COVID-19. Actualización de las medidas restrictivas según niveles de alerta en Andalucía


La Comunidad Autónoma de Andalucía ha creído necesario modificar las medidas acordadas para la prevención y control de la pandemia adecuándolas a los niveles de alerta fijados, pudiendo destacarse las siguientes:

Se determina que la limitación de horario de cierre de los establecimientos de hostelería no se aplique a los establecimientos sin música, por tener un régimen propio.

En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas se adecúan las medidas al nivel de alerta en que se encuentre, y se excluye el transporte de servicios de emergencias de la limitación de ocupación de los vehículos, pudiendo ocuparse todas las plazas.

Se contempla la posibilidad de cierre o precintado de aquellas áreas recreativas de acceso público al aire libre consideradas urbanas que no garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención.

Se concretan las medidas de prevención de las entidades de formación que impartan formación profesional para el empleo.

Se establece la medida que garantiza que se mantengan abiertos los comedores sociales, adecuándose su aforo a cada nivel de alerta.

También se garantiza la continuidad de la atención de forma presencial en los Centros de Tratamiento Ambulatorio, así como del proceso de Atención Infantil Temprana.

Otra de las novedades a destacar son las medidas en materia de gestión de residuos procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios, y establecimientos similares, específicas para los casos expuestos a COVID-19.

 

Declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 8/2020, de 29 de octubre, estableció las medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación del citado real decreto.

Ante la declaración de un nuevo estado de alarma, así como la situación epidemiológica actual derivada de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, la Orden de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, estableció los niveles de alerta sanitaria y adoptó las nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para todo el territorio de Andalucía, para la contención de la COVID-19.

No obstante, nos encontramos ante la necesidad de modificar algunas de las medidas para mejorar el alcance de la finalidad perseguida por cada una de ellas.

Así, se precisa que la limitación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería no sea de aplicación a los establecimientos de hostelería sin música, ya que éstos tienen un régimen especial de horarios conforme a la normativa de aplicación.

Mediante la presente orden se modifica, para todos los niveles de alerta, relativas al deporte de competición, para precisar que se trata del no federado, y se completan también las limitaciones de las prácticas físico-deportivas de deporte y ocio y las clases grupales de baile.

Otra modificación de la orden se centra en los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, dándose coherencia a la proporcionalidad de las medidas que se deberán adoptar en función del correspondiente nivel de alerta acordado. Por otra parte, en cuanto al transporte de servicios de emergencias en todo tipo de misiones, particularmente el que se refiere a los servicios de emergencias del INFOCA (desde camiones de bomberos hasta helicópteros o aviones), se exceptúa de la limitación general sobre ocupación de plazas de los vehículos a fin de que puedan utilizarse todas sus plazas en los desplazamientos.

Mediante la presente orden de modificación, se precisa que las limitaciones para las áreas recreativas de acceso público al aire libre se refieren a las áreas urbanas, permitiendo en consecuencia la posibilidad de cierre o precintado de aquellas instalaciones o equipamientos de uso público sin atención personalizada y al aire libre que, por sus características y dispersión en el territorio en espacios naturales, no permiten garantizar el cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas en materia de limpieza y desinfección con la frecuencia que pudiera ser requerida o aconsejable.

Por otra parte, se concretan las limitaciones y exigencias del cumplimiento de las medidas de prevención en relación con las entidades de formación que impartan formación profesional para el empleo.

Los comedores sociales son para muchas personas la última, cuando no la única, opción de cubrir sus necesidades alimentarias, y prestan un servicio a lo largo de todo el año, incluso durante el periodo de confinamiento adaptaron sus servicios, para llegar a la población más vulnerable. Esta prestación abarca con carácter general a todas las personas en situación de necesidad y en especial a aquéllas que se encuentran en una situación de exclusión y marginación, al estar por completo fuera del sistema y no poder acceder a recursos como la tarjeta monedero. Éste sería el caso también de las personas sin hogar que carecen de medios personales para acceder a ese tipo de prestaciones junto con la imposibilidad de elaborar los alimentos que pudieran adquirir con estos recursos, bien por falta de elementos materiales o por incapacidad de llevar a cabo determinadas actividades básicas de la vida diaria. En definitiva, los comedores sociales son un recurso imprescindible y complementario de otras estrategias implementadas por la Junta de Andalucía para garantizar la cobertura de necesidades alimentarias de toda la población andaluza.

Es por ello que se ha introducido un nuevo capítulo adoptando la medida de mantener en todo momento abierta durante la situación de pandemia la prestación del servicio de garantía alimentaria que se lleva a cabo mediante los comedores sociales, con independencia del nivel de alerta que se haya acordado. Se restringe el aforo en función de cada nivel de alerta, hasta limitar el acceso a personas usuarias a las instalaciones, pero sin dejar de prestar el servicio, realizándose éste a través de la recogida de alimentos o comida elaborada, pero sin poder ser consumida en las instalaciones.

Asimismo, se ha incluido un nuevo capítulo dedicado a regular medidas de prevención en materia de gestión de residuos, al quedar sin efecto las directrices que sobre esta materia se encontraban incluidas en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus una vez superado el estado de alarma.

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio son recursos asistenciales que prestan atención a todas las fases del proceso de tratamiento de las personas con problemas de adicciones, constituyen una red que se extiende a todo el territorio andaluz, esto facilita el acceso de los afectados, así como el seguimiento individualizado de los casos. Tiene como principales características, la especificidad de la misma, ya que aunque se coordina con ellas, es independiente de la Red Sanitaria y de Servicios Sociales, la universalización de la asistencia y el acceso directo y gratuito a la misma. Por ese principio de especificidad, las personas con problemas de adiciones y sus familiares acuden como dispositivo asistencial a la misma. Ello supone que el tratamiento de estas personas no puede ser asumido por ninguna otra red asistencial, al no contar con la especialización para tratar esta enfermedad en sus diferentes dimensiones. En ellos se realizan tareas de información, asesoramiento, tratamientos de desintoxicación, deshabituación, tratamientos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos: Metadona y buprenorfina (Programas de Tratamiento con Opiáceos, PTO), tratamientos con interdictores de alcohol y otros tratamientos farmacológicos específicos para adicciones. Dichos tratamientos deben mantenerse mientras sean beneficiosos para quienes lo reciben, por lo que tienen una duración indefinida. La finalización o el abandono del mismo está asociada con mayores tasas de recaídas en el consumo de drogas.

Por otra parte, se ha introducido una disposición adicional única con el fin de facilitar la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana.

En definitiva, en relación con las competencias que fundamentan la adopción de medidas de salud pública extraordinarias y urgentes, y por tanto su modificación, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, prevé, en su artículo primero, que con el objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en dicha ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. El artículo segundo habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolla una actividad. Por su parte, el artículo tercero dispone que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 26, prevé la posibilidad de que las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas preventivas que consideren pertinentes cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. La duración de dichas medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, y no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece en el artículo 21 que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Las medidas previstas que se ordenen con carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, deberán adaptarse a los criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Por su parte, el artículo 62.6 de la mencionada Ley 2/1998, de 15 de junio, establece que corresponderán a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

Asimismo, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, establece en el artículo 71.2.c) que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier riesgo para la salud colectiva. Por su parte, el artículo 83.3, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

DISPONGO

Declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 8/2020, de 29 de octubre, estableció las medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación del citado real decreto.

Ante la declaración de un nuevo estado de alarma, así como la situación epidemiológica actual derivada de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, la Orden de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, estableció los niveles de alerta sanitaria y adoptó las nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para todo el territorio de Andalucía, para la contención de la COVID-19.

No obstante, nos encontramos ante la necesidad de modificar algunas de las medidas para mejorar el alcance de la finalidad perseguida por cada una de ellas.

Así, se precisa que la limitación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería no sea de aplicación a los establecimientos de hostelería sin música, ya que éstos tienen un régimen especial de horarios conforme a la normativa de aplicación.

Mediante la presente orden se modifica, para todos los niveles de alerta, relativas al deporte de competición, para precisar que se trata del no federado, y se completan también las limitaciones de las prácticas físico-deportivas de deporte y ocio y las clases grupales de baile.

Otra modificación de la orden se centra en los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, dándose coherencia a la proporcionalidad de las medidas que se deberán adoptar en función del correspondiente nivel de alerta acordado. Por otra parte, en cuanto al transporte de servicios de emergencias en todo tipo de misiones, particularmente el que se refiere a los servicios de emergencias del INFOCA (desde camiones de bomberos hasta helicópteros o aviones), se exceptúa de la limitación general sobre ocupación de plazas de los vehículos a fin de que puedan utilizarse todas sus plazas en los desplazamientos.

Mediante la presente orden de modificación, se precisa que las limitaciones para las áreas recreativas de acceso público al aire libre se refieren a las áreas urbanas, permitiendo en consecuencia la posibilidad de cierre o precintado de aquellas instalaciones o equipamientos de uso público sin atención personalizada y al aire libre que, por sus características y dispersión en el territorio en espacios naturales, no permiten garantizar el cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas en materia de limpieza y desinfección con la frecuencia que pudiera ser requerida o aconsejable.

Por otra parte, se concretan las limitaciones y exigencias del cumplimiento de las medidas de prevención en relación con las entidades de formación que impartan formación profesional para el empleo.

Los comedores sociales son para muchas personas la última, cuando no la única, opción de cubrir sus necesidades alimentarias, y prestan un servicio a lo largo de todo el año, incluso durante el periodo de confinamiento adaptaron sus servicios, para llegar a la población más vulnerable. Esta prestación abarca con carácter general a todas las personas en situación de necesidad y en especial a aquéllas que se encuentran en una situación de exclusión y marginación, al estar por completo fuera del sistema y no poder acceder a recursos como la tarjeta monedero. Éste sería el caso también de las personas sin hogar que carecen de medios personales para acceder a ese tipo de prestaciones junto con la imposibilidad de elaborar los alimentos que pudieran adquirir con estos recursos, bien por falta de elementos materiales o por incapacidad de llevar a cabo determinadas actividades básicas de la vida diaria. En definitiva, los comedores sociales son un recurso imprescindible y complementario de otras estrategias implementadas por la Junta de Andalucía para garantizar la cobertura de necesidades alimentarias de toda la población andaluza.

