COVID-19. Aislamiento domiciliario para casos positivos de COVID y sus contactos en Ceuta


Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se deja sin efecto el decreto de 10 de julio de 2020 (BOCCE Ext.59 de 14 de julio de 2020) y se establece el nuevo protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos.

Vigente desde 19/12/2021 | BOCC 90. Extr./2021 de 29 de Noviembre de 2021

Esta norma establece el aislamiento domiciliario durante al menos 10 días para las personas que sean casos positivos a COVID-19 o tengan alta sospecha clínico-epidemiológica. Este periodo puede alargarse hasta que los tres últimos días estén completamente libres de síntomas.

La misma cuarentena de 10 días deben mantener los contactos estrechos del caso, tanto los que no estén vacunados, desde la fecha de contacto con el caso, como los vacunados en los supuestos detallados por la propia norma.

 

Vigencia desde: 19-12-2021

Por decreto de fecha 26-11-2021 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el siguiente DECRETO:

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de nivel de pandemia internacional de la emergencia de salud pública causada por el coronavirus SARS-CoV-2, se declaró por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siendo objeto de sucesivas prórrogas siendo la última la establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.Sin embargo, este levantamiento del estado de alarma no supuso el fin de la crisis sanitaria por lo que se dictó el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, actualmente sustituido por la Ley 2/2021, de 29 de marzo.El Consejo de Ministros acordó declarar un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el virus SARS-CoV-2, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, siendo prorrogado hasta las 00 horas del día 9 de mayo de 2021 mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta ha venido dictando diversos decretos de medidas sanitarias preventivas en materia del virus COVID-19, ratificados expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Ante la finalización del estado de alarma y el nuevo escenario que deriva de esta situación, las autoridades sanitarias tienen la obligación de adoptar las medidas preventivas pertinentes con el objeto de proteger la salud pública, bien jurídico reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, dentro del marco legal de competencias que tienen reconocidas.De acuerdo con el conocimiento disponible, la infección por SARS-CoV-2 supone un riesgo excepcional para la salud pública, dada su capacidad de rápida transmisión en la población, sobre todo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos contaminados, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión. De conformidad con los protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social es fundamental asegurar que las medidas de aislamiento de los casos positivos a COVID-19, y sus contactos se realicen de la forma más rápida posible y correctamente, para así evitar esta diseminación de la infección. La trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso por distintos aspectos como pueden ser las dificultades de idioma, por las características de la vivienda, problemas socioeconómicos entre otros.Existe la posibilidad de que estos aislamientos de casos COVID-19, por algún motivo social o personal no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio, debiéndose prever la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento. Como se ha demostrado en otras enfermedades infecciosas que requieren aislamiento domiciliario o institucionalizado, pueden plantearse dificultades para su cumplimiento efectivo que pueden estar relacionadas con problemas de comprensión de la importancia para la salud pública e individual. Las circunstancias pueden ser variables, bien porque haya personas que se nieguen a realizar e l aislamiento o que lo hayan abandonado, o bien porque rehúyan el contacto con los servicios sanitarios y, por tanto, están exponiendo a su entorno a riesgos de transmisión de la infección.Ejercitando su responsabilidad, la Autoridad Sanitaria, de acuerdo a las competencias que le corresponden en materia de salud pública, puede dictar disposiciones y tiene facultades para actuar, mediante los órganos competentes, en este caso la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, y realizar las acciones preventivas que correspondan, siempre que sean proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a los que se les encomienda la tutela de los derechos fundamentales.Ley 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, cuyo artículo 8 apartado 6 le atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. Por lo tanto, será el Juez del contencioso-administrativo, mediante la autorización previa o la ratificación, quien controle la proporcionalidad de cualquier medida sanitaria que se pretenda poner en práctica, en cuanto tal medida lleve consigo la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, actuando así como garante de los derechos fundamentales del individuo.La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.Por Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 10-07-2020 publicado en BOCCE Ext. 59 de 14 de Julio de 2020, se establecía el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.Por Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, publicado en boletín extraordinario nº 84, se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente al COVID-19.Consta informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica fechado y firmado digitalmente, en el que hace constar que dada la última modificación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del Covid 19, ( en fecha 12 de agosto de 2021), en la que se incluye una modificación importante respecto la cuarentena de los contactos estrechos de casos que hayan recibido pauta completa de vacunación, se hace necesario dejar sin efecto el decreto anterior de referencia por el que se establecía el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos, o sospechosos, y aprobar un nuevo decreto para adaptarlo al contenido de la misma.La diferencia con las anteriores versiones de la Estrategia radica, en que antes de la vacunación todos los contactos estrechos debían realizar aislamiento y a partir de la vacunación con pauta completa se deberá proceder de la siguiente manera según tenor literal de la Estrategia:“2.2. Consideraciones especiales en el manejo de contactos Contactos vacunados: las personas que han recibido una pauta de vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena. Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y, si no fuera posible, con otra PDIA.Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Si esto no fuera posible, se recomienda realizar al menos una prueba en el momento que lo indiquen los responsables de salud pública de cada CCAA. Se recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles; si estos aparecieran, seguir las indicaciones del apartado2.1.5..Por consiguiente y de conformidad a lo expuesto, se hace necesaria una continua actualización de medidas preventivas con el objeto de garantizar la salud pública y la seguridad de los ciudadanos que permitan evitar y minimizar los riesgos de propagación de la enfermedad causada por el COVID-19, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y en la Estrategia de referencia en concreto a lo que a la regulación especifica de medidas de aislamiento domiciliario forzoso/cuarentena se refiere.La Ciudad Autónoma de Ceuta accede a su régimen de autogobierno como Ciudad Autónoma con la aprobación de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía en la que se atribuye competencias en materia de sanidad e higiene, en su artículo 21.1.19, comprendiendo las facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.Por Real Decreto 32/99, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia sanidad e higiene, es titular en régimen de competencia exclusiva en la vigilancia epidemiológica como en la prevención y promoción de la salud.La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, siendo competentes las Comunidades Autónomas y Entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias. En su artículo 4 “Deber de cautela y protección” dispone que “todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de Ciudad Autónoma de Ceuta Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación Servicio de Prevención y Promoción de la Salud riesgos de propagación de la enfermedad COVID- 19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en esta Ley.La Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, habilita a las Autoridades Sanitarias a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones preventivas generales.Se contempla en el artículo 1 que “las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad”.Dicho texto legal en su artículo 2 dispone que “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.” Por su parte, el artículo 3 establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las que estén o hayan estado en contacto con las mismas y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26 dispone que: "En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó".Las atribuciones conferidas por Decreto de la Presidencia de 8 de octubre de 2020 ( Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 13 de octubre de 2020) y de 12 de febrero de 2021 (Boletín Oficial extraordinario nº14 de la Ciudad de Ceuta de fecha 12-022021),por el que se nombra a D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez como Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, recae la competencia para la tramitación de expedientes en materia de Sanidad, Salud Pública e Higiene así como de vigilancia epidemiológica.DISPONGO:

PRIMERO. 

- Dejar sin efecto el Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 10-07-2020 publicado en BOCCE Ext. 59 de 14 de Julio de 2020, por el que se establecía el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos.

SEGUNDO. 

- Se aprueba el nuevo Decreto por el que se establece el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos, de conformidad con el informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del siguiente tenor literal:

Aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19 diagnosticados por Prueba Diagnóstica de Infección Activa (P.D.I.A) o con alta sospecha clínico-epidemiológica, siguiendo la definición de caso de la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de Covid 19 en su última versión deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante al menos 10 días. Los tres últimos días deben estar completamente libres de síntomas, por lo que este periodo puede alargarse hasta que se cumpla esta premisa.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación remitirá correo electrónico personalizado al caso con la fecha de inicio de aislamiento.

Igualmente lo remitirá al médico asistencial, que será el responsable del alta.

-Los contactos estrechos del caso que no estén vacunados deberán realizar cuarentena durante al menos 10 días desde la fecha de contacto con el caso. En el caso de centros sociosanitarios el periodo será de 14 días.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación remitirá correo electrónico personalizado al contacto con la fecha de inicio y de fin.

La cuarentena no se interrumpirá aunque las P.D.I.A realizadas durante el mismo sean negativas.

- Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:

. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por variantes Beta y Gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.

. Personas con inmunodepresión Se define persona inmunodeprimida a: Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento. Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. - Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…).

Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/ saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_G ruposRiesgo_todasEdades.html.

. Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visones.

. Cuando concurran circunstancias que a juicio de la autoridad sanitaria lo haga aconsejable.

TERCERO. 

- El personal dependiente del Servicio de vigilancia Epidemiológica remitirá un correo electrónico o SMS personalizado con enlace indicativo de las recomendaciones, medidas a adoptar y el presente decreto de aplicación, con indicación de la fecha de inicio del aislamiento domiciliario/cuarentena, y que suponen la imposibilidad de salir de su domicilio ni de entrada de ninguna persona, salvo por motivos de asistencia sanitaria.

CUARTO. 

-Simultáneamente a la adopción de la medida de aislamiento domiciliario forzoso/cuarentena ya sea individual o colectivo, el expediente se trasladará a los Juzgados competentes en los casos de incumplimiento probado, para su ratificación al tratarse de una medida de privación de derechos fundamentales, a través del Servicio Juridico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

QUINTO. 

-El incumplimiento de la medida sanitaria preventiva de aislamiento domiciliario/cuarentena constituirá infracción administrativa en salud pública, teniendo tal consideración las acciones o las omisiones tipificadas en las Leyes Estatales o las que en su caso, pueda establecer la legislación autonómica o local o que vulneren lo que establecen las disposiciones, las resoluciones y los actos adoptados por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Las infracciones serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes(multas administrativas), sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que concurra o pudiera derivarse.

En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.

De no haberse estimado la existencia de ilícito penal o en caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al proceso penal, se continuará el expediente sancionador teniendo en cuenta, en su caso, los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

SEXTO. 

- El presente Decreto será objeto de publicación en el BOCCE y se dará traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su ejecución, así como para el auxilio a la autoridad sanitaria.

SÉPTIMO. 

- Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de este mismo texto normativo, ante el mismo órgano que ha dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 123.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8.2 y 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.

En Ceuta, firmado electrónicamente.

ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ

CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBERNACIÓN

FECHA 26/11/2021