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Modificación del Reglamento de la Ley del suelo de Galicia


Decreto 92/2019, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Vigente desde 20/08/2019 | DOG 144/2019 de 31 de Julio de 2019

Esta norma incorpora al Reglamento de la Ley del suelo de Galicia los principios de necesidad, eficiencia y simplificación administrativa introducidos en nuestra legislación por la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 14/2013, de racionalización del sector público autonómico.

Por lo que respecta al régimen jurídico del suelo urbano, se revisa la definición de los distintos tipos de suelo urbano no consolidado, de manera que resulte más clara la diferenciación entre aquellos en los que sean necesarios procesos de urbanización y aquellos de reforma interior o renovación urbana.

Ahora bien, las principales modificaciones se llevan a cabo en materia de régimen jurídico del suelo rústico para potenciar los usos económicos respetando los valores naturales y culturales subsistentes. En este sentido, se potencia el turismo en el suelo rústico y la rehabilitación de las construcciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo rústico y en el suelo de núcleo rural, y para cualquier uso que no sea incompatible con el medio rural.

En materia de planeamiento urbanístico se clarifica el ámbito de aplicación del Plan básico autonómico, que resulta de aplicación directa en aquellos Ayuntamientos que no cuentan con un instrumento de planeamiento general y de aplicación complementaria en el resto.

Por otro lado, se simplifica el contenido de la documentación que debe constar en los instrumentos de planeamiento.

En otro orden de cosas, se modifica el sistema de expropiación, permitiendo a la Administración expropiante utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones en dicho sistema, todas las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la normativa vigente.

Finalmente, se incorporan sanciones relativas a las condiciones de ornato que deben reunir las edificaciones, construcciones e instalaciones en caso de pintadas u otros actos que causen daños en los bienes, muebles o inmuebles, públicos o privados, en la vía pública y se modifica la regulación del Registro de Solares y la tipificación de las infracciones leves, añadiendo la relativa al incumplimiento del deber de cubrir en el tiempo y en la forma el informe de evaluación de edificios.

I

La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.3 de su Estatuto de autonomía, aprobado mediante la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, tiene la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

En ejercicio de esa atribución competencial, se aprobó la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que establece el marco general para la regulación de la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de Galicia, y que habilita al Consello de la Xunta de Galicia, en su disposición final quinta, para dictar, en el plazo de un año, las disposiciones para su desarrollo reglamentario.

Dando cumplimiento a dicho mandato normativo, se procedió a la aprobación del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que vino a completar el marco normativo existente, por cuanto la aplicación supletoria de los reglamentos estatales de planeamiento y gestión urbanísticos, así como la aplicación directa del reglamento autonómico de disciplina urbanística aprobado en desarrollo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, dado el tiempo transcurrido desde su elaboración y aprobación no resolvían muchos aspectos de las materias que fueron tratadas por las posteriores legislaciones autonómicas, ni recogían, lógicamente, aquellas innovaciones de más calado introducidas por estas.

Con el fin de abordar el desarrollo de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se optó por elaborar un texto que, además de constituir el desarrollo reglamentario propiamente dicho, reprodujo preceptos de la propia ley, facilitando la interpretación y coherencia interna de toda la materia urbanística, lo que supuso, por primera vez, una regulación íntegra, desde el punto de vista del desarrollo reglamentario de la Ley del suelo de Galicia en nuestra comunidad autónoma, de todos los aspectos relacionados con el régimen jurídico del suelo, el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanísticas.

II

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, constituye una regulación que persigue alcanzar el marco de estabilidad que debe presidir la regulación urbanística en nuestra comunidad autónoma. No obstante, el reglamento que la desarrolla constituye un instrumento vivo, dinámico y una herramienta de gran utilidad para los operadores técnicos y jurídicos que lo manejan.

Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación de dicho reglamento puso de manifiesto algunas insuficiencias y dificultades interpretativas por parte de los aplicadores del mismo, que determinan la necesidad de su modificación para proceder a su actualización y mejora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, en todas las iniciativas normativas se justificará su adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficiencia, principios a los que se de la cumplimiento a través de la modificación propuesta.

Así, el cumplimiento del principio de necesidad deriva directamente del mandato normativo por lo que se habilita para el desarrollo reglamentario de la Ley del suelo en su disposición final quinta. Al mismo tiempo, es necesario ahora abordar una modificación de dicha regulación, atendiendo a las necesidades detectadas en la aplicación práctica del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, derivadas de la propia complejidad de la materia, tendente a subsanar aquellos aspectos que se fueron suscitando en la práctica durante su vigencia y que pusieron de manifiesto la necesidad de concretar y matizar aquellas cuestiones que no resultan suficientemente claras, para evitar dudas en su interpretación, lo que contribuirá a garantizar la seguridad jurídica, facilitando así su aplicación. Estas modificaciones, de conformidad con el principio de proporcionalidad, se limitan a lo estrictamente imprescindible para solventar los problemas detectados.

Por otra parte, y a consecuencia de las modificaciones realizadas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, resulta necesario trasladar al nivel normativo del reglamento que desarrolla dicha ley las referidas innovaciones legislativas.

Otro de los principios que inspiran la modificación que se pretende es el de la simplificación administrativa y el interés por la consecución de los principios de agilidad, eficacia y eficiencia en esta materia, sin que ello suponga una merma del respeto a los valores naturales y a la riqueza de nuestro territorio. En aplicación de los principios señalados, la modificación propuesta evita cargas administrativas innecesarias y persigue racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Asimismo, se da también cumplimiento a los principios de transparencia y accesibilidad, presentes en todo el procedimiento de elaboración y tramitación del decreto, promoviendo la más amplia y activa participación pública en su elaboración.

En definitiva, resulta preciso abordar una reforma que conforme una norma reguladora del suelo más clara, que siga contribuyendo y garantizando la protección territorial y el desarrollo urbanístico sostenible, apostando por la defensa y respeto del suelo rústico, y todo ello sin perder de vista su dimensión como suelo productivo y útil, que debe ser recogida y potenciada, así como las actividades que se desarrollan en el mismo.

A estos fines responden las principales líneas en las que se fundamenta la presente modificación del Reglamento que desarrolla la Ley del suelo.

III

En el ámbito de la organización administrativa de los órganos y entidades con competencias urbanísticas y, en concreto, de los órganos y entidades a ellas adscritas, se mejora la regulación del funcionamiento de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, contemplando la posibilidad de delegación de alguno de sus miembros y modificando la regulación de su régimen de constitución y adopción de acuerdos, al establecer la posibilidad de una segunda convocatoria, que hasta ahora no estaba prevista, y en la que se requirirá la presencia de la persona titular de la presidencia y de la secretaría o, en su caso, de aquellas personas que las sustituyan, y, al menos, de un tercio del número legal de sus miembros.

IV

En el régimen jurídico del suelo se revisa la definición de los distintos tipos de suelo urbano no consolidado, de manera que resulte más clara la diferenciación entre aquellos en los que sean necesarios procesos de urbanización, que son los que precisan de una actuación urbanizadora de carácter integral, de los de reforma interior o renovación urbana, que tienen por objeto completar o reformar la urbanización existente, entendiendo como tales conceptos la realización de obras que excedan de las de carácter accesorio y de escasa entidad que se regulan en el artículo 17.a) de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia.

V

En la regulación del régimen jurídico del suelo rústico se concentran algunas de las modificaciones de mayor calado, que siguen la línea del modelo urbanístico ya implantado, que hace un reconocimiento decidido del suelo rústico como el suelo productivo que es, potenciando los usos económicos, sin contradicción con la preservación de los valores naturales y culturales subsistentes.

Como comunidad autónoma eminentemente rural, es necesario asumir que nuestro desarrollo está vinculado indisolublemente a la explotación y gestión sostenible de los recursos naturales. Y, precisamente, se hace una apuesta decidida por revitalizar el rural y mejorar la calidad de vida de las personas que viven, trabajan y sostienen ese medio.

Así, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas agricultoras y ganaderas es necesaria para seguir teniendo un sector agroalimentario fuerte, por cuanto el sector agroganadero que opera en nuestra comunidad autónoma, creando empleo y riqueza, tiene una importancia vital para el mantenimiento de un medio rural vivo y con futuro.

En atención a lo expuesto y, sin perjuicio de la consideración de que el uso residencial constituye, con carácter general, un uso prohibido en el suelo rústico, en la línea de la protección territorial y en la defensa y respeto del suelo rústico, se complementa la regulación del supuesto excepcional de viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias, en el que se considera perfectamente justificable la implantación de ese uso para que la persona agricultora o ganadera pueda vivir en su explotación, ejerciendo funciones de vigilancia, asistencia, gestión o control derivadas o exigidas por las características de la explotación, que son las que justifican la necesidad de la vivienda por su íntima e imprescindible vinculación a la explotación agrícola o ganadera.

Asimismo, se entenderá que existe una íntima e imprescindible vinculación de la edificación a la explotación agrícola o ganadera cuando se destine al alojamiento de personas trabajadoras temporeras, debiendo justificarse, en este caso, que el ciclo de los productos de los que se trate, exige, periódicamente, el trabajo coordinado de personas que la oferta laboral local no puede atender. Fuera de la temporada, estas instalaciones no podrán destinarse al uso residencial, si bien podrán ser objeto de otros usos admitidos en suelo rústico, debidamente autorizados.

Por razones justificadas derivadas de la dimensión y de las características de la explotación, podrá autorizarse una segunda construcción destinada a vivienda, aunque exista una vivienda vinculada a la misma explotación, siempre que se justifique la íntima e imprescindible vinculación de la nueva edificación a la explotación agrícola o ganadera.

Por otra parte, se potencia el turismo en el suelo rústico, especialmente el vinculado a los Caminos de Santiago, concretando el concepto de albergues turísticos vinculados a la red de los Caminos de Santiago, que serán tanto los que alcancen esta categoría por tratarse de albergues de peregrinos de los Caminos de Santiago, en los términos previstos en la normativa vigente en materia de turismo; pero también y, además de los anteriores, aquellos de promoción privada que se emplacen en un ámbito con declaración de bien de interés cultural, en los entornos de protección y zona de amortiguamiento de los Caminos que cuenten con una delimitación aprobada definitivamente conforme con el procedimiento específico, y aquellos albergues que se emplacen en la franja de 30 metros del suelo rústico de cualquier naturaleza, en el supuesto de los Caminos de Santiago que aún no cuentan con dicha delimitación aprobada definitivamente, en los términos señalados en el artículo 66 del Plan básico autonómico de Galicia.

También se concreta lo que debe entenderse por otras instalaciones turísticas en el medio rural que tengan que localizarse inexcusablemente en ese medio concreto, tales como las ubicadas en ámbitos de montaña o de reseñables valores naturales, de tal manera que es precisamente la naturaleza del servicio prestado por la instalación turística pretendida en ese emplazamiento lo que determina la necesidad de su implantación en ese medio concreto.

VI

Sigue apostándose decididamente por la rehabilitación de las construcciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo rústico y en el suelo de núcleo rural, y para cualquier uso que no sea incompatible con el medio rural, en una apuesta decidida por reforzar la recuperación del patrimonio construido. En este punto, la prohibición, con carácter general, de nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico, en el juego combinado con la posibilidad de rehabilitar construcciones tradicionales anteriores al año 1975, consigue una doble finalidad:

– Evita que siga aumentando el problema de la dispersión edificatoria, que tiene como consecuencia el feísmo, y más allá, la dotación ineficiente de servicios en el territorio.

– Permite recuperar y poner en valor la gran riqueza de patrimonio construido en el rural, que de otro modo, se perdería para siempre, y con él una parte importante de nuestra historia, de nuestra memoria, el soporte de nuestra identidad y de nuestra esencia como país.

En definitiva, se persigue evitar seguir ocupando el territorio y aumentando la dispersión poblacional de nuestra comunidad pero, al mismo tiempo, se permite la utilización excepcional de usos siempre que sea partiendo de construcciones existentes, con lo que se incidirá en la restauración y buen mantenimiento de las construcciones en nuestro rural. En esa línea, se señala expresamente que en las edificaciones tradicionales existentes en suelo de núcleo rural o de suelo rústico nada obsta a que pueda desarrollarse más de un uso en la misma edificación.

En cuanto a los parámetros urbanísticos aplicables a dichas edificaciones contempladas en el artículo 63 del Reglamento de la Ley del suelo, se aclara que el límite de altura de siete metros resulta exigible a las obras de rehabilitación, reconstrucción y ampliación que se pretendan llevar a cabo, no siendo óbice para su ejecución que la edificación tradicional superara tal parámetro antes de la acometida de dichas obras.

En el caso de las edificaciones que no hubieran agotado la posibilidad ampliatoria hasta el 50 % del volumen originario de la edificación tradicional permitido por la norma, podrán hacerlo en un momento posterior, como respuesta a las nuevas necesidades de espacio que pudieran surgir.

VII

Las modificaciones realizadas en materia de planeamiento urbanístico pretenden reforzar la seguridad jurídica, alcanzar una mayor simplificación administrativa así como mayor agilidad y eficacia en la materia.

En concreto, se clarifica el ámbito de aplicación del Plan básico autonómico, que resulta de aplicación directa en aquellos ayuntamientos que no cuentan con un instrumento de planeamiento general (Plan general de ordenación, normas complementarias y subsidiarias de planeamiento municipales o Proyecto de ordenación del medio rural); y en aquellos ayuntamientos que cuenten con instrumento de planeamiento general tendrá carácter complementario, para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas de dicho planeamiento, sin que, en ningún caso, pueda modificar la clasificación del suelo ni alterar las determinaciones del planeamiento que complementa.

En relación con la documentación que debe constar en los instrumentos de planeamiento se sintetiza, simplificando su contenido, debiendo ajustarse la misma en el supuesto de las modificaciones del planeamiento al principio de proporcionalidad en su extensión.

VIII

Se clarifican las referencias del régimen transitorio. Así, las referencias que se hacen en la disposición transitoria primera de la Ley del suelo al suelo urbanizable delimitado y no delimitado deben entenderse hechas a los suelos clasificados como urbanizable programado y no programado, respectivamente, por los planeamientos aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Asimismo, se entenderá como suelo urbanizable delimitado el clasificado en su día como urbanizable al amparo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia.

IX

Finalmente, es necesario destacar aquellas cuestiones que derivan directamente de una actualización que es consecuente con las modificaciones llevadas a cabo en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En consonancia con la modificación derivada de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se recoge una nueva regulación en el sistema de expropiación que habilita a la Administración expropiante a utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones en dicho sistema, todas las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la normativa vigente, lo que se completa con la aplicación en nuestra comunidad autónoma de los artículos 211 y 212 del Reglamento estatal de gestión urbanística.

Por otra parte, se incorporan las medidas sancionadoras previstas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, que tutelan las condiciones de ornato que deben reunir las edificaciones, construcciones e instalaciones y contribuyen a mantener la estética del patrimonio edificado urbano y rural de Galicia, relativas a las nuevas infracciones por la realización de pintadas u otros actos que causen daños en los bienes, muebles o inmuebles, públicos o privados, en la vía pública.

Por último, como consecuencia de las modificaciones derivadas de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se modifica la regulación del Registro de Solares y la tipificación de las infracciones leves, añadiendo la relativa al incumplimiento del deber de cubrir en el tiempo y en la forma el informe de evaluación de edificios.

X

Esta norma se estructura en un único artículo, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La disposición derogatoria única deroga el artículo 19 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango normativo se opongan a lo dispuesto en el decreto. Las disposiciones finales regulan la modificación del artículo 143 del Reglamento general de carreteras de Galicia, aprobado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, y la entrada en vigor del decreto a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, a propuesta de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, de acuerdo con el Consello Consultivo, y tras la deliberación del Consello de la Xunta de Galicia del día once de julio del dos mil diecinueve,

DISPONGO:

I

La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.3 de su Estatuto de autonomía, aprobado mediante la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, tiene la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

En ejercicio de esa atribución competencial, se aprobó la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que establece el marco general para la regulación de la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de Galicia, y que habilita al Consello de la Xunta de Galicia, en su disposición final quinta, para dictar, en el plazo de un año, las disposiciones para su desarrollo reglamentario.

Dando cumplimiento a dicho mandato normativo, se procedió a la aprobación del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que vino a completar el marco normativo existente, por cuanto la aplicación supletoria de los reglamentos estatales de planeamiento y gestión urbanísticos, así como la aplicación directa del reglamento autonómico de disciplina urbanística aprobado en desarrollo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, dado el tiempo transcurrido desde su elaboración y aprobación no resolvían muchos aspectos de las materias que fueron tratadas por las posteriores legislaciones autonómicas, ni recogían, lógicamente, aquellas innovaciones de más calado introducidas por estas.

Con el fin de abordar el desarrollo de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se optó por elaborar un texto que, además de constituir el desarrollo reglamentario propiamente dicho, reprodujo preceptos de la propia ley, facilitando la interpretación y coherencia interna de toda la materia urbanística, lo que supuso, por primera vez, una regulación íntegra, desde el punto de vista del desarrollo reglamentario de la Ley del suelo de Galicia en nuestra comunidad autónoma, de todos los aspectos relacionados con el régimen jurídico del suelo, el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanísticas.

II

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, constituye una regulación que persigue alcanzar el marco de estabilidad que debe presidir la regulación urbanística en nuestra comunidad autónoma. No obstante, el reglamento que la desarrolla constituye un instrumento vivo, dinámico y una herramienta de gran utilidad para los operadores técnicos y jurídicos que lo manejan.

Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación de dicho reglamento puso de manifiesto algunas insuficiencias y dificultades interpretativas por parte de los aplicadores del mismo, que determinan la necesidad de su modificación para proceder a su actualización y mejora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, en todas las iniciativas normativas se justificará su adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficiencia, principios a los que se de la cumplimiento a través de la modificación propuesta.

Así, el cumplimiento del principio de necesidad deriva directamente del mandato normativo por lo que se habilita para el desarrollo reglamentario de la Ley del suelo en su disposición final quinta. Al mismo tiempo, es necesario ahora abordar una modificación de dicha regulación, atendiendo a las necesidades detectadas en la aplicación práctica del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, derivadas de la propia complejidad de la materia, tendente a subsanar aquellos aspectos que se fueron suscitando en la práctica durante su vigencia y que pusieron de manifiesto la necesidad de concretar y matizar aquellas cuestiones que no resultan suficientemente claras, para evitar dudas en su interpretación, lo que contribuirá a garantizar la seguridad jurídica, facilitando así su aplicación. Estas modificaciones, de conformidad con el principio de proporcionalidad, se limitan a lo estrictamente imprescindible para solventar los problemas detectados.

Por otra parte, y a consecuencia de las modificaciones realizadas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, resulta necesario trasladar al nivel normativo del reglamento que desarrolla dicha ley las referidas innovaciones legislativas.

Otro de los principios que inspiran la modificación que se pretende es el de la simplificación administrativa y el interés por la consecución de los principios de agilidad, eficacia y eficiencia en esta materia, sin que ello suponga una merma del respeto a los valores naturales y a la riqueza de nuestro territorio. En aplicación de los principios señalados, la modificación propuesta evita cargas administrativas innecesarias y persigue racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Asimismo, se da también cumplimiento a los principios de transparencia y accesibilidad, presentes en todo el procedimiento de elaboración y tramitación del decreto, promoviendo la más amplia y activa participación pública en su elaboración.

En definitiva, resulta preciso abordar una reforma que conforme una norma reguladora del suelo más clara, que siga contribuyendo y garantizando la protección territorial y el desarrollo urbanístico sostenible, apostando por la defensa y respeto del suelo rústico, y todo ello sin perder de vista su dimensión como suelo productivo y útil, que debe ser recogida y potenciada, así como las actividades que se desarrollan en el mismo.

A estos fines responden las principales líneas en las que se fundamenta la presente modificación del Reglamento que desarrolla la Ley del suelo.

III

En el ámbito de la organización administrativa de los órganos y entidades con competencias urbanísticas y, en concreto, de los órganos y entidades a ellas adscritas, se mejora la regulación del funcionamiento de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, contemplando la posibilidad de delegación de alguno de sus miembros y modificando la regulación de su régimen de constitución y adopción de acuerdos, al establecer la posibilidad de una segunda convocatoria, que hasta ahora no estaba prevista, y en la que se requirirá la presencia de la persona titular de la presidencia y de la secretaría o, en su caso, de aquellas personas que las sustituyan, y, al menos, de un tercio del número legal de sus miembros.

IV

En el régimen jurídico del suelo se revisa la definición de los distintos tipos de suelo urbano no consolidado, de manera que resulte más clara la diferenciación entre aquellos en los que sean necesarios procesos de urbanización, que son los que precisan de una actuación urbanizadora de carácter integral, de los de reforma interior o renovación urbana, que tienen por objeto completar o reformar la urbanización existente, entendiendo como tales conceptos la realización de obras que excedan de las de carácter accesorio y de escasa entidad que se regulan en el artículo 17.a) de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia.

V

En la regulación del régimen jurídico del suelo rústico se concentran algunas de las modificaciones de mayor calado, que siguen la línea del modelo urbanístico ya implantado, que hace un reconocimiento decidido del suelo rústico como el suelo productivo que es, potenciando los usos económicos, sin contradicción con la preservación de los valores naturales y culturales subsistentes.

Como comunidad autónoma eminentemente rural, es necesario asumir que nuestro desarrollo está vinculado indisolublemente a la explotación y gestión sostenible de los recursos naturales. Y, precisamente, se hace una apuesta decidida por revitalizar el rural y mejorar la calidad de vida de las personas que viven, trabajan y sostienen ese medio.

Así, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas agricultoras y ganaderas es necesaria para seguir teniendo un sector agroalimentario fuerte, por cuanto el sector agroganadero que opera en nuestra comunidad autónoma, creando empleo y riqueza, tiene una importancia vital para el mantenimiento de un medio rural vivo y con futuro.

En atención a lo expuesto y, sin perjuicio de la consideración de que el uso residencial constituye, con carácter general, un uso prohibido en el suelo rústico, en la línea de la protección territorial y en la defensa y respeto del suelo rústico, se complementa la regulación del supuesto excepcional de viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias, en el que se considera perfectamente justificable la implantación de ese uso para que la persona agricultora o ganadera pueda vivir en su explotación, ejerciendo funciones de vigilancia, asistencia, gestión o control derivadas o exigidas por las características de la explotación, que son las que justifican la necesidad de la vivienda por su íntima e imprescindible vinculación a la explotación agrícola o ganadera.

Asimismo, se entenderá que existe una íntima e imprescindible vinculación de la edificación a la explotación agrícola o ganadera cuando se destine al alojamiento de personas trabajadoras temporeras, debiendo justificarse, en este caso, que el ciclo de los productos de los que se trate, exige, periódicamente, el trabajo coordinado de personas que la oferta laboral local no puede atender. Fuera de la temporada, estas instalaciones no podrán destinarse al uso residencial, si bien podrán ser objeto de otros usos admitidos en suelo rústico, debidamente autorizados.

Por razones justificadas derivadas de la dimensión y de las características de la explotación, podrá autorizarse una segunda construcción destinada a vivienda, aunque exista una vivienda vinculada a la misma explotación, siempre que se justifique la íntima e imprescindible vinculación de la nueva edificación a la explotación agrícola o ganadera.

Por otra parte, se potencia el turismo en el suelo rústico, especialmente el vinculado a los Caminos de Santiago, concretando el concepto de albergues turísticos vinculados a la red de los Caminos de Santiago, que serán tanto los que alcancen esta categoría por tratarse de albergues de peregrinos de los Caminos de Santiago, en los términos previstos en la normativa vigente en materia de turismo; pero también y, además de los anteriores, aquellos de promoción privada que se emplacen en un ámbito con declaración de bien de interés cultural, en los entornos de protección y zona de amortiguamiento de los Caminos que cuenten con una delimitación aprobada definitivamente conforme con el procedimiento específico, y aquellos albergues que se emplacen en la franja de 30 metros del suelo rústico de cualquier naturaleza, en el supuesto de los Caminos de Santiago que aún no cuentan con dicha delimitación aprobada definitivamente, en los términos señalados en el artículo 66 del Plan básico autonómico de Galicia.

También se concreta lo que debe entenderse por otras instalaciones turísticas en el medio rural que tengan que localizarse inexcusablemente en ese medio concreto, tales como las ubicadas en ámbitos de montaña o de reseñables valores naturales, de tal manera que es precisamente la naturaleza del servicio prestado por la instalación turística pretendida en ese emplazamiento lo que determina la necesidad de su implantación en ese medio concreto.

VI

Sigue apostándose decididamente por la rehabilitación de las construcciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo rústico y en el suelo de núcleo rural, y para cualquier uso que no sea incompatible con el medio rural, en una apuesta decidida por reforzar la recuperación del patrimonio construido. En este punto, la prohibición, con carácter general, de nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico, en el juego combinado con la posibilidad de rehabilitar construcciones tradicionales anteriores al año 1975, consigue una doble finalidad:

– Evita que siga aumentando el problema de la dispersión edificatoria, que tiene como consecuencia el feísmo, y más allá, la dotación ineficiente de servicios en el territorio.

– Permite recuperar y poner en valor la gran riqueza de patrimonio construido en el rural, que de otro modo, se perdería para siempre, y con él una parte importante de nuestra historia, de nuestra memoria, el soporte de nuestra identidad y de nuestra esencia como país.

En definitiva, se persigue evitar seguir ocupando el territorio y aumentando la dispersión poblacional de nuestra comunidad pero, al mismo tiempo, se permite la utilización excepcional de usos siempre que sea partiendo de construcciones existentes, con lo que se incidirá en la restauración y buen mantenimiento de las construcciones en nuestro rural. En esa línea, se señala expresamente que en las edificaciones tradicionales existentes en suelo de núcleo rural o de suelo rústico nada obsta a que pueda desarrollarse más de un uso en la misma edificación.

En cuanto a los parámetros urbanísticos aplicables a dichas edificaciones contempladas en el artículo 63 del Reglamento de la Ley del suelo, se aclara que el límite de altura de siete metros resulta exigible a las obras de rehabilitación, reconstrucción y ampliación que se pretendan llevar a cabo, no siendo óbice para su ejecución que la edificación tradicional superara tal parámetro antes de la acometida de dichas obras.

En el caso de las edificaciones que no hubieran agotado la posibilidad ampliatoria hasta el 50 % del volumen originario de la edificación tradicional permitido por la norma, podrán hacerlo en un momento posterior, como respuesta a las nuevas necesidades de espacio que pudieran surgir.

VII

Las modificaciones realizadas en materia de planeamiento urbanístico pretenden reforzar la seguridad jurídica, alcanzar una mayor simplificación administrativa así como mayor agilidad y eficacia en la materia.

En concreto, se clarifica el ámbito de aplicación del Plan básico autonómico, que resulta de aplicación directa en aquellos ayuntamientos que no cuentan con un instrumento de planeamiento general (Plan general de ordenación, normas complementarias y subsidiarias de planeamiento municipales o Proyecto de ordenación del medio rural); y en aquellos ayuntamientos que cuenten con instrumento de planeamiento general tendrá carácter complementario, para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas de dicho planeamiento, sin que, en ningún caso, pueda modificar la clasificación del suelo ni alterar las determinaciones del planeamiento que complementa.

En relación con la documentación que debe constar en los instrumentos de planeamiento se sintetiza, simplificando su contenido, debiendo ajustarse la misma en el supuesto de las modificaciones del planeamiento al principio de proporcionalidad en su extensión.

VIII

Se clarifican las referencias del régimen transitorio. Así, las referencias que se hacen en la disposición transitoria primera de la Ley del suelo al suelo urbanizable delimitado y no delimitado deben entenderse hechas a los suelos clasificados como urbanizable programado y no programado, respectivamente, por los planeamientos aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Asimismo, se entenderá como suelo urbanizable delimitado el clasificado en su día como urbanizable al amparo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia.

IX

Finalmente, es necesario destacar aquellas cuestiones que derivan directamente de una actualización que es consecuente con las modificaciones llevadas a cabo en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En consonancia con la modificación derivada de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se recoge una nueva regulación en el sistema de expropiación que habilita a la Administración expropiante a utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones en dicho sistema, todas las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la normativa vigente, lo que se completa con la aplicación en nuestra comunidad autónoma de los artículos 211 y 212 del Reglamento estatal de gestión urbanística.

Por otra parte, se incorporan las medidas sancionadoras previstas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, que tutelan las condiciones de ornato que deben reunir las edificaciones, construcciones e instalaciones y contribuyen a mantener la estética del patrimonio edificado urbano y rural de Galicia, relativas a las nuevas infracciones por la realización de pintadas u otros actos que causen daños en los bienes, muebles o inmuebles, públicos o privados, en la vía pública.

Por último, como consecuencia de las modificaciones derivadas de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se modifica la regulación del Registro de Solares y la tipificación de las infracciones leves, añadiendo la relativa al incumplimiento del deber de cubrir en el tiempo y en la forma el informe de evaluación de edificios.

X

Esta norma se estructura en un único artículo, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La disposición derogatoria única deroga el artículo 19 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango normativo se opongan a lo dispuesto en el decreto. Las disposiciones finales regulan la modificación del artículo 143 del Reglamento general de carreteras de Galicia, aprobado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, y la entrada en vigor del decreto a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, a propuesta de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, de acuerdo con el Consello Consultivo, y tras la deliberación del Consello de la Xunta de Galicia del día once de julio del dos mil diecinueve,

DISPONGO:

Artículo único. 
Modificación del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

El Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, queda modificado como sigue:

Uno. Se añaden en la letra c) de la disposición final segunda los artículos 211 y 212.

Dos. Se modifica el número 3º, de la letra b), del número 2, del artículo 13 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Tres. Se modifica el número 2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuatro. Se modifica el segundo párrafo de la letra a) del número 1 del artículo 25 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cinco. Se modificanlos apartados b.1) y b.2) de la letra b) del número 1 del artículo 26 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Seis. Se eliminael número 2 del artículo 26 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Siete. Se modifica la letra a) del artículo 30 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactada como sigue:

Ocho. Se añade un segundo párrafo a la letra d) del número 1 del artículo 31 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Nueve. Se modificael último párrafo de la letra b) del artículo 32 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Diez. Se elimina el último párrafo del número 2 del artículo 33 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Once. Se añade una letra d) al número 2 del artículo 37 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Doce. Se añade un párrafo segundo a la letra d) del artículo 43 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Trece Se modifican las letras g), h) e i) del número 1 del artículo 50 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactadas como sigue:

Catorce. Se añadeuna letra q) al número 1 del artículo 50 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactada como sigue:

Quince. Se modificael número 3 del artículo 51 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Dieciséis. Se modificael artículo 52 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Diecisiete. Se modifica el artículo 53 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Dieciocho. Se modifica el artículo 54 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Diecinueve. Se modifica el artículo 56 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Veinte. Se modifican los números 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Veintiún. Se modifica el artículo 63 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Veintidós. Se modifica el artigo 64 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Veintitrés. Se modifica el primer párrafo del número 1 del artículo 69 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda con la siguiente redacción:

Veinticuatro. Se modifica el número 1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Veinticinco. Se modifica la letra c.4) del número 1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactadla cómo sigue:

Veintiséis. Se modifican los números 2 y 3 del artículo 77 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Veintisiete. Se añade un número 6 al artículo 77 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Veintiocho. Se modifica el segundo párrafo del artículo 82 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Veintinueve. Se modifica el número 2 del artículo 90 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta. Se modifica elsegundo párrafo del número 1 del artículo 123 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y uno. Se modifica el número 2 del artículo 130 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y dos. Se añade un número 3 al artículo 134 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y tres. Se elimina la letra c) del artículo 135 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

Treinta y cinco. Se modificael número 2 del artículo 138 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y cinco. Se modifica el número 1 del artículo 140 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y seis. Se modificael artículo 141 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y siete. Se modificala letra f) del número 3 del artículo 142 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y ocho. Se modifica el número 7 del artículo 144 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Treinta y nueve. Se modifica el número 3 del artículo 145 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta. Se modificala letra f) del número 1 del artículo 150 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactada como sigue:

Cuarenta y uno. Se modifica el número 1 del artículo 160 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 177 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y tres. Se modificael artículo 210 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y cuatro. Se modifica el número 3 del artículo 212 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y cinco. Se modifica el número 1 del artículo 235 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y seis. Se elimina el último párrafo del artículo 273 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Cuarenta y siete. Se modifica el número 1 del artículo 290 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 337 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cuarenta y nueve. Se modifica el número 3 del artículo 344 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta. Se modifica el número 2 del artículo 351 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y uno. Se modifica el artículo 358 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y dos. Se modifican los números 2 y 3 del artículo 360 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Cincuenta y tres. Se modifica el número 2 del artículo 363 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y cuatro. Se modifican los números 2 y 3 del artículo 364 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Cincuenta y cinco. Se modifica el número 2 del artículo 377 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y seis. Se modifica el segundo párrafo del número 3 del artículo 382 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y siete. Se modificael número 2 del artículo 388 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

Cincuenta y ocho. Se le añade una nuevaletra f) al número 3 del artículo 389 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Cincuenta y nueve. Se modifica el número 4 del artículo 389 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda con la siguiente redacción:

Sesenta. Se le añadenlos números 7 y 8 al artículo 391 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Sesenta y uno. Se modifica el número 1 del artículo 392 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

Sesenta y dos. Se modificanlos números 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que quedan redactados como sigue:

Sesenta y tres. Se modificael primer párrafo del número 1 del apartado primero de la disposición transitoria tercera del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactado como sigue:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa

Quedan derogados el artículo 19 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango normativo se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. 
Modificación del Reglamento general de carreteras de Galicia, aprobado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo

Se añade un segundo párrafo a la letra b) del número 1 del artículo 143 del Reglamento general de carreteras de Galicia, aprobado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, con la siguiente redacción:

Disposición final segunda. 
Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de julio de dos mil diecinueve

Alberto Núñez FeijóoPresidente

Mª Ángeles Vázquez MejutoConselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda