Comprobación material de la inversión en contratos públicos


  • ¿Qué es la comprobación material de la inversión?

    Es una fase de la función interventora que consiste en verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
    Por tanto, según la Resolución de 14 de julio de 2015, de la IGAE, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, esta intervención tiene por objeto verificar la adecuación o correspondencia de las obras, suministros y servicios realizados con las condiciones generales y particulares establecidas en el proyecto de obras, pliegos o documentación equivalente del contrato o encargo inicial, o en las mejoras ofertadas por el adjudicatario cuando hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, así como en las modificaciones debidamente aprobadas conforme a la normativa que resulte de aplicación.

  • ¿Cuándo se realizar la comprobación material?

    La comprobación material se tiene que realizar antes de reconocer la obligación.

  • ¿Quién tiene que realizar la comprobación material de la inversión?

    La comprobación material se atribuye al Interventor porque es una fase de la función interventora.

  • ¿Todas las inversiones tienen que estar sujetas a comprobación material?

    Aunque el art. 20.3 RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local -RCI-, establece que la comprobación material se realiza cuando el importe de la inversión es igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del IVA, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un importe inferior; lo cierto es que este precepto está superado por el apartado 3º de la Disp. Adic. 3ª LCSP 2017, que obliga al Interventor a asistir a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones.
    Por tanto, no están sujetas a comprobación material aquellas inversiones cuyos importes se correspondan con contratos menores.

  • ¿Cómo se justifica la comprobación material en las inversiones en las que no sea preceptiva la asistencia del Interventor?

    En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas (art. 20.6 RCI).

  • ¿Lo que no son inversiones no está sujeto a comprobación material?

    En principio, no. El art. 214.2.d) TRLRHL y el RCI que lo desarrolla, sólo se refieren a la intervención y comprobación material de lo que son inversiones.
    Por tanto, lo que no tenga naturaleza de inversión no está sujeto a comprobación material.

  • ¿A estos efectos qué debemos entender por inversiones?

    Para determinar qué son inversiones a efectos de la comprobación material, habrá que acudir a la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que considera que debe imputarse al capítulo 6 (inversiones reales) del estado de gastos, aquellos gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.
    Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes características:
    a) Que no sean bienes fungibles.
    b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.
    c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
    d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

  • ¿Cómo se realiza la comprobación material de la inversión?

    La comprobación material de la inversión se realiza concurriendo el interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.
    Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.

  • ¿En el caso de que sean necesarios conocimientos técnicos que el Interventor no tiene, qué ocurre?

    De conformidad con lo dispuesto en el art. 20.2 RCI, el Interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
    Se entiende que la comprobación material requiere la posesión de conocimientos técnicos en las recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o cualesquiera otros que deban poseer para suscribirlos títulos académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de capacitación especial, aun cuando no hayan mediado la redacción de proyectos.
    Por el contrario, no procederá la designación de un asesor con conocimientos técnicos cualificados en los contratos de suministros cuando la inversión se refiera a objetos determinables por su número, calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuando su procedencia está acreditada por el nombre o marca comercial que conste en los mismos.

  • ¿Cómo sabe el Interventor que tiene que realizar la comprobación material?

    Porque el órgano gestor debe solicitar al Interventor su asistencia a la comprobación material.
    Siguiendo los criterios de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la IGAE, la solicitud se realiza con una antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión.
    Teniendo en cuenta que en aquellos casos en los que el pago del precio del contrato se realice mediante abonos a cuenta, de conformidad con lo previsto en el 2º párrafo del art. 198.2 LCSP 2017, y el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite ha de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.
    Hay que tener en cuenta que la fecha que se fije para la recepción ha de permitir un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la normativa contractual en cuanto al plazo para efectuar aquélla: así, la realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. Asimismo, en las encomiendas de gestión deben respetarse los plazos previstos en la normativa aplicable al correspondiente medio propio y/o en la documentación del encargo o encomienda (Apartado 13º Resolución IGAE 14/07/2015).

  • ¿Previamente al acto de comprobación material el Interventor tiene que tener el expediente?

    Así es. En realidad, existen una serie de actuaciones previas al acto de comprobación material de la inversión que deben realizarse.
    Con carácter previo a la celebración del acto de recepción, el Interventor y, en su caso, asesores técnicos, deberán disponer de cuantos antecedentes, documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de intervención de la comprobación material de la inversión (Apartado 13º Resolución IGAE 14/07/2015).
    A tales efectos, los órganos gestores deben remitir al Interventor, con antelación suficiente a la fecha prevista para la recepción, la documentación necesaria para efectuar la comprobación material, entre la que deberá figurar, el pliego de cláusulas administrativas particulares, memoria del proyecto, en el caso de prestaciones de obras, y el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el resto de prestaciones, o documentos equivalentes, presupuesto, el contrato o encargo con, en su caso, las modificaciones aprobadas, así como, las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del objeto de la inversión.
    Adicionalmente, cuando en el pliego de cláusulas administrativas particulares se prevea como criterio de adjudicación la presentación de mejoras, esto es, ejecución de prestaciones adicionales sin coste adicional para el órgano de contratación, ha de remitirse bien la oferta técnica con las mejoras ofertadas por el adjudicatario, o bien el informe con el resultado de la valoración de la oferta técnica.
    No obstante lo anterior, el Interventor puede solicitar al órgano gestor cualquier otra documentación que, formando parte del expediente, estime pertinente.
    En los supuestos en los que se haya designado la asistencia de un asesor técnico, el Interventor debe asegurarse que se pone igualmente a su disposición la documentación técnica necesaria para efectuar la labor de asesoramiento, con antelación suficiente.

  • ¿En el acto de comprobación material de la inversión puede cuestionarse los pliegos de condiciones?

    En principio, no. De conformidad con el apartado 15.3 de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la IGAE, el Interventor debe evitar enjuiciar el contenido de las condiciones generales y particulares de la documentación que forma parte del contrato o encargo que haya sido debidamente aprobado por el órgano de contratación u órgano encomendante, habida cuenta que se está ante actuaciones que cuentan con la aprobación de los órganos técnicos competentes.

  • ¿Cómo se hace constar el resultado de la comprobación material de la inversión?

    El resultado de la comprobación material de la inversión se ha de reflejar en acta suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se ha de hacer constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
    En dicha acta o en informe ampliatorio pueden los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes (art. 20.5 RCI).

  • ¿Cómo se concreta el resultado de la comprobación material de la inversión por el Interventor?

    El Interventor tienen que pronunciarse en la comprobación material de la inversión de alguna de las siguientes maneras: favorable, favorable con observaciones o desfavorable.

  • ¿Cuándo el resultado de la comprobación material de la inversión debe ser favorable?

    El resultado de la comprobación material de la inversión es «Favorable», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas.
    En el acta ha de hacer constar de forma expresa que la opinión que se emite es de carácter favorable.

  • ¿Cuándo el resultado de la comprobación material de la inversión debe ser favorable con observaciones?

    El resultado de la comprobación material de la inversión es «Favorable con observaciones», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo y, en su caso, en las mejoras ofertadas y aceptadas y en las modificaciones debidamente aprobadas, no precisando, en consecuencia, un nuevo acto de recepción, y las observaciones a formular vengan motivadas por:
    1. Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la intervención de la comprobación material de la inversión en tiempo y forma.
    2. Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la correspondiente modificación del contrato o encargo.
    El órgano de control al que corresponda intervenir el reconocimiento de la obligación derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión en los restantes casos, debe comprobar, a efectos de la formulación o no de reparo suspensivo, si estas diferencias se han tenido en cuenta al efectuar la valoración final.
    3. Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra el expediente, que se juzgue oportuno comunicar al órgano gestor del expediente para su consideración en lo sucesivo.
    A tales efectos, se tiene en cuenta que el importe que figura tanto en la solicitud tiene un carácter indicativo o aproximado pero no vinculante, toda vez que la exacta valoración económica de la inversión se realizará posteriormente con la certificación final o la liquidación del correspondiente contrato o encargo. En consecuencia, siendo el acto de recepción un acto previo a la valoración económica de la obligación que se derive de la misma, no procede reflejar en el acta observación alguna relativa al importe consignado en la solicitud.
    4. En general, aquellos otros aspectos detectados en la intervención de la comprobación material de la inversión que no supongan estar ante una ejecución defectuosa de la prestación.
    El órgano de control al intervenir el reconocimiento de la obligación derivado de la certificación final cuando se trate de obras o de la liquidación de la inversión en los restantes casos, debe comprobar si las observaciones señaladas en el acta de recepción han sido subsanadas, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido en cuenta, si procede, al efectuar la valoración final, o si dada su trascendencia son causa de reparo suspensivo.
    En todos estos casos citados en el acta se ha de hacer constar de forma expresa que la opinión es «favorable con observaciones», pudiendo expresarse las observaciones en el mismo acta o en informe ampliatorio.

