Actualización y refundición de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19 en Aragón


Orden SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Vigente desde 19/09/2020 | BOA 187/2020 de 19 de Septiembre de 2020

Con esta Orden se actualizan y refunden las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad en Aragón, contemplando:

- obligaciones de precaución y colaboración y confinamiento de las personas afectadas;

- distancia de seguridad interpersonal y uso obligatorio de mascarillas;

- régimen de aforos;

- medidas generales higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades;

- medidas higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades específicos;

- centros de trabajo;

- centros, servicios y establecimientos sanitarios;- centros docentes;

- servicios sociales;

- medidas de prevención sobre trabajadores temporales agrarios;

- realización de pruebas diagnósticas;

- medidas de desarrollo y de ámbito territorial;

- inspección y control; y

- régimen sancionador;

Los gastos derivados de la adopción de las medidas previstas en esta Orden deben ser asumidos por la persona o empresa responsable.

Esta orden entra en vigor el 19 de septiembre de 2020 y mantiene su vigencia hasta que el Gobierno de España declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tras la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y debido a la pervivencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, vino a establecer un conjunto de medidas, de aplicación en todo el territorio nacional, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud, partiendo del establecimiento de un deber general de cautela y colaboración de la ciudadanía, de manera que a todos los ciudadanos corresponda adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.

Dicho Real Decreto-ley, dictado con carácter de norma básica, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, sentó las bases para combatir la pandemia en todo el territorio español tras el levantamiento del estado de alarma, extendiendo su vigencia, de conformidad con su artículo 2.3, hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación ocasionada por el COVID-19.

Consecuentemente con lo anterior, una vez superado el estado de alarma y decaídas por ello las medidas adoptadas por el Gobierno de España y las autoridades estatales y autonómicas delegadas, correspondía activar cuantos mecanismos de prevención, contención y coordinación sanitaria resultaran precisos, conforme a la normativa vigente de sanidad y salud pública, siempre de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, para superar la crisis sanitaria e impulsar la recuperación económica, social y sanitaria del conjunto del país y, con él, de Aragón.

Para ello, había de partirse de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen necesarias, tales como la suspensión del ejercicio de actividades y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.

En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y sin perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones Públicas Sanitarias por la Administración General del Estado, en aquellos procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional, según establece el artículo 40 de la citada Ley 14/1986, de 25 de abril, y de la condición de autoridad sanitaria estatal que corresponde al titular del Ministerio de Sanidad, para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la población, reconocida por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.55.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y en la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.

Con fundamento en el referido marco normativo, la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma aprobó la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se establecían las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, tras la superación de la fase 3 del Plan para la transición a una nueva normalidad. Dichas medidas fueron objeto de ampliación o modulación por posteriores disposiciones aprobadas para hacer frente a la situación epidemiológica de determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma, como son las Órdenes SAN/477/2020, de 22 de junio, SAN/481/2020, de 23 de junio, SAN/597/2020, de 13 de julio, SAN/612/2020, de 17 de julio, SAN/642/2020, de 24 de julio, SAN/643/2020, de 24 de julio, SAN/703/2020, de 5 de agosto, SAN/828/2020, de 4 de septiembre, SAN/831/2020, de 8 de septiembre, SAN/832/2020, de 8 de septiembre, SAN/845/2020, de 10 de septiembre y SAN/846/2020, de 10 de septiembre, modificándose igualmente algunas medidas de prevención aplicables al conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, dirigidas a reforzar el uso obligatorio de la mascarilla, mediante Orden SAN/585/2020, de 13 de julio, a modificar determinados aforos y actividades específicas, mediante Orden SAN/596/2020, de 30 de junio, a precisar el ejercicio de la función de inspección y actividad sancionadora, por Orden SAN/612/2020, de 17 de julio, y a concretar restricciones relativas a la limitación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería y restauración, número de personas que pueden participar en reuniones de carácter social, actividad desarrollada en peñas o locales asimilables y consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle, mediante Orden SAN/703/2020, de 5 de agosto, así como a través de la Orden SAN/770/2020, de 21 de agosto, y SAN/841/2020, de 9 de septiembre, para incorporar al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón el conjunto de medidas contenido en la Declaración de Actuaciones Coordinadas en materia de salud pública, aprobada por el Ministerio de Sanidad, dirigidas al control de la transmisión en aquellos ámbitos donde se producen los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo detectados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para precisar la obligación de confinamiento de las personas afectadas y ajustar otra serie de previsiones en cuanto a número de personas que pueden tomar parte en reuniones sociales, horario máximo de apertura de ciertos establecimientos y suspensión de celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares hasta el 31 de diciembre de 2020.

En el artículo cuarto de la Orden SAN/841/2020, de 9 de septiembre, se establecía la obligación del Departamento de Sanidad de proceder a la aprobación de un texto refundido de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando e integrando en dicho texto todas las modificaciones parciales realizadas al texto de la Orden y aquellas otras que contribuyan a su mejor comprensión y aplicación, al objeto de recoger en una sola norma la totalidad de las medidas de salud pública de alcance general aplicables en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La presente Orden viene, por lo tanto, a dar cumplimiento a la citada previsión de aprobar un texto refundido con el conjunto de las medidas de salud pública aplicables en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, mediante el que se unifica la normativa actualmente vigente, contribuyendo con ello a reforzar la claridad del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica para el conjunto de la sociedad.

Por todo ello, en el ejercicio de la condición de autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón que corresponde al titular del Departamento de Sanidad, según el artículo 60.2.b) de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y el artículo 14.2 de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, dispongo:

Tras la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y debido a la pervivencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, vino a establecer un conjunto de medidas, de aplicación en todo el territorio nacional, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud, partiendo del establecimiento de un deber general de cautela y colaboración de la ciudadanía, de manera que a todos los ciudadanos corresponda adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.

Dicho Real Decreto-ley, dictado con carácter de norma básica, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, sentó las bases para combatir la pandemia en todo el territorio español tras el levantamiento del estado de alarma, extendiendo su vigencia, de conformidad con su artículo 2.3, hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación ocasionada por el COVID-19.

Consecuentemente con lo anterior, una vez superado el estado de alarma y decaídas por ello las medidas adoptadas por el Gobierno de España y las autoridades estatales y autonómicas delegadas, correspondía activar cuantos mecanismos de prevención, contención y coordinación sanitaria resultaran precisos, conforme a la normativa vigente de sanidad y salud pública, siempre de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, para superar la crisis sanitaria e impulsar la recuperación económica, social y sanitaria del conjunto del país y, con él, de Aragón.

Para ello, había de partirse de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, así como de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que prevé que en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen necesarias, tales como la suspensión del ejercicio de actividades y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.

En el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y sin perjuicio de la coordinación de los servicios competentes de las Administraciones Públicas Sanitarias por la Administración General del Estado, en aquellos procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia o interés nacional o internacional, según establece el artículo 40 de la citada Ley 14/1986, de 25 de abril, y de la condición de autoridad sanitaria estatal que corresponde al titular del Ministerio de Sanidad, para la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias extraordinarias que representen riesgo evidente para la salud de la población, reconocida por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el ejercicio de las competencias en materia de salud pública corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón en su territorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.55.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y en la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.

