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Modificación del Reglamento Regulador del derecho de admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León


Decreto 12/2019, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

Vigente desde 07/05/2019 | BOCL 84/2019 de 6 de Mayo de 2019

La modificación que aborda la presente norma viene a adaptar el citado reglamento a la modificación del apartado 3 del artículo 21 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, realizada por la Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, siendo necesario modificar, por este motivo, los artículos 1, 4, 5 y 6 del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre.

El objetivo principal que esta modificación persigue es la reducción de cargas administrativas mediante la sustitución de la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una comunicación de las condiciones particulares de admisión en establecimientos públicos, espectáculos públicos o actividades recreativas en la Comunidad de Castilla y León.

Por otro lado, en coherencia con la normativa sectorial correspondiente, relativa a la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y a la protección de animales de compañía, se actualiza la excepción contenida en la letra f) del artículo 3, respecto a la limitación de acceso y permanencia en los establecimientos públicos de quien se acompañe de animales.

El artículo 70.1.32.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En el ejercicio de dicha competencia, se aprobó la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. El artículo 21 de dicha ley, referido al derecho de admisión, remite a posterior desarrollo reglamentario el posible establecimiento de condiciones de admisión particulares para el normal desarrollo del espectáculo o actividad.

En desarrollo de tal previsión, se dictó el Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

La modificación que aborda la presente norma viene a adaptar el citado reglamento a la modificación del apartado 3 del artículo 21 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, realizada por la Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, siendo necesario modificar, por este motivo, los artículos 1, 4, 5 y 6 del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre.

El objetivo principal que esta modificación persigue es la reducción de cargas administrativas mediante la sustitución de la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una comunicación de las condiciones particulares de admisión en establecimientos públicos, espectáculos públicos o actividades recreativas en la Comunidad de Castilla y León.

Por otro lado, en coherencia con la normativa sectorial correspondiente, relativa a la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y a la protección de animales de compañía, se actualiza la excepción contenida en la letra f) del artículo 3, respecto a la limitación de acceso y permanencia en los establecimientos públicos de quien se acompañe de animales.

El presente decreto se estructura en un artículo único, que recoge en cinco apartados diferenciados las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, y en una disposición final que determina su entrada en vigor.

El presente decreto se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud del principio de necesidad, el presente decreto se ha elaborado a fin de adecuar el régimen del derecho de admisión a los cambios normativos operados en la redacción de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, como consecuencia de la modificación de la Ley 6/2017, de 20 de octubre, siendo su objeto, vinculado al principio de eficacia, la reducción de cargas administrativas. Se sustituye, por lo tanto, la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una comunicación de las condiciones particulares de admisión, actualizándose a su vez, la excepción relativa a la limitación de acceso y permanencia en los establecimientos públicos de quien se acompañe de animales.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se han valorado distintas alternativas, aprobar un nuevo decreto o no llevar a cabo ninguna modificación, si bien, finalmente se ha optado por una modificación parcial del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, ya que la regulación que dicha modificación contiene, es la imprescindible para atender al fin que la justifica, en cumplimiento de la minimización de cargas administrativas que la citada Ley 6/2017, de 20 de octubre, persigue.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este decreto se integra en un marco normativo coherente, de acuerdo con la normativa anteriormente citada, facilitando la actuación y toma de decisiones de las personas potencialmente destinatarias.

En aplicación del principio de transparencia, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se llevó a cabo una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, habiéndose sometido, asimismo, a los tramites de información pública, gobierno abierto y audiencia a los interesados. Este decreto ha sido informado, en su reunión de 6 de noviembre de 2018, por la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.c) de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

Por último, la regulación contenida en el decreto contribuye a hacer efectivo el principio de eficiencia, toda vez que tanto la sustitución de la autorización administrativa por la presentación de la comunicación en lo que a las condiciones particulares de admisión se refiere, como la disminución de la documentación a aportar, supone una reducción de las cargas administrativas redundando en una más correcta racionalización de los recursos públicos.

Este proyecto ha sido informado por la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, así como por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de mayo de 2019

DISPONE

El artículo 70.1.32.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En el ejercicio de dicha competencia, se aprobó la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. El artículo 21 de dicha ley, referido al derecho de admisión, remite a posterior desarrollo reglamentario el posible establecimiento de condiciones de admisión particulares para el normal desarrollo del espectáculo o actividad.

En desarrollo de tal previsión, se dictó el Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

La modificación que aborda la presente norma viene a adaptar el citado reglamento a la modificación del apartado 3 del artículo 21 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, realizada por la Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, siendo necesario modificar, por este motivo, los artículos 1, 4, 5 y 6 del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre.

El objetivo principal que esta modificación persigue es la reducción de cargas administrativas mediante la sustitución de la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una comunicación de las condiciones particulares de admisión en establecimientos públicos, espectáculos públicos o actividades recreativas en la Comunidad de Castilla y León.

Por otro lado, en coherencia con la normativa sectorial correspondiente, relativa a la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y a la protección de animales de compañía, se actualiza la excepción contenida en la letra f) del artículo 3, respecto a la limitación de acceso y permanencia en los establecimientos públicos de quien se acompañe de animales.

El presente decreto se estructura en un artículo único, que recoge en cinco apartados diferenciados las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, y en una disposición final que determina su entrada en vigor.

El presente decreto se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud del principio de necesidad, el presente decreto se ha elaborado a fin de adecuar el régimen del derecho de admisión a los cambios normativos operados en la redacción de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, como consecuencia de la modificación de la Ley 6/2017, de 20 de octubre, siendo su objeto, vinculado al principio de eficacia, la reducción de cargas administrativas. Se sustituye, por lo tanto, la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una comunicación de las condiciones particulares de admisión, actualizándose a su vez, la excepción relativa a la limitación de acceso y permanencia en los establecimientos públicos de quien se acompañe de animales.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se han valorado distintas alternativas, aprobar un nuevo decreto o no llevar a cabo ninguna modificación, si bien, finalmente se ha optado por una modificación parcial del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, ya que la regulación que dicha modificación contiene, es la imprescindible para atender al fin que la justifica, en cumplimiento de la minimización de cargas administrativas que la citada Ley 6/2017, de 20 de octubre, persigue.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este decreto se integra en un marco normativo coherente, de acuerdo con la normativa anteriormente citada, facilitando la actuación y toma de decisiones de las personas potencialmente destinatarias.

En aplicación del principio de transparencia, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se llevó a cabo una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, habiéndose sometido, asimismo, a los tramites de información pública, gobierno abierto y audiencia a los interesados. Este decreto ha sido informado, en su reunión de 6 de noviembre de 2018, por la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.c) de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

Por último, la regulación contenida en el decreto contribuye a hacer efectivo el principio de eficiencia, toda vez que tanto la sustitución de la autorización administrativa por la presentación de la comunicación en lo que a las condiciones particulares de admisión se refiere, como la disminución de la documentación a aportar, supone una reducción de las cargas administrativas redundando en una más correcta racionalización de los recursos públicos.

Este proyecto ha sido informado por la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, así como por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de mayo de 2019

DISPONE

Artículo Único. 
Modificación del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

El Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La letra b del apartado 1 del artículo 1, queda redactada en los siguientes términos:

Dos. La letra f del artículo 3, queda redactada en los siguientes términos:

Tres. El apartado 1 y la letra b del apartado 2 del artículo 4, quedan redactados en los siguientes términos:

Cuatro. Se modifica el artículo 5 que pasa a tener la siguiente nueva redacción:

Cinco. El apartado 1 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición Final. 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 2 de mayo de 2019.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández