Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 ( Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 13 de octubre de 2020) y de 12 de febrero de 2021 (Boletín Oficial extraordinario no14 de la Ciudad de Ceuta de fecha 12-02- 2021),por el que se nombra a D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez como Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, recae la competencia para la tramitación de expedientes en materia de Sanidad, Salud Pública e Higiene así como de vigilancia epidemiológica.DISPONGO:

PRIMERO 

Dejar sin efecto el Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 26 de noviembre de 2021, publicado en BOCCE Extraordinario nº 90 de 29 de noviembre, por el que se establecía el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.

SEGUNDO 

Se aprueba el nuevo Decreto por el que se establece el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos, de conformidad con el informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del siguiente tenor literal:

“Se establece un periodo de 7 días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, si en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas, incluidos los casos asintomáticos o leves que se producen en los centros de mayores y otros centros sociosanitarios.

Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días.

Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios se realizará un Test de Antígeno el día 7 antes de su reincorporación a su puesto de trabajo.

Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.”

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación remitirá correo electrónico personalizado al caso con la fecha de inicio de aislamiento.

Igualmente lo remitirá al médico asistencial, que será el responsable del alta.

Los contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena con las excepciones que se recogen en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 del 22 de diciembre.

• En los contactos estrechos identificados que no estén vacunados la duración de la cuarentena será de 7 días siempre y cuando no desarrollen síntomas durante este periodo. En siguientes 10 días tras el último contacto deberán extremar las medidas de protección (utilización de mascarilla, limitación del número de contactos sociales...).

• En los contactos estrechos, tanto vacunados como no vacunados, se priorizará la realización de PDIA a personas vulnerables (mayores de 70 años, inmunosupresión por causa intrínseca o extrínseca o mujeres embarazadas) y a personas que las atienden (profesionales o familiares) así como al personal sanitario o sociosanitario y a las personas que estén ingresadas en un centro sanitario o sociosanitario. En estos casos, se realizará una única prueba a los 3-5 días del último contacto.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación remitirá correo electrónico personalizado al contacto con la fecha de inicio y de fin.

La cuarentena no se interrumpirá aunque las P.D.I.A realizadas durante el mismo sean negativas.

- Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:

. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por variantes Beta y Gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.

. Personas con inmunodepresión Se define persona inmunodeprimida a:

- Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita:

- inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata;

- defectos del sistema del complemento.

- Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida:

- Tratamiento con inmunosupresores;

- trasplante progenitores hematopoyéticos;

- tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana;

- asplenia anatómica o funcional;

- cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. - Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico...).

Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente. https://www.mscbs.gob.es/ profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/ Vac_GruposRiesgo_todasEdades.html.

. Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visones.

. Cuando concurran circunstancias que a juicio de la autoridad sanitaria lo haga aconsejable.

TERCERO 

El personal dependiente del Servicio de vigilancia Epidemiológica remitirá un correo electrónico o SMS personalizado con enlace indicativo de las recomendaciones, medidas a adoptar y el presente decreto de aplicación, con indicación de la fecha de inicio del aislamiento domiciliario/cuarentena, y que suponen la imposibilidad de salir de su domicilio ni de entrada de ninguna persona, salvo por motivos de asistencia sanitaria.

CUARTO 

Simultáneamente a la adopción de la medida de aislamiento domiciliario forzoso/cuarentena ya sea individual o colectivo, el expediente se trasladará a los Juzgados competentes en los casos de incumplimiento probado, para su ratificación al tratarse de una medida de privación de derechos fundamentales, a través del Servicio Jurídico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

QUINTO 

El incumplimiento de la medida sanitaria preventiva de aislamiento domiciliario/cuarentena constituirá infracción administrativa en salud pública, teniendo tal consideración las acciones o las omisiones tipificadas en las Leyes Estatales o las que en su caso, pueda establecer la legislación autonómica o local o que vulneren lo que establecen las disposiciones, las resoluciones y los actos adoptados por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Las infracciones serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes (multas administrativas), sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que concurra o pudiera derivarse.

En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal o en caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al proceso penal, se continuará el expediente sancionador teniendo en cuenta, en su caso, los hechos que los tribunales hayan considera- do probados.

SEXTO 

El presente Decreto será objeto de publicación en el BOCCE y se dará traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su ejecución, así como para el auxilio a la autoridad sanitaria.

SÉPTIMO 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de este mismo texto normativo, ante el mismo órgano que ha dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 123.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8.2 y 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa.No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.

Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada.

ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ

CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBERNACIÓN

FECHA 04/01/2022