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Ordenanzas fiscales


  • ¿Qué son las ordenanzas fiscales?

    Son los instrumentos normativos, con rango de reglamento, a través de las cuales las Entidades Locales adaptan la normativa sobre gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.

  • ¿Cuál es el contenido de las ordenanzas fiscales?

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 TRLRHL, las ordenanzas fiscales contendrán, al menos:
    a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.
    b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
    c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
    Además de las ordenanzas fiscales propias de cada tributo, podrán existir ordenanzas fiscales que regulen con carácter general la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

  • ¿Es necesaria la aprobación de una ordenanza fiscal para los impuestos de carácter obligatorio?

    No, no es preciso, dado que los impuestos obligatorios se exigen ex lege, sin necesidad de que el Ayuntamiento apruebe ordenanza fiscal alguna.

  • Aunque no sea necesaria la existencia de ordenanza fiscal para los impuestos obligatorios, ¿puede el Ayuntamiento aprobar una ordenanza fiscal?

    Sí. La ordenanza fiscal no es obligatoria para los impuestos que se exigen ex lege en los Ayuntamientos, pero para hacer uso de las facultades respecto de los tipos impositivos y de las exenciones y bonificaciones potestativas, es preciso que el Ayuntamiento apruebe la correspondiente ordenanza fiscal.

  • ¿Cuáles son los impuestos para los que no es necesaria la aprobación de la ordenanza fiscal?

    No es obligatoria la aprobación de la ordenanza fiscal para los siguientes impuestos (art. 59.1 TRLRHL):
    a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
    b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
    c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

  • ¿Para qué impuestos locales es imprescindible la aprobación de la ordenanza fiscal?

    Es obligatoria la aprobación de la ordenanza fiscal para aquellos impuestos cuya exigencia no se produce ex lege y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.2 TRLRHL, son los siguientes:
    - Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
    - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

  • ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de una ordenanza fiscal?

    La aprobación de una ordenanza fiscal requiere los siguientes trámites:
    - Aprobación inicial.
    - Exposición pública.
    - Aprobación definitiva.
    - Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

  • ¿Es aplicable a la tramitación de las ordenanzas fiscales el art. 133 de la Ley 39/2015?

    La aplicación del art. 133 LPACAP, referente a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, no está exenta de polémica y de distintos pronunciamientos de la doctrina.
    Destacamos en este sentido dos pronunciamientos. El dictamen nº 755/2017 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de 21/11/2017, en el que concluye que puede prescindirse del trámite de participación ciudadana en las ordenanzas fiscales porque la Disp. Adic. 1ª LPACAP dispone que los procedimientos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan algunos de los trámites previstos en esta Ley que regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto y dichas leyes. Y, puesto que las ordenanzas fiscales tienen una regulación específica y sectorial en los arts. 16 y ss TRLRHL, es aplicable la dictada Disp. Adic. 1ª LPACAP.
    Sin embargo, el Informe de 10/01/2018, de la DGT, emitido a solicitud de la FEMP, entiende que el trámite de consulta previa establecido en el art. 133 LPACAP no tiene equivalente en el TRLRHL, dado el carácter ex novo del mismo, y no puede considerarse incluido en el trámite de participación ciudadana regulado en el art. 17 TRLRHL, ya que son dos trámites distintos y que se realizan en dos momento del tiempo diferentes: el trámite de consulta previa tiene lugar con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y se sustancia a través del portal web de la Administración competente; mientras que el trámite de participación ciudadana del art. 17 TRLRHL tiene lugar posteriormente, una vez elaborada y aprobada la redacción provisional de la ordenanza fiscal y no se realiza por medios electrónicos, sino mediante su exposición en el tablón de anuncios de la Entidad Local y su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En consecuencia en el procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales debe incluirse el trámite de consulta pública previa regulado en el art. 133 LPACAP.

  • ¿El trámite de consulta pública es aplicable tanto para la aprobación como para la modificación de las ordenanzas fiscales?

    Siguiendo el criterio de la DGT en el Informe de 10/01/18, el trámite de consulta previa debe realizarse cuando se trate de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia.

  • ¿Quién es el órgano competente para la aprobación de las ordenanzas fiscales?

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.e) LRBRL, corresponde al Pleno de la Entidad Local la determinación de los recursos propios de carácter tributario, lo que incluye la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales. En el mismo sentido se pronuncia el art. 123.1.g) LRBRL para los Municipios sujetos al régimen de gran población.

  • ¿La aprobación inicial de la ordenanza fiscal requiere mayoría absoluta?

    No. Desde la modificación del art. 47 LRBRL efectuada por la Ley 57/2003, se suprimió el requisito de la mayoría absoluta para la imposición y ordenación de los recursos propios de carácter tributario, de tal manera que actualmente basta la mayoría simple para la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales.

  • ¿Dónde se exponen al público las ordenanzas fiscales aprobadas inicialmente?

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 TRLRHL, la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad Local, en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial.
    Además, las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.

  • ¿Cuál es el plazo de exposición pública de la aprobación o modificación de las ordenanzas fiscales?

    El plazo de exposición pública es, como mínimo, de 30 días hábiles

  • Finalizado el plazo de exposición pública, ¿debe el Pleno de la Entidad local adoptar un nuevo acuerdo para la aprobación definitiva?

    Sólo en el caso de que se hayan producido alegaciones en el plazo de exposición pública. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

  • ¿Cuándo entran en vigor las ordenanzas fiscales?

    Las ordenanzas fiscales entran en vigor cuando se produzca su publicación en el boletín oficial de la provincia.
    Por ello, junto con los presupuestos, supone una excepción a la entrada en vigor del resto de las ordenanzas municipales que, además de la publicación, exige que haya transcurrido el plazo para que el Estado o la Comunidad Autónoma requiera la anulación o modificación de la ordenanza (art.70 LRBRL).

  • ¿Cualquier persona o entidad puede efectuar alegaciones contra la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales?

    No, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 TRLRHL sólo los interesados pueden efectuar podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

  • ¿Quién tiene la consideración de interesado a efectos de efectuar reclamaciones a las ordenanzas fiscales?

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 TRLRHL, tienen la consideración de interesados a efectos de examinar y presentar las reclamaciones contra la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales:
    a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
    b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

  • ¿Cabe interponer recurso de reposición contra la aprobación de las ordenanzas fiscales?

    No. Tanto el art. 112 LPACAP como el art. 108 LRBRL regulan el recurso de reposición contra actos administrativos. Por lo que, siendo la ordenanza fiscal una disposición administrativa de carácter general, no cabe contra ella la interposición directa del recurso de reposición.

  • ¿Qué recurso cabe contra la aprobación de las ordenanzas fiscales?

    El art. 19.1 TRLRHL dispone que contra la aprobación de las ordenanzas fiscales no cabe otro recurso que el contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

  • ¿Es imprescindible un estudio económico para la aprobación de una ordenanza fiscal?

    En el expediente que se tramita para la aprobación de una tasa es necesario, tal y como establece el art. 25 TRLRHL, un informe técnico-económico en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado del dominio público o la previsible cobertura del coste de los servicios o actividades. Dicho informe se ha de incorporarse al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.
    Sin embargo, no es necesario informe técnico-económico para la imposición de los impuestos.

  • ¿Para la aprobación de las ordenanzas fiscales es preceptivo el informe de la Tesorería Municipal?

    El art. 5.2 RD 128/2018 atribuye al Tesorero/a las funciones de gestión de ingresos y recaudación, así como el impulso y dirección de los procedimientos de dichos procedimientos.
    Ahora bien del contenido del precepto no se deduce necesariamente que la jefatura de la gestión de los ingresos conlleve necesariamente la de elaboración de las ordenanzas fiscales, emitir informe sobre ellas y elaborar los informes técnico - económicos. Porque el contenido del precepto parece más bien que se refiera a la gestión tributaria definida en el art. 117.1 LGT.
    De todas formas, depende de la estructura organizativa del Ayuntamiento y la asignación de funciones en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

  • ¿Se puede modificar una ordenanza fiscal con efectos retroactivos si éstos son favorables?

    Aunque no existe unanimidad en la doctrina y en las sentencias de los Juzgados y Tribunales, cada vez se impone más la tesis de que no es posible modificar una ordenanza fiscal con efectos retroactivos, aunque la modificación sea favorable a los interesados.
    La irretroactividad debe mantenerse aun en el caso de que la nueva ordenanza sea más favorable, al no ser posible la aplicación analógica del art. 9 CE, pues, si bien es cierto que este precepto establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales -lo que podría hacer pensar en la retroactividad de las normas favorables- ello sólo puede darse con los requisitos del art. 2.3 CC: las leyes, es decir, sólo las normas de dicho rango, son las únicas que pueden prever la retroactividad de sus efectos.
    Así, la STS 14/02/12 (EDJ 2012/19168) considera que ha de distinguirse entre una retroactividad de grado máximo "cuando se aplica la nueva norma a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus efectos consumados o no", una retroactividad de grado medio "cuando la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados" y una retroactividad de grado mínimo "cuando la nueva norma sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la anterior”.
    Por ello, no es posible la aplicación de la ordenanza fiscal a relacionadas jurídico-tributarias ya consumadas, puesto que supone una aplicación retroactiva de grado máximo.

  • ¿Qué efectos tiene la anulación por sentencia de algunos artículos de las ordenanzas fiscales?

    La STS 19/12/11 (EDJ 2011/313047) señala que la nulidad de las disposiciones generales no se traslada sin más a los actos singulares de aplicación, pues para que éstos sean nulos de pleno derecho es preciso que hayan incurrido en alguna de las causas previstas en el art. 217 LGT. En síntesis, es necesario distinguir los siguientes supuestos:
    a) Las sentencias y actos administrativos que han adquirido firmeza antes de que la sentencia que declara la nulidad de la disposición resultan, como regla general, intangibles. El límite a partir del cual no puede invocarse dicha firmeza de los actos aplicativos de la norma anulada es la publicación del fallo anulatorio.
    b) Las sentencias y actos que no hayan adquirido tal firmeza, frente a los que puede hacerse valer la declaración de nulidad de la disposición que aplicaron.
    c) Las sanciones impuestas se ven, en todo caso, afectadas por la declaración de nulidad de la disposición con cuya base se aplicaron. En este supuesto, frente a la seguridad jurídica que fundamenta la regla general, prima la eficacia retroactiva o "ex tunc" de la anulación cuando ello suponga la exclusión o reducción de las sanciones impuestas, con el único límite de que se hayan ejecutado completamente.

  • ¿Qué ocurre cuando se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública sin que la ordenanza fiscal haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación?

    La STS 22/10/09 (EDJ 2009/307328) señala que el período de información pública representa el trámite de audiencia, considerado esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos, según pone de relieve el art. 105.a) CE, y el incumplimiento del trámite de audiencia se produce tanto cuanto no se concede la misma, como cuando no se agota el plazo o se procede a publicar la Ordenanza sin resolver las reclamaciones que hubieran sido presentadas en el término concedido. No tendría sentido considerar esencial el trámite de información pública y admitir, sin embargo, que el Pleno pudiera decidir sin consideración a las alegaciones o reclamaciones formuladas.
    Por ello, no es válida la publicación del BOP antes de la adopción del acuerdo, debiéndose publicar el anuncio y la exposición al público de la ordenanza con posterioridad a la adopción del acuerdo de aprobación o modificación de la ordenanza.

  • En caso de la delegación de la gestión, recaudación e inspección en una entidad de ámbito superior, ¿qué ordenanza debe aplicarse, la de la Entidad Local delegante o la del Ente Delegado?

    El art. 7.3 TRLRHL dispone que el ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las que prevé la LGT. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de dicha entidad.
    En el ámbito de la delegación de la gestión, recaudación e inspección de tributos, deben seguirse los criterios y disposiciones de las respectivas ordenanzas fiscales de las Entidades Locales delegantes en materia de hecho imponible, base imponible, tipo impositivo, bonificaciones, exenciones, etc., pero también lo que las Entidades delegadas dispongan respecto al funcionamiento de sus órganos y distribución interna de competencias, por tanto, en materia de documentos que deben aportar los interesados, recursos, plazos de cobro, etc.
    Lo ideal que se exista coincidencia entre las ordenanzas del Ente delegante y las del Ente delegado en aspectos como fraccionamientos, aplazamientos, etc., para evitar disfunciones en los ciudadanos.

  • ¿Cuál es el plazo para que el Pleno apruebe una ordenanza fiscal?

    No existe ninguna norma que obligue a la aprobación por el Pleno de las ordenanzas fiscales en un momento determinado, éstas deben aprobarse con la suficiente antelación para que entren en vigor antes de que se produzca el hecho imponible en aquellos tributos de devengo periódico anual. Esto ocurre en el Impuesto sobre bienes inmuebles (art. 75 TRLRHL), en el Impuesto sobre Actividades Económicas (art. 89 TRLRHL) y en el Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánico (art. 96 TRLRHL), estos impuestos se devengan el primer día del período impositivo y éste coincide con el año natural.
    En estos impuestos es imprescindible que las ordenanzas fiscales que regulen dichos tributos se aprueben definitivamente y entren en vigor antes del 31 de diciembre del año correspondiente, para que puedan aplicarse en el ejercicio siguiente. Si la ordenanza fiscal se aprobara o entrara en vigor en el mes de enero o febrero, sus efectos no podrían aplicarse hasta el ejercicio siguiente.
    En el resto de tributos (tasas que no sean de devengo anual, impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), se pueden aprobar y entrar en vigor en cualquier momento del año, siendo de aplicación a los hechos imponibles que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza correspondiente.

  • ¿Cuál es el procedimiento para la derogación de una ordenanza fiscal?

    No existe en la normativa un procedimiento específico para la derogación de una ordenanza fiscal. Sólo el art. 17.3 TRLRHL se refiere a la derogación al decir que “finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario”.
    Por ello, habitualmente para la derogación de una ordenanza fiscal se sigue el mismo procedimiento que para su aprobación: aprobación inicial de la derogación, exposición pública, aprobación definitiva de la derogación y publicación en el BOP.