Con fundamento en el referido marco normativo, la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma aprobó la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se establecían las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, tras la superación de la fase 3 del Plan para la transición a una nueva normalidad. Dichas medidas fueron objeto de ampliación o modulación por posteriores disposiciones aprobadas para hacer frente a la situación epidemiológica de determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma, como son las Órdenes SAN/477/2020, de 22 de junio, SAN/481/2020, de 23 de junio, SAN/597/2020, de 13 de julio, SAN/612/2020, de 17 de julio, SAN/642/2020, de 24 de julio, SAN/643/2020, de 24 de julio, SAN/703/2020, de 5 de agosto, SAN/828/2020, de 4 de septiembre, SAN/831/2020, de 8 de septiembre, SAN/832/2020, de 8 de septiembre, SAN/845/2020, de 10 de septiembre y SAN/846/2020, de 10 de septiembre, modificándose igualmente algunas medidas de prevención aplicables al conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, dirigidas a reforzar el uso obligatorio de la mascarilla, mediante Orden SAN/585/2020, de 13 de julio, a modificar determinados aforos y actividades específicas, mediante Orden SAN/596/2020, de 30 de junio, a precisar el ejercicio de la función de inspección y actividad sancionadora, por Orden SAN/612/2020, de 17 de julio, y a concretar restricciones relativas a la limitación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería y restauración, número de personas que pueden participar en reuniones de carácter social, actividad desarrollada en peñas o locales asimilables y consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle, mediante Orden SAN/703/2020, de 5 de agosto, así como a través de la Orden SAN/770/2020, de 21 de agosto, y SAN/841/2020, de 9 de septiembre, para incorporar al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón el conjunto de medidas contenido en la Declaración de Actuaciones Coordinadas en materia de salud pública, aprobada por el Ministerio de Sanidad, dirigidas al control de la transmisión en aquellos ámbitos donde se producen los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo detectados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para precisar la obligación de confinamiento de las personas afectadas y ajustar otra serie de previsiones en cuanto a número de personas que pueden tomar parte en reuniones sociales, horario máximo de apertura de ciertos establecimientos y suspensión de celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares hasta el 31 de diciembre de 2020.

En el artículo cuarto de la Orden SAN/841/2020, de 9 de septiembre, se establecía la obligación del Departamento de Sanidad de proceder a la aprobación de un texto refundido de la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando e integrando en dicho texto todas las modificaciones parciales realizadas al texto de la Orden y aquellas otras que contribuyan a su mejor comprensión y aplicación, al objeto de recoger en una sola norma la totalidad de las medidas de salud pública de alcance general aplicables en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La presente Orden viene, por lo tanto, a dar cumplimiento a la citada previsión de aprobar un texto refundido con el conjunto de las medidas de salud pública aplicables en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, mediante el que se unifica la normativa actualmente vigente, contribuyendo con ello a reforzar la claridad del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica para el conjunto de la sociedad.

Por todo ello, en el ejercicio de la condición de autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón que corresponde al titular del Departamento de Sanidad, según el artículo 60.2.b) de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y el artículo 14.2 de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, dispongo:

Primero. 
Objeto.

El objeto de esta Orden es actualizar y refundir las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, dictadas por la autoridad sanitaria autonómica en el marco establecido por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo. 
Ámbito territorial de aplicación.

Las medidas previstas en esta Orden deben observarse estrictamente en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tercero. 
Obligaciones de precaución y colaboración y confinamiento de las personas afectadas.

1. En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia

COVID-19, todos los ciudadanos deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante de la pandemia.

2. Conforme a la normativa de salud pública, todos los ciudadanos tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución.

3. En virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o de las actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de los brotes epidémicos de la pandemia COVID-19, las personas afectadas tendrán la siguiente obligación de confinamiento:

4. La duración del confinamiento vendrá determinada por la situación concreta de cada caso según las indicaciones de la autoridad o los servicios sanitarios conforme a los protocolos acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

5. La obligación de confinamiento, en la modalidad que proceda, se comunicará materialmente, de forma verbal, por medios telemáticos o telefónicos, a la persona o personas afectadas por la autoridad o los servicios afectados y surtirá efecto de inmediato. De la obligación y de la comunicación se dejará constancia en la historia clínica del paciente.

6. Los datos personales resultantes de las actuaciones objeto de este artículo se incluyen entre los aludidos en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), interpretados atendiendo a su considerando 46, dada la actual situación de emergencia sanitaria, por lo que podrán ser comunicados por la autoridad sanitaria o de salud pública al sistema de protección civil y, en particular, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales, utilizando, si es preciso, medios telemáticos que garanticen la actualización permanente y la posibilidad de acceso continuo por parte de la autoridad policial y los servicios competentes para el control de la obligación de confinamiento, incluida la inspección de educación y los servicios públicos de emergencia cuando se les encomiende esta tarea.

7. La obligación de confinamiento se cumplirá, preferentemente, instando la colaboración voluntaria de las personas obligadas. Cuando se nieguen a cumplirla podrá imponerse mediante resoluciones específicas, individuales o colectivas, que, en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se someterán a ratificación judicial conforme a lo establecido en el artículo 8.6, segundo párrafo, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

8. Cualesquiera autoridades y empleados públicos que intervengan en la aplicación de estas medidas quedarán obligados, bajo las responsabilidades que procedan, al tratamiento de los datos personales de conformidad con la normativa de protección de datos y, en especial, con estricta sujeción a lo establecido en el artículo 5 del RGPD, y entre ellos, los de tratamiento de los datos personales con licitud, lealtad, limitación de la finalidad, exactitud y minimización de datos, así como a guardar el secreto.

Cuarto. 
Distancia de seguridad interpersonal y uso obligatorio de mascarillas.

1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros.

2. La obligación contenida en el punto anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

3. Tampoco será exigible en el caso de la práctica deportiva individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

4. La obligación de disponer y utilizar mascarilla establecida en esta Orden tiene carácter personal y es independiente de las obligaciones de prevención de riesgos laborales que, ordinariamente, puedan existir en el ámbito laboral.

5. Cuando no resulte obligatorio conforme a esta Orden, el uso de la mascarilla será igualmente aconsejable para el desarrollo de cualesquiera actividades que comporten interacción social con personas con las que no se conviva. En concreto, se recomienda el uso de la mascarilla en los espacios privados, tanto abiertos como cerrados, cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.

6. Cualquier otra medida establecida en esta Orden se aplicará respetando estrictamente, con efecto limitativo si fuera el caso, lo establecido en este artículo.

7. Esta obligación se establece sin perjuicio del mantenimiento de la regulación del uso de la mascarilla prevista en la Orden VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la nueva normalidad en el ámbito de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en la Orden CDS/569/2020, de 8 de julio, por la que se adoptan medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma, en todo lo que no se oponga a esta Orden.

Quinto. 
Régimen de aforos.

1. Sin perjuicio de la estricta observancia de lo establecido en el artículo anterior, durante la vigencia de esta Orden el aforo de establecimientos y actividades queda fijado en el setenta y cinco por ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que en esta Orden o conforme a la misma se establezca otro específico. A título enunciativo, queda fijado el aforo en el setenta y cinco por ciento en los siguientes supuestos:

2. No obstante, se establecen los siguientes aforos máximos específicos:

3. El aforo ordinariamente aplicable y el resultante de lo establecido en esta Orden, considerando en todo caso las limitaciones derivadas del artículo cuarto, serán expuestos en lugar visible. El titular del establecimiento velará por el recuento y control del aforo, incluyendo en el mismo a los trabajadores, de forma que no sea superado en ningún momento.

4. Al margen de lo señalado en los apartados anteriores, en los eventos de carácter multitudinario se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme a lo previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y su celebración quedará sujeta a la oportuna autorización que, a la vista de la evaluación realizada, se dicte por parte del Servicio Provincial competente del Departamento responsable en materia de salud. Dicha autorización podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas características y riesgos.

Tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos en que la previsión máxima de participación de asistentes sea igual o superior al aforo máximo contemplado en esta Orden para cada actividad, y en especial, entre otros, para espectáculos, eventos deportivos, festejos taurinos o ferias y mercadillos.

5. Al objeto de llevar a cabo la evaluación de riesgo prevista en el apartado anterior, los organizadores del evento deberán elaborar y aportar un plan de actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control previstas para el desarrollo del evento al Servicio Provincial competente, que valorará si las mismas resultan suficientes para asegurar su celebración o si ésta debe quedar condicionada a la adopción de medidas adicionales que permitan su adecuado desarrollo.

6. En aquellos eventos que, pese a no rebasar el número exigido para precisar una autorización expresa, excedan la mitad del aforo máximo autorizado en esta Orden, será precisa la comunicación previa de la celebración del acto al correspondiente Servicio Provincial del Departamento de Sanidad, con indicación de las medidas de prevención y control adoptadas, disponiendo dicha Servicio Provincial de 48 horas para recabar medidas adicionales o acordar, motivadamente, la suspensión de la actividad.

Esta comunicación previa será igualmente exigible para aquellas actividades que cuenten con afluencia significativa de público y que no tengan establecido un aforo máximo definido.

