Activación por parte del Consejo de la UE de asistencia urgente destinada a financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID‐19


Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID-19.

Vigente desde 15/04/2020 | DOUE 117/2020 de 15 de Abril de 2020

Este Reglamento activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369 para permitir financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID‐19 durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2022.

En esta línea se establecen:

- las acciones elegibles: por ejemplo, asistencia, socorro y operaciones de protección con el fin de salvar y preservar vidas humanas durante las catástrofes o inmediatamente después de las mismas o cualquier otro gasto directamente ligado a la prestación de la asistencia urgente.

- los tipos de intervención financiera: la financiación se puede ejecutar mediante gestión directa, concedida por la Comisión sin necesidad de convocatoria de propuestas, o indirecta con cargo al presupuesto general de la Unión y mediante las contribuciones que puedan realizar los Estados miembros y otros donantes públicos o privados.

- los procedimientos de ejecución: la asistencia urgente puede prestarse mediante contratación conjunta con Estados miembros, mediante contratación por parte de la Comisión en nombre de Estados miembros o mediante contratación por parte de la Comisión, como mayorista, para la reventa o donación de suministros y servicios, incluidos los de alquiler, a Estados miembros o a organizaciones asociadas seleccionadas por la propia Comisión.

Por otro lado, el Reglamento establece que todas las capacidades del Mecanismo de Protección Civil de la Unión pueden utilizarse en el contexto de la adquisición y entrega de productos médicos de respuesta sanitaria con arreglo a los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 122, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) La crisis de la COVID‐19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha afectado de manera impactante a la sociedad y la economía de la Unión y exigido a los Estados miembros la adopción de un conjunto de medidas excepcionales.

(2) Además de los efectos económicos y sociales de la pandemia, la crisis ha sometido a los sistemas sanitarios de los Estados miembros a una presión extrema. Los Estados miembros deben hacer frente a un aumento de la demanda, sobre todo de equipos y suministros médicos, de servicios públicos esenciales y de las capacidades de producción de ese tipo de material.

(3) Se requieren medidas rápidas y diversificadas que permitan a la Unión en su conjunto hacer frente a la crisis con espíritu de solidaridad, dentro de las limitaciones ocasionadas por la rápida propagación del virus. En particular, dichas medidas deben aspirar a preservar la vida, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y proteger la dignidad humana, dondequiera que surja la necesidad como resultado de la actual crisis de la COVID‐19.

(4) La naturaleza y las consecuencias del brote de COVID‐19 son de amplia escala y transnacionales, motivo por el que requieren una respuesta global. Las medidas previstas en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión («rescEU»), establecido por la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en los demás instrumentos de la Unión tienen un alcance limitado y, por lo tanto, no permiten dar una respuesta suficiente ni hacer frente con eficacia a las consecuencias a gran escala de la crisis de la COVID‐19 en la Unión.

(5) Es necesario, por lo tanto, activar la asistencia urgente contemplada en el Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo
.(2)

(6) A fin de aportar la flexibilidad necesaria para garantizar una respuesta prolongada y coordinada en circunstancias imprevistas, como las generadas por la crisis de la COVID‐19, por ejemplo en el suministro de material médico y medicamentos, medidas de recuperación e investigación médica pertinente, es necesario asegurar, no obstante lo dispuesto en el artículo 114, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que los compromisos presupuestarios contraídos durante el período de activación puedan utilizarse para contraer compromisos jurídicos durante la totalidad del período de activación. Todo ello sin perjuicio de la obligación de cubrir los costes de los correspondientes compromisos jurídicos contraídos tras el período de activación de conformidad con la regla n+1 establecida en el mencionado párrafo. Los gastos efectuados en virtud de esos compromisos jurídicos deben ser subvencionables durante todo su período de aplicación.

(7) A fin de garantizar la igualdad de trato y de condiciones a los Estados miembros, es necesario permitir que los costes sean subvencionables con carácter retroactivo a partir de la fecha de activación de la asistencia urgente, incluso para las acciones ya finalizadas, siempre que hayan comenzado después de esa fecha.

(8) Para preservar la naturaleza subsidiaria de la asistencia urgente prestada en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, esa ayuda debe tener un carácter estrictamente complementario de cualquier ayuda que se haya facilitado en virtud de otros instrumentos de la Unión.

(9) Ha quedado patente, en el contexto de la crisis provocada por la COVID‐19, que es necesario ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/369 para aportar financiación que permita cubrir las necesidades urgentes de equipo y material médico, como respiradores, ventiladores y equipos de protección, material químico para pruebas, costes de desarrollo, producción y distribución de medicamentos, y otros suministros y materiales. Debe también ser posible financiar medidas que faciliten los pasos necesarios para obtener la aprobación de la utilización de productos médicos.

(10) Para aliviar la fuerte tensión a la que están sometidos tanto el personal sanitario como los recursos estatales debido a la insuficiencia de capacidad de los servicios públicos esenciales, y para mantener la viabilidad del sistema de asistencia sanitaria, es preciso apoyar financiera u organizativamente el refuerzo temporal y el intercambio de profesionales del sector médico, así como el tratamiento de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

(11) La ayuda financiera debe alcanzar también a la formación de los profesionales de la atención sanitaria y la logística a fin de luchar contra la falsificación de material sanitario.

(12) Habida cuenta de las profundas consecuencias de la COVID‐19, se requiere el compromiso rápido e integral de todos los interlocutores pertinentes, como las autoridades públicas, los proveedores de asistencia primaria y hospitalaria y las residencias asistenciales, tanto públicos como privados. Es preciso desplegar actividades que alivien la presión que sufre la infraestructura sanitaria y presten apoyo a los grupos de personas vulnerables en situación de riesgo.

(13) Para hacer frente a la escasez de suministros, deben reforzarse las capacidades de producción de productos médicos esenciales como medicamentos, pruebas de diagnóstico, material de laboratorio y equipos de protección, y debe aportarse la financiación necesaria que permita mantener existencias de estos productos.

(14) Es preciso sostener con medios financieros, organizativos o de ambos tipos los métodos de prueba adicionales o alternativos con el fin de aumentar la capacidad y reforzar la investigación médica pertinente.

(15) Los órganos de contratación de los Estados miembros se enfrentan a considerables dificultades jurídicas y prácticas a la hora de adquirir suministros o contratar servicios en situaciones de emergencia. A fin de permitir que aprovechen al máximo el potencial del mercado interior en términos de economías de escala y reparto de riesgos y beneficios, es de suma importancia ampliar las posibilidades para que la Comisión compre suministros o contrate servicios en nombre de Estados miembros. Debe, por lo tanto, habilitarse a la Comisión para que lleve a cabo los procedimientos de contratación pertinentes. Cuando un órgano de contratación dirija determinadas partes del procedimiento de contratación, por ejemplo la convocatoria de una nueva licitación basada en un acuerdo marco o la adjudicación de contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición, ese órgano sería responsable de las etapas que dirija.

(16) En situaciones de emergencia, cuando sea necesario llevar a cabo una contratación conjunta entre la Comisión y uno o varios órganos de contratación de Estados miembros, debe permitirse que Estados miembros adquieran, alquilen o arrienden financieramente en su totalidad las capacidades contratadas conjuntamente.

(17) La Comisión debe estar autorizada para comprar y almacenar suministros y servicios, incluidos los de alquiler, y para revenderlos y donarlos a los Estados miembros o a las organizaciones asociadas que ella misma seleccione.

(18) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/369 en consecuencia.

(19) Los Estados miembros han declarado, como partes en el acuerdo de adquisición conjunta a que se refiere el artículo 5 de la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), estar de acuerdo en que los procedimientos de adquisición conjunta en curso con arreglo a dicho artículo se incluyan en el procedimiento acelerado de contratación establecido por el presente Reglamento, en las condiciones en este establecidas. El tipo de productos médicos de respuesta sanitaria que debe adjudicarse y su distribución a los Estados miembros debe ajustarse a los acuerdos alcanzados con arreglo a los procedimientos en curso mencionados.

(20) La adjudicación y ejecución inmediatas de los contratos derivados de procedimientos de contratación llevados a cabo a efectos del presente Reglamento están justificadas habida cuenta de la extrema urgencia de la crisis sanitaria actual. Para esta finalidad concreta, es necesario permitir excepciones a disposiciones específicas del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y de la Decisión n.º 1082/2013/UE, las cuales deberán estar debidamente documentadas por el órgano de contratación. La distribución de productos médicos de respuesta sanitaria con arreglo a estos procedimientos de contratación debe respetar la clave de reparto que puedan haber acordado los Estados miembros. Los Estados del EEE signatarios del acuerdo de adquisición conjunta para la adquisición de productos médicos de respuesta sanitaria podrán acordar que su participación en las contrataciones de productos médicos de respuesta sanitaria gestionadas por la UE esté sujeta, según proceda, a las normas y condiciones establecidas en el presente Reglamento. Dado que estas excepciones se introducen como consecuencia de la actual crisis de COVID‐19, tienen carácter temporal y deben aplicarse durante el mismo período en el que se active la asistencia urgente en virtud del presente Reglamento.

(21) Solo se podrá aprovechar plenamente el potencial de dichas medidas si los productos médicos de respuesta sanitaria adquiridos por procedimientos acelerados y conjuntos llegan sin demora a los servicios sanitarios de los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deberán mantener los flujos esenciales de transporte, en concreto utilizando los carriles prioritarios designados y los carriles verdes en los pasos fronterizos a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE‐T), y facilitar las operaciones de transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID‐19. En caso necesario, deben utilizarse los recursos de transporte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Para este fin específico, es necesario disponer una excepción a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, de la Decisión n.º 1313/2013/UE.

(22) Dada la situación relacionada con la crisis de la COVID‐19, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente.

(23) A fin de garantizar la igualdad de trato y de condiciones a los Estados miembros y de proporcionar cobertura, con independencia de cuándo se haya producido el brote en un Estado miembro determinado, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de febrero de 2020.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 122, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) La crisis de la COVID‐19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha afectado de manera impactante a la sociedad y la economía de la Unión y exigido a los Estados miembros la adopción de un conjunto de medidas excepcionales.

(2) Además de los efectos económicos y sociales de la pandemia, la crisis ha sometido a los sistemas sanitarios de los Estados miembros a una presión extrema. Los Estados miembros deben hacer frente a un aumento de la demanda, sobre todo de equipos y suministros médicos, de servicios públicos esenciales y de las capacidades de producción de ese tipo de material.

(3) Se requieren medidas rápidas y diversificadas que permitan a la Unión en su conjunto hacer frente a la crisis con espíritu de solidaridad, dentro de las limitaciones ocasionadas por la rápida propagación del virus. En particular, dichas medidas deben aspirar a preservar la vida, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y proteger la dignidad humana, dondequiera que surja la necesidad como resultado de la actual crisis de la COVID‐19.

(4) La naturaleza y las consecuencias del brote de COVID‐19 son de amplia escala y transnacionales, motivo por el que requieren una respuesta global. Las medidas previstas en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión («rescEU»), establecido por la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en los demás instrumentos de la Unión tienen un alcance limitado y, por lo tanto, no permiten dar una respuesta suficiente ni hacer frente con eficacia a las consecuencias a gran escala de la crisis de la COVID‐19 en la Unión.

(5) Es necesario, por lo tanto, activar la asistencia urgente contemplada en el Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo
.(2)

(6) A fin de aportar la flexibilidad necesaria para garantizar una respuesta prolongada y coordinada en circunstancias imprevistas, como las generadas por la crisis de la COVID‐19, por ejemplo en el suministro de material médico y medicamentos, medidas de recuperación e investigación médica pertinente, es necesario asegurar, no obstante lo dispuesto en el artículo 114, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que los compromisos presupuestarios contraídos durante el período de activación puedan utilizarse para contraer compromisos jurídicos durante la totalidad del período de activación. Todo ello sin perjuicio de la obligación de cubrir los costes de los correspondientes compromisos jurídicos contraídos tras el período de activación de conformidad con la regla n+1 establecida en el mencionado párrafo. Los gastos efectuados en virtud de esos compromisos jurídicos deben ser subvencionables durante todo su período de aplicación.

(7) A fin de garantizar la igualdad de trato y de condiciones a los Estados miembros, es necesario permitir que los costes sean subvencionables con carácter retroactivo a partir de la fecha de activación de la asistencia urgente, incluso para las acciones ya finalizadas, siempre que hayan comenzado después de esa fecha.

(8) Para preservar la naturaleza subsidiaria de la asistencia urgente prestada en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, esa ayuda debe tener un carácter estrictamente complementario de cualquier ayuda que se haya facilitado en virtud de otros instrumentos de la Unión.

(9) Ha quedado patente, en el contexto de la crisis provocada por la COVID‐19, que es necesario ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/369 para aportar financiación que permita cubrir las necesidades urgentes de equipo y material médico, como respiradores, ventiladores y equipos de protección, material químico para pruebas, costes de desarrollo, producción y distribución de medicamentos, y otros suministros y materiales. Debe también ser posible financiar medidas que faciliten los pasos necesarios para obtener la aprobación de la utilización de productos médicos.

(10) Para aliviar la fuerte tensión a la que están sometidos tanto el personal sanitario como los recursos estatales debido a la insuficiencia de capacidad de los servicios públicos esenciales, y para mantener la viabilidad del sistema de asistencia sanitaria, es preciso apoyar financiera u organizativamente el refuerzo temporal y el intercambio de profesionales del sector médico, así como el tratamiento de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

(11) La ayuda financiera debe alcanzar también a la formación de los profesionales de la atención sanitaria y la logística a fin de luchar contra la falsificación de material sanitario.

(12) Habida cuenta de las profundas consecuencias de la COVID‐19, se requiere el compromiso rápido e integral de todos los interlocutores pertinentes, como las autoridades públicas, los proveedores de asistencia primaria y hospitalaria y las residencias asistenciales, tanto públicos como privados. Es preciso desplegar actividades que alivien la presión que sufre la infraestructura sanitaria y presten apoyo a los grupos de personas vulnerables en situación de riesgo.

(13) Para hacer frente a la escasez de suministros, deben reforzarse las capacidades de producción de productos médicos esenciales como medicamentos, pruebas de diagnóstico, material de laboratorio y equipos de protección, y debe aportarse la financiación necesaria que permita mantener existencias de estos productos.

(14) Es preciso sostener con medios financieros, organizativos o de ambos tipos los métodos de prueba adicionales o alternativos con el fin de aumentar la capacidad y reforzar la investigación médica pertinente.

(15) Los órganos de contratación de los Estados miembros se enfrentan a considerables dificultades jurídicas y prácticas a la hora de adquirir suministros o contratar servicios en situaciones de emergencia. A fin de permitir que aprovechen al máximo el potencial del mercado interior en términos de economías de escala y reparto de riesgos y beneficios, es de suma importancia ampliar las posibilidades para que la Comisión compre suministros o contrate servicios en nombre de Estados miembros. Debe, por lo tanto, habilitarse a la Comisión para que lleve a cabo los procedimientos de contratación pertinentes. Cuando un órgano de contratación dirija determinadas partes del procedimiento de contratación, por ejemplo la convocatoria de una nueva licitación basada en un acuerdo marco o la adjudicación de contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición, ese órgano sería responsable de las etapas que dirija.

(16) En situaciones de emergencia, cuando sea necesario llevar a cabo una contratación conjunta entre la Comisión y uno o varios órganos de contratación de Estados miembros, debe permitirse que Estados miembros adquieran, alquilen o arrienden financieramente en su totalidad las capacidades contratadas conjuntamente.

(17) La Comisión debe estar autorizada para comprar y almacenar suministros y servicios, incluidos los de alquiler, y para revenderlos y donarlos a los Estados miembros o a las organizaciones asociadas que ella misma seleccione.

(18) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/369 en consecuencia.

(19) Los Estados miembros han declarado, como partes en el acuerdo de adquisición conjunta a que se refiere el artículo 5 de la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), estar de acuerdo en que los procedimientos de adquisición conjunta en curso con arreglo a dicho artículo se incluyan en el procedimiento acelerado de contratación establecido por el presente Reglamento, en las condiciones en este establecidas. El tipo de productos médicos de respuesta sanitaria que debe adjudicarse y su distribución a los Estados miembros debe ajustarse a los acuerdos alcanzados con arreglo a los procedimientos en curso mencionados.

(20) La adjudicación y ejecución inmediatas de los contratos derivados de procedimientos de contratación llevados a cabo a efectos del presente Reglamento están justificadas habida cuenta de la extrema urgencia de la crisis sanitaria actual. Para esta finalidad concreta, es necesario permitir excepciones a disposiciones específicas del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y de la Decisión n.º 1082/2013/UE, las cuales deberán estar debidamente documentadas por el órgano de contratación. La distribución de productos médicos de respuesta sanitaria con arreglo a estos procedimientos de contratación debe respetar la clave de reparto que puedan haber acordado los Estados miembros. Los Estados del EEE signatarios del acuerdo de adquisición conjunta para la adquisición de productos médicos de respuesta sanitaria podrán acordar que su participación en las contrataciones de productos médicos de respuesta sanitaria gestionadas por la UE esté sujeta, según proceda, a las normas y condiciones establecidas en el presente Reglamento. Dado que estas excepciones se introducen como consecuencia de la actual crisis de COVID‐19, tienen carácter temporal y deben aplicarse durante el mismo período en el que se active la asistencia urgente en virtud del presente Reglamento.

(21) Solo se podrá aprovechar plenamente el potencial de dichas medidas si los productos médicos de respuesta sanitaria adquiridos por procedimientos acelerados y conjuntos llegan sin demora a los servicios sanitarios de los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deberán mantener los flujos esenciales de transporte, en concreto utilizando los carriles prioritarios designados y los carriles verdes en los pasos fronterizos a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE‐T), y facilitar las operaciones de transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID‐19. En caso necesario, deben utilizarse los recursos de transporte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Para este fin específico, es necesario disponer una excepción a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, de la Decisión n.º 1313/2013/UE.

(22) Dada la situación relacionada con la crisis de la COVID‐19, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente.

(23) A fin de garantizar la igualdad de trato y de condiciones a los Estados miembros y de proporcionar cobertura, con independencia de cuándo se haya producido el brote en un Estado miembro determinado, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de febrero de 2020.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1. 

Queda activada la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369 para permitir financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID‐19 durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2022.

Artículo 2. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 114, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, los compromisos presupuestarios globales que den lugar a gastos en concepto de asistencia en virtud del Reglamento (UE) 2016/369 cubrirán el coste total de los correspondientes compromisos jurídicos contraídos hasta el final del período de activación a que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento, sin perjuicio de la obligación de cubrir los costes de los correspondientes compromisos jurídicos contraídos tras el período de activación de conformidad con la regla n+1 establecida en el artículo 114, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Los gastos serán subvencionables a partir de la fecha de activación de la asistencia urgente contemplada en el artículo 1.

No obstante lo dispuesto en el artículo 193, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, podrá concederse subvenciones a acciones ya finalizadas antes del 15 de abril de 2020, siempre que esas acciones se hayan iniciado después de la fecha de activación a que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 3. 

El Reglamento (UE) 2016/369 se modifica como sigue:

1) Los artículos 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

2) En el artículo 5, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

3) Se añade el anexo siguiente:

Artículo 4. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, de la Decisión n.º 1313/2013/UE, todas las capacidades del Mecanismo de Protección Civil de la Unión podrán utilizarse en el contexto de la adquisición y entrega de productos médicos de respuesta sanitaria con arreglo a los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 172, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, el órgano de contratación estará autorizado a solicitar la entrega de los bienes o servicios desde la fecha de envío de los proyectos de contrato resultantes de los procedimientos de contratación llevados a cabo a efectos del presente Reglamento. Los proyectos de contratos se enviarán a más tardar a las veinticuatro horas de la adjudicación.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 172, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Comisión podrá modificar los contratos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo en la medida necesaria para adaptarlos a la evolución de la crisis sanitaria actual.

4. No obstante lo dispuesto en el anexo I, capítulo 1, sección 2, punto 30, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, a efectos de la adjudicación de los contratos mencionados en el apartado 2 del presente artículo, el ordenador competente podrá unificar en un solo documento el contenido del informe de la evaluación y la decisión de adjudicación, y firmarlo. La firma electrónica a que se refiere el anexo I, capítulo 1, sección 2, punto 30, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y las firmas de los contratos subsiguientes podrán sustituirse por una confirmación mediante correo electrónico seguro o, simplemente, con una firma escaneada.

5. Según convenga, las excepciones establecidas en los apartados 1 a 4 del presente artículo, así como las excepciones necesarias al acuerdo de adquisición conjunta a que se refiere el artículo 5 de la Decisión n.º 1082/2013/UE, se aplicarán a todos los procedimientos de adquisición de productos médicos de respuesta sanitaria, nuevos o en vigor, en el momento en que entre en vigor el presente Reglamento, con el fin de adjudicarlos sobre la base de las ofertas evaluadas en un plazo de veinticuatro horas.

6. Las excepciones contempladas en el presente artículo se aplicarán hasta 31 de enero de 2022.

Artículo 5. 
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable desde el 1 de febrero de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de abril de 2020.

Por el Consejo

El Presidente

G. GRLIĆ RADMAN