  • ¿Cuándo el resultado de la comprobación material de la inversión debe ser desfavorable?

    El resultado de la comprobación material de la inversión es «Desfavorable» cuando las obras, suministros o servicios no se encuentren en buen estado o no se ajusten a las condiciones generales o particulares previstas en el contrato o encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas. En estos casos, la opinión desfavorable debe estar motivada en el acta o en informe ampliatorio.

  • ¿Hay supuestos concretos en los que el resultado de la comprobación material de la inversión debe ser desfavorable?

    La Resolución de 14 de julio de 2015, de la IGAE, considera que son supuestos que conllevan una opinión desfavorable del representante designado:
    1. Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles de subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista o encomendado.
    2. Modificaciones del contrato o encargo que han sido ejecutadas sin estar aprobadas de acuerdo con la normativa aplicable. A efectos de entender la procedencia de estar ante una modificación, se tendrá en cuenta:
    a) Regla general: La modificación de un contrato o encargo, al suponer la alteración de las condiciones en que se produce la prestación del contratista o encomendado, supone igualmente la alteración de los actos administrativos de contenido económico que hubo de ser fiscalizados en su día con motivo de la aprobación y compromiso del gasto; por tanto, aunque la modificación no implique aumento del gasto, o incluso suponga una disminución del mismo, debe ser igualmente objeto de fiscalización previa a su aprobación.
    b) Supuesto del art. 242.4, párrafos i) e ii), LCSP 2017, relativo a la modificación del contrato de obras. En estos supuestos no resulta exigible tramitar una modificación.
    En este mismo sentido, en las encomiendas de gestión que tengan por objeto la realización de una obra, ha de aplicarse esta misma excepción si la normativa del correspondiente medio propio contiene una regulación específica de la disciplina de los «excesos de medición», o bien, si en el propio encargo o encomienda se prevé la posibilidad de aplicar la figura de los citados «excesos de medición».
    c) Reglas especiales para contratos de suministros y servicios en función de necesidades: Se aplica en aquellos casos en los que el empresario esté obligado a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, la cual deberá aprobar un presupuesto máximo.
    En estos casos, hay que distinguir según se trate de un «incremento» o de un «decremento» de la prestación:
    c.1) Incremento de la prestación: En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, ha de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en la normativa de contratación. La citada modificación debe tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
    c.2) Ante un decremento de la prestación: En este supuesto, como quiera que el contratista se obliga a la entrega o a prestar servicios de forma sucesiva y por precios unitarios, sin que esté determinada la cuantía total de las prestaciones, al no haberse comprometido las partes a la realización de un número total de entregas o de servicios, ni al abono del precio total del contrato, un posible decremento en la prestación como consecuencia de las menores necesidades de la Administración, da lugar simplemente a una modificación en el expediente de gasto, no considerándose una modificación del contrato.
    En el supuesto de este epígrafe c.2), a efectos de la opinión a reflejar en el acta, al no resultar exigible la modificación del contrato es favorable o, en su caso, favorable con observaciones.
    3. Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.
    4. Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del representante de la Intervención.
    5. Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles de subsanación por su propia naturaleza, o no subsanados en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista.

  • ¿Cómo se debe proceder si la comprobación material de la inversión es desfavorable?

