COVID-19. Medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa en Baleares


Decreto-ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa

Vigente desde 11/12/2020 |

Con este decreto-ley se aborda la reforma puntual de diversas normas, destacando las siguientes:

1. Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19:

- se incluye en los tipos infractores, además de la comercialización, la organización y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que impidan y dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, calificándose de infracción grave o muy grave en función de si se consume o no la aglomeración;

- se establece la responsabilidad principal y solidaria de los padres, tutores o guardadores respecto de las infracciones cometidas por los menores de edad.

2. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para, entre otras cosas, prever la posibilidad de continuar las prestaciones de los contratos públicos en casos de inexistencia jurídica del mismo por falta de formalización.

3. Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, para introducir expresamente la posibilidad de una delegación de la potestad sancionadora en los ayuntamientos de los municipios afectados, incluyendo la inspectora y otras que puedan estar conectadas.

I

La emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y urgentes de todo tipo para luchar contra las diversas olas de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está produciendo.

Ciertamente, los efectos de la primera ola de la pandemia se controlaron considerablemente en las Illes Balears, gracias a las medidas de contención adoptadas. Aun así, la naturaleza y la evolución imprevisible de la misma, en relación con las formas de contagio y con la propagación del virus, hizo que se continuaran adoptando medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, con la finalidad de permitir seguir afrontando y controlando la pandemia, para el caso de una eventual segunda ola, que finalmente se ha producido. En este último sentido, y más allá del éxito que se espera de las vacunas destinadas a prevenir más olas de este virus —algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de inminente distribución—, lo cierto es que, a día de hoy, la pandemia aun subsiste, aunque notablemente atenuada en las Illes Balears, y que, por tanto, la superación todavía no ha sido oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.

Finalizado el primer estado de alarma y sus prórrogas, el Gobierno del Estado, para hacer frente a los posibles riesgos sanitarios de una segunda ola, aprobó el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y, en las Illes Balears, se aprobó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad , y, posteriormente, el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, en el marco del artículo 31 y otras disposiciones concordantes del mencionado Real Decreto ley 21/2020 y también de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Pues bien, la experiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores al amparo de dicho Decreto ley 11/2020 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que también forman parte de los tipos infractores correspondientes la comercialización, la organización y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que impidan y dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, aunque dichas aglomeraciones finalmente no se consuman porque se hayan detectado a tiempo por la Administración. En este sentido, y ante la posible dificultad de diferenciar las actuaciones de comercialización (a las que se refiere el artículo 3. b) correspondiente a las infracciones muy graves) y las actuaciones de organización (a las que hace referencia el artículo 4. b) relativo a las infracciones graves) —si bien en principio la diferencia esencial debía pivotar en el carácter estrictamente empresarial y lucrativo de la comercialización, a diferencia de la simple organización—, se aprovecha esta modificación para que el carácter muy grave o grave de la infracción resida en el hecho de que se consuma o no la aglomeración, atendido el bien jurídico protegido, más allá pues de la consideración de la actividad como de comercialización, de organización o de publicidad.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en los términos que prevé el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores respecto de las infracciones cometidas por los menores de edad es una responsabilidad principal y solidaria, y no una simple responsabilidad subsidiaria. Todo ello requiere modificar los artículos 3 b) , 4 b) y 9.4 del mencionado Decreto ley 11/2020, y también derogar el apartado 5 del artículo 9 del mismo.

Considerando que la aplicación práctica de esta normativa también se lleva a cabo por el personal inspector de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, se debe modificar el artículo 101.2 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, para que el personal inspector actuante en cada caso se pueda identificar en el acta de inspección mediante el código de identificación que consta en el carnet profesional. En este último sentido, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 8/2012, uno de los deberes de los inspectores de turismo es el de exhibir la acreditación de su condición al inicio de la actuación inspectora. Así pues, esta modificación se efectúa con la finalidad de dar cumplimiento a dicho deber sin que la intimidad e, incluso, la seguridad de este personal quede comprometida, y cumplir a la vez la obligación de la Administración de identificar a las autoridades y al personal a su servicio responsables de la tramitación de los procedimientos.