7. No tendrán la consideración de eventos multitudinarios los actos culturales incluidos en la programación ordinaria habitual de los locales y establecimientos culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, salas de conciertos, salsas de exposiciones, salas de conferencias y otros espacios de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea cultural y cuenten con protocolos suficientes para el desarrollo de su actividad.

8. Las reuniones sociales no podrán superar el número de cincuenta personas, cuando tengan lugar en espacio cerrado, ni el de cien personas, cuando se produzca al aire libre.

Se entiende por reuniones sociales las referidas a encuentros o celebraciones en el ámbito privado o familiar, como encuentros de amigos, celebraciones familiares, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, funerales y otras de análoga naturaleza.

No revestirán la condición de reuniones sociales aquellas otras reuniones que respondan a actividades de carácter institucional, profesional, económico, cultural, religioso u asociativo, propias de entidades de dicha naturaleza, reguladas de forma específica en esta Orden.

9. El ejercicio de las facultades inspectoras y, en su caso, sancionadoras en materia de aforos se regirá por su normativa específica tomando como aforo máximo el resultante de ésta, de los correspondientes títulos habilitantes, incluidas las licencias provisionales otorgadas, y de lo establecido en esta Orden.

Sexto. 
Medidas generales higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades.

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que pudieran establecerse, serán aplicables a todos los establecimientos y actividades las medidas de higiene y prevención establecidas en el anexo I de esta Orden.

Séptimo. 
Medidas higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades específicos.

Además de las medidas generales del anexo I, los establecimiento y actividades deberán respetar las medidas de higiene y prevención que se establecen en el anexo II de esta Orden.

Octavo. 
Centros de trabajo.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con su servicio de salud, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

Noveno. 
Centros, servicios y establecimientos sanitarios.

1. Los titulares de los centros, servicios y establecimientos sanitarios adoptarán las medidas organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los pacientes. Asimismo, garantizarán la disponibilidad de los materiales de protección necesarios en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e instalación.

2. En relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios del servicio aragonés de salud, dichas medidas se adoptarán mediante Resolución del Servicio Aragonés de

Salud o, en su caso, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

3. En todo caso, se garantizarán los medios y capacidades del Sistema de Salud de Aragón para el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, aprobado por el Ministerio de Sanidad con fecha 16 de julio de 2020.

Décimo. 
Centros docentes.

1. El inicio del curso escolar 2020/2021, en todos los niveles y etapas educativas que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será presencial en un contexto de normalidad que permitirá recuperar los déficits de enseñanza-aprendizaje que se han presentado a causa de la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial en todos los ámbitos de actuación del sistema educativo.

2. Los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los de las Universidades, adoptarán las medidas necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros conforme a lo establecido en esta Orden.

3. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio en el marco de lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y, en su caso, de las instrucciones que pudiera adoptar conforme a sus competencias la Administración General del Estado o, en su caso, acordarse con ésta en los órganos de colaboración competentes.

4. El Departamento competente en materia de educación, previo informe de la Dirección

General de Salud Pública, dictará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los criterios establecidos en esta Orden en todos los centros docentes que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Undécimo. 
Servicios sociales.

1. Los Departamentos competentes en materia de sanidad y de servicios sociales velarán por la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de menores, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema del servicio aragonés de salud, dictando a tal efecto las instrucciones necesarias.

2. Los titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día tendrán las siguientes obligaciones:

3. La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios

Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

4. El Departamento competente en materia de servicios sociales, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, dictará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los criterios establecidos en esta Orden. Las instrucciones de coordinación con el servicio aragonés de salud podrán dictarse juntamente con el Departamento competente en materia de sanidad.

Decimosegundo. 
Medidas de prevención sobre trabajadores temporales agrarios.

Continuará siendo de aplicación la Orden SAN/413/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad de trabajadores temporales agrarios en la campaña de recolección de la fruta en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Decimotercero. 
Realización de pruebas diagnósticas.

1. Toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada, que plantee la realización o compra de pruebas diagnósticas fuera del ámbito del Sistema Público de Salud de Aragón deberá ajustarse a los siguientes criterios:

2. Queda prohibida la realización de pruebas con carácter poblacional o comunitario sin la indicación de las autoridades sanitarias.

3. En caso de brote epidémico, y por indicación de la autoridad sanitaria, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo, residentes en centros sociales o sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.).

Decimocuarto. 
Medidas de desarrollo y de ámbito territorial.

1. Los órganos competentes en cada caso podrán adoptar, previo informe de la Dirección

General de Salud Pública, los criterios precisos para el cumplimiento de las medidas establecidas en esta Orden.

2. Para la difusión de las medidas establecidas en esta Orden y, en su caso, en los instrumentos que la desarrollen, podrán adoptarse planes de contingencia, protocolos o guías de actuación adaptados a cada sector de actividad con objeto de facilitar su aplicación.

3. La autoridad sanitaria podrá adoptar medidas específicas en aquellas unidades territoriales, sean comarcas o municipios, que lo requieran por su concreta situación epidemiológica.

Decimoquinto. 
Inspección y control.

1. Los servicios de inspección estatales, autonómicos y locales que resulten competentes en cada caso, las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su normativa reguladora, velarán por el cumplimiento de las medidas contempladas en esta Orden.

2. Mediante Orden del titular del Departamento competente en materia de sanidad, a propuesta motivada de la Dirección General de Salud Pública, podrá suspenderse la apertura de cualquier establecimiento o la realización de cualquier actividad que pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando la actividad de que se trate.

3. Los servicios de inspección, así como las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ejercicio de sus competencias y sin perjuicio del levantamiento de actas o formulación de denuncias que consideren procedentes, deberán adoptar las medidas necesarias para corregir aquellas situaciones que supongan un manifiesto incumplimiento de las normas establecidas en la presente Orden, cuando impliquen riesgo para la salud pública, además de la posible adopción de medidas especiales y cautelares, de acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.

Decimosexto. 
Régimen sancionador.

1. Las acciones u omisiones constitutivas de infracción administrativa en que se pueda incurrir por vulneración de la normativa sectorial aplicable, en los términos resultantes de esta Orden, serán sancionadas conforme a dicha normativa por los órganos ordinariamente competentes.

2. Las acciones u omisiones que contravengan las medidas incluidas en esta Orden, así como las previstas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cuando constituyan infracciones administrativas previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, o en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, u otras normas de rango legal que puedan dictarse, serán sancionadas conforme a lo previsto en dichas normas, correspondiendo la competencia para la imposición de sanciones a los Alcaldes, a los órganos competentes del Departamento responsable en materia de salud o a los órganos de la Administración General del Estado, conforme a lo establecido en dichas Leyes.

3. Las acciones u omisiones que incumplan las medidas incluidas en esta Orden, así como las previstas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cuando constituyan infracciones administrativas previstas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, o en la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, serán sancionados conforme a lo previsto en dichas normas, correspondiendo la competencia para la imposición de las sanciones que pudieran proceder a los órganos del Departamento responsable en materia de salud pública.

4. Los órganos administrativos que instruyan y resuelvan los procedimientos sancionadores tramitados con motivo del incumplimiento de las medidas de salud pública establecidas en esta Órdenes atenderán, tanto para la calificación de las infracciones administrativas como para la graduación de la sanción correspondiente, a criterios de riesgo para la salud, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

5. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, y siempre que concurran razones objetivas que lo justifiquen, los órganos del Departamento responsable de salud podrán delegar el ejercicio de la competencia sancionadora en otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma que, por su competencia material, resulten idóneos para asumir dicho ejercicio.

Decimoséptimo. 
Coste de adopción de las medidas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, los gastos derivados de la adopción de las medidas previstas en esta Orden correrán a cargo de la persona o empresa responsable.

Decimoctavo. 
Derogación.

1. Quedan derogadas las siguientes órdenes:

2. Quedan derogadas igualmente todas aquellas normas de igual rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Decimonoveno. 
Régimen de centros sanitarios, educativos y sociales.

Respecto a las resoluciones a las que se refieren los artículos noveno, décimo y undécimo de esta Orden, continuarán en vigor todas aquellas que actualmente rigen la actividad en los centros a los que se refieren dichos artículos, en tanto no se vean modificadas por normas posteriores.

Vigésimo. 
Publicación y efectos.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y mantendrá su vigencia hasta que el Gobierno de España declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.

La Consejera de Sanidad, SIRA REPOLLÉS LASHERAS