Ayudas de la Comunidad de Castilla y León para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19


Decreto Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.

Vigente desde 18/04/2020 | BOCL 78/2020 de 18 de Abril de 2020

La Comunidad de Castilla y León adopta una serie de medidas por las que se aprueban ayudas y subvenciones dirigidas a paliar los efectos negativos de la crisis del COVID-19 en los siguientes ámbitos:

1.- Las que van dirigidas a la protección de trabajadores, autónomos  y empresas, para fomentar el empleo. Entre ellas:

- Ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada.

- Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores desempleados.

- Subvenciones para incentivar la contratación de personas trabajadoras que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan sido despedidas o que provengan de empresas que han cerrado.

- Ayudas para promover durante 6 meses la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo.

- Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

- Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad y no perciban prestación ni subsidio por desempleo o cese de actividad.

2.- Para el sector de la cultura, el deporte y el turismo, como por ejemplo las subvenciones para proyectos de inversión dirigidos a la modernización, innovación y digitalización de productos, servicios y canales comerciales, incluidas las medidas técnicas para el teletrabajo.

3.- En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para que las empresas inviertan en la mejora de la salud de sus trabajadores.

4.- En materia de vivienda, se establece un régimen de pago de la cuota, tanto del alquiler como de la compra de las viviendas de protección pública de promoción directa, acordando medidas como la condonación de deuda y la moratoria de pago durante la vigencia del estado de alarma.

Este decreto-ley también recoge la posibilidad de que el Interventor General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León aplique el control financiero permanente previsto en el Capítulo III del Título VII de la Ley 2/2006 respecto a determinados actos o áreas de gestión, en sustitución de la función interventora, hasta que se restablezca el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La vigencia de las medidas previstas en este decreto-ley se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo las acordadas en materia de vivienda, que tienen sus propios plazos.