II

Junto con estas modificaciones de rango legal, se considera imprescindible abordar otras reformas puntuales de diversas normas sectoriales, también de rango legal, como es el caso de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears; del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears; del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, y de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la finalidad de asegurar la vigencia inmediata de estas reformas y, con ello, poder adaptar los procedimientos administrativos y presupuestarios que requieran las administraciones públicas implicadas antes del inicio del año 2021.

En efecto, y en primer lugar, se considera necesario y urgente modificar la redacción del artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, relativo a la adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos. En este sentido, lo cierto es que el hecho de restringir el régimen contractual que regula dicho precepto a solo los medicamentos genéricos deja fuera una gran parte de medicamentos financiados, como los biosimilares y los medicamentos de marca de estos principios activos. Hay medicamentos de marca (que han perdido la protección de patente, en los casos de los genéricos, o que no la han perdido, en los casos de los biosimilares) que son competencia directa de los medicamentos genéricos o biosimilares. Por tanto, no hay razón para excluir estos otros medicamentos (de marca) de la concurrencia en igualdad de condiciones al procedimiento descrito en el artículo 18; aun más, incluirlos promovería la competencia y garantizaría un funcionamiento eficiente del mercado.

Además, se considera que no han de tenerse en cuenta únicamente criterios de eficiencia terapéutica (que en los casos de los genéricos es la misma por concepto), sino que también cabe tener en cuenta las características de cada medicamento por lo que respecta a la posología de administración o a la trazabilidad interna, y también la vertiente económica global en el análisis previo a la adquisición. Asimismo, en la invitación para el acuerdo de adquisición hay que indicar los criterios que deben tenerse en cuenta para resolver la adquisición de un medicamento u otro, pero establecer una ponderación inicial implica tener en cuenta algunas características, con el importante riesgo de poder pasar por alto alguna consideración de evidencia científica o características que pueden mejorar enormemente el flujo de trabajo interno o la organización; por ello, se apuesta por no ponderar los criterios y establecerlos por orden decreciente a la invitación, de conformidad con la consideración 90ª de la Directiva 2014/24/UE. Finalmente, se amplía hasta quince días el plazo para verificar la conformidad del suministro, en la medida que, en períodos festivos, fines de semana o vacaciones la dotación de personal administrativo es mínima, de haberla, y se puede dar la circunstancia que la entrada del material se realice posteriormente.

En otro orden de cosas, se modifican puntualmente algunos aspectos del artículo 39 de la misma Ley 2/2020, con la finalidad, en esencia, y en primer lugar, de prever la posibilidad de continuar las prestaciones en casos de inexistencia jurídica del contrato por falta de formalización, mientras se adoptan las medidas urgentes que se precisen, de una manera análoga a como prevé el artículo 42.3 de la Ley 9/2017 en los casos de nulidad. En segundo lugar, se deja claro que, en la medida que la liquidación del contrato formalmente inexistente ha de partir del valor de mercado de la prestación recibida, es decir, normalmente, del precio de la factura emitida por el proveedor, este valor o precio de mercado ha de incluir en buena lógica el beneficio industrial correspondiente, con excepción únicamente de los casos en los que el proveedor haya actuado de mala fe y sin seguir las instrucciones de la administración.

Asimismo, se incluye un precepto dedicado al patrocinio institucional, para dotar de seguridad jurídica a esta figura utilizada con relativa frecuencia por las diversas administraciones públicas. En este último sentido, y en el marco en todo caso de la legislación básica de contratos públicos, se aprueban algunas reglas específicas que han de coadyuvar a una mayor publicidad y transparencia en los patrocinios que concierten las administraciones de les Illes Balears, partiendo de la base de la concurrencia de actividades muy diferentes y de imposible homogeneización, tanto por lo que respecta al presupuesto del contrato como a la difusión publicitaria que pretende la administración, y que no obstante responden a un denominador común consistente en dar soporte a iniciativas públicas o privadas susceptibles de generar un retorno publicitario para las marcas institucionales de las Illes Balears.

Por lo que se refiere a la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears, el apartado 3 de la disposición adicional segunda de dicha Ley estableció el destino del patrimonio de las cámaras agrarias y encomendó al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (FOGAIBA) el procedimiento de cesión de los bienes inmuebles, sin hacer referencia al resto del patrimonio; este procedimiento se encuentra actualmente en marcha, pero se ha encontrado con serias dificultades para su finalización por la falta de acuerdo del sector.

Así, la mayor parte del patrimonio inmobiliario de las cámaras agrarias se sitúa en la isla de Mallorca, y el que se ubica fuera de esta ya está asignado en virtud de otro proceso diferente en cumplimiento del apartado 2 de la misma disposición adicional. Pues bien, la dificultad del reparto de los bienes por su ubicación, antigüedad y estado, así como la falta de atribución legal de todo el patrimonio, no solo el inmobiliario realizado por la ley, hacen necesaria la modificación de la misma para facilitar que se llegue a un consenso entre todos los posibles cesionarios. Además, la crisis económica que sufre el sector, agravada per la pandemia de la COVID-19, y la conveniencia de no paralizar los procedimientos de cesión que ya están en marcha, y que se verán impulsados con la modificación de la Ley, hacen que esta modificación deba aprobarse lo más rápido posible.

A su vez, las modificaciones del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, responden a dos cuestiones puntuales. La primera (que se correspondería con la modificación del artículo 7.2 del Decreto ley), trata de facilitar el abono efectivo de la prestación social de carácter económico que corresponda al beneficiario, de forma que no siempre se tenga que hacer mediante transferencia bancaria, vistas las dificultades (cuando no imposibilidad) de algunos de los beneficiarios de disponer de cuentas bancarias de su titularidad.

Y la segunda, correspondientes al resto de preceptos de este Decreto ley que se modifican, ha de permitir evitar eventuales situaciones de necesidad de algunas personas que, por varias razones (no tan solo referidas al límite derivado de los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior), no pueden acceder al ingreso mínimo vital. En este último sentido lo cierto es que el acceso a la renta social garantizada como prestación social de carácter económico de la Comunidad Autónoma tiene que ser posible, no tan solo en los casos en los que conste una resolución de desestimación de la Administración estatal competente respecto del ingreso mínimo vital, sino también en aquellos casos de desestimación presunta o cuando esta resolución lo sea de inadmisión a trámite (por no cumplir algún requisito propio y exclusivo de este recurso estatal, como por ejemplo, entre otros, el relativo a la necesaria residencia regular en el territorio español del beneficiario), o incluso cuando la resolución sea estimatoria aunque por una cuantía inferior (y a veces muy inferior) a la cuantía que resultaría de la renta social garantizada (por razón de considerar el ingreso mínimo vital varios parámetros que no se consideran en la renta social garantizada, tales como la imputación de rentas inmobiliarias).

Todo ello, respetando plenamente el carácter subsidiario (artículo 16. b) del Decreto ley) y complementario (artículo 9.1. b) del Decreto ley) de la renta social garantizada respecto del ingreso mínimo vital, hasta el umbral cuantitativo máximo de esta, por debajo del cual se entiende que se produce la situación de vulnerabilidad económica a que se refiere el artículo 17 del Decreto ley.

El Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, entró en vigor en fecha 17 de enero de 2020, para disponer de herramientas efectivas para luchar contra comportamientos incívicos, amparadas por razones imperiosas de interés general como pueden ser el orden público, la seguridad pública, la salud pública, la protección civil, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente, y otras mencionadas en su exposición de motivos.

Ahora, pasado casi un año desde su entrada en vigor, y a pesar de que la actividad turística está fuertemente condicionada por los efectos y medidas relativas a la pandemia producida por la COVID-19, se están poniendo de manifiesto una serie de aspectos en la aplicación de la actual redacción que aconsejan llevar a cabo una modificación también con carácter extraordinario y urgente, tanto para dar eficacia inmediata a aclaraciones imprescindibles de una norma vigente, como para hacer frente con mayor eficacia a los problemas que se pretenden solucionar, y con la confianza que la actividad turística se pueda desarrollar cuanto antes con mayor normalidad.

También se considera necesario introducir expresamente la posibilidad de una delegación de la potestad sancionadora, incluyendo la inspectora y otras que puedan estar conectadas, en los municipios afectados, siempre que se cumplan las determinaciones marcadas por el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, lo que puede incidir en una mejor eficiencia de la gestión pública y eliminar duplicidades administrativas. Además, las medidas perseguidas por este Decreto ley están muy relacionadas con las competencias ejercidas por los municipios en relación con la convivencia ciudadana y con la potestad de la policía local.

Finalmente, se considera adecuado eliminar la limitación de la vigencia del Decreto ley, teniendo en cuenta también que el legislador, o el ejecutivo con la convalidación del legislador, puede dejar sin efectos dicho Decreto ley en el momento en el que considere que deja de ser necesario.

En cuanto al ámbito de las tasas, se modifican puntualmente dos normas de la Ley 11/1998,de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la finalidad, por un lado, de suprimir la tasa relativa a la entrega de blocs de hojas de reclamación o denuncia en materia de consumo, teniendo en cuenta que, a día de hoy, se ha implantado un sistema de descarga electrónica de tales hojas de reclamación o denuncia, de carácter gratuito para los titulares de los establecimientos obligados a disponer de los mismos de acuerdo con el Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre las hojas de reclamación o de denuncia en materia de consumo; y, por el otro, a fin de adaptar las tasas correspondientes a las autorizaciones anuales y diarias a los centros de buceo, y también las anuales para los buceadores particulares, al número de reservas marinas existentes actualmente en cada una de las islas del archipiélago balear.

III

De este modo, el presente Decreto ley se estructura en siete artículos, uno para cada una de las modificaciones de las normas legales antes mencionadas.

A su vez, la disposición derogatoria única deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Decreto ley y, en particular, el apartado 5 del artículo 9 del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, así como el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Y la disposición final única establece la entrada en vigor del Decreto ley al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, si bien con el límite de no poder afectar a determinadas materias. Como disposición legislativa de carácter provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo antes expuesto, y en este difícil contexto de crisis sanitaria, social y económica que están afrontando todas las administraciones públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a todas estas medidas.

En efecto, el decreto ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha dado lugar a una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, dicho alto tribunal ha declarado que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que ha de haber una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, las cuales deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata; todo ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por los procedimientos de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no ha de confundirse la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, por tanto, ha de permitirse que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan posteriores desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecución de estas medidas o normas de rango legal.

Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cabe añadir que el presente Decreto ley, en la medida en que se limita a modificar puntualmente normas sectoriales de rango legal vigentes, encuentra también anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los diferentes puntos de los artículos 30 y 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears relativos a los diversos títulos competenciales que, a su vez, legitimaron la aprobación de las respectivas normas de rango legal.

Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de las consejeras de Asuntos Sociales y Deportes, de Salud y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administraciones Públicas y Modernización, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 9 de diciembre de 2020, se aprueba el siguiente

Decreto ley

I

La emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y urgentes de todo tipo para luchar contra las diversas olas de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está produciendo.

Ciertamente, los efectos de la primera ola de la pandemia se controlaron considerablemente en las Illes Balears, gracias a las medidas de contención adoptadas. Aun así, la naturaleza y la evolución imprevisible de la misma, en relación con las formas de contagio y con la propagación del virus, hizo que se continuaran adoptando medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, con la finalidad de permitir seguir afrontando y controlando la pandemia, para el caso de una eventual segunda ola, que finalmente se ha producido. En este último sentido, y más allá del éxito que se espera de las vacunas destinadas a prevenir más olas de este virus —algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de inminente distribución—, lo cierto es que, a día de hoy, la pandemia aun subsiste, aunque notablemente atenuada en las Illes Balears, y que, por tanto, la superación todavía no ha sido oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.

Finalizado el primer estado de alarma y sus prórrogas, el Gobierno del Estado, para hacer frente a los posibles riesgos sanitarios de una segunda ola, aprobó el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y, en las Illes Balears, se aprobó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad , y, posteriormente, el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, en el marco del artículo 31 y otras disposiciones concordantes del mencionado Real Decreto ley 21/2020 y también de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Pues bien, la experiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores al amparo de dicho Decreto ley 11/2020 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que también forman parte de los tipos infractores correspondientes la comercialización, la organización y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que impidan y dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, aunque dichas aglomeraciones finalmente no se consuman porque se hayan detectado a tiempo por la Administración. En este sentido, y ante la posible dificultad de diferenciar las actuaciones de comercialización (a las que se refiere el artículo 3. b) correspondiente a las infracciones muy graves) y las actuaciones de organización (a las que hace referencia el artículo 4. b) relativo a las infracciones graves) —si bien en principio la diferencia esencial debía pivotar en el carácter estrictamente empresarial y lucrativo de la comercialización, a diferencia de la simple organización—, se aprovecha esta modificación para que el carácter muy grave o grave de la infracción resida en el hecho de que se consuma o no la aglomeración, atendido el bien jurídico protegido, más allá pues de la consideración de la actividad como de comercialización, de organización o de publicidad.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en los términos que prevé el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores respecto de las infracciones cometidas por los menores de edad es una responsabilidad principal y solidaria, y no una simple responsabilidad subsidiaria. Todo ello requiere modificar los artículos 3 b) , 4 b) y 9.4 del mencionado Decreto ley 11/2020, y también derogar el apartado 5 del artículo 9 del mismo.

Considerando que la aplicación práctica de esta normativa también se lleva a cabo por el personal inspector de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, se debe modificar el artículo 101.2 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, para que el personal inspector actuante en cada caso se pueda identificar en el acta de inspección mediante el código de identificación que consta en el carnet profesional. En este último sentido, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 8/2012, uno de los deberes de los inspectores de turismo es el de exhibir la acreditación de su condición al inicio de la actuación inspectora. Así pues, esta modificación se efectúa con la finalidad de dar cumplimiento a dicho deber sin que la intimidad e, incluso, la seguridad de este personal quede comprometida, y cumplir a la vez la obligación de la Administración de identificar a las autoridades y al personal a su servicio responsables de la tramitación de los procedimientos.

II

Junto con estas modificaciones de rango legal, se considera imprescindible abordar otras reformas puntuales de diversas normas sectoriales, también de rango legal, como es el caso de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears; del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears; del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, y de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la finalidad de asegurar la vigencia inmediata de estas reformas y, con ello, poder adaptar los procedimientos administrativos y presupuestarios que requieran las administraciones públicas implicadas antes del inicio del año 2021.

En efecto, y en primer lugar, se considera necesario y urgente modificar la redacción del artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, relativo a la adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos. En este sentido, lo cierto es que el hecho de restringir el régimen contractual que regula dicho precepto a solo los medicamentos genéricos deja fuera una gran parte de medicamentos financiados, como los biosimilares y los medicamentos de marca de estos principios activos. Hay medicamentos de marca (que han perdido la protección de patente, en los casos de los genéricos, o que no la han perdido, en los casos de los biosimilares) que son competencia directa de los medicamentos genéricos o biosimilares. Por tanto, no hay razón para excluir estos otros medicamentos (de marca) de la concurrencia en igualdad de condiciones al procedimiento descrito en el artículo 18; aun más, incluirlos promovería la competencia y garantizaría un funcionamiento eficiente del mercado.

Además, se considera que no han de tenerse en cuenta únicamente criterios de eficiencia terapéutica (que en los casos de los genéricos es la misma por concepto), sino que también cabe tener en cuenta las características de cada medicamento por lo que respecta a la posología de administración o a la trazabilidad interna, y también la vertiente económica global en el análisis previo a la adquisición. Asimismo, en la invitación para el acuerdo de adquisición hay que indicar los criterios que deben tenerse en cuenta para resolver la adquisición de un medicamento u otro, pero establecer una ponderación inicial implica tener en cuenta algunas características, con el importante riesgo de poder pasar por alto alguna consideración de evidencia científica o características que pueden mejorar enormemente el flujo de trabajo interno o la organización; por ello, se apuesta por no ponderar los criterios y establecerlos por orden decreciente a la invitación, de conformidad con la consideración 90ª de la Directiva 2014/24/UE. Finalmente, se amplía hasta quince días el plazo para verificar la conformidad del suministro, en la medida que, en períodos festivos, fines de semana o vacaciones la dotación de personal administrativo es mínima, de haberla, y se puede dar la circunstancia que la entrada del material se realice posteriormente.

En otro orden de cosas, se modifican puntualmente algunos aspectos del artículo 39 de la misma Ley 2/2020, con la finalidad, en esencia, y en primer lugar, de prever la posibilidad de continuar las prestaciones en casos de inexistencia jurídica del contrato por falta de formalización, mientras se adoptan las medidas urgentes que se precisen, de una manera análoga a como prevé el artículo 42.3 de la Ley 9/2017 en los casos de nulidad. En segundo lugar, se deja claro que, en la medida que la liquidación del contrato formalmente inexistente ha de partir del valor de mercado de la prestación recibida, es decir, normalmente, del precio de la factura emitida por el proveedor, este valor o precio de mercado ha de incluir en buena lógica el beneficio industrial correspondiente, con excepción únicamente de los casos en los que el proveedor haya actuado de mala fe y sin seguir las instrucciones de la administración.

Asimismo, se incluye un precepto dedicado al patrocinio institucional, para dotar de seguridad jurídica a esta figura utilizada con relativa frecuencia por las diversas administraciones públicas. En este último sentido, y en el marco en todo caso de la legislación básica de contratos públicos, se aprueban algunas reglas específicas que han de coadyuvar a una mayor publicidad y transparencia en los patrocinios que concierten las administraciones de les Illes Balears, partiendo de la base de la concurrencia de actividades muy diferentes y de imposible homogeneización, tanto por lo que respecta al presupuesto del contrato como a la difusión publicitaria que pretende la administración, y que no obstante responden a un denominador común consistente en dar soporte a iniciativas públicas o privadas susceptibles de generar un retorno publicitario para las marcas institucionales de las Illes Balears.

Por lo que se refiere a la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears, el apartado 3 de la disposición adicional segunda de dicha Ley estableció el destino del patrimonio de las cámaras agrarias y encomendó al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (FOGAIBA) el procedimiento de cesión de los bienes inmuebles, sin hacer referencia al resto del patrimonio; este procedimiento se encuentra actualmente en marcha, pero se ha encontrado con serias dificultades para su finalización por la falta de acuerdo del sector.

Así, la mayor parte del patrimonio inmobiliario de las cámaras agrarias se sitúa en la isla de Mallorca, y el que se ubica fuera de esta ya está asignado en virtud de otro proceso diferente en cumplimiento del apartado 2 de la misma disposición adicional. Pues bien, la dificultad del reparto de los bienes por su ubicación, antigüedad y estado, así como la falta de atribución legal de todo el patrimonio, no solo el inmobiliario realizado por la ley, hacen necesaria la modificación de la misma para facilitar que se llegue a un consenso entre todos los posibles cesionarios. Además, la crisis económica que sufre el sector, agravada per la pandemia de la COVID-19, y la conveniencia de no paralizar los procedimientos de cesión que ya están en marcha, y que se verán impulsados con la modificación de la Ley, hacen que esta modificación deba aprobarse lo más rápido posible.

A su vez, las modificaciones del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, responden a dos cuestiones puntuales. La primera (que se correspondería con la modificación del artículo 7.2 del Decreto ley), trata de facilitar el abono efectivo de la prestación social de carácter económico que corresponda al beneficiario, de forma que no siempre se tenga que hacer mediante transferencia bancaria, vistas las dificultades (cuando no imposibilidad) de algunos de los beneficiarios de disponer de cuentas bancarias de su titularidad.

Y la segunda, correspondientes al resto de preceptos de este Decreto ley que se modifican, ha de permitir evitar eventuales situaciones de necesidad de algunas personas que, por varias razones (no tan solo referidas al límite derivado de los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior), no pueden acceder al ingreso mínimo vital. En este último sentido lo cierto es que el acceso a la renta social garantizada como prestación social de carácter económico de la Comunidad Autónoma tiene que ser posible, no tan solo en los casos en los que conste una resolución de desestimación de la Administración estatal competente respecto del ingreso mínimo vital, sino también en aquellos casos de desestimación presunta o cuando esta resolución lo sea de inadmisión a trámite (por no cumplir algún requisito propio y exclusivo de este recurso estatal, como por ejemplo, entre otros, el relativo a la necesaria residencia regular en el territorio español del beneficiario), o incluso cuando la resolución sea estimatoria aunque por una cuantía inferior (y a veces muy inferior) a la cuantía que resultaría de la renta social garantizada (por razón de considerar el ingreso mínimo vital varios parámetros que no se consideran en la renta social garantizada, tales como la imputación de rentas inmobiliarias).

Todo ello, respetando plenamente el carácter subsidiario (artículo 16. b) del Decreto ley) y complementario (artículo 9.1. b) del Decreto ley) de la renta social garantizada respecto del ingreso mínimo vital, hasta el umbral cuantitativo máximo de esta, por debajo del cual se entiende que se produce la situación de vulnerabilidad económica a que se refiere el artículo 17 del Decreto ley.

El Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, entró en vigor en fecha 17 de enero de 2020, para disponer de herramientas efectivas para luchar contra comportamientos incívicos, amparadas por razones imperiosas de interés general como pueden ser el orden público, la seguridad pública, la salud pública, la protección civil, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente, y otras mencionadas en su exposición de motivos.

Ahora, pasado casi un año desde su entrada en vigor, y a pesar de que la actividad turística está fuertemente condicionada por los efectos y medidas relativas a la pandemia producida por la COVID-19, se están poniendo de manifiesto una serie de aspectos en la aplicación de la actual redacción que aconsejan llevar a cabo una modificación también con carácter extraordinario y urgente, tanto para dar eficacia inmediata a aclaraciones imprescindibles de una norma vigente, como para hacer frente con mayor eficacia a los problemas que se pretenden solucionar, y con la confianza que la actividad turística se pueda desarrollar cuanto antes con mayor normalidad.

También se considera necesario introducir expresamente la posibilidad de una delegación de la potestad sancionadora, incluyendo la inspectora y otras que puedan estar conectadas, en los municipios afectados, siempre que se cumplan las determinaciones marcadas por el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, lo que puede incidir en una mejor eficiencia de la gestión pública y eliminar duplicidades administrativas. Además, las medidas perseguidas por este Decreto ley están muy relacionadas con las competencias ejercidas por los municipios en relación con la convivencia ciudadana y con la potestad de la policía local.

Finalmente, se considera adecuado eliminar la limitación de la vigencia del Decreto ley, teniendo en cuenta también que el legislador, o el ejecutivo con la convalidación del legislador, puede dejar sin efectos dicho Decreto ley en el momento en el que considere que deja de ser necesario.

En cuanto al ámbito de las tasas, se modifican puntualmente dos normas de la Ley 11/1998,de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la finalidad, por un lado, de suprimir la tasa relativa a la entrega de blocs de hojas de reclamación o denuncia en materia de consumo, teniendo en cuenta que, a día de hoy, se ha implantado un sistema de descarga electrónica de tales hojas de reclamación o denuncia, de carácter gratuito para los titulares de los establecimientos obligados a disponer de los mismos de acuerdo con el Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre las hojas de reclamación o de denuncia en materia de consumo; y, por el otro, a fin de adaptar las tasas correspondientes a las autorizaciones anuales y diarias a los centros de buceo, y también las anuales para los buceadores particulares, al número de reservas marinas existentes actualmente en cada una de las islas del archipiélago balear.

III

De este modo, el presente Decreto ley se estructura en siete artículos, uno para cada una de las modificaciones de las normas legales antes mencionadas.

A su vez, la disposición derogatoria única deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Decreto ley y, en particular, el apartado 5 del artículo 9 del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, así como el Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Y la disposición final única establece la entrada en vigor del Decreto ley al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, si bien con el límite de no poder afectar a determinadas materias. Como disposición legislativa de carácter provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo antes expuesto, y en este difícil contexto de crisis sanitaria, social y económica que están afrontando todas las administraciones públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a todas estas medidas.

En efecto, el decreto ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha dado lugar a una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, dicho alto tribunal ha declarado que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que ha de haber una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, las cuales deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata; todo ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por los procedimientos de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no ha de confundirse la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, por tanto, ha de permitirse que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan posteriores desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecución de estas medidas o normas de rango legal.

Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cabe añadir que el presente Decreto ley, en la medida en que se limita a modificar puntualmente normas sectoriales de rango legal vigentes, encuentra también anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los diferentes puntos de los artículos 30 y 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears relativos a los diversos títulos competenciales que, a su vez, legitimaron la aprobación de las respectivas normas de rango legal.

Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de las consejeras de Asuntos Sociales y Deportes, de Salud y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administraciones Públicas y Modernización, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 9 de diciembre de 2020, se aprueba el siguiente

Decreto ley

Artículo primero. 
Modificaciones del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

1. La letra b) del artículo 3 del Decreto ley 11/2020,de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificada de la siguiente manera:

2. La letra b) del artículo 4 del mencionado Decreto ley 11/2020 queda modificada de la siguiente manera:

3.El apartado 4 del artículo 9 del mencionado Decreto ley 11/2020 queda modificado de la siguiente manera:

Artículo segundo. 
Modificaciones de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

1. El artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la siguiente manera:

2. El apartado 3 del artículo 39 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente manera:

3. El punto 3º de la letra a) del apartado 4 del artículo 39 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente manera:

4. Se añade un nuevo capítulo, el capítulo VI, en la mencionada Ley 2/2020, con la siguiente redacción:

Artículo tercero. 
Modificación de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears

La disposición adicional segunda de la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

Artículo cuarto. 
Modificaciones del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears

1. El apartado 2 del artículo 7 del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

2. La letra a) del apartado 1 del artículo 20 del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

3. La letra d) del apartado 1 del artículo 20 del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

4. La disposición transitoria primera del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificada de la siguiente manera:

5. El apartado 1 de la disposición transitoria tercera del mencionado Decreto ley 10/2020 queda modificado de la siguiente manera:

Artículo quinto. 
Modificaciones del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas

1. El artículo 2 del Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, queda modificado de la siguiente manera:

2. Se añade unnuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 3 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacción :

3. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 6 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacción:

4. Se añade un nuevo párrafo en el artículo 8 del mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacción:

5. El apartado 2 del artículo 17 del mencionado Decreto ley 1/2020 queda modificado de la siguiente manera:

6. Se añade un nuevo artículo, el artículo 19 bis, en el mencionado Decreto ley 1/2020, con la siguiente redacción:

7. La disposición final tercera del mencionado Decreto ley 1/2020 queda modificada de la siguiente manera:

Artículo sexto. 
Modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears

Se añade un segundo párrafo en el apartado 2 del artículo 101 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

Artículo séptimo. 
Modificaciones de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

1. El punto 3 del artículo 383 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, queda sin contenido.

2. El punto 4 de la letra a) del punto 3º del artículo 392 septies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Disposición derogatoria única. 
Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este Decreto ley y, en particular:

a) El apartado 5 del artículo 9 del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 .

b) El Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final única. 
Entrada en vigor

Este Decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 9 de diciembre de 2020

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

La consejera de Asuntos Sociales y Deportes

Fina Santiago Rodríguez

La consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación

(Por suplencia art. 1 decreto 11/2019, de 2 de julio, de la presidenta)

El consejero de Transición Energética y Sectores Productivos

Juan Pedro Yllanes Suárez

La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores

Rosario Sánchez Grau

El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Iago Negueruela i Vázquez

La consejera de Salud y Consumo

Patricia Gómez i Picard

La consejera de Administraciones Públicas y Modernización

Isabel Castro Fernández