Es por ello que se ha introducido un nuevo capítulo adoptando la medida de mantener en todo momento abierta durante la situación de pandemia la prestación del servicio de garantía alimentaria que se lleva a cabo mediante los comedores sociales, con independencia del nivel de alerta que se haya acordado. Se restringe el aforo en función de cada nivel de alerta, hasta limitar el acceso a personas usuarias a las instalaciones, pero sin dejar de prestar el servicio, realizándose éste a través de la recogida de alimentos o comida elaborada, pero sin poder ser consumida en las instalaciones.

Asimismo, se ha incluido un nuevo capítulo dedicado a regular medidas de prevención en materia de gestión de residuos, al quedar sin efecto las directrices que sobre esta materia se encontraban incluidas en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus una vez superado el estado de alarma.

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio son recursos asistenciales que prestan atención a todas las fases del proceso de tratamiento de las personas con problemas de adicciones, constituyen una red que se extiende a todo el territorio andaluz, esto facilita el acceso de los afectados, así como el seguimiento individualizado de los casos. Tiene como principales características, la especificidad de la misma, ya que aunque se coordina con ellas, es independiente de la Red Sanitaria y de Servicios Sociales, la universalización de la asistencia y el acceso directo y gratuito a la misma. Por ese principio de especificidad, las personas con problemas de adiciones y sus familiares acuden como dispositivo asistencial a la misma. Ello supone que el tratamiento de estas personas no puede ser asumido por ninguna otra red asistencial, al no contar con la especialización para tratar esta enfermedad en sus diferentes dimensiones. En ellos se realizan tareas de información, asesoramiento, tratamientos de desintoxicación, deshabituación, tratamientos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos: Metadona y buprenorfina (Programas de Tratamiento con Opiáceos, PTO), tratamientos con interdictores de alcohol y otros tratamientos farmacológicos específicos para adicciones. Dichos tratamientos deben mantenerse mientras sean beneficiosos para quienes lo reciben, por lo que tienen una duración indefinida. La finalización o el abandono del mismo está asociada con mayores tasas de recaídas en el consumo de drogas.

Por otra parte, se ha introducido una disposición adicional única con el fin de facilitar la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana.

En definitiva, en relación con las competencias que fundamentan la adopción de medidas de salud pública extraordinarias y urgentes, y por tanto su modificación, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, prevé, en su artículo primero, que con el objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en dicha ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. El artículo segundo habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolla una actividad. Por su parte, el artículo tercero dispone que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 26, prevé la posibilidad de que las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas preventivas que consideren pertinentes cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. La duración de dichas medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, y no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece en el artículo 21 que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Las medidas previstas que se ordenen con carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, deberán adaptarse a los criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Por su parte, el artículo 62.6 de la mencionada Ley 2/1998, de 15 de junio, establece que corresponderán a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

Asimismo, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, establece en el artículo 71.2.c) que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier riesgo para la salud colectiva. Por su parte, el artículo 83.3, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,

DISPONGO

Artículo Único. 
Modificación de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, queda redactado de la siguiente manera:

Dos. Se modifican las letras c) y e) del apartado 2 del artículo 22 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

Tres. Se modifican las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 22 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

Cuatro. Se modifican las letras c) y d) del apartado 4 del artículo 22 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

Cinco. Se modifica el artículo 32 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda redactado de siguiente manera:

Seis. Se modifica el artículo 41 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Orden de 29 de octubre, que queda redactado de la siguiente manera:

Ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 43 de la Orden de 29 de octubre de 2020, con la siguiente redacción:

Nueve. Se modifica el artículo 44 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:

Diez. Se añade un nuevo Capítulo XIX a la Orden de 29 de octubre de 2020, con la siguiente redacción:

Once. Se añade un nuevo Capítulo XX a la Orden de 29 de octubre de 2020, con la siguiente redacción:

Doce. Se añade la disposición adicional única, con la siguiente redacción:

Trece. Se modifica la letra a) del apartado 1 de la disposición final tercera, que queda redactada de la siguiente manera:

Catorce. Se añade una disposición adicional, con la siguiente redacción:

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición final primera. 
Régimen sancionador.

El incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y al régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.

Disposición final segunda. 
Ratificación judicial.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, dese traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. 
Efectos.

1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

2. Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de noviembre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Consejero de Salud y Familias

ANEXO. 

En aquellos hogares en los que existan casos positivos o estén en cuarentena, se deberán depositar los residuos utilizando 3 bolsas, según el origen de los mismos.

Bolsa 1: Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma se han de eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

Bolsa 2: La bolsa de plástico (bolsa 1) donde se deposite debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes, gafas y mascarillas utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.

Bolsa 3: La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (bolsa 3) con el resto de los residuos domésticos. La bolsa 3 también se cerrará adecuadamente.

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

La bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.»