    En caso de que la comprobación material de la inversión sea desfavorable, se ha de proceder de la siguiente forma:
    1. Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, susceptibles de subsanación en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista: En el acta se refleja de forma expresa que la opinión es «desfavorable», y se hace constar, en el propio acta o en un informe ampliatorio, anexo a la misma, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar y el plazo concedido por la Administración para subsanarlas, así como los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
    Expirado el plazo concedido, se procede a efectuar un nuevo acto de recepción para comprobar si se han subsanado las deficiencias.
    2. Modificaciones no tramitadas: En el acta se deja constancia de esta circunstancia, poniendo de manifiesto la necesidad de posponer la recepción formal en tanto no se adopten las medidas correctoras correspondientes, previo cumplimiento de los trámites que exija la normativa aplicable en cada caso.
    Asimismo, en el supuesto de estar incurso el expediente en un supuesto de omisión de la función interventora, se tiene en cuenta el procedimiento previsto en el art. 28 RCI.
    Una vez adoptadas las medidas correspondientes, el centro gestor procederá a convocar a la mayor brevedad el acto formal de recepción, incorporando el expediente de omisión de la función interventora.
    3. Trabajos o prestaciones total o parcialmente recibidos y distribuidos en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión: A tales efectos se tiene en cuenta que el certificado emitido por el centro gestor haciendo constar la recepción de conformidad y el destino de los trabajos distribuidos, no suple la ausencia material de los mismos.
    En estos casos, el Interventor refleja en el acta esta circunstancia, para seguidamente indicar en la misma la necesidad de seguir el procedimiento previsto en el art. 28 RCI, al haberse producido la recepción de los trabajos sin la presencia del representante de la Intervención.
    En este supuesto, una vez se haya tramitado el procedimiento de omisión de la función interventora, no procede efectuar un nuevo acto de recepción, habida cuenta que la propia naturaleza de la deficiencia lo imposibilita.
    Al intervenir el reconocimiento de la obligación derivado de la certificación final o de la liquidación de la inversión, se verifica, a efectos de la formulación o no de reparo suspensivo, que el expediente incorpora el acuerdo de la omisión de la función interventora.
    4. Ocupación efectiva de obras o su puesta en servicio para uso público sin la presencia del interventor: Se procede de forma análoga a lo indicado en el apartado anterior.
    5. Elementos o aspectos no ejecutados o ejecutados incorrectamente, no susceptibles de subsanación por su propia naturaleza o no subsanados en el plazo que a tales efectos se conceda al contratista: En el acta se refleja de forma expresa que la opinión es «desfavorable» tanto en el caso de estar ante una ejecución incorrecta como ante una inejecución, siempre que no sean susceptibles de subsanación o no se hayan subsanado en el plazo concedido para ello.
    No obstante lo anterior, en el supuesto de no ejecución, con carácter previo al reflejo en el acta de una opinión desfavorable, se tiene en cuenta la posibilidad, si procede, de reconducir aquél al supuesto de la opinión favorable con observaciones debido a las diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la correspondiente modificación del contrato o encargo.
    Cuando la opinión a reflejar en el acta deba ser desfavorable, ya sea por una ejecución incorrecta y/o por una no ejecución no subsanables o no subsanadas, en el propio acta o en un informe ampliatorio, anexo a la misma, se han de indicar las deficiencias apreciadas así como la procedencia de que por la Administración se adopten las medidas oportunas que se contemplan para los casos de ejecución defectuosa en la normativa de contratación o, en su caso, en la normativa o documentación del correspondiente encargo o encomienda.

  • ¿En el acto de comprobación material de la inversión, cuál es la responsabilidad del Interventor?

    Vamos a plantear la respuesta al revés: de qué está exento el Interventor en la comprobación material.
    De acuerdo con el apartado 3 del art. 150 LGP, el Interventor y, en su caso, asesor designados, quedan exentos de cualquier responsabilidad cuando los posibles defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada con las condiciones generales o particulares de la ejecución de la misma deriven de aspectos o condiciones de ejecución que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o de vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.
    Tampoco hay lugar a la exigencia de responsabilidad en relación a aquellas deficiencias o incorrecciones respecto de las cuales el esfuerzo que hubiera de exigirse al representante de la Intervención y, en su caso, al asesor para detectarlas fuera desproporcionado con los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación.
    En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, la responsabilidad exigible a la Intervención queda limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

  • ¿Si el Interventor acude con asesor a la comprobación material puede seguir los criterios del asesor?

    Efectivamente, cuando la designación de representante vaya acompañada de la designación de un asesor, el criterio de la Intervención sobre la adecuación de los aspectos técnicos de la inversión a las prescripciones del contrato o encargo, se basa en la opinión del asesor técnico sobre dichos aspectos.

  • ¿Cuándo se comprueba que se han corregido los defectos subsanables?

    En el momento de efectuar la intervención del reconocimiento de la obligación, el Interventor debe comprobar si los defectos señalados en el acta de recepción han sido subsanados, si por no ser susceptibles de subsanación se han tenido en cuenta al efectuar la valoración final de la inversión ejecutada o si dada su transcendencia son causa de reparo suspensivo.

  • ¿Qué ocurre si se retrasa la recepción de la inversión por culpa del contratista?

    Si se detecta que las causas del retraso derivan de una ejecución defectuosa o demora imputable al contratista o medio propio, se deben analizar las actuaciones realizadas por el órgano gestor en orden a adoptar las medidas previstas para tales supuestos, tanto en la normativa aplicable al contrato o encargo como en los pliegos particulares que rijan su ejecución.
    Si, en tales supuestos, se detecta una inactividad del órgano de contratación u órgano encomendante o del responsable del contrato, el órgano de control debe proponer al órgano competente el inicio del expediente administrativo que proceda en orden a dar solución a la situación detectada así como proponer la adopción de las distintas medidas que la normativa prevé para estos supuestos, tales como, la imposición de posibles penalidades al contratista, la obligación de indemnizar a la Administración los daños y perjuicios derivados de la ejecución defectuosa o demora, la deducción de cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse o la incautación de la correspondiente garantía.

  • ¿Qué ocurre si el retraso en la recepción de la inversión es por culpa de la propia Administración?

    Si las causas del retraso son imputables a la Administración, deben analizarse las posibles consecuencias que de la inactividad de los órganos responsables en la gestión del expediente, se puedan derivar para la Hacienda Pública en función de las causas del retraso.
    Así, si como consecuencia de la actuación administrativa, el contratista o medio propio puede interponer recursos, administrativos o judiciales, que puedan implicar un incremento del gasto público como consecuencia de posibles reclamaciones de intereses por demora en el pago de obligaciones derivadas del contrato, de indemnizaciones por resarcimiento de perjuicios ocasionados por órdenes directas del órgano administrativo o costas a las que pueda resultar condenada la Administración en sentencia judicial, se ha de proponer al órgano de contratación competente la adopción de las medidas que la normativa contractual prevé para estos supuestos.
    Asimismo, si el origen del retraso en el acto de recepción deriva de modificaciones en el objeto del contrato o encargo que no hayan sido precedidas de la tramitación del correspondiente expediente así como en los casos en que se detecte que el saldo del compromiso de crédito es insuficiente para atender las obligaciones pendientes de abono, debe proponerse la adopción de las medidas correctoras para habilitar los créditos necesarios para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones pendientes con el fin de evitar que un retraso mayor pueda incrementar el gasto derivado del contrato o encomienda.
    Todo ello, previo cumplimiento de los trámites que exija el correspondiente procedimiento.

  • ¿Qué ocurre si se ha efectuado la recepción de la inversión sin la presencia del Interventor, estando pendiente la liquidación o certificación final del contrato?

    En el caso de que se haya efectuado la recepción sin la presencia del Interventor, estando pendiente la liquidación del expediente, hay que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función interventora, por la recepción sin la asistencia del interventor designado.
    En consecuencia, con independencia del adicional de gasto que pueda suponer la certificación final o liquidación (positivo, negativo o nulo), no puede reconocerse la obligación ni tramitar, en su caso, el pago derivado de la liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión.

  • ¿Qué ocurre si se ha efectuado la recepción de la inversión sin la presencia del Interventor y la liquidación ya se encuentra realizada?

    Si se ha efectuado la recepción sin la presencia del Interventor y la liquidación ya se encuentra realizada sin haberse sometido a la preceptiva fiscalización, hay que distinguir dos supuestos:
    1. Si el saldo de la liquidación es favorable a la Administración; en este caso, se deben analizar las actuaciones desarrolladas por los órganos responsables en orden al cobro de las cantidades liquidadas y proponer, en su caso, el impulso de las actuaciones que procedan para la reclamación de dichos saldos.
    2. Cuando el saldo de la liquidación ya realizada sea nulo o favorable al contratista o medio propio; en este caso, se tiene en cuenta que para aquellos casos en que, por advertirse errores y/o irregularidades en la misma, se pueda concluir que el saldo resultante, de haberse efectuado correctamente el cálculo de la misma, sería a favor de la Administración, se ha de proceder según lo indicado en el párrafo anterior. Por el contrario, si el saldo a favor del contratista o medio propio resulta correcto, en estos supuestos, en que la recepción y la certificación final o liquidación se ha efectuado sin la preceptiva fiscalización, hay que entender que se está ante un supuesto de omisión de la función interventora. En consecuencia, no podrá tramitarse, en su caso, el pago derivado de la certificación final o liquidación en tanto no se resuelva dicha omisión, para lo cual el procedimiento a seguir es el previsto en el art. 28